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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01077-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01077-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 14 de noviembre de 2019, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Rubén Darío Rodríguez Roa contra la E.S.E. Hospital de Engativá. Segundo. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia, por las razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01077-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01077-01 (2275-2020)
Demandante: Rubén Darío Rodríguez Roa
Demandado: Hospital de Engativá E.S.E. Nivel II

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
de 14 de noviembre de 2019, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011), el ciudadano Rubén Darío Rodríguez Roa, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio GHE-DP-124-15 de 18
de agosto de 2015, expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital de Engativá nivel II (en
adelante la E.S.E.), por medio del cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de
esta.

A consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, como pretensión
principal, solicitó declarar que entre él y la E.S.E. existió un vinculo laboral «de carácter
indefinido y sin fecha previa de retiro». Asimismo, condenar a la demandada a: i)
reincorporarlo al cargo que desempeñaba o a uno de superior jerarquía; ii) reconocerle y
pagarle de forma indexada los salarios causados desde su retiro hasta el reintegro; iii)
cancelarle las diferencias entre lo que percibió como contratista y lo devengado por un
auxiliar de enfermería de planta; iv) reconocerle y pagarle los siguientes emolumentos:
cesantías y sus intereses, vacaciones, bonificaciones y las primas de navidad, servicios,
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Demandante: Rubén Darío Rodriguez Roa

vacaciones y técnica; v) el reintegro de los aportes a la Seguridad Social en salud, pensión
y ARL; vi) la devolución de los pagos por concepto de retención en la fuente y demás
descuentos; vii) el pago de la indemnización de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de
1990; viii) el reconocimiento de perjuicios morales; ix) indexar las sumas resultantes; y, x)
dar cumplimento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
Además, como pretensiones subsidiarias al reintegro, señaló las mismas principales de la
iii) a la x).

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 18 de agosto de 2011 hasta el 30 de mayo de 2014, el señor Rubén Darío
Rodríguez Roa estuvo contratado por la E.S.E. Hospital de Engativá, para prestar sus
servicios como auxiliar de farmacia.

ii) Las obligaciones ejecutadas por el señor Rodríguez eran actividades propias del personal
de planta e inherentes a los servicios de la E.S.E.

iii) Las labores debía llevarlas a cabo en una jornada de ocho horas diarias de 7:00 a.m. a
5:00 p.m., de lunes a viernes; y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., los sábados.

iv) Nunca tuvo autonomía, pues, para ausentarse de su puesto de trabajo, «tenía que
pedirle permiso a su jefe inmediato».

v) El señor Rodríguez «fue desvinculado de su cargo sin que existiera causa legal para
ello».

vi) El 28 de julio de 2015, el hoy actor solicitó a la E.S.E. demandada su reintegro, el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones
sociales.

vii) El 18 de agosto de 2015, mediante el oficio GHE-DP-124-15, la E.S.E. negó sus
peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127,
209 y 277 de la Constitución; el artículo 8 de la Ley 4ª de 1990, 5 y 71 del Decreto 1250 de
1970; 26, 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de 1968; 108, 180, 215, 241 y 242 del Decreto 1950
de 1973; la Ley 790 de 2002; el Decreto 1333 de 1986; la Ley 65 de 1946; el Decreto 1582
de 1998; el Decreto 1453 de 1998; la Ley 50 de 1990; la Ley 100 de 1993; el Decreto 3135
de 1968; la Ley 197 de 1938 y el CPACA.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:

i) El acto administrativo demandado adolece de falsa motivación, pues se fundó en un
hecho inexistente, cual es que el vínculo entre las partes, que se dio mediante órdenes de
prestación de servicios, tuvo sustento en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

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Demandante: Rubén Darío Rodriguez Roa

ii) Lo anterior, porque la E.S.E. negó la existencia de una relación laboral aunque resultaban
evidentes los tres elementos del contrato de trabajo con el demandante; esto es, que la
actividad que prestó fue personal, estuvo sometido a subordinación y recibió una
contraprestación por sus labores. Por lo tanto, en virtud del principio de la primacía de la
realidad sobre las formas, la entidad debió reconocer el derecho reclamado.

iii) Además, el acto demandado fue discriminatorio con el señor Rodríguez Roa, pues sus
actividades en la entidad eran iguales a las funciones de cualquier auxiliar de farmacia de
planta; la única diferencia era la forma de vinculación que, en su caso fue por prestación de
servicios. Así pues, existe el derecho a reintegrarlo por contrato laboral y con todos los
beneficios prestacionales derivados de éste.

iv) En definitiva, el acto acusado omitió el principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, ya que, si bien se celebraron distintos contratos de prestación de servicios, lo que
subyace a ellos es una verdadera relación laboral entre las partes; razón por la cual hay
lugar al reconocimiento y pago de los derechos y prestaciones laborales que se solicitan.

1.2. Contestación de la demanda1

La entidad demandada, por conducto de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

i) Las E.S.E. pueden acudir al estatuto general de la contratación pública para cumplir con
su misión (servicios de salud), caso en el cual, el trámite se rige por la Ley 80 de 1993. Por
lo tanto, legalmente le estaba permitido usar los contratos de prestación de servicios para
suplir la alta demanda de la gestión encomendada, y que no era posible satisfacer con su
personal de planta.

ii) En ese sentido, con el demandante solo hubo una relación de simple coordinación y
supervisión de actividades, la cual le permitía a este suficiente autonomía y, a la entidad, la
debida ejecución del contrato; por ello, sí hubo una programación de horarios, esta se llevó
a cabo para lograr una adecuada distribución del servicio contratado. Además, la
jurisprudencia de las altas cortes tolera que, en ciertas actividades, sea necesaria la
exigencia de un horario al contratista, sin que ello implique la existencia de una relación
laboral.

iii) Como entre las partes se excluyó la existencia de una relación laboral, la entidad no
estaba obligada a cancelar a la contratista las prestaciones sociales ni la seguridad social
integral, ya que la relación existente se rige por la mencionada Ley 80 de 1993.

iv) En ese orden de ideas, propuso como excepciones las que denominó: «cobro de lo no
debido», «ausencia de vínculo laboral» e «inexistencia del derecho y de la obligación».

1
Folios 62 al 67.

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1.3. La sentencia apelada2

Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 14 de noviembre de 2019, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Los fundamentos jurídicos de la
decisión fueron los siguientes:

i) En lo atinente a las vinculaciones por contratos de prestación de servicios, el principio de
la primacía de la realidad sobre las formas exige, para declarar la existencia de una relación
laboral, que se prueben los tres elementos del contrato de trabajo, a saber: la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

ii) De acuerdo con los contratos de prestación de servicios y las certificaciones suscritas
por el asesor jurídico de la entidad demandada, se puede concluir que el señor Rodríguez
Roa estuvo contratado, de forma personal, como auxiliar de farmacia entre los años 2013
y 2014, tal como lo expuso el actor en la demanda.

iii) En lo que respecta a la remuneración, el demandante recibió una contraprestación
económica que recibía en mensualidades vencidas, como se observa del contrato de
prestación de servicios 404 de 2013. Sin embargo, para los demás períodos, no obra
prueba que así lo acredite.

iv) En cuanto a la subordinación, el material probatorio aportado al proceso resulta
insuficiente para determinarla. Así, el único contrato de prestación de servicios que se
adjuntó solo indica que el señor Rodríguez desarrolló actividades como auxiliar de farmacia
en la entidad, pero de forma discontinua y por un tiempo que no se aprecia prolongado. Por
su parte, el testimonio recibido en la audiencia de pruebas, correspondiente a la supervisora
del contrato, demuestra que el actor tenía a cargo labores rutinarias, cuya ejecución, si bien
estaba precedida de instrucciones generales, luego llevaba a cabo de forma independiente.

Además, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, 3 «el cargo de auxiliar de
farmacia no cuenta con una presunción de subordinación, como sí ocurre con el cargo de
auxiliar de enfermería (…)». Por lo tanto, en función del principio de la carga de la prueba,4
le correspondía al demandante probar el elemento de la dependencia continuada, lo cual
no ocurrió.

v) En conclusión, la parte demandante «no logró demostrar de manera certera los
elementos del contrato realidad, pues no se acreditó que el servicio se haya prestado de
manera continua e ininterrumpida, por un lapso de tiempo considerable, y que ello se haya
ejercido bajo subordinación». En consecuencia, deben negarse a las pretensiones de la
demanda.

2
Folios 165 al 172.
3
Al respecto, el tribunal citó la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, de 21 de abril de 2016, radicado 2012-00233-01, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
4
Sobre este punto, el tribunal acudió al artículo 167 del CGP y trajo a colación la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, de 28
de febrero de 2019, radicado 5028-2016, C.P. William Hernández Gómez.

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1.4. El recurso de apelación5

La parte demandante, por conducto de su apoderado, solicitó revocar la sentencia de
primera instancia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto, presentó los siguientes argumentos:

i) El «juez de lo contencioso administrativo laboral» no es ni puede entenderse como un
defensor a ultranza del Estado, y menos «sustentar sus sentencias en condiciones
subjetivas o particulares (…)». Por ello, es necesario que en este caso se «haga un análisis
razonado de todas las pruebas aportadas al debate».

ii) En este caso, contrario a lo determinado por el a quo, la carga de la prueba recaía en la
entidad demandada, y no en el demandante, pues debe tenerse en cuenta el artículo 20 del
Decreto 2127 de 1945, que establece la presunción del contrato de trabajo «entre quien
presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha».

iii) Con todo, debe efectuarse un nuevo análisis del testimonio de la señora Miryam Ramos
Peñuela, pues su declaración, que además fue la única aportada al proceso, «se trató de
minimizar (por el tribunal)», pero, en realidad, «nos aporta los elementos que muestran la
subordinación».

iv) De igual manera, se deben estudiar nuevamente los contratos prestación de servicios
aportados al proceso, comoquiera que en ellos se evidencia i) la formación de actor, ii) el
cumplimiento de un horario, iii) la duración en el tiempo de la vinculación; y, iv) la prohibición
de subcontratar o ceder el contrato.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La E.S.E. demandada, por conducto de su apoderada, reprodujo los argumentos que
presentó con la contestación de la demanda y, por los mismos, solicitó confirmar la
sentencia apelada. En ese sentido, insistió en la ausencia de elementos probatorios para
demostrar «fehacientemente» la existencia de una relación laboral; y reiteró la naturaleza
contractual de la vinculación, la cual, a su juicio, debe considerarse a partir de la
independencia o autonomía del actor en la ejecución de sus labores.6

1.5.2. Por su parte, el demandante, el ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio, según la constancia secretarial que obra en el folio
207.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para
conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido
del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.

5
Folios 177 al 195.
6
Índices 12 y 13 del aplicativo Samai.

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2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandante en la alzada, corresponde
a la Sala resolver si entre el señor Rubén Darío Rodríguez Roa y la E.S.E. Hospital de
Engativá existió una relación laboral encubierta o subyacente determinada por el elemento
de la subordinación o dependencia continuada. De ser así, si el actor tiene derecho a su
reintegro al cargo y al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas, previo
análisis del fenómeno prescriptivo.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades;
ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii)
estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque
de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la
igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo -OIT-7 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el
cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y
llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo

7
Aprobada el 11 de abril de 1919.
8
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988,
el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias
(...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías
mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado
Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las
medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el
Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos
los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la
dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación
de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes
de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un
estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de
los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por

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tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales destacan
las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de 1994, 1737,
1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de 2009, 4266 de
2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas e incluso
compiladas en el Decreto 1082 de 2015,9 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día,
la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación, se
pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios las
siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados».10

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».11

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser
el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación

9
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
10
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
11
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral
3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite
por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de
la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo, esta
da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo de la
Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral,
por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado publico a quien
prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de la Carta
Política.12

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona natural
o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal,
el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del
objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo
contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias
que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral
encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por
haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino
como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un
concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.13

12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Rubén Darío Rodriguez Roa

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario matizar
esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a
las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios
de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la incorporación de
jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento
estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina
o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituye
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3.2.3. Prestación personal del servicio. La labor encomendada al presunto contratista
debe ser prestada de forma personal y directamente por este,15 pues, gracias a sus
capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo
que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de
sus actividades en terceras personas.16

2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante fue
la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los
montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.

14
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
15
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado
2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los
recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el
objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de planeación, que
encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios previos a la
celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de
prestación de servicios».17

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección pública,
es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la exigencia de
introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del objeto convenido
en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio
de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del
negocio jurídico.18

2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta (30)
días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de
juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan
a la satisfacción de las mismas necesidades.

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez
deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los contratos
sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los derechos
salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación del
25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter], la
cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en los contratos
de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.19

2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados
por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es procedente ordenar su
devolución aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedentes vinculantes para todos los casos
que se encuentren en estudio en la vía judicial y administrativa, según los artículos 10 y 102
de la Ley 1437 de 2011 en armonía con los artículos 270 y 271 ejusdem. En función de ello,
se procede a resolver el caso concreto.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

19
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad
unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de
no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

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2.4.1. Sobre la relación que alega el demandante

i) El señor Rubén Darío Rodríguez Roa y la E.S.E. Hospital de Engativá celebraron el
siguiente contrato de prestación de servicios:

Núm. Inicio Finalización Objeto Folio
«El contratista, con total autonomía e
independencia, sin perjuicio de la
vigilancia, control y supervisión que
404-13 01/02/2013 31/07/2013 10 al 12
sobre sus actividades ejerza la entidad,
se compromete a prestar los servicios
como auxiliar II – auxiliar farmacia.»

ii) El 29 de mayo de 2014,20 el asesor jurídico de la E.S.E. demandada certificó lo siguiente:

Revisados los archivos que reposan en la oficina jurídica se encontró que el (la) señor (a)
RODRÍGUEZ ROA RUBEN DARIO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 19.442.115, desde
el 18 de agosto de 2011 ha suscrito con esta Entidad diversos contratos de prestación de
servicios con solución de continuidad, autonomía técnica, administrativa, sin subordinación
laboral alguna.

En la actualidad, se desempeña como contratista del Hospital de Engativá E.S.E. a través de
la Orden de Prestación de Servicios No. 352-14, por valor de $1.088.108.

iii) El 27 de abril de 2018, en la audiencia de pruebas, se recibió la declaración de la señora
María Myriam Ramos Peñuela,21 supervisora del contrato del demandante, quien, en lo
relevante para el caso, afirmó lo siguiente:

El señor Rubén trabajó en la sala de cirugía. La función se ejercía en un horario establecido
y consistía en ayudar en los insumos de la salas de cirugía y llevarlos a la salas para las
intervenciones.

Él no recibía órdenes, básicamente eran instrucciones sobre la manera en que debía armar
las canastas para llevarlas a cirugía. Estas funciones que desempeñaba no se encuentran
en el manual de funciones o en algún protocolo.

La función de farmacia es un servicio de apoyo y así se encuentra en el organigrama de la
entidad. Todo el que ingresa a la entidad debe recibir una instrucción sobre la forma de llevar
a cabo la labor y, una vez ello, la actividad se desempeña de manera independiente. Las
funciones que cumplía el señor Rubén eran rutinarias y, si había algún problema, intervenía
el farmacéutico y las cumplía con elementos del Hospital.

No había una supervisión directa. La instrumentalizadora corroboraba que las canastas
estuvieran bien. Las funciones que cumplía estaban distribuidas por turnos. Alguien en la
mañana, tarde o noche; de siete a una de la tarde, de una a siete o de siete a siete, eso
dependía de la situación de cada uno. Yo imponía los turnos, organizados de tal manera que
el Hospital prestara el servicio las 24 horas, ya que por la naturaleza de la actividad, si la
persona se retira, hay implicaciones muy graves; por eso las labores deben cumplirse al
interior de la instalación del Hospital y, por eso, no pueden ausentarse.

En la labor del demandante nunca se habló de jefes, sino de referentes. Yo estaba
encargada de supervisar que se cumpliera el contrato. El señor Rubén debía armar las
canastas y cuidar los insumos. Cada mes elabora un informe de labores desempeñadas,
pero no se pedía mucha información adicional, porque no se trataba de muchas actividades.

20
Folio 14.
21
Audio recogido en CD obrante en el folio 158.

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14

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2.4.2. En relación con la solicitud en sede administrativa

i) El 28 de julio de 2015, mediante derecho de petición, el señor Rodríguez Roa solicitó a la
E.S.E. demandada el reconocimiento de la relación laboral, su «reintegro al cargo» y el
pago de las correspondientes prestaciones sociales.22

ii) El 21 de agosto de 2015, a través del oficio GHE-DP-124-15, el gerente de la E.S.E.
Hospital de Engativá negó las peticiones.23
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 14 de noviembre de 2019, que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por
el señor Rubén Darío Rodríguez Roa contra el oficio GHE-DP-124-15 del 25 de agosto de
2015, por el cual la entidad demandada negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral, el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta y el
reintegro del actor.

En la apelación, los motivos de inconformidad del demandante se contraen a señalar que,
contrario a lo establecido en la sentencia de primera instancia, en el expediente sí está
probado el elemento de la subordinación continuada, a partir del objeto y de las obligaciones
de los contratos de prestación de servicios y de la declaración de la señora María Ramos
Peñuela. Además, alega que, si bien no aportó la totalidad de los contratos celebrados con
la entidad, esto se debió a que tal carga probatoria no le correspondía, sino a la E.S.E.
demandada, por cuanto el contrato de trabajo se presume.

En ese orden de ideas, y comoquiera que el apelante no difiere de la prestación personal
del servicio ni de la remuneración, se analizará el mencionado elemento de la subordinación
como eje central de la presente controversia jurídica. Por lo tanto, para desarrollar la alzada,
se resolverá el siguiente interrogante:

2.5.1. ¿Existió entre el demandante y la E.S.E. Hospital de Engativá una relación de
subordinación continuada, que permita el reconocimiento de una vinculación de tipo
laboral?

Como se anticipó, teniendo en cuenta que la inconformidad de la parte apelante se
circunscribe a cuestionar la configuración del elemento de la subordinación continuada, la
Sala procederá con su examen, a la luz de los criterios establecidos en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021.

2.5.1.1. Subordinación continuada

Siguiendo los lineamientos consolidados en la mencionada sentencia de unificación, en el
presente caso, son indicios de la subordinación continuada los siguientes:

i) El lugar de trabajo. De acuerdo con el objeto del contrato de prestación de servicios
aportado al proceso, la certificación del asesor jurídico de la entidad y el testimonio de la

22
Folios 2 al 5.
23
Folios 6 al 7.

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señora Myriam Ramos Peñuela, el sitio de labores del demandante era las instalaciones
físicas del Hospital de Engativá (sala de cirugía), en la ciudad de Bogotá.

ii) El horario de labores. Conforme a la declaración de la supervisora del contrato, pues
es el único indicio probatorio de este hecho que existe dentro del expediente, la jornada de
servicios del demandante era por turnos impuestos (de mañana, tarde o noche) y oscilaba
entre las 6 u ocho horas diarias, de lunes a viernes.

Ahora bien, en este caso, tal afirmación no puede considerarse, per se, con vigor probatorio
suficiente para demostrar la existencia de una dependencia continuada del actor respecto
de la entidad; y solo puede tenerse como un indicio, pero no necesariamente unívoco,
concluyente o determinante de una posible subordinación, pues también puede inferirse,
razonablemente, que el señor Rodríguez cumplía ese horario motu proprio.24

Asimismo, conviene recordar que el establecimiento o imposición de un horario surge como
parámetro natural y lógico de la coordinación necesaria para llevar a buen término el objeto
del contrato de prestación de servicios. Sobre todo en los casos de los profesionales
contratistas asignados a la atención de pacientes en las instituciones médicas, donde la
marcha diaria de usuarios requiere de armonizar las horas contratadas con los turnos de
relevo necesarios para atender este tipo de servicios.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. De acuerdo con la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su inserción en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta
ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual».25

En esta ocasión, el debate de la alzada gira en torno al elemento de la subordinación o
dependencia continuada, pues, a juicio del demandante, este se encuentra probado porque
i) existe una presunción del contrato de trabajo que, de conformidad con el artículo 20 del
Decreto 2127 de 1945,26 debe desvirtuar la demandada; y ii) se infiere del testimonio de la
señora Myriam Ramos Peñuela y de «los contratos de prestación de servicios».

Pues bien, sea lo primero indicar que, contrario a lo argumentado por la parte apelante, el
precepto normativo que menciona no puede ser aplicado al caso particular, pues, en la
actualidad, la norma27 que regula los contratos estatales de prestación de servicios es la
Ley 80 de 1993. Por lo tanto, es claro que el recurrente confunde la vinculación que tuvo
con la Administración, de tipo contractual estatal, con una de naturaleza civil o comercial
cuyo régimen no obedece al estatuto general de contratación pública.

En esa lógica, las únicas dos presunciones que debe tener en cuenta quien acude a la
jurisdicción contenciosa-administrativa con el propósito de desvirtuar un contrato de
prestación de servicios, desde la figura de las relaciones laborales encubiertas o

24
De igual manera, en la Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se indicó que «(...) ciertas actividades de la Administración (...)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas (...)».
25
Ibídem.
26
«Por el cual se reglamenta la Ley 6ª de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo, en general».
27
Además, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias,
las cuales ya fueron mencionadas en el acápite normativo de esta providencia.

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subyacentes, son las contenidas en los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 88 del CPACA.

Artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.» (Negrillas fuera del texto)

Artículo 88 del CPACA:

Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. (...)». (Negrillas fuera del texto)

En otros términos, para que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta
por contratos de prestación de servicios, le correspondía al señor Rubén Darío Rodríguez
destruir las anteriores dos presunciones con fundamento en las pruebas que, además, tenía
el deber de aportar según lo establecido por el artículo 167 del CGP.28 Por consiguiente, no
es cierto que la carga probatoria recayera exclusivamente en la entidad demandada.

Por su parte, en lo que corresponde a los señalamientos del apelante sobre la falta de
valoración probatoria del testimonio de la señora Myriam Ramos Peñuela y del contenido
de «los contratos de prestación de servicios»29 para identificar la subordinación, esta Sala
considera lo siguiente:

En primer lugar, la declaración de la señora Ramos Peñuela, quien fungió como supervisora
del contrato celebrado entre la entidad y el señor Rodríguez Roa, lejos de «aportar
elementos que demuestran la subordinación», representa hechos concordantes con una
relación de simple coordinación de actividades entre contratante y contratista, donde este
último conservó un amplio margen de autonomía.

Ello es así, porque menciones específicas de la declarante como: «él no recibía órdenes
(sino) instrucciones sobre la manera en que debía armar las canastas (…)», «la actividad
se desempeña de manera independiente»; o «las funciones que cumplía el señor Rubén
eran rutinarias (…)», solo resaltan la ausencia de algún vínculo de dependencia entre el
actor y la entidad demandada, como acertadamente lo concluyó el a quo.

No obstante lo anterior, cabe destacar que, si bien es cierto que dentro de su testimonio, la
señora Ramos, mencionó una situación de «imposición», pues refirió que «imponía los
turnos, organizados de tal manera que el Hospital prestara el servicio las 24 horas», también
lo es que esta circunstancia no implica, por sí sola, la configuración de un control efectivo
sobre las actividades del contratista; ya que, como se indicó en precedencia, el
establecimiento o imposición de un horario surge como parámetro natural y lógico de la
coordinación necesaria para llevar a buen término el objeto del contrato de prestación de
servicios.

28
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen.»
29
Se entrecomilla la frase para recordar que en el proceso solo hay evidencia de un solo contrato de prestación de servicios.

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En segundo lugar, de forma distinta a la que alega el apelante, esta Sala, a partir de la
lectura del objeto y de las obligaciones del contrato de prestación de servicios 404-13 (se
recuerda que solo se aportó un único contrato), solo puede inferir que las actividades
llevadas a cabo por el señor Rodríguez debían ejecutarse de forma coordinada con la
institución sanitaria para la cual las prestaba, pues las labores de apoyo como auxiliar de
farmacia (para las que fue contratado) exigían, razonablemente, que este colmara las
necesidades específicas de la entidad en este particular servicio.

Además, sobre la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista,
conviene aclarar que no es ajeno a ella que el segundo se someta a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada. Lo cual incluye el
cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados, pues todas estas
circunstancias no implican, necesariamente, la configuración del elemento de la
subordinación continuada. Así lo ha señalado esta Subsección en recientes oportunidades:

En punto a la demostración de la subordinación debe recordarse que, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no toda relación de servicios implica necesariamente
la existencia de este elemento, ya que entre contratante y contratista puede existir una
relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, como: a)
un horario; b) el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; y, c) tener
que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación.30

En tercer y último lugar, comoquiera que dentro del plenario no existe prueba alguna de
que la entidad demandada le hubiera realizado requerimientos o exigencias al señor
Rodríguez Roa sobre la forma de ejecución de sus labores; es decir, algún llamado de
atención específico (manifestado en términos de tiempo, modo y lugar), un memorando o
siquiera alguna advertencia por parte de la E.S.E. relacionados con el incumplimiento de
sus obligaciones o la ejecución de sus labores, la Sala, al igual que el a quo, no cuenta con
elementos de juicio suficientes que le permitan formarse convicción respecto de las
circunstancias en que el actor desarrollaba su actividad para la entidad demandada.

Lo anterior, porque como también lo ha expresado esta Subsección en asuntos de similares
contornos:31 «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el
elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que
para acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que permitan
acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad, para la cual fue
contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente
a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran».32

Así las cosas, en el sub lite, la parte demandante no logró demostrar que la prestación del
servicio se hubiera realizado con ausencia de autonomía, pues, se itera, a pesar de no
obrar prueba sobre los períodos efectivos de prestación del servicio, tampoco reposan otras
que den cuenta del estricto complimiento de un horario, del poder disciplinario de la entidad
sobre el actor o de la exigencia a este último de realizar instrucciones precisas y

30
Por ejemplo en la sentencia de la Sección Segunda, de 16 de julio de 2022; radicado 2016-04522-01 (2833-2019).
31
Ibídem.
32
Ibídem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01077-01 (2275-2020)
Demandante: Rubén Darío Rodriguez Roa

controladas. Por lo tanto, los hechos probados, relacionados con las obligaciones del
contrato de prestación de servicios y el establecimiento de turnos por parte de la entidad
son, a priori, condiciones válidas para el normal y correcto desarrollo de las tareas
asignadas al contratista.33

En resumen, como dentro del plenario no hay evidencia de que la E.S.E. Hospital de
Engativá haya influido de forma determinante en el desarrollo de las actividades ejecutadas
por el señor Rubén Rodríguez Roa, o que esta influencia, de haberse presentado, hubiese
sido continua (como se indicó en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021), la Sala,
al igual que el a quo, no cuenta con argumentos probatorios suficientes que le permitan
formarse un convencimiento sobre la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente entre las partes.

En los anteriores términos, no se desvirtuó la presunción contenida en el inciso 3.º del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en la medida en que no se acreditó el elemento
subordinación como presupuesto necesario para que se configure una relación laboral,
razón por la cual, deben negarse las pretensiones de la demanda. En consecuencia, queda
resuelto el primer problema jurídico planteado y, por lo mismo, no hay lugar a examinar los
demás.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,34 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:

• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o
si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Por tanto, siguiendo el anterior hilo argumentativo, en el presente caso, la Subsección
condenará en costas a la parte demandante, en tanto no prosperaron los argumentos de
su apelación y, además, se demostró su causación, dado que la parte demandada actuó
en esta instancia.

3. Conclusión

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 7 de julio de 2022, radicado 2015 00183 01 (1023–2017); C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; radicado 2013-00022-01 (1291-2014); C.P: William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2016-01077-01 (2275-2020)
Demandante: Rubén Darío Rodriguez Roa

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo probatorio,
la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada no existió una relación
laboral subyacente o encubierta, razón por la cual no hay lugar a acceder a las pretensiones
de la demanda, debiéndose confirmar la sentencia de primera instancia. Se condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, de 14 de noviembre de 2019, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Rubén Darío Rodríguez Roa contra la E.S.E. Hospital de
Engativá.

Segundo. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia, por las razones
expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones
en el aplicativo Samai.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CBT

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