Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05964-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05964-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05964-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (20 22).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000 2342 000 201 6 05964 01 (3034-2021)
Demandante: Hilda González Neira
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES -
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación. Decreto
546 de 1971
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de la S ubsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 16 de diciembre de 2020 , por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B 1, accedió parcialmente a l as
pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda 2
2. La señora Hilda González Neira , actuando por conducto de
apoderad a y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
demandó a la Administradora Colo mbiana de Pensiones – en
adelante COLPENSIONES-, con el fin de que se acceda a las
siguientes declaraciones y condenas:
1 Con ponencia del magistrado Alberto Espinosa Bolaños .
2 Folios 3 -30.
Radicado: 25000 2342 000 2016 05964 01 (3034-2021)
Demandante: Hilda González Neira
2.1.1. Pretensiones
(i) Declarar la nulid ad parcial de la Re solución GNR 662 54 de 7 de
marzo de 2015 , a través de la cual la Gerencia Nacional de
Reconocimiento de Pensiones de CO LPENSIONES le re conoció la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988 .
(ii) Decla rar la nulidad parcial de la Resolución GNR 259048 del
26 de agosto de 2015, suscrita por la Gerencia Nacional de
Reconocimiento de COLPENSIONE S, que resolvió el recurso de
reposición y modificó parcialmente la resolución anterior, con lo que
reliquidó la pensión de conformidad con el artículo 7.° de la Ley 71
de 1988 y para el ingreso base de liquidación de la prestación, tomó
los factores salariales establecidos en el artículo 1.° del Decreto
1158 del 3 de junio de 1994.
(iii) Declarar la nulidad parcial de la Resolución VPB2 2872 del 24
de mayo de 2016 expedida por la vicepresidente de Beneficios y
Prestaciones de COLPENSIONES por la cual se dispuso modificar
la Resolución GNR 259048, de 26 de agosto de 2015, manteniendo
el reconocimiento pensional de c onformidad con el artículo 7.° de
la Ley 71 de 1988, pero para el ingreso base de liquidación se
tomaron los factores salaria les es ta blecidos en los a rt ículos 18 y
19 de la Ley 100 de 1993 y 1.° de del Decreto 1158 de 1994.
(iv) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título
de restablecimiento del derecho solicitó que se con dene a la
entidad demandada a reconocerle la pensión de jubilación en
cuantía del 75% de la asignación mensual más alta que hubiere
devengado en el último año de prestación de servicios, de
conformidad con el Decreto 546 de 1971, incluyendo para ello,
todos los factores percibidos, acorde con el artí culo 12 d el Decreto
717 de 1978, modificado por el artículo 4.° del Decreto 911 de 1978
y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, es decir, la asignación
básica, la prima especial de servicios, los gastos de representación,
la prima de navidad y demás em olumentos que se demuestren
como percibidos por la accionante.
(v) Igualmente solicitó que se ordene a la demandada indexar el
valor de las mesadas que se le paguen a la demandante, de
conformidad con el artículo 187 del CPACA ; que se realicen los
reajustes anuales correspondientes ; que se le reconozcan los
intereses de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y
que se d é aplicación a los artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del
CPACA.
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Demandante: Hilda González Neira
(vi) Finalmente formuló como pretensión que se condene en costa s
y agencias en derecho a la entidad demandada.
2.1.2. Fundamentos fácticos
3. De acuerdo con la demanda, los hechos en los cuales se fundan
las pretensiones son los siguientes:
(i) La señora Hild a González Neira nació el 9 de junio de 1956 y
acreditaba más de 29 años y 6 meses al servicio de la Rama Judicial
al momento de la pres entación de la demanda.
(ii) A la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con 38
años de edad , con lo que se encontraba en el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, adquirió el estatus pensional el
9 de junio de 2006 de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 , con los
factores establecidos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 .
(iii) Al realizar el reconocimiento pensional COLPENSIONES
estableció que , si bien la señora González Neira era beneficiaria
del régimen de transición , al realiza r el estudio con el Decreto 546
de 1971 y la Ley 100 de 1993 , determinó el ingreso base de
liquidación con el p romedio de los 10 últimos años, razón por la que
estimó que era mejor reconocer la p ensión de conformidad con el
artículo 7.° de la Ley 71 de 1988.
(iv) Para el 22 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de 2005, la señora González Neira acreditaba 886
semanas de cotizadas , por lo que es aplicable el régimen de
transición consagrado hasta el año 2014, por lo que no es viable
aplicarle otra norma, sino el Decreto 546 de 1971.
(v) De acuerdo con la Ley 100 de 1993 los afiliados al sistema
general de pensiones podían escoger el régimen de pensiones de
su preferencia y p or esto la demandante se trasladó , por una sola
vez, al régimen de ahorro individual con solidaridad, no obstante,
de conformidad con el artículo 1.° del Decr eto 3800 de 2003
presentó , por una única vez antes del 28 de enero de 2004 , su
solicitud de retorn o al régimen de prima media que fue aceptado
por Colpensiones , sin que perdiera los beneficios del régimen de
transición.
(vi) La solicitud de traslado pres entada ante COLPENSIONES fue
realizada dentro del término señalado por el artículo 2 .° litera l e)
de la Ley 797 de 2003, expedida e l 29 de enero de esa anualidad,
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así como dentro del término señalado por el artículo 1.° d el Decreto
3800 de 29 de diciembre de 2003.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las
siguientes: el preá mbulo y los artículos 1.°, 13, 25, 48 y 53 de la
Constitución Política, 45 del Decreto 1045 de 1978 y 36 de la Ley
100 de 1993, 21 del Código Sustantivo del Trabajo , 162 del CPACA,
así como los Decretos 546 de 1971 , 717 y 911 de 1978.
5. Al desarrollar e l concepto de la violación , se indicó que los
actos administrativos demandados se fundaron en la Ley 71 de 1988
y en apartes de la Ley 100 de 1993, normas que no le son aplicables
a la demandante.
6. En este sentido, se desconocieron las disposiciones q ue rigen la
pensión de la demandante, que además son más favorables a su
caso, las cuales deben aplicarse en su integridad, como son los
Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978 y el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978, toda vez que acreditó los requisitos exig idos en tales
normas, como son la edad (50 años) y el tiempo de servicios en la
Rama Judicial, como es 29 años y 6 meses.
7. Igualmente estimó que no perdió el derecho al régimen de
transición de la Le y 100 de 1993 por acreditar los requisitos para el
traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de pima
media con prestación definida, conforme con lo exigido por el
Decreto 3800 de 2003 y la Ley 797 del mismo año. Esto porque
realizó la so licitud de traslado , una única vez, antes del 28 de enero
de 2004, es decir, dentro del término señalado por el artículo 2.°
literal e) de la Ley 797 de 2003, expedid a el 29 de enero de esa
anualidad.
8. Además, debe tenerse en cuenta que el literal b) del artículo 3.°
del Decreto 3800 de 2003 fue declarado nulo en sentencia de 6 de
abril de 2011, con ponencia del Consejero Dr. Gera rdo Arenas
Monsalve dentro del proceso radicado 11001 -0325-000-2007-
00054-00.
2.2. Contestación de la demanda 3
9. COLPENSIONES, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda.
3 Folios 163 y s.s.
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10. Como fundamento de su desacuerdo explicó que no es posible
la aplicación del Decreto 546 de 1971 ni la reliquidació n pensional
teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio comoquiera que la
accionante sólo acreditó 931 semanas de servicios al Estado y
además, su solicit ud d iscrepa con lineamientos jurisprudenciales
plasmado s en las providencias de la Corte Constitucio nal T- 048
2014, A- 236 de 2014, SU - 230 de 2015, T - 060 de 2016, SU - 427
de 2016, SU- 210 de 2017, SU - 395 de 2017, SU - 023 de 2018 y la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de
Estado.
11. Igualmente indicó que en este caso no procede la indexación de
los valores toda vez que esto ya fue realizado por parte de
Colpensiones y estimó que tampoco era procedente la condena a
intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993 toda vez que no se produjo un retraso in justif icado en el
pago, tal como lo exige la norma.
12. Formuló las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia
del derecho reclamado, prescripción y buena fe.
2.3. Sentencia de primera instancia 4
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia 5 proferida el 16 de diciembre de
2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con
sustento en las siguientes consideraciones:
(i) En primer lugar, citó las p ruebas allegadas, así como el
contenido de las Resoluciones acusadas y coligió que la
demandante al 1.° de abril de 1994 contaba con 37 años, 9
meses y 22 días de edad y 9 años, 6 meses y 20 días de
servicios , encontrándose amparada por el régime n de
transición de la Ley 100 de 1993 y por tanto el
reconocimiento pensional debía realizarse de conformidad
con lo señalado por el Decreto 546 de 1971 que reguló la
pensión de jubilación de los empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público .
(ii) Estimó que de conformidad con las pruebas allegadas
«cumplió los 55 años de edad el 9 de junio de 2011» 6 y
laboró en la Rama Judicial en total 32 años, 5 meses y 18
4 Folios 243 a 252.
5 Aclaró que, dictaría sentencia anticipada, al tenor de lo señalado por el Decreto
806 de 2020, artículo 13, toda vez que asunto a discutir era de puro derecho.
6 Folio 280 vto.
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días de forma discontinua, por lo que a la fecha de la
sentencia cumplía los requisito s para el reconocimiento
pensional a la luz de lo establecido por el Decreto 546 de
1971.
(iii) Por tanto, debía atenderse, para el reconocimiento
pensional, lo dispuesto por el Consejo de Estado en
sentencia de unificación CE -SUJ – S2-021-201 de 11 de
junio de 2020.
(iv) En consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda para lo cual decla ró no probadas las
excepciones alegadas por COLPENS IONES , denominadas
cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado,
prescripción y buena fe, declaró la n ulidad parcial de las
Resoluciones demandas en cuanto negaron la aplicación
del Decreto 546 de 1971 y a título de restablecimiento
ordenó:
«T ERCERA . - En consecuencia y a t í t ulo de r est ablecim ie nt o se
condena a la ADM I NI STRADO R A CO LO M BI ANA DE
PENSI O NES - CO LP ENSI O NES - a r econocer la pensión d e
vej ez a la señor a HILDA G O NZÁLEZ NEI RA ident if ica da con la
cédula de ciu dadaní a No. 3. 7. 827. 625, con f undam ent o en las
dispos icion es cont enidas en el De cr et o Ley 546 de 1971 en
cuant o a la edad , el t iem po de ser vicios y m ont o.
Así las cosas , se deber á r econocer la pr est ación , en cuant í a
del 75% de l pr om edi o de los sa lar ios o r ent as sobr e los cua l es
ha cot izado dur ant e los 10 años ant er io r es al r econocim ie nt o
de la pensi ón act ual i zados anualm ent e c on base en la ( sic) I PC
cer t if icado por el D ANE, en est e caso, una vez dem uest r e el
r et ir o def init ivo del ser vicio, con los f act or es de li quid aci ón
cont em plados por el ar tí culo 1. ° del Decr et o 1158 de 1994 al
igua l que por los ar t í culos 14 de la Ley 4ª de 1992, con la
m odif icació n de la Ley 332 de 1996; 1. ° del Decr et o 610 de
1998; 1. ° del Decr et o 1102 de 2012; 1. ° del Decr et o 2460 de
2006; 1. ° del Decr eto 3900 de 2008 y; 1. ° del Decr et o 383 de
2013 ( según se t r at e de m agist r ados o em pleados de la Ra m a
Judici al o del M i nis t er io Públ ico ) , siem pr e que r espect o d e
ellos se hubier an r ealiz a do las cot izac iones r espect ivas, de
acuer do a lo expues t o en la par t e m ot iva de est a pr ovidencia . »
14. Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de imponer condena en costas a COLPENSIONES .
2.4. El recurso de apelación
15. El apoderado de COLPENSI ONES 7 interpuso recurso de
apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y en su lugar negar las pretensiones con sustento en las
siguientes razones:
7 Folios 290 y s.s.
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(i) COLPENSIONES atendió a la normatividad que era más
favorable a la demandante para la liquidación y la jurisprudencia de
«las Altas Cortes», lo que condujo a aplicar la Ley 71 de 1988,
aplicando una tasa de reemplazo del 75%, con los factores
salariales establecidos en el Decret o 1158 de 1994.
(ii) El Tribunal no tuvo en cu enta que lo pretendido en el escrito de
la demanda era obtener el reconocimiento de la pensión de
jubilación en monto equivalente a 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiere devengado en el último añ o de servicios,
de conformidad con lo señalado en el Decreto Ley 546 de 1971 y
con la totalidad de los factores salariales devengados. Por ende, se
incurrió en un fallo extra petita pues lo ordenado no guarda relación
con lo pretendido en la demanda, lo cual desconoce el derecho al
debido proceso y a la defensa de la entidad y el principio de la
congruencia de la sentencia que caracteriza la just icia rogada
2.5. Alegatos de concl usión
16. Tanto las partes como el agente del Mi nisterio Público
guardaron silencio, tal como da cuenta el informe secretarial que
obra a folio 299 .
III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
17. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
18. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 9 del
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Admini strativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando n o se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.[…]»
9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfav orable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
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Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por el
apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado
la sentencia, el superior resolve rá sin limitaciones.
19. En el presente caso, COLPENSIONES es apelante única, razón
por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra
limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido
en el escrito de apelación.
3.2. Problemas jurídicos
20. De acuerdo con la decisión de primera instancia y el recurso de
apelación formulado por la parte acciona da le corresponde a la Sala
resolver lo siguiente:
• ¿Cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimie nto y
liquidación de la pensión de jubilación a la señora Hilda
González Neira y con ello, verificar si en este caso era posible
aplicar la Ley 71 d e 1988 y el Decret o 1158 de 1994, como lo
manifestó COLPENSIONES?
• Deberá determinarse si ¿al dar aplicación de las pautas de la
sentencia de unificación jurisprudencial CE -SUJ -S2-021-20
de 11 de junio de 2020 el a quo desconoció el principio de la
congruencia de la sentencia y del debido proceso ?
3.3. Fondo del asunto.
3.3.1. Primer interrogante. ¿Cuál es el régimen normativo
aplicable al reconocimiento y liquidación de la pensión de
jubilación a la señora Hilda González Neira? . De acuerdo con
lo anterior ¿era posible aplicar la Ley 71 de 1988 y el Decreto
1158 de 1994, como lo manifestó COLPENSI ONES?
3.3.1.1. Régimen especial de pensiones de los servidores de la
Rama Judicial y del Ministerio Públ ico:
21. En este caso la demandante reclamó la aplicación del régimen
especial de pensiones establecido en el Decreto 546 de 1971, al
cual accedió la p rimera instancia, pero bajo las pa utas de la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 . Por su parte
recusación. Las nulidades proce sales deberán alegarse durante la audiencia.»
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COLPENSIONES señala que en este caso la norma que rige el
reconocimiento pensional es la Ley 7 1 de 1988, que según lo indicó,
fue aplicada por favorabilidad.
22. Así las cosas, es menester referirnos al citado rég imen como
sigue a continuación:
23. Con anteriorid ad a la expedición de la Ley 100 de 1993, los
servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público se
encontraban cobijados por el régimen especial de pensiones,
consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, el cual
dispuso:
«A RT Í CULO 6º . Los f uncionar ios y em ple ados a que se r ef i er e est e
Decr et o, t endr án der echo al llegar a los 55 años de edad, si son
hom br es y de 50, si son m uj er es, y cum plir 20 años de ser vicio
cont inuos o d iscont i nuos, ant er ior es o post er ior es a la vig en cia de
est e Decr et o, de los cuales por lo m enos 10 lo hayan sido
exclusiv am ent e a la Ram a Jur isdicc iona l o al M in ist er io Públ i co, o
a am bas act ivida des , a una pensi ón or din ar ia vit al ic ia de j ubi l ación
equiva lent e al 75% de la asignac ión m ensual m ás eleva da que
hubier e devenga do en el últ im o año de ser vicio en las act iv i dades
cit adas».
24. Cabe precisar que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corporación, entre otras, la sentencia de 16 de mayo de
2019 10, para la aplicación de este régimen especial de pensiones se
requiere que los 20 años de servicios prestados por el
empleado, lo hayan sido al sector público y de ellos, 10 lo hayan
sido en la Rama Judicial o en el Ministerio Público.
25. Ahora bien, en lo relativo a la forma en que se debe reconocer
y liquidar la pensió n de la demandante, la Sala considera necesario
hacer alusión a la jurisprudencia reciente en relación con la
interpretación y a plicación del régimen especial de pensiones
consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, para los
beneficiarios del ré gimen de transición.
26. A través de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-S UJ-
S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo
de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación
de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el
régimen de transi ción de la Ley 10 0 de 1993, en el sentido de
señalar que e l funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o
10Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 16 de mayo de
2019, Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés, expediente: 25000 -23-25-000-
2010-00479-01(2089-12).
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Radicado: 25000 2342 000 2016 05964 01 (3034-2021)
Demandante: Hilda González Neira
del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el
derecho a la pensión de jubilación, siempre qu e se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de
1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando
empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad
si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 año s o más de
servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la
Rama Judicial y de l Min isterio Público estipulados en el artículo 6.º
del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que
son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55
años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios públicos,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; 11 c) de esos 20
años de servicio , por lo menos 10 años lo debieron ser
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Min isterio Público, o
a ambas actividades .
iii) Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con
los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º
del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer,
de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo debieron ser e xclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo
del 75%.
iv) Sobre el ingreso base de liquidación puntualizó que no hace
parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al
señalado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 , según el
caso, es decir, si le faltare más de 10 años para consolidar el
derecho al entrar a regir esta Ley, será el promedio de lo s salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados a nualmente
con base en la IPC certificado por el DANE, pero, si faltare menos
de 10 años, el ingreso base de liquidació n será: (a) El promedio de
lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (b) El
11 A l
respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días
después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario
Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.
10
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cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado
anualmente con base en IPC certifica do por el DANE;
27. Para el efecto, acogió la tesis expu esta por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 12.
Tal posición se acompasa con la posición anunciada por la Corte
Constitucional en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU -395 de 2017, SU -210 de 2017, y SU-023 de
2018, según la cual el propósito del Legislador era evitar la
aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación
de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de
1993.
(v) En cuanto a los factores de li quidación determinó que se
debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994 , es
decir: la asignació n básica mensual; los gastos de representación;
la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de
antigüedad, ascensional de capacit ación cuando sean factor de
salario; la remuneración por trab ajo dominical o festivo; la
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios
prestados.
28. Asimismo, indicó que, en de sarrollo de la Ley 4ª. de 1992 , que
a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e) del
numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a
que se computen como factores salariales en la liquidación de su
pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que
modificó la Ley 4 ª. de 1992, para los magistrados y agentes
delegados ante la Rama Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610
de 1998 para los magistrados y por el Decreto 1102 de 20 12 para
los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados
de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales
ordenada por el Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el
Decreto 3900 de 2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.
12 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28
de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante:
Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
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(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013
para los servidores de la Rama Judicial.
29. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron
que constituyen fac tores de salario por lo que se tienen en cuenta
para efecto s de determinar el ingreso base de cotización, siempre
y cuando respecto de ellos se h ayan efectuado los aportes
correspondientes.
30. De ahí que la providencia en cit a consideró que prestaciones
tales como las pri mas de vacaciones, de servicios y de navidad
no deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no
constituyen factor salarial.
(vi). Finalmente, consideró que las reglas jurisprudenciales
constituyen precedente vinculante y obligatorio en los siguientes
casos: (i) respecto de los asuntos similares que actu almente se
están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de
los procesos similares que se están adelantando en juzgados,
tribunales administrativos y Con sejo de Estado. En consecuencia,
no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya
resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodi ficabl es.
3.3.1.2. Caso concreto
31. De acuerdo con los medios de prueba allegados al expediente,
en el presente proceso se encuentran acreditados los siguientes
hechos relevantes:
a. Edad de la demandante: La señora Hilda González Ne ira nació
el día 9 de junio de 1956 13.
b. Vinculación laboral y tiempo de servicios:
32. Según certificación visible a folio 69 14, expedida el 2 de julio de
2014 por la coordinadora del área de talento humano de la Dirección
Seccional de administración Judicia l de Bogotá – Cundinamarca, la
accionante laboró en los siguientes periodos y cargos en la Rama
Judicial:
«[…]
13 S e g ú n c o p i a d e l a c o n t r a s e ñ a p a r a e x p e d i c i ó n d e d u p l i c a d o d e c é d u l a d e c i u d a d a n í a
visible a folio 35. Foliatura en color rojo
14 F o l i a t u r a e n c o l o r r o j o .
12
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Demandante: Hilda González Neira
Cargo Despacho Fecha de Fecha de
inicio retiro
Juez Municipal JUZGADO 1 PROMISCUO 07/10/1988 31/08/1989
MUNICIPAL LA CALERA –
CUNDI (sic)
Juez Municipal JUZGADO 57 CIVIL 01/09/1989 23/05/1996
MUNICIPAL BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA
Magistrado JUZGADO 4 CIVIL DEL 24/05/1996 31/10/2008
Tribunal o Cons CIRCUITO BOGOTÁ-
(sic) CUNDINAMARCA
Magistrado DESPACHO 1 SALA CIVIL 01/10/2011 31/07/2012
Tribunal o Cons TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTÁ
Magistrado DESPACHO 16 SALA CIVIL 01/11/2012 31/07/2013
Tribunal o Cons TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTÁ - C
Magistrado DESPACHO 6 SALA CIVIL 21/04/2014
Tribunal o Cons TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTÁ - C
[…] ».
33. Igualmente a folio 78 obra copia de la certificación expedida por
la jefe de área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Manizales, donde indicó que laboró en
los siguientes periodos:
34. Ahora, también fue allegado al proceso la certif icació n expedida
el 21 de octubre de 2005 15 por la Secretaría General de la Cort e
Suprema de Justicia donde indica que la demandante labor ó en
dicha corporación como oficial mayor de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia desde el 7 de octubre al 23 de
noviembre de 1988, periodo que se cruza con uno de los reportados
15 F o l i o 38 del cuaderno principal.
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en precedencia, sin embargo, tal circunstancia no es óbice para
restarle credibilidad a la certificación que antecede, toda vez que
lo relevante en este punto es establecer el tiempo total de servicios
y no así el cargo desempeñado. De acuerdo con ello se tiene que
laboró en la Rama Judicial desde el 7 de octubre de 1988.
35. Así entonces, se extrae que al 1 .° de abril de 199 4 la señora
González Neira co mpletó 5 años, 5 meses y 24 días de servicios en
la Rama Judicial y contaba con 37 años, 9 meses y 22 dí as de edad,
siéndole aplicable, por tanto, el régimen de transición de la Ley 100
de 1993, según el cual, quienes contaran con 15 años de servicios
o 40 años de edad en caso de los hombres, y 35 años, en el caso
de las mujeres, tendrían derecho a que su pensión se reconociera
con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto o cuantía
del régimen anterior que les fuera aplicable.
36. Igualmente se advierte que a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 16 tenía acreditadas más de 750 semanas
como lo exige el parágrafo 4.° 17, y si bien como se indicó en la
demanda, se trasladó del régimen de prima media con prestación
definida al de ahorro individual con solidaridad desde el 11 de julio
de 2000, donde perm aneció hasta el 31 de enero de 2004 18, la
entidad de previsión no ha puesto en duda, que a la accionante le
es aplicable el r égimen de transición, como se aprecia de la
Resolución 259048 de 26 de agosto de 2015 (f. 105 vto.).
37. Ahora bien, es de destacar que en la Resolución G NR 66254
de 7 de marzo de 2015 proferida por COLPENSIONES 19 en
respuesta a solicitud de 29 de agosto de 2014 , se reconoció la
pensión de jubilación, para lo cual, además de los periodos
indicados, se relacionaron los siguientes:
• En la sociedad Álvarez Puyana Solórzano Limitad a, desde el
1.° de enero de 1 977 hasta el 30 abril 1979.
• En el grupo Consultor Andino Limitad a desde el 16 de agosto
de 1988 hasta el 7 de octubre de 1988.
• Igualmente se relacionaron cotizaciones en pensión por su
labor en la Universidad Santo Tomás , la Un iversidad Co legio
Mayor de Cundin amarca , en la Universidad Militar Nueva
16 P u b l i c a d oen el Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.
17 «Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen h asta el año 2014"»
18 C o m o d a c u e n t a l a c o n s t a n c i a d e p a g o d e a p o r t e s v i s i b l e a f o l i o 6 9 .
19 F o l i o s 3 4 y s . s .
14
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Granada, en la Universidad Libre y en la Un iversidad de
Manizales, que se surtieron de manera interrumpida y en
diversos per íodos desde el 1.° de agosto del año 2000 hasta
el 1.° de noviembre del año 2011 .
38. En la ya mencionada Resolución GNR 66254 de 7 de marzo
de 2015, se le reconoció la pensión de jubilación c on base en los
tiempos laborados en la Rama Judicial y en los demás periodos , por
lo cual, la entidad señaló que:
«[ . . .] se le inf or m a a la señor a G O NZÁLEZ NEI R A HI LD A que
acr edit a un t ot al 931 sem anas, de ser vicios al Est ado cont i nuos o
discont inu os, pr est ados con ant er ior ida d o con post er ior ida d a la
vigenc ia del Decr et o Ley 546 de 1971, par a ( sic) no cum ple con el
t iem po est ipul ado e n el num er al c par a ser benef ici ar ia de dicho
Decr et o. »
39. Por lo anterior estimó lo siguiente:
40. De acuerdo con el anterior cuadro comparativo consideró que a
la demandante le era aplicable la Ley 71 de 1988, pero no indicó
cuáles factores incluía en el citado cálculo, sino estableciendo un
monto global. Luego de ello concluyó:
«[ …] que se pr oceder á a r econocer l a pensión de j ubi l ación
solic it ada, la cual s e dej ar á en suspenso, por cuant o no reposa
dent r o del exped ient e el Act o Adm in ist r at ivo m ediant e la ( s ic ) cual
la asegur ada se r et ir ó de la ent idad públ ica en la que act ualm ent e
labor a 8 RAM A JUDI CI AL DI RECCI Ó N SECCI O NA L DE
ADM I NI STRACI Ó N DE JUS TI CI A, NI T 80016585 0) y, de
conf or m idad con lo dispuest o en los ar t í culos 76 del Decr et o 1848
de 1969, ar t í culo 1 de la Ley 33 de 1985, y 8 de la Ley 71 de 1988,
en ar m oní a con los ar t í culos 13 y 35 del Acuer d o 049 d e 1990,
Decr et o 758 del mism o año, según los cuales la pensi ón se
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com ienza a pag ar pr evio al cum p lim ie n t o de los r equ isit os par a
acceder a ella, a par t ir del dí a siguien t e a la f echa en que se
acr edit e el r et ir o def init ivo de l ser vicio públ ico, t oda vez que la
pensión a r econocer es const it ucionalm ent e incom pat ible con ot r a
asignac ión del er ar i o público, aclar and o que la pensión quedar á
suj et a a r eliqu idac i ón inc luyendo los n uevos apor t es r eal i zados
hast a la f echa e n qu e acr edit e e l r et ir o del ser vic io e l cua l puede
var iar de acuer do con el ingr eso bas e de cot ización con q ue se
ef ect uar on dichos pagos. »
41. Como se aprecia de lo anterior, la Resolución GNR 66254 de 7
de marzo de 2015 no indicó ni la operación matemática, ni los
factores que tuvo en cuenta para la liquidación pensional y apenas
puede extraerse que se basó en la Ley 71 de 1988 porque así lo
señaló en el cuadro reseñado .
42. Ahora bien , contra la anterior resolución la apoderada de la
señora González Neira interpuso los recursos de reposición y
apelación 20 en escrito en el que señaló que no se encontraba de
acuerdo con la aplicación de la citada norma toda vez que sí
cumplía con los 20 años de labor en la Rama Judicial, e xigidos en
la norma, desde 1988 y por ello, la liquidación pensi onal debía
realizarse de conf ormidad con los Decreto s 546 de 1971 y 717 de
1978. Igualmente estimó que dicha pensión era susceptible de la
limitación establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005.
43. Al resolver el recurso citado la gerente nacional de
reconocimiento de COLPENSIONES profiri ó la Res ol ución GNR
259048 de 26 de agosto de 2015 21 en la cual modificó parcialmente
la resolución inicia l y explicó que la demandante no cumplía con 20
años al servicio del Estado , prestados con anterioridad o con
posterioridad a la vigencia del Decret o Ley 546 de 1971 , por lo que
reconocería la pensión en atención al artículo 7.° de la Ley 71 de
1988 y explicó que para obtener el ingreso de base de liquidación
tomaría en cuenta lo s factores salariales establecidos en el artículo
1.° del Decreto 1158 de 1994, pero sin indicar a cu ale s de ellos
hacía referencia . En consecuencia, d eterminó como mesada
pensional la suma de $ 9´899.795.
44. Posteriormente a través de la Res olución VPB 22872 de 24 de
mayo de 2016 22 la vicepresidente de beneficios y prestaciones de
COLPENSIONES modificó la Resolución GNR 259048 de 26 de
agosto de 2015 , donde reiteró que da ría aplicación a las reglas
establecidas por la Corte Constitucio nal en la sentencia C- 258 de
2013 y SU - 230 de 2015 y , en consecuencia , si bien le era aplicable
20 V i s i b l ea folios 38 y siguientes del expediente.
21 O b r a a folios 103 y siguientes.
22 F o l i o s 1 1 0 y s i g u i e n t e s .
16
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el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, estimó que era más
favorable a su caso la Ley 71 de 1988 , atendería los factores
salariales establecidos en el Artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994,
de lo cual obtuvo una mesada pensional de $11´032.523.
45. Como se aprecia de todo lo anterior, es evide nte que la
demandante cumplió con los requisit os para ser benef iciaria del
régimen de transición consagrado en el artícu lo 36 de la Ley 100
de 1993, el cual permite aplicar disposiciones sobre edad y tiempo
de servicios vigent es con anterioridad a esa Ley y que, p ara el caso,
corresponde a l régimen especial de pensiones de los servidores de
la Rama Judicial y del Ministerio Público, consagrado en el artículo
6.° del Decreto 546 de 1971 .
46. En efecto, la señora Hilda González Neira cumplió los 50 años
de edad el 9 de junio de 200 6, toda vez que nació el 9 de junio de
1956 23 y se vinculó a la Rama Judicial desde 7 de octubre de 1988,
con lo que cumplió los 20 años de servicios el 7 de octubre de 2008.
Por tanto, se tiene que cuando presentó su solicitud de
reconocimiento pensional, el 29 de agosto de 2014 , ya había
acreditado con suficiencia los requisit os exigidos en el Decreto 546
de 1971.
47. Ahora bien, COLPENSIONES estimó que, en este caso ,
aplicaría por favorabilidad la L ey 71 de 1988. Sin embargo, como
se vio no indicó qué periodo tuvo en cuenta para la liquidación
pensional, ni los factores que incluyó para ello, sino que expresó
que atendería a los señalados en el Decreto 1158 de 1994, tal como
se aprecia de la lectura de los actos administrativos demandados .
48. Estima la Sala que tal circunstancia desconoce e l derecho al
debido proceso administrativo de los afiliados, comoquiera que no
se les indica con claridad cuál es la n ormatividad aplicable , cuál es
el periodo que se t iene en cuenta y finalmente cuáles son los
factores que se incluirán en la li quid ación pensional , aspectos de
suma importancia que deben ser puestos en conocimiento de los
pensionados, en un lenguaje claro y detallado, toda vez que
repercuten de manera directa sobre en el monto pensional y con
ello, sobre e l derecho a la seguridad social.
49. En este sentido, es evidente que la accionante sí cumplió con
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación en
virtud del Decreto 546 de 19 71 y si bien presentó tiempos laborados
en el sector privad o, (i) desde el 1.° de enero de 1 977 hasta el 30
23 F o l i o 35.
17
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abril 1979, (ii) desde el 16 de agosto de 1988 hasta el 7 de octubre
de 1988, y luego, (iii) en diversas universidades, en concomitancia
con su labor en la Rama Judicial 24, ello no es óbice para denegarle
el reconocimiento pensional conforme con el Decreto 546 de 1971,
toda vez que se encontraba cobijada por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 y en el año 2014 ya contaba con 25 años de
labores en la Rama Judicial desde 1988.
50. Todo lo anterior impone advertir que los actos demandados se
encuentran afectados de nulidad, toda vez que se negaron a dar
aplicación a la normatividad que cobija la situación pensional de la
señora Gonzále z Neira, tal como lo determinó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
51. Igualmente , se advierte que, le asistió razón al a quo cuando
estimó que la pensión se debía liquidar atendiendo a las reglas
fijadas en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-
021-20 de 11 de junio de 2020, citada anteriormente. Así, en lo que
tiene que ver con el monto o porcentaje de liquidación, se advierte
que se debe aplicar el señalado en el Decret o 546 de 1971, es decir
el 75%.
52. En relación con el IBL de la pensión, se debe tener en cuenta,
en primer lugar, que la demandante adquirió el status pensional el
7 de octubre de 2008 , fecha en que cumplió los 20 años de servicios
en el sector público, de los cuales más de 10 años fuero n
exclusivamente en la Rama Judicial, y contaba con 50 años de
edad 25; es decir que, para el 1.º de abril de 1994 , fecha de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 14 años para
adquirir el derecho a la pensión.
53. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en la citada
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, la pensión se debe
liquidar teniendo en cuenta « el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconoc imiento de la pensión actualizados a nualmente
con base en la IPC certificado por el DANE ». En este caso, dicho
periodo se determinará dependiendo del retiro definitivo del
servicio cuya ocurrencia no se ha acreditado dentro del
proceso.
24Se relacionaron cotizaciones en pensión por su labor en la Universidad Santo
Tomás, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la Universidad Militar
Nueva Granada, en la Universidad Libre y en la Universidad de Manizales, que se
surtieron de manera interrumpida y en diversos períodos desde el 1.° de agosto del
año 2000 hasta el 1.° de noviembre del año 2011.
25 L o s
cumplió el 9 de junio de 2006 de acuerdo con la copia de la cédula que indica
que nació el 9 de junio de 1956. (f. 35)
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54. Igualmente, deberá atenderse a los factores percibidos por la
demandante en el citado periodo sobre los cuales haya efectuado
aportes pensionales y que correspondan a los señalados en la
sentencia CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado .
55. Así las cosas, no era posible acceder al reco nocimiento
pensional de conformidad con la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1158
de 1994, sino teniendo en cuenta el promedio de los factores sobre
los cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos 10 años
laborados y, sobre los cuales haya efectuado cotizaciones al
sistema general de pensiones, señalados en la sentencia CE-SUJ-
S2-021-20 de 11 de jun io de 2020 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, esto con efectividad a partir de la fecha de su
retiro definitivo del servicio, tal como lo ordenó el Tribunal.
3.3.2. Segundo problema jurídico. ¿Al dar aplicaci ón a las
pautas establecidas en la sentencia de unificación
jurisprudencial CE -SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 el a
quo desconoció el principio de la congruencia de la sentencia?
56. El principio de la congruencia de la sentencia actu almente se
encuentra establecido en el artículo 281 26 del CGP y ha sido
definido por esta Corporación como «[…] e l deber legal que tienen
los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita , definidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado […] exige de una parte que
exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la
decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso» 27.
26 Ley 1564 de 20 12. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas s i así lo exige la ley. // No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el
demandante excede de lo probado se le reconocerá solame nte lo último. // En la
sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo
de oficio (…)”
27 ( C o n s e j o d e E s t a d o ) C o n s e j o d e E s t a d o – S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o –
Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente:
760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles Propal S.A.
Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié.
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57. La Corte Constitucional 28 ha definido este princip io como uno
de los elementos constitutivos del d erecho fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en
la medida que impide determinadas decisiones «porque su
justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él
se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:
«[ …]
De lo expu est o has t a el m om ent o, se puede concl uir que el j uez
debe t om ar su decisión de m aner a congr uent e con los hechos,
pr et ensiones y exc epciones pr ob adas dent r o del pr oceso. Por lo
t ant o, no podr á pr of er ir una sent encia en la que se pr onuncie acer ca
de algo que no f ue solic it ado por las par t es ( ext r a pet it a) o en la
que ot or gue m ás de lo ped ido ( ult r a p et it a) , per o t am poco podr á
f allar sin pr onunci ar se acer ca de t odas l as pr et ensiones, pu es de l o
cont r ar io deber á explicar de m aner a suf icient e las r azones por las
cuales om it ió r ef er ir se a algún pedim ent o. El pr inci pio de
congr uencia de la sent encia, adem ás gar ant iza el opor t uno uso del
der echo de def ensa por par t e de la s par t es, puest o que les p er m it e
hacer uso de cada una de las her r am ient as est ablecidas e n la ley
par a ello.
[ …] ».
58. Igualmente ha señalado la citada Corporación, que la
incongruencia de la sentencia puede generar la nulidad de la
sentencia cuando esta trastorna completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso 29 es decir, que la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso.
59. Advierte la Sala que en este caso no se vulnera el principio de
congruencia toda vez que no existe la citada protuberancia entre lo
pedido y lo concedido, comoquiera que la decisión adoptada por el
Tribunal atendió a las pautas dadas por la Sección Segunda de esta
Corporación a través de su sentencia de unificación CE-SUJ-S2-
021-20 de 11 de junio de 2020 , donde se indicó que las reglas allí
establecidas constitu ían precedente vinculante y obligatorio
respecto de los procesos similares q ue se estuvieren adelantando
en juzgados, tribunales administrativo s y Consejo de Estado , como
ocurre en el asunto que nos ocupa .
60. Además la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue menos lesiva a los intereses de
COLPENSIONES, toda vez que en el libelo demandatorio se solicitó
la reliquidación pensional e n cuantía del 75% de la asignación
mensual más alta que hubiere devengado en el último año de
prestación de servicios, de conformidad con el Decreto 546 de
1971, con inclusión de todos los factores percibidos , evento en el
28 C o r t e Constitucional, Sentencia T -455 de 2016.
29 C o r t e Constitucional, Sentencia T - 1274 de 2008.
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cual, la pensión de jubilación de la de mandante podría resultar más
elevada en comparación con la orden dada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
61. Por estas razones se descarta la prosperidad del segundo cargo
de apelación.
3.4. Tope pensional del Acto Legisl ativo 01 de 2005.
62. Tal como se señaló en la sentencia de la Corte Constitucional
C – 258 de 2013, el tope de las mesadas pensionales en el
ordenamiento jurídico colombiano es una limitación impuesta en
beneficio de la igualdad, sostenibilidad financiera, el interés
mayoritario y la d istribución equitativa de los recursos limitados del
Sistema de Seguridad Social, razón por la cual la mera la existencia
de regímenes especiales no implica que las mesadas pensionales
adquiridas baj o estos sean ilimitadas 30, en desmedro de las
personas menos favorecidas económicamente y del alcance de la
cobertura del Siste ma. En esa medida, en el ordenamiento jurídico
colombiano se han dispuesto diferentes topes a esta prestación.
63. Según el mar co normativo analizado por la Corte, en la
sentencia en cita, desde la Ley 4ª de 1976, «por la cual se dictan
normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial,
semioficial y priva do y se dictan otras disposiciones» determinó en
el artículo 2 .º 31 el t ope de 22 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
64. Posteriormente, la Ley 71 de 1988, «por la cual se expiden
normas sobre pensiones y se dictan otras disposicion es», en su
artículo 2.º 32 dispuso un límite de 15 smlmv.
65. Luego, por medio de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones», en el parágrafo 3.º 33 del artículo 18, se im puso que
la cuantía máxima sería de 20 smlmv para el ingreso base de
liquidación de los afiliados al régimen de prima media.
30 S e n t e n c i a C-089 de 1997.
31 « Artículo segundo . Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán
ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces éste
mismo salario. »
32 « A r t í c u l o 2 º . N i n g u n a p e n s i ó n p o d r á s e r i n f e r i o r a l s a l a r i o m í n i m o l e g a l m e n s u a l ,
ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones
colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Parágrafo. El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a la s que se causen
a partir de la vigencia de la presente Ley. »
33 « P A R Á G R A F O 3 o . C u a n d o e l G o b i e r n o N a c i o n a l l í m i t e l a b a s e d e c o t i z a c i ó n a
veinte (20) salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor. ».
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66. En desarrollo de la anterior disposición se profirió el Decreto
314 de 1994, «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria
del Sistema General de Pensiones» que en su artículo 2.º 34
estableció el tope de 20 smlmv.
67. Con posterioridad, la Ley 797 de 2003 35, modificó, entre otras
disposiciones, el a rtículo 18 de la Ley 100 y estableció en el in ciso
4.º del artículo 5.º el límite de 25 smlmv.
68. Luego, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, «Por el cual se
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política», se reiteró en el
parágrafo 1.º del artículo 1º el tope pensional de 25 smlmv.
69. Finalmente es de indicar que a través de la sentencia T- 079 de
2019 36, la Corte analizó un caso de reliquidación pensional con base
en el régimen del Decreto 546 de 1971 , donde estimó que el
reconocimiento de derechos pensionales sin limitación alguna,
implica establecer un sistema de privilegios a un grupo que se
encuentra en una posición favorable respecto de las condiciones
actuales de la mayoría de la sociedad, que quebranta los principios
estructurales del sistema (solidarid ad, equidad y eficiencia ). En
dicho pronunciamiento la Corte estimó que los topes pensionales
también son aplicables al citado régimen, con el siguiente
razonamiento:
«[ …]
121. En ese sent i do, el m ar co j ur í dico const it ucio nal, lega l y
j ur ispr udencia l sist e m át icam ent e ha estable c ido que l as m esadas
pensiona les est án s uj et as a un t ope m áxim o, lo cual t iene alcance
r espect o a las pensi ones r econocidas e n vir t ud del Decr et o 546 de
1971, t al y com o sucede con la pensi ón de la señ or a Juliet a de l
Car m en Alvis G onzá lez.
122. En lí nea con lo ant er ior , r esult a r egr esivo y, adem ás cont r ar io
al m ar co j ur í dico aludido, consid er ar que las pension es r econocidas
en vir t ud de r egí m enes especia les, com o los de la Ram a Ju dicia l y
del M in ist er io Pú b lico, car ecen d e lí m it es. En conse cuencia,
r esult aba m anif iest a m ent e cont r ar io a la nor m at iva vigent e af ir m ar ,
com o lo hizo el j ue z de t ut ela, que l a pensión d e la s eño r a Alvis
G onzález no est aba suj et a a lí m it es.
34 « Artículo 2º Monto de las pensiones en el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida. En desarrollo del parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100
de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de invalid ez y de sobrevivientes, para
los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con prestación Definida, no podrá
ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. »
35 « P o r l a c u a l s e r e f o r m a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e l s i s t e m a g e n e r a l d e p e n s i o n e s
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales»
36 C o n p o n e n c i a d e l m a g i s t r a d o C a r l o s B e r n a l P u l i d o .
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123. Ahor a bien, pese a que en las sent encias C - 089 de 1997 y C -
155 de 1997, la S ala P lena d e est a Cor por ación d et er m inó que
ninguna m esada pe nsiona l con car go a los r ecur sos públic os podí a
ser super ior a 20 SMLM V, el Juzgado Pr im er o de Fam ilia de Since lej o
decid ió apar t ar se del pr ecedent e cons t it ucional con ef ect os er ga
om nes.
[ …]
127. Los pr incipi o s de igualda d, sost enibi lid ad f inanc i er a del
sist em a, int er és gener al y dist r ibuci ón equit at iva de los r ecur sos
lim it ados del Sist em a de Segur i da d Socia l 37, así com o la
solid ar idad 38, ef icien cia, univer sal idad y pr ogr esividad en los
t ér m inos est ablecido s en la Co nst it ución y la ley, son los con t enidos
f undam ent ales que j ust if ican el núcleo del der echo a la segur idad
social. P or est a sen cil la r azón, est os pr incip ios n i si quier a pueden
ser desconocidos po r los r egí m enes especial es de pensión 39.
[ …] ».
70. De acuerdo con lo anterior y toda vez que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca guardó silencio frente al tope
pensional aplicable al caso, actualmente consagrado en el Acto
Legislativo 01 de 2005, debe adicionarse la sentencia de primera
instancia y ordenarse que la reliquid ac ión de la mesada pensional
sea ajustada a l tope pensional allí establecido , que se encontraba
vigente al momento en que la señora González Neira adquirió el
estatus pensional.
37 E n s e n t e n c i a C - 0 8 9 d e 1 9 9 7 , e s t a C o r p o r a c i ó n f i j ó d e m a n e r a i n e q u í v o c a s u p o s t u r a
frente a la aplicación del monto máximo de 20 SMLMV para el reconocimiento de la
pensión previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos excluidos del
régimen general de pensiones. Validez de topes pensionales que fue reiterada
mediante sentencia C-155 de 1997.
38 E n sentencia C-111 de 2006, este Tribunal sostuvo que: “ El principio de solidaridad
exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias,
independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el
estricto orden generacional en el cual se encuentren. Este principio se manifiesta en
dos subreglas, a saber: En primer lugar, el deber de los sectores con mayores
recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social de las
personas de escasos ingresos, por ejemplo, mediante aportes adicionales destinados
a subsidiar las subcuentas de solidaridad y subsistencia del sistema integral de
seguridad social en pensiones, cuando los altos ingresos del cotizante así lo
permiten. En segundo término, se acuden a otras herramientas del sistema de
seguridad social en aras de contribuir por el bienestar general y el interés común,
tales como, (i) el aumento razonable de las tasas de cotización, siempre y cuando no
vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; (ii) la exigencia
proporcional de períodos mínimos de fidelidad o de carencia, bajo la condición de no
hacer nugatorio el acceso a los derechos de la seguridad social y, eventualmente;
(iii) el aumento de las edades o semanas de cotización, con sujeción a los parámetros
naturales de desgaste físico y psicológico, como lo reconocen los tratados
internacionales del derecho al trabajo”.
39En sentencia SU-210 de 2017, se sostuvo que: “las diferentes medidas de orden
económico, institucional y legal que debe desplegar de manera progresiva el Estado
para materializar dicho derecho (obligaciones positivas), también cuenta, como todo
derecho fundamental, con garantías de protección frente a la actuación de las
autoridades públicas y los particulares que puedan desconocer sus contenidos”.
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71. Debe señalarse que, pese a que la entidad demandada es
apelante única y no formuló ninguna objeción por este aspecto , esta
decisión tampoco afecta el principio de la congruencia de la
sentencia .
72. En efecto, revisado e l recurso de reposición y apelación
interpuesto en contra de la Resolución GNR 66254 de 7 de marzo
de 2015, la apoderada de la señora Hilda González Neira de manera
expresa y clara señaló que dicha pensión de jubilación era pasible
de la limitación est ablecida en el parágrafo 1.° 40 del Acto Legislativo
01 de 2005 41.
73. En consecuencia, se impone adicionar la sentencia para
garantizar su efectivo cumplimiento , en armonía con los principios
sostenibilidad fina nciera del sistema, interés general y distribución
equitativa de los recursos limitados del Sistema de Seguridad
Social.
3.5. Condena en costas.
74. El concepto de las costas del proceso está relacionado con
todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos o rdinarios del proce so y ot ros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la pru eba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.
75. Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en
el numerales 1.° del artículo 365 del Código General del Proceso,
en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas, toda
vez que, si bien el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada no prosperó , la parte demandante no se pronunció en
esta instancia.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley ,
40 «Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinti cinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo
a recursos de naturaleza pública».
41 F o l i o 9 7 .
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FALLA:
PRIMERO: CO NFI RMAR la sentencia proferida de 16 de diciembre
de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la
señora Hilda González Neira en contra de COLPENSIONES, por las
razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- ADI CIONAR la sente ncia señalada en el numeral
anterior, en el sentido de ORDENAR a COLPENSIONES que el valor
de la mesada pensional resultante sea objeto de la limitación
ordenada en el parágrafo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia .
TERCERO.- Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO.- Se insta a COLPENSIONES a efectos de que expida los
actos de reconocimiento y reajuste pensional en lenguaje claro y de
forma detallada, de tal forma que se establezca sin lugar a
equívocos la norm a aplicable, el monto pensional , las operaciones
matemáticas que se efectua ron, así como cada uno de los factores
que se incluye ron para la liquidación pensional.
QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022). .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Con impedimento aceptado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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