Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00725-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00725-01 (6555-2024)
Demandante: Keylin Rocío Parejo Orozco
Demandado: ESE Hospital Simón Bolívar III Nivel, hoy Subred Integrada
de Servicios de Salud Norte ESE
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 24 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del oficio
G-N.° 0876 del 30 de marzo de 2016, expedido por la entidad accionada,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre el 11 de octubre de 2011 y el 30 de noviembre de 2015, así como
el pago de las prestaciones derivadas de dicha vinculación, período durante el
cual se desempeñó como auxiliar de farmacia.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar que existió el
vínculo laboral en condición de trabajadora oficial; (ii) pagar a su favor los
salarios, las prestaciones sociales, la indemnización por despido sin justa causa,
las sanciones moratorias de que tratan los artículos 1 del Decreto 797 de 1949 y
99 de la Ley 50 de 1990 y los demás derechos laborales causados; (iii) reintegrar
los valores que le fueron descontados por concepto de retención en la fuente; (iv)
declarar la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo; (v)
ordenar el pago de los aportes a pensión que no se efectuaron; (vi) indexar las
sumas que se concedan y reconocer los intereses moratorios que se generen; y
(vii) condenar en costas a la parte demandada.
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Demandante: Keylin Rocío Parejo Orozco
3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1 e incurrió en falsa motivación, pues, aunque
formalmente estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios,
en la práctica realizó sus actividades de manera personal, bajo continuada
subordinación y a cambio de una remuneración, circunstancias que permiten
concluir que se configuró una relación de naturaleza laboral.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la
demandante tuvo un vínculo contractual, mas no laboral, en el cual «no se puede
predicar solución de continuidad» (sic), toda vez que los contratos fueron
diferentes e independientes.
5. Indicó que la actora no desempeñó ningún cargo ni ejerció funciones,
como tampoco devengó salarios ni fue sometida a cumplir las actividades
contractuales ni a observar horarios, pues realmente existió una coordinación de
tareas.
6. Señaló que la actora no tuvo jefe inmediato, sino un supervisor de los
contratos, los cuales finalizaron por el vencimiento del término de ejecución.
7. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y de la relación
laboral, carencia de derecho, cobro de lo no debido, prescripción, pago,
compensación, buena fe y la genérica.
Sentencia apelada
8. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y le ordenó a la entidad
accionada pagar a la demandante las prestaciones sociales comunes u
ordinarias que devenga un auxiliar de farmacia de planta2, liquidadas con base
en los honorarios pactados en los contratos, causadas desde el 11 de octubre de
2011 hasta el 30 de noviembre de 2015, de manera indexada.
9. Adicionalmente, (i) condenó a la parte demandada a realizar los aportes a
pensión que debía asumir como empleadora, correspondientes al período
mencionado; (ii) decidió no imponer condena en costas; y (iii) negó las demás
pretensiones.
10. Determinó que la demandante prestó un servicio personal como auxiliar
de farmacia, de acuerdo con los documentos recaudados y los testimonios
practicados, actividad por la cual recibió la remuneración pactada en los
contratos.
1
Artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 83 y 209 de la Constitución Política; 99 de la Ley 50 de 1999; 214 del
Código Civil; 3 y 4 del Decreto 1919 de 2002; 51 del Decreto 1848 de 1969; 5 y 8 del Decreto 1045 de 1978;
1 y 2 del Decreto 1252 de 2000; 40, 43 y 51 del Decreto 2127 de 1945; y 1 del Decreto 797 de 1949; la Ley
6.ª de 1945 y el Decreto 1042 de 1978.
2
Así se indicó en los considerandos de la sentencia apelada: «prestaciones sociales comunes u ordinarias
y no salariales tales como primas, cesantías e intereses a la cesantía sin la inclusión de prestación de
carácter extralegal», más la compensación en dinero de las vacaciones.
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11. Respecto de la subordinación continuada, destacó que en la planta de
personal de la entidad contratante existen cargos de «auxiliar área salud», código
412, grado 06, adscritos al área de farmacia, cuyas funciones eran equivalentes
a las actividades desarrolladas por la demandante. Asimismo, señaló que esta
debía cumplir horarios para realizar el preinventario durante los primeros días de
diciembre de 2015, período en el que no podía solicitar permisos ni efectuar
cambios de turno, circunstancia que, a su juicio, evidencia que la entidad
accionada dispensaba un tratamiento similar a empleados y contratistas.
12. Igualmente, resaltó que las actividades desarrolladas por la accionante se
extendieron por más de cuatro (4) años y contribuían al cumplimiento del objeto
misional de la entidad, razón por la cual correspondían a funciones de carácter
permanente.
13. Precisó que la demandante tenía derecho a recibir un tratamiento
equivalente al reconocido a quienes desarrollaban funciones semejantes en
materia prestacional, sin que ello implicara atribuirle la condición de empleada
pública.
14. Aclaró que la devolución de los valores descontados por concepto de
retención en la fuente no podía obtenerse mediante el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, por tratarse de una cuestión de naturaleza
tributaria y no laboral. Añadió que la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios tampoco genera el reintegro de las sumas pagadas con
ocasión de su celebración.
15. También negó las pretensiones relacionadas con sanciones moratorias y
con la indemnización por despido sin justa causa, al considerar que los derechos
salariales y prestacionales únicamente se hacen exigibles a partir de la sentencia
y que las pruebas allegadas no permitían establecer la procedencia de esta
última.
16. Finalmente, concluyó que no se configuró la prescripción extintiva trienal,
dado que el último contrato terminó el 31 de diciembre de 2015 y la reclamación
administrativa y la demanda fueron presentadas el 4 de marzo y el 1.º de agosto
de 2016, respectivamente.
Recursos de apelación
17. La entidad accionada interpuso recurso de apelación y adujo que el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos de prestación
de servicios.
18. Afirmó que la demandante conocía las condiciones de su vinculación y
suscribió los contratos de manera voluntaria; y que el manejo de inventarios de
medicamentos resulta crucial para la entidad en tanto se trata de dineros
estatales.
19. Señaló que la accionante no acreditó la subordinación, teniendo en cuenta
que el cumplimiento de horarios no es prueba suficiente de ella. Además, destacó
que no se demostró la emisión de órdenes que definieran la manera en que
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aquella tenía que desarrollar sus actividades ni llamados de atención,
memorandos o sanciones; y que una sola anotación del año 2015 tampoco refleja
la configuración de dicho elemento.
20. La demandante interpuso recurso de apelación porque, a su juicio, los
aportes pensionales y las prestaciones sociales reconocidas se deben liquidar
con base en el salario que devenga un «auxiliar área salud», código 412, grado
06, de la entidad accionada, mas no con los honorarios pactados en los contratos.
21. Solicitó precisar cuáles son las prestaciones sociales que se reconocen,
teniendo en cuenta que en la demanda se reclamó el pago de «salarios y de las
prestaciones sociales, vacaciones, subsidio de transporte, dotaciones, prima de
navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios, y demás derechos
laborales». En igual sentido, deprecó que se liquiden los aportes a pensión y los
intereses moratorios que debe pagar la entidad accionada al fondo de previsión.
Lo anterior, a fin de evitar vacíos en la condena y poder constituir un título
ejecutivo.
22. Por último, pidió acceder a las pretensiones de pago de la indemnización
por despido sin justa causa y de las sanciones moratorias de que tratan los
artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 del Decreto 797 de 1949, así como la
devolución de los dineros descontados por concepto de retención en la fuente.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Por autos del 26 de marzo y 14 de mayo de 2025 se admitieron los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
24. La actora manifestó que se ratifica en las pretensiones, en los
fundamentos de derecho expuestos en la demanda, en los alegatos de
conclusión de primera instancia y en los argumentos planteados en su recurso
de apelación.
25. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta fase
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por ambas partes. Para tal efecto, se analizará
si la actora acreditó la existencia de subordinación continuada durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios. En caso afirmativo, se
definirá si los emolumentos reconocidos se deben liquidar con base en el salario
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devengado por los empleados de planta y si resulta pertinente identificar las
prestaciones que se conceden, así como calcular el valor de los aportes
pensionales y los intereses de mora que se deben consignar en el fondo de
previsión respectivo.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala considera que la actora no acreditó la continuada subordinación
durante los períodos en que se desempeñó como auxiliar de farmacia en la
entidad accionada en el marco de los contratos suscritos con esta última, de
acuerdo con los argumentos que más adelante se desarrollan. Por consiguiente,
se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
29. De acuerdo con la prueba documental recaudada, la accionante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad demandada:
Contrato u orden de Entidad Plazo o Honorarios
Objeto
prestación de servicios contratante duración mensuales
4078 del 11 de octubre de ESE Hospital Simón 11/10/2011 al Auxiliar de
$ 683.489
20113 Bolívar III Nivel 31/10/2011 farmacia
4440 del 1.° de noviembre de
ESE Hospital Simón 1/11/2011 al Auxiliar de
2011 más adiciones y $ 1.025.233
Bolívar III Nivel 31/12/2011 farmacia
prórrogas4
ESE Hospital Simón 1/1/2012 al Auxiliar de
366 del 1.° de enero de 20125 $ 1.025.233
Bolívar III Nivel 29/2/2012 farmacia
1348 del 1.° de marzo de 2012 ESE Hospital Simón 1/3/2012 al Auxiliar de
$ 1.025.233
más adiciones y prórrogas6 Bolívar III Nivel 31/12/20127 farmacia
314-AsAG-2013 del 2 de
ESE Hospital Simón 2/1/2013 al Auxiliar de
enero de 2013 más adiciones $ 1.200.000
Bolívar III Nivel 31/12/2013 farmacia
y prórrogas8
0673-AsAG-2014 del 1.° de
ESE Hospital Simón 1/1/2014 al Auxiliar de
enero de 2014 más adiciones $ 1.200.000
Bolívar III Nivel 31/12/2014 farmacia
y prórrogas9
As-AG-0480-2015 del 1.° de ESE Hospital Simón 1/1/2015 al Auxiliar de
$ 1.200.000
enero de 201510 Bolívar III Nivel 31/1/2015 farmacia
AsAG-1367-2015 del 1.° de
ESE Hospital Simón 1/2/2015 al Auxiliar de
febrero de 2015 más adiciones $ 1.300.000
Bolívar III Nivel 31/12/2015 farmacia
y prórrogas11
30. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Flor
Claudia Romero Nauza y José Eduardo Solís Ávalo, quienes relataron que la
accionante laboraba en la farmacia de la ESE Hospital Simón Bolívar III Nivel,
hecho que les consta porque ellos iban a reclamar medicamentos en dicho lugar
entre los años 2012 y 2014 y desde 2012 hasta 2015, respectivamente, pero no
conocen si la actora recibía órdenes de algún jefe o superior relacionadas con la
forma en que debía cumplir sus tareas.
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CD folios 101 y 185.
4
CD folios 101 y 185.
5
CD folios 101 y 185.
6
CD folios 101 y 185.
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Aunque no se aportó el acto de prórroga que comprendería el período posterior al 31 de agosto de 2012,
se allegaron los informes de ejecución contractual correspondientes a los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2012, suscritos por la contratista y el supervisor del contrato. Además, en la
certificación expedida por el director de contratación de la entidad accionada el 18 de octubre de 2018 se
indicó que el contrato 1348-2012 se ejecutó desde el 1.° de marzo hasta el 31 de diciembre de 2012 (CD
folio 185).
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CD folios 101 y 185.
9
Folios 23 a 41 y CD folios 101 y 185.
10
Folios 42 y 43 y CD folios 101 y 185.
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Folios 44 a 46 y CD folios 101 y 185.
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31. En esas condiciones, la prueba documental –contratos, adiciones y
prórrogas, actas de inicio, certificaciones de cumplimiento de actividades e
informes de ejecución contractual, estos últimos suscritos por el supervisor del
contrato para autorizar los pagos– y testimonial –parcialmente– demuestra que
la demandante se desempeñó como auxiliar de farmacia en la entidad accionada
entre el 11 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, actividad por la cual
recibió el pago de los honorarios pactados en los contratos. En consecuencia, la
prestación personal del servicio y la remuneración se hallan suficientemente
acreditadas durante el período mencionado, aspectos que, además, no fueron
objeto de reparo en los recursos de apelación.
32. La Sala recuerda respecto de la subordinación continuada, que de la
interpretación armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y
14 de la Ley 80 de 1993, se desprende la necesaria relación entre los contratistas
y las entidades públicas en un marco de entendimiento y coordinación que
apunte a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, lo cual implica
para los primeros el deber de acatar algunas directrices que les impartan las
contratantes durante el desarrollo del contrato12 y colaborar para que lo
convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de ejercer
la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les permite
exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar las
revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.
33. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
34. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:
35. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
12
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes
en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor
calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse».
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laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»13 .
36. Si bien esta corporación ha considerado que ciertas actividades de gestión
administrativa podrían desarrollarse en escenarios de escasa autonomía, tal
presunción solo puede aplicarse si al proceso se allegan las pruebas que
permitan comprender, siquiera de manera sumaria, que durante la prestación del
servicio la parte contratante ejerció una subordinación continuada sobre el
contratista14. Lo anterior explica por qué la solución de este tipo de controversias
no siempre es igual15, aunque las tareas cumplidas sean parecidas, toda vez que
las decisiones están orientadas por las particularidades de cada caso y del grado
de cumplimiento de la carga probatoria que prevé el artículo 167 del Código
General del Proceso.
37. En el presente asunto, los testigos Flor Claudia Romero Nauza y José
Eduardo Solís Ávalo solo tuvieron conocimiento del desempeño de la accionante
como auxiliar de farmacia en los momentos en que acudían a la ESE Hospital
Simón Bolívar III Nivel a reclamar medicamentos, circunstancia que supone dos
(2) tipos de limitaciones, a saber: una temporal, pues el conocimiento de los
testigos no comprende todo el tiempo de la contratación; y otra de tipo material:
ya que los testigos no dieron cuenta de las condiciones en las cuales la
demandante cumplía los objetos de los contratos.
38. En ese sentido, puede inferirse que la demandante prestaba sus servicios
en la farmacia ubicada en las instalaciones de la ESE Hospital Simón Bolívar III
Nivel, circunstancia que resulta ajustada a la actividad que aquella desarrollaba,
comoquiera que se trataba de la custodia y gestión de medicamentos, los cuales
requieren ciertas condiciones especiales de conservación y manejo; sin embargo,
los testimonios referidos no permiten concluir que la entidad accionada haya
desdibujado la autonomía que tenía la contratista mediante órdenes que
definieran el modo en que esta tenía que cumplir sus tareas, el tiempo y la
cantidad de trabajo.
39. Además, en el expediente no existe ninguna evidencia de que la
contratista haya recibido memorandos, llamados de atención o sanciones como
medidas disciplinarias o correctivas, situaciones de las cuales pudiera inferirse
alguna otra forma de sujeción de aquella respecto de la entidad demandada.
40. Por otra parte, la accionante aportó un documento suscrito por el
supervisor de los contratos, el cual contiene unos cuadros según los cuales, al
parecer, la demandante debía participar en el preinventario de consulta externa
el 3 de diciembre de 2015, a las 4:30 p. m.; y en el inventario de sala de cirugía
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 47001-23-33-000-2022-00250-01 (0929-2024).
15
En tratándose de actividades de auxiliar de farmacia podemos encontrar decisiones en sentidos diferentes,
las cuales no resultan contradictorias en tanto respondieron a las particularidades de cada caso. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, (i)
sentencia del 2 de marzo de 2017, expediente 52001-23-31-000-2010-00505-02, y sentencia del 16 de
febrero de 2023, expediente 25000-23-42-000-2016-01077-01 (2275-2020).
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y consulta externa el 4 de diciembre de 2015, a las 7:00 a. m., y 10:30 a. m.; y en
el inventario de despacho el 5 de diciembre de 2015, a las 9:30 a. m16.
41. Para la Sala, dicho documento no demuestra la imposición de horarios por
parte de la entidad accionada. No es claro que allí se hubiera definido una jornada
de trabajo específica, pues no se indicaron horas de terminación. Más bien,
parece tratarse de una convocatoria para acudir en los días y horas señalados
con el fin de participar en las tareas de preinventario e inventario. En ese
contexto, resulta plausible entender que esos cuadros buscaban organizar la
prestación del servicio mediante la distribución de tareas entre las personas que
intervendrían en dicha actividad, como expresión de la coordinación entre la
entidad contratante y los contratistas, en los términos de los artículos 14 de la
Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
42. En todo caso, aun si se admitiera, en gracia de discusión, que esos
cuadros reflejaban algún grado de dirección sobre la actividad de la demandante,
lo cierto es que se circunscribieron a los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2015. Se
trata, entonces, de una porción mínima del período contractual, insuficiente para
demostrar la subordinación permanente alegada. La información contenida en
ese documento se limita a un lapso breve y no revela un comportamiento continuo
de sujeción respecto del modo, el tiempo, el lugar o la cantidad del trabajo.
43. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, dado que la
parte actora no cumplió con la carga de demostrar la subordinación continuada
ni, por consiguiente, la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios.
44. Por último, resulta innecesario pronunciarse sobre los argumentos
planteados por la actora en su recurso de apelación, pues estos se relacionan
con las pretensiones de restablecimiento del derecho, cuyo estudio dependía de
la acreditación de los elementos necesarios para declarar la desnaturalización
contractual. Como ello no ocurrió, tales reproches quedan sin objeto.
La condena en costas de ambas instancias
45. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
46. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
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47. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
revoca la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. En
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Keylin Rocío Parejo Orozco, a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte ESE. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Ausente con permiso
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
9
consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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