Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01105-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01105-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01105-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01105-02 (5191-2023)
Demandante: Alba Luz Garcés Arcila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-
Llamado
en garantía: Procuraduría General de la Nación.
Tema: Reliquidación pensión de sobrevivientes. Régimen pensional
de la Rama Judicial. Decreto 546 de 1971.
Decisión: Revoca sentencia que niega pretensiones y accede
parcialmente a las pretensiones. Sin condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
29 de junio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia1,
Sala Sexta de Oralidad, negó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2. La señora Alba Luz Garcés Arcila, actuando por conducto de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de que se acceda
a las siguientes declaraciones y condenas:
1 Con ponencia de la magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya.
2 Índice 96 de la primera instancia. Carpeta One drive.Archivo «01DemandaAnexos.pdf», Expediente híbrido.
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Demandante: Alba Luz Garcés Arcila
2.1.1. Pretensiones
3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 007013 del 18 de febrero de 2016, por
medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, le negó la
reliquidación de la sustitución pensional a la señora Garcés Arcila, en su condición
de cónyuge supérstite del señor Pedro Thelmo Echeverry Gómez.
4. La nulidad de la Resolución RDP 016309 del 20 de abril de 2016, en virtud de la
cual la entidad demandada resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra
del acto administrativo inicial, confirmando la Resolución 007013 de 18 de febrero
de 2016.
5. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidar la pensión
sustituida, con fundamento en todos los factores salariales, según la certificación
expedida por el jefe de División de Gestión Humana de la Procuraduría General de
la Nación, incluyendo lo cancelado por bonificación por compensación y
bonificación por gestión judicial.
6. Igualmente, pretende que se cancele el retroactivo pensional desde cuando se
hizo efectivo el derecho pensional el 1.° de abril de 2002 y que se condene a la
U.G.P.P., a pagar los valores reconocidos, debidamente indexados y al pago de los
intereses que se causen o se hubieren causado desde cuando se hizo exigible la
obligación hasta el cumplimiento de la sentencia que ponga fin al proceso.
7. Finalmente solicitó que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Fundamentos fácticos
8. En la demanda, se indicaron los siguientes supuestos fácticos como sustento de
las pretensiones:
9. Mediante la Resolución 029731 del 9 de diciembre de 1998, la Caja Nacional de
Previsión Social, le reconoció la pensión de jubilación al señor Pedro Thelmo
Echeverry Gómez, al acreditar los requisitos de acceso, establecidos en el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, con el periodo base de cotización desde el 1.°
de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 1998, en cuantía equivalente a $3´276.368;
además, la misma entidad por medio de la Resolución 26639 del 26 de noviembre
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de 2001 le reliquidó la prestación económica elevando la cuantía a $5´000.218,49.
10. Con ocasión del fallecimiento del señor Echeverry Gómez ocurrido el 18 de
agosto de 20043, la Caja Nacional de Previsión Social a través de la Resolución
013088 del 2 de mayo de 2005 sustituyó la pensión a favor de la señora Alba Luz
Garcés Arcila, en su condición de cónyuge supérstite, en cuantía de $6´237.397,86.
11. En cumplimiento de un fallo judicial, a través de la Resolución 1167 del 13 de
febrero de 2006, CAJANAL le reliquidó la pensión, en cuantía equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, en
atención al artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, con inclusión además, de la
«Bonificación por servicios, prima de servicios, de navidad y de vacaciones»
elevando la cuantía a la suma de $6´584.385, con efectividad desde el 1.° de abril
de 2002. Con fundamento en ello ha venido cancelando la prestación con los
incrementos, equivalente a $12´447.511,23.
12. En virtud de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se tramitó en
el Juzgado Décimo Administrativo de Medellín, un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación a
efectos de obtener el pago de la totalidad de la bonificación por compensación por
los años 2001 y 2002, donde emitió sentencia el 25 de agosto de 20144 y se ordenó
el pago de las diferencias por bonificación por compensación.
13. Allí se realizó un acuerdo conciliatorio el 14 de octubre de 20145 que fue
aprobado por el juez, por la suma de $38´071.808 por concepto de capital
indexado, sin intereses y que hizo tránsito a cosa juzgada.
14. En virtud de lo anterior la Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN,
emitió la Resolución 1075 del 22 de diciembre de 2014, cancelando la suma de
$38´071.808 correspondiente a la bonificación por compensación durante el tiempo
que el cónyuge de la demandante laboró en esa entidad, como procurador judicial
II; allí se ordenó hacer descuentos por aportes a pensión tanto para el trabajador
como para el empleador.
15. Por lo anterior y en atención a la certificación expedida por la PGN relacionada
con los factores salariales devengados, se solicitó la reliquidación de la prestación
el 18 de abril de 2015, petición que fue denegada por la entidad demandada
mediante la Resolución 025048 del 22 de junio de 2015 al señalar que la
3 Como se indica en la Resolución RDP 016309 de 20 de abril de 2016 dictada por la UGPP. Ibidem. Folio 863,
por la cual se le resuelve un recurso de apelación.
4 Primera instancia, índice 96, expediente onedrive, Archivo «01DemandaAnexos.pdf» folios 160 y s.s.
5 Folios 176 y s.s. ibidem.
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información que contenía la certificación era confusa; contra dicha decisión se
interpusieron los recursos de reposición y apelación.
16. Al resolver la reposición la entidad reiteró su argumento de la falta de claridad
de la certificación sobre factores salariales expedida por la PGN y, además, señaló
que correspondía a la parte actora allegar los elementos de juicio que permitiesen
variar la decisión tomada. Antes de decidir la apelación, la demandante allegó una
nueva certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación en donde se
incluyó la bonificación por compensación, pero esta no fue atendida por la entidad,
que confirmó la decisión inicial.
17. Por lo anterior la parte actora elevó una nueva solicitud de reliquidación de
pensión de sobreviviente, que fue denegada a través de la Resolución 0007013 de
18 de febrero de 2016, con base en que frente al factor bonificación de
compensación, no era claro el periodo que fue pagado por la entidad nominadora.
Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución 016309 de 20 de abril de
2016.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
18. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 2.° y
29 de la Constitución Nacional, 6.° del Decreto 546 de 1971, 12 del Decreto 717
de 1978, 2.° de la Ley 4ª de 1992, 36 de la Ley 100 de 1993, 1.° del Decreto 610
de 1998, 40 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.
19. Al desarrollar el concepto de la violación, indicó que, la UGPP, al expedir los
actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería
fundarse por desconocimiento del artículo 2.° de la Constitución, ya que no buscó
garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en el estatuto
superior.
20. Igualmente desconoció el derecho de la demandante de abstenerse de
reliquidar la pensión de sobreviviente, pese a que en la actuación administrativa se
habían allegado las pruebas correspondientes para efectuar la liquidación
pensional en los términos indicados por su régimen pensional, con lo cual se
incurrió en desconocimiento del derecho al debido proceso, pues tanto las
autoridades judiciales como las administrativas, deben practicar las pruebas
solicitadas y valorar aquellas aportadas en el curso del proceso.
21. En este caso la entidad no contaba con argumentos válidos para desconocer o
ignorar la certificación legalmente expedida por la Jefatura de la Unidad de Gestión
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Humana de la Procuraduría General de la Nación del 9 de septiembre de 2015 con
lo que se está violentando el debido proceso y los derechos fundamentales de la
accionante.
22. Aseguró que las resoluciones demandadas proferidas por la UGPP, que
negaron la reliquidación a favor de la señora Alba Luz Garcés Arcila, vulneraron el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además la reliquidación es un derecho que surgió
de la conciliación realizada por la actora y la PGN, que dio origen al pago de la
bonificación por compensación.
23. Según lo indicó, el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 se refiere a los factores
salariales que deben tenerse en cuenta para la liquidación de las pensiones.
Además, el artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 por el que se creó la bonificación
por compensación indica en su inciso final que «sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes en los
mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes.»
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La UGPP6, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la
demanda con base en que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos
acorde con el ordenamiento jurídico, sin vicio alguno que conlleve a su anulación,
ya que fueron expedidos por la autoridad competente, en atención a la ritualidad
exigida para su creación y ejecutoria, por lo que las causales de anulación que se
le imputan carecen de fundamento de acuerdo con los preceptos de nuestro
ordenamiento jurídico.
24. Si bien es cierto que la PGN expidió una nueva certificación de salarios, que fue
aportada con la nueva solicitud de reliquidación de la demanda, sin embargo,
respecto del Decreto 4040 de 2004, se manifestó el pago global de la diferencia de
la bonificación judicial pagada en los años 2000, 2001 y 2002, sin que se certifique
detalladamente la aplicación de esa suma global con respecto al salario mensual
devengado, razón por la cual se procedió a negar nuevamente la solicitud.
25. Según sostuvo, de los artículos 1.° y 3.° del Decreto 4040 de 2004, la
bonificación devengada por gestión judicial, estaba condicionada a la renuncia a la
bonificación por compensación, por lo tanto, ambas prestaciones se crearon con
carácter incompatible; además para la fecha en que el señor Echeverry Gómez se
6 Índice 96 de la primera instancia. Carpeta One drive. Archivo «
02ImpedimentoAdmisorioNotificacionesContestacionAudienciaInicial.pdf »Folios 23 y s.s. del PDF.
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retiró del servicio su situación laboral fue afectada por el Decreto 610 de 1998, y
posteriormente por el Decreto 4040 de 2004, lo cual permitió al empleador, obviar
el pago de la cotización sobre este concepto (bonificación por gestión judicial).
26. Finalmente propuso las excepciones de «falta de integración del contradictorio»
«ausencia de vicios en los actos administrativos demandados», «inexistencia de la
obligación», «prescripción total del derecho pretendido» y «subrogación para el
cobro del valor insoluto de los aportes debidos al sistema general de seguridad
social en pensiones».
2.2.2. Procuraduría General de la Nación7.
27. El apoderado de la PGN resaltó que la parte actora pretendió la nulidad de los
actos administrativos en virtud de los cuales, la UGPP le negó la reliquidación de
su sustitución pensional, razón por la cual esa entidad es la que se encuentra
obligada a asumir las consecuencias de una sentencia adversa, más no la
Procuraduría General de la Nación. Por consiguiente, si llegasen a prosperar las
pretensiones de la demanda, la orden de reliquidar la pensión debería cumplirla la
UGPP.
28. Tampoco hay evidencia de que la PGN tenga alguna obligación concreta en
materia de aportes que corresponden al empleador y no se formuló una pretensión
específica que debería atender en caso de una decisión adversa.
2.3. Sentencia de primera instancia8
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 29 de
junio de 2023 negó las pretensiones de la demanda formulada por la señora Garcés
Arcila y se abstuvo de imponer condena en costas.
30. Para tal efecto se refirió al régimen general establecido en la Ley 100 de 1993,
su régimen de transición y con ello a la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 proferida por la Sala Plena dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01, a partir de lo cual destacó que frente al ingreso base para liquidar
la pensión se debe aplicar en forma íntegra lo señalado en el inciso 3.° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que el mismo se determinará con el promedio
de lo cotizado durante los 10 últimos años anteriores a la adquisición del derecho.
31. Además, en cuanto a los factores precisó que solamente podrían incluirse para
7 Ibidem. Archivo «04VinculacionProcuraduria.pdf»
8 Ibidem- Archivo « 41. SENTENCIA LABORAL - RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE.pdf».
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efectos de reliquidación de pensión, aquellos sobre los cuales el demandante haya
efectuado cotizaciones, los cuales se encuentran establecidos el Decreto 1158 de
1994 y que coinciden con los señalados en la Ley 62 de 1985 que reguló el tema
de los factores salariales en vigencia de la Ley 33 del mismo año.
32. Precisó que en este caso el causante se encontraba cobijado por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, por lo que se le permitió pensionarse con el
régimen anterior, Ley 33 de 1985, como lo señaló la Resolución 029731 del 9 de
diciembre de 1998, es decir, en cuanto a la edad (55 años), tiempo de servicios o
años cotizados (20 años) y monto (75%), sin embargo, para el cálculo del ingreso
base de liquidación se aplicó lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
33. En cuanto a los factores salariales estimó que solamente podrán incluirse para
efectos de reliquidación de pensión, aquellos sobre los cuales el causante haya
efectuado cotización, los cuales se encuentran establecidos el Decreto 1158 de
1994, y que coinciden con los señalados en la Ley 62 de 1985 que reguló el tema
de los factores salariales en vigencia de la Ley 33 de 1985.
34. Posteriormente concluyó que si bien en virtud de una conciliación, la
Procuraduría General de la Nación le reconoció a la demandante a través de la
Resolución 1075 del 22 de diciembre de 2014, la suma de $38´071.808 por
concepto de bonificación por compensación, evidenciándose además del contenido
de la misma, que dicha entidad realizó descuentos en virtud de dicho concepto
destinados a aportes en pensión, sin embargo, de conformidad con la sentencia
proferida con el Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, la bonificación por
compensación no es un factor contemplado de forma taxativa en la ley (Decreto
1158 de 1994) a efectos de ser incluido en la liquidación pensional, por lo que no
puede ser tenido en consideración para ello, misma suerte entonces, que corre la
bonificación por gestión judicial.
35. Por lo anterior denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
2.5. El recurso de apelación9
36. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder las pretensiones de
la demanda.
99 Expediente digitalizado. Primera instancia, índice 40.
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37. Al efecto, explicó que el Tribunal desconoció que se debía aplicar la sentencia
de unificación del Consejo de Estado sobre reliquidación de la pensión de jubilación
de los servidores de la Rama Judicial amparados por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, de 11 de junio de 2020, dictada en el proceso radicado con el
núm. 15001 23 33 000 2016 00630 01, donde señala que el servidor o ex servidor
de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión,
siempre que i) para el 1.º de abril de 1994, tenga: a) 40 años de edad si es hombre,
35 años de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente
cotizados y ii) reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama
Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de
1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de
50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,
que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos
10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades.
38. Según la decisión de unificación el reconocimiento de su pensión se debe
efectuar con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 y para ello se debe aplicar la tasa de reemplazo del 75%; el
ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la
Ley 100 de 1993, según el caso; y en cuanto a los factores de liquidación destacó
que son los contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
y los establecidos en los artículos 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto
1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.°
del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público.
39. El apelante destacó que el Tribunal erró al fundar su decisión sobre la sentencia
de 28 de agosto de 2018, y desconoció que de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 la bonificación por compensación constituye
factor de salario para efectos de liquidar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes.
40. Finalmente solicitó se tenga en cuenta la limitación del tope de todas las
pensiones del sector público a veinticinco salarios mínimos legales, pero desde el
1.° de julio 2013 y no antes, según lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-258 de 2013.
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2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público
2.6.1. Parte demandada10.
41. El apoderado de la UGPP insistió en que en este caso al calcular la mesada
pensional de la demandante es necesario para efectos de determinar el IBL aplicar
el Decreto 1158 de 1994. Además, si bien en virtud de una conciliación el empleador
Procuraduría General de la Nación le reconoció a través de la Resolución 1075 del
22 de diciembre de 2014, la suma de $38´071.808 por concepto de bonificación por
compensación, de conformidad con la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 proferida por el Consejo de Estado esta no es un factor de los que se
encuentren contemplados de forma taxativa en la Ley (Decreto 1158 de 1994) y la
misma suerte corre la bonificación por gestión judicial.
2.6.2. Tanto la parte demandante como el procurador delegado ante esta
Corporación guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
42. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.
43. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 32812 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes
10 Índice 10 de la segunda instancia.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
12 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
44. En el presente caso, la demandante es apelante única, razón por la cual la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo
del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.
3.2. Aclaración previa.
45. En este caso es necesario aclarar que en las pretensiones de la demanda se
solicitó la reliquidación pensional por inclusión de los factores bonificación por
gestión judicial y bonificación por compensación que le fueron reconocidos a la
parte actora en virtud de las Resoluciones 2191 de 27 de septiembre de 2005 y
1075 de 22 de diciembre de 2014, emitidas por la Procuraduría General de la
Nación.
46. Empero, en la solicitud de reliquidación pensional elevada ante la entidad no se
hizo alusión a la bonificación por gestión judicial, como se aprecia a folio 54 del
índice 96 del aplicativo SAMAI; correspondiente a la primera instancia, expediente
onedrive, Archivo «01DemandaAnexos.pdf».
47. En esa medida, en atención al principio de congruencia de la sentencia, esta
decisión judicial abordará el fondo del asunto, tomando como punto de partida la
reliquidación pensional con base en lo devengado por concepto de bonificación por
compensación, dado que la reliquidación pensional en virtud de la bonificación por
gestión judicial es un asunto que no ha sido objeto de pronunciamiento de la entidad
demandada en la actuación administrativa.
3.3. Problemas jurídicos
48. Corresponde a la Sala determinar ¿si en este caso es posible que ordenar la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor Pedro Thelmo Echeverry Gómez
(q.e.p.d), que inicialmente le fue reconocida con fundamento en la aplicación
integral del Decreto 546 de 1971, esto, con la inclusión de la bonificación por
compensación?
49. De otra parte, se determinará si ¿le asiste razón a la parte demandante frente
a su pretensión de que se aplique la limitación correspondiente a los 25 salarios
mínimos mensuales legales desde el 1.° de julio de 2013 y no antes?
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3.4. Primer interrogante. Régimen normativo aplicable al reconocimiento de
la pensión de jubilación del señor Pedro Thelmo Echeverry Gómez (q.e.p.d).
Factores salariales que deben incluirse en la liquidación pensional.
50. En este caso, revisado el expediente, se advierte que al causante le fue
reconocida su pensión de jubilación de conformidad con la aplicación integral del
Decreto 546 de 1971, con anterioridad a la expedición de la sentencia de unificación
de CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 202013, donde la Sección Segunda de esta
Corporación se pronunció sobre la interpretación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 y sus implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial
y del Ministerio Público.
51. Esta situación es trascendental pues determina la forma en que se asumirá la
resolución del problema jurídico. En efecto:
52. Según se indica en la Resolución 029731 de 9 de diciembre de 199814 el señor
Pedro Thelmo Echeverry Gómez nació el 28 de agosto de 1939 y falleció el 18 de
agosto de 200415.
53. Al proceso no se allegaron constancias de servicios, salvo frente al periodo
laborado en la Procuraduría General de la Nación16, sin embargo, de la Resolución
RDP 016309 de 20 de abril de 2016 dictada por la UGPP, cuyo contenido en cuanto
a los tiempos no se cuestiona, se advierte que el señor Pedro Thelmo Echeverry
Gómez acreditó los siguientes periodos laborados:
13 Radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).
14 Dictada por CAJANAL, por la cual se le reconoció la pensión de jubilación. Índice 96 de la primera instancia.
Carpeta One drive. Archivo «21MemorialUGPPAntecedentesAdministrativos.pdf.» ff. 658 y s.s. del PDF.
15 Como se indica en la Resolución RDP 016309 de 20 de abril de 2016 dictada por la UGPP. Ibidem. Folio
863, por la cual se le resuelve un recurso de apelación.
16 Certificación allegada en el índice 19 de la segunda instancia.
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54. Así mismo, sus últimos cargos desempeñados en la Procuraduría General de
la Nación fueron los siguientes17:
• Actuación Administrativa ante CAJANAL – UGPP:
• Mediante Resolución 029731 del 9 de diciembre de 199818, CAJANAL
reconoció la pensión de vejez a favor del señor Pedro Thelmo Echeverry
Gómez, en cuantía de $ 3´276.368, efectiva a partir del 1.° de julio de 1998,
condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio. Esto al establecer que
se encontraba amparado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993;
para ello atendió al tiempo laborado hasta el 30 de junio de 1998, dado que
el solicitante se encontraba en ejercicio de su cargo. Para la liquidación se
atendió al 75% del promedio de lo devengado en 4 años y 29 días, de
acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, desde el 1.° de
abril de 1994 hasta el 30 de junio de 1998. Se incluyó en la liquidación la
asignación básica, la prima técnica, los gastos de representación,
bonificación por servicios prestados, prima de nivelación y prima especial de
servicios.
• Por Resolución 26639 del 26 de noviembre de 200119, CAJANAL reliquidó
la pensión de vejez del señor ECHEVERRY GOMEZ, elevando la cuantía a
la suma de $ 5´00.218.49, efectiva a partir del 1.° de junio de 2001,
condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio. Allí se aprecia que se
tuvo en cuenta la bonificación por compensación de los años 1999 a 2001.
17 Certificación allegada en el índice 19 de la segunda instancia.
18 Índice 96 de la primera instancia. Carpeta One drive. Archivo
«21MemorialUGPPAntecedentesAdministrativos.pdf.» ff. 339 y s.s. del PDF.
19 Folios 306 y s.s. Ibidem.
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• Por la Resolución 25808 del 17 de septiembre de 200220 CAJANAL
reliquidó la pensión de vejez del señor Echeverry Gómez Pedro Thelmo, por
retiro definitivo del servicio elevando la cuantía de la misma a la suma de $
$5´474.587.89 con efectividad desde el 1.° de abril de 2002. La liquidación
se efectuó «con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio devengado entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de marzo de
2002, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley100 de 1993 y
sentencia 168 de 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional». Los
factores salariales que se incluyeron: asignación básica, prima técnica,
gastos de representación, bonificación por servicios prestados, prima
especial, prima de nivelación y bonificación por compensación del periodo
1999 a 2002.
• Mediante la Resolución 000750 del 18 de abril de 200321, CAJANAL
resolvió la apelación interpuesta contra la Resolución 25808 del 17 de
septiembre de 2002, confirmando el acto cuestionado.
• Mediante Resolución 013088 del 2 de mayo de 200522, CAJANAL
reconoció una sustitución pensional a favor de la señora Alba Luz Garcés
Arcila con ocasión del fallecimiento del señor Echeverry Gómez Pedro
Thelmo, en calidad de cónyuge del causante, en cuantía de $6´237.397.86,
efectiva a partir del 19 de agosto de 2004, pero con efectos fiscales a partir
del 1.° de noviembre de 2004.
• Dada la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se tramitó en el
Juzgado Décimo Administrativo de Medellín, un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la
Nación a efectos de obtener el pago de la totalidad de la bonificación por
compensación por los años 2001 y 2002, donde emitió sentencia el 25 de
agosto de 201423 y se ordenó lo siguiente:
20 Folios 892 y s.s. Ibidem.
21 Folios 938 y s.-s. Ibidem
22 Folios 302 y s.s. ibidem.
23 Primera instancia, índice 96, expediente onedrive, Archivo «01DemandaAnexos.pdf» folios 160 y s.s.
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• En ese despacho judicial se realizó un acuerdo conciliatorio el 14 de octubre
de 201424 que fue aprobado por el juez, el por la suma de $38´071.808 por
concepto de capital indexado, sin intereses y que hizo tránsito a cosa
juzgada.
• Por la Resolución 1167 del 13 de febrero de 200625, CAJANAL dio
cumplimiento a las sentencias dictadas en proceso ordinario laboral por el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín de 31 de marzo de 2004 y
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín de 31 de mayo de 2004,
donde se ordenó reliquidar al demandante la pensión en una cuantía
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que el
corresponda en el último año de servicios aplicando en su integridad
el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, con inclusión además, de la
«Bonificación por servicios, prima de servicios, de navidad y de vacaciones»
elevando la cuantía a la suma de $6´584.385, con efectividad desde el 1.°
de abril de 2002.
63. A folio 13226, en la Resolución RDP 025048 de 22 de junio de 2015 se
citó el aparte correspondiente del fallo de Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín:
24 Folios 176 y s.s. ibidem.
25 Folios 118 y s.s. Ibidem.
26 Ibidem.
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• Por la Resolución 4499 del 1.° de junio de 200627 se modificó la Resolución
1167 del 13 de febrero de 2006, frente a las entidades que concurren en el
pago de la misma, Caja de Previsión Social de Medellín y el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
55. Como se aprecia de lo anterior es evidente que, desde el 13 de febrero de
2006 cuando se profirió la Resolución 1167 del 13 de febrero de 200628, en las
que CAJANAL dio cumplimiento a las sentencias dictadas en proceso ordinario
laboral por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín de 31 de marzo de
2004 y del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín de 31 de mayo de 2004,
se adoptó una decisión que se acompasaba con la tesis anterior de esta
Corporación sobre la aplicación del Decreto 546 de 1971 a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público que cumplieran los
27 Folios 372 y s.s. Ibidem.
28 Folios 118 y s.s. Ibidem.
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requisitos para el reconocimiento pensional de acuerdo con las exigencias
plasmadas en esa norma.
56. En efecto, antes de la sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación
CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, las tesis de ambas Subsecciones
coincidían en la aplicación integral del Decreto 546 de 1971 para los beneficiarios
de la norma.
57. En este sentido se había señalado que las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985 y
por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los servidores de la Rama
Jurisdiccional y el Ministerio Público bajo los requisitos del Decreto 546 de 1971,
no les eran aplicables tales normas. Esto de acuerdo con lo consignado en el
artículo inicial de la Ley 33 de 1985, cuyo texto, en lo pertinente, dispuso:
«Artículo 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos
o· discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.»
58. Asimismo, el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, «Por el cual se establece el
régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», señaló:
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20
años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.»
59. Respecto de cuáles son los factores salariales consagrados a favor de los
empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, se atendía a lo señalado
en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, norma que previó:
«Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo,
constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente
reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación
b) La prima de antigüedad
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c) El auxilio de transporte
d) La prima de capacitación
e) La prima ascensional
f) La prima semestral, y
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en
desarrollo de comisiones de servicio.» (Negrilla de la Sala)
60. Igualmente se precisaba que la norma anterior, además de consagrar algunos
factores salariales de los empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
señaló que constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
61. Ahora bien, esta tesis se modificó por parte de la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, donde
estableció, la necesidad de unificar jurisprudencia frente al régimen pensional de
los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación con la Ley
100 de 1993.
62. En efecto, en la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la
Sección Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el
ingreso base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las
pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio
Público regulados por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
63. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones
establecidas en el régimen de transición del sistema de seguridad social para la
fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de
1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial,
correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las
mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al
amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso
de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
64. Específicamente en cuanto a los factores de liquidación la decisión de
unificación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de
1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical
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o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado
en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
65. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes:
(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley
4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama
Judicial.
(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998
para los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y
agentes del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.
(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006.
(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de
2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.
(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los
servidores de la Rama Judicial.
66. Lo anterior, toda vez que, las normas señaladas establecieron que constituyen
factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efectos de determinar el
ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado
los aportes correspondientes.
67. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la
liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.
68. De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que, en el presente asunto,
el reconocimiento de la pensión de jubilación liquidada con base en la asignación
mensual más alta devengada durante el último año de servicios constituye una
situación jurídica que quedó consolidada en sede administrativa mediante la
Resolución 1167 del 13 de febrero de 200629, decisión que además se
armonizaba con la línea jurisprudencial vigente para ese momento en la Sección
Segunda de esta Corporación, la cual era aplicada de manera uniforme en casos
de similar naturaleza.
29 Folios 118 y s.s. Ibidem.
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69. Además, es importante señalar que en la citada sentencia de unificación SUJ-
S2-021-20, de 11 de junio de 2020, se determinó que las consideraciones allí
expuestas tenían aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada era
vinculante en los siguientes casos:
(i) Respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración;
(ii) Respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
70. En ese orden de ideas, se colige que, cuando con anterioridad a la ejecutoria
de la sentencia de unificación SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la actuación
administrativa ya se ha adelantado y concluido con el reconocimiento de la pensión
de jubilación con aplicación integral del Decreto 546 de 1971 —como ocurre en el
presente caso—, no resulta procedente aplicar la referida decisión de unificación.
71. Lo anterior, en la medida en que la propia providencia unificadora delimitó su
ámbito temporal de aplicación y, adicionalmente, se configuró una situación jurídica
particular consolidada, en la cual se reconoció un derecho subjetivo a favor de su
titular, conforme a las pautas jurisprudenciales vigentes al momento de la
expedición del acto administrativo en lo relativo a la interpretación del Decreto 546
de 1971.
72. Es de señalar que, en sentencia de 2 de octubre de 2025, la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación, para un caso de régimen general, estimó
que esas decisiones de la administración proferidas a la luz de un criterio normativo
y jurisprudencial que se encontraba vigente al momento en que se profiere el acto
administrativo crean un derecho adquirido, que genera confianza legítima frente a
la prestación que se ha reconocido:
« 43. En el sub judice, la situación que generó la confianza para Rodolfo Antonio
Zapata Vergara, materialmente estaba contenida en la decisión de la administración
de otorgarle su reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
devengados durante el último año de servicios y formalmente en la sentencia
proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que
consideró que los factores contenidos en la Ley 62 de 1985 eran de carácter
enunciativo más no taxativo, luego del análisis normativo sobre la materia. Lo que
sí generó el grado de confianza legítimo que la Constitución Política protege, pues
se trataba de un pronunciamiento del alto tribunal de lo contencioso-administrativo
que resultaba prevalente y de obligatoria aplicación por parte de las autoridades
administrativas.
[…]
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45. De manera que, a través del acto acusado, la administración acudió a un
precedente vinculante, en la medida en que fue proferido por una autoridad judicial
en ejercicio de sus facultades legales, y a una interpretación razonable de las
normas. Esto, con independencia de que, después de consolidado el derecho, la
tesis jurisprudencial aplicada fuera reevaluada. De forma que, la Sala concluye que
se trataba de una situación que debía ampararse por tratarse de un derecho
adquirido que generó una confianza legítima en el interesado en la prestación a
quien debía garantizársele la seguridad jurídica respecto de aquella decisión.
46. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
las providencias del 12 de septiembre de 2024 , del 5 de diciembre de 2024 y del
6 de marzo de 2025 en las que se consideró que si el acto censurado surgió de
una decisión propia de la administración, y que además se expidió en vigencia de
un criterio normativo y jurisprudencial vigente, generó en el ciudadano la confianza
legítima de que su derecho pensional se reconoció y liquidó conforme a derecho, lo
que impedía desconocer el derecho que en virtud de ello adquirió.»
73. La Sala considera que el mismo criterio resulta plenamente aplicable a los
regímenes especiales, como el de la Rama Judicial. En efecto, es evidente que,
una vez la administración expide un acto administrativo de reconocimiento
pensional y este adquiere firmeza, se consolida una situación jurídica particular que
habilita al beneficiario para exigir su cumplimiento y ejecución a través de los
mecanismos legalmente previstos en el ordenamiento jurídico. En consecuencia,
no existe razón para establecer un tratamiento diferenciado, pues la fuerza
vinculante y ejecutoria del acto en firme impone a la administración el deber de
garantizar su eficacia material.
74. Eso sucedió en este caso, donde, como ya se indicó la actuación administrativa
de reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la aplicación integral
del Decreto 546 de 1971 concluyó con la expedición de la Resolución 1167 del 13
de febrero de 200630, contra la cual no se advierte que el actor interpuso recurso
alguno, cobrando efectividad el reconocimiento pensional a favor del interesado.
75. Y fue posteriormente que surgió la discusión frente a los factores salariales a
incluir en la pensión pues, como se verá más adelante, en virtud de
pronunciamiento judicial se reconocieron las diferencias por bonificación por
compensación a que alude el Decreto 610 de 1998, solicitada con fundamento en
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 según sentencia del Consejo
de Estado del 14 de diciembre de 2011, por el tiempo comprendido entre el 1.° de
enero de 2000 y el 31 de marzo de 2002, esto en virtud del cargo que ejerció el
causante como procurador judicial II con funciones ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial. Luego en virtud de ello, la cónyuge supérstite en el año 2015
formuló solicitud de reliquidación pensional por inclusión de la bonificación por
compensación.
30 Folios 118 y s.s. Ibidem.
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76. En esa medida, como en el sub lite la demanda se dirige a obtener la
reliquidación por inclusión de la citada bonificación, el a quo debía centrar su
análisis sólo sobre ese aspecto, pues lo demás es desbordar el marco de las
pretensiones de la demanda.
77. Así las cosas, la Sala establecerá si es procedente la inclusión del citado factor
3.3.1 La bonificación por compensación
78. El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199231, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte que, sumada a los demás ingresos laborales, igualen a
los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas
Cortes al de los congresistas.
79. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo 1
creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las
vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó una
bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999, el 70% para el
año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.
80. A través del Decreto 2668 de 31 de diciembre de 1998 se derogaron los
Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998; sin embargo, este
fue declarado nulo a través de sentencia de 25 de septiembre de 2001 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces32
81. Ahora bien, como lo señala la misma sentencia de 14 de diciembre de 201133
«[…] muchos Magistrados demandaron a la Rama Judicial para que se les
reconociera el pago de sus salarios en el mencionado porcentaje, obteniendo fallos
favorables, cosa que llevó al Gobierno Nacional, a adoptar un mecanismo que
frenara tantas condenas, y fue así como el día 3 de diciembre de 2004, expidió el
decreto 4040, creando una bonificación por gestión judicial, también con carácter
31 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
32 Conjuez ponente: Álvaro Lecompte Luna.
33 Dictada por la Sala de Conjueces, dentro del proceso 11001-03-25-000-2005-0244-01.
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permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale,
a partir de la vigencia fiscal de 2001, el 70% que por todo concepto devenguen los
Magistrados de las Altas Cortes, la cual se pagaría mensualmente».
82. El mencionado Decreto 4040 de 2004 señaló que esta bonificación, sumada a
los demás ingresos laborales de dichos funcionarios, sería igual al 70% de lo
devengado por los magistrados altas Cortes, también indicó en el parágrafo 1.° de
artículo 1.°34 que la bonificación por gestión judicial era incompatible con la
bonificación por compensación al señalar:
«Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho a percibir única
y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del presente
artículo».
83. Sin embargo, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida el
14 de diciembre de 2011, providencia que acogió el criterio expuesto en sentencia
proferida 7 de julio de 2011, en la cual se indicó que, en virtud del Decreto 610 de
199835, los destinatarios de esta norma tienen derecho a una bonificación por
compensación que, a partir del 1.° de enero de 2001, debe ser equivalente al 80%
de lo que por todo concepto perciban los magistrados de Altas Cortes.
84. Por lo tanto, a partir de la firmeza de la anterior providencia judicial (27 de enero
34 «Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una Bonificación de Gestión Judicial, con
carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por
ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios
de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional, que a partir
de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a continuación:
Magistrados de Tribunal y Consejo Seccional
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes
Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado Fiscales Delegados ante Tribunales de
Distrito Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
Igualmente, tendrán derecho a esta Bonificación de Gestión Judicial quienes ingresen, con posterioridad a la
publicación de este Decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como Agentes del Ministerio Público ante los Magistrados de Tribunal a que se refiere el presente
artículo.
La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo esta Bonificación.
Para tener derecho a la Bonificación de Gestión Judicial, de que trata el presente artículo, los servidores
deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el respectivo cargo.
[…]».
35 Dicho decreto creó a favor de los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejos Seccionales de la
Judicatura y demás cargos equivalentes, una Bonificación por Compensación, como un “ajuste a los ingresos
laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por todo concepto devenguen” los Magistrados del
Atas Cortes, además, se indicó que para la siguiente vigencia fiscal, esta igualaría al 70% y en la tercera
vigencia, se igualaría el 80% de lo que percibieran estos funcionarios.
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de 2012), nuevamente recobró vigencia el Decreto 610 de 1998 y se restableció el
derecho a la bonificación por compensación la cual debe igualar al 80% de todo
lo devengado por los Magistrados de Altas Cortes.
85. Es de anotar que mediante Decreto 1102 de 2012 se creó la bonificación por
compensación de carácter permanente en un 80% de lo que devenga por todo
concepto un magistrado de Alta Corte. Y en su artículo 2.° estableció que como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los
servidores que venían percibiendo la bonificación de gestión judicial percibirán, a
partir de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación
en los mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el
artículo 1° del presente decreto.
86. Adicionalmente, respecto del artículo 1.º del Decreto 610 de 1998, la Sala de
conjueces de esta Sección36 consideró que es claro cuando dispone que esta
bonificación37 solo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
87. Además, en sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, la misma
Sala de Conjueces señaló que en virtud del Decreto 610 de 1998 «[…] los ingresos
laborales de sus destinatarios a partir del año 2001 serían iguales al ochenta por
ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con lo cual se encuentran ya
ajustados y nivelados los salarios entre magistrados de altas cortes y magistrados
de tribunales y similares. Expresado en otras palabras, el 80% de la bonificación
por compensación para los magistrados y cargos homologados es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios ni de
ningún otro beneficio económico laboral».
36 Consejo de Estado. Sentencia de 23 de mayo de 2018. Radicación: En esta providencia se señaló que el
inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 es claro cuando ordena que: «La Bonificación por
Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas
Cortes», por lo que: «Como se observa, no sólo la norma sino la jurisprudencia resultan claras para dilucidar
la alzada, en el sentido que la Bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efectos
de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes […]». En igual sentido se pronunció la
sentencia de 23 de mayo de 2018. Radicación: 1104-2015. Demandante: Darío Ignacio Estrada Sanín.
Demandado: Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Conjuez ponente: Jorge Iván Acuña Arrieta.
37 La Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 22 de abril de 2013 con ponencia del conjuez Diego
Eduardo López Medina, estimó que: «Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima
especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley
332/96».
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3.3.2. Lo acreditado en el proceso
• A folios 343 y s.s38 se aportó copia de la sentencia de 25 de agosto de
2014 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Medellín, dictado dentro del proceso 05001333301020130093100, por cual
se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por Alba Luz Garcés
Arcila, en su condición de cónyuge supérstite del señor Echeverry Gómez,
contra la Procuraduría General de la Nación, a efectos de obtener el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación a que alude el
Decreto 610 de 1998, solicitada con fundamento en la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004 según sentencia del Consejo de Estado del 14 de
diciembre de 2011, por el tiempo comprendido entre el 1.° de enero de 2000
y el 31 de marzo de 2002, en su calidad de procurador judicial II con
funciones ante Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Allí se ordenó a la PGN: «[…] reconocer y pagar a la demandante Alba Luz
Garcés Arcila , […] la diferencia salarial de lo efectivamente devengado por
su esposo como Procurador Judicial II 70% de lo que por concepto recibieron
los Magistrados De Las Altas Cortes, desde 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2000 y una suma equivalente al 80% de lo que por todo concepto
recibieron los Magistrados de las Altas Cortes, por el lapso comprendido
entre el 1° de enero de 2001 y 31 de marzo de 2002, esto de conformidad
con el decreto 610 de 1998».
• A través de providencia de 14 de octubre de 201739, el Juzgado Décimo
Administrativo Oral de Medellín aprobó la conciliación que se llevó a
cabo entre la señora Alba Luz Garcés Ardila y la Procuraduría General de la
Nación, correspondiente al cumplimiento de la decisión judicial señalada en
procedencia. Para ello se concilió sobre «la suma de $ 33.071.808, que
corresponde al capital indexado sin reconocimiento de intereses.»
• Por Resolución RDP 025048 del 22 de junio de 201540, se negó la
reliquidación pensional por inclusión de nuevos valores por bonificación por
compensación, solicitada por la señora Alba Luz Garcés Arcila, por cuanto
los valores reportados por la PGN en certificación de 3 de marzo de 2015
eran inferiores a otros reportados con anterioridad.
38 Ibidem.
39 Folios 427 y s.s. Ibidem.
40 Folio 80 y s.s. Ibidem.
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• Mediante la Resolución RDP 038296 del 18 de septiembre de 201541, se
resolvió un recurso de reposición en contra de la Resolución RDP 025048
del 22 de junio de 2015, confirmándola en todas y cada una de sus partes.
• Mediante Resolución RDP 052354 del 10 de diciembre de 201542, la
UGPP se resolvió el recurso de apelación en contra de la Resolución RDP
025048 del 22 de junio de 2015, confirmándola en todas y cada una de sus
partes.
• Mediante la Resolución RDP 003942 del 1.° de febrero de 201643, se negó
la reliquidación pensional solicitada por la señora Garcés Arcila, con base en
inconsistencias en el certificado de factores salariales expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
• A través de la Resolución RDP 007013 del 18 de febrero de 201644, la
UGPP negó la reliquidación pensional con base en los siguientes
razonamientos:
«[…] Que obra certificado de factores salariales dentro del plenario expedida (sic) por
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN del día 9 de septiembre del 2015
donde se indica los periodos comprendidos entre el 1 de abril de 2001 y el 30 de marzo
de 2002, los salarios mensuales y las prestaciones sociales anuales que a continuación
se relacionan, incluyendo los valores de la resolución 1075 del 22 de diciembre de 2014,
por concepto de la Bonificación por Compensación a favor de la señora Alba Luz Garcés
Arcila.
Que una vez revisado y analizado el factor salarial de Bonificación de Compensación,
para esta subdirección de determinación Pensional no es claro y no se tiene certeza
frente a qué periodo fue pagado por la entidad nominadora; ahora bien para que se
proceda a una reliquidación de la pensión de sobreviviente y que se tenga en cuenta el
factor de Compensación, es necesario que se allegue un nuevo certificado de factores
salariales donde se determine claramente el pago real que recibió la peticionaria
incluyendo el reajuste conforme se realizó en la resolución No 1075 del 22 de diciembre
del 2014.
Ahora bien adundado (sic) el certificado de factores salariales expedido el día 09 de
septiembre del 2015 se evidencia una inconsistencia que frente al pago que se realizó
para el mes de Diciembre del 2001 toda vez y como se evidencia se realizó un pago de
$21´613,721 y que el causante venia devengado un pago mensual para este año por
este factor de bonificación por un valor de $ 2, 667,185, más adelante se evidencia que
en el Artículo Tercero del Decreto 4040 de 2004 se dispone que, en el mes de Octubre
de 2.005 se paga la suma de $ 55.909.498 por concepto de Diferencia Bonificación
Judicial de la siguiente forma: i) $ 22.671.903 por el año 2000; ii) $ 26.002.021 por el
año 2001 y iii) $ 7.235.574 por los meses trabajados en el año 2002; por último el
certificado indica que por prestaciones sociales bonificación por compensación para el
año 2001 por un valor de $ 1,351,902 y año 2002 por un valor de$ 1415713.
41 Folio 130 y s.s. ibidem.
42 Folios 61 y s.s. del PDF. Ibidem
43 Ibidem. Folios 24 y s.s del PDF
44 Ibidem. Folios 68 y s.s.
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En consecuencia, a lo anterior, es necesario que el (sic) solicitante allegue en su
totalidad los elementos de juicio que permitan tomar de fondo una decisión mediante
acto administrativo, dicha carga probatoria esta única y exclusivamente en cabeza del
peticionario lo anterior al tenor de lo dispuesto en el Artículo 167 del Código General
del Proceso, por remisión del Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, […]». (Sic para toda la cita)
• Por Resolución RDP 016309 del 20 de abril de 201645, se resolvió un
recurso de apelación en contra de la Resolución RDP 007013 del 18 de
febrero de 2016, confirmándola en todas y cada una de sus partes. Se
destaca el razonamiento allí plasmado según el cual si bien era procedente
la reliquidación por los topes pensionales establecidos en la sentencia C-
258 de 2013 no se realizaría dado que arrojaría la misma cifra que se venía
cancelando. (Sic para toda la cita)
«[…]
Que a su vez fue aportado, certificado de fecha 03 de marzo de 2015, expedido por la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en el cual se establece.
() Observación: En diciembre de 2001 por concepto de “Bonificación por Compensación
“ se canceló la suma de $21. 613.721, la cual concluye: 1) $ 2.667.185 de la bonificación
de ese mes y, ii) $ 18.946.536 de la bonificación correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1999, es decir, que mensualmente
equivale a $ 2.368.317. ()
Que de conformidad con lo anterior, esta instancia advierte que se han subsanado
las inconsistencias presentadas respecto al valor devengado en diciembre de 2001,
por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN, razón por la cual se
procederá a reliquidar la pensión de vejez post- mortem, teniendo en cuenta para
ello:
45 Folios 72 y s.s.Ibidem
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Que conforme lo anterior, el(a) causante acreditó un total de 8,788 días laborados,
correspondientes a 1,255 semanas.
Que el último cargo desempeñado fue de PROCURADOR 127 JUDICIAL II PENAL en
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Que el(a) causante falleció el 18 de agosto de 2004, según Registro Civil de Defunción.
Que el causante (a) adquirió el status de pensionado (a) el día 17 de octubre de 1997.
Que de conformidad con los lineamientos consignados en el fallo judicial proferido por
el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, es procedente
efectuar la siguiente reliquidación
IBL: 8,817,425 x 75,0% = $6,613,069
SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE,
La pensión aquí reconocida se ajusta de conformidad con las reglas aplicables al valor
mínimo o máximo de la pensión, según corresponda, vigentes para la fecha de
efectividad, es decir para el 01 de abril de 2002, por la cual la suma a reconocer será
de 6,180,000 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE),
Que de conformidad con lo anterior y en vista de que con la aplicación de los topes
pensionales previstos en la Sentencia C-258 del 07 de mayo de 2013, que declaro
(sic) la exequibilidad de la ley 4 de 1992, se ajusta automaticamente (sic) la mesada
pensional a la suma de $ 6.180.000 M/CTE, esta instancia advierte que dicho valor es
igual al que se viene pagando en nomina (sic) de pensionados a la beneficiaria
pensional, razón por la cual no es procedente la reliquidacion (sic) pensional.
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Así las cosas se procedera (sic) a confirmar en todas y cada una de sus partes el acto
administrativo apelado, por las razones expuestas en le presente acto administrativo,
quedando agotada la via gubernativa.
Son disposiciones aplicables: Ley 4 de 1992, Fallo judicial proferido por el TRIBUNAL
SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Constitución Política de
Colombia, Sentencia C 258 del 07 de mayo de 2013».
88. Finalmente es de anotar, que, según da cuenta el expediente administrativo,
con posterioridad a la demandante se le negó otra solicitud de reliquidación de la
sustitución pensional con la inclusión de la bonificación por compensación, a través
de las Resoluciones 35085 del 28 de agosto de 2018 y 042144 de 23 de octubre
de 201846, de esta última se destaca lo siguiente:
«[…]
Que sea lo primero indicar al recurrente que mediante la resolución No. RDP 016309
del 20 de abril de 2016 se efectuó el estudio de la reliquidación prestacional con la
inclusión de la bonificación por compensación arrojando para tal efecto una mesada
pensional por valor de $6.613.069 que en aplicación de los topes pensionales previstos
en la Sentencia C258 del 07 de mayo de 2013, que declaro la exequibilidad de la ley 4
de 1992 ajusto la mesada pensional a la suma de $ 6.180.000 M/CTE para el 01 de
abril de 2002.
Que es preciso indicar que aun en el evento de que se considerara la documentación
aportada con la petición que nos ocupa como nuevos elementos de juicio cabe anotar
que sobre los mismos ha operado el fenómeno de la prescripción trienal en virtud con
lo dispuesto en el Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969, reglamentario del decreto
3135 del 26 de diciembre de 1968, que en su artículo 102 prescribe:
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el decreto 3135 de 1968
y en este decreto, prescriben en tres (3) años contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.
De acuerdo a (sic) lo anterior, se reconocerá la pensión de vejez, efectiva a partir del
01 de octubre de 2010, pero con efectos fiscales a partir del 24 de octubre de 2014 por
prescripción trienal, teniendo en cuenta que la solicitud inicial fue radicada el 24 de
octubre de 2017.
Que conforme a las disposiciones anteriores de efectuarse una nueva reliquidación esta
tendría efectos fiscales por prescripción con posterioridad a la sentencia C 258 de 2013,
razón por la que no se generan diferencias a favor de la recurrente, pues es con
posterioridad a esta sentencia que ha venido ajustada la mesada pensional con el tope
legal máximo establecido.
Ahora, si bien es cierta la bonificación por compensación a la que hace referencia
modifica los valores devengados durante el último año del causante, para la fecha de
46 Folios 586 y s.s. Ibidem
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efectividad de la prestación la mesada pensional se verá ajustada a los topes
pensionales previstos en la Sentencia C258 del 07 de mayo de 2013.
Con base en las disposiciones normativas, se puede observar que el régimen aplicable
al señor ECHEVERRI GÓMEZ PEDRO THELMO no está exceptuado del límite de 25
salarios mínimos legales vigentes y por tal motivo se procedió a aplicarlo
evidenciándose que la resolución No. RDP 016309 del 20 de abril de 2016 se encuentra
ajustada a derecho.
Que de conformidad con lo expuesto y una vez realizado el estudio pertinente, se
procede a confirmar la resolución recurrida».
3.3.3. Análisis de la Sala.
89. Los documentos relacionados en el acápite precedente dan cuenta de las
siguientes situaciones particulares de este caso:
90. En primer lugar, es evidente que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
el causante contaba con más de 54 años de edad. Además, ingresó a la Rama
Judicial antes de la entrada en vigor de la norma y laboró por un periodo inicial,
comprendido entre el 1.° de octubre de 1966 y el 22 de enero de 1967, por 3 meses
y 21 días; luego en la Fiscalía General de la Nación, por 3 años, 7 meses y 29 días
y, finalmente en la Procuraduría General de la Nación por 7 años y 5 meses. Con
esto se tiene que laboró 11 años, 2 meses y 20 días en la Rama Judicial y el
Ministerio Público y en total, más de 24 años de servicios.
91. Como se indicó en el acápite anterior, el causante era beneficiario del régimen
de transición por edad para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
además acreditó más de 20 años de servicios.
92. El primer reconocimiento pensional quedó plasmado en la Resolución 029731
del 9 de diciembre de 199847 que se efectuó a la luz del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, atendiendo al tiempo laborado hasta el 30 de junio de 1998 y
para la liquidación se estableció una tasa de reemplazo del 75% del promedio de
lo devengado en 4 años y 29 días, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es decir, desde el 1.° de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 1998. Se incluyó
en la liquidación la asignación básica, la prima técnica, los gastos de
representación, bonificación por servicios prestados, prima de nivelación y prima
especial de servicios.
93. Para ese momento, 9 de diciembre de 1998, el causante no alcanzaba los 10
años de servicios en la Rama Judicial y el Ministerio Público, como lo exige el
47 Índice 96 de la primera instancia. Carpeta One drive. Archivo
«21MemorialUGPPAntecedentesAdministrativos.pdf.» ff. 339 y s.s. del PDF.
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Decreto 546 de 1971, sino apenas 8 años y 28 días. Sin embargo, continuó
laborando en la Procuraduría General de la Nación donde completó 11 años, 2
meses y 20 días de labor con lo que se completaron los tiempos de servicios que
exige la aplicación del régimen establecido en el Decreto 546 de 1971.
94. Igualmente ya se indicó que, mediante las sentencias dictadas en un proceso
ordinario laboral por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín de 31 de
marzo de 2004 y del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín de 31 de
mayo de 2004, se ordenó reliquidar al demandante la pensión del causante en una
cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que el
corresponda en el último año de servicios aplicando en su integridad el artículo 6.°
del Decreto 546 de 1971. Lo anterior fue objeto de cumplimiento por parte de
CAJANAL a través de la Resolución 1167 del 13 de febrero de 200648. Allí se ordenó
incluir, además, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de
navidad y la prima de vacaciones.
95. Por tanto, desde el año 2006, en virtud de las citadas órdenes judiciales y la
Resolución de cumplimiento 1167 de 13 de febrero de 2006, se ha venido aplicando
a la pensión del causante y con ello a la sustitución pensional la anterior
interpretación del régimen de empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público cobijados por las pautas del Decreto 546 de 1971.
96. Así mismo se advierte que la pensión fue reliquidada con inclusión de la
bonificación por compensación, como se advierte en la Resolución 26639 del 26 de
noviembre de 200149, donde se incluyó el periodo 1999- 2001 y en la Resolución
25808 de 17 de septiembre de 2002, donde se tuvo en cuenta además el año 2002.
97. Por tanto, en este caso se centra el debate sobre aquellos mayores valores que
fueron reconocidos por la Procuraduría General de la Nación frente al factor salarial
bonificación por compensación, en virtud de lo ordenado por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Medellín el 25 de agosto de 2014 dentro del proceso
050013333010 2013 00931 00, asunto en el que se arribó a conciliación entre las
partes y que fue aprobada por ese mismo despacho judicial.
98. Finalmente se destaca que en las Resoluciones cuestionadas RDP 007013 del
18 de febrero de 201650 se negó la reliquidación, en la primera de ellas, por
inconsistencias en la certificación allegada frente a los valores pagados por la PGN
por concepto de bonificación por compensación y en la segunda, porque de incluir
48 Folios 118 y s.s. Ibidem.
49 Folios 306 y s.s. Ibidem.
50 Ibidem. Folios 68 y s.s.
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el citado valor se superaría el tope pensional establecido en la sentencia SU 258
de 2013.
99. Ahora bien, en virtud de lo señalado por la sentencia SUJ-S2-021-20 de 11 de
junio de 2020, la pensión del causante debió liquidarse con inclusión de la
bonificación por compensación, providencia judicial en la que se analizó la
naturaleza jurídica de los factores adicionales a los señalados en el Decreto 1158
de 1994.
100. En este sentido, es evidente que le asiste razón a la parte actora frente a la
solicitud de inclusión de la bonificación por compensación dado que sufrió un
incremento en los términos y porcentajes establecidos por la ley (80%), como lo
ordenó el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín, esos mayores
valores deben ser incluidos en la liquidación pensional, además, porque sobre los
mismos se realizaron aportes pensionales, de acuerdo con certificación de 9 de
septiembre de 201551 :
«[…]
[…]».
51 Folio 218 ibidem
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101. Significa lo anterior, que es procedente la inclusión de los mayores valores
reconocidos en la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014 por concepto de
bonificación por compensación establecida en el artículo 1.° del Decreto 610 de
1998, en virtud de la naturaleza misma con que fue creada por el legislador donde
se señaló que debía ser computada para efectos del reconocimiento pensional.
102. En este sentido corresponde a la Sala revocar la sentencia de 29 de junio de
2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia52, Sala Sexta de
Oralidad, negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar ordenar la
reliquidación de pensión de sobrevivientes que viene percibiendo la señora Alba
Luz Garcés Arcila, como cónyuge supérstite del señor Pedro Thelmo Echeverry
Gómez.
103.Esto es con inclusión de los valores reportados por la PGN correspondientes a
bonificación por compensación por los años 2000 a 2002, toda vez que el único
argumento de la entidad para no incluirla fue que el certificado de aportes no los
había individualizado, argumento a todas luces ilegal, que no puede emplearse para
desconocer el régimen aplicable en el reconocimiento de las pensiones de
jubilación.
104. Llama la atención a la Sala la ligereza del análisis probatorio y con ello, del
caso, por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia que, sin percatarse de los
contornos fácticos, decidió el fondo del asunto a la luz del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
proferida por la Sala Plena dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-
00143-01.
105. Así mismo, pese a que es procedente la inclusión de los mayores valores
reconocidos en la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014 por concepto de
bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, para dar
cumplimiento de esta decisión la Procuraduría General de la Nación, entidad
vinculada a este proceso, deberá expedir certificación en la que se indique los
mayores valores pagados en virtud de la Resolución 1075 de 22 de diciembre de
2014, estableciendo detalladamente mes a mes, la diferencia frente a los que se
venían pagando con anterioridad.
3.3.4. Órdenes que se imparten frente al reajuste ordenado.
52 Con ponencia de la magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya.
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106. Como ya se vio le asiste razón a la parte demandante comoquiera que la
liquidación de la pensión que devengaba el señor Echeverry Gómez debe
reajustarse con base en lo señalado por el Decreto 546 de 1971, con inclusión de
los mayores valores que le fueron reconocidos por concepto de bonificación por
compensación en virtud de la orden impartida por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín y la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014
de la PGN.
107. En este sentido se declarará la nulidad de las Resoluciones RDP 007013 del
18 de febrero de 2016 y RDP 016309 del 20 de abril de 2016 por medio de las
cuales la UGPP, le negó la reliquidación de la sustitución pensional a la señora
Garcés Arcila, en su condición de cónyuge supérstite del señor Pedro Thelmo
Echeverry Gómez.
109. En consecuencia, la UGPP, reliquidará y pagará la pensión de jubilación del
señor Echeverry Gómez, (q.e.p.d) hoy sustituida a la señora Alba Luz Garcés Arcila,
con la inclusión de la los mayores valores que le fueron reconocidos por concepto
de bonificación por compensación en virtud de la orden impartida por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y la Resolución 1075 de 22
de diciembre de 2014 de la PGN.
110. Para tales efectos, la Procuraduría General de la Nación, entidad vinculada a
este proceso, deberá expedir certificación en la que se indique los mayores valores
pagados en virtud de la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014,
estableciendo detalladamente mes a mes, la diferencia frente a los que se venían
pagando con anterioridad. (Término quince días a partir de la ejecutoria de esta
decisión).
111. Ahora bien, dado que la pensión percibida por el señor Ramírez Montoya le
fue sustituida a la señora Alba Luz Garcés Arcila desde el 1.° de noviembre de
2004 se advierte que desde ese momento aquella contaba con legitimidad para
solicitar la reliquidación dado que era la beneficiaria de las mesadas que se
causaran a partir de esa fecha.
112. Por ende, como la solicitud de reajuste pensional fue elevada por la
demandante el 14 de octubre de 2015, se advierte que ocurrió el fenómeno de
la prescripción frente a las diferencias en las mesadas causadas con
anterioridad al 14 de octubre de 2012.
113. Finalmente es de señalar que el valor resultante de las sumas debe ser
reajustado mes a mes, con base en el Índice de Precios al Consumidor que expide
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el DANE, de acuerdo con la fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
3.4. Segundo interrogante. ¿Le asiste razón a la demandante frente a su
pretensión de que se aplique la limitación correspondiente a los 25 salarios
mínimos mensuales legales desde el 1° de julio de 2013 y no antes?
114. Una vez establecido el régimen aplicable a la pensión de jubilación del
causante, es menester recordar que el tope de las mesadas pensionales en el
ordenamiento jurídico colombiano es una limitación impuesta en beneficio de la
igualdad, sostenibilidad financiera, el interés mayoritario y la distribución equitativa
de los recursos limitados del Sistema de Seguridad Social, razón por la cual la mera
la existencia de regímenes especiales no implica que las mesadas pensionales
adquiridas bajo estos sean ilimitadas53, en desmedro de las personas menos
favorecidas económicamente y del alcance de la cobertura del Sistema. En esa
medida, en el ordenamiento jurídico colombiano se han dispuesto diferentes topes
a esta prestación.
115. Según el marco normativo analizado por la Corte, en la sentencia en cita,
desde la Ley 4ª de 1976, «por la cual se dictan normas sobre materia pensional de
los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones»
se determinó en el artículo 2.º54 el tope de 22 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
116. Posteriormente, la Ley 71 de 1988, «por la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones», en su artículo 2.º55 dispuso un límite de
15 smlmv. Luego, por medio de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en el parágrafo 3.º 56
del artículo 18, se impuso que la cuantía máxima sería de 20 smlmv para el ingreso
base de liquidación de los afiliados al régimen de prima media.
53 Sentencia C-089 de 1997.
54 « Artículo segundo. Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán ser inferiores al salario
mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces éste mismo salario. »
55 « Artículo 2º. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15)
veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
Parágrafo. El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de
la presente Ley. »
56 « PARÁGRAFO 3o. Cuando el Gobierno Nacional límite la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos,
el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá ser superior a
dicho valor. ».
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117. En desarrollo de la anterior disposición se profirió el Decreto 314 de 1994,
«Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de
Pensiones» que en su artículo 2.º57 estableció el tope de 20 smlmv.
118. Con posterioridad, la Ley 797 de 200358, modificó, entre otras disposiciones,
el artículo 18 de la Ley 100 y estableció en el inciso 4.º del artículo 5.º el límite de
25 smlmv.
119. Luego, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, «Por el cual se adicionó el
artículo 48 de la Constitución Política», se reiteró en el parágrafo 1.º del artículo 1º
el tope pensional de 25 smlmv.
120. Finalmente es de indicar que a través de la sentencia T- 079 de 201959, la
Corte analizó un caso de reliquidación pensional con base en el régimen del
Decreto 546 de 1971, donde estimó que el reconocimiento de derechos
pensionales sin limitación alguna, implica establecer un sistema de privilegios a un
grupo que se encuentra en una posición favorable respecto de las condiciones
actuales de la mayoría de la sociedad, que quebranta los principios estructurales
del sistema (solidaridad, equidad y eficiencia). En dicho pronunciamiento la Corte
estimó que los topes pensionales también son aplicables al citado régimen.
121. Finalmente es de destacar que en numerosas sentencias de la Sección
Segunda de esta Corporación se ha considerado que las pensiones reconocidas
en aplicación del Decreto 546 de 1971 son pasibles de la aplicación de los topes
pensionales tal como ocurrió en sentencias de 3 de marzo de 2022, dentro del
proceso radicado 25000 2342 000 2016 05964 01 (3034-2021) y de 18 de octubre
de 2022 dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2014-03720-01 (1966-
2016)60.
3.4.1. Caso concreto.
122. En acápite precedente se dejó claro que el causante tuvo un primer
reconocimiento pensional plasmado en la Resolución 029731 del 9 de diciembre
de 199861 se efectuó a la luz del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y
57 « Artículo 2º Monto de las pensiones en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. En
desarrollo del parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de
invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con prestación Definida,
no podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. »
58 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»
59 Con ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido.
60 Ambas de la Subsección A, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
61 Índice 96 de la primera instancia. Carpeta One drive. Archivo
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posteriormente continuó laborando en la Procuraduría General de la Nación donde
completó 11 años, 2 meses y 20 días de labor con lo que se completaron los
tiempos de servicios que exige la aplicación del régimen establecido en el Decreto
546 de 1971.
123. Como consecuencia de lo anterior, a través de la Resolución 1167 del 13 de
febrero de 200662 CAJANAL le reconoció la pensión en cuantía equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada que el corresponda en el último año de
servicios aplicando en su integridad el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971. Lo
anterior fue objeto de dar cumplimiento a las sentencias dictadas por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Medellín de 31 de marzo de 2004 y del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Medellín de 31 de mayo de 2004.
124. Ahora, es evidente que, pese a que el reconocimiento de la pensión del
causante se sujetó con posterioridad al Decreto 546 de 1971, norma que no
establecía límite para el pago de las pensiones de los funcionarios de la Rama
Judicial y el Ministerio Público, se tiene que con la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 se extendió la sujeción de mesadas pensionales, incluso de regímenes
especiales, a los topes fijados por el régimen general.
125. Este límite para el caso corresponde al tope pensional de 20 SMLMV,
dispuesto por el Decreto 314 de 1994, norma que se encontraba vigente al
momento de la adquisición del estatus (1997), aplicable inclusive respecto de las
pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición.
126. Esto en virtud de lo previsto en el marco normativo analizado en precedencia
y que remite a la aplicación del artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto
Legislativo 01 de 2005, la Ley 100 de 1993 y específicamente para el caso, el
Decreto 314 de 1994.
127. En este sentido, como se advierte, la limitación ordenada por el Decreto 314
de 1994 es pasible de ser aplicada al caso, inclusive con anterioridad a 2013,
situación que se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de sostenibilidad
financiera, solidaridad, igualdad y universalidad que deben regir el sistema de
seguridad social, de acuerdo con la reforma contenida en el Acto Legislativo 01 de
2005. Sin embargo, en caso de que la entidad actualmente esté aplicando en este
caso la limitación correspondiente a 25 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, ésta se mantendrá a efectos de no disminuir la mesada pensional de la
«21MemorialUGPPAntecedentesAdministrativos.pdf.» ff. 339 y s.s. del PDF.
62 Folios 118 y s.s. Ibidem.
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demandante, quien además es apelante única.
3.5. Condena en costas.
128. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
129. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
130. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
131. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
132. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de junio de 2023, por medio la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, negó las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora Alba Luz Garcés Arcila en
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Demandante: Alba Luz Garcés Arcila
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, por las razones expresadas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 007013 del 18 de
febrero de 2016 y RDP 016309 del 20 de abril de 2016 por medio de las cuales la
UGPP le negó la reliquidación de la sustitución pensional a la señora Alba Luz
Garcés Arcila, en su condición de cónyuge supérstite del señor Pedro Thelmo
Echeverry Gómez, de conformidad con las razones expuestas.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- a reajustar la pensión
de jubilación que en vida devengaba el señor Pedro Thelmo Echeverry Gómez, hoy
sustituida a la señora Alba Luz Garcés Arcila, con inclusión de los mayores valores
que le fueron reconocidos por concepto de bonificación por compensación en virtud
de la orden impartida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014 de la PGN.
Para ello, la Procuraduría General de la Nación, entidad vinculada a este proceso,
deberá expedir certificación en la que se indique los mayores valores pagados en
virtud de la Resolución 1075 de 22 de diciembre de 2014, estableciendo
detalladamente mes a mes, la diferencia frente a los que se venían pagando con
anterioridad. (Término quince días a partir de la ejecutoria de esta decisión)
CUARTO.- CONDENAR a la UGPP a pagar a favor de la señora Alba Luz Garcés
Arcila, el valor de las diferencias originadas sobre las mesadas pensionales
causadas desde el 14 de octubre de 2012 y hasta el momento en que sea incluida
en nómina de pensionados. Lo anterior atendiendo a los topes legales de acuerdo
con lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.
Las sumas adeudadas por este concepto deberán ser actualizadas utilizando la
siguiente fórmula:
R= Rh x índice final
índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que corresponde al valor de cada mesada adeudada, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en
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que debió realizarse cada pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula
se aplicará separadamente, respecto de cada obligación, teniendo en cuenta que
el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
QUINTO.- La entidad demandada deberá aplicar a la pensión de la demandante los
correspondientes reajustes anuales conforme al IPC, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. La entidad dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.
SÉPTIMO.- SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda instaurada por la
señora Alba Luz Garcés Arcila en contra de la UGPP, de acuerdo con lo señalado
en precedencia.
OCTAVO.- Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
NOVENO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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