Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00091-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00091-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00091-01 (2889-2024)
Demandante: Nancy Jazmín Parra Quintero
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del Oficio
OJU-E-1019-2017 del 29 de junio de 2017, mediante el cual la entidad
demandada negó la existencia de una relación laboral entre el 1.º de septiembre
de 2010 y el 30 de abril de 2017 y el pago de las prestaciones correspondientes.
Durante ese período se desempeñó como auxiliar de farmacia, regente de
farmacia, líder de grupo interno de trabajo, referente de área y química
farmacéutica.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral con la demandada; (ii) reconocer y pagar las prestaciones
sociales correspondientes a un empleado de planta1, la sanción moratoria por la
falta de pago de las cesantías, los intereses sobre estas y la indemnización por
despido sin justa causa; (iii) pagar los aportes al sistema de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos laborales, así como los correspondientes a caja de
compensación familiar; y (iv) reintegrar los valores pagados por concepto de
retenciones e impuesto de industria y comercio.
3. Como concepto de violación, sostuvo que, aunque formalmente estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica desarrolló
sus actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio
1
Prima de servicio, prima de navidad, prima de antigüedad, bonificación por servicios prestados,
prima de vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, «reconocimiento por
permanencia» y compensación de las vacaciones en dinero.
1
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Demandante: Nancy Jazmín Parra Quintero
de una remuneración. A su juicio, estas circunstancias demostraban la
desnaturalización de los vínculos contractuales.
Contestación de la demanda
4. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
vinculación de la actora tuvo naturaleza contractual, por lo que no procedía el
reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, sanciones ni indemnizaciones
propias de una relación laboral.
5. Señaló que la demandante suscribió voluntariamente los contratos y
recibió los honorarios pactados. Agregó que no demostró la continuada
subordinación, pues no estaba sometida a órdenes de superiores ni al
cumplimiento de horarios de trabajo.
6. Propuso las excepciones de prescripción, pago, inexistencia del derecho
y de la obligación, «acción de primacía de la realidad», buena fe, cobro de lo no
debido, presunción de legalidad del acto acusado y de las obligaciones
adquiridas por las partes, «oposición», inexistencia de perjuicios, improcedencia
de la indemnización solicitada, inexistencia de responsabilidad de la demandada
y la innominada.
Sentencia apelada
7. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad
demandada a pagar a la actora una indemnización equivalente al valor de las
prestaciones sociales legales que habría percibido entre el 1.º de septiembre de
2010 y el 30 de abril de 2017, con excepción de las interrupciones contractuales.
La liquidación debía efectuarse con base en los honorarios pactados e incluir
cesantías, intereses sobre estas y vacaciones, debidamente indexadas.
8. Adicionalmente, (i) ordenó a la entidad demandada efectuar los aportes
pensionales que le correspondían como empleadora durante el período
reconocido; (ii) declaró no probada la excepción de prescripción; (iii) se abstuvo
de imponer condena en costas, al no advertir actuaciones dilatorias o de mala fe;
y (iv) negó las demás pretensiones.
9. Determinó que la demandante prestó personalmente sus servicios en el
área de farmacia de la entidad, en diferentes roles, y recibió la remuneración
pactada en los contratos.
10. También encontró acreditada la continuada subordinación, al considerar
que la actora desarrolló actividades relacionadas con el objeto misional de la
entidad sin autonomía suficiente para organizar su ejecución. Para sustentar esa
conclusión, tuvo en cuenta que debía prestar sus servicios de manera presencial,
cumplir horarios determinados, acatar órdenes y observar los protocolos y
reglamentaciones del área de farmacia. Además, resaltó que la vinculación se
prolongó por más de seis años, circunstancia que, a su juicio, descartaba el
carácter ocasional de las labores.
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11. Señaló que los contratos de prestación de servicios no pueden utilizarse
para atender de manera permanente labores propias de la misión institucional.
12. No ordenó a la demandante efectuar aportes adicionales para recomponer
la base de cotización pensional, pues consideró que las sumas pagadas como
contratista cubrieron la obligación que le habría correspondido como trabajadora.
13. Negó las pretensiones (i) de pago de aportes a salud, riesgos laborales y
caja de compensación familiar, porque las contingencias fueron cubiertas con las
cotizaciones efectuadas por la actora como contratista; (ii) de reconocimiento de
prestaciones sociales extralegales, toda vez que la demandante no adquirió la
condición de empleada pública; (iii) de pago de la sanción moratoria, al considerar
que la existencia de la relación laboral solo se reconocía con la sentencia; (iv) de
reintegro de las sumas descontadas por retención en la fuente e impuesto de
industria y comercio, por tratarse de asuntos tributarios ajenos al objeto de la
controversia; y (v) de reconocimiento de la indemnización por despido sin justa
causa, al estimar que corresponde a una figura propia del derecho laboral
privado.
14. Finalmente, concluyó que no se configuró la prescripción extintiva trienal.
Para ello tuvo en cuenta que entre los contratos no existieron interrupciones
superiores a treinta (30) días hábiles y que el último vínculo terminó el 30 de abril
de 2017. En consecuencia, consideró oportunas tanto la reclamación
administrativa presentada el 5 de junio de 2017 como la demanda radicada el 17
de enero de 2018.
Recurso de apelación
15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que el
Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas recaudadas, las cuales
demostraban que la actora ejecutó objetos contractuales diferentes y que su
vinculación respondió a necesidades del servicio, derivadas de una demanda de
atención en salud que excedía la capacidad del personal de planta.
16. Señaló que la señora Parra Quintero no acreditó la continuada
subordinación, pues los testigos no dieron cuenta de que recibiera órdenes o
estuviera sometida al cumplimiento de horarios. Añadió que aquellos ni siquiera
compartieron con la actora en la misma área de trabajo.
17. Indicó que la celebración sucesiva de contratos con una misma persona
no modifica, por sí sola, la naturaleza contractual del vínculo.
18. Afirmó que las directrices impartidas a la demandante estaban orientadas
al cumplimiento de las obligaciones pactadas y correspondían al principio de
coordinación propio de los contratos de prestación de servicios.
19. También solicitó examinar la prescripción extintiva, al considerar que la
actora desarrolló actividades diferentes durante los distintos períodos
contractuales. Subsidiariamente, pidió modificar la sentencia para ordenar a la
demandante acreditar los aportes pensionales efectuados y asumir las
diferencias que legalmente le correspondan.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Por auto del 2 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
21. La actora no se pronunció en esta etapa procesal.
22. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó revocar
el fallo apelado, toda vez que (i) entre los contratos 1405 de 2013 y 2092 de 2013
hubo una ruptura del vínculo contractual por más de 30 días hábiles y ello generó
la prescripción extintiva de derechos; y (ii) no se probó la continuada
subordinación, pues las declaraciones de la demandante y de los testigos no
precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hubieran podido
acreditar dicho elemento.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón a la entidad
demandada al sostener que no se acreditó la continuada subordinación durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios. En caso de mantenerse
la declaratoria de desnaturalización, deberá establecerse si la decisión sobre la
prescripción extintiva se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales
aplicables y si procede modificar la orden relacionada con los aportes
pensionales.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala considera que la actora no acreditó la continuada subordinación,
de acuerdo con los argumentos que más adelante se desarrollan. Por
consiguiente, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las
pretensiones.
26. De acuerdo con la prueba documental recaudada2, la accionante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad demandada:
Contrato u orden de
Plazo o duración Honorarios Objeto
prestación de servicios
1366 del 1.° de septiembre de
1/9/2010 al 31/1/2011 $ 7.203.600 Auxiliar de farmacia
2010
724 del 1.° de febrero de 2011 1/2/2011 al 31/1/2012 $ 14.613.970 Auxiliar de farmacia
Regente de
658 del 1.° de febrero de 2012 1/2/2012 al 31/12/2012 $ 14.198.400
farmacia I
2
Contratos, adiciones y prórrogas; y certificación del 22 de mayo de 2017 expedida por la entidad
accionada (folios 1 a 57, anexos de la demanda).
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Regente de
244 del 1.° de enero de 2013 1/1/2013 al 30/6/2013 $ 8.859.800
Farmacia I
Química
1405 del 7 de junio de 2013 7/6/2013 al 31/8/2013 $ 8.144.000
farmacéutica I
Química
2092 del 8 de octubre de 2013 8/10/2013 al 7/1/2014 $ 10.913.235
farmacéutica
Líder Grupo Interno
290 del 8 de enero de 2014 8/1/2014 al 7/10/2014 $ 39.520.000
de Trabajo I
1642 del 8 de octubre de 2014 8/10/2014 al 7/3/2015 $ 11.090.560 Referente de área I
Química
004 del 8 de enero de 2015 8/1/2015 al 31/12/2015 $ 41.869.308
farmacéutica II
Química
15 del 1.° de enero de 2016 1/1/2016 al 31/7/2016 $ 25.653.960
farmacéutica
000384 (se certificó, mas no se Química
1/8/2016 al 31/8/2016 $ 3.698.640
aportó) farmacéutica
003942 del 1.° de septiembre de Química
1/9/2016 al 7/1/2017 $ 14.794.560
2016 farmacéutica
002237 (se certificó, mas no se Química
8/1/2017 al 30/4/2017 $ 13.931.393
aportó) farmacéutica
27. En primera instancia se practicó la declaración de parte de la demandante
y se recibieron los testimonios de las señoras Judy Alexandra Sanabria Castro y
Karen Lorena Cárdenas Reyes, de los cuales se destaca lo siguiente:
• La demandante manifestó que estuvo vinculada como contratista entre
2010 y 2017 y se desempeñó sucesivamente como auxiliar y regente de
farmacia, química farmacéutica, líder de grupo interno de trabajo y
referente de área. Explicó las actividades correspondientes a cada uno de
esos roles y señaló que, como líder y referente, estuvo a cargo del servicio
farmacéutico, coordinó su abastecimiento y verificó el cumplimiento de las
actividades asignadas al personal.
Indicó que cumplía horarios que podían extenderse de 6:00 a. m. a 6:00
p. m., incluidos sábados, domingos y festivos. Afirmó que recibía
directrices del gerente, el director científico, el gerente financiero y la
supervisora de los contratos, relacionadas con el funcionamiento del área
de farmacia, y que no podía ausentarse sin autorización. Añadió que debía
compensar el tiempo correspondiente y que, en una oportunidad, recibió
un llamado de atención luego de ausentarse durante ocho días por
enfermedad.
• La señora Judy Alexandra Sanabria Castro manifestó que fue líder de
servicios ambulatorios del Hospital El Tunal entre 2010 y 2016 y que
dentro de esa área se encontraba el servicio de farmacia, en el cual
trabajaba la demandante. Señaló que esta desarrolló actividades
relacionadas con la dispensación y abastecimiento de medicamentos e
insumos y, posteriormente, como química farmacéutica, con su
almacenamiento, control y adquisición, así como con el cumplimiento de
los procesos y procedimientos aplicables al servicio.
Explicó que las actividades de la actora estaban sometidas a revisión y
supervisión debido al manejo de recursos públicos e insumos destinados
a la atención de pacientes. Afirmó que recibía instrucciones de la
Gerencia, la Subgerencia Científica y de ella misma como líder de
servicios ambulatorios, y que participaba en comités en los que se
adoptaban decisiones sobre compras, devoluciones, insumos,
proveedores y procedimientos. Agregó que debía permanecer durante el
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horario de funcionamiento de los servicios y que, por lo general, cumplía
jornadas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., que podían extenderse según las
necesidades. No tuvo conocimiento de llamados de atención ni de
ausencias de la demandante.
• La señora Karen Lorena Cárdenas Reyes señaló que la actora se
desempeñó como regente de farmacia, química farmacéutica y líder del
servicio farmacéutico. Indicó que cumplía los turnos establecidos por la
entidad y recibía instrucciones de la líder de apoyo diagnóstico y
terapéutico, la Subgerencia Científica y la Gerencia. También asistía a
reuniones y comités en los que se impartían directrices que posteriormente
debía transmitir a su equipo de trabajo.
Precisó que entre las actividades asignadas se encontraban la ejecución
de proyectos, elaboración de informes, presentación de cronogramas e
indicadores y seguimiento al funcionamiento del servicio. Añadió que los
procesos del área de farmacia eran objeto de auditorías internas y
externas y que la demandante intervenía en el proceso asistencial
mediante la cadena de abastecimiento de medicamentos y dispositivos
médicos. Finalmente, manifestó que las ausencias solo estaban
permitidas por incapacidad o calamidad doméstica, aunque no tuvo
conocimiento de que la actora se hubiera ausentado ni de que hubiera sido
objeto de procesos disciplinarios o sanciones.
28. La entidad demandada cuestionó la credibilidad de las testigos porque
promovieron procesos judiciales con pretensiones similares. Sin embargo, esa
circunstancia no conduce, por sí sola, a descartar sus declaraciones, sino que
exige valorarlas con mayor rigor. Para determinar su mérito probatorio debe
examinarse la razón de su conocimiento, la precisión y coherencia de los relatos
y su concordancia con los demás medios de prueba, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica.
29. En consecuencia, las declaraciones serán apreciadas con especial cautela
y en conjunto con el restante material probatorio.
30. En esas condiciones, los documentos recaudados —contratos, adiciones
y prórrogas y certificación del 22 de mayo de 2017—, los testimonios y la
declaración de parte de la demandante, valorados de manera conjunta,
demuestran que esta última se desempeñó como auxiliar, regente, química
farmacéutica, líder de grupo interno de trabajo y referente en el área de farmacia
de la entidad accionada, entre el 1.° de septiembre de 2010 y el 30 de abril de
2017, de manera discontinua, roles en los cuales desarrolló las siguientes
actividades:
i) Como auxiliar de farmacia: dispensación de medicamentos y alistamiento
de carros para llevarlos a los diferentes servicios del hospital, atención de
pedidos, organización de bodega de farmacia, etc.
ii) Regente de farmacia: elaboración de autorizaciones de medicamentos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
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iii) Química farmacéutica: realización de «unidosis» de medicamentos y
antibióticos, elaboración de órdenes de producción, participación en
rondas médicas con el grupo de nutrición para nutriciones parenterales,
participación en comités, verificación de las actividades de los auxiliares
de farmacia, etc.
iv) Líder de grupo interno de trabajo y referente de área: jefe del servicio de
farmacia, por lo que debía coordinar al personal de dicha dependencia y
revisar que cumplieran sus actividades, coordinar el abastecimiento de
insumos, realizar comités, etc.
31. Desde esa perspectiva, formalmente le asiste razón a la entidad accionada
en el sentido de que los objetos contractuales fueron diferentes, en tanto las
actividades que realizó la demandante dependieron del rol que asumió en el
marco de los contratos de prestación de servicios. Vale la pena destacar que en
sus posiciones de química farmacéutica y líder de grupo interno de trabajo y/o
referente de área tuvo una posición de mayor liderazgo, en la medida en que se
encargó de coordinar al equipo de farmacia y dirigir el correcto funcionamiento
de esta dependencia.
32. Ahora bien, no puede perderse de vista que las tareas que realizó la actora
hacían parte de un mismo proceso dentro de la entidad accionada, esto es, el
servicio de farmacia, de tal manera que, si bien la denominación que se le dio a
los objetos contractuales fue distinta, estos giraron en torno a un mismo eje
funcional que se enfocaba en la consecución y gestión de medicamentos,
insumos y elementos médicos para luego distribuirlos entre las diferentes áreas
de la entidad demandada que los requerían para prestar el servicio de salud. Así
pues, no puede afirmarse con propiedad que los contratos celebrados por la
accionante constituyeron vinculaciones independientes, autónomas o aisladas
entre ellas.
33. Habiendo precisado lo anterior, la Sala considera que la prueba recaudada
demuestra que la demandante prestó sus servicios de manera personal en
beneficio de la entidad accionada entre el 1.° de septiembre de 2010 y el 30 de
abril de 2017, de manera discontinua, en los roles ya mencionados dentro del
área de farmacia, tareas por las cuales recibió el pago de los honorarios pactados
en los contratos, hecho este que aceptó la parte demandada expresamente. En
consecuencia, la prestación personal del servicio y la remuneración se hallan
suficientemente acreditadas.
34. La Sala recuerda respecto de la subordinación continuada, que de la
interpretación armónica de los artículos 3, 4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y
14 de la Ley 80 de 1993 se desprende la necesaria relación entre los contratistas
y las entidades públicas en un marco de entendimiento y coordinación que
apunte a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, lo cual implica
para los primeros el deber de acatar algunas directrices que les impartan las
contratantes durante el desarrollo del contrato3 y colaborar para que lo convenido
3
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes
en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor
calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de
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se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de ejercer la dirección
general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les permite exigir al
contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar las revisiones
periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se desarrollen en
condiciones de calidad.
35. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
36. Desde esa perspectiva, quien solicite la declaración de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución
de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de
las pruebas recaudadas, la Sala concluye que la accionante no acreditó dicho
aspecto por las siguientes razones:
37. La continuada subordinación supone la existencia de un poder
permanente de dirección sobre la actividad de quien presta el servicio. Este se
manifiesta, entre otros aspectos, en la posibilidad de impartir órdenes vinculantes
sobre la forma, el tiempo y las condiciones de ejecución, exigir su cumplimiento
y restringir la autonomía del contratista en el desarrollo de sus obligaciones.
38. Si bien esta corporación ha considerado que ciertas actividades de gestión
administrativa podrían desarrollarse en escenarios de escasa autonomía, tal
presunción solo puede aplicarse si al proceso se allegan las pruebas que
permitan comprender, siquiera de manera sumaria, que durante la prestación del
servicio la parte contratante ejerció una subordinación continuada sobre el
contratista4. Lo anterior explica por qué la solución de este tipo de controversias
no siempre es igual5, aunque las tareas cumplidas sean parecidas, toda vez que
las decisiones están orientadas por las particularidades de cada caso y del grado
de cumplimiento de la carga probatoria que prevé el artículo 167 del Código
General del Proceso.
39. En el presente asunto está acreditado que la demandante prestó sus
servicios en las instalaciones de la entidad y que sus actividades debían
articularse con el funcionamiento del área de farmacia y de los demás servicios
hospitalarios. Sin embargo, esas circunstancias no permiten establecer, por sí
mismas, que la entidad ejerciera sobre ella un poder permanente de dirección.
La naturaleza de las obligaciones contratadas exigía la presencia en el hospital,
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse».
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de julio de 2025, expediente 47001-23-33-000-2022-00250-01 (0929-2024).
5
En tratándose de actividades de auxiliar de farmacia podemos encontrar decisiones en sentidos diferentes,
las cuales no resultan contradictorias en tanto respondieron a las particularidades de cada caso. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, (i)
sentencia del 2 de marzo de 2017, expediente 52001-23-31-000-2010-00505-02, y sentencia del 16 de
febrero de 2023, expediente 25000-23-42-000-2016-01077-01 (2275-2020).
8
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pues comprendían la custodia, distribución y gestión de medicamentos e insumos
destinados a la atención de los pacientes.
40. Tampoco resulta determinante que las declarantes hubieran hecho
referencia al cumplimiento de horarios. Aunque difirieron acerca de las horas
exactas de inicio y terminación de la jornada, sus relatos permiten establecer que
la demandante prestaba sus servicios dentro de determinadas franjas horarias.
No obstante, la prueba no permite concluir que estas fueran impuestas
unilateralmente por la entidad como manifestación de un poder de disposición
sobre su tiempo. Al respecto, Judy Alexandra Sanabria Castro explicó que la
presencia de la actora respondía al funcionamiento de los servicios hospitalarios
y al cronograma de entrega de medicamentos e insumos.
41. Una consideración semejante merece la prueba relacionada con las
órdenes. Las testigos señalaron que la demandante recibía instrucciones de la
Gerencia, la Subgerencia Científica y la líder de servicios ambulatorios. Sin
embargo, al precisar su contenido hicieron referencia a la ejecución de proyectos,
elaboración de informes, presentación de cronogramas e indicadores,
participación en reuniones y comités, adquisición o devolución de medicamentos
e insumos y cumplimiento de los procesos y procedimientos del servicio
farmacéutico.
42. Tales referencias acreditan la existencia de instrucciones relacionadas con
la operación del área, pero no permiten establecer que estas hubieran
desbordado las facultades de coordinación, supervisión y control propias de la
contratación estatal. Varias de las actividades mencionadas por las declarantes
estaban comprendidas en las obligaciones pactadas, que incluían la presentación
de informes, la participación en reuniones y rondas, la coordinación de la
distribución de medicamentos, el cumplimiento de procedimientos técnicos y
administrativos y la atención de requerimientos relacionados con el objeto
contractual.
43. Esta distinción adquiere especial importancia respecto de los períodos en
los que la demandante se desempeñó como química farmacéutica, líder de grupo
interno de trabajo y referente de área. Según su propia declaración y los
testimonios practicados, llegó a ejercer la jefatura del servicio farmacéutico,
coordinaba al personal del área y verificaba el cumplimiento de sus actividades.
Por tanto, las referencias generales a que recibía órdenes de otros funcionarios
no permiten establecer, sin mayor precisión sobre su contenido, frecuencia y
alcance, que estuviera sometida a un poder permanente de dirección. Era
necesario distinguir las instrucciones propias de la articulación jerárquica y
funcional del servicio de aquellas que hubieran determinado de manera continua
la forma en que debía ejecutar personalmente sus obligaciones.
44. Tampoco se acreditó el ejercicio de facultades correctivas sobre la
demandante. Aunque esta manifestó que recibió un llamado de atención después
de ausentarse durante ocho días, esa afirmación no fue corroborada por otro
medio de prueba. Judy Alexandra Sanabria Castro señaló que nunca observó
que hubiera recibido llamados de atención o se hubiera ausentado, mientras que
Karen Lorena Cárdenas Reyes afirmó que no le constaba que hubiera sido
sometida a procesos disciplinarios o sancionatorios. Las auditorías mencionadas
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Demandante: Nancy Jazmín Parra Quintero
por ambas declarantes, por su parte, recaían sobre los procesos y
procedimientos del servicio farmacéutico y respondían a los controles propios de
una actividad sometida a regulación sanitaria.
45. En ese contexto, tampoco resulta suficiente que las actividades
desarrolladas por la actora fueran necesarias para el funcionamiento del hospital,
se prolongaran durante varios años o estuvieran relacionadas con la prestación
del servicio de salud. Esas circunstancias permiten establecer la permanencia de
la necesidad atendida por la contratación, pero no sustituyen la prueba de la
continuada subordinación. Lo relevante no es que la actividad se integrara al
funcionamiento institucional, sino que la entidad hubiera ejercido sobre la
contratista un poder permanente de dirección que restringiera su autonomía en
la ejecución de las obligaciones convenidas.
46. La sentencia apelada partió, precisamente, de que las actividades
desarrolladas en el servicio farmacéutico, por su naturaleza, difícilmente podían
ejecutarse con autonomía. Sin embargo, esa consideración trasladó el análisis
desde las condiciones concretas de ejecución hacia las características de la
actividad contratada. El hecho de que la demandante tuviera que desarrollar sus
actividades dentro de determinados horarios y con sujeción a protocolos,
controles sanitarios y necesidades asistenciales no demuestra, por sí solo, que
la entidad ejerciera sobre ella un poder permanente de dirección. Varias de esas
exigencias eran propias del funcionamiento del servicio farmacéutico y, además,
estaban previstas en las obligaciones contractuales.
47. En consecuencia, la valoración conjunta de la prueba acredita una
estrecha coordinación entre la demandante y la estructura administrativa y
asistencial del hospital, necesaria para el funcionamiento del servicio
farmacéutico, pero no permite establecer que aquella hubiera estado sometida a
un poder permanente de dirección durante la ejecución de los contratos. Las
referencias generales a órdenes y horarios, apreciadas en su contexto y
contrastadas con las obligaciones pactadas y con las funciones de coordinación
que llegó a ejercer la propia actora, no son suficientes para demostrar la
continuada subordinación.
48. Por tanto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las
pretensiones de la demanda. Al no haberse demostrado la desnaturalización del
vínculo, resulta innecesario examinar los demás argumentos del recurso
relacionados con la prescripción extintiva y el alcance de la orden sobre los
aportes pensionales.
La condena en costas de ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
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50. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
51. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará el fallo apelado y
se negarán las pretensiones, se impondrán costas a la parte demandante en
ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a la señora
Nancy Jazmín Parra Quintero, a favor de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur ESE. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
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CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC
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