Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00616-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00616-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00616-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
Demandante: Rosa Antina Suárez de Parra
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial. No es procedente el criterio del trato
salarial desigual como requisito para acceder a esta
prerrogativa. El origen de los recursos con los que se paga la
plaza no es el fundamento esencial para determinar el tipo de
nombramiento. Aplicación de sentencias de unificación del 22 de
enero de 2015, 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
No es viable la condena de intereses moratorios del artículo 141
de la Ley 100 de 1993. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron
las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Rosa Antina Suárez de Parra instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 39934 del 29 de septiembre
de 2015, (ii) RDP 047933 del 18 de noviembre de 2015, y (iii) RDP 052636 del 11
1 Folios 33 a 47.
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de diciembre de 2015; por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento
de la pensión gracia y confirmó tal decisión respectivamente al resolver los recursos
de reposición y apelación.
A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer, la
mencionada prestación en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo
debidamente actualizado de las mesadas adeudadas desde el 27 de agosto de
2014, reajustadas anualmente, y junto con los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 18 de abril de 1949 y estuvo vinculada inicialmente al magisterio del
departamento de Boyacá como docente en los siguientes períodos: (i) del 26 de
abril al 31 de diciembre de 1971, (ii) del 1 de enero al 2 de abril de 1972, (iii) del 28
de mayo al 27 de diciembre de 1972, y (iv) del 1 al 20 de enero de 1973. Finalmente
tuvo una relación legal y reglamentaria en propiedad como maestra del distrito
capital de Bogotá desde el 26 de marzo de 1996 hasta el 27 de agosto de 2014.
Que, el 14 de mayo de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
ante la UGPP, quien negó lo reclamado a través de la Resolución RDP 39934 del
29 de septiembre de 2015, bajo el entendido de que la solicitante detentó una
vinculación nacional antes del 31 de diciembre de 1980, la cual, por ser incompatible,
le impedía acceder al reconocimiento del derecho pretendido.
Que presentó recursos de reposición y en subsidio apelación contra dicha decisión,
los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP 047933 del 18 de
noviembre de 2015 y RDP 052636 del 11 de diciembre de 2015 respectivamente,
ello en el sentido de confirmar el acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Consideró vulnerados los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de
1989.
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Expresó que sus nombramientos en 1971 y 1972 en ningún momento fueron hechos
por el Ministerio de Educación, razón por la cual es errada la posición de la entidad
demanda por el simple hecho de que en el acto administrativo aparezca la rúbrica
del delegado de dicha cartera gubernamental, máxime cuando la fuente de los
recursos con los cuales se cancelaron sus salarios fueron directamente del
departamento, lo que hace que el tiempo de servicio prestado antes del 31 de
diciembre de 1980 sea válido para computarse, pues su vinculación fue
nacionalizada.
Que, al haber acreditado los demás requisitos de edad y honradez en el ejercicio
del cargo, resulta evidente que no existe un fundamento válido para negar el
reconocimiento de la pensión gracia.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 17 de abril de 2020 fue admitida la demanda,2 se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, el reconocimiento de la pensión gracia solicitada es improcedente,
toda vez que la accionante para acreditar el tiempo de servicio en la docencia oficial,
pretende que sean tenidos en cuenta los de vinculación con carácter nacional, pese
a que las leyes que regulan tal prestación junto con la jurisprudencia claramente
excluyen la posibilidad de computar tales períodos para el reconocimiento de la
prestación económica.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia del derecho
reclamado, (ii) prescripción, (iii) buena fe, y (iv) genérica.
El 9 de noviembre de 20224 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se
indicó que no había ánimo conciliatorio y se decretaron las pruebas solicitadas. Por
último, el 9 de agosto de 20245 se corrió traslado para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 27 de
septiembre de 2024 negó las pretensiones. No impuso condena en costas.
Señaló que, desde 1981 (e incluso antes), cuando la educación pública primaria y
secundaria quedó a cargo de la Nación, para sufragar sus costos dicha autoridad
giraba recursos a los FER sobre los que ejercía control: a través de sus delegados
2 Folios 53 a 54.
3 Ver índice 17 de SAMAI - Tribunales.
4 Folios 70 a 71.
5 Folio 76.
6 Folios 79 a 99.
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con un presupuesto independiente del de los entes territoriales, decidiendo sobre la
creación o modificación de plantas de personal y cargos y autorizando la ejecución
presupuestal, razón por la cual los docentes a quienes se les pagó con tal fuente
económica eran nacionales, contrario a los educadores territoriales quienes
dependían exclusivamente de los municipios, departamentos o distritos.
Que el hecho de que los actos administrativos de nombramiento fueran suscritos
por una autoridad territorial no hacía que por esa sola circunstancia el docente
también fuera del mismo orden, más aún en este caso en el que la actora no acreditó
que antes o después del 31 de diciembre de 1980 se le hubieran pagado salarios
como docente con recursos provenientes del departamento y no de la Nación.
Que desde la entrada en vigencia y aplicación del Estatuto Docente (Decreto 2277
de 1979) se estableció la igualdad en materia de salarios y prestaciones de todos
los docentes de primaria y secundaria.
Que, por tal motivo, no son de recibo las interpretaciones relativas a que se tiene
derecho a la pensión gracia así no haya desigualdad, o que los recursos del situado
fiscal no son de la Nación, toda vez que ello genera una tergiversación que permite
el reconocimiento de una pensión gracia indeterminada en el tiempo (infinita), pese
a que desde hace décadas no hay vestigios de esa desigualdad que originó la
prerrogativa, más aún en razón a que la Nación asumió el pago a todos los docentes
de primaria y secundaria del sector público sin ningún tipo de discriminación.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que para resolver
este litigio no se hacía necesario entrar a mirar la fuente de los recursos con los que
se pagaron sus acreencias, pues en los documentos aportados como material
probatorio y solicitados por el despacho, se aprecia sin lugar a duda que durante
todo el tiempo de servicio mantuvo una vinculación de carácter departamental al
inicio y posteriormente distrital, pues la fuente de financiación de sus salarios
provenían en su momento del departamento de Boyacá y luego del distrito capital
de Bogotá, pero nunca de la Nación.
Que los requisitos exigidos para adquirir el derecho reclamado se observan
cumplidos a cabalidad, ya que se vinculó al servicio del magisterio el 26 de abril de
1971, cumplió 50 años de edad el 18 de abril de 1999, laboró durante 20 años como
maestra territorial del sector público, y además desempeñó su trabajo con honradez
y buena conducta a lo largo de su tiempo de labor.
Que, además, la desigualdad corresponde a un motivo o causal por la cual se
consagró la pensión gracia, pues con esta se reconoce el esfuerzo, la capacidad,
7 Ver índice 89 de SAMAI - Tribunales.
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dedicación y conocimiento de los educadores, así como, pretendió compensar los
bajos niveles salariales percibidos por los profesores. Sin embargo, tal concepto de
discriminación no constituye un requisito indispensable a acreditar con el fin de
acceder a dicha prerrogativa, por lo que no es un criterio válido para negar este
derecho.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 30 de mayo de 20258 se admitió el recurso de apelación, y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema que debe resolver la Subsección consiste en determinar si la actora
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular, algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980. Igualmente, tendrá que
determinarse si el origen de los recursos para pagar las plazas ocupadas por la
educadora, o incluso el criterio de la desigualdad salarial entre docentes son válidos
para establecer la procedencia de este derecho.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»9. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.» (Subrayado intencional).
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
11 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
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respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Estima la Sala necesario pronunciarse inicialmente sobre uno de los argumentos
del tribunal de primera instancia respecto del cual la parte recurrente formuló
reparos específicos. A saber, que para poder determinar la procedencia del
reconocimiento de la pensión gracia, debe verificarse en esencia si la solicitante se
encontraba en una situación de desigualdad salarial respecto de los maestros
nacionales, tanto antes como después del 31 de diciembre de 1989 cuando entró
en vigencia la Ley 91 del mismo año.
Para la Sala, tal planteamiento no es compartido ya que, el hecho de asumir que la
acreditación de un trato discriminatorio actual es un criterio obligatorio para acceder
al derecho en litigio, lo que hace finalmente es crear una carga adicional o un
requisito por vía judicial que no había sido previsto legalmente para el efecto.
Si bien la búsqueda de igualar las condiciones remunerativas entre los educadores
oficiales territoriales y los del orden nacional constituyó el fundamento principal de
la exposición de motivos de la Ley 114 de 1913 para otorgar este beneficio (en
principio para los primeros y luego para los nacionalizados), ello nunca fue
consagrado en la misma normativa como una exigencia formal que tuviera que
demostrarse o cumplirse. Es decir, el criterio de la igualdad para los docentes solo
fue la causa que motivó la creación de la dádiva, pero nunca se instituyó como uno
de los fundamentos de hecho indispensables para que esta fuera concedida.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 recordó y precisó
cuáles eran los presupuestos que normativamente, tanto la Ley 114 de 1913 como
la Ley 91 de 1989 fijaron para que un educador estatal pudiera reclamar la pensión
gracia.
Por ello, según lo indicado anteriormente en el acápite del marco normativo
aplicable, y, basándose en la aludida providencia, se concluye que ninguno de los
mencionados postulados exigibles contempló como un elemento necesario para
adquirir la prerrogativa, el demostrar que el peticionario se encuentra en la
actualidad en una situación de desigualdad salarial y prestacional frente a los
maestros nacionales.13
Por tal razón, exigir lo propio como lo afirmó el tribunal de primera instancia se
opondría directamente a las normas que regulan este derecho, así como a las reglas
jurisprudenciales vigentes para resolver esta clase de asuntos.
De otra parte, una de las afirmaciones adicionales del juez de origen para negar las
pretensiones de la demanda, fue que en la actuación no se demostró que la
accionante gozaba de un régimen territorial en materia de salarios, pues con
ninguna prueba se corroboró que los recursos con los que fue pagada la plaza
ocupada por esta antes del 31 de diciembre de 1980 eran los propios del
departamento de Boyacá.
Sin embargo, tal argumento tampoco resulta procedente por desconocer la
mencionada sentencia de unificación, toda vez que, a la luz de los lineamientos
fijados en dicho proveído, la cancelación de las acreencias laborales de los
educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las rentas endógenas de
la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema general de
participaciones.», no implica que los dineros que enmarcan la prestación del servicio
sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen dicha calidad a la
posición ocupada por el educador oficial.
En ese sentido, lo manifestado en el fallo apelado, relacionado con que el
presupuesto que solventa la provisión de los cargos docentes después de 1980
proviene del Sistema General de Participaciones con recursos girados por la
Nación, y que, por tanto, esto determina el carácter nacional del cargo
desempeñado por la accionante, no encuentra respaldo en esta instancia, pues
como se dijo, la fuente de financiación de la educadora no tiene la virtualidad de
afectar o modificar la naturaleza de la plaza, ya que esta última es lo
verdaderamente fundamental para tener en cuenta los tiempos laborados por la
13 Al respecto ver sentencia proferida por esta Subsección el 4 de septiembre de 2024 en el proceso con
radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
reclamante, tal como se indicó en la sentencia de unificación.14
Aclarado lo anterior, el objeto de debate en esta oportunidad se circunscribe a
determinar si la actora cumplió con todos los requisitos para acceder a la
prerrogativa pretendida, especialmente, verificando si demostró una vinculación
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y 20 años de servicio
bajo tales calidades.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la accionante nació el 18 de abril de 1949,15 de modo que
cumplió los 50 años el 18 de abril de 1999.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial:
• (i) Del 27 de abril de 1971 al 2 de abril de 1972, (ii) del 3 de mayo de 1972
al 31 de enero de 1973, (iii) del 1 al 13 de abril de 1973, y (iv) del 26 de
marzo de 1996, al menos hasta el 22 de abril de 201516
Según los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitidos el 9 de abril de 2015 por la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá,17 y el 22 de abril de 2015 por la Secretaría Distrital de Educación de
Bogotá,18 se observa que la actora laboró en los 4 períodos bajo estudio como
docente oficial de dichas entidades territoriales en unas plazas que, se indica, fueron
del orden nacionalizado en los períodos (i), (ii) y (iii), y territorial en el lapso (iv).
Adicionalmente se encuentran los siguientes documentos: (i) el Decreto 321 del 14
de mayo de 197119 por el cual el gobernador del departamento de Boyacá nombró
directamente a la actora en el cargo de docente para el primer tiempo analizado, (ii)
el Decreto 276 del 21 de abril de 197220 con su respectiva acta de posesión, en
14 «[…] Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento
de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones
que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.
[…]»
15 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 2.
16 Fecha de la certificación de información laboral que indica que, para ese momento, la demandante aún seguía
activa (folio 13). Este período se incluye porque respeta el principio de decisión previa de la administración en
la medida en que es un tiempo acumulado antes de la radicación de la petición ocurrida el 14 de mayo de 2015
(ver folio 19), por lo que la entidad demandada tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo.
17 Folios 3 a 4.
18 Folio 13.
19 Folios 5 a 7.
20 Folios 8 a 10.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
virtud del cual el secretario de educación de esa misma entidad hizo lo propio para
el segundo interregno, y (iii) la Resolución 142 del 22 de febrero de 1996 a través
del cual el distrito capital de Bogotá designó en propiedad a la accionante como
educadora para el último período bajo estudio.21
Al respecto, la Sala encuentra a partir de los referidos actos administrativos de
nombramiento que, las decisiones fueron adoptadas sin la intervención directa del
Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la desconcentración
o la delegación, las mencionadas autoridades departamental y distrital en
representación de la Nación efectuaran las vinculaciones en mención, así como
tampoco se verifica que se haya presentado autorización de financiamiento por
parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el respectivo Fondo
Educativo Regional, pues claramente para la época aún no estaba vigente el
proceso de nacionalización.
De hecho, en estos documentos se aprecia que el cargo a ocupar en cada caso
estaba provisto dentro de la planta de personal interna de las dos entidades
territoriales, pagado con recursos propios.
Pues bien, en lo que respecta a los tres primeros interregnos bajo examen, se
advierte que estos iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975
(11 de diciembre de 1975), por lo que las plazas ocupadas solo podían ser
nacionales o territoriales, tal como lo planteó la Corte Constitucional en sentencia
C-084 de 1999, por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989, en la que precisó que:
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)
Igualmente, esta Corporación en diferentes oportunidades22 ha retirado esta
conclusión de la Corte Constitucional, al señalar que los períodos laborados de
21 Folios 14 a 16.
22 Ver sentencia del 30 de enero de 2025 dictada por la Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con
radicado: 05001-23-33-000-2018-00560-01 (4632-2024), CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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manera previa a la Ley 43 de 1975, solo pueden categorizarse en 2 tipos de plazas,
territorial o nacional.
Ahora, pese a que para el primer tiempo de servicio (comprendido entre el 27 de
abril de 1971 y el 2 de abril de 1972), se corrobora que en el decreto de
nombramiento 321 del 14 de mayo del mismo año aparece la firma no solo del
gobernador del departamento de Boyacá, sino también la de la delegada regional
del Ministerio de Educación, tal hecho no implica necesariamente que la plaza
ocupada por la actora en esa fecha haya sido del orden nacional.
Lo anterior porque la intervención de la aludida funcionaria en la expedición del acto
no tuvo ninguna injerencia directa en ejercicio de funciones como empleador o como
aval para la designación, tal como se aprecia de la misma parte motiva de dicha
decisión en la que en todo momento se habla de la creación de unos cargos propios
de la planta de personal de la referida entidad territorial, dentro de los cuales estaba
el de directora de la Concentración “Guanegro” de Puerto Boyacá que ocupó la
demandante por voluntad propia del ente territorial.
Incluso, la naturaleza territorial de esta plaza también se extrae a partir de la
certificación 6354 generada por la Contraloría General de Boyacá,23 en la que
expresamente se señaló que la accionante desempeñó el cargo de profesora rural
y devengó su salario por financiación directa de su empleador, quien, tanto para el
lapso bajo estudio como para los subsiguientes en 1972 y 1973, fue la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá.
En consecuencia, al advertirse que la intervención de la delegada regional del
Ministerio de Educación en nada determinó la decisión de vincular a la actora en
1971, deberá entenderse que, como esta relación legal y reglamentaria tuvo lugar
antes del proceso de nacionalización, y en la medida en que se evidenció que no
era de naturaleza nacional, necesariamente tendrá que asumirse que la misma en
realidad era del orden territorial.
En todo caso, dicha conclusión también se fundamenta en que, si se analiza la
totalidad del acto administrativo de nombramiento, se encuentra que la plaza
ocupada por la actora en nada se ajusta a la definición de docente nacional prevista
en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989, porque claramente la designación no fue
hecha directamente por la referida cartera gubernamental, y tampoco se evidencia
que el departamento de Boyacá hubiese nombrado a la actora en nombre y
representación de la Nación a través de algún tipo de delegación, más aún cuando
el cargo desempeñado no se indica que hubiese sido de la planta de personal del
ministerio ni adscrita a una de sus instituciones educativas del mismo orden, por el
contrario, siempre se afirma que el ente territorial vinculó a la demandante en
ejercicio de su propia y autónoma facultad nominadora.
23 Folio 12.
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Aclarado lo expuesto, es posible confirmar que tanto este como los demás lapsos
de labor oficial de la demandante fueron desarrollados mediante vínculos
territoriales, ya que con base en los decretos de nombramiento y en las
mencionadas certificaciones que resultan inequívocas por convalidar lo expresado
en dichos actos administrativos, en ningún momento se extrae que los cargos
ejercidos por la reclamante hayan sido de aquellos propios de la planta de personal
de la Nación, o que hubiese ingresado al magisterio por intermedio de dichos entes
locales en calidad de representantes de la mencionada cartera en virtud de una
autorización legal, lo que permite concluir que ninguno de los tiempos referidos fue
como docente nacional.
De hecho, también se estima que este tiempo no fue como educadora
nacionalizada, a pesar de que así lo indicó la certificación laboral para los lapsos
antes de 1980, puesto que, por ser anteriores al proceso de nacionalización es que
precisamente en la parte motiva de los decretos de nombramiento nunca se
mencionó que estas plazas se hubiesen creado y ocupado en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, dado que esta norma no estaba vigente.
Estos planteamientos se ajustan entonces a la interpretación que se desarrolló en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual
es territorial la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o
municipio respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto,
tal como se corroboró para los cuatro períodos de servicio estudiados, y como bien
lo indica el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que señala lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora como educadora territorial durante los siguientes lapsos: del
27 de abril de 1971 al 2 de abril de 1972 (11 meses y 6 días), del 3 de mayo de
1972 al 31 de enero de 1973 (8 meses y 28 días), del 1 al 13 de abril de 1973 (13
días), y del 26 de marzo de 1996 al 22 de abril de 2015 (19 años y 27 días),
observa la Sala que, sumando todos períodos analizados previamente, sí satisfizo
el requisito bajo análisis, pues en total acumuló 20 años, 9 meses y 13 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante laboró como tal al servicio del departamento de Boyacá en virtud de
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un nombramiento para ocupar una plaza territorial del 27 de abril de 1971 al 2 de
abril de 1972, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento, por lo
que está colmada la exigencia analizada.
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no acertó
en el fallo apelado al denegar el reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la
parte actora, de manera que deberá revocarse dicha providencia para acceder a las
pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
Análisis de la prescripción
El Consejo de Estado24 ha señalado que la estructuración de la mencionada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 10
de julio de 2014 cuando la reclamante acreditó los 20 años de servicio25, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (18 de abril de 1999), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prestación bajo estudio.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
25 Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
27/04/1971 2/04/1972 0 11 6
3/05/1972 31/01/1973 0 8 28
1/04/1973 13/04/1973 0 0 12
26/03/1996 10/07/2014 18 3 14
TOTAL 18 + 2 = 20 AÑOS 22 + 2 = 24 MESES (2 AÑOS) 60 DÍAS (2 MESES)
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Ahora bien, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución RDP
039934 del 29 de septiembre de 201526, la accionante presentó la petición de
reconocimiento pensional ante la UGPP el 14 de mayo de 2015 y la demanda la
radicó el 16 de febrero de 2017,27 es decir, dentro del término de los 3 primeros
años contados a partir de la fecha del estatus, razón por la cual no se tiene
configurada la excepción de prescripción, y, por tanto, la pensión debe ser efectiva
desde la misma fecha de su estructuración, esto es, a partir del 10 de julio de 2014.
Sobre los intereses moratorios solicitados por la parte activa
Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el reconocimiento de
intereses en caso de mora en el pago de las pensiones de la siguiente forma.
Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo
de 2000 declaró la exequibilidad de esta norma, y a la vez señaló que tal
indemnización se debe cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que se
encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley mencionada.
Por consiguiente, el mandato constitucional del artículo 48 superior atinente a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. El artículo 53 de la
Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de prestación.
De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado28 ha considerado en otros
asuntos que, «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en
los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se
presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago».29
26 Visible de folios 19 a 24.
27 Ver sello de radicación a folio 33.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente: 05001-
23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).
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Bajo aquel contexto, es claro que los intereses moratorios no proceden en relación
con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la prestación, es
decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el
estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que reconoció el derecho, así
como tampoco cuando la prerrogativa se encuentra en discusión.30
Por lo tanto, dado que precisamente lo que será objeto de condena es el
reconocimiento de la pensión que estaba en litigio y su retroactivo, en la medida en
que no se había determinado de manera definitiva el derecho a favor de la
demandante, tampoco resulta procedente ordenar el pago de los intereses
moratorios reclamados por esta, de suerte que se denegará lo propio.
Con fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
se declarará la nulidad de los actos reprochados a fin de ordenar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia reclamada por la parte demandante, en cuantía del 75%
del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la
consolidación del estatus jurídico (10 de julio de 2013 a 9 de julio de 2014), con
efectividad desde el 10 de julio de 2014.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».31
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado:
25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-
00014-01 (1599-2018).
31 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202132 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A estima
que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión apelada, en
consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP33, y observando los
argumentos esbozados por la parte accionada en sus distintas intervenciones, no
se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, por lo que no es
procedente esta condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual se negaron las pretensiones. En su lugar,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 39934 del 29 de
septiembre de 2015, RDP 047933 del 18 de noviembre de 2015, y RDP 052636 del
11 de diciembre de 2015 proferidas por la UGPP.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Rosa Antina Suárez de Parra, en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por esta durante el año anterior a la consolidación
del estatus jurídico (10 de julio de 2013 a 9 de julio de 2014), con efectividad desde
el 10 de julio de 2014.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.
32 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
33 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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19
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00616-01 (1036-2025)
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la parte activa.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas de ambas instancias a la entidad
demandada.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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