Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05953-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-2342-000-2016-05953-01 (3428-2021)
Demandante: Álvaro Bernal Segura
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
FONPRECON -
Tema: Topes pensionales. Aplicación de la sentencia C - 258 de 2013
de la Corte Constitucional
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones. Condena en
costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del
27 de mayo de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A1, negó las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. El señor Álvaro Bernal Segura, actuando por conducto de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
– FONPRECON-, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y
condenas:
2.1.1. Pretensiones
3. Declarar la nulidad del Oficio 20162000045261 de 12 de mayo de 2016 expedido
por la entidad demandada, por el cual se le negó su solicitud de inaplicación de la
1 Con ponencia del magistrado José María Armenta Fuentes.
2 Expediente digitalizado en el índice 9. Archivo «10ED_CUADERNO1_03DEMANDA.pdf».
Radicado: 25000-2342-000-2016-05953-01 (3428-2021)
Demandante: Álvaro Bernal Segura
sentencia C- 258 de 2013 que limitó el tope de todas las mesadas pensionales
reconocidas con amparo del régimen especial de pensiones de Congresistas, a la
suma de 25 smlv de manera automática y la devolución de las sumas que se
dejaron de pagar en virtud de la misma.
4. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se condene a la entidad demandada a reembolsarle las sumas de
dinero que resulten como diferencia de las mesadas pensionales dejadas de pagar,
debidamente indexadas de acuerdo con el IPC.
5. Adicionalmente solicitó que se condene a FONPRECON al pago de intereses
moratorios desde el 1.° de julio de 2013, hasta la fecha de pago efectivo, de
conformidad con lo establecido en el inciso 3.° del artículo 192 de la Ley 1437 de
2011 y el numeral 4.° del artículo 195 ibidem.
2.1.2. Fundamentos fácticos
6. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:
7. La Corte Constitucional profirió la sentencia C-258 de 2013 a través de la cual
se estableció que para el reconocimiento de pensiones se tendrían en cuenta
solamente los factores de salario sobre los cuales se hubiere realizado
cotizaciones, empleando como IBL lo señalado en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993 y, que no habría pensiones con mesadas superiores a los 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
8. En virtud de lo anterior, FONPRECON limitó, las pensiones, a la cantidad de 25
SMLMV, a través de la Resolución 0443 del 12 de julio de 2013, pero sin
intervención de los afectados, incluyendo al accionante.
9. Por ello, se iniciaron contra los pensionados trámites de revisión de los
expedientes pensionales, en los cuales no se les vinculó para el ejercicio de sus
derechos fundamentales, los cuales culminaron con demandas de lesividad, contra
los afectados, a quienes no se les inició el trámite de revocatoria directa,
establecido en los artículos 93 a 97 de la Ley 1437 de 2011, ni se les llamó a
conciliación prejudicial en los términos del Decreto 1716 de 2009, con lo que se les
desconoció el derecho al debido proceso.
10. El accionante, elevó petición ante la entidad el 27 de abril de 2016, buscado el
reembolso de las sumas cuyo pago se suspendió desde el mes de julio de 2013,
en virtud de la aplicación de la sentencia C - 258 de 2013.
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Demandante: Álvaro Bernal Segura
11. En respuesta de lo anterior, la demandada emitió el Oficio 20162000045261
del 12 de mayo del 2016, mediante el cual negó solicitud.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
12. Se indicaron como desconocidos por la entidad, el Preámbulo y los artículos
1.°, 2.°, 6.°, 13, 21, 29, 42, 46, 48, 58, 83, 209 de la Constitución Política de
Colombia
13. De orden legal se desconocieron los artículos 3, 4, 93 a 97, 192 y 195 de la
Ley 1437 de 2011; 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
17 de la Ley 4 de 1992 y el Acto legislativo 01 de 2005
14. Según se indicó en la demanda, el acto demandado incurrió en expedición con
infracción de las normas en que debía fundarse pues se profirió sin aplicar las
normas que regulan el procedimiento administrativo y se omitió el trámite de
revocatoria directa y la conciliación prejudicial; se encuentra afectado de falsa
motivación por cuanto se fundamentó en la sentencia C- 258 de 2013, pero sin
aplicar de forma correcta, pues no se respetó el debido proceso ni se vinculó al
afectado en la actuación administrativa.
15. De igual manera se desconoció el principio de la doble instancia administrativa,
pues no se le permitió ejercer recursos contra el acto administrativo. Finalmente
indicó que se incurrió en desviación de poder, pues el acto se expidió con fines
distintos a los previstos por la ley, toda vez que se usó la sentencia C-258 como
excusa para reducir pensiones sin procedimiento legal.
2.2.1. Contestación de la demanda
16. FONPRECON3, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la
demanda indicando que, el acto administrativo cuestionado, fue proferido acorde
con el ordenamiento jurídico, porque el ajuste automático de las pensiones
reconocidas bajo el régimen especial de congresistas fue ordenado por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-258 de 2013, por lo que no se requería
reliquidación ni procedimiento administrativo previo.
17. Además, la entidad no modificó la pensión, sino que respondió negativamente
a una solicitud de restablecimiento que era improcedente por lo que no se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
3 Ibidem. Archivo « 25ED_CUADERNO1_18CONTESTACIONDEMAND.pdf».
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18. Según lo explicó el acto demandado no se expidió con razones engañosas o
simuladas, tampoco se incurrió en expedición irregular pues no se aplicó la
segunda instancia al tratarse de una entidad descentralizada. No hubo una
motivación oculta de la entidad, ni desviación de poder en el acto demandado pues
el acto administrativo respondió de forma correcta la petición elevada por el
demandante.
19. Finalmente indicó que no se desconoció el derecho de defensa, pues el acto
se fundamentó correctamente en la ley y jurisprudencia y finalmente precisó que
ese no es el escenario para discutir los efectos de la sentencia de la Corte
Constitucional C-258 de 2013 pues se afectaría en principio de la cosa juzgada
constitucional.
2.3. Sentencia de primera instancia4
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 27 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la
demanda formulada por el señor Bernal Segura.
21. Para tal efecto indicó que la Corte Constitucional profirió la sentencia C – 258
de 2013 en virtud de la cual recordó que según el constituyente (artículo 48) no
habría pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Allí
precisó la Corte que la autoridad administrativa tenía la obligación de reajustar
inmediatamente todas las mesadas pensionales al límite constitucional contenido
en el Acto Legislativo 01 de 2005, sin necesidad de efectuar liquidación alguna,
pues de lo contrario, se vulneraría la voluntad del constituyente derivado y del
legislador.
22. Además, la Corte señaló que discutir una decisión de constitucionalidad en vía
gubernativa o en la jurisdiccional contenciosa administrativa, repercute en una
pretermisión y en una posible afectación de los principios de supremacía
constitucional, de la cosa juzgada constitucional y de los derechos y principios
ponderados y protegidos en el fallo adoptado por la Corte Constitucional (T- 615 de
2015).
23. Encontró como demostrado que el demandante prestó sus servicios personales
al Estado y al acreditar los requisitos para acceder al reconocimiento de pensión de
jubilación, la entidad ahora demandada le hizo el reconocimiento pensional por
medio de la Resolución 1526 de 29 de diciembre de 1994. Posteriormente, en
cumplimiento de órdenes judiciales la referida pensión fue limitada (sentencia C-
4 Folios 135 y s.s.
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258 de la Corte Constitucional) a una cuantía equivalente a un tope de 25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Por tanto, como la pensión del demandante
superaba en su monto el límite constitucional establecido, resultaba imperativo que
la demandada en acatamiento de la citada sentencia C-258 de 2013, realizara la
reducción al tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales. Además, esa
sentencia no estableció excepciones, porque habría vulnerado el derecho
fundamental a la igualdad.
24. También declaró la providencia en mención, que debía procederse a aplicar la
limitación de manera inmediata por parte de la autoridad administrativa a efectos
de no vulnerar más la sostenibilidad económica y financiera del sistema de
seguridad en pensiones dada la demora en el trámite y conclusión de los
procedimientos administrativos.
25. Concluyó entonces que la decisión de reducir el monto de la mesada pensional
del demandante a la suma equivalente a los 25 salarios mínimos legales
mensuales, no ocurrió sin el adelantamiento de manera previa de un procedimiento
administrativo, como lo reclama el demandante. Por tanto, no se estructuran los
vicios de nulidad endilgados en la demanda al acto administrativo acusado.
26. No se pronunció sobre la condena en costas.
2.5. El recurso de apelación
26. El apoderado del demandante5 interpuso recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones
de la demanda.
28. Al efecto, explicó que FONPRECON no cumplió, bajo ningún criterio, con lo
ordenado para tales efectos por la Sentencia C-258 de 2013 y la ley, al aplicar «de
tajo», un descuento que debía haberse realizado llevando a cabo un procedimiento
administrativo de carácter particular, a través del cual se le asegurara al ciudadano
afectado sus derechos de audiencia y defensa, a lo sumo y ojalá aplicando para
tales efectos lo dispuesto por los artículos 34 a 44 del CPACA.
29. Adujo que la Resolución 443 de 12 de julio de 2013 no fue publicada por la
entidad demandada de la forma que ordena el artículo 65 de la ley 1437 de 2011,
que obligaba a emitir «actos de carácter particular con respecto a cada afectado
por su actividad» . Finalmente indicó que deben reconocérsele las sumas que le
fueron descontadas por no tener sustento legal la actuación de FONPRECON.
5 Idem. Archivo «027_MemorialWeb_Recurso.pdf».
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Demandante: Álvaro Bernal Segura
2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
2.6.1. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
31. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3287 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
32. En el presente caso, el demandante es apelante único, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala de Subsección determinar ¿si FONPRECON estaba
facultado legalmente para ajustar de manera automática la mesada pensional del
señor Álvaro Bernal Segura al monto de 25 smlmv, a partir del 1.° de julio de 2013,
en cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 sin agotar la actuación
administrativa previa a dicha determinación?
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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34. Para resolver este cuestionamiento la Sala se referirá a la sentencia C-258 de
2013 y sus efectos; y en segundo lugar, abordará el caso concreto para establecer
si la pensión reconocida al actor debe ajustarse a 25 SMLMV en virtud de lo
ordenado por dicha Corporación.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial. Sentencia C-258 de 2013 de la Corte
Constitucional.
35. La Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013 declaró inexequibles las
expresiones «durante el último año y por todo concepto», «Y se aumentarán en el
mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el
primer inciso del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que establece el régimen especial
para los miembros del Congreso de la República, también aplicable a los
Magistrados de Altas Cortes y a otros cargos a los que se extiende esa normativa,
así como la expresión «por todo concepto», contenida en su parágrafo y, declaró
exequibles las restantes expresiones de dicha disposición, relativas «al régimen
pensional de los congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les
resulte aplicable», en el entendido que:
(i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos
ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario,
tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren
realizado las cotizaciones respectivas;
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los
beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los
artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso;
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad
con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013.
36. Según el máximo tribunal constitucional, el régimen pensional contenido en la
Ley 4ª de 1992 consagraba un beneficio excesivo en favor de un sector de la
población, que, por regla general, tenía el carácter de privilegiado, lo cual constituía
un grave sacrificio de los principios y fines de la seguridad social.
37. En relación con el tope de 25 smlmv que deben tener las mesadas de las
pensiones reconocidas con fundamento en el régimen especial de congresistas,
explicó que no constituye una medida regresiva y atiende el límite que siempre se
ha fijado en el ordenamiento jurídico, en especial, en Ley 797 de 2003 y el Acto
Legislativo 1.° de 2005:
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«Tal como se señaló en las sentencias C–089 de 1997 y C–155 de 1007, debe
acudirse a las reglas de tope contenidas en la normativa legal y constitucional
vigente, pues ellas reflejan la decisión democrática del Congreso en ejercicio de su
facultad de establecer leyes y de reformar la Constitución. Así, tanto la Ley 797 de
2003 como el Acto Legislativo 01 de 2005 coinciden en una regla de tope de 25
smmlv, ese ha sido el criterio razonable fijado por el Congreso a partir de amplios
debates y con fundamento en diferentes estudios aportados por el Ministerio de
Hacienda y otros organismos públicos encargados de velar por la sostenibilidad del
sistema de pensiones. De igual manera, y como se explicó en precedencia, en
ausencia de norma expresa en el régimen especial, rige la del sistema general de
pensiones, conforme a la cual las pensiones sí están sujetas tope y, ese tope es 25
smlmv. Para la Sala, ese criterio razonable debe tomarse en consideración en esta
oportunidad con miras a eliminar los obstáculos que la inexistencia de topes en el
régimen derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 genera.»
38. En la citada decisión judicial la Corte También planteó tres casos respecto de
la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, así:
i) A partir de la referida providencia, ninguna pensión de jubilación causada bajo el
régimen especial de congresistas (artículo 17 de la Ley 4ª de 1992), puede
reconocerse o liquidarse «por fuera de las condiciones que fijan la interpretación
conforme a la Constitución».
ii) Como efecto inmediato del aludido fallo y sin necesidad de reliquidación, desde
el 1.º de julio de 2013, ninguna mesada podrá exceder 25 SMLMV, por lo que «[…]
deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad
administrativa».
iii) Para efectos de revocar o liquidar las pensiones de jubilación reconocidas
conforme al artículo 17 de la Ley 4ª de 1993, obtenidas con fraude a la Ley o con
abuso del derecho, deberá adelantarse un procedimiento administrativo que
observe el debido proceso, y las decisiones serán susceptibles de controvertir ante
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Respecto del último punto ordenó:
«Cuarto.- Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992,
con abuso del derecho o con fraude a la ley, en los términos del acápite de
conclusiones de esta sentencia, se revisarán por los representantes legales de las
instituciones de seguridad social competentes, quienes podrán revocarlas o
reliquidarlas, según corresponda, a más tardar el 31 de diciembre de 2013».
39. Es importante indicar que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional
estableció una distinción entre las pensiones adquiridas con y sin fraude a la ley o
abuso del derecho. Dentro de la segunda categoría —esto es, pensiones obtenidas
sin fraude a la ley ni abuso del derecho—, la Corte Constitucional identificó dos
situaciones diferenciadas:
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• Primera situación: Corresponde a derechos pensionales causados al
amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, adquiridos cumpliendo todos
los requisitos legales, conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes,
bajo la convicción de actuar de buena fe y con base en los factores salariales
de cotización establecidos por el Gobierno Nacional, no por decisión del
cotizante.
• Segunda situación: Comprende aquellos casos en los que, si bien no se
configura abuso del derecho ni fraude a la ley, no puede afirmarse que se
haya cumplido íntegramente con las condiciones exigidas para acceder al
régimen pensional previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
40. Para determinar lo anterior, la Corte Constitucional atendió a que el régimen
previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 se extendió a funcionarios que, al 1.°
de abril de 1994, no estaban cobijados por el régimen especial. En consecuencia,
consideró que dichos servidores no podían ser beneficiarios del mismo, y que, por
tanto, «obtuvieron una liquidación o reliquidación de la pensión con clara
desproporción, en relación con la que les habría correspondido en una aplicación
conforme a la Constitución del mencionado régimen».
41. La Corte Constitucional dispuso un tratamiento diferenciado por parte de las
entidades de seguridad social para cada una de estas situaciones:
• En relación con los derechos pensionales causados al amparo del artículo
17 de la Ley 4ª de 1992, respecto de beneficiarios que efectivamente se
encontraban en el régimen especial al 1º de abril de 1994 y que cumplieron
todos los requisitos legales, la Corte reiteró que las mesadas pensionales
debían «ser ajustadas, sin necesidad de hacer reliquidaciones caso por
caso, hasta bajar a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tope
pensional que fue dispuesto por el Constituyente como razonable. Es decir,
aquí no se trata de una reliquidación sino de un ajuste hacia el futuro».
• En cuanto a los derechos pensionales reconocidos con fundamento en el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, pero sin cumplir la totalidad de las
exigencias para la aplicación de dicho régimen —según la interpretación de
la Corte Constitucional—, y sin que se configure abuso del derecho o fraude
a la ley, el alto tribunal estableció que las entidades de seguridad social
competentes deben revisar o reliquidar las mesadas pensionales mediante
el procedimiento administrativo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003. Esta revisión procede incluso si las mesadas están por debajo
del tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
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garantizando el derecho al mínimo vital. En este punto, la Corte
Constitucional dispuso:
«Quinto.- En los demás casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo
dispuesto en los numerales i, ii y iii del ordinal tercero, quienes tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17 de la
Ley 4 de 1992 deberán en el marco de su competencia tomar las medidas
encaminadas para hacer efectivo el presente fallo, aplicando en lo pertinente, los
artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del apartado de conclusiones
de esta sentencia.»8.
42. En cumplimiento de la sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte
Constitucional, el Fondo de Previsión Social del Congreso expidió la Resolución
443 del 12 de julio de 2013, mediante la cual adoptó medidas orientadas a
garantizar la ejecución de las órdenes impartidas por el alto tribunal constitucional.
En dicha resolución se dispuso:
«ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las medidas tendientes al cumplimiento de las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
del Fondo de Previsión Social del Congreso que se realicen las modificaciones
pertinentes al Sistema de Nómina de Pensionados del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República, parametrizándolo a efecto de que a partir del 1 de
julio de 2013, ninguna mesada pensional supere los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
[…]
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a todos y cada uno de los pensionados del Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República cuya mesada pensional supere
25 smmlv, que a partir del 1 de julio de 2013 su mesada pensional será ajustada al
tope de 25 smmlv conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-258 de 2013».
43. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-615 de 2015, estableció que la
Resolución 443 de 2013 constituye un acto general de cumplimiento de una
sentencia judicial, razón por la cual no es susceptible de control de legalidad.
44. Posteriormente, en la Sentencia SU-579 de 2019, en la que se acumularon
diversas acciones de tutela, los accionantes alegaban que para aplicar el límite
pensional de 25 SMLMV era necesario agotar previamente un procedimiento
administrativo que garantizara el derecho de audiencia y defensa. No obstante, la
Corte se apartó de dicho entendimiento, con base en las siguientes
consideraciones:
8 (i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994,
no se encontraren afiliados al mismo. (ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse
aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del
servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. (iii) Las reglas sobre ingreso
base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en
los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
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Radicado: 25000-2342-000-2016-05953-01 (3428-2021)
Demandante: Álvaro Bernal Segura
• Carácter vinculante de la Sentencia C-258 de 2013: Esta providencia
fundó una línea jurisprudencial que ordena a todas las entidades que
administran regímenes pensionales financiados con recursos públicos,
reajustar automáticamente las mesadas que excedan los 25 SMLMV. Esta
tesis ha sido reiterada en sentencias como T-892 de 2013, T-320 de 2015 y
SU-210 de 2017.
• El reajuste debe operar de manera automática, sin necesidad de iniciar un
proceso de reliquidación, dado que se trata de un mandato constitucional de
obligatorio cumplimiento. En la Sentencia T-615 de 2015, se argumentó que
exigir un procedimiento administrativo resultaría desproporcionado y
contrario a los fines de la providencia, pues permitiría que se siguieran
reconociendo pensiones por fuera de los límites constitucionales y legales,
afectando los principios de sostenibilidad financiera, universalidad,
solidaridad e igualdad.
• Finalidad del límite pensional: La orden de reajustar automáticamente las
pensiones a partir del 1° de julio de 2013 tuvo como propósito limitar las
excesivas subvenciones otorgadas por el sistema pensional a poblaciones
privilegiadas. Permitir procedimientos administrativos posteriores a esa
fecha implicaría una vulneración continua de los principios de sostenibilidad
fiscal e igualdad, tal como lo constató la Corte Constitucional.
• Aplicación retroactiva del límite: La orden contenida en la Sentencia C-
258 de 2013 también aplica a pensiones reconocidas con anterioridad a su
expedición, dado que los topes pensionales ya estaban previstos en el
ordenamiento jurídico a través de las Leyes 4ª de 1976, 71 de 1988, 100 de
1993 y 797 de 2003.
• Naturaleza de los actos administrativos de ajuste: Los actos mediante
los cuales los fondos de pensiones comunicaron el ajuste de las mesadas al
tope de 25 SMLMV tienen el carácter de actos de ejecución de una
providencia judicial, en los que las autoridades administrativas se limitaron
a cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de
2013.
45. En este sentido, conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, las
decisiones y actuaciones adoptadas por Fonprecon para materializar el ajuste
pensional ordenado por la Sentencia C-258 de 2013 constituyen actos de ejecución
amparados por la cosa juzgada constitucional, razón por la cual no son susceptibles
de recursos administrativos ni de control judicial, en tanto no modifican, crean ni
extinguen situación jurídica alguna.
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3.3.2. Lo acreditado en el proceso
46. De acuerdo con lo señalado en el Oficio demandado 20162000045261 de 12
de mayo de 2016 se advierte del demandante lo siguiente:
• Nació el 25 de junio de 1944 y acreditó más de 20 años de servicios en
calidad de Representante a la Cámara desde 1970 hasta diciembre de 1993
actuando de forma discontinua.
• Mediante Resolución 1526 de 29 diciembre de 1994 el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República le reconoció pensión vitalicia de
jubilación, que posteriormente fue reliquidada a través de la Resolución
0263 del 5 de marzo de 1996 de conformidad con lo establecido en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993.
• A través de la Resolución 0443 del 12 de julio de 20139, el director general de
la entidad demandada adoptó las medidas tendientes al cumplimiento de la
sentencia C-258 de 2013 y ajustó entre otras, la pensión del actor,
limitándola a 25 SMLMV.
• El 5 de marzo de 2016 el actor solicitó la inaplicación de la sentencia C- 258
de 2013 y la devolución de las diferencias de lo dejado de cancelar por dicho
concepto10, lo cual le fue negado a través del Oficio 20162000045261 de 12
de mayo de 201611.
47. Como se aprecia de lo anterior es evidente que FONPRECON debía atender
íntegramente las precisas órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-258 de 2013, por lo que debía ajustar dicha prestación al tope de 25
SMLMV, sin necesidad de adelantar un procedimiento administrativo previo, so pena
de incurrir en un abierto desacato a una orden judicial impartida en sede de control
de constitucionalidad.
48. En virtud de lo anterior, no le quedaba otra vía a FONPRECON, más que la de
realizar el ajuste automático de la pensión que venía devengando el demandante
en aras de acatar las pautas dadas por la Corte Constitucional y la materialización
del Acto Legislativo 1 de 2005.
49. De acuerdo con ello, la actuación de FONPRECON no fue arbitraria ni modificatoria
de la situación jurídica del actor; por el contrario, ocurrió en cumplimiento de una
sentencia judicial proferida por la Corte Constitucional, vinculante para todas las
autoridades públicas, por lo que a través del acto demandado no podía accederse
9 Expediente digital. Archivo «20ED_CUADERNO1_13MEMORIAL-
MEMORIALALLEGAREQUERIMIENTO.pdf».
10 Archivo «9ED_CUADERNO1_02ANEXOS.pdf». Idem. Folios 1 y s.s.
11 « Archivo «9ED_CUADERNO1_02ANEXOS.pdf». Idem. Folios 3 y s.s.
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al pedimento del actor consistente en la devolución de las sumas dejadas de
percibir.
50. En esa línea argumentativa es evidente que no le asistió razón al demandante
cuando señaló que FONPRECON debió adelantar un procedimiento administrativo
previo para reajustar su pensión, pues como quedó expuesto, en la sentencia SU
SU-575 de 2019, la Corte Constitucional estableció que no era necesaria dicha
exigencia para ajustar las mesadas pensionales a lo establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005 y además, los límites máximos de las pensiones fueron
previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976 y se siguieron reiterando en
las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
3.4. Condena en costas.
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas de esta instancia al demandante por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Demandante: Álvaro Bernal Segura
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de mayo de 2021, por medio
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Álvaro Bernal
Segura en contra de la Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
FONPRECON -, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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