Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-01147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01147-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01147-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
1
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Dirección
General de Sanidad Militar.
Tema: Reajuste de la asignación básica de personal de la DGSM.
CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2.021)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARTHA CAROLINA HERRÁN VÉLEZ, instauró demanda en contra
de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD MILITAR, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 19408 MDN-
CGFM-DGSM-SAF-GTH-1.10 del nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2.017),
mediante el cual negó el reconocimiento y pago de la asignación básica conforme a lo
previsto en la Ley 352 de mil novecientos noventa y siete (1.997) y en el Decreto 3062
del mismo año.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la demandada efectuar
el reconocimiento, pago y liquidación de la asignación de conformidad con lo previsto en
las normas citadas y en adelante, conforme a los decretos salariales expedidos por el
Gobierno Nacional para el personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público, hasta que
el pago se haga efectivo y hacia futuro, mientras la relación laboral persista; recalcando
particularmente que se ubican en el nivel asesor de conformidad con el Manual General
de Funciones de Empleados Públicos de dos mil diez (2.010), contenido en la Resolución
0598 de 14 de mayo del mismo año.
Que se efectúe la reliquidación, reajuste y pago de la asignación básica que viene
percibiendo la demandante en condición de personal civil, perteneciente a la
planta de personal de las entidades que integran el sector defensa en el sentido
de reconocer un salario equivalente al previsto para los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva, según los parámetros fijados por el Gobierno desde su ingreso
a la entidad, según las fechas que obran en las certificaciones que se adjuntan,
y hasta que el pago se haga efectivo, con los efectos económicos solicitados en
las demás peticiones.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la señora Martha Carolina Herrán Vélez se posesionó en el cargo de servidor
misional de Sanidad Militar, código 2-2, grado 9 de la planta global del Ministerio
de Defensa Nacional. Que le ha sido negado el derecho a percibir una asignación
básica de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto
3062 de mil novecientos noventa y siete (1.997), es decir, en igualdad de
condiciones frente a los empleados de la Rama Ejecutiva Orden Nacional.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2.018)
y notificada a la entidad demandada, quien contestó, manifestando que los actos
demandados fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento legal
especial aplicable a los empleados de la Dirección General de Sanidad Militar.
Se propuso como excepción, la prescripción de las mesadas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Se celebró audiencia inicial el 5 de abril de dos mil diecinueve (2.019), en la cual
se fijó el litigio, se agotó la etapa conciliatoria, se decretaron pruebas y se fijó
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada por demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del cuatro (4)
de mayo de dos mil veintiuno (2.021), negó las pretensiones de la demanda,
indicando que, de conformidad con el marco jurídico aplicable y el acervo
probatorio, la demandante fue incorporada al nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos del Sector Defensa en octubre veintisiete (27) de dos
mil nueve (2.009), ocupando el empleo de profesional universitario código 2044,
grado 10.
Posteriormente fue incorporada al cargo de servidor misional en Sanidad Militar,
que, de acuerdo con la Resolución 1453 de 2008, es equivalente al cargo de
servidor misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 9 y que dicha
incorporación garantizó que los servidores devengaran el mismo salario que
venían devengando en la Rama Ejecutiva, respetando así, el principio de no
desmejora de derechos adquiridos.
Que, si bien el artículo 56 de la Ley 352 de 1997 y el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997 establecían que los servidores del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que se incorporaron a la planta de personal del Ministerio
de Defensa Nacional estarían sujetos a la escala salarial de los empleados de la
Rama Ejecutiva del nivel nacional, tales disposiciones fueron modificadas por el
artículo 19 del Decreto Ley 92 del 2007, según el cual la escala salarial del
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa estaría incorporada en el
decreto que fijara los sueldos del personal uniformado, de acuerdo con la
nomenclatura y equivalencias allí previstas.
Concluyó que la administración designó a la actora en un cargo equivalente al
que venía desempeñando y que las funciones del cargo y su naturaleza no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
variaron, tratándose de un cambio de denominación que no tuvo incidencia
sustancial, sino únicamente formal.
No hubo condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que se
desconoció el precedente que sobre el particular ha desarrollado esta
Corporación1 en el cual se precisó que el régimen salarial aplicable a funcionarios
del área de salud del Ministerio de Defensa es especial y se encuentra contenido
en la Ley 352 de mil novecientos noventa y siete (1.997).
Que la sentencia de primera instancia reconoció que el régimen salarial de la
demandante es el contenido en la Ley 352 de mil novecientos noventa y siete
(1.997) y el Decreto 3062 de mil novecientos noventa y siete (1.997), pero
“erróneamente” concluye que la expedición de la Ley 1033 de dos mil seis (2.006)
y del Decreto 92 de dos mil siete (2.007) facultaron al presidente de la República
fijar anualmente la remuneración del personal civil no uniformado del Ministerio
de Defensa Nacional.
Que lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de que el Legislador y el Ejecutivo
fijaron su contenido y alcance, el a quo le atribuyó lo propio bajo aspectos no
contemplados habida cuenta de que ajustó el contenido literal de dicha regulación
desde un contexto no previsto, al punto de concluir que el aludido decreto
consagra una unificación de escalas salariales, lo cual supone la desaparición
del régimen remunerativo del que gozaba la demandante y que había mantenido
su vigencia según el artículo 72 de la norma analizada.
Que debe tenerse en cuenta que el cargo que actualmente ocupa la actora tiene
su fundamento en una incorporación en el sistema de la planta global del
Ministerio de Defensa de conformidad con lo previsto en la Ley 909 de dos mil
cuatro (2.004) y la Ley 1033 de dos mil seis (2.006), por ende, su situación jurídica
como integrante del personal de salud de la mentada entidad no podría haber
sufrido modificación alguna y mucho menos en su régimen salarial aplicable.
1 Consejo de Estado proceso con radicado 2500023420020120073301 (3406-2013)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Que una comparación normativa entre el Decreto 092 de dos mil siete (2.007) y
el Decreto 770 de dos mil cinco (2.005), hace evidente que sí existe igualdad
frente al nivel jerárquico asesor de la Rama Ejecutiva del orden nacional y el del
sector Defensa, pues las funciones corresponden a asesorar a la alta dirección
de la entidad, lo cual le correspondía a la demandante en su cargo de servidor
misional conforme al manual específico de funciones contenido en la Resolución
0598 del catorce (14) de mayo de dos mil diez (2.010).
Que los destinatarios de la Ley 352 de mil novecientos noventa y siete (1.997) y
del Decreto 3062 de mil novecientos noventa y siete (1.997), consolidaron el
derecho a la remuneración prevista en tal normativa desde el mismo momento
de su ingreso a la Dirección General de Sanidad Militar, de manera que no se
podía afectar dicha prerrogativa con una norma posterior, al encontrarse
cobijados por el derecho fundamental al trabajo, así como por los principios a la
irrenunciabilidad de las garantías laborales, la favorabilidad, la no regresividad y
la regla del in dubio pro operario relacionado con la condición más beneficiosa
que le debe ser aplicada al trabajador, la cual en este asunto, corresponde al
régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del 12 de agosto de 2.022, se admitió el recurso de apelación interpuesto
y por no haber pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de
traslado para alegar de conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021
en su artículo 67 numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El señor Agente del Ministerio Público, en esta oportunidad no conceptuó.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá en determinar si la demandante tiene derecho a que su
asignación básica sea reliquidada en el sentido de aplicar el numeral 6 del artículo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
3 del Decreto 3062 de 1997, es decir, de acuerdo con las asignaciones básicas
aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Marco normativo y jurisprudencial
Resulta necesario destacar sobre el asunto la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ -019-CE-S2-19 de fecha doce (12) de diciembre de dos mil
diecinueve (2.019) con la cual la sección segunda de esta Corporación unificó su
criterio jurisprudencial respecto al régimen salarial del personal civil de la
Dirección General de Sanidad del Ministerio de Defensa Nacional, oportunidad
en la que precisó:
(i). El presidente de la República organizó el sistema de salud de las Fuerzas
Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto Ley 1214 de mil
novecientos noventa (1.990), en virtud de las facultades extraordinarias que le
fueron conferidas por el artículo 248.6 de la Ley 100 de mil novecientos noventa
y tres (1.993).
(ii). El primer cuerpo normativo que se expidió en ejercicio de esa facultad
extraordinaria fue el Decreto Ley 1301 de mil novecientos noventa y cuatro
(1.994) que creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un
establecimiento público, entidad descentralizada.
El régimen salarial aplicable a los empleados públicos vinculados al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares era el regulado por el Gobierno Nacional para los
servidores vinculados a establecimientos públicos del orden nacional, quienes,
por hacer parte de un órgano descentralizado, no se regían, en materia salarial
por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.
En esa medida, los empleados públicos que al entrar en vigencia el Decreto Ley
1301 de mil novecientos noventa y cuatro (1.994) se encontraran prestando sus
servicios en el nivel central de la estructura organizacional, esto es, en el
Ministerio de Defensa y que ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, quedaron cobijados por el régimen salarial contemplado para dicho
establecimiento público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
En materia pensional, los empleados públicos del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de la Policía Nacional, fueron sometidos
a la Ley 100 de mil novecientos noventa y tres (1.993), y en lo relativo a las demás
prestaciones sociales, se les aplicaría el Decreto Ley 2701 de mil novecientos
ochenta y ocho (1.988) y normas que lo modificaran o adicionaran. Por otra parte,
quienes se hubieran vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de mil novecientos noventa y tres
(1.993) continuarían bajo las disposiciones del Decreto 1214 de mil novecientos
noventa (1.990).
(iii). La Ley 352 de mil novecientos noventa y siete (1.997) que derogó el Decreto
Ley 1301 de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), creó la Dirección General
de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares y suprimió y liquidó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, creado
mediante el Decreto 1301 de mil novecientos noventa y cuatro (1.994).
El Decreto reglamentario 3062 de mil novecientos noventa y siete (1.997) incluyó
garantías para los servidores que laboraban en el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa; en materia prestacional se dispuso que los vinculados
«antes de la vigencia de la Ley 100 de mil novecientos noventa y tres (1.993) se les
continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214 de mil novecientos
noventa (1.990) o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de mil
novecientos noventa y tres (1.993), se le aplicará esta disposición».
En materia salarial señaló que a los empleados públicos y trabajadores oficiales
del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaran a las plantas
de personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicaría el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional.
(iv). No obstante lo anterior, a partir de la Ley 1033 de dos mil seis (2006), los
Decretos 91 y 92 de dos mil siete (2007), y el Decreto 4783 de dos mil ocho
(2008) se unificó el régimen de administración del personal civil del sector, se
ajustó y modificó la planta de personal de Empleados Públicos del Ministerio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, mediante la realización
de las equivalencias de lo empleos preexistentes frente a la nueva planta que fue
ajustada con la tabla de organización “TO”, fijada en la Resolución 1453 de 2008.
Se consideró que el Decreto 4783 de dos mil ocho (2008) ordenó la incorporación
de los funcionarios de la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional -
Dirección General de Sanidad Militar a los cargos equivalentes de la planta
ajustada, frente a quienes se dispuso que continuarían «percibiendo la
remuneración correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente mientras
ocupen el cargo en el que serán incorporados».
Sobre esta línea, esta corporación a través de sentencia de 8 de julio de 2021,
radicado N.º 25000-23-42-000-2017-05096-01(5178-19) estableció una serie de
reglas jurisprudenciales aplicables en casos como el que aquí se analiza, reglas
que se sintetizan de la siguiente manera:
SUPUESTO NORMATIVO REGLAS DE UNIFICACIÓN
(i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
incorporados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se
regían por las normas reguladas por el Gobierno Nacional para
los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un
órgano del nivel descentralizado no se regían por las normas
reguladas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.
(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen
1. Entre la vigencia del aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
Decreto 1301 de 1994 y de empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de
la Ley 352 de 1997 las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás
prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas
que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el
Decreto 1214 de 1990.
2. A partir de la vigencia
de la Ley 352 de 1997, los (i). En materia salarial los empleados públicos del Instituto de
empleados públicos que Salud de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la
antes planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron
prestaban sus servicios sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de
en el Instituto de Salud de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional
las Fuerzas Militares y que (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
fueron incorporados a la
planta de salud del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Ministerio de Defensa (ii). En materia prestacional los empleados públicos del Instituto
Nacional, dejaron de de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de
pertenecer al sector personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se
descentralizado hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las
normas que lo modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993 se le aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se
les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo
artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
(i). A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
2007 se reajustaron las plantas de personal, se determinaron
las equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la
nomenclatura y clasificación especial, por ello, los sueldos de
los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se
empezaron a pagar con base en la nueva nomenclatura.
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, debieron
continuar percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del
3. A partir de la Ley 1033 Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que
de 2006 se unificó el fueron incorporados.
régimen de administración
de personal que se aplica (ii). En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que
al personal civil vinculado fue incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de
a los organismos y acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los
dependencias del Sector empleados civiles no uniformados del sector defensa, empezó
Defensa. Por ello, los a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional
empleos públicos del para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
personal civil no Defensa Nacional.
uniformado asignados a la
Dirección General de Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación
Sanidad Militar pertenecen en el cargo equivalente en la planta global del sector defensa,
a la planta de personal del de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de
Ministerio de Defensa empleos, el servidor debió continuar percibiendo la
Nacional remuneración correspondiente al empleo que antes
desempeñaba, esto es, según el régimen salarial fijado por el
Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del orden nacional. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional.
(iii). En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo
ninguna modificación, por lo tanto se mantiene el régimen
prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
i) Que el 1° de diciembre de dos mil ocho (2.008), por medio de acta 137 de la
misma fecha, la demandante tomó posesión del cargo de profesional
universitario, código 2044, grado 10, de la planta de personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad
Militar, con una asignación básica de $1.750.250, para el cual fue nombrada a
través de la Resolución 1804 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho
(2.008).2
ii) Que el veintisiete (27) de octubre de dos mil nueve (2.009), a través del acta
0741 de dicha anualidad, la demandante tomó posesión del cargo de servidor
misional en Sanidad Militar, código 2-2, grado 9, de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, con una asignación básica de $1.884.495, para el cual fue
incorporada a través de la Resolución 1377 del catorce (14) de octubre de dos
mil nueve (2.009).3
iii) Que de acuerdo con el certificado del ocho (8) de noviembre de dos mil
diecisiete (2.017), emitido por la Dirección General de Sanidad Militar, Grupo de
Talento Humano, la libelista cuenta con las siguientes vinculaciones laborales en
el área de Sanidad Militar:4
Decreto Sueldo
Decreto
Correspondie básico
correspondiente Denominación
Año nte al sector Código Grado
al sector del cargo
Rama
defensa
Ejecutiva
Profesional
2008 643 N/A 2044 10 $1.750.250,00
Universitario
Profesional
708 N/A 2044 10 $1.884.495,00
Universitario
A partir del 27
de octubre de
2009 2009, se
738 2-2 9 posesionó $1.884.495,00
como Servidor
Misional en
Sanidad Militar
Servidor
2010 1529 2-2 9 Misional en $1.922.185,00
Sanidad Militar
Servidor
2011 1049 2-2 9 Misional en $1.983.119,00
Sanidad Militar
Servidor
2012 843 2-2 9 Misional en $2.082.275,00
Sanidad Militar
2 Folio 2, C1.
3 Folio 3, C1.
4 Folio 9, C1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Servidor
2013 1020 2-2 9 Misional en $2.153.906,00
Sanidad Militar
Servidor
2014 190 2-2 9 Misional en $2.217.231,00
Sanidad Militar
Servidor
2015 1120 2-2 9 Misional en $2.320.554,00
Sanidad Militar
Servidor
2016 238 2-2 9 Misional en $2.500.862,00
Sanidad Militar
Servidor
2017 1007 2-2 9 Misional en $2.669.671,00
Sanidad Militar
Teniendo en cuenta las pruebas y el marco jurídico aplicable, la resolución del
presente proceso está ligada a la fecha de vinculación de la demandante a la
Dirección de Sanidad Militar y de si el cargo desempeñado fue objeto o no de las
incorporaciones citadas previamente, toda vez que de ello depende la
determinación del régimen salarial que le es aplicable.
Conforme las actas de posesión de la demandante y el certificado expedido por
el Grupo de Talento Humano de la DGSM, tomó posesión del cargo de servidor
misional, por primera vez, a partir del 27 de octubre de 2009, fecha para la que
regía la Ley 1033 del 2006.
En este sentido, la asignación salarial básica de la demandante está sujeta a la
escala fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa Nacional y no al régimen salarial de los servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del poder público del Orden Nacional.
Lo anterior porque para la fecha en que el régimen de la Rama Ejecutiva le era
aplicable a los civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional que
prestaran sus servicios al área de sanidad, la accionante no laboraba para el
sector defensa, por cuanto la primera vinculación con el Ministerio de Defensa
Nacional tuvo lugar en el año 2008, fecha para la que ya no se encontraba vigente
la norma que permitía la aplicación de tal régimen y, por el contrario, ya regía la
Ley 1033 de dos mil seis (2.006).
Teniendo en cuenta lo anterior, no tiene razón la demandante al alegar una
supuesta desmejora salarial, toda vez que, tal como precisó la parte demandada,
sin objeción alguna por parte de la reclamante, desde el momento de su
vinculación a la Dirección de Sanidad Militar, su situación salarial ha estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
regida por la aludida escala salarial establecida por el Gobierno nacional, toda
vez que así lo dispone la Ley 1033 del dos mil seis (2.006).
Así las cosas, dado que el cargo de la demandante no fue objeto de las
incorporaciones ordenadas con ocasión de la liquidación del extinto Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y de la unificación del régimen de administración
del personal vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa, no
hay lugar a aplicar norma salarial distinta a la Ley 1033 del dos mil seis (2.006),
vigente para la fecha de posesión de la actora y que, por demás, aún conserva
su vigencia.
Finalmente, se observa que el recurso de apelación se fundamenta en una serie
de procesos judiciales surtidos entre los años dos mil doce (2.012) y dos mil trece
(2.013), en los cuales algunos empleados de la Dirección General de Sanidad
Militar solicitaron el reconocimiento de la prima de actividad y del subsidio
familiar, pero dichas pretensiones fueron negadas bajo el argumento de que
«pese a formar parte de una planta global – Ministerio de Defensa – eran beneficiarios
de un régimen salarial especial, contenido en la Ley 352/97 y el Decreto 3062/97».
Dicha fundamentación pretende respaldarse en aparentes antecedentes
judiciales en los que se ha reconocido que los empleados no uniformados de la
DGSM, están sujetos a la Ley 352 de mil novecientos noventa y siete (1.997) y
el Decreto 3062 de mil novecientos noventa y siete (1.997), cuya aplicación
solicita la hoy apelante. Sin embargo, debe decirse que: (i) no se indicaron datos
que permitieran ubicar dichas providencias judiciales, tales como demandantes,
radicados o autoridades judiciales falladoras; (ii) las decisiones a las que se hace
referencia son anteriores a la sentencia de unificación utilizada para resolver el
presente proceso; y (iii) en todo caso, las decisiones judiciales tienen efecto inter
partes, es decir que solo obligan a quienes intervienen en el proceso.
Conforme lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2.016),5
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la
legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de
segunda instancia a la parte apelante, pues, pese a que no prosperó el objeto del
recurso de alzada, la parte demandada no actuó en esta instancia debido a que
no se habilitó la etapa correspondiente para el efecto conforme al artículo 67 de
la Ley 2080 de dos mil veintiuno (2.021) a través del cual se modificó el artículo
247 del CPACA.6
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
6 No presentó alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en el folio
610.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01147-01 (4722-2022)
Demandante: Martha Carolina Herrán Vélez
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.