Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05984-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05984-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05984-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05984-02 (4042-2024)
Demandante: Fabio Enrique Araque Vargas
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─
Tema: Reajuste de la asignación de retiro. Inclusión del sueldo básico
de magistrado del Tribunal Superior Militar y bonificación por
compensación en la base de liquidación de la asignación de
retiro. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Fabio Enrique Araque Vargas instauró demanda contra la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares ─CREMIL─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho regulado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Nro. 2135 del 18 de marzo de
2016, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual
de retiro, a partir del 27 de abril de 2016; y la nulidad del Oficio Nro. 211 del 7 de
septiembre de 2016, mediante el cual se negó la reliquidación de la asignación de
retiro, teniendo en cuenta el sueldo básico que percibía como magistrado del
Tribunal Superior Militar, con la inclusión de la «bonificación por gestión judicial» de
que trata el Decreto 610 de 1998.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
a reconocer, liquidar y pagar los valores correspondientes al reajuste de la
asignación mensual de retiro, teniendo en cuenta el sueldo básico que percibía
como magistrado del Tribunal Superior Militar, con la inclusión de la «bonificación
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por gestión judicial» de que trata el Decreto 610 de 1998; y que las sumas
reconocidas se indexen, atendiendo a la variación porcentual del IPC.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que prestó sus servicios a la Fuerza Aérea por un periodo de 22 años, 10 meses
y 29 días; que en su último año de servicio se desempeñó como magistrado del
Tribunal Superior Militar y que, mediante Resolución Nro. 2135 del 18 de marzo de
2016, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció y ordenó el pago de la
asignación mensual de retiro, a partir del 27 de abril de 2016.
5. Que como en la liquidación de la asignación de retiro no se tuvo en cuenta el
sueldo básico que percibía como magistrado del Tribunal Superior Militar, con la
inclusión de la «bonificación por gestión judicial», radicó una petición solicitando el
reajuste de la prestación, la cual se atendió, desfavorablemente, mediante el Oficio
Nro. 211 del 7 de septiembre de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; los artículos 138, 161, 162, 163, 164 y 166 de la Ley 1437 de 2011; el
artículo 77 del Decreto 1211 de 1990; y el Decreto 4433 de 2004.
7. En el concepto de violación manifestó que los actos demandados se expidieron
con infracción de las normas superiores en las que debieron fundarse, porque la
liquidación de la asignación de retiro se hizo con el salario básico del grado de
coronel, desatendiendo el salario básico del cargo que desempeñaba al momento
de su retiro del servicio, es decir, el de magistrado del Tribunal Superior Militar.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda se admitió en auto del 7 de marzo de 20171. La parte demandada
se opuso a las pretensiones por considerar que el reconocimiento de la asignación
de retiro se efectúa conforme con las disposiciones especiales que regulan la
carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares vigentes a la fecha de
reconocimiento de la prestación. Que como el demandante se retiró del servicio, por
solicitud propia, el 26 de abril de 2016, su asignación de retiro se liquidó de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 4433 de 2004 y los valores fueron liquidados de
conformidad con lo regulado en el Decreto 1515 de 2007.
9. Que si el accionante pretendía el reconocimiento prestacional en calidad de
magistrado del Tribunal Superior Militar, debió acogerse a una pensión de jubilación
y no a la asignación de retiro, la cual le corresponde al Ministerio de Defensa
Nacional y no a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Señaló que el
demandante no puede percibir, simultáneamente, ambas prestaciones, por lo que
en el evento que acredite requisitos y se acoja a la pensión de jubilación, deberá
1 Véase a folio 39.
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renunciar a la asignación de retiro2.
10. El 31 de marzo de 2022, en aplicación de lo regulado en el artículo 182A de la
Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión3. El 31 de agosto de 2023 se dictó sentencia
que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del treinta y uno
(31) de agosto de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones, por considerar
que era evidente que la negativa de la entidad demandada a la solicitud de reajuste
de la asignación de retiro tuvo su fundamento en que los miembros de la fuerza
pública obedecen a un régimen especial y, por lo tanto, los reconocimientos de las
asignaciones de retiro deben efectuarse conforme a las disposiciones especiales
que regulan la carrera de oficiales y suboficiales las fuerzas militares vigentes para
la fecha del reconocimiento de la prestación.
12. Que como el demandante se retiró de la actividad militar, por solicitud propia, a
partir del 14 de enero de 2016, su asignación de retiro se reconoció de acuerdo con
lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 4433 de 2004. Que, en
consecuencia, no había duda de que se le reconoció la prestación en su calidad de
militar retirado, aplicando los requisitos y presupuestos establecidos en la normativa
especial, la cual difiere de otros sistemas de pensiones.
13. Señaló que si el accionante deseaba que se le reconociera su prestación en
calidad de magistrado, debió acogerse a una pensión de jubilación y no a la
asignación de retiro en su calidad de militar retirado, la cual le correspondería
reconocer al Ministerio de Defensa Nacional, en razón a que esa es la entidad
encargada del reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro del personal de
oficiales, suboficiales y soldados profesionales que acceden a ese derecho.
14. Que como quedó demostrado que la prestación se consolidó bajo el imperio del
Decreto 4433 de 2004, era claro que no le asistía razón para solicitar el reajuste de
su asignación de retiro con fundamento en disposiciones que no le son aplicables.
15. Que, en consecuencia, no era viable la solicitud tendiente a que se le
reconociera la «bonificación por gestión judicial» en la liquidación de la asignación
de retiro, en razón a que las normas invocadas no hacen parte del régimen especial
que le corresponde como miembro de la fuerza pública, ya que pertenecen a la
legislación que determina el reconocimiento de las prestaciones del personal civil
que labora dentro de la justicia penal militar o de la misma rama judicial.
16. Así, consideró que la decisión que adoptó la entidad demandada resultó
ajustada al ordenamiento jurídico4.
RECURSO DE APELACIÓN
2 Véase a folios 47-51.
3 Véase a folios 125-126.
4 Véase a índice 59 de SAMAI del Tribunal.
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17. El demandante indicó que su asignación de retiro fue calculada con fundamento
en el grado de oficial y no con el sueldo básico devengado que correspondía al
cargo de magistrado del Tribunal Superior Militar. Que la entidad demandada, al
liquidar la asignación de retiro, interpretó que el artículo 13 del Decreto 4433 de
2004 se refería al salario del grado que tenía al momento del retiro, cuando debió
hacerse de acuerdo con el cargo.
18. Que al realizar una interpretación coherente del Decreto 4433 de 2004,
específicamente, en sus artículos 13 y 23 que abordan las partidas computables
para el personal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, respectivamente,
y en concordancia con la Constitución Política, al liquidar la asignación de retiro de
los militares y policías que trabajan ante la justicia penal militar debe considerarse
el sueldo básico que perciben al momento de su retiro, el cual corresponde al cargo
que desempeñan, que no necesariamente coincide con su grado como oficial, en
virtud del principio de primacía de la realidad.
19. Considera que su asignación de retiro debe ajustarse de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo 2, del artículo 66 del Decreto 1212 de 1990, el artículo
23 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012. Que ello
implica considerar el sueldo básico correspondiente al cargo desempeñado en la
justicia penal militar y la inclusión de la bonificación por compensación como un
componente salarial en el ingreso base de cotización pensional.
20. Que, al no considerar el sueldo básico recibido, ni la bonificación por
compensación en el acto administrativo que determina las partidas computables
para la asignación de retiro y que reconoció la prestación, se incurrió en una
actuación arbitraria al desconocer de manera evidente un derecho fundamental,
específicamente, el derecho al debido proceso, con un impacto directo en su
sustento mínimo de vida y en el derecho a la igualdad.
21. Que debe beneficiarse de una asignación de retiro acorde con la normativa del
artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, es decir, recibiendo la asignación
correspondiente al cargo y no al grado5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 20 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados6.
23. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
5 Véase a índice 63 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 3 de SAMAI.
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24. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la asignación de retiro del
actor debió reconocerse con fundamento en el sueldo de actividad correspondiente
al grado de coronel de la Fuerza Aérea, como lo consideraron la entidad y el Tribunal
de primera instancia; o el que devengaba como magistrado del Tribunal Superior
Militar, con la inclusión de la «bonificación por gestión judicial».
Marco normativo y jurisprudencial
Del régimen especial de los miembros de la fuerza pública
25. Para resolver el problema planteado, es relevante precisar que los miembros de
la fuerza pública, por mandato constitucional, cuentan con un régimen prestacional
propio derivado de los artículos 150, numeral 19, literal e y 217 que establecen lo
siguiente:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; […].
[…]
ARTICULO 217. <Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de
2023. El nuevo texto es el siguiente:> La Nación tendrá para su defensa unas
Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aeroespacial. […]».
26. En ese sentido, el legislador expidió la Ley 923 de 2004, por medio de la cual
se señalan las normas, objetivos y criterios necesarios para la fijación del régimen
pensional de los miembros de la fuerza pública, y en el artículo 3 se establecen los
elementos mínimos de la misma:
«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro,
la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de
servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de
asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se
exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro
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se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación
de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50
años para las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados
del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho
al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de
conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo
de servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre
las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza
Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha asignación, el cual
estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no
será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por
ciento (5%). […]».
De la asignación de retiro
27. El actual régimen especial de seguridad social de la fuerza pública se encuentra
contenido en el Decreto 4433 de 2004, norma que, en el artículo 14, prevé que la
asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares debe reconocerse de la siguiente manera:
«Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente
Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la
capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a
que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18)
primeros años de servicio.
14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro
por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables. […]».
28. En cuanto a las partidas computables para la asignación de retiro, la norma
referenciada define que deberán tenerse en cuenta las siguientes:
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«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares.
La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán
según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente
Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha
de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales» (subrayas fuera de texto).
29. Las asignaciones enlistadas corresponden igualmente a aquellas sobre las
cuales el personal de las fuerzas militares debe realizar los aportes con destino a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según lo dispone el artículo 17 de la
disposición en comento.
De la bonificación por compensación
30. El Gobierno nacional, a través del Decreto 610 de 1998, estableció una
bonificación por compensación para los magistrados de Tribunal y otros
funcionarios. En efecto, el artículo 2 dispone:
«Artículo 2°. La Bonificación por Compensación de que trata el artículo
anterior, se aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo
de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito» (subrayas fuera de
texto).
31. Igualmente, se definió que la bonificación solo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los
mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas
cortes.
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32. La anterior disposición fue derogada por el Decreto 2668 de 1998 y, luego, se
expidió el Decreto 4040 de 2004, por el cual se creó la «bonificación por gestión
judicial» para los magistrados de tribunal y otros magistrados. Sin embargo, el
Consejo de Estado, mediante sentencias del 25 de septiembre de 20017 y del 14 de
diciembre de 2011, respectivamente, anuló las normas citadas.
33. En ese sentido, por haberse decretado la nulidad del Decreto 4040 de 2004,
cobró nuevamente vigencia el Decreto 610 de 1998, siendo esta la normativa
aplicable en lo que se refiere a la bonificación por compensación.
Resolución del caso concreto
34. El señor Fabio Enrique Araque Vargas prestó sus servicios a la Fuerza Aérea
por el término de 22 años, 10 meses y 29 días; y, para la fecha en que se efectuó
su retiro, ostentaba el grado de coronel8.
35. Mediante Decreto 4547 del 23 de noviembre de 2009, el Gobierno nacional lo
nombró en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional al
servicio de la justicia penal militar, como magistrado del Tribunal Superior Militar,
por un periodo de 8 años9.
36. Luego, a través del Decreto 000044 del 14 de enero de 2016, el Gobierno
nacional lo retiró del servicio activo, por solicitud propia, a partir de los 3 meses de
alta, es decir, desde el 27 de abril de 201610.
37. Mediante Resolución Nro. 2135 del 18 de marzo de 2019, el director general de
CREMIL le reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro, a partir
del 27 de abril de 2016, en cuantía equivalente al 78% del sueldo básico de actividad
correspondiente a su grado11.
38. Según la hoja de servicios, para la asignación de retiro se computaron las
siguientes partidas:
PARTIDAS COMPUTABLES PENSION O ASIGNACION RETIRO
Descripción Porc. Valor
SUELDO BASICO 00 3,321,432.00
SUBSIDIO FAMILIAR 39.00 1,295,358.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD/SERVICIO 17.00 564,643.00
PRIMA DE ACTIVIDAD MILITARES 49.50 1,644,109.00
PRIMA DE NAVIDAD 00 659,736.00
7,485,278.00
39. Se encuentra probado que al momento en que la entidad demandada realizó el
reconocimiento de la asignación de retiro tuvo en cuenta el sueldo básico
correspondiente al grado de coronel que ostentaba el demandante al momento de
su retiro del servicio activo, lo que significa que interpretó, de manera errónea, lo
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Rad.
395-99.
8 Véase a folio 72.
9 Véase a folio 2.
10 Véase a folio 3.
11 Véase a folios 5-6.
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indicado en el artículo 13 del citado Decreto, porque consideró que la norma hacía
referencia al grado ostentado al momento del retiro, sin que sea apropiado hacer tal
distinción.
40. En efecto, la norma invocada simplemente señala como partida para la
liquidación de la asignación de retiro de los oficiales de las fuerzas militares a la que
denominó «sueldo básico», sin precisar o limitar, de forma alguna, que ese
emolumento corresponde a lo percibido según el grado militar.
41. Ahora, en el caso bajo estudio, es claro que el demandante ostentaba el grado
de coronel al momento de su retiro de la Fuerza Aérea; sin embargo, también lo es
que percibía una remuneración especial, porque se desempeñaba como magistrado
del Tribunal Superior Militar, para quienes el Decreto 4433 de 2004 establece lo
siguiente:
«Artículo 39. Asignación de retiro o pensión en situaciones especiales. La
asignación de retiro o pensión de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo, Soldados Profesionales y Agentes en servicio activo que al momento
del retiro o de la invalidez o muerte, se encuentren destinados en comisión en
el exterior o desempeñando cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, en las
entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas a este o en otras
dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones especiales, se
liquidarán de conformidad con las partidas computables establecidas en el
presente decreto, como si se encontrara destinado en el Comando de Fuerza
respectivo o en la Dirección General de la Policía Nacional» (subrayas fuera de
texto).
42. En los términos descritos, resulta evidente que en la liquidación de la asignación
de retiro de este tipo de personal con remuneraciones especiales deben tenerse en
cuenta las partidas enlistadas en el artículo 13, entre esas, el salario básico
devengado. Además, sobre dichos emolumentos deben realizarse los
correspondientes aportes a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares.
43. Definido lo anterior, para la Sala es claro que la demandada no podía realizar la
liquidación de la asignación de retiro del demandante con fundamento en el sueldo
de su grado militar, porque el salario básico realmente percibido era el
correspondiente al de magistrado del Tribunal Superior Militar.
44. Resulta pertinente señalar que esta Corporación, al resolver un caso similar, en
la sentencia del 29 de junio de 2011, Rad. 2500023-25-000-2008-00670- 01 (0552-
2010), expuso lo siguiente:
«[…] Si bien es cierto, en el presente caso, la demandada al momento de
liquidar la asignación de retiro reconocida a la peticionaria, consideró que el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, hacía referencia al salario del grado que
ostentaba la demandante al momento del retiro, también lo es que no era dable
hacer tal distinción, pues si bien es cierto el juez puede interpretar la ley que
aplica, también lo es que tal interpretación no puede ir en contra del trabajador
y mal podía en sentir de esta Sala, agregar un ingrediente a la norma que no se
encontraba expresamente consignado, como lo era el de establecer que la
preceptiva al hacer relación a sueldo básico se estaba refiriendo al sueldo de
actividad correspondiente a su grado.
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Así las cosas, mal podía la demandada al momento de realizar la liquidación de
la asignación de retiro de la demandante, efectuarla con fundamento en el
sueldo del grado que ostentaba al momento del retiro, pues de conformidad con
el artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, anteriormente transcrito, durante todo
el tiempo que estuvo en servicio activo, la peticionaria devengó la asignación
que le correspondía según el cargo que venía desempeñando ante la Justicia
Penal Militar, motivo por el cual su asignación de retiro debía liquidarse con el
monto real que percibía al momento de su retiro, esto es el sueldo básico que
recibía como Magistrada del Tribunal Penal Militar».
45. Además, esta Sala, al resolver un asunto de reajuste de la asignación de retiro
de un agente de la Policía Nacional que se desempeñó como secretario de fiscalías,
delegado ante el Tribunal Superior Militar, concluyó que:
«[…] resulta censurable que la entidad hubiera agregado un componente que
no estaba expresamente consignado en la ley, como lo era el de entender que
la preceptiva al hacer relación al sueldo básico se estaba refiriendo al sueldo de
actividad correspondiente a su grado. Tal actuación, sin duda, vulnera el
principio de favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la aplicación de
una norma laboral debe atenderse la interpretación más favorable al trabajador
y no a aquella que lesione sus derechos»12.
46. En consideración a lo expuesto, la Sala pone de presente que la entidad
demandada acogió una interpretación ajena a lo expresado en la norma, porque el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 establece el sueldo básico como partida
computable sin ningún tipo de limitación, de modo que la accionada no podía
restringir la disposición y entender que la base de la liquidación corresponde a lo
percibido según el grado militar.
47. Ahora, en referencia a la bonificación por compensación, la Sala advierte que
aquella fue creada en el Decreto 610 de 1998 y es aplicable a los magistrados de
los Tribunales Superiores Militares. En el caso, si bien el demandante perteneció a
la Fuerza Aérea, lo cual lo hace beneficiario del régimen exceptuado que excluye
cualquier otra prestación devengada diferente al salario básico, lo cierto es que él
también ocupó un cargo en la justicia penal militar, haciéndose acreedor de la
bonificación especial, sin que tal situación implique desconocer el principio de
inescindibilidad.
48. La inclusión de dicha bonificación no implica fusionar regímenes pensionales o
tomar beneficios de una u otra disposición, sino de respetar los derechos que
adquirió el demandante dada su situación particular porque, en efecto, al ocupar el
cargo de magistrado del Tribunal Superior Militar, devengó la bonificación por
compensación, teniendo derecho a que ese factor se tenga en cuenta para
determinar su asignación de retiro en los términos del decreto referenciado, según
el cual ese emolumento es un factor salarial para efectos de determinar las
pensiones.
49. Finalmente, es importante precisar que, a diferencia de lo manifestado por la
parte demandada, ella sí es la entidad competente para efectuar el reconocimiento
prestacional, porque el Ministerio de Defensa Nacional lo es cuando se trata del
personal civil, de conformidad con el Decreto 1214 de 1990.
12 Sentencia del 28 de abril de 2022. Rad. 2016-00932-01 (6648-2019).
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05984-02 (4042-2024)
50. En efecto, como el demandante ostentaba el grado de coronel, es claro que
hacía parte del cuerpo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea y, acorde con
el artículo 4 del Decreto 1785 de 1962, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es
la encargada de pagar las asignaciones de retiro y pensiones que, con cargo a ella,
se hayan reconocido o reconozcan, de acuerdo con disposiciones legales, a favor
de los oficiales y suboficiales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea que
hayan adquirido o adquieran el derecho, o a favor de sus beneficiarios legales.
51. Conforme con lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarará la nulidad parcial de la Resolución Nro. 2135 del 18 de marzo
de 2016 y la nulidad del Oficio Nro. 211 del 7 de septiembre de 2016, mediante los
cuales se negó la liquidación de la asignación de retiro teniendo en cuenta el sueldo
básico que percibía como magistrado del Tribunal Superior Militar, así como la
inclusión de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998.
Del restablecimiento del derecho
52. La parte actora solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se condene
a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares a reconocer, liquidar y pagar
los valores correspondientes al reajuste de la asignación mensual de retiro, teniendo
en cuenta el sueldo básico que percibía como magistrado del Tribunal Superior
Militar, con la inclusión de la «bonificación por gestión judicial» de que trata el
Decreto 610 de 1998, por lo que se dará la orden a la demandada para que proceda
de conformidad.
53. Por consiguiente, se ordenará a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas
Militares que cancele las diferencias pensionales a que haya lugar a partir del 27 de
abril de 2016, por no haberse configurado término prescriptivo alguno, ya que este
fenómeno opera en contra del demandante en forma trienal, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se hizo exigible ─acorde con el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004─.
54. Toda vez que el derecho se hizo exigible el 27 de abril de 2016 y la solicitud de
reliquidación se presentó el 23 de agosto de 201613, a partir de dicha fecha tenía
tres años para radicar la demanda, es decir, hasta el 23 de agosto de 2019, y como
lo hizo el 9 de diciembre de 201614, esta fue presentada en término, por lo que
ninguna suma se encuentra afectada por prescripción.
55. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con
la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x Indice final
Indice inicial
56. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que es lo dejado de percibir por el accionante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
13 Véase a folios 8-12.
14 Véase a folio 37.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05984-02 (4042-2024)
consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta
providencia, por el índice vigente en la fecha en que el demandante obtuvo el
estatus pensional.
57. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente
mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.
58. Finalmente, se reconocerá personería al abogado Juan Camilo Sánchez
Carvajal, identificado con la cédula de ciudadanía 1.000.803.188 y la tarjeta
profesional 404.395 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los
intereses de la parte demandante en este proceso15.
De la condena en costas en ambas instancias
59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
62. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandada, por cuanto ante la prosperidad de la apelación del demandante
se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de acceder a las
pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha
resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la
misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
15 Véase a índice 14 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05984-02 (4042-2024)
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de
la cual se negaron las pretensiones. En su lugar, se dispone:
Segundo. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución Nro. 2135 del 18 de
marzo de 2016 y la nulidad del Oficio Nro. 211 del 7 de septiembre de 2016,
mediante los cuales se negó la liquidación de la asignación de retiro, teniendo en
cuenta el sueldo básico que percibía como magistrado del Tribunal Superior Militar,
así como la inclusión de la bonificación por compensación de que trata el Decreto
610 de 1998, a favor del señor Fabio Enrique Araque Vargas.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENA a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares ─CREMIL─ que reliquide la asignación de retiro que percibe el
demandante, teniendo en cuenta el sueldo básico que percibía como magistrado
del Tribunal Superior Militar y con la debida inclusión de la «bonificación por gestión
judicial», para lo cual deberá cancelar las diferencias pensionales a que haya lugar
a partir del 27 de abril de 2016, por no haberse configurado término prescriptivo
alguno.
Cuarto. Las sumas causadas deberán actualizarse de conformidad con el artículo
187 de la Ley 1437 del 2011 y se aplicará la fórmula indicada en la parte motiva de
esta providencia.
Quinto. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. Se dará cumplimiento a la sentencia según lo disponen los artículos 192 y
195 del CPACA y demás concordantes.
Séptimo. RECONÓZCASE personería al abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.000.803.188 y la tarjeta profesional
404.395 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses
de la parte demandante en este proceso.
OCtavo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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