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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04267-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04267-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de septiembre de 2022, que negó a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila, por las razones expuestas en la parte motiva SEGUNDO: Condena en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: Se reconoce personería al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina como apoderado de la entidad demandada en atención al memorial allegado vía correo electrónico y visible en el índice 29 del expediente digital disponible en SAMAI. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 05000-12-42-000-2016-04267-01 (0963-2023) Demandante: Gladys Amalia Castañeda de Ávila CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04267-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05000 12 42 000 2016 04267 01 (0963-2023)
Demandante: Gladys Amalia Castañeda de Ávila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Sustitución de la pensión gracia

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 16 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda1
2. La señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila, actuando por intermedio de
apoderado judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 006081 de 12 de
febrero de 2016 y RDP 015556 de 13 de abril de 2016 expedidas por la UGPP2, por
medio de las cuales se negó la sustitución pensional y se resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión.

3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la pensión sobreviviente con ocasión a la muerte
del señor Mauricio Ávila Ramos, a partir del 5 de julio de 2015.

4. Como fundamentos fácticos manifestó que al señor Mauricio Ávila Ramos le fue
reconocida una pensión gracia de jubilación mediante Resolución 18512 del 26 de
noviembre de 1993 por CAJANAL hoy día UGPP, efectiva a partir del 6 de diciembre
de 1990.

5. Mencionó que contrajeron matrimonio católico el 16 de mayo de 1964 hasta
finales de 1995, procreando a Fredy, Fernando, Angelica y Marcel Yecid Ávila
Castañeda nacidos en 1964, 1966, 1970 y 1971, respectivamente.

1 La demanda se presentó el 9 de septiembre de 2016, conforme el acta de reparto
2 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

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Demandante: Gladys Amalia Castañeda de Ávila

6. Explicó que el señor Ávila Ramos la abandonó en 1995, pero que, a pesar de su
separación física, ellos se continuaron viendo no solo en reuniones familiares o por
los hijos en común, sino en citas de pareja como novios hasta el día del fallecimiento
del causante ocurrido el 5 de julio de 2015, sin divorciarse, separarse de bienes ni
liquidando la sociedad conyugal.

7.A través de petición radicada el 1° de septiembre de 2015, la demandante solicitó
ante la UGPP el reconocimiento y pago de una sustitución de la pensión gracia, sin
embargo, a través de los actos hoy demandados le fue negada al considerar que no
cumplió con el tiempo mínimo de convivencia previo al deceso.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
8. Expuso que con los actos administrativos demandados se vulneraron los
artículos 2, 25,53 y 58 de la Constitución Política y el artículo 47 de la ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

9. Afirmó que dicha decisión desconoció que el derecho reclamado se causó con
ocasión del fallecimiento de su esposo y que, en consecuencia, se trataba de una
prestación constitucionalmente protegida, en tanto garantizaba la protección integral
de la familia y el aseguramiento del mínimo vital de quien dependía
económicamente del causante.

10. Así mismo, manifestó que la entidad demandada desconoció las pruebas
recaudadas en el trámite administrativo, en particular las declaraciones extra
proceso rendidas por terceros y por la propia demandante, mediante las cuales se
acreditó la existencia del vínculo matrimonial con el causante, así como la
convivencia prolongada, continua e ininterrumpida que mantuvieron durante varios
años, incluso con posterioridad a la separación de hecho, la cual insiste no fue por
su culpa sino que fue el finado quien abandonó el hogar; concluyendo entonces,
que el vínculo se mantuvo hasta el fallecimiento; por lo que cumplió con las
exigencias de ley y procede la nulidad de los actos acusados.

1.3. Contestación de la demanda
11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó su desacuerdo con las
pretensiones de la demanda, al considerar que la actora no cumplió con los
presupuestos legales exigidos para el reconocimiento de la sustitución pensional.
En ese sentido, afirmó que las decisiones administrativas cuestionadas se ajustaron
a derecho y fueron adoptadas conforme a la normativa vigente.

12. Señaló que, si bien la demandante invocó la existencia del vínculo matrimonial
con el causante como fundamento de su solicitud, el material probatorio recaudado
durante el trámite administrativo no permitió establecer la configuración de una
convivencia real, continua y efectiva durante el lapso exigido por la ley con
anterioridad al fallecimiento de aquel; por el contrario, se encontró la interrupción de
la vida en común entre los cónyuges.

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13. Agregó que la información contenida tanto en el registro civil de matrimonio como
en las bases de datos del sistema de seguridad social no fue desvirtuada por otros
medios de convicción idóneos que permitieran concluir la persistencia de una
comunidad de vida entre la pareja. En consecuencia, debía negarse las
pretensiones.

3
14. La señora María Consuelo Ochoa Galindo –litisconsorte necesario -, solicitó
desestimar todas las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos
administrativos acusados se encontraban ajustados al ordenamiento jurídico pues
la actora no cumple con el requisito de convivencia, y por el contrario fue la
litisconsorte quien sostuvo un vínculo con el causante en los términos exigidos por
la ley, contrayendo matrimonio con aquel en el año 2000 y por tanto es la única
beneficiaria de la sustitución de la pensión en comento.

15. Sostuvoque la demandante y el causante disolvieron y liquidaron de mutuo
acuerdo la sociedad conyugal mediante la escritura pública núm. 1452 del 9 de
diciembre de 1977, actuación que tuvo lugar en un contexto normativo en el cual no
se encontraba prevista la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso.

16. Indicó que, si bien la actora alegó la existencia de un vínculo matrimonial con el
señor Ávila Ramos, dicho elemento, por sí solo, no resultaba suficiente para el
reconocimiento de la prestación, en tanto la convivencia efectiva constituye un
requisito autónomo y determinante. En ese sentido, afirmó que entre la demandante
y el causante existió una separación de hecho prolongada, lo cual impedía predicar
la conformación de una comunidad de vida al momento del fallecimiento; y que no
existían elementos de convicción idóneos que permitieran concluir que dicha
situación se hubiese revertido; por lo que no había lugar a acceder a las
pretensiones.

1.4. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”,
mediante sentencia de 16 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la sustitución pensional, concretamente el de
convivencia.

18. Constató que, aunque la demandante contrajo matrimonio por el rito católico con
el causante el 16 de mayo de 1964, también se acreditó que, mediante escritura
pública 1452 del 9 de diciembre de 1977, las partes disolvieron y liquidaron de mutuo
acuerdo la sociedad conyugal. De igual forma, estableció que el señor Ávila Ramos
contrajo matrimonio civil con la señora María Consuelo Ochoa Galindo el 19 de abril
de 2000, vínculo que se encontraba vigente al momento de su fallecimiento

3 Con auto de 9 de agosto de 2017, el tribunal ordenó su vinculación como litisconsorte necesaria, dado que
también pretende se le reconozca la prestación.

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Demandante: Gladys Amalia Castañeda de Ávila

19. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la
sentencia C-515 de 2019, el Tribunal indicó que cuando la sociedad conyugal ha
sido disuelta y liquidada y existe separación de hecho, se extinguen los vínculos
patrimoniales y, por regla general, no es posible inferir la calidad de beneficiario del
derecho salvo que se demuestre una convivencia efectiva posterior a la liquidación
y durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

20. Al valorar el material probatorio, concluyó que la convivencia entre la demandante
y el causante se extendió desde la celebración del matrimonio y aun después de la
liquidación de la sociedad conyugal, pero únicamente hasta el año 1995. Señaló
que dicha circunstancia fue corroborada tanto por las declaraciones rendidas por
las testigos como por los propios hechos narrados en la demanda, de los cuales se
desprendió que, a partir de ese momento, el causante abandonó el hogar y
conformó una relación con una persona distinta.

21. Asímismo, estableció que no se acreditó que con posterioridad a 1995 la
demandante hubiese retomado la convivencia con el señor Mauricio Ávila Ramos
con la voluntad de conformar hogar y mantener una comunidad de vida. Por el
contrario, las pruebas demostraron que al momento del deceso el causante convivía
con otra persona y que entre los extremos no subsistía una relación real y efectiva.

22. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, concluyó que la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, sumada a
la prolongada separación de hecho, constituía razón suficiente para negar el
reconocimiento de la sustitución pensional, en tanto no se acreditaron vínculos
afectivos ni económicos que permitieran inferir la calidad de beneficiaria de la
demandante.

1.5. Recurso de apelación
23. A través de apoderado, la señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila, interpuso
recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia, argumentando que
el análisis efectuado por el tribunal se ajustó a una concepción tradicional de la
convivencia, sin atender a las diversas formas en que se estructuran las relaciones
de pareja y los vínculos familiares en la realidad social.

24. Sostuvo que, si bien entre la demandante y el causante se disolvió y liquidó la
sociedad conyugal en 1977, dicha circunstancia no implicó una ruptura real de la
convivencia, la cual se mantuvo de manera continua hasta mediados de 1995 y,
posteriormente, de forma intermitente hasta el fallecimiento del causante, lo que fue
respaldado por los testimonios y demás pruebas allegadas al proceso.

25. Indicó que la celebración posterior del matrimonio civil del finado con la señora
María Consuelo Ochoa Galindo, no desvirtuaba la existencia de vínculos afectivos,
de solidaridad y acompañamiento que se prodigó con la aquí actora, especialmente
en razón de la edad de ambos, la existencia de hijos comunes y la frecuencia de los
encuentros familiares. En ese sentido, sostuvo que la noción de convivencia no

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podía restringirse a la cohabitación permanente ni a la intimidad física.

26. Argumentó que la normativa aplicable y la jurisprudencia de las altas cortes no
exigen que la convivencia se haya desarrollado de manera ininterrumpida ni
necesariamente durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento
del causante, particularmente cuando se trata de un pensionado, y que incluso el
ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de distribuir la pensión de
sobrevivientes en casos de convivencia simultánea entre cónyuge y compañera
permanente.

27. Por lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia apelada y, en su lugar, se
accediera al reconocimiento de la sustitución pensional, ya fuera en forma total o
proporcional, en favor de la demandante, a quien consideró debía otorgársele la
condición de compañera permanente.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
28. Por auto del 5 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación. No hubo
intervenciones en esta instancia.

29. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia
30. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo4, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.

2.2 Del problema jurídico
31. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Gladys Amalia
Castañeda de Ávila tiene derecho a que le sea sustituida la pensión gracia que en
vida le fue reconocida al señor Mauricio Ávila Ramos o si, por el contrario, no
acredita las exigencias de ley, entre estas la convivencia por un periodo de 5 años
anterior al fallecimiento del causante.

2.3 Normativa y jurisprudencia aplicable al asunto
32. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la
Sentencia de Unificación 029-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 20226, reiteró el

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017)

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carácter especial de la pensión gracia, cuya finalidad es el reconocimiento a los
docentes territoriales por su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa; y así compensar las diferencias salariales de
aquellos frente a los docentes vinculados a la Nación.

33. Seguidamente se explicó que aunque la sustitución de dicha prestación no era
un aspecto debatido en el marco de la unificación, era necesario precisar que por
tratarse de una prestación especial, la sustitución de la misma se regía por las
normas generales, destacando que dicha figura no estaba contemplada para los
educadores en 1913 cuando se originó la pensión gracia, y por vía jurisprudencia el
Consejo de Estado se fue desarrollando la postura enfocada en proteger el núcleo
familiar de los docentes, y como se dijo que adoptaron los criterios generales de
sustitución de pensiones.

34. Así entonces, estableció como regla de unificación que la norma que regula la
sustitución de la pensión gracia es la vigente para el momento del fallecimiento del
causante:

«La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o el
compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para
la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de los
derechos adquiridos bajo normas anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al
cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o
el pensionado.»

35. Para arribar a ello, realizó un recuento sobre la dadiva en cita y rememoró que
la Sección Segunda en punto a la sustitución de la pensión gracia ha partido de dos
criterios: i) consistente en “que se aplican las normas generales anteriores a la Ley
100 de 1993, bajo el entendido que, para los excluidos de la referida Ley, en los
términos del artículo 279, continúa vigente la Ley 71 de 1988 y el Decreto
Reglamentario 1160 de 1989. Ello, como quiera que el artículo 279 excluye a los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la
aplicación del sistema integral de seguridad social en pensiones”.

36. Y ii) que para el análisis de dicha sustitución se tiene en cuenta la Ley 100 de
1993 siempre que esté vigente al momento del deceso; ello, por cuanto “dicha
pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el artículo 279 ibidem solamente exceptúa
las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”. Así pues, se ha considerado que como las normas que regulan la
pensión gracia no prevén la sustitución pensional, esta se rige por el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de Ley 797 de 2003, de modo
que, el cónyuge supérstite o compañero permanente debe acreditar 5 años de
convivencia.

37. Seguidamente se refirió al Acto Legislativo 01 de 2005 y a la aplicación de la Ley

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100 de 1993 para la pensión de sobreviviente, sosteniendo que la remisión que a
dicho régimen general hace dicho acto, debe entenderse como una expresión de
una política pública que busca fortalecer el sistema pensional; y que la exigencia
del requisito de 5 años que trae dicha Ley 100, propende por robustecer el sistema
en cita “blindándolo de fraudes pensionales que lo desfinancian, con matrimonios o
convivencias de último minuto, a las que se refieren las sentencias C-1176 de 2001
y SU 149 de 2021”.

38. En todo caso, se aclara que la aplicación de la Ley 100 de 1993, en las
situaciones en que sea la norma vigente para efectos de la sustitución de la pensión
gracia, no habilita en modo alguno a reconocer la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige tan solo la cotización de 50 semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento; ello, en
tanto la especialidad de la prestación mencionada permite que se reconozca aun
cuando el docente no está afiliado al ente de previsión que la concede, ni efectuó
aportes; y especialmente porque “ a la luz de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad no puede conllevar a que también proceda el
reconocimiento de la pensión gracia de sobrevivientes con 50 semanas de
cotización, porque la vocación de sustituibilidad de una pensión creada como
especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una regulación de un tiempo
pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a los maestros de
primaria de las regiones apartadas.”

39. Así entonces, resulta claro que el derecho a la sustitución pensional debe
analizarse a la luz de las disposiciones que se encuentren vigentes al momento del
fallecimiento del causante; criterio que se tendrá en cuenta para resolver la
presente controversia, por lo que en vista que el deceso del causante ocurrió el 5
de julio de 2015, el asunto debe atender a los requisitos contemplados en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que
en lo pertinente dispone:

“Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
(...)”

2.4 Actuación administrativa
40. La señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila, radicó el 27 de noviembre de 2015
solicitud de reconocimiento y pago de una sustitución pensional de la pensión gracia
reconocida en vida a favor del señor Mauricio Ávila Ramos por CAJANAL; sin
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embargo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social a través de la Resolución RDP 006081 del 12
de febrero de 2016, negó lo solicitado al considerar que no existía certeza respecto
de la convivencia de la solicitante con el causante, pues no se encontró probado el
requisito de mínimo 5 años de convivencia previo al fallecimiento del pensionado.

41. Inconforme con dicha decisión, interpuso el recurso de apelación que fue resuelto
en forma negativa con la Resolución RDP 015556 del 13 de abril de 2016, reiterando
el incumplimiento de la exigencia de la convivencia en los términos exigidos por la
ley.

2.5 Caso concreto
42. En atención al contexto antes descrito, procede la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, teniendo en cuenta que el asunto debe analizarse conforme al
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, disposición
vigente para el momento del deceso del causante.

43. De acuerdo con la referida disposición, para que la cónyuge o compañera
permanente acceda a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, debe acreditar
que cuenta con más de 30 años de edad, que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de 5 años
continuos con anterioridad a su deceso.

44. Pues bien, la Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, ya que como se explicará, no se acredita el
requisito de la convivencia.

45. Se encuentra probado entonces, que el señor Mauricio Ávila Ramos nació el 6
de diciembre de 19407, y falleció el 5 de julio de 2015,8 y le fue reconocida una
pensión gracia a través de la Resolución 18512 de 26 de noviembre de 1993,
efectiva a partir del 6 de diciembre de 19909.

10
46. Aduce la actora que nació el 10 de mayo de 1942 , y que contrajo matrimonio
con el señor Mauricio Ávila Ramos el 16 de mayo de 196411, unión de la cual
nacieron cinco hijos. Se destaca que según se afirma en la demanda, todos estos
son mayores de edad y no reclaman la sustitución de la prestación en comento.

47. En cuanto al requisito de convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento
exigidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003,
la señora Castañeda de Ávila con el recurso de apelación insiste en que, sí está
acreditado y cuestiona la valoración realizada por el a quo, estimando que la

7 Copia de cédula de ciudadanía visible a folio 31 del expediente digital en SAMAI del Tribunal.
8 Copia del registro civil de defunción visible a folio 33 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.
9 Documento visible a folio 9 del expediente digital en SAMAI del Tribunal.
10 Copia de la cedula de ciudadanía de la demandante visible a folio 37 del expediente digital de SAMAI del

Tribunal.
11 Documento visible a folio 39 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.

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realidad social da cuenta de que el vínculo puede mantenerse vigente, aunque no
se comparta bajo el mismo techo.

48. En ese orden, se constata que se aportaron declaraciones extraprocesales de los
señores Carlos Guillermo Moreno Romera, Lorenza Enciso de Fonseca, Gloria
Colombia Cobo de Leiva y Graciela Pardo de Mendoza quienes son coincidentes
en afirmar que tienen conocimiento del vínculo matrimonial entre la actora y el
causante que tuvo lugar el 16 de mayo de 1966, unió que se mantuvo por lapso de
31 años de manera ininterrumpida hasta finales de 1995, dando cuenta aquellos
que a partir de esta data abandonó el hogar por la aparente existencia de otra mujer.
De manera que, del dicho de aquellos no se logra acreditar que durante los 5 años
anteriores al deceso del señor Ávila Ramos, este mantuviera una convivencia con
la actora de manera ininterrumpida o se prodigaran apoyo mutuo.

49. Ahora, si bien la declarante Cobo de Leiva afirmó que, pese a la separación de
la pareja en el año 1995, estos se continuaron queriendo y se frecuentaban en la
casa de ella o en otros lugares, y que incluso lo visitó en la clínica días antes de
fallecer, para la Sala, su dicho no ofrece información relevante que permita
establecer el cumplimiento del requisito en cita, dado que, se requiere de una
verdadera relación de pareja con vocación de permanencia y ayuda mutua y ello no
se logra establecer de la declaración en comento.

50. Cabe destacar que las declaraciones fueron presentadas en un formato idéntico
y con un lenguaje estandarizado, por lo que las mismas tampoco le ofrecen certeza
a la Sala frente a la exigencia legal echada de menos por el a quo.

51. También se cuenta con la declaración extra procesal de la actora, en la que
reafirma lo referente al vínculo matrimonial y la convivencia hasta el año 1995, no
obstante, expone que, aunque el causante la abandonó en esta última data “siempre
nos quisimos, jamás nos dejamos de ver, me visitaba a menudo en la casa donde me había
abandonado y pasábamos varias noches, luego a la carrera 9 con calle 106 y por último a
la calle 135 C No. 9ª 71, Apto 402, edificio Bizancio de Bogotá donde vivo actualmente, o
nos encontrábamos en otros lugares, demostrándonos cariño y amor, destacando que poco
antes de ser internado en la clínica Fundadores de Bogotá para ser tratado del cáncer de
próstata que lo afectaba, nos encontramos y nos dimos un fuerte abrazo, como un aviso
premonitorio o un presentimiento, por cuanto en ese momento no se tenía conocimiento de
su enfermedad. Incluso, corriendo el riesgo de causarle molestia en su lecho de enfermo,
por cualquier intempestiva llegada de su compañera, lo visitaba a la clínica Fundadores y
lo vi por última vez un par de días antes de morir.”

52. Empero, para esta Subsección, las anteriores afirmaciones tampoco tienen la
virtualidad de acreditar el requisito de la convivencia; como se advierte, refiere
encuentros casuales y expresiones que, si bien pueden ser una muestra de cariño,
no evidencian lazos de permanencia, ni apoyo mutuo.

53. De otro lado, en audiencia de pruebas realizada el 17 de mayo de 2022 se
recepcionaron testimonios, por un lado, de la señora Gloria Colombia Cobo de

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Demandante: Gladys Amalia Castañeda de Ávila

Leiva, quien ratificó la declaración extra juicio, añadiendo que aun la actora y el
pensionado dejaron de convivir, continuaron teniendo contacto, pues el señor Ávila
acudía a la residencia de aquella en festividades, cenas, grados, cumpleaños y otras
actividades similares; que además la actora le manifestaba que se encontraba con
el causante de vez en cuando, aproximadamente tres o cuatro veces al año,
generalmente para almorzar. Precisó que no podía afirmar que hubieran retomado
la convivencia; sin embargo, según lo expresado por la señora Castañeda de Ávila,
el señor Ávila Ramos habría convivido posteriormente con la señora María Consuelo
Ochoa.

54. Por otro lado, en dicha diligencia la señora Graciela Pardo Mendoza, sostuvo
que conoció a la demandante hacia el año 1972, por cuanto residían en el mismo
conjunto residencial, sin embargo, cambió de domicilio volviendo a encontrarse con
aquella en el año 1995, ocasión en la cual esta le comentó que el señor Ávila Ramos
se había ido del hogar y que se encontraba conviviendo con otra mujer. Así mismo,
la testigo indicó que no le constaba si la demandante y el causante habían liquidado
la sociedad conyugal ni si este último había contraído matrimonio con la tercera
interesada, pues su conocimiento provenía únicamente de lo que la señora Gladys
Amalia Castañeda de Ávila y uno de sus hijos le habían referido.

55. En ese orden, los testimonios referenciados tampoco ofrecen información
relevante sobre el desarrollo de la presunta convivencia que alude la recurrente, por
el contrario, ratifican que desde el año 1995 la entonces pareja finalizó su unión, sin
que les conste situaciones puntuales sobre un vínculo con vocación de permanencia
e ininterrumpido con posterioridad a dicha anualidad y menos aún dentro de los
cinco años anteriores al fallecimiento del causante; nótese que las declarante
refieren que la actora les mencionó que se veía con el señor Ávila Ramos, pero no
precisan en que consistían esos encuentros, que por demás, de acuerdo al dicho
las señoras Covo de Leiva y Pardo Mendoza, eran esporádicos. En ese orden,
contrario a lo sostenido en el recurso, no se advierte una indebida valoración
probatorio por parte del tribunal de instancia.

56. A lo anterior se suma que, está demostrado conforme con la escritura pública
número 1452 del 9 de diciembre de 197712, que se disolvió y liquidó la sociedad
conyugal por mutuo acuerdo entre la señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila y el
causante.

57. Seguidamente, según copia auténtica del registro civil de matrimonio de fecha
1 de abril de 201613 aportado por la tercera interesada, el causante contrajo
matrimonio con la señora María Consuelo Ochoa Galindo el 19 de abril de 2000,
hecho que no pudo ser desvirtuado por la demandante dentro del proceso.

58. Ahora bien, para la Sala no tiene vocación de prosperidad lo expuesto por el
recurrente, en cuanto a que el tribunal desconoció las dinámicas de convivencia en

12 Documento visible a índice 00083 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.
13 Documento visible a índice 00083, número de actuación 83 del expediente digital de SAMAI del Tribunal.

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estos tiempos de las parejas; por el contrario, lo que se advierte es que el a quo en
aras de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, entre estos, el de
convivencia, valoró el material probatorio recaudado el cual no permite evidenciar
que entre la demandante y el causante se mantuvo un vínculo durante los 5 años
anteriores al deceso de aquél.

59. Ahora, si bien esta Sección ha reconocido prestaciones de esta naturaleza aun
cuando se ha encontrado acreditada la separación de hecho e incluso la liquidación
de la sociedad conyugal, ello ha obedecido a circunstancias particulares ante la
existencia de una justa causa que conlleve a la interrupción de la vida marital, por
ejemplo, afecciones de salud, hechos no imputables al cónyuge supérstite, fuerza
mayor; sin embargo, ello es excepcional, y se ha dejado claro que para acceder a
la pensión de sobrevivientes se requiere que la sociedad conyugal esté vigente14, y
en general en estos asuntos de manera pacífica se ha sostenido que el requisito de
convivencia es esencial para obtener dicha prestación.15 En todo caso, en el
presente asunto no se observa una situación especial que amerite el estudio
diferencial ante el hecho probado de la liquidación de la sociedad conyugal y la falta
de prueba de la cohabitación y solidaridad entre la accionante y el causante.

60. Finalmente, aduce la actora con el recurso que inclusive, se le podría tener en
calidad de compañera permanente, pues, es factible el reconocimiento compartido
de la prestación ante la convivencia simultánea con la cónyuge; sin embargo, ello
no resulta procedente, pues, esta última quien actuó como tercera en el proceso,
adujo que el causante convivió exclusivamente con ella los últimos años, a lo que
se suma que en el proceso no se demostró la existencia de una unión con vocación
de permanencia entre la señora Castañeda de Ávila y el finado Ávila Ramos, y se
insiste, las pruebas dan cuenta de encuentros ocasionales.

61. En virtud de lo hasta aquí expuesto, no exite merito para revocar la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda, por lo que la misma será confirmada.

2.6 Conclusión
62. Conforme a lo expuesto, esta Subsección confirmará la sentencia proferida el 16
de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
las súplicas de la demanda, dado que no se logró acreditar el requisito de
convivencia durante al menos los 5 años anteriores a la muerte del causante.

2.7 Condena en costas
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta

14 Entre otras, ver sentencia de 26 de marzo de 2026, expediente 25000-23-42-000-2017-04151-01 (0231-
2025)
15 Ver sentencia de 26 de febrero de 2016, expediente 15001-23-33-000-2015-00446-01 (1384-2022)

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materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

66. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 16 de septiembre de 2022, que negó a las pretensiones de la
demanda presentada por la señora Gladys Amalia Castañeda de Ávila, por las
razones expuestas en la parte motiva

SEGUNDO: Condena en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: Se reconoce personería al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina
como apoderado de la entidad demandada en atención al memorial allegado vía
correo electrónico y visible en el índice 29 del expediente digital disponible en
SAMAI.

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CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/

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