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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05971-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05971-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto reconoció la existencia de la relación laboral subordinada y declaró la nulidad del acto acusado. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO» de la parte resolutiva de la sentencia de once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025), que quedarán así: TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a reconocer y pagar a favor de la señora Mireya Mancipe Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía núm. 41.589.162 expedida en Bogotá D.C., los emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente legal y que devenga un empleado de planta de la entidad, teniendo como parámetro de liquidación el valor de las asignaciones previstas para un instructor de planta del SENA, ello desde el 25 de enero de 2011 y hasta el 15 de diciembre de 2012, salvo interrupciones. 21 Número Interno: 3342-2025 Demandante: Mireya Mancipe Alvarado Demandado: SENA Para tal efecto, la condenada deberá verificar los factores de capacitación y experiencia y, liquidar dichas acreencias conforme a su hoja de vida y la estructura de la respectiva planta de empleos. TERCERO. Sin condena en costas, en ambas instancias. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05971-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2016-05971-01 (3342-2025)1
Demandante : Mireya Mancipe Alvarado
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)2
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
de 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca3, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda4

1.1.1 Pretensiones

1. La señora Mireya Mancipe Alvarado, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del Oficio núm. 2-2016-
017568 del 5 de mayo de 2016, mediante el cual se negó el reconocimiento de existencia
de una relación de trabajo y el pago de los correspondientes emolumentos.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que entre las partes

1
Expediente híbrido.
2
En adelante SENA.
3
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
4
Folios 1-22.

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

existió una relación laboral entre el 4 de diciembre de 2003 y el 15 de diciembre de 2012,
y se condene al demandado al pago de prestaciones sociales y diferencias salariales
respecto de los instructores de planta, indemnización moratoria por la falta de pago de
las cesantías, y devolución de lo sufragado por concepto de retención en la fuente, pólizas
de cumplimiento, y aportes a seguridad social.

3. En subsidio de lo anterior, requirió el pago de mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por los daños y perjuicios ocasionados.

1.1.2 Hechos y omisiones

4. La señora Mireya Mancipe Alvarado prestó servicios como instructor del SENA, en el
periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2003 y el 15 de diciembre de 2012,
vinculada mediante contratos de prestación de servicios de orden sucesivo.

5. Dice que los contratos celebrados fueron sucesivos, habituales y sin interrupción, y las
funciones confiadas estaban encaminadas al desarrollo directo de la misión de la entidad,
cumplía el horario impuesto por la institución y no contaba con autonomía en el desarrollo
de sus funciones. Dijo que, aunque «[…] formalmente se estableció una fecha de terminación de
los contratos u órdenes de servicios, […] continuaba prestando sus servicios al SENA, bajo los mismos
parámetros y condiciones; debía atender alumnos y el proceso de aprendizaje en las mismas condiciones
contratadas, hasta tanto se iniciara el nuevo contrato»

6. Expone que, presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de la
existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales adeudadas, que
fue negada a través del acto acusado.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones:

• Constitución Política: artículos 1º, 2º, 13, 25, 53, 58, 113, 123, 189 y 336.
• Legales: Código Civil (art. 8), Ley 153 de 1887 (art. 80), Ley 80 de 1993 (art. 32),
Ley 115 de 1994 (arts. 1 y 2), Ley 119 de 1994, Ley 489 de 1998 (arts. 54, 70, 81,
98 y 138) y Decretos 2400 de 1968 y 3135 de 1968 (art. 5).

8. Sostuvo que el SENA acostumbra a celebrar contratos de prestación de servicios con

2

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

personas naturales, durante periodos prolongados e ininterrumpidos, con la finalidad de
desarrollar actividades propias de su objeto social y en idénticas condiciones a sus
empleados de planta, pese a que existe expresa prohibición sobre la materia.

9. Argumentó que las labores prestadas fueron subordinadas, pues cumplió sus
funciones en las instalaciones y con insumos y elementos suministrados por el SENA,
cumplió la jornada laboral impuesta por la entidad, atendió órdenes y directrices para el
desarrollo de las funciones encomendadas, asistió a reuniones convocadas por el
empleador y rindió informes sobre sus actividades.

1.2 Contestación de la demanda5

10. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que
la relación con la demandante se derivó de contratos de prestación de servicios
profesionales, no se configuró una relación de carácter laboral como esta lo pretende, y
«los instructores Sena tienen plena autonomía en la ejecución de sus objetos contractuales al momento de
impartir información».

11. Afirmó que el acuerdo de voluntades recae en las partes suscriptoras de los contratos
de prestación de servicio, de tal manera que la demandante conocía de antemano las
obligaciones a las cuales se sometía para cumplir la finalidad del objeto contractual,
regulado por el Estatuto General de Contratación y no por el Código Sustantivo del
Trabajo.

12. Señaló que en esta oportunidad no confluyen los elementos esenciales de toda
relación laboral, habida cuenta de la interrupción entre los contratos y de la necesaria
coordinación que debe existir para efectuar las labores contratadas. Además, aseguró
que el contratista establecía el horario en el cual desarrollaba sus actividades, en virtud
de su autonomía en la ejecución contractual.

1.3 La sentencia de primera instancia6

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 11 de marzo de
2025, accedió parcialmente a las negó las pretensiones de la demanda, en el sentido de:
(i) declarar la nulidad del acto acusado; (ii) declarar «[…] PARCIALMENTE PROBADA LA

5
Folios 377-405.
6
Samai del tribunal de origen, índice 79.

3

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO, respecto a las prestaciones sociales a
que tenía derecho la señora Mireya Mancipe Alvarado con anterioridad al 19 de agosto de 2010, excepto
en lo relacionado con los aportes a pensión»; (iii) condenar al SENA a «[…] a reconocer y pagar a
favor de la señora Mireya Mancipe Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía núm. 41.589.162
expedida en Bogotá D.C., los emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente legal y que
devenga un empleado de planta que desempeñe el cargo de Instructor, teniendo como parámetro de
liquidación el valor de los honorarios mensuales pactados entre las partes en cada uno de los contratos,
ello desde el 25 de enero de 2011 y hasta el 15 de diciembre de 2012, salvo interrupciones»; (iv)

condenar al SENA a «[…] a realizar los aportes a pensión a favor de la señora Mireya Mancipe
Alvarado, ya identificada, en el porcentaje que le correspondía en condición de empleador con base en el
valor pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios» ; y (v) negar las demás

pretensiones y abstenerse de condenar en costas a la parte vencida.

14. Lo anterior, al considerar que «[…] la demandante desarrolló sus obligaciones contractuales
como Instructora ya que impartían formación diferentes programas del Centro de Gestión de Mercados,
Logística y Tecnologías de la Información y de forma específica del área de inglés, labor que es inherente
al servicio que presta la entidad accionada, toda vez que en los términos del artículo 2º de la Ley 119 de
1994, la misión del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es cumplir la función que corresponde al Estado
de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, “(…) ofreciendo y ejecutando
la formación integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (…)”».

15. Advirtió que, «[…] la señora Mireya Mancipe Alvarado realizó actividades de carácter habitual que
corresponden a las funciones y objeto social del Servicio de Aprendizaje -SENA-, que se desarrollan de
manera subordinada por consiguiente, es claro que en el presente caso efectivamente existió una relación
de carácter laboral que fue simulada tras un contrato de prestación de servicio».

16. No obstante, frente a la sanción moratoria por el no pago de cesantías adujo que «[…]
solo a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, se determina la existencia de una verdadera
vinculación de tipo laboral y en consecuencia se hacen exigibles los derechos laborales y prestacionales
para la demandante», razón por la cual, no es viable acceder a dicha pretensión.

17. Finalmente, advirtió que no procedía la condena en costas, «[…] en razón a que no se
encuentran probadas».

1.4 Los recursos de apelación

1.4.1. SENA7

7
Samai del tribunal de origen, índice 74.

4

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

18. Inconforme con la decisión de primera instancia, el SENA interpuso recurso de
apelación contra la decisión adoptada en primera instancia, al estimar que «[…] las pruebas
decretadas, practicadas y que hacen parte del plenario no acreditan los elementos constitutivos de una
relación laboral, no está demostrada la subordinación alegada, así como tampoco se evidencia prueba
alguna de la vocación de permanencia del demandante con la entidad, sino por el contrario, está
demostrado los elementos característicos de una relación contractual de carácter estatal, mediante contrato
de prestación de servicio».

19. Señaló que la demandante «[…] contaba con plena autonomía para desarrollar sus actividades
tanto así, que contrario a lo manifestado por el despacho; los testigos y el interrogatorio de parte,
permitieron entrever la coordinación de actividades del (Sic) aquí demandante mientras ejecutaba el objeto
contractual, pues obsérvese que a lo largo de los testimonios e interrogatorio, se logró corroborar que lo
que manifiesta el despacho como horario laboral, corresponden a horas de formación y turnos que debía
desempeñar para para cumplir el objeto contractual», y refirió que, «[…] la contratación realizada a la
señora Mireya Mancipe Alvarado, se realiza por el especial conocimiento que tiene sobre la formación que
dictaba en el área de bilingüismo, caso en el cual el SENA se encontraba autorizado para contratar, cuando
se trata de conocimiento especializados», porque «[…] no había personal de planta que dictar la
formación que dictaba la demandante».

20. Adujo que, los objetos de los contratos de 2011 y 2012 son distintos a los anteriores
«[…] lo que conllevaría a pesar que no existe prueba en el expediente que pueda dar fe de que no se
trataba de un contrato de prestación de servicios suscrito por la especialidad del programa y los
conocimientos de la demandante y que dur[ó] un tiempo prudencial, como fue menos de dos (2) años».

21. Advirtió que «[…] el hecho de indicar que existían ordenes o llamados de atención, no constituía
una acción de subordinación, pues lo mal llamado [ó]rdenes o llamados de atención obedecía a acciones
necesarias para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios, situación propia de la Coordinación
de Actividades».

1.4.2. Mireya Mancipe Alvarado8.

22. Presentó recurso de apelación parcial contra el fallo de primera instancia, únicamente,
en cuanto el tribunal negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago
de cesantías y se abstuvo de condenar en costas al SENA.

23. Sobre el primer aspecto, adujo que, la sanción moratoria es plenamente procedente,
de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y, en cuanto a la condena en costas,

8
Samai del tribunal de origen, índice 86.

5

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

aseveró que «[…] la condena en costas implica una valoración objetiva valorativa que excluye como
criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes», toda vez que, «[…] el artículo 188 del
CPACA, regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia
el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que
se ventile un interés público».

1.5 Trámite de segunda instancia

24. Con auto de 12 de diciembre de 20259, el consejero ponente admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y,
al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.

25. Las partes no se pronunciaron sobre los recursos de apelación interpuestos y el
Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

26. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.

2.2. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala establecer si entre la demandante y el SENA se configuró una
relación laboral subordinada y si, en consecuencia, tiene derecho el pago de las
prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció
vinculada como instructora, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
formalidades, o si, por el contrario, los contratos de prestación de servicios que celebró
con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron
los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una
relación laboral.

9
Samai, índice 5.

6

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

28. De encontrar probada la existencia de la relación de trabajo subordinada,
corresponde a la Sala pronunciarse sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por
la falta de pago de las cesantías y la condena en costas en ambas instancias.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial. Configuración de relaciones de trabajo
subordinadas con el Estado suscitadas en el marco de la ejecución de contratos
administrativos de prestación de servicios - Principio de primacía de realidad sobre
las formalidades: efectos y prerrogativas.

29. El tema de derecho que ocupa el particular refiere a la interpretación de las
condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, el artículo 53 de
la Constitución Política, y la jurisprudencia en vigor en casos en los cuales se suplica la
aplicación del principio de realidad característico de las relaciones laborales
subordinadas.

30. Sea lo primero advertir que, la tipología de contratación estatal de prestación de
servicios personales se encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993,
forma jurídica de vinculación de personas naturales con la administración que está
dirigida a «[…] desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas actividades no

puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados», «no generan relación

laboral ni prestaciones sociales», y porque «[…] se celebrarán por el término estrictamente
indispensable».

31. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154 de
1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características del
contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo. En esa
oportunidad sostuvo que, «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos
reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos
como por la naturaleza y objeto de los mismos»; y concluyó que «el elemento de subordinación o
dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya
que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto
en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente
sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un
trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la
fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de

7

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

servicios independiente».

32. Posteriormente, ese Alto Tribunal10 determinó los criterios que permiten establecer o
diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…] la administración
no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter
permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva
planta de personal», momento en el que, a propósito del esclarecimiento del criterio de

permanencia, indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para determinarla,
los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de funciones que se refieren
al ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública” [artículo 121
de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas son las mismas
que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen
los tres elementos de la relación laboral”; [iii] al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones
contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de
trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”; [iv] al criterio de
excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a “actividades nuevas” y éstas no pueden ser
desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que,
de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”;
y [v] al criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación
de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras,
para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral».

33. En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha proferido sendas sentencias de
unificación jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-1611 de 25 de agosto de 2016, en la
cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres
elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración
y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende
por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia».

34. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-025-CE-S2-202112 de 9 de septiembre de 2021, en la que identificó algunos criterios
para desentrañar el suceso o no de subordinación en el ámbito de las contrataciones
estatales, tales como lugar de trabajo, horario de labores, dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, y la comprobada identidad funcional con empleados de la

10 Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25

de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021

de 9 de septiembre de 2021; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

planta de personal, y señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del
contrato estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías
propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución y a la
ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las condiciones socioeconómicas mínimas
para la supervivencia digna de los trabajadores».

35. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de necesidad
temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo subordinadas a
través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual estableció que, conforme
lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos últimos deben ser
celebrados por el «término estrictamente indispensable», concepto que alude al lapso «señalado
en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene
que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia».

36. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las entidades
públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir relaciones
laborales subordinadas, pues de ser así surgen, en forma inmediata, los derechos para
el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y prerrogativas propios
de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en los cuales se trata de
atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto misional del ente
contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas permanentes, necesarias e
indispensables para la consecución de sus fines.

37. Luego entonces, para efectos de demostrar la relación laboral subordinada entre dos
sujetos, se requiere que la parte interesada demuestre los elementos esenciales de la
misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de manera personal, es decir, por
sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una remuneración o pago; y, además, que
en la relación con el empleador exista continua subordinación o dependencia,
situación entendida como aquella facultad para exigir al prestador del servicio el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación resulta ser el de
mayor relevancia, toda vez que marca la diferencia entre el contrato de prestación de
servicios y una relación laboral.

9

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Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

2.4. Medios de prueba

38. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, en atención al material probatorio traído al plenario, por lo que se destaca:

a. Copia de los contratos de prestación de servicios celebrados junto con las
adiciones realizadas13.
b. Certificación emitida por el SENA 13 de mayo de 2021, respecto de los contratos
celebrados, los extremos temporales, funciones y objetos acordados y pagos
realizados14.
c. Reportes de pagos realizados y certificados de ingresos y retenciones de la
demandante15.
d. Pólizas de cumplimiento16.
e. Comprobantes de egreso17.
f. Documentos que corroboran los aportes efectuados a seguridad social 18.
g. Comunicaciones enviadas por la accionante en cumplimiento de sus funciones19.
h. Requerimiento vía correo electrónico acerca del cumplimiento del horario 20.
i. Requerimiento vía correo electrónico, sobre toma física de inventarios 21.
j. Requerimiento vía correo electrónico, sobre exámenes de salud ocupacional 22.
k. Reporte sobre registro de horas laboradas en el aplicativo «sofia»23.
l. Requerimiento vía correo electrónico sobre «[…] firmar horarios de 2011 y 2012»24.
m. Planillas de horarios25.
n. Testimonios de Luz Marina Guevara Hernández y Édgar José Obando Moncayo26.
o. Interrogatorio de parte de la demandante27.

2.5 Caso concreto

13
Expediente físico, Anexo 1; pp- 1-118.
14
Ib. 119-144.
15
Ib. 196-294
16
Folios 91-99.
17
Folios 100-120.
18
Folios 221-235.
19
Folios 236-290.
20
Folios 291-292.
21
Folios 293-298.
22
Folios 299-302.
23
Folios 303-306.
24
Folios 307-308.
25
Folios 309-332.
26
Folios 584-588.
27
Folios 584-588.

10

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

39. La demandante pretende obtener la declaración de existencia de una relación de
trabajo subordinada con la Administración, con ocasión de los servicios que prestó al
SENA entre el 4 de diciembre de 2003 y el 15 de diciembre de 2012, bajo la modalidad
de contratación administrativa de prestación de servicios. Como consecuencia de lo
anterior, persigue el reconocimiento de prestaciones sociales ordinarias y especiales a
que tienen derecho los instructores de esa Entidad, y el reconocimiento de una sanción
moratoria por la falta de pago de las cesantías.

40. Por su parte, el SENA asegura que la modalidad contractual utilizada se encuentra
conforme a derecho, y nunca se generó el vínculo laboral que alega la parte actora.

41. Planteado el objeto y alcance del litigio, y a partir de las pruebas recaudadas en el
expediente, procede la Sala a efectuar el análisis crítico que corresponde, para lo cual,
empieza por señalar que, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda y la
respuesta a los mismos dada por el SENA, no existe controversia alguna en cuanto a la
prestación personal del servicio por parte de la señora Mancipe Alvarado y la
contraprestación que recibía por esa actividad.

42. En efecto, una vez revisado el expediente tanto como el folio contractual de la actora28,
se tiene que obran los contratos celebrados y certificación sobre la existencia, extremos
temporales y términos de esas relaciones29, y también fueron aportados constancias de
los pagos efectuados a la demandante30, medios de prueba de los cuales es posible
concluir la prestación personal y remuneración del servicio, durante los lapsos y por
los valores que siguen:

Inicio Finalización Días
Días hábiles
calendario
transcurridos
Año Contrato Valor transcurridos
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) entre
entre
contratos
contratos
418 4/12/2003 20/12/2003 $ 1.300.000 n/a n/a
Sin interrupción
2003
588 30/12/2003 30/07/2004 $ 15.950.000 10 mayor a 30 días
hábiles
324 28/09/2004 26/12/2004 $ 7.250.000 60 41
2004
701 27/12/2004 30/03/2005 $ 6.176.000 1 Sin interrupción
2005 77 23/04/2005 30/12/2005 $ 6.948.000 24 mayor a 30 días
50 30/01/2006 30/06/2006 $ 9.780.000 31 hábiles
2006
274 31/08/2006 10/01/2007 $ 4.075.000 62 39
Sin interrupción
631 18/01/2007 17/03/2007 $ 3.031.800 8 mayor a 30 días
2007
hábiles
54 26/04/2007 27/07/2007 $ 4.076.625 40 25

28
Expediente físico, Anexo 1, pp. 1-118.
29
Ib. pp. 119-144.
30
Ib. pp. 196-294.

11

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

321 15/08/2007 16/10/2007 $ 6.161.400 19
593 23/10/2007 26/01/2008 $ 3.645.495 7 Sin interrupción
119 31/01/2008 28/07/2008 $ 12.039.900 5 mayor a 30 días
2008 460 31/07/2008 8/10/2008 $ 3.953.400 3 hábiles
665 11/10/2008 30/12/2008 $ 5.570.700 3
2009 196 2/02/2009 1/12/2009 $ 29.557.000 34 21
2010 37 20/01/2010 19/08/2010 $ 15.496.250 50 31
140 25/01/2011 21/07/2011 $ 18.000.000 159 105
2011
1067 21/07/2011 16/12/2011 $ 15.000.000 0 Sin interrupción
3 17/01/2012 15/07/2012 $ 14.609.100 32 mayor a 30 días
2012
1006 16/07/2012 15/12/2012 $ 15.449.400 1 hábiles

43. Así entonces, resulta cierto que la señora Mireya Mancipe Alvarado estuvo vinculada
al SENA a través de contratos de prestación de servicios ejecutados entre el 4 de
diciembre de 2003 y el 15 de diciembre de 2012, en mérito de los cuales, según las
pruebas aportadas al proceso fungió como «instructor»31, y recibió unos honorarios de
forma mensual, en contraprestación por los servicios prestados, conforme a la suma
acordada en cada contrato.

44. Establecido lo anterior, se encamina la Subsección al estudio del elemento de
continua subordinación o dependencia, para lo cual empieza por señalar que, según
el texto de cada contrato, estos tenían por objeto lo siguiente:

Año Contrato Objeto

418 Prestación de servicios personales impartiendo horas de formación profesional Integral en
2003
588 las modalidades técnico pedagógica y por competencias laborales.
324 Prestación de servicios personales, impartiendo [...] formación profesional integral de
2004
701 acuerdo con el horario de cada grupo, en el Programa de Bilingüismo Ingles del Centro de
2005 77 Gestión Comercial y Mercadeo.

Prestación de servicios de Formación Profesional Integral, impartiendo Seiscientas horas
50 (600) de formación profesional en el Programa de Bilingüismo en los Bloques Modulares de:
Cursos Cortos de Ingles.
2006

274

631
54 Prestación de servicios de Formación Profesional Integral, impartiendo [...] formación
2007
321 profesional en el Programa de Bilingüismo en los Bloques Modulares de: Ingles
593
119
2008 460
665
Impartir Formación Profesional en el Programa de: Informática Básica y Bilingüismo del
2009 196 Bloque Modular: Aula Abierta Bilingüismo, en el Centro de Gestión de Mercados, Logística
y Tecnologías de la Información

Prestación de servicios de carácter temporal impartiendo [...] en el área de Nuevas
2010 37
Tecnologías en el programa de Ingles.

31
Samai del Tribunal Administrativo de Santander, índice 61, archivo: 001. Folios 1 - 363 Archivo CD, p. 40.

12

Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

140
2011 Prestación de servicios de carácter temporal impartiendo formación en el área de nuevas
1067 tecnologías en el programa de tecnólogo en producción, de medios audiovisuales digitales:
3 tecnólogo en animación 3d; tecnólogo en producción de multimedia; tecnólogo en escritura
2012 para guiones audiovisuales; técnico en operación de cámara y luces de televisión.
1006

45. Revisados cada uno de ellos, se observan obligaciones para el contratista que
permanecieron relativamente uniformes, tales como:

1) Presentar los reportes de notas de los alumnos y demás informes dentro de los plazos
estipulados por el centro para tal efecto. 2) Reintegrar los libros y/o ayudas didácticas
solicitadas en préstamo en la Unidad información dentro de los plazos estipulados y presentar
el paz y salvo correspondiente para el último pago. 3) Preparar, orientar, desarrollar, apoyar
y evaluar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional
para los diferentes grupos poblacionales objeto de Formación Profesional Integral. 4)
Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la
creatividad y la autoevaluación en los alumnos para su mejoramiento continuo. 5) Evaluar el
proceso de aprendizaje, las estrategias pedagógicas, el medio ambiente educativo, el
rendimiento académico de los alumnos y diligenciar oportunamente los formatos
correspondientes. 6) Participar en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área
específica en que se desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con
las exigencias del desarrollo sostenible. 7) Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que
conlleven a la actualización y creación de diseños, planes, programas, procesos y productos
propios de las actividades del centro de formación, acordes con su especialidad y área de
desempeño, y según las necesidades del entorno. 8) Colaborar en el diseño y ejecución de
programas de actualización de instructores del SENA y de otras entidades, en aspectos
pedagógicos y de la especialidad en que imparte Formación Profesional. 9) Participar
activamente en el Plan de Mejoramiento y Actualización de los docentes. 10) Capacitar y
asistir técnica, empresarial y organizativamente a las comunidades, formas asociativas y
empresas en sus proyectos de desarrollo socio empresarial de acuerdo con la especialidad
en que imparte formación profesional. 11) Emitir concepto cuando le sea solicitado, acerca de
los planes y programas presentados por entidades aspirantes a ingresar a la cadena de
formación o a obtener reconocimiento de cursos, o sobre especificaciones técnicas de
maquinaria y equipo, materiales e insumos para la formación profesional integral. Presentar
su concepto y recomendaciones. 12) Participar en la concertación y coordinación
interinstitucional para la ejecución de proyectos de desarrollo y acciones de Formación
Profesional Integral, proyectos de desarrollo sectorial, regional, municipal y veredal. 13)
Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral,
servicios y actividades de Divulgación Tecnológica, programados por el Centro de Formación. 14) Participar en las labores de montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria
utilizados en la Formación Profesional Integral, si es del caso. 15) Coadyuvar en el proceso
de ingreso e inducción de alumnos. 16) Rendir oportunamente los informes (planillas,
reportes, formatos) requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes
de procesos de aprendizaje realizados por alumnos a quienes imparte formación Profesional. 17) Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos de la
institución puestos bajo su cuidado para desarrollar labores propias de su cargo. 18)
Incorporar las tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico
pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad. 19)
Participar en los comités de evaluación, asistir puntualmente a las clases programadas,
colaborar activamente con las disposiciones sobre aseo y orden de los salones de clases y
tener sentido de pertenencia con la Institución. 20) Para Instructores de las Especialidades
de:

Cultura Física, Comunicación para la Comprensión, ética y Transformación del Entorno y
aquellos que se requieran para el desarrollo de programas especiales: participar en el grupo
de Desarrollo Humano y Bienestar Estudiantil para adelantar proyectos y programas
tendientes al desarrollo de las capacidades físicas, psicoafectivas, éticas, morales, sociales y
los valores que requieren los alumnos para avanzar en su proceso formativo. 21) Participar
activamente en las actividades de formación programadas por el centro en el área cultural,
deportiva, recreativa, dirigidas a los alumnos y en los programas de carácter preventivo que
ameriten de su apoyo y asesoría, adicionalmente en actividades de bienestar dirigidas a los
alumnos y funcionarios.32

32
Ibidem.

13

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Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

46. Vistos los extremos de los objetos y funciones de los contratos celebrados, es
oportuno rememorar que, el SENA fue creado por el Decreto ley 118 de 1957 y sus
funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la
industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de
6 de agosto de 1957.

47. Posteriormente, el artículo 2° de la Ley 119 de 199433 señaló que el SENA se ocupa
de «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de
los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país».

48. Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y
capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo
de su actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por la accionante
como instructor son inherentes a su materialización, habida cuenta que no fueron
temporales y están directamente relacionadas con ella.

49. En el mismo sentido, vale recordar que el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena,
contenido en la Resolución 986 de 25 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015),
determinó que el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de los
siguientes propósitos y funciones:

II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con
los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.

33
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones».

14

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5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con le
[sic] Manual de Evaluación vigente.

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo 34.

50. Las anteriores atribuciones guardan similitud con las ejercidas por la demandante
como instructora, puesto que denotan una dependencia de quien ejerce ese empleo, al
propio tiempo que corroboran que no puede existir coordinación para el desarrollo de una
presunta relación contractual para desempeñar esa labor, toda vez que, se trata de
funciones que atañen a la esencia de la entidad demandada, las cuales desempeñó
durante un período de tiempo mayor a 9 años, sucedido entre 2003 y 2012.

51. Ahora bien, esta Corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los instructores
se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de servicios.

52. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha requerido la comprobación de
todos los elementos que sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación a
efectos de declararla35. En específico, sobre la subordinación ha exigido que obren
«elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas» 36 pues, aunque se haya señalado

que estas hacen parte las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una
relación de sujeción directa frente a la prestación del servicio» , puesto que puede coincidir con el

estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis
del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»37, a fin de establecer la configuración
o no del elemento de la subordinación continuada.

53. En ese sentido, de las funciones asignadas a la señora Mancipe Alvarado que fueron
descritas con antelación, puede deducirse una subordinación entre esta y la entidad
demandada, pues contiene directrices de la forma precisa como debía ejecutarlas.

54. Al respecto, se tiene que la condición de los ámbitos funcionales asignados a la

34
Información consultada en la página electrónica: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-31-000-2012-00241-01(2525-14);
ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-
000-2014-00282-01 (2093-16); iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-00214-
01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-01(5519-
18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

15

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demandante permite ver que no contaba con autonomía técnica, ya que sus labores
responden a la necesidad de ejecución de políticas públicas dirigidos a impartir formación
para el trabajo según los planes, cometidos y objetivos pedagógicos del contratante,
actividades que, como es natural, constituía el marco restringido de acción de su
desempeño, sin que tuviera opción de emprender acciones de manera libre en uso de su
arbitrio, comoquiera que se trata de la garantía de aplicación de las políticas diseñadas y
formuladas por el SENA.

55. Dicha conclusión, es concordante con el dicho de los testigos Luz Marina Guevara
Hernández y Édgar José Obando Moncayo38, quienes coincidieron en advertir que
conocieron a la actora desempeñándose como instructora contratista del SENA,
desempeñando sus funciones en los horarios dispuestos por la entidad y bajo las
directrices de dicha institución.

56. Sobre el particular, llama poderosamente la atención de la Sala la existencia de
horarios impuestos por la entidad, visibles en las planillas recaudadas a folios 309 a 332
del expediente físico, y el requerimiento de cumplimiento efectuado por la Coordinadora
Académica del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
del SENA, vía correo electrónico el 29 de agosto de 2012, entre otros, a la accionante,
en los siguientes términos:

Buenos días:

Atentamente me permito recordarles que la entrada a la primera franja de la mañana es a las
7:00 am y la primera franja de la tarde es a las 12:40 pm.

Esto lo recuerdo porque haciendo seguimiento algunos de ustedes están entrando tarde, y si
ustedes se comprometieron con ese horario es por que lo deben cumplir.

Igualmente les recuerdo que NO se deben hacer concertaciones con los aprendices para que
el ingreso sea más tarde, la entrada es a las 7:00 y no a las 7:30am.

Demos ejemplo y cumplamos con la hora de inicio y finalización de cada franja.

57. Todo lo anterior permite colegir que las conclusiones a las que arribó el Tribunal de
instancia para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes son
comprensivas de la realidad fáctica que evidencia el expediente, pues resalta con
contundencia que las labores ejercidas por la señora Mirella Mancipe Alvarado son
iguales a las desempeñadas por los instructores de planta del Sena.

38
Folios 584-588.

16

Número Interno: 3342-2025
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Demandado: SENA

58. Es decir, pese a realizar tareas que hacen parte de la naturaleza de la entidad como
es la de brindar capacitación y estudio a los aprendices del Sena, se le vinculó mediante
contratos de prestación de servicios de forma relativamente permanente y eludiendo así
el pago de los emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si hubiera sido
vinculada laboralmente.

59. En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
que este requisito también se encuentra desvirtuado, toda vez que en el presente caso
las labores desempeñadas por la demandante sucedieron durante un interregno de
tiempo de algo más de 9 años, con algunas interrupciones, como instructora, están
referidas a las que de manera sucesiva debía adelantar el Sena como propias u
ordinarias.

60. En este orden, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del
servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine, esto
es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la
subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que el ente
demandado utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real
de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso subyace una relación
laboral encubierta, en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los
artículos 13 y 53 superiores, puesto que el accionante atendió funciones inherentes a la
misión del SENA, en iguales condiciones a las de otros instructores de la planta de
personal.

61. Así las cosas, para la Sala se encuentra probado que la prestación de los servicios
profesionales por parte del accionante en el ente demandado contó con el elemento de
continua subordinación y dependencia, lo cual desvirtúa el argumento sostenido por la
parte demandada.

62. Sobre el particular, resulta oportuno señalar que, si bien es cierto el objeto de los
contratos varió a partir de 2011, no es menos cierto que ese cambio no afectó la condición
de instructora que desempeñaba la accionante, ni la sustrajo de las actividades que
comprenden el giro ordinario de negocios o actividades misionales del SENA, y,
precisamente, durante este período fue enviado el correo electrónico de 29 de agosto de
2012, muestra clara de subordinación, al requerir el cumplimiento de los horarios

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Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

impuestos por la institución.

63. En tal virtud, es posible concluir que el cambio en el área de formación no guarda el
efecto, en este caso particular, de desvirtuar la existencia de una relación de trabajo con
la administración, pues, en todo caso, desarrolló las funciones que el artículo 2° de la Ley
119 de 1994 impuso, como margen de competencia, a la entidad demandada.

64. Por tanto, se confirmará la sentencia apelada ya que, se reitera, en el sub lite se
probaron los tres elementos configurativos de un contrato realidad, quedando
demostrado que el SENA evadió las obligaciones laborales respecto de la demandante,
toda vez que ejerció atribuciones propias de un empleador a través de órdenes dirigidas
al desempeño de funciones ínsitas de la entidad, que, además, no fueron temporales.

65. Finalmente, en lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201639, esta Sección estimó:

[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no
regresividad y progresividad [se resalta].

66. Ahora bien, en la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202140 de la Sección
Segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin
de comprobar si se presentó o no solución de continuidad en la relación laboral declarada.
En ese sentido, se reitera que la Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una
«camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los

elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la
ruptura del vínculo que se reputa laboral.

39
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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67. Bajo esa perspectiva, observa la Sala que la accionante prestó sus servicios así:

Inicio Finalización Días
Días hábiles
calendario
transcurridos
Año Contrato Valor transcurridos
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) entre
entre
contratos
contratos
418 4/12/2003 20/12/2003 $ 1.300.000 n/a n/a
Sin interrupción
2003
588 30/12/2003 30/07/2004 $ 15.950.000 10 mayor a 30 días
hábiles
324 28/09/2004 26/12/2004 $ 7.250.000 60 41
2004
701 27/12/2004 30/03/2005 $ 6.176.000 1 Sin interrupción
2005 77 23/04/2005 30/12/2005 $ 6.948.000 24 mayor a 30 días
50 30/01/2006 30/06/2006 $ 9.780.000 31 hábiles
2006
274 31/08/2006 10/01/2007 $ 4.075.000 62 39
Sin interrupción
631 18/01/2007 17/03/2007 $ 3.031.800 8 mayor a 30 días
hábiles
2007
54 26/04/2007 27/07/2007 $ 4.076.625 40 25
321 15/08/2007 16/10/2007 $ 6.161.400 19
593 23/10/2007 26/01/2008 $ 3.645.495 7 Sin interrupción
119 31/01/2008 28/07/2008 $ 12.039.900 5 mayor a 30 días
2008 460 31/07/2008 8/10/2008 $ 3.953.400 3 hábiles
665 11/10/2008 30/12/2008 $ 5.570.700 3
2009 196 2/02/2009 1/12/2009 $ 29.557.000 34 21
2010 37 20/01/2010 19/08/2010 $ 15.496.250 50 31
140 25/01/2011 21/07/2011 $ 18.000.000 159 105
2011
1067 21/07/2011 16/12/2011 $ 15.000.000 0 Sin interrupción
3 17/01/2012 15/07/2012 $ 14.609.100 32 mayor a 30 días
2012
1006 16/07/2012 15/12/2012 $ 15.449.400 1 hábiles

68. De las interrupciones en días hábiles antes reseñadas mayores a 30 días, aquellas
sucedidas entre los contratos 588 de 2003 y 324 de 2004, 50 y 274 de 2006, 196 de 2009
y 37 de 2010; y 37 de 2010 y 140 de 2011 resultan trascendentes para para efectos del
cálculo de la prescripción de derechos, pues tuvieron la virtualidad de romper la
continuidad de la relación de trabajo.

69. En consecuencia, es viable afirmar que, para efectos del cómputo del fenómeno
jurídico de la prescripción, la actora prestó sus servicios durante los siguientes lapsos
discontinuos:

Inicio Finalización
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
4/12/2003 30/07/2004
28/09/2004 30/06/2006
31/08/2006 01/12/2009
20/01/2010 19/08/2010
25/01/2011 15/12/2012

70. Por consiguiente, en el presente caso debieron ser reconocidos los emolumentos
económicos propios de una relación laboral durante el interregno comprendido entre el
25 de enero de 2011 y el 15 de diciembre de 2012, salvo sus interrupciones, toda vez

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Número Interno: 3342-2025
Demandante: Mireya Mancipe Alvarado
Demandado: SENA

que, la reclamación se formuló el 30 de noviembre de 2015, dentro de los tres años
siguientes a la finalización del último vínculo contractual. Así lo hizo el Tribunal de primera
instancia.

71. Por otra parte, la Sala debe destacar que su posición sobre el restablecimiento del
derecho en casos como el que nos ocupa, en los cuales logra establecerse el
encubrimiento de una relación laboral subordinada a través de contratos administrativos
de prestación de servicios, no concuerda de manera completa con la adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues esa autoridad judicial ordenó el
reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente
legal y que devenga un empleado de planta que desempeñe el cargo de Instructor, pero
teniendo como parámetro de liquidación el valor de los honorarios mensuales pactados
entre las partes en cada uno de los contratos.

72. Por lo tanto, la Sala modificará el ordinal «TERCERO» de la sentencia de primera
instancia, para establecer que la base de liquidación de los salarios y prestaciones
reconocer corresponden a la prevista para el cargo de instructor de la planta de personal
del SENA. Para tal efecto, la condenada deberá verificar los factores de capacitación y
experiencia y, liquidar dichas acreencias conforme a su hoja de vida y la estructura de la
respectiva planta de empleos.

73. En cuanto al reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías, la Subsección reitera que, dicha penalidad se basa en un supuesto
fundamental: la existencia de la obligación de pagar dicha prestación.

74. Así las cosas, en asuntos como el que nos ocupan, no resulta posible reconocer la
sanción moratoria requerida en el recurso de apelación, toda vez que, la sentencia
comporta la declaración de existencia de la relación laboral subordinada y, por tanto,
configura la obligación, a futuro, de pagar las cesantías a la accionante.

75. Por último, sin perjuicio que pueda declararse la existencia de la relación laboral y
reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este
sólo hecho no se le puede otorgar la calidad de empleado público.

2.6 Sobre la condena en costas

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76. No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso.

77. Lo anterior, pese a los argumentos expuestos por la parte accionante en el recurso
de apelación, dado que, revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no
evidencia la Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios
intereses, razón por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el mencionado
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas
en esta instancia.

III. DECISIÓN

78. Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, accederá a las pretensiones de la demanda.

79. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de once (11) de marzo de dos mil veinticinco
(2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto reconoció la existencia de la
relación laboral subordinada y declaró la nulidad del acto acusado.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO» de la parte resolutiva de la sentencia de
once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025), que quedarán así:

TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento
del derecho, CONDÉNASE al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a reconocer y
pagar a favor de la señora Mireya Mancipe Alvarado, identificada con cédula de
ciudadanía núm. 41.589.162 expedida en Bogotá D.C., los emolumentos salariales y
prestacionales que cuenten con fuente legal y que devenga un empleado de planta de
la entidad, teniendo como parámetro de liquidación el valor de las asignaciones previstas
para un instructor de planta del SENA, ello desde el 25 de enero de 2011 y hasta el 15
de diciembre de 2012, salvo interrupciones.

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Para tal efecto, la condenada deberá verificar los factores de capacitación y experiencia
y, liquidar dichas acreencias conforme a su hoja de vida y la estructura de la respectiva
planta de empleos.

TERCERO. Sin condena en costas, en ambas instancias.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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