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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05584-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05584-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Aceptar la renuncia al poder de la abogada Yaneth Alexandra Bendeck Bendeck, identificada con cédula de ciudadanía 51.959.645 y portadora de la tarjeta profesional 80.200 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente (índice 22 Samai). Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05584-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)
Demandante: Liz Tania Gaviria Sotelo
Demandado: E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

Temas: Empleada de libre nombramiento y remoción. Renuncia
protocolaria. No se demostró falsa motivación. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones y se
abstuvo de condenar en costas.

ANTECEDENTES

La señora Liz Tania Gaviria Sotelo instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución 66 del 28 de abril de 2016, por medio
de la cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente aceptó su
renuncia al empleo de jefe de oficina, código 006, grado 04, de libre nombramiento
y remoción, en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Rafael Uribe Uribe.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reintegrarla sin solución
de continuidad, pagarle los salarios con los aumentos o ajustes anuales, junto con
los aportes a pensión y prestaciones sociales dejados de percibir entre el retiro y el
reintegro.

Que se ordene el pago del ajuste del valor sobre los montos causados, intereses
moratorios y costas procesales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 19 de junio de 2012 fue nombrada como jefe de oficina del Hospital Rafael
Uribe Uribe, código 006, grado 04; sin embargo, el gerente de la entidad le solicitó
la renuncia al empleo durante los primeros días del mes de abril de 2016 la cual
presentó el día 6 del mismo mes y año.

Que el día de su dimisión el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 641, por medio
del cual fusionó múltiples empresas del Estado, entre esas el Hospital Rafael Uribe
Uribe, creando la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. La
junta directiva de esta última aprobó la unificación de la planta de empleos en el
Acuerdo 2 del 15 de abril de 2016 y la demandante fue incorporada en el mismo
cargo (jefe de oficina, código 006, grado 04) mediante Resolución 2 de igual fecha.

Que, pese a no ser presentada, la gerente de la entidad demandada aceptó la
renuncia de la demandante a partir del 3 de mayo de 2016 en la Resolución 66 del
28 de abril de 2016; pero para esta fecha no se había expedido manual de funciones
de la entidad, por lo tanto, la autoridad carecía de competencia nominadora.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Que el acto demandado vulneró los artículos 122 de la Constitución Política; 19 de
la Ley 904 de 2004; 2.2.11.1.2 y 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015; 22.3, 28 y
29 del Decreto 785 de 2005 y demás concordantes.

En el concepto de violación se adujo que el acto acusado se encuentra viciado por
falta de competencia, porque a la fecha de expedición no existía un manual de
funciones que definiera las competencias y atribuciones de la gerente.

Falsa motivación, en la medida en que renunció a su cargo durante la existencia
del Hospital Rafael Uribe Uribe, pero nunca al cargo para el cual fue reincorporada
desde el 15 de abril de 2016 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente. De allí que no existió renuncia qué aceptar por parte de esta entidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

En auto del 28 de febrero de 2016, se admitió la demanda y la E.S.E. Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente indicó que no debía accederse a
las pretensiones de la demanda por cuanto el cargo que era ocupado por la
demandante era de libre nombramiento y remoción, por tanto, podía ser removida
del mismo a discrecionalidad del nominador.

Que, conforme con el Acuerdo 641 de 2016, que fusionó las empresas sociales del

2

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

Estado del Distrito, la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente estaba facultada para aceptar su renuncia y, como en efecto sucedió, para
nombrarla en el cargo.

Que el acto administrativo no fue falsamente motivado pues, por tratarse de un
cargo de libre nombramiento y remoción, no existe ninguna exigencia legal o
jurisprudencial en cuanto a las razones para desvincular a un empleado de esta
naturaleza.

El 23 de enero de 2018 se realizó la audiencia inicial, el 10 de abril de ese año y el
9 de abril de 2019 se desarrolló la audiencia de pruebas en la que se ordenó a las
partes presentar por escrito sus alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En sentencia del 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, negó las pretensiones y se
abstuvo de imponer condena en costas.

Expresó que no se probó la falsa motivación y falta de competencia de la autoridad
que expidió el acto pues, al fusionarse el Hospital Rafael Uribe Uribe a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, esta asumió los derechos y
obligaciones del primero, por lo que la gerencia estaba facultada para resolver las
situaciones administrativas que se produjeran, incluso antes de la expedición del
manual de funciones. Además, que la demandante no cambió de cargo.

Que, aunque su renuncia fue «protocolaria», no se allegó ninguna prueba que diera
cuenta de coacción para que la demandante fuera desvinculada del servicio de
forma arbitraria. En otras palabras, que la solicitud de renuncia de la entidad no fue
más que un gesto de cortesía con el ánimo de prescindir del ejercicio de la
competencia discrecional del nominador para declarar insubsistentes a los
empleados de libre nombramiento y remoción.

Que no es de recibo el argumento, según el cual, la demandante renunció al cargo
en el Hospital Rafael Uribe Uribe y no al ejercido en la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, al que no tenía intención de renunciar, siempre
que entre una y otra entidad operó la subrogación de derechos y obligaciones y,
adicionalmente, se trataba del mismo empleo.

Que, en sentido similar, la presentación de la renuncia a la entidad previo a la fusión
y su aceptación posterior no supone, en sí mismo, que el acto esté viciado por falsa
motivación.

Que, en cuanto a la falta de competencia del nominador, deben estimarse las
atribuciones conferidas por el Acuerdo 641 de 2016, su designación en el cargo y
las funciones previstas en el artículo 4 de la Ley 139 de 1996.

3

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que el problema
jurídico no está vinculado a la naturaleza del empleo, esto es, que no discute su
carácter de libre nombramiento y remoción. Que su desacuerdo se relaciona,
especialmente, con el incumplimiento del literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004, siempre que la renuncia no fue regularmente aceptada. Argumentó:

Que, aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado admite la legalidad de la
insinuación a renunciar en los cargos de libre nombramiento y remoción en los
niveles directivos, cualquier empleado puede ser forzado o instigado para
renunciar, al margen de su nivel, viciando su espontánea y autónoma voluntad y,
en consecuencia, la renuncia misma.

Que, «[…] la decisión de Renuncia [sic] de la Actora [sic] no tiene origen en la plena libertad
de elección de actividad o empleo, ya que como se demostró ella correspondió a situación
externa y ajena a su voluntad; por pedimento directo de quien fungía como superior
jerárquico»1.

Que, en cuanto a la renuncia protocolaria, usualmente esta consiste en la simple
manifestación de dejar en libertad al superior para disponer del cargo, de allí que
no debe comprenderse como una renuncia en sentido estricto.

Que la demandante presentó su renuncia el 6 de abril de 2016 ante el Hospital
Rafael Uribe Uribe y, una vez se fusionó la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente, la gerencia decidió nombrar y posesionar a la servidora en el
empleo indicado, lo que permite inferir que: i) la renuncia no fue aceptada y, en su
lugar, fue reincorporada a la planta de personal de la entidad, y ii) se creó un nuevo
vínculo legal y reglamentario.

Que, por lo anterior, debe prosperar el cargo de nulidad por falsa motivación, pues
nunca existió una renuncia para aceptar al cargo en la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, como lo hizo el acto demandado.

Que la gerente de la entidad fusionada primero debió aceptar las renuncias de los
empleados adscritos a las antiguas plantas de personal y luego proceder a
incorporar aquellos que continuarían laborando en la entidad.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 8 de octubre de 2020 se admitió el recurso de apelación y el 7 de diciembre de
2020 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para emitir concepto.

1 Fl. 219.

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Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

La parte demandante se remitió a los argumentos expuestos en la demanda,
alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación.

La parte demandada guardó silencio y el Ministerio Público no emitió concepto
de fondo.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa. Advierte la Sala que ningún pronunciamiento se efectuará sobre
la naturaleza del cargo ocupado por la demandante, a saber, jefe de oficina, código
006, grado 04, inicialmente al servicio del Hospital Rafael Uribe Uribe y luego
incorporado en la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente, en la medida que no se discute que es de libre nombramiento y
remoción.

En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar si el
acto administrativo acusado, por medio del cual se aceptó la dimisión de la
demandante al cargo descrito, se encuentra viciado de nulidad porque: i) la
renuncia presentada el 6 de abril de 2016 ante la gerencia del Hospital Rafael Uribe
Uribe no fue libre y espontánea y ii) fue falsamente motivado, siempre que la
renuncia en cita se comprende no aceptada en virtud del acto de reincorporación al
cargo expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, que
creó una nueva relación legal y reglamentaria de la cual no se dimitió en ningún
momento.

Decidido lo precedente, se continuará con el análisis de los presupuestos restantes
para lo cual se estudiará sobre lo siguiente:

La renuncia protocolaria

La dimisión a un cargo público no es más que una expresión del artículo 26 de la
Constitución Política, según el cual, «[t]oda persona es libre de escoger profesión u
oficio […]». De allí que cualquier empleado pueda decidir autónomamente si desea
o no desempeñarse en determinado empleo de libre aceptación subordinado por el
Estado, como cualquier otra persona en el marco de las relaciones laborales que
se instituyen entre particulares. Sobre esta figura jurídica, el Decreto 1083 de 2015
dispone:

«Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria
aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.

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Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el
renunciante insiste deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se
producirá por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá
determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a
treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido
sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir
en abandono del empleo, caso en el cual se generará automáticamente la
vacancia definitiva del mismo, o continuar en el desempeño del empleo, caso
en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al
empleado en quien éste haya delegado la función nominadora.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las
renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra
circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la
suerte del empleado.

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para
ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido
revelados a la administración, sino con posterioridad a tales circunstancias.

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción."

En síntesis, todo servidor público puede presentar libremente su renuncia al
empleo y la autoridad nominadora dispone de un plazo de treinta (30) días para
pronunciarse sobre su aceptación. El silencio de la administración, en este caso,
implica la posibilidad de que el empleado se aparte de sus funciones sin que esto
constituya abandono del cargo, o bien que continúe en ejercicio de sus funciones,
dejando sin efectos la renuncia presentada.

En el caso de los empleados de libre y nombramiento y remoción, que comúnmente
ocupan cargos de confianza, dirección o manejo, es decir, que precisan de una
confianza especial y completa por parte del nominador, el Decreto 1083 de 2015
en el aparte citado resulta aplicable, escenario que configura la causal de retiro
prevista en el literal d) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, según el cual, el retiro
del servicio de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción se
produce, entre otros casos, «[p]or renuncia regularmente aceptada; […]».

Ahora bien, en virtud de la naturaleza de estos empleos, que conlleva una facultad
discrecional del nominador para decidir sobre la persona que ocupa el cargo y la
potestad para declarar insubsistente dicho nombramiento sin una exposición de
motivos para tal fin, es común que se presente el fenómeno de la renuncia
protocolaria.

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Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

Esta no es más que un acto de cortesía que tiene como finalidad sugerir o invitar a
los empleados de libre nombramiento y remoción a presentar autónomamente la
renuncia para prescindir del ejercicio de la facultad discrecional del nominador de
declarar insubsistente su nombramiento con el fin de constituir su equipo de trabajo
con las personas de su entera confianza. Esto se origina en la connotación negativa
que tiene dicha actuación en la cotidianidad de la administración pública.

En principio la renuncia de los servidores públicos es un acto de dimisión que se
caracteriza por la manifestación individual, autónoma, libre, escrita y espontánea
de no desear continuar ejerciendo las funciones propias del cargo. En otras
palabras, como un acto pleno de manifestación de la voluntad, debe ser libre de
presiones, constreñimiento, injerencias o violencia.

Sin embargo, en el caso de las renuncias protocolarias, la invitación o sugerencia
a dimitir constituye, más que una indebida presión, una prevención dialógica con
miras a prescindir del uso de la facultad discrecional para declarar la insubsistencia
del acto de nombramiento de los empleados de libre nombramiento y remoción.

Sobre lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado en diversas ocasiones,
respaldando la legalidad de la práctica descrita, con fundamento en su origen
pragmático y, especialmente, en los fines legales y constitucionales que persigue:
la reorganización de la administración para que esta se integre como bien convenga
en los empleos que así han sido dispuestos. En este sentido, la Subsección A de
la Sección Segunda ha sostenido:

«Además de la renuncia a la que se hizo alusión, para los empleados de libre
nombramiento y remoción existe la llamada renuncia protocolaria. Esta
tiene lugar cuando el nominador necesita reorganizar su equipo de trabajo y
cambiar a sus subalternos si lo considera pertinente para la prestación del
servicio público. Su ejercicio busca evitar que, para cumplir con tal
propósito, este tenga que declarar insubsistentes a los empleados que no
son de su entera confianza.

Ello va de la mano con la naturaleza de los cargos que este tipo de empleados
ocupan, puesto que ejercen funciones de dirección, manejo y confianza. Así,
es preciso que el nominador cuente con cierta discrecionalidad para conformar
su grupo de trabajo y, en virtud de ello, nombrar o retirar del servicio a quien no
tenga el grado de confiabilidad que necesita.

En virtud de la renuncia protocolaria, puede el servidor público, si considera
que es lo pertinente, presentarla al nominador por voluntad propia. No obstante,
de no darse de esta manera, el nominador puede solicitarla, sin que ello
constituya un acto ilegal o de presión en contra del trabajador, dada la
naturaleza del cargo que ostenta […]

En conclusión, la renuncia protocolaria i) procede respecto de los empleos de
libre nombramiento y remoción cuando el nominador necesita reorganizar su
equipo de trabajo; ii) la solicitud de esta no constituye un acto ilegal o de
presión en contra del trabajador, porque la naturaleza del cargo que
ostenta requiere plena confianza; y iii) tal renuncia busca evitar la declaración
de insubsistencia del empleado del cual se requiere el cargo. […]» (énfasis

7

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

fuera de texto)2.

En síntesis, el Consejo de Estado estima que la renuncia protocolaria, no supone,
en sí misma, un ejercicio de presión que vicie ilegalmente la manifestación de
voluntad del servidor. Claro, esto se justifica en la naturaleza del empleo, que
contiene una facultad discrecional para su provisión y retiro a cargo del nominador,
incluso, prescindiendo de expresar los motivos de la decisión3.

Falsa motivación

La motivación de un acto administrativo corresponde a la exposición de la causa,
es decir, los fundamentos de hecho y de derecho que dan lugar a la expedición de
la decisión y, aún más importante, de su razonabilidad y adecuación al interés
general. Ello por cuanto, no puede olvidarse que todo acto administrativo tiene un
móvil o motivo determinante para su expedición, es decir que ha estado precedido
de unas circunstancias de hecho o de derecho que deben incluirse dentro de su
texto4.

El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en un acto
administrativo son contrarias a la realidad. En relación con los elementos que la
configuran, el Consejo de Estado señaló los siguientes:

«[…] (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública o la calificación de los hechos, y (c) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo
se encuentra falsamente motivado […]»5.

De lo anterior se concluye que este vicio de nulidad se presenta cuando se
expresan los motivos de la decisión total o parcialmente pero los argumentos
expuestos no están de acuerdo con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede
suceder en uno de dos eventos a saber: primero, cuando los motivos determinantes
de la decisión adoptada por la administración se basaron en hechos que no se
encontraban debidamente acreditados o, segundo, cuando habiéndose probado
unos hechos, estos no son tenidos en consideración aunque habrían podido llevar
a que se tomara una decisión sustancialmente distinta.

Resolución al caso concreto

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2020. Rad. 25000-23-42-

000-2012-01396-01(3241-17).
3 Ver en este sentido: Corte Constitucional. Sentencia C-1003 de 2003 y Consejo de Estado. Sección Segunda.

Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2013-00447-01 (4519-14).
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de septiembre de 2017. Rad. 54001-

23-31-000-2009-0018201 (3555-14).
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 17 de marzo de 2016. Rad 11001-03-25-

000-2012-00317-00 (1218-12).

8

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

En primer lugar, la parte recurrente sostuvo que la renuncia presentada al cargo de
jefe de oficina, código 006, grado 04, de libre nombramiento y remoción, en la
Unidad Prestadora de Servicios de Salud Rafael Uribe Uribe, no se originó
plenamente en su voluntad, sino que correspondió a una situación ajena y externa
producto de la solicitud explícita de quien fungía como superior jerárquico. De allí
que, como no fue libre y espontánea, se torna ilegal.

Este móvil de disenso no es de recibo para la Sala, porque en el escrito de renuncia
con fecha del 6 de abril de 2016 allegado al expediente no se consignó ningún tipo
de manifestación sobre las razones para dimitir del cargo6, ni se observa ninguna
prueba ─documental o testimonial─ que dé cuenta de un constreñimiento o presión
en la voluntad de la funcionaria. Tan solo se hizo referencia a que esta tenía el
carácter de protocolaria.

Según la redacción de los hechos en la demanda, el entonces gerente del Hospital
Rafael Uribe Uribe le solicitó la renuncia al empleo que desempeñaba en la entidad
durante los primeros días del mes de abril de 2016, por lo que la funcionaria
presentó la renuncia protocolaria7.

Conforme con la naturaleza del empleo ─de libre nombramiento y remoción─ y las
circunstancias fácticas que atravesaba la entidad, esto es, la fusión con otras
empresas sociales del Estado, se comprende que la invitación o insinuación a
renunciar por parte del nominador se ajusta, precisamente, a la figura de la renuncia
protocolaria que, como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, y
así lo reconoce la demandante en el recurso de apelación, esta Corporación no
valora como una conducta tendiente a limitar la autonomía de la servidora, sino
como una cortesía para prever que la autoridad no deba ejercer directamente su
facultad discrecional para declarar insubsistente el nombramiento y reorganizar el
equipo de trabajo con los empleados de confianza.

Si bien esta argumentación es suficiente para descartar la prosperidad del móvil de
apelación, es preciso añadir que, en sí misma, la insinuación o solicitud de renuncia
de la administración «[…] no constituye una coacción invencible que elimine el acto
voluntario porque frente a dichas propuestas puede acceder o no conforme su
entendimiento»8.

En segundo lugar, la parte recurrente insistió en la falsa motivación del acto
cuestionado, argumentando que la demandante presentó renuncia al cargo que
desempeñaba en el hospital Rafael Uribe Uribe, pero que esta se comprende no
aceptada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente al
reincorporarla a un empleo, creando una relación legal y reglamentaria nueva a la
que nunca pretendió renunciar o dimitir. De allí que sí existía una renuncia que

6 Fl. 7.
7 Fl. 84.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022. Rad. 25000-23-

42-000-2016-05174-01 (6484-2018).

9

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

aceptar y, por lo tanto, no son falsos los presupuestos de hecho que se esgrimen
en la Resolución 66 del 28 de abril de 2016.

Previo a pronunciarse sobre este asunto, la Sala observa importante destacar la
siguiente cronología:

i) El 6 de abril de 2016 la demandante presentó renuncia protocolaria al empleo que
desempeñaba como jefe de oficina, código 006, grado 04, en el Hospital Rafael
Uribe Uribe9.

ii) El mismo día se expidió el Acuerdo 641, donde el Concejo de Bogotá decidió
fusionar dicha entidad con otras empresas sociales del Estado y crear la «Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E»10.

iii) El alcalde de Bogotá designó la gerente a cargo de la entidad fusionada durante
el «período de transición» mediante el Decreto 171 del 8 de abril 201611.

iv) La Junta Directiva de aquella ESE aprobó la unificación de la planta de empleos
mediante el Acuerdo 002 del 15 de abril de 2016, incluyendo el cargo que
desempeñaba la demandante. La gerente la incorporó a la misma en el artículo 5.°
de la Resolución 002 del mismo día12.

v) La demandante tomó posesión del cargo de jefe de oficina, código 006, grado
04, el 18 de abril 2016 ante la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente13.

vi) Dicha autoridad nominadora expidió la Resolución 66 del 28 de abril de 2016,
que dispuso: «[…] Aceptar la renuncia presentada por la doctora LIZ TANIA GAVIRIA
SOTELO, identificada con cédula No. 52.707.767 al empleo de Jefe de Oficina, Código 006
Grado 04 de Libre Nombramiento y Remoción, de la Unidad Prestadora de Servicios de
Salud Rafael Uribe Uribe de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E. a partir del 03 de mayo de 2016»14.

Ahora bien, la Sala no comparte el principal motivo de inconformidad, esto es, que
existe una diferencia sustancial entre la entidad a la que presentó renuncia el 6 de
abril de 2016 y aquella que la aceptó.

En otras palabras, no es cierto que la fusión dispuesta por el Acuerdo 641 de 2016
suprimió la existencia del Hospital Rafael Uribe Uribe, pues este se transformó, y
tampoco que, como la demandante tomó posesión del cargo en la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente, entonces se creó una nueva relación laboral

9 Fl. 7.
10 Fls. 8-13.
11 Fls 14-15.
12 Fls. 16-77.
13 Fl. 78.
14 Fl. 3.

10

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

de orden legal y reglamentario.

En contraposición, el artículo 3.° ibidem dispuso de un término de transición para el
proceso de fusión de la empresas sociales del Estado allí determinadas, donde
previó que la dirección y administración de las empresas resultantes de la fusión
estaría a cargo de los gerentes y las juntas directivas definidas por el Alcalde de
Bogotá. Estas últimas serían las encargadas de determinar la estructura
organizacional y aprobar la planta de personal en estricta observancia de la Ley
909 de 200415. Igualmente, el artículo 5.° ordenó la subrogación de derechos y
obligaciones de toda índole.

En atención a estos mandatos, la Junta Directiva expidió el Acuerdo 002 aprobando
la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente,
que en el artículo 3.° dispuso: «[…] AUTORIZAR a la Gerente de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, expedir los actos administrativos de
distribución e incorporación de los funcionarios que conforman la planta de personal que
se unifica con el presente Acuerdo […]» (énfasis fuera de texto)16.

De allí que se incorporó a la demandante, en el mismo empleo, a la planta de
personal unificada en el artículo 5.° de la Resolución 002 del 15 de abril de 2016.
Además, el artículo 6.° dispuso que a los funcionarios incorporados no se les
exigiría ningún requisito adicional ─por tratarse del mismo cargo─17 y el artículo
10.° que «[l]a presente incorporación no representa solución de continuidad para ningún
efecto legal ni modificación a la vinculación laboral actual»18.

Por lo anterior, no es de recibo el argumento de que la renuncia presentada
correspondía exclusivamente a la relación laboral existente entre la demandante y
el Hospital Rafael Uribe Uribe, pues aquella es la misma que sostuvo con la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, entidad resultante de la fusión a la
que la primera fue sometida.

Tampoco es admisible concluir que la incorporación a la planta de personal llevó
consigo una respuesta tácita a la renuncia presentada el 6 de abril de 2016, pues
la aprobación de la planta de empleos y la posterior incorporación de los empleados
no tuvo como finalidad resolver la misiva de la demandante sobre su renuncia, sino
avanzar en el proceso administrativo de la fusión.

Luego de esto es que la entidad se pronunció sobre la renuncia, a través del acto
administrativo cuestionado que, si se observa, se expidió en el término de treinta
(30) días que otorga el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015 para decidir
sobre estos asuntos.

15 Fls. 8-9.
16 Fl. 27.
17 Fls. 70-72.
18 Fl. 76.

11

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

En este sentido, al estudiar un caso similar, la Subsección B de la Sección Segunda
consideró:

«Al respecto, se advierte que, para las fechas en que se presentó y aceptó la
renuncia de la demandante (6 de abril y 2 de mayo de 2016, en su orden), el
hospital de Bosa estaba en procedimiento de fusión, para hacer parte de la
nueva empresa social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente, de manera que no resulta desproporcionado ni
ilegal que los nuevos dignatarios procuraran tener a su servicio, en los
cargos de responsabilidad, a personas de su entera confianza, práctica
común y desprovista de reproche cuando hay renovación de directivos
en cualquier organización, pública o privada.

[…]

La Sala encuentra que el cargo de falta de competencia planteado carece de
prosperidad por las siguientes razones: (i) la renuncia fue aceptada dentro del
plazo que la ley prevé, esto es, 30 días; (ii) lo que hubo fue una fusión,
entendida como “[…] 3. Adm., Civ. y Comp. Operación mediante la cual dos o
más empresas u otras instituciones se constituyen como una única, bien sea
por creación de una nueva o por absorción por una de ellas de las demás”, de
la que surgió una nueva que absorbió el Hospital de Bosa, el cual funciona
como la “Unidad Prestadora de Servicios de Salud de la localidad de Bosa”. En
otras palabras, el Hospital de Bosa pasó a hacer parte de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es decir, que la
dimisión presentada siguió vigente porque el primero no desapareció,
sino que permaneció, pero bajo otra forma; (iii) si la gerente tenía potestad
para incorporarla en la nueva empresa, también para removerla, o como en
este caso, para aceptarle la renuncia; (iv) de la dimisión no se retractó la
demandante, por consiguiente, al no existir pronunciamiento expreso,
implica que está vigente y podía la Administración pronunciarse, al
margen de que aquella hubiese entrado a hacer parte de una nueva entidad
que agrupara varios hospitales; (v) el hecho de que la demandante hubiese
sido incorporada, per se, no supone que la renuncia hubiese sido negada
o que se entendiera revocada, pues, se repite, sobre esta debe existir un
pronunciamiento expreso o tácito, una vez trascurridos los 30 días para su
aceptación; en este último evento, la dimitente tiene la potestad de continuar
en el desempeño del empleo o puede retirarse el servicio sin que se le configure
abandono del cargo, según se expuso arriba. En suma, la hipótesis de que al
ser incorporada conduce a que quedó sin efectos la renuncia, carece de
sustento legal; y, (vi) en todo caso, como lo alega la entidad demandada, la
fusión de las empresas en una sola conlleva que la absorbente se subroga en
las obligaciones y derechos de sus empleados, entre los que se encuentra el
poder definir su retiro; máxime en el presente asunto en el que se debía definir
la situación de sus directivos» (énfasis fuera de texto)19.

En suma, no se acreditó que el acto acusado se encontrara viciado por falsa
motivación, pues no se observan razones suficientes para concluir que no
preexistía una renuncia que fuese aceptada o no por el acto demandado, por lo que
hay lugar a CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

De la condena en costas

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de enero de 2022. Rad. 25000-23-

42-000-2016-05174-01 (6484-2018).

12

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en las
actuaciones surtidas en el trámite procesal por el extremo demandante, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la imposición de
condena en costas, por lo que se abstendrá la Sala de ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por lo
expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Aceptar la renuncia al poder de la abogada Yaneth Alexandra Bendeck
Bendeck, identificada con cédula de ciudadanía 51.959.645 y portadora de la tarjeta
profesional 80.200 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la
E.S.E. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente (índice 22 Samai).

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

13

Radicación: 25-000-23-42-000-2016-05584-01 (2276-2020)

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

14

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