Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00028-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00028-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00028-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
Demandante: Gloria Johanna Cuervo
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Prima especial. Prescripción. Tope al valor de la remuneración.
REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Gloria Johanna Cuervo instauró demanda2 contra la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 5980 del 30 de agosto de 2016, por
medio de la cual la entidad demandada le negó el pago de la prima especial como
componente adicional al salario en un 30% de este último, así como la reliquidación
de sus prestaciones sociales con base en el 100% de lo devengado mensualmente,
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien
existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide
el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 20 a 36.
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esto es, con inclusión del mencionado emolumento descontado de su asignación y
con la bonificación por compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago
actualizado de las diferencias en el cálculo de sus prestaciones sociales,
cotizaciones a seguridad social y demás emolumentos que se puedan ver incididos
desde el 3 de julio de 2012 en adelante, con base en el 100% de su sueldo básico
mensual en el que se incluya el 30% que no se había tenido en cuenta por haberse
reconocido a título de prima especial sin carácter salarial de que trata el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992, al igual que la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998.
4. Que se condene a la parte accionada a reconocer y pagar desde el 3 de julio de
2012 en adelante, el 30% por concepto de asignación básica que se le había
descontado del salario a título de prima especial, y que además se cancele ese
mismo valor como un componente agregado o adicional a la remuneración total, a
fin de que se sigan liquidando sus prestaciones y demás haberes laborales con el
total de su sueldo básico calculado con dicho emolumento y con la bonificación por
compensación.
5. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrada
auxiliar del Consejo de Estado desde el 3 de julio de 2012, al menos hasta la fecha
de presentación de la demanda (11 de enero de 2017). Durante este lapso ha
percibido mensualmente la prima especial y la bonificación por compensación, pero
para el cálculo de sus prestaciones sociales solo se ha tenido en cuenta el “sueldo
básico”, sin incluir dichos emolumentos en la base de liquidación.
7. El 7 de junio de 2016 solicitó la reliquidación de sus haberes salariales y
prestacionales con base en el 100% de su asignación básica, así como el pago de
la diferencia por tales conceptos reajustados con inclusión de la prima especial
como un componente adicional y de la bonificación por compensación. Sin embargo,
la entidad demandada negó lo reclamado mediante el acto administrativo
reprochado al asegurar que en caso de acceder a la petición se excedería el límite
legal de la remuneración mensual, además porque ha operado la prescripción y, en
todo caso, tales conceptos solo son factor salarial para el IBC del Sistema General
de Seguridad Social.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados: los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53, 55 y 58 de la
Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4.ª de 1992; 152, numeral 7.º de la Ley
270 de 1996; y el Decreto 10 de 1993.
9. Expresa que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó sus
prestaciones sociales desde su vinculación como magistrada auxiliar hasta la fecha,
sin incluir como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial que le era
descontado de su remuneración mensual, pese a que esta es una suma que
habitual y periódicamente se recibe como contraprestación al servicio prestado, y
por tanto, constituye factor salarial, lo cual la entidad demandada desconoce al
negar la reclamación, en contravía del precedente jurisprudencial contenido en la
sentencia del 4 de agosto de 2008 (Rad. 25000 2325 000 2005 05159).
10. Manifiesta que, por su parte, el Decreto 610 de 1998 creó la bonificación por
compensación, la cual tiene como finalidad nivelar los sueldos devengados por
varios funcionarios hasta un 80% de lo percibido por los magistrados de las Altas
Cortes; sin embargo, la parte accionada afirmó que no es procedente tenerla en
cuenta como factor salarial porque superaría el monto establecido para ese fin, a
pesar de que la connotación como componente del salario no puede depender del
monto asignado, sino de la consecuencia laboral de recibir de manera habitual y
periódica los emolumentos asignados, los cuales, como lo dice la norma, tienen el
mismo alcance de la prima especial de servicios establecida en la Ley 4.ª de 1992.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 23 de abril de 2019 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada4 planteó
que por expreso mandato del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial de
servicio no tiene carácter salarial, criterio que fue reafirmado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, lo que significa que dicho porcentaje
no constituye factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales,
aunque sí lo es para efectos de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones y en Salud. Destacó que, si bien es incuestionable
que el mencionado emolumento constituye un ingreso mensual, lo cierto es que no
se puede desconocer que son las mismas disposiciones legales las que limitan su
carácter salarial, lo cual también aplica en el mismo sentido para la bonificación por
compensación.
3 Folio 57.
4 Folios 71 a 83.
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12. Propuso como excepciones las de falta de integración del litisconsorcio
necesario, prescripción, ausencia de causa petendi y genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 31 de
octubre de 2019 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
14. Expresó que está demostrado que la demandante labora en la Rama Judicial
desde el 1.º de diciembre de 20156 como magistrada auxiliar del Consejo de Estado,
y que la entidad demandada le liquidó sus prestaciones sociales sin incluir como
factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, ni la bonificación por compensación.
15. Aseguró que, de acuerdo con lo anterior, en principio sería del caso concluir que
la actora tiene derecho al reajuste de sus haberes salariales y prestacionales con
inclusión de los mencionados emolumentos durante los extremos temporales
laborados en un cargo beneficiario de estos.
16. Sin embargo, precisó que teniendo en cuenta que las pretensiones de la
reclamante están dirigidas a obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales
como resultado de computar como factor salarial tales derechos, no resulta
procedente acceder a dichos pedimentos, pues ni la prima especial ni la bonificación
por compensación constituyen factor salarial para efectos prestacionales, tal como
lo ratificó la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 18 de julio de 2018, proferida dentro del proceso radicado bajo el
número 47001233100020110007202 (2107-2015).
RECURSO DE APELACIÓN
17. La parte demandante7 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 proferida por la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado se estableció que, respecto de la prima especial del 30%
(artículo 14 de la Ley 4a de 1992), la situación que se presentó desde la expedición
de la ley fue una interpretación errónea por parte del Gobierno Nacional al haber
considerado que para reconocer este emolumento debía disminuirse en un 30% la
liquidación de las prestaciones sociales devengadas año a año, al estimar que ese
porcentaje hacía parte de la misma asignación básica, lo cual afectó sus ingresos.
5 Folios 126 a 140.
6 Si bien el tribunal de origen indicó esta fecha como el inicio de la vinculación de la demandante, lo cierto es
que esta corresponde según el material probatorio al 3 de julio de 2012.
7 Folios 144 a 146.
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18. Añadió que la negativa del tribunal obedeció a que no reconoce el carácter
salarial de la prima especial de servicios 30% ni de la bonificación por
compensación. Sin embargo, la solicitud expresa de la demanda se refiere a que se
le liquiden las prestaciones sociales con el 100% de lo devengado, con inclusión del
primer haber laboral en mención, que como lo demuestra la referida sentencia,
nunca ha sido efectivamente pagado.
19. Expresó que, mal haría el juez en avalar el error cometido por el Ejecutivo y por
la Rama Judicial, pues donde el legislador no estableció un mandato, no le es dado
hacerlo a otras autoridades para restringir un derecho, por lo que resulta necesario
devolver ese 30% de carácter salarial que se descompletó de su remuneración y,
por tanto, que afectó el pago total de sus prestaciones sociales.
20. En todo caso, aseguró que si se accede a sus pretensiones deberá tenerse en
cuenta que como solo puede recibir hasta un 80% del valor total devengado por los
magistrados de alta corte, el único emolumento que se vería afectado es la
bonificación por compensación que deberá disminuirse hasta alcanzar dicho tope
legal.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 28 de junio de 2021 se admitió el recurso de apelación,8 y el 14 de septiembre
del mismo año se corrió traslado para alegar de conclusión.9
22. La parte demandada10 solicitó que se confirme el fallo apelado al señalar que
no hay lugar al reconocimiento de la prima especial para los magistrados de tribunal
y equivalentes, bajo el entendido de que, tal como lo manifestó el Consejo de Estado
en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, de ordenarse la reliquidación del
salario básico y/o asignación básica de dichos funcionarios en un 30% se
desbordaría el marco legal, en razón a que como se previó en el Decreto 610 de
1998, se estableció para aquellos servidores una nivelación salarial hasta el 80%
de lo percibido por los magistrados de Alta Corte, límite que no puede ser superado.
23. La parte demandante11 solicitó que se revoque la sentencia recurrida y en su
lugar se reconozca el 30% descontado de las prestaciones sociales por el supuesto
pago de la prima especial de servicios (artículo 14 ley 4ª de 1992), y además el
reconocimiento de la bonificación por compensación como factor salarial completo;
con la consecuencia de cancelar los valores dejados de reconocer por la entidad
demandada, ello con base en la misma argumentación de su recurso.
8 Ver índice 12 de SAMAI.
9 Ver índice 20 de SAMAI.
10 Ver índice 22 de SAMAI.
11 Ver índice 27 de SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
24. Deberá resolver la Subsección si la demandante en su calidad de magistrada
auxiliar del Consejo de Estado tiene derecho desde el 3 de julio de 2012 a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica sin
carácter salarial, y a la reliquidación y pago de las diferencias de sus prestaciones
sociales con base en el 100% de su salario, sin descontarle ni sumarle el 30% a su
sueldo básico por concepto del referido emolumento, y sin que se supere el tope de
su remuneración total en un 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
25. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
26. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 201412, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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27. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201913, 11 de julio de 202314, 5 de septiembre de 202315, 5 de
diciembre de 202316, 6 de agosto de 202417 y 18 de diciembre de 202418. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
28. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202419, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».20
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
20 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
Sobre la bonificación por compensación
29. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
30. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
31. En primera instancia se determinó que, como la reclamante había solicitado el
reconocimiento de la prima especial y de la bonificación por compensación como
factores salariales para el cálculo de las prestaciones sociales, debían negarse las
pretensiones, en la medida en que la excepción a dicha naturaleza jurídica fue
prevista legalmente, motivo por el cual no encontraba justificación su cómputo para
fijar el monto de otros emolumentos.
32. Pues bien, contrario a esta consideración, lo cierto es que de la lectura de la
demanda, específicamente del acápite de pretensiones, es claro que la accionante
no busca que se le dé carácter salarial a la prima especial para liquidar sus
prestaciones, sino que se reconozca que el 30% que la entidad demandada le ha
cancelado por ese mismo concepto, realmente lo ha descontado del monto total de
su asignación básica fijada anualmente por el Gobierno Nacional al considerar dicho
haber como un componente integrado al sueldo mensual y no como un agregado a
este mismo, lo que ha afectado la liquidación de sus otros ingresos laborales, pues
la base de cálculo se ha hecho sobre un 70% de la remuneración mensual, mas no
sobre el 100% como lo ha pretendido en vía administrativa y judicial.
33. Por lo mismo, no era procedente negar la demanda bajo estudio con un
argumento que no correspondía a lo que verdaderamente era objeto de litigio, más
aún porque tal como se ha desarrollado jurisprudencialmente según el marco
jurídico aplicable, la entidad accionada ha restado la prima especial de servicios del
100% del salario de los servidores judiciales beneficiarios, aplicando una
interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional a través
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de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, de modo que la
liquidación de la remuneración y las prestaciones se realizó sobre el 70% de la
asignación básica y no sobre el total del valor fijado anualmente.
34. Incluso, tal como la propia entidad accionada lo reconoció en la Resolución 5980
del 30 de agosto de 2016 (decisión demandada),21 la actora ha laborado como
magistrada auxiliar del Consejo de Estado en los siguientes períodos: (i) del 3 de
julio de 2012 al 31 de julio de 2014, (ii) del 6 de agosto de 2014 al 31 de octubre de
2015, y (iii) del 4 de noviembre de 2015, al menos hasta la fecha de expedición del
mencionado acto reprochado; lapsos durante los cuales su remuneración y
prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que le
corresponden, puesto que además se aseguró que la prima especial la calculaba
dividiendo el salario base sobre 130, mas no multiplicándolo por el 30% para
adicionar esa suma, arrojando matemáticamente una reducción del sueldo que
terminaba por ser solo un 70% del valor real y completo determinado para cada año.
35. Lo anterior corrobora que dicho emolumento no fue reconocido ni pagado a la
apelante como un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel,
se desconoció la finalidad del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
36. En consecuencia, contrario a lo sostenido por el tribunal, la accionante sí tiene
derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias en sus ingresos
mensuales, liquidadas sobre el salario básico pagado en su momento sobre un 70%
del fijado por decreto, más el 30% de este que ha sido reconocido a título de prima
especial, así como al de las diferencias por el mayor valor faltante de este propio
emolumento calculado en un 30% del valor total de la remuneración debidamente
fijada.
37. De esta forma, también resultaba procedente la reliquidación de sus
prestaciones sociales, computadas sobre el 100% del salario básico determinado
en la forma anterior, esto es, sin restarle ni sumarle un 30% como se hacía
anteriormente, ya que el haber laboral en litigio no tiene carácter salarial como se
precisó en primera instancia por disposición legal, y, por tanto, este no incide en la
fijación de los demás ingresos salariales y prestacionales, salvo para efectos de
aportes a pensión.
38. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario verificar si en el
presente caso operó o no la prescripción sobre los valores adeudados por estos
conceptos, para lo cual se precisa que, en lo que respecta a dicho fenómeno, esta
corporación ha sostenido de manera pacífica22 que el derecho a la prima especial
21 Folios 2 a 14.
22 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
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9
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993 que reglamentó
primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, el 7 de enero de 1993.
39. A partir de ese instante un interesado podía interrumpir el término extintivo, de
modo que, la actora contaba con 3 años desde esa fecha o la de su vinculación en
un cargo destinatario de dicho emolumento para reclamar lo propio, lo cual,
específicamente en su situación se hacía exigible desde el 3 de julio de 2012 cuando
se vinculó por primera vez como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, fecha
que, en todo caso corresponde al del extremo inicial solicitado en la demanda.
40. Ahora, como la petición fue radicada ante la administración el 7 de junio de
2016,23 y la demanda fue interpuesta el 11 de enero de 2017,24 esto es, con más
de 3 años de posterioridad a las fechas en mención, se concluye que se configuró
este medio exceptivo que debe declararse probado, pues la reclamante consolidó
el derecho a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado
de percibir, así como a la reliquidación de sus prestaciones, 3 años antes de la
reclamación y desde ese día en adelante, concretamente, a partir del 7 de junio de
2013 y solo durante el período en el que haya desempeñado uno de los cargos
titulares del derecho a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
41. Por otra parte, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable25 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199326 son obligatorios, no solo por su
naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.27 En ese contexto, surge
el deber de la entidad de efectuar la respectiva reliquidación con el fin de determinar
el monto de los aportes adeudados, los cuales deberán ser reconocidos de
conformidad con la ley por todo el tiempo de vinculación en el cargo destinatario de
dicha prima desde el 3 de julio de 2012 en adelante.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
23 Ver sello de radicación de la petición que obra a folio 15.
24 Ver sello de radicación de la demanda que obra a folio 20.
25 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
26 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
27 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
42. Igualmente se aclara que dicho fenómeno no operará en lo que se refiere a las
diferencias de cesantías causadas durante ese mismo interregno, tal como se
expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201628, según la cual este
derecho no prescribe mientras la relación laboral se encuentre vigente, como ocurre
en el presente asunto.29
43. En consecuencia, se condenará también a la parte demandada a reliquidar el
pago de las diferencias en las cesantías causadas por la reclamante a partir del 3
de julio de 2012 en adelante mientras ocupe un cargo destinatario de dicha prima,
con base en la orden anterior de reajuste de la asignación básica mensual en su
100%, pero sin incluir la prima especial como componente adicional por no ser factor
salarial para el efecto. A la vez, se deberá cancelar de forma actualizada las
diferencias resultantes por este concepto.
44. Adicionalmente, en atención a que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30%) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante la sentencia del 9 de abril de 2024, en la cual
se declaró la nulidad de tales disposiciones, habrá de estarse a lo resuelto en la
providencia citada, en la que se precisó que la prima especial constituye una adición
al salario.
45. Ahora, frente a la bonificación por compensación, la sala destaca que, tal como
la misma parte actora lo solicitó en su recurso, lo que resulta procedente ante la
decisión de acceder a la pretensión de reconocer la prima especial como
componente adicional al salario y a la reliquidación prestacional con el 100% de la
asignación básica es limitar el pago de la aludida bonificación hasta alcanzar el tope
legal de remuneración que puede percibir un magistrado auxiliar.
46. En conclusión, se revocará parcialmente la sentencia recurrida a fin de declarar
la nulidad del acto demandado. Igualmente se declarará no probada parcialmente
la excepción de ausencia de causa petendi, pero a la vez, se tendrá fundada la
excepción de prescripción respecto de las sumas adeudas con anterioridad al 7 de
junio de 2013, con excepción de las cotizaciones a pensión y la reliquidación de las
cesantías, las cuales deberán ser pagadas por todo el tiempo de servicio
desempeñado en cargos titulares de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª
de 1992.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara
29 Se aclara que, según la demanda y el acto reprochado, la actora seguía activa al servicio de la entidad
demandada en calidad de magistrada auxiliar del Consejo de Estado, al menos para la fecha de presentación
de la demanda (11 de enero de 2017), sin que se haya alegado o demostrado la terminación de su vínculo legal
y reglamentario a la fecha de esta providencia.
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47. En virtud de lo expuesto, a título de restablecimiento del derecho se condenará
a la entidad demandada a: (i) reajustar y pagar el 100% de la asignación básica en
el monto fijado por el Gobierno Nacional anualmente sin descontar el 30% a título
de prima especial, (ii) reajustar y pagar este último emolumento de manera
adicional, pero sin carácter salarial, calculado en un 30% del total del salario básico
reliquidado en la forma anterior, (iii) reliquidar las prestaciones sociales de la
demandante calculadas con base en el 100% de la asignación básica mensual, esto
es, sin restarle ni sumarle un 30% de su valor, y (iv) pagar las diferencias entre lo
cancelado a la actora y lo reajustado conforme a lo expuesto por todos los conceptos
en mención.
48. Estos reajustes y pagos, por efectos de la prescripción trienal, deberán hacerse
para los períodos laborados con posterioridad al 7 de junio de 2013 y en adelante,
pero solo en los que la reclamante haya ocupado, ocupe o llegara a ocupar cargos
contemplados como titulares del derecho a la mencionada prima especial.
49. No obstante, respecto de la reliquidación de las cesantías, esta se efectuará por
todo el tiempo de servicio de la demandante, específicamente desde el 3 de julio de
2012 en adelante, pero solo para los lapsos en los que se haya desempeñado en
plazas beneficiarias de la referida prima especial.
50. Adicionalmente, se ordenará a la parte accionada reajustar y reconocer de
conformidad con la ley, la diferencia por concepto del mayor valor de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la reclamante, utilizando
como ingreso base de cotización el 100% de la remuneración mensual, calculado
sobre el total de la asignación fijada anualmente por el Gobierno Nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70%, más el 30% reconocido a título de prima especial, con inclusión
adicional del valor de este último emolumento debidamente reajustado, ello durante
todo el período laborado por la actora en cargos titulares de este ingreso laboral,
desde el 3 de julio de 2012 en adelante.
51. En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los
valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de las
liquidaciones ordenadas previamente.
52. Las sumas de dinero que resulten de todas las condenas anteriores se
ajustarán al valor presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula
adoptada por el Consejo de Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
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53. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de los haberes objeto
de condena, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que se debió hacer efectivo cada pago. En los casos en
que se trata de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes
por mes.
54. Ahora, en atención a que el último cargo desempeñado por la demandante
antes de presentar la demanda es el de magistrada auxiliar del Consejo de Estado,
en el cual es acreedora de la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998, y tal como lo planteó la misma apelante en su recurso, también se
ordenará a la parte accionada que, al momento de realizar los ajustes salariales y
prestacionales objeto de condena, se tenga en cuenta el tope legal de la
remuneración de la reclamante, particularmente en el entendido de que la aludida
bonificación para magistrados y cargos equivalentes no puede superar en ningún
caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados
de alta corte, debiendo tener en cuenta para tal efecto lo señalado en el Decreto
272 de 2021 artículo 1 parágrafo 2.
55. En lo relacionado con la reliquidación de prestaciones con la bonificación por
compensación como factor salarial, como tal punto no fue materia de apelación, se
confirmará la sentencia recurrida en cuanto a esta negativa.
De la condena en costas en ambas instancias
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. Bajo este contexto, se condenará en costas de ambas instancias a la parte
demandada ya que, ante la revocatoria de la sentencia apelada para acceder a las
pretensiones, se entiende que esta resultó vencida en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el treinta y uno (31)
de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. En su lugar:
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, bajo el radicado: 11001
03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Declarar no probada parcialmente la excepción de “ausencia de causa
petendi” formulada por la entidad demandada.
Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las sumas
adeudas con anterioridad al 7 de junio de 2013, con excepción de las diferencias en
cotizaciones a pensión y la reliquidación de las cesantías.
Quinto. Declarar la nulidad de la Resolución 5980 del 30 de agosto de 2016
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Sexto. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: (i) reajustar y pagar el
100% de la asignación básica de la señora Gloria Johanna Cuervo en el monto
máximo fijado por el Gobierno Nacional anualmente sin descontar el 30% a título de
prima especial, (ii) reajustar y pagar este último emolumento de manera adicional,
pero sin carácter salarial, calculado en un 30% del total del salario básico reliquidado
en la forma anterior, (iii) reliquidar las prestaciones sociales percibidas por la
demandante con base en el 100% de la asignación básica mensual, esto es, sin
restarle ni sumarle un 30% de su valor, y (iv) pagar las diferencias entre lo cancelado
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
a la actora y lo reajustado conforme a lo expuesto por todos los conceptos en
mención.
Estos reajustes y pagos, por efectos de la prescripción trienal, deberán hacerse para
los períodos laborados con posterioridad al 7 de junio de 2013 y en adelante, pero
solo en los que la reclamante haya ocupado, ocupe o llegara a ocupar cargos
contemplados como titulares del derecho a la mencionada prima especial.
No obstante, respecto de la reliquidación de las cesantías, esta se efectuará por
todo el tiempo de servicio de la demandante, específicamente desde el 3 de julio de
2012 en adelante, pero solo para los lapsos en los que se haya desempeñado en
plazas beneficiarias de la referida prima especial.
Adicionalmente, se condena a la parte accionada a reajustar y reconocer de
conformidad con la ley, la diferencia por concepto del mayor valor de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la accionante, utilizando
como ingreso base de cotización el 100% de la remuneración mensual, calculado
sobre el total de la asignación fijada anualmente por el Gobierno Nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70%, más el 30% reconocido a título de prima especial, con inclusión
adicional del valor de este último emolumento debidamente reajustado, ello durante
todo el período laborado por la actora en cargos titulares de este ingreso laboral,
desde el 3 de julio de 2012 en adelante.
En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los
valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de las
liquidaciones ordenadas previamente, bajo la precisión adicional de que al momento
de realizar los ajustes salariales y prestacionales objeto de condena, se tenga en
cuenta el tope legal de la remuneración de la reclamante, particularmente en el
entendido de que la aludida bonificación para magistrados y cargos equivalentes no
puede superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
Séptimo. CONFIRMAR el fallo apelado en cuanto a la negativa de reconocer la
bonificación por compensación como factor salarial para la reliquidación de
prestaciones.
Octavo. Se ordena dar cumplimiento a la presente sentencia en los términos de los
artículos 187, 189 y 192 del CPACA.
Noveno. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00028-02 (1310-2020)
Décimo. Reconocer personería para actuar como apoderada de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la abogada Diana Maritza
Olaya Ríos, portadora de la tarjeta profesional 141.265, en los términos y para los
fines del poder obrante en el índice 39 de SAMAI.
Undécimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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