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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04029-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 008016 del 1 de marzo de 2017, RDP 020826 del 19 de mayo de 2017, y RDP 027087 del 30 de junio de 2017, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante. 33 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]» Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023) TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, ello respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2013. CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Nury Leyva Quino, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por esta durante el año anterior a la consolidación del estatus jurídico (30 de junio de 2011 al 29 de junio de 2012), con efectividad desde el 30 de junio de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 3 de agosto de 2013, por prescripción trienal de mesadas. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la parte activa. SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. SÉPTIMO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Trujillo Polanía y como apoderada sustituta a la abogada Ana María Londoño, portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04029-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)
Demandante: Nury Leyva Quino
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial. No es procedente el criterio del trato
salarial desigual como requisito para acceder a esta
prerrogativa. El origen de los recursos con los que se paga la
plaza no es el fundamento esencial para determinar el tipo de
nombramiento. Aplicación de sentencias de unificación del 22 de
enero de 2015, 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
No es viable la condena de intereses moratorios del artículo 141
de la Ley 100 de 1993. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de julio de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, por medio de
la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora NURY LEYVA QUINO instauró demanda en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

1 Folios 36 a 37.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 008016 del 1 de marzo de
2017, (ii) RDP 020826 del 19 de mayo de 2017, y (iii) RDP 027087 del 30 de junio
de 2017; por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la demandante y confirmó tal decisión respectivamente al resolver
los recursos de reposición y apelación respectivamente.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas desde el 28 de
junio de 2012, reajustadas anualmente, y junto con los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante nació el 1.º de julio de 1959. Que en su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio del departamento de Caquetá como docente del 7 de febrero
de 1979 al 28 de febrero de 1982. Que luego tuvo una vinculación legal y
reglamentaria en propiedad como maestra del distrito capital de Bogotá desde el 21
de julio de 1995 hasta el 28 de junio de 2012.

Que, el 3 de agosto de 2016, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP. Que la mencionada autoridad negó lo reclamado a través de
la Resolución RDP 008016 del 1 de marzo de 2017, aduciendo que la solicitante
detentó una vinculación nacional antes del 31 de diciembre de 1980, la cual, por ser
incompatible, le impedía acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada.

Que la demandante presentó recursos de reposición y en subsidio apelación contra
dicha decisión, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones RDP 020826
del 19 de mayo de 2017 y RDP 027087 del 30 de junio de 2017 respectivamente,
ello en el sentido de confirmar en todas y cada una de las partes la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se

2 Folios 37 a 38.
3 Folios 38 a 46.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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2

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)

transgredieron los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del
Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que la confusión en que incurrió la UGPP constituyó una falsa motivación que
habilita la anulación de los actos demandados, por cuanto la actora sí reunió la
totalidad de los requisitos de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989, toda vez que su
primera vinculación quedó comprendida dentro del proceso de nacionalización,
pues inició labores al servicio del Magisterio del departamento de Caquetá dentro
del período comprendido entre el 7 de febrero de 1979 y el 28 de febrero de 1982,
bajo una relación legal y reglamentaria de carácter nacionalizada, y posteriormente,
fue nombrada por el distrito capital de Bogotá a partir del 21 de julio de 1995 a través
de un vínculo territorial (distrital).

Que, al haber acreditado los demás requisitos de edad y honradez en el ejercicio
del cargo, resulta evidente que no existe un fundamento válido para negar el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 24 de enero de 2018 fue admitida la demanda,4 razón por la cual se notificó a la
UGPP5, quien allegó memorial de contestación6 en el que manifestó que, revisado
el expediente administrativo de la demandante, esta no acreditó los requisitos
previstos en los artículos 4.° de la Ley 114 de 1913 y 15° de la Ley 91 de 1989, pues
los docentes vinculados a partir del 10 de enero de 1990 se rigen por las normas
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, razón por la cual tales
tiempos no son computables a efectos de consolidar la pensión de gracia, dado que
la reclamante debía ostentar la condición de educadora territorial o nacionalizada,
lo cual no fue advertido en el presente caso.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, (ii) buena fe, (iii) prescripción, y (iv) genérica.

El 21 de febrero de 2020 se celebró audiencia inicial,7 en la cual el tribunal advirtió
que las excepciones propuestas no podían ser consideradas como previas, por
tanto, postergó el estudio de estas al momento de proferir sentencia.
Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio, se declaró la falta de ánimo
conciliatorio, frente a las medidas cautelares se indicó que no se propusieron, en
relación con las pruebas se incorporaron las aportadas, y, finalmente, se prescindió
de la audiencia donde se practicarían las mismas.

4 Folio 52.
5 Folios 54 y 56.
6 Folios 60 a 66.
7 Folios 134 a 138.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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3

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)

Por último, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 181 del CPACA
ordenó a las partes presentar por escrito los alegatos de conclusión dentro de los
10 días siguientes a la fecha de la audiencia.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
dictó sentencia el 10 de julio de 2020 con la que negó las pretensiones de la parte
activa.

Para el efecto señaló que, desde 1980 (o incluso antes), cuando la educación
pública primaria y secundaria quedó a cargo de la Nación, para sufragar sus costos
dicha autoridad giraba recursos a los FER sobre los que ejercía control: a través de
sus delegados con un presupuesto independiente del de los entes territoriales,
decidiendo sobre la creación o modificación de plantas de personal y cargos y
autorizando la ejecución presupuestal, razón por la cual los docentes a quienes se
les pagó con tal fuente económica eran nacionales, contrario a los educadores
territoriales quienes dependían exclusivamente de los municipios, departamentos o
distritos.

Que precisamente en el expediente no hay prueba de que la demandante hubiera
estado en las plantas de personal y cargos docentes creados por los entes
regionales donde laboró, o que hubiera recibido los pagos de salarios y prestaciones
con recursos propios del presupuesto ordinario de aquellas entidades.

Que también debe tenerse en cuenta el hecho de que desde la entrada en vigencia
y aplicación del Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) se estableció la igualdad
en materia de salarios y prestaciones de todos los docentes de primaria y
secundaria. Que en el caso concreto hay prueba de que la actora estaba incluida
en el escalafón docente, por lo que es evidente que esta devengaba idéntica
remuneración a la de los demás maestros del mismo grado.

Que, por tal motivo, no son de recibo las interpretaciones relativas a que se tiene
derecho a la pensión gracia así no haya desigualdad, o que los recursos del situado
fiscal no son de la Nación, toda vez que ello genera una tergiversación que permite
el reconocimiento de una pensión gracia indeterminada en el tiempo (infinita), pese
a que desde hace décadas no hay vestigios de esa desigualdad que originó la
prerrogativa, más aún en razón a que la Nación asumió el pago a todos los docentes
de primaria y secundaria del sector público sin ningún tipo de discriminación.

8 Folios 154 a 171.

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RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandante interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se acceda a sus pretensiones.

Argumentó que, para resolver este litigio no se hacía necesario entrar a mirar la
fuente de los recursos con los que se pagaron las acreencias de la actora, pues en
los documentos aportados como material probatorio y solicitados por el despacho,
se aprecia sin lugar a duda que durante todo el tiempo de servicio aquella mantuvo
una vinculación de carácter departamental al inicio y posteriormente distrital, pues
la fuente de financiación de sus salarios provenían en su momento del
departamento de Caquetá y luego del distrito capital de Bogotá, pero nunca de la
Nación.

Que los requisitos exigidos para adquirir el derecho reclamado se observan
cumplidos a cabalidad, ya que la accionante se vinculó al servicio del magisterio el
7 de febrero de 1979, cumplió 50 años de edad el 1.º de julio de 2009, laboró durante
20 años como maestra territorial del sector público, y además desempeñó su trabajo
con honradez y buena conducta a lo largo de su tiempo de labor.

Que, además, la desigualdad corresponde a un motivo o causal por la cual se
consagró la pensión gracia, pues con esta se reconoce el esfuerzo, la capacidad,
dedicación y conocimiento de los educadores, así como, pretendió compensar los
bajos niveles salariales percibidos por los profesores. Sin embargo, tal concepto de
discriminación no constituye un requisito indispensable a acreditar con el fin de
acceder a dicha prerrogativa, por lo que no es un criterio válido para negar este
derecho.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 8 de septiembre de 2023.10 En dicha
oportunidad se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, luego
de notificar esta decisión, pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a
menos que se presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo.

9 Ver índices 31 y 32 de SAMAI – Tribunales.
10 Ver índice 8 de SAMAI.

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La parte demandada11 intervino para solicitar que se confirme el fallo apelado, para
lo cual únicamente señaló que el análisis realizado en la primera instancia fue
adecuado y se ajustaba al objeto de la controversia.

Posición de Ministerio Público

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980. Igualmente, tendrá que determinarse si el origen de los recursos para pagar
las plazas ocupadas por la educadora, o incluso el criterio de la desigualdad salarial
entre docentes, son válidos para establecer la procedencia de esta prerrogativa.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un

11 Ver índice 15 de SAMAI.

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Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda

Hernández Triana contra la UGPP.

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

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Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Estima la Sala necesario pronunciarse inicialmente sobre uno de los argumentos
del tribunal de primera instancia respecto del cual la parte recurrente formuló
reparos específicos. A saber, que para poder determinar la procedencia del
reconocimiento de la pensión gracia, debe verificarse en esencia si la solicitante se
encontraba en una situación de desigualdad salarial respecto de los maestros
nacionales, tanto antes como después del 31 de diciembre de 1989 cuando entró
en vigencia la Ley 91 del mismo año.

Para la Sala, tal planteamiento no es compartido ya que, el hecho de asumir que la
acreditación de un trato discriminatorio actual es un criterio obligatorio para acceder
al derecho en litigio, lo que hace finalmente es crear una carga adicional o un
requisito por vía judicial que no había sido previsto legalmente para el efecto.

Si bien la búsqueda de igualar las condiciones remunerativas entre los educadores
oficiales territoriales y los del orden nacional constituyó el fundamento principal de
la exposición de motivos de la Ley 114 de 1913 para otorgar este beneficio (en
principio para los primeros y luego para los nacionalizados), ello nunca fue
consagrado en la misma normativa como una exigencia formal que tuviera que
demostrarse o cumplirse. Es decir, el criterio de la igualdad para los docentes solo
fue la causa que motivó la creación de la dádiva, pero nunca se instituyó como uno
de los fundamentos de hecho indispensables para que esta fuera concedida.

Al respecto, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 recordó y precisó
cuáles eran los presupuestos que normativamente, tanto la Ley 114 de 1913 como
la Ley 91 de 1989 fijaron para que un educador estatal pudiera reclamar la pensión
gracia.

Por ello, según lo indicado anteriormente en el acápite del marco normativo
aplicable, y, basándose en la aludida providencia, se concluye que ninguno de los
mencionados postulados exigibles contempló como un elemento necesario para
adquirir la prerrogativa, el demostrar que el peticionario se encuentra en la
actualidad en una situación de desigualdad salarial y prestacional frente a los
maestros nacionales. Por tal razón, exigir lo propio como lo afirmó el tribunal de
primera instancia se opondría directamente a las normas que regulan este derecho,
así como a las reglas jurisprudenciales vigentes para resolver esta clase de asuntos.

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De otra parte, una de las afirmaciones adicionales del juez de origen para negar las
pretensiones de la demanda, fue que en la actuación no se demostró que la
accionante gozaba de un régimen territorial en materia de salarios, pues con
ninguna prueba se corroboró que los recursos con los que fue pagada la plaza
ocupada por esta antes del 31 de diciembre de 1980 eran los propios del
departamento de Caquetá.

Sin embargo, tal argumento tampoco resulta procedente por desconocer la
mencionada sentencia de unificación, toda vez que, a la luz de los lineamientos
fijados en dicho proveído, la cancelación de las acreencias laborales de los
educadores territoriales y nacionalizados con cargo «[…] a las rentas endógenas
de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema
general de participaciones.», no implica que los dineros que enmarcan la
prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen
dicha calidad a la posición ocupada por el educador oficial.

En ese sentido, lo manifestado en el fallo apelado, relacionado con que el
presupuesto que solventa la provisión de los cargos docentes después de 1980
proviene del Sistema General de Participaciones con recursos girados por la
Nación, y que, por tanto, esto determina el carácter nacional del cargo
desempeñado por la accionante, no encuentra respaldo en esta instancia, pues
como se dijo, la fuente de financiación de la educadora no tiene la virtualidad de
afectar o modificar la naturaleza de la plaza, ya que esta última es lo
verdaderamente fundamental para tener en cuenta los tiempos laborados por la
reclamante, tal como se indicó en la sentencia de unificación cuando se aseguró lo
siguiente:

«[…] Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»

Aclarado lo anterior, el objeto de debate en esta oportunidad se circunscribe a
determinar si la actora cumplió con todos los requisitos para acceder a la
prerrogativa pretendida, especialmente, verificando si demostró una vinculación
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y 20 años de servicio
bajo tales calidades.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la

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edad, se observa que la accionante nació el 1.º de julio de 1959,16 de modo que
cumplió los 50 años el 1.º de julio de 2009.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial:

• (i) Del 7 de febrero de 1979 al 28 de febrero de 1982 y (ii) del 21 de julio
de 1995, al menos hasta el 13 de mayo de 201617

Conforme a los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitidos el 11 de mayo de 2016 por la Secretaría de Educación
Departamental del Caquetá,18 y el 13 de mayo de 2016 por la misma dependencia,
pero del distrito de Bogotá,19 efectivamente se tiene demostrado que la demandante
laboró como docente oficial durante los dos períodos bajo estudio mediante unas
vinculaciones que, según dichos documentos, se asegura que fueron nacionalizada
la primera y territorial la segunda.

Ahora, para el primer lapso en comento se destaca que en el expediente reposa el
Decreto 032 del 25 de enero de 1979,20 por medio del cual el intendente del Caquetá
nombró a la accionante en el cargo de maestra de educación primaria de la planta
de personal de la respectiva secretaría de educación, del que tomó posesión desde
el 7 de febrero del mismo año.

De dicho acto se observa que la designación se dio por parte de un “intendente
nacional”. Sobre el punto, la reiterada jurisprudencia de esta corporación ha
sostenido que el carácter de la vinculación generada por tal decisión sería, en
principio, territorial, según las razones que, en un caso de similares connotaciones
estudió la Subsección B, así:

«Asimismo, la afirmación referente a que comoquiera que en las vinculaciones
estaba concernida la intendencia nacional del C., estas tienen la naturaleza de
nacionales, se aclara que para la fecha en que aquellas incorporaciones se
efectuaron (1979 y 1980), el hoy conocido como departamento del Caquetá fue
catalogado, por medio del Decreto 963 del 14 de marzo de 1950, como intendencia,
y, posteriormente, elevado a la categoría de departamento con la Ley 78 de 15 de
diciembre de 1981, en cumplimiento del Acto legislativo 1 de 14 de enero de ese
año, motivo por el cual no puede confundirse que el hecho de que en las
resoluciones de nombramiento de la actora de 1979 y 1980 se consigne «[d]ada[s]
en Florencia, Intendencia Nacional del Caquetá […]», signifique que su naturaleza
sea nacional, ya que, como quedó planteado, al Caquetá antes de denominarse

16 Según copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes a folios 2 a 3.
17 Fecha de la certificación de información laboral que indica que, para ese momento, la demandante aún seguía

activa.
18 Folios 4 a 5.
19 Folio 10.
20 Folios 7 a 9.

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departamento, en particular, para las anualidades en que se emitieron los referidos
actos administrativos, se le atribuía el nombre de intendencia, sin que ello implique
que sea nacional, puesto que pese a las transformaciones de que fue objeto el
Caquetá siempre ha sido clasificado como una entidad territorial21».

Igualmente, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de las intendencias, la
Sección Segunda ha precisado:

«[…], a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198517 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos22».

Según estos planteamientos, la primera conclusión sobre el interregno es que se
habría desarrollado bajo un vínculo del orden territorial por haber sido nombrado por
la Intendencia del Caquetá.

Seguidamente, para el segundo período bajo análisis se resalta que obra la
Resolución 469 del 27 de junio de 199523 con la que el alcalde mayor del distrito de
Bogotá nombró a la reclamante en calidad de docente de tiempo completo en una
plaza de su propia planta de personal, convocada por concurso, de la cual tomó
posesión desde el 21 de julio de 1995.24

De acuerdo con este material probatorio, lo que se verifica con claridad para ambos
lapsos examinados es que, en los referidos actos se aprecia que las decisiones de
designación fueron adoptadas autónomamente por dos entes territoriales sin la
intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que,
en virtud de la desconcentración, las mencionadas autoridades departamental y
distrital en representación de la Nación efectuaran las vinculaciones en comento,
así como tampoco se verifica que se haya presentado autorización de
financiamiento por parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el FER.

Por tanto, se extrae con claridad que los nombramientos de la accionante durante
estos tiempos en mención fueron en calidad de docente territorial, toda vez que en
la parte motiva de los actos aludidos no se señaló que estas plazas se hubiesen
creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de octubre de 2018, radicación
número: 18001 -23-33-000-2014-00229-01(3494-16).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación 05001-
23-33-000-2014-00638-01 (2753-16)
23 Folios 11 a 13.
24 Folio 14.

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Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación, intervención que tampoco se encuentra en el
decreto y la resolución referidos previamente y que descartan el argumento del
tribunal de primera instancia sobre el pago de las acreencias laborales con recursos
del SGP.

De hecho, en ningún momento se extrae que los cargos ejercidos por la reclamante
hayan sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese
sido vinculada por la autoridad territorial como representante de la mencionada
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que ambas
relaciones legales y reglamentarias hayan sido del orden nacional, más aún cuando
tal situación se ajusta a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la
plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo,
y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como se corroboró
para este lapso y como bien lo indica el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 que señala
lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

Además, es de destacar que la negativa de la entidad demandada en el acto
reprochado se fundamentó en asegurar que el período anterior al 31 de diciembre
de 1980 se había certificado como nacional, ello sin dejar en discusión el tiempo
desde 1995 en adelante, por lo que, al demostrarse que ambos lapsos de labor
oficial educativa fueron derivados de dos relaciones legales y reglamentarias (una
departamental y otra distrital), claramente se concluye que la motivación de dicha
decisión fue errada.

Por consiguiente, los tiempos de labor oficial de la demandante como maestra
estatal territorial (i) del 7 de febrero de 1979 al 28 de febrero de 1982 (3 años y
21 días) y (ii) del 21 de julio de 1995 al 13 de mayo de 2016 (20 años, 9 meses
y 22 días), efectivamente pueden computarse para cumplir la exigencia de 20 años
de servicio necesarios para acceder a la prerrogativa solicitada, la cual se encuentra
debidamente acreditada si se tiene en cuenta que, en conjunto, el total de servicio
acumulado de la actora fue de 23 años, 10 meses y 13 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las
mencionadas antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva de que
la accionante laboró como tal al servicio del departamento de Caquetá en virtud de
un nombramiento para ocupar una plaza territorial del 7 de febrero de 1979 al 28 de

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febrero de 1982, es decir, en un período previo a la primera fecha en comento, por
lo que está colmada la exigencia analizada.

En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia no acertó
en el fallo apelado al denegar el reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la
parte activa, de suerte que habrá de revocarse dicha providencia para acceder a las
pretensiones de la demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado25 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 30
de junio de 2012 cuando la reclamante acreditó los 20 años de servicio26, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (1.º de julio de 2009), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución RDP
008016 del 1 de marzo de 201727, la accionante presentó la petición de
reconocimiento pensional ante la UGPP el 3 de agosto de 2016 y la demanda la

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
26 Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
7/02/1979 28/02/1982 3 0 21
21/07/1995 30/06/2012 16 11 9
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 11 + 1 = 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)

27 Visible de folios 17 a 23.

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radicó el 18 de agosto de 2017,28 es decir, por fuera del término de los 3 primeros
años contados a partir de la fecha del estatus, pero dentro del lapso de interrupción
de la única petición (del 3 de agosto de 2016 al 3 de agosto de 2019), razón por la
cual se declarará probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada, respecto de las mesadas causadas a favor de la apelante, anteriores
al 3 de agosto de 2013.

Sobre los intereses moratorios solicitados por la parte activa

Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el reconocimiento de
intereses en caso de mora en el pago de las pensiones de la siguiente forma.

Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora
en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se efectué el pago.

Por su parte, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo
de 2000 declaró la exequibilidad de esta norma, y a la vez señaló que tal
indemnización se debe cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que se
encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley mencionada.

Por consiguiente, el mandato constitucional del artículo 48 superior atinente a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. El artículo 53 de la
Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales»,
premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de prestación.

De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado29 ha considerado en otros
asuntos que, «el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en
los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se
presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago».30

Bajo aquel contexto, es claro que los intereses moratorios no proceden en relación
con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la prestación, es
decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el
estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que reconoció el derecho, así

28 Ver sello de radicación a folio 35.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente: 05001-

23-33-000-2014-00523-01 (1543-16).

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como tampoco cuando la prerrogativa se encuentra en discusión.31

Por lo tanto, dado que precisamente lo que será objeto de condena es el
reconocimiento de la pensión que estaba en litigio y su retroactivo, en la medida en
que no se había determinado de manera definitiva el derecho a favor de la
demandante, tampoco resulta procedente ordenar el pago de los intereses
moratorios reclamados por esta, de suerte que se denegará lo propio.

Con fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar,
se declarará la nulidad de los actos reprochados a fin de ordenar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en cuantía del 75%
del promedio de los factores salariales devengados por la demandante en el año
anterior a la consolidación del estatus jurídico (30 de junio de 2011 al 29 de junio de
2012), con efectividad desde el 30 de junio de 2012, pero con efectos fiscales a
partir del 3 de agosto de 2013, por prescripción trienal de mesadas que se declarará
como excepción probada conforme a lo expuesto previamente.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».32

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de diciembre de 2020, radicado:

25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019) y del 6 de mayo de 2021, radicado: 17001-23-33-000-2015-
00014-01 (1599-2018).
32 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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18

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

Ahora, en esta instancia, pese a que se está revocando la decisión del juez de
primera instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP33
que refiere a la condena en costas en ambas instancias a la parte que resulte
vencida en segunda, decide aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y
observa que de los argumentos planteados en la contestación de la demanda y en
el trámite de primera no se presenta una falta de sustento jurídico que dé lugar a la
imposición de dicha carga. Contrario a ello la parte demandada propuso argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y
probatorio que se determinó en esta oportunidad la procedencia del derecho, por lo
que no se impondrá tal condena en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 008016 del 1 de
marzo de 2017, RDP 020826 del 19 de mayo de 2017, y RDP 027087 del 30 de
junio de 2017, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión
gracia a favor de la demandante.

33 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»

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19

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04029-01 (4930-2023)

TERCERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción formulada por la
entidad demandada, ello respecto de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 3 de agosto de 2013.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Nury Leyva Quino, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados por esta durante el año anterior a la consolidación del estatus
jurídico (30 de junio de 2011 al 29 de junio de 2012), con efectividad desde el 30 de
junio de 2012, pero con efectos fiscales a partir del 3 de agosto de 2013, por
prescripción trienal de mesadas.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la parte activa.

SEXTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

SÉPTIMO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP
al abogado Omar Trujillo Polanía y como apoderada sustituta a la abogada Ana
María Londoño, portadores de las tarjetas profesionales 201.792 y 354.136
respectivamente, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 19 de
SAMAI.

OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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