Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00011-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00011-01 (5923-2022)
Demandante: Libia Sicachá Gaviria
Demandado: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca parcialmente la sentencia de primera instancia
porque no se demostró la continuada subordinación
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 16 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del acto
ficto producto del silencio administrativo configurado porque la entidad accionada
no dio respuesta a la petición radicada el 28 de mayo de 2020 y de la Resolución
01167 del 8 de septiembre de 2020, mediante los cuales se negó el
reconocimiento de una relación laboral entre el 7 de abril de 2003 y el 31 de enero
de 2020, más el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, período
durante el cual se desempeñó como técnica, profesional universitaria y
profesional especializada.
2. De manera subsidiaria, solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad
a fin de observar los artículos 25 y 53 de la Carta Política.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral durante el periodo señalado en los hechos de la demanda;
(ii) restablecer el vínculo laboral ante la falta de acreditación del pago de las
cotizaciones al sistema de seguridad social, conforme al parágrafo 1.º del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) pagar las prestaciones sociales1 y las
diferencias salariales causadas, así como las indemnizaciones moratorias por la
falta de pago de cesantías, salarios y demás emolumentos laborales; (iv) ordenar
el pago o reajuste de los aportes a la seguridad social a cargo de la entidad
accionada; (v) indexar las sumas reconocidas; (vi) dar cumplimiento a la
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Cesantías, intereses sobre las cesantías, horas extras diurnas y nocturnas, prima de servicio,
vacaciones, prima de vacaciones, prima técnica, prima de antigüedad y prima de navidad.
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Demandante: Libia Sicachá Gaviria
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (vii) condenar
en costas a la parte demandada.
4. Como concepto de violación sostuvo que los actos acusados infringieron
las normas superiores2. Adujo que, aunque formalmente estuvo vinculada
mediante contratos de prestación de servicios y a través de intermediarios, en la
práctica ejecutó sus actividades de manera personal, bajo continuada
subordinación y a cambio de una remuneración. Por ello, afirmó que se configuró
una relación de naturaleza laboral.
Contestación de la demanda
5. La entidad accionada se opuso a las pretensiones. Señaló que la
demandante laboró como empleada pública entre el 17 de enero de 2000 y el 31
de enero de 2005; luego trabajó a través de empresas de servicios temporales
desde el 1.º de febrero de 2005 hasta el 9 de mayo de 2012; y, finalmente, celebró
contratos de prestación de servicios entre el 1.º de febrero de 2013 y el 2 de
febrero de 2020, de forma interrumpida.
6. Indicó que los cargos de profesional universitario y profesional
especializado son de carrera administrativa, motivo por el cual no podían
proveerse mediante contratos de prestación de servicios ni a través de servicios
temporales.
7. Adujo que los contratos de prestación de servicios no suponen la
existencia de relaciones laborales, de modo que no procede el pago de
prestaciones sociales.
8. Propuso las excepciones de inexistencia de infracción de disposiciones
legales, cobro de lo no debido, imposibilidad de condenar a la entidad accionada,
buena fe, imposibilidad de demanda por liquidación de mutuo acuerdo de los
contratos, prescripción y la genérica.
Sentencia apelada
9. El Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados y le ordenó a la
entidad accionada pagarle a la demandante las mismas prestaciones sociales
que devengaban los funcionarios de planta del mismo nivel, causadas entre el
1.° de febrero de 2013 y el 2 de febrero de 20203, liquidadas con base en los
honorarios pactados en los contratos.
2
Artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6.ª de 1945; 99, 102
y 104 de la Ley 50 de 1190; 1 de la Ley 65 de 1946; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 20 de la Ley
100 de 1993; 12 de la Ley 780 de 2002; 65, 67 y 70 del Código Sustantivo del Trabajo; 3, 137,
138, 168 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; 8, 9, 10, 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 43 a
49 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 58 y 59 del Decreto 1042 de 1978; y 8 a 26, 28 a 33 y 45 del
Decreto 1045 de 1978; las Leyes 244 de 1995; y los Decretos 451 de 1984, 1160 de 1947, 3118
de 1968, 1252 de 2000 y 372 de 2006.
3
El Tribunal especificó los siguientes períodos: 1 de febrero al 30 de diciembre de 2013; 7 de
enero al 30 de diciembre de 2014; 21 de enero al 31 de diciembre de 2015; 4 de enero al 15 de
noviembre de 2016; 16 de noviembre al 30 de diciembre de 2016; 2 de enero al 31 de diciembre
de 2017; 2 de enero al 1.° de diciembre de 2018; 12 al 26 de diciembre de 2018; 14 de enero al
31 de diciembre de 2019; y 3 de enero al 2 de febrero de 2020.
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10. Adicionalmente: (i) condenó a la demandada a cotizar las diferencias entre
los aportes a pensión efectuados por la actora como contratista y aquellos que la
entidad habría debido asumir como empleadora; (ii) declaró que el tiempo de
servicio debía computarse para efectos pensionales; (iii) ordenó actualizar las
sumas reconocidas; (iv) dispuso cumplir la sentencia en el término de ley; (v)
negó las demás pretensiones; y (vi) se abstuvo de condenar en costas, por no
encontrarlas acreditadas.
11. Determinó que la demandante estuvo vinculada a la entidad accionada
mediante contratos de prestación de servicios entre el 1.º de febrero de 2013 y el
2 de febrero de 2020, de manera interrumpida. También precisó que había tenido
una relación legal y reglamentaria entre el 7 de abril de 2003 y el 31 de enero de
2005.
12. Precisó que las certificaciones expedidas por cooperativas de trabajo
asociado y empresas de servicios temporales no acreditaban el vínculo de estas
con la entidad accionada. Añadió que los testimonios, aunque daban cuenta de
la prestación personal del servicio, no permitían definir los períodos en que habría
ocurrido ni demostrar los elementos propios de una relación laboral durante esos
lapsos.
13. Por otra parte, consideró que la actora sí acreditó una relación laboral
durante el tiempo en que estuvo vinculada mediante contratos de prestación de
servicios, pues se desempeñó como técnica administrativa en el área de
planeación y recibió los honorarios convenidos.
14. El Tribunal también estimó acreditada la subordinación continuada. Para
ello sostuvo que dicho elemento podía presumirse en actividades de asistencia
administrativa y que la demandante ejecutó funciones permanentes, propias del
giro ordinario de la ESE, bajo las directrices y horarios fijados por la gerente de
la entidad.
15. Negó la devolución de los aportes realizados por la demandante al sistema
de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, dado que
corresponden a recursos parafiscales sobre los cuales la accionante no ejerce
titularidad.
16. También negó el pago de horas extras y recargos dominicales y festivos,
por falta de prueba sobre su causación. Asimismo, rechazó la pretensión de
reintegro, porque la declaración de un vínculo laboral no confiere la condición de
empleada pública ni genera, por sí sola, derecho a reincorporación o a salarios
dejados de percibir.
17. Explicó que la demandante no tenía derecho: (i) a la prima de servicios,
por tratarse de una prestación prevista para empleados públicos del orden
nacional; (ii) a la sanción moratoria por falta de pago de cesantías, toda vez que
ese derecho surge a partir de la sentencia; (iii) a la indemnización del artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo, norma aplicable a trabajadores particulares;
ni (iv) al reajuste salarial, pues debía respetarse la remuneración pactada por las
partes.
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Recursos de apelación
18. La entidad accionada apeló y sostuvo que los contratos de prestación de
servicios se celebraron porque la ESE no contaba con personal suficiente para
atender las actividades desarrolladas por la actora.
19. Afirmó que la accionante no cumplió con la carga de probar los elementos
propios de un vínculo de trabajo, teniendo en cuenta que los testigos no
especificaron qué tipo de órdenes habría recibido la demandante y si estas eran
distintas a las relacionadas con el cumplimiento de los contratos; y que realmente
hubo una relación de coordinación entre las partes.
20. Manifestó que no es procedente el reconocimiento de las primas técnica y
de antigüedad ni de derechos convencionales, como tampoco la pretensión de
reintegro, pues estas solo benefician a los empleados públicos que cumplen
ciertas condiciones legales, requisitos que no se cumplen en este caso.
21. Señaló que se configuró la prescripción extintiva de todas las prestaciones
causadas antes del 28 de mayo de 2017, comoquiera que la reclamación
administrativa se presentó el 28 de mayo de 2020.
22. Indicó que el artículo 13 del Decreto 1045 de 1978 prohíbe el
reconocimiento de más de dos (2) períodos de vacaciones seguidos.
23. La demandante también interpuso recurso de apelación y adujo que los
testimonios y las constancias y certificaciones expedidas por las cooperativas de
trabajo asociado demuestran la existencia de una relación laboral con la entidad
accionada entre el 1.° de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2013.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Por auto del 11 de diciembre de 2023 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
25. La actora y la entidad accionada no se pronunciaron sobre los recursos de
apelación.
26. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la sentencia apelada, sobre la base de que se demostró la prestación personal
del servicio, la remuneración y la continuada subordinación entre el 1.° de febrero
de 2013 y el 2 de febrero de 2020. Particularmente, destacó que la demandante
tenía que cumplir horarios y observar las órdenes que le impartía el jefe de
planeación, razón por la cual no gozaba de autonomía para realizar sus tareas.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
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Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala establecer si los reparos formulados por ambas
partes tienen asidero. En primer lugar, se determinará si la actora acreditó la
continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios celebrados con la ESE. Luego se examinará si los documentos y
testimonios del proceso permiten tener por demostrada la desnaturalización del
vínculo en los períodos en que la demandante habría prestado servicios a través
de cooperativas y empresas de servicios temporales. Solo en caso de prosperar
alguno de esos cargos se analizarán la prescripción y los emolumentos
reclamados.
Análisis del problema jurídico
29. La Sala revocará parcialmente la sentencia apelada en los ordinales en
los que se accedió a las pretensiones. La actora no acreditó la continuada
subordinación durante los períodos en que ejecutó contratos de prestación de
servicios con la entidad demandada. Tampoco demostró los elementos propios
de una relación laboral durante los lapsos en que habría trabajado para esta a
través de cooperativas y empresas de servicios temporales.
30. Según la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)4, la
Resolución 01167 del 8 de septiembre de 2020 y la certificación del 29 de agosto
de 2006, todas expedidas por la entidad demandada, la actora tuvo los siguientes
vínculos de trabajo con dicha entidad: secretaria o auxiliar del 17 de octubre al 7
de noviembre de 2000; auxiliar administrativa o auxiliar de información, del 4 al
29 de diciembre de 2000; secretaria, del 7 al 29 de abril de 2003; auxiliar
administrativa o auxiliar de información, del 5 de mayo al 31 de diciembre de
2003; y auxiliar administrativa o auxiliar de información, del 9 al 31 de enero de
20055.
31. Obra en el expediente una constancia del 13 de marzo de 2007 expedida
por la Cooperativa de Trabajo Asociado y Servicios COOTRASERVI, conforme a
la cual la demandante fue trabajadora asociada a dicha organización entre el 1.°
de febrero de 2005 y el 8 de febrero de 2006 y desarrolló el acuerdo cooperativo
en la ESE accionada como «técnico oficina de planeación».
32. También se aportó la certificación del 30 de junio de 2008, emitida por la
Empresa de Servicios Temporales SERTEMPO, según la cual la accionante
laboraba mediante contrato por obra o labor desde el 9 de febrero de 2006 y
prestaba sus servicios para la ESE demandada como «técnico».
33. Asimismo, obra la certificación del 27 de enero de 2011 expedida por la
Cooperativa de Trabajo Asociado COOPSALUD CTA, de acuerdo con la cual la
demandante laboró en dicha organización desde el 1.° de septiembre de 2008
4
CETIL 202003800231235000990002 del 4 de marzo de 2020.
5
En igual sentido, de acuerdo con la Resolución 00459 del 10 de febrero de 2005, por medio de
la cual la entidad accionada ordenó el pago de unas prestaciones sociales a favor de la
demandante, esta última desempeñó el cargo de auxiliar de información en salud, código 509,
desde el 9 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2005.
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hasta el 31 de diciembre de 2009 y del 1.° de enero de 2010 al 31 de diciembre
de 2010, y que prestó sus servicios en la entidad accionada como «técnico
administrativo».
34. De igual manera, se allegó la certificación del 10 de mayo de 2012
expedida por la Cooperativa de Trabajo Asociado Procesos y Servicios en Salud
PROSESA CTA. Allí se indicó que la accionante laboró en esa cooperativa
mediante convenios de trabajo asociado del 1.° de enero al 31 de diciembre de
2010, del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2011 y del 1.° de enero al 20 de abril
de 2012. Además, se señaló que la demandante prestó sus servicios en la
entidad demandada como «técnico administrativo».
35. También se encuentra la constancia del 20 de mayo de 2013 emitida por
la Cooperativa Salud Integral CTA, en la cual se indicó que la actora fue asociada
de dicha organización y prestó su fuerza de trabajo para la ESE accionada, como
«técnico administrativo» en el área de planeación, desde el 9 de mayo de 2012
hasta el 31 de enero de 2013.
36. Por otro lado, de acuerdo con la prueba documental recaudada, la
accionante celebró los siguientes contratos de prestación de servicios con la
entidad demandada:
Contrato u orden de Plazo o Honorarios
Objeto
prestación de servicios duración mensuales
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
094 del 17 de enero de 1/2/2013 al en actividades técnicas y administrativas
$ 2.800.000
2013 30/12/2013 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
011 del 2 de enero de 7/1/2014 al en actividades técnicas y administrativas
$ 2.940.000
2014 30/12/2014 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
066 del 2 de enero de 21/1/2015 al en actividades técnicas y administrativas
$ 3.099.451
2015 31/12/2015 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
073 del 4 de enero de 4/1/2016 al en actividades técnicas y administrativas
$ 3.600.000
2016 15/11/2016 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
16/11/2016
362 del 15 de noviembre en actividades técnicas y administrativas
al $ 3.600.000
de 2016 dentro del proceso de planeación
30/12/2016
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
095 del 2 de enero de 2/1/2017 al en actividades técnica y administrativas
$ 3.708.000
2017 31/12/2017 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
134 del 2 de enero de 2/1/2018 al en actividades técnicas y administrativas
$ 4.000.000
2018 1/12/2018 dentro del proceso de planeación
institucional y sus alcances»
«Apoyo al área de Planeación y Mercadeo
12/12/2018
474 del 12 de diciembre en actividades técnicas y administrativas
al $ 2.000.000
de 2018 dentro del proceso de planeación
26/12/2018
institucional y sus alcances»
119 del 14 de enero de 14/1/2019 al «Apoyo al área de Planeación y
$ 4.000.000
2019 31/12/2018 Mercadeo»
«Apoyo a la oficina de planeación y
mercadeo coordinando el proceso de
098 del 3 de enero de 3/1/2020 al
$ 3.700.000 Sistema de Información y Atención al
2020 2/2/2020
Usuario -SIAU de la ESE Hospital
Universitario San Jorge de Pereira»
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37. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Ruth
Martínez Ossa y Diana Marcela Mesa Mora, de los cuales se destaca lo siguiente:
i) La señora Ruth Martínez Ossa relató que conoció a la actora mientras
ambas trabajaban en la ESE accionada, entre 2003 y 2020. Aclaró que no
tuvo una relación laboral estrecha con la demandante, porque se
encontraban en oficinas distintas. Señaló que la accionante empezó en
estadística, luego estuvo en planeación y procesos de información y,
posteriormente, en planeación y mercadeo. Agregó que la demandante le
comentaba que debía elaborar proyectos de planes de inversión de la
ESE. Indicó que cumplía horario de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00
p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., salvo los viernes, cuando salían a las
5:00 p. m. También manifestó que la actora estuvo vinculada mediante
cooperativas y luego por contratos de prestación de servicios, aunque no
recordó las fechas exactas.
Indicó que el jefe de planeación daba órdenes a la accionante, aunque
aclaró que no presenció esa situación. No supo si la actora recibió
llamados de atención ni si le suministraban calzado o vestido de labor.
Señaló que no podía ausentarse sin autorización ni designar reemplazos.
Añadió que en el área estaban la jefe de mercadeo, la jefe de planeación
y otras personas, pero no conocía las funciones de estas últimas.
Finalmente, precisó que durante la vinculación por cooperativas se usaron
uniformes suministrados por esas organizaciones, situación que no ocurrió
durante la contratación por prestación de servicios.
ii) La señora Diana Marcela Mesa Mora manifestó que conoció a la actora
mientras trabajaban en la ESE accionada, entre 2011 y 2016. Aclaró que
solo tuvieron contacto cuando ambas estuvieron en el área de almacén,
hasta finales de 2011 o comienzos de 2012, no durante el período en que
la demandante laboró en planeación. Indicó que la accionante estuvo
vinculada mediante cooperativas y contratos de prestación de servicios, y
que cumplía los horarios propios de la ESE, de 7:00 a. m. a 12:30 p. m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Señaló, además, que los empleados de planta
laboraban hasta las 12:00 p. m. y que los viernes salían a las 5:00 p. m.
Señaló que, cuando trabajaron por cooperativas, utilizaron uniformes.
También afirmó que la jefe inmediata de la demandante era la profesional
universitaria de planeación y que, por encima de ella, estaban la
subgerente administrativa y el gerente. Indicó que en sus últimos años de
vinculación recibió una tarjeta para registrar el ingreso y la salida de la
ESE, aunque no supo si todo el personal de cooperativas contaba con ella.
Tampoco conoció si la accionante recibió llamados de atención.
Finalmente, manifestó que los elementos utilizados por la actora
pertenecían a la ESE, entre ellos papelería, computador y escritorio.
Estudio del recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
38. En esas condiciones, la prueba documental —contratos, actas de
interventoría, actas de recibo final, actas de liquidación y Resolución 01167 del 8
de septiembre de 2020— demuestra que la demandante estuvo vinculada
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mediante contratos de prestación de servicios en la ESE accionada, entre el 1.°
de febrero de 2013 y el 2 de febrero de 2020, de manera discontinua, tiempo
durante el cual realizó actividades de apoyo y acompañamiento en el desarrollo
de proyectos de planeación estratégica, así como formulación y evaluación de
proyectos de inversión y políticas y planes de acción institucional de la entidad
contratante, en cumplimiento de jornadas que iban de 7:00 a. m., a 12:30 p. m.,
y de 2:00 p. m., a 6:00 p. m., de lunes a viernes.
39. De igual manera, de acuerdo con las actas de interventoría, actas de
recibo final y actas de liquidación, la ESE accionada le pagó a la demandante los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
40. En consecuencia, la prestación personal del servicio y la remuneración se
hallan suficientemente acreditadas durante el período mencionado, aspectos
que, además, no fueron objeto de reparo en los recursos de apelación.
41. Por otro lado, respecto de la subordinación continuada, la Sala recuerda
que de la interpretación armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5
(numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, se desprende la necesaria relación entre
los contratistas y las entidades públicas en un marco de entendimiento y
coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual,
lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas directrices que les
impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato6 y colaborar para que
lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de
ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les
permite exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar
las revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.
42. Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 refuerzan esa conclusión.
Dichas normas imponen a las entidades contratantes el deber de vigilar la
correcta ejecución del objeto convenido mediante supervisores o interventores.
Estos pueden solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
contractual. Esa actividad de seguimiento, por sí misma, no equivale al poder
subordinante propio del empleador.
43. Desde esa perspectiva, quien pretende la desnaturalización de un contrato
de prestación de servicios con fundamento en el principio de primacía de la
realidad debe acreditar algo más que presencia física en la entidad, cumplimiento
de horarios o recepción de instrucciones operativas. Debe demostrar que la
administración ejerció un poder jurídico permanente sobre la forma, el tiempo y
el modo de ejecución de la labor, con capacidad real de imponer consecuencias
disciplinarias o correctivas propias de una relación laboral. Del análisis integral
de las pruebas recaudadas se concluye que la accionante no cumplió esa carga.
6
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes
en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor
calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse».
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44. La continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que
es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de
la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo
relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las
obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de
subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad
laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre
este […]»7.
45. Si bien esta corporación ha considerado que ciertas actividades de gestión
administrativa podrían desarrollarse en escenarios de escasa autonomía, tal
presunción solo puede aplicarse si al proceso se allegan las pruebas que
permitan comprender, siquiera de manera sumaria, que durante la prestación del
servicio la parte contratante ejerció una subordinación continuada sobre el
contratista8. Lo anterior explica por qué la solución de este tipo de controversias
no siempre es igual9, aunque las tareas cumplidas sean parecidas, toda vez que
las decisiones están orientadas por las particularidades de cada caso y del grado
de cumplimiento de la carga probatoria que prevé el artículo 167 del Código
General del Proceso.
46. En el presente asunto, aunque ambas testigos mencionaron que la actora
recibía órdenes de parte de sus superiores, ninguna de ellas hizo referencia al
objeto de tales instrucciones y con qué frecuencia y a través de qué medios se
impartían, a efectos de poder establecer si realmente tenían la entidad suficiente
para desdibujar la autonomía con la cual la demandante realizaba sus tareas o si
realmente se trataba de la organización de la prestación del servicio en el marco
del principio de coordinación.
47. La fuerza persuasiva de esos testimonios es limitada. Ruth Martínez Ossa
aclaró que no tuvo una relación laboral cercana con la demandante y que buena
parte de su conocimiento provenía de lo que esta le contaba. Diana Marcela Mesa
Mora, por su parte, afirmó que solo compartió con la accionante durante siete u
ocho meses en 2011, en el área de almacén, y nada pudo referir sobre el tiempo
en que aquella prestó servicios en planeación, período respecto del cual el
Tribunal reconoció la relación laboral.
48. A ello se suma que las declarantes no identificaron órdenes concretas
sobre el modo, el tiempo, el lugar o la cantidad de trabajo que debía realizarse.
Tampoco dieron cuenta de llamados de atención, sanciones disciplinarias,
medidas correctivas, evaluaciones funcionales, permisos negados, reglamentos
internos aplicados a la contratista o controles distintos de los propios de la
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 47001-23-33-000-2022-00250-01 (0929-2024).
9
En tratándose de actividades de auxiliar de farmacia podemos encontrar decisiones en sentidos
diferentes, las cuales no resultan contradictorias en tanto respondieron a las particularidades de
cada caso. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, (i) sentencia del 2 de marzo de 2017, expediente 52001-23-31-000-
2010-00505-02, y sentencia del 16 de febrero de 2023, expediente 25000-23-42-000-2016-
01077-01 (2275-2020).
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supervisión contractual. En esas condiciones, sus afirmaciones no permiten tener
por acreditado un poder subordinante permanente.
49. El cumplimiento de horarios, la utilización de elementos de trabajo de la
ESE y la prestación del servicio en sus instalaciones no bastan para
desnaturalizar los contratos. Las actividades de apoyo al área de planeación y
mercadeo exigían coordinación con dependencias internas, acceso a
documentos institucionales y articulación con los tiempos de funcionamiento de
la entidad. Tales circunstancias explican la presencia de la contratista en la sede
y la necesidad de organizar su labor dentro de una jornada, sin que de ello pueda
inferirse, por sí solo, una relación de dependencia laboral. Por tanto, se revocará
la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la existencia de una relación
laboral desde el 1.º de febrero de 2013 hasta el 2 de febrero de 2020 y ordenó el
pago de las prestaciones derivadas de esa declaración.
50. Por lo anterior, no resulta necesario pronunciarse sobre la prescripción
extintiva ni sobre los emolumentos discutidos por la entidad accionada. Al no
acreditarse la subordinación continuada, desaparece el presupuesto jurídico de
las condenas impuestas en primera instancia.
Estudio del recurso de apelación interpuesto por la demandante
1. La actora sostuvo que estaba demostrada la existencia de una relación laboral
durante el tiempo en que habría prestado servicios para la ESE accionada a
través de cooperativas y empresas de servicios temporales, esto es, entre el
1.º de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2013.
2. La Sala comparte la apreciación del Tribunal. La mayoría de las
certificaciones aportadas por las organizaciones intermediarias solo acredita la
vinculación formal de la actora con aquellas. Aunque algunas sugieren la
prestación de servicios en beneficio de la ESE, no permiten establecer con
precisión los períodos de ejecución ni las condiciones concretas en que se habría
desarrollado la actividad. Por esa razón, no ofrecen certeza suficiente para
declarar una relación de trabajo con la entidad demandada durante todo el lapso
reclamado.
3. La constancia del 20 de mayo de 2013, emitida por la Cooperativa Salud
Integral CTA, es el único documento que indica con claridad que la accionante
prestó servicios para la ESE demandada desde el 9 de mayo de 2012 hasta el
31 de enero de 2013. Sin embargo, esa certificación no describe las condiciones
de ejecución de la labor ni acredita que la actividad se hubiera desarrollado bajo
subordinación continuada.
4. En todo caso, aun si se aceptara que las certificaciones mencionadas
bastan para acreditar la prestación personal de un servicio remunerado en favor
de la entidad accionada, la subordinación continuada no se encuentra
demostrada. Las mismas limitaciones probatorias señaladas al estudiar el
recurso de la ESE impiden afirmar que la administración determinó el modo, el
tiempo, el lugar y la cantidad de trabajo, o que ejerció poderes disciplinarios sobre
la demandante.
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5. Aunque las testigos mencionaron que la demandante cumplía un horario
semejante al de la jornada ordinaria de la entidad accionada, esta corporación ha
precisado que la ejecución de actividades en las instalaciones de la entidad
contratante y dentro de horarios acordados no prueba, por sí sola, la existencia
de subordinación continuada. Algunas labores requieren coordinación espacial y
temporal para cumplirse de manera adecuada. Esa exigencia organizativa no
equivale, sin prueba adicional, a dependencia laboral.
6. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia
en cuanto negó la declaratoria de una relación laboral entre la demandante y la
ESE demandada durante los períodos de vinculación a través de cooperativas y
empresas de servicios temporales, comprendidos entre el 1.º de febrero de 2005
y el 31 de enero de 2013.
La condena en costas de ambas instancias
7. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
8. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
9. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
10. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado a
fin de negar todas las pretensiones de la demanda, se impondrán costas a la
parte actora en ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
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PRIMERO. REVOCAR los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la sentencia del
16 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Primera de Decisión. En su lugar, NEGAR las pretensiones que habían
prosperado en primera instancia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Libia Sicachá Gaviria, a favor de la ESE Hospital Universitario San Jorge de
Pereira. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
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