RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-00965-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00965-02

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-00965-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandada: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

Tema: nivelación salarial. Subtema 1: régimen salarial y prestacional de la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, el 25 de marzo de 2022, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Jairo Enrique Berrío Villareal demandó el acto administrativo mediante el cual
el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la reliquidación de los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones, al considerar que estos debían calcularse con base
en el salario realmente devengado durante su vinculación en la planta externa de dicha
cartera ministerial y no a partir de la equivalencia con cargos de la planta interna.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de
los aportes pensionales, al concluir que el ingreso base de cotización debía
corresponder al salario efectivamente devengado por el demandante, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
de primera instancia, al considerar que los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones deben liquidarse con base en el salario realmente devengado por el
demandante.

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Jairo Enrique Berrío Villareal, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 6 de marzo
de 20171, contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, con las siguientes
pretensiones2:

2. Se declare la nulidad del Oficio S-DITH-16-084720 del 15 de septiembre de
2016, suscrito por el director de talento humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante el cual se dio respuesta a la petición presentada por el
demandante el 25 de agosto de 2016, con la que solicitó el reconocimiento, liquidación
y pago de las cesantías y demás acreencias laborales causadas durante el tiempo en
que laboró en el servicio exterior, esto es, entre el 7 de noviembre de 2000 y el 14 de
noviembre de 2005, para que sean liquidadas con base en el salario «realmente
devengado».

3. A título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó condenar a la
entidad demandada a pagar: i) las cesantías anuales liquidadas con base en el
«salario realmente devengado»; ii) un interés moratorio mensual del 2% sobre cada
una de las sumas dejadas de pagar, liquidado a la tasa máxima legal, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969; iii) las sanciones e
indemnizaciones moratorias correspondientes, por cuanto la entidad demandada no
liquidó ni canceló oportunamente las cesantías; y iv) las costas del proceso.

2.1.1. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Jairo Enrique Berrío Villareal laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores
entre el 7 de noviembre de 2000 y el 14 de noviembre de 2005.

6. El Ministerio de Relaciones Exteriores no liquidó las cesantías y demás
prestaciones sociales a favor del demandante, con base en el «salario realmente
devengado».

7. Jairo Enrique Berrío Villareal presentó petición ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores el 25 de agosto de 2016, en la que solicitó el reconocimiento, liquidación y
pago de las prestaciones sociales causadas durante el tiempo de su vinculación, así
como la reliquidación de las cesantías, con fundamento en el salario «realmente
devengado». Asimismo, solicitó el pago de intereses moratorios al 2% mensual, de
1 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento“10_250002342000201700965002expedientedigiexpediente20210315161021_T13301790883251772
0.pdf”.
2 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),

documento“10_250002342000201700965002expedientedigiexpediente20210315161021_T13301790883251772
0.pdf” – pretensiones visibles en la página 1 a 2-.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

conformidad con el artículo 14 del Decreto 162 de 1969, la sanción moratoria prevista
en la Ley 244 de 1995 y la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensiones.

8. El director de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió
la petición mediante el Oficio S-DITH-16-084720 del 15 de septiembre de 2016, en el
que indicó que durante el tiempo en que el demandante laboró en la entidad se
realizaron los pagos de las prestaciones reclamadas conforme a la normativa vigente.
No obstante, omitió aportar copia de los actos administrativos mediante los cuales se
efectuaron las liquidaciones correspondientes a cada uno de los años laborados.

9. El oficio referido no fue notificado al señor Jairo Enrique Berrío Villareal ni a su
apoderado, ni se indicó la procedencia de recursos contra lo allí decidido.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 1, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 93 y 94.
La Ley 100 de 1993, artículos 17 y 18.
La Ley 244 de 1995, artículo 2.
La Ley 1071 de 2006, artículo 14.
El Decreto 3118 de 1968, artículo 30.
El Decreto 10 de 1992.
El Decreto 274 de 2000.
El Decreto 1832 de 1994.
El Decreto 1950 de 1953, artículos 60 y 61.

11. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante argumentó que el acto
administrativo acusado vulneró las disposiciones constitucionales y legales que
regulan la liquidación de las cesantías y demás prestaciones sociales de los
funcionarios del servicio exterior, en tanto estas deben calcularse a partir del salario
realmente devengado y no en la equivalencia de un cargo en planta interna.

12. Señaló que la entidad demandada desconoció los artículos 13, 48 y 53 de la
Constitución Política, así como los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, al liquidar
las prestaciones sociales y los aportes al sistema de seguridad social con fundamento
en un salario inferior al efectivamente percibido, lo que genera un trato discriminatorio
y vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y primacía de la realidad sobre las
formalidades.

13. Que las disposiciones que permitían la liquidación con base en la equivalencia
en planta interna, como el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992 y el artículo 66 del
Decreto 274 de 2000, fueron derogadas o declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional, por lo que no podían ser aplicadas por la administración para efectos
de determinar el monto de las prestaciones sociales.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

14. En ese sentido, afirmó que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de
Estado ha señalado que las cotizaciones y prestaciones sociales deben liquidarse con
base en el salario realmente devengado, por lo que la actuación de la demandada
desconoció dicho precedente y vulneró derechos fundamentales del demandante.

15. Manifestó que la entidad incumplió su obligación de expedir y notificar
oportunamente los actos administrativos de liquidación de las cesantías, lo que impidió
al demandante controvertirlas y vulneró su derecho al debido proceso.

16. Finalmente, concluyó que el acto administrativo acusado es contrario al
ordenamiento jurídico, al haber liquidado las prestaciones sociales con base en
criterios inconstitucionales y desconocer los derechos laborales del demandante, por
lo que procede su declaratoria de nulidad y el consecuente restablecimiento del
derecho.

2.2. Contestación de la demanda

17. La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de apoderada, se
opuso a todas las pretensiones de la demanda, al considerar que carecen de
fundamento fáctico y jurídico3.

18. En relación con los hechos, refirió que algunos son ciertos, en particular los
relativos a la vinculación del demandante al Ministerio de Relaciones Exteriores entre
el 7 de noviembre de 2000 y el 14 de noviembre de 2005, así como el salario
devengado durante dicho periodo.

19. No obstante, otros no constituyen hechos sino apreciaciones subjetivas del
demandante, y que, en todo caso, las prestaciones sociales, incluidas las cesantías,
fueron liquidadas, notificadas y pagadas conforme a la normativa vigente, con base
en la equivalencia de cargos prevista en el régimen especial aplicable al servicio
exterior.

20. En esa línea, expuso que el acto acusado se encuentra ajustado al
ordenamiento jurídico, en tanto fue expedido por la autoridad competente, con
observancia del debido proceso y bajo la presunción de legalidad, además de reflejar
la correcta aplicación de las normas especiales que regulaban la liquidación de las
prestaciones sociales de los funcionarios de planta externa.

21. Añadió que el demandante conoció oportunamente las liquidaciones de
cesantías, bien por las notificaciones efectuadas o por conducta concluyente al retirar
dichos valores en el año 2006, lo que evidencia que tuvo la oportunidad de
controvertirlas en su momento.

3 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento “22_250002342000201700965001recibememorial20210413163441_T133017908573357689.docx”

4

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

22. En ese contexto, destacó que la solicitud de reliquidación carece de sustento,
pues desconoce la aplicación preferente del régimen especial del servicio exterior y
aplicar de manera parcial normas del régimen general, lo cual resulta jurídicamente
improcedente.

23. De igual forma, a su juicio, no hay lugar al reconocimiento de intereses
moratorios, indexación ni indemnizaciones, dado que la entidad cumplió
oportunamente sus obligaciones y, además, en el caso se configuró el fenómeno de
la prescripción del derecho para reclamar la reliquidación de las cesantías.

24. En consecuencia, no existe vulneración normativa alguna en el acto acusado,
sino que, por el contrario, este se encuentra ajustado al régimen jurídico aplicable, por
lo que pidió negar las pretensiones de la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 25 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte accionada4, en los
siguientes términos:

PRIMERO. - Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada con relación a la reliquidación de las cesantías, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO. - Declarar la nulidad del Oficio No. S-DIHT-16-084720 del 15 de
septiembre de 2016 proferido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se condena al Ministerio de Relaciones Exteriores, en
calidad de empleador del demandante Jairo Enrique Berrío Villareal, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 9.072.401, a pagar a la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- las diferencias que resulten entre el aporte realizado
teniendo en cuenta el cargo equivalente de la planta interna del Ministerio y lo que
efectivamente debió cotizar de acuerdo con lo devengado por el actor durante la
prestación de sus servicios al Ministerio en la planta externa desde el 7 de noviembre
del año 2000 hasta el mes de abril del año 2004, tiempo durante el cual desempeñó
los cargos de Cónsul General, Grado Ocupacional 4 EX en el Consulado General de
Londres – Gran Bretaña y en el Consulado General de Colombia en Madrid – España.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la parte demandante deberán
cancelar el aporte pensional que no haya sido realizado, respetando los topes y
porcentajes de cotización establecidos en la norma vigente a la fecha en que debieron
realizarse, de forma indexada, aclarando que de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 no podrá superar los 20 SMLMV, y a partir de la

4 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento “49_250002342000201700965001SENTENCIA20220325010821_T133017908301980370”.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

vigencia de la Ley 797 de 2003 el límite será de 25 SMLMV.

CUARTO. - Al efectuarse la reliquidación de los aportes pensionales, el Ministerio de
Relaciones Exteriores deberá reajustar el aporte mes a mes según sean los
incrementos que se hayan dispuesto en virtud de la ley y estas cifras a su vez serán
ajustadas en su valor.

[…]

QUINTO. – Sin condena en costas en primera instancia.

[…]

26. Adujo que, según la parte demandante, la liquidación de las prestaciones
sociales debía efectuarse con base en lo efectivamente devengado y no a partir de la
equivalencia con cargos de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En contraste, la entidad demandada resaltó que la liquidación de las cesantías se
realizó conforme a la normativa vigente para cada periodo: entre los años 2000 y 2003,
conforme a la normativa vigente para cada periodo: entre los años 2000 y 2003, según
los Decretos 10 de 1992 y 274 de 2000 y, a partir de 2004, de acuerdo con el salario
efectivamente devengado.

27. Al respecto, el fallador de primer grado constató que las cesantías
correspondientes a los años 2000 a 2003 fueron liquidadas con base en la asignación
correspondiente a cargos equivalentes de la planta interna, mientras que a partir de
2004 la liquidación se efectuó con fundamento en el salario realmente devengado en
moneda extranjera, sin que se hubiera realizado el ajuste correspondiente para los
periodos anteriores, conforme lo dispone la jurisprudencia constitucional.

28. No obstante, lo anterior, en relación con la pretensión de reliquidación de las
cesantías, consideró que operó el fenómeno de la prescripción, dado que dicho
derecho se hizo exigible con ocasión de la sentencia C-535 de 2005 y la solicitud
correspondiente fue presentada por el demandante el 25 de agosto de 2016, esto es,
por fuera del término de tres años previsto en la ley.

29. Por su parte, en lo que respecta a los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, precisó que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, el ingreso base de cotización y de liquidación debía corresponder
a lo efectivamente devengado por los funcionarios de la planta externa, sin establecer
equivalencias con cargos de la planta interna.

30. Así, al analizar el caso concreto, evidenció que, si bien la entidad realizó los
aportes conforme al salario efectivamente devengado a partir de mayo de 2004, para
el periodo comprendido entre noviembre de 2000 y abril de 2004 estos se efectuaron
con base en la asignación de un cargo equivalente en la planta interna, lo que implicó
una base inferior a la efectivamente percibida por el demandante.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

31. En consecuencia, concluyó que existía una diferencia en el ingreso base de
cotización en perjuicio del demandante, por lo que las pretensiones de la demanda
estaban llamadas a prosperar parcialmente en lo relativo a la reliquidación de los
aportes pensionales.

2.4. Recurso de apelación

32. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque parcialmente bajo los siguientes argumentos5:

33. Señaló que, lo resuelto por el fallador de primer grado vulnera el principio de
legalidad, toda vez que tanto la administración como los administrados deben sujetar
su actuación al ordenamiento jurídico vigente, sin que sea posible aplicar
disposiciones de manera retroactiva o por fuera de su ámbito temporal.

34. En ese sentido, adujo que el señor Jairo Enrique Berrío Villareal prestó sus
servicios en la planta externa del Ministerio entre el 7 de noviembre de 2000 y el 14
de noviembre de 2005, periodo durante el cual la entidad efectuó los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones conforme a la normativa vigente para la
época, en particular, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que disponía que las
prestaciones sociales debían liquidarse con base en la asignación del cargo
equivalente en la planta interna.

35. A partir de ello, destacó que los aportes pensionales realizados durante dicho
periodo se ajustaron estrictamente al marco normativo aplicable, por lo que no es
posible reprochar su actuación, en tanto dio cumplimiento al principio de legalidad.

36. Asimismo, indicó que, con ocasión de la sentencia C-173 de 2004, el Ministerio
ajustó su actuación y, en adelante, efectuó los aportes pensionales con base en el
salario realmente devengado por los funcionarios de la planta externa, lo que
evidencia el acatamiento de la jurisprudencia constitucional. No obstante, precisó que
tales decisiones tienen efectos hacia el futuro, de conformidad con el artículo 45 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por lo que no resultan aplicables a
situaciones consolidadas con anterioridad.

37. En ese contexto, argumentó que no puede afirmarse la existencia de un trato
discriminatorio frente a los funcionarios de la planta interna, pues el régimen especial
del servicio exterior responde a la naturaleza y condiciones propias del servicio, y la
utilización de la equivalencia salarial para la liquidación de prestaciones sociales
buscaba precisamente evitar desequilibrios frente a quienes desempeñan funciones
en el territorio nacional.

38. De igual forma, que el Tribunal desconoció que la pretensión del demandante
está orientada a obtener el pago de diferencias en los aportes pensionales, lo cual
incide en la determinación de su mesada pensional; sin embargo, señaló que dicha
5 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento “53_250002342000201700965001RECIBEMEMORIAL20220418112507_T133017908249548771”.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

controversia debe ser tramitada ante la administradora de pensiones, entidad
competente para adelantar el proceso de reliquidación y, de ser el caso, requerir a la
entidad empleadora por los aportes faltantes.

39. En esa línea, resaltó que, conforme a lo previsto en el artículo 40 del Decreto
2106 de 2019, corresponde a las administradoras del régimen de prima media y al
Ministerio de Hacienda adelantar los ajustes derivados de reliquidaciones pensionales
ordenadas judicialmente, sin que dicha carga pueda trasladarse directamente a las
entidades públicas empleadoras en los términos dispuestos en la sentencia recurrida.

40. Finalmente, concluyó que no es posible desconocer la normatividad vigente
para la época de los hechos ni aplicar de manera retroactiva las decisiones de la Corte
Constitucional, por lo que solicitó revocar la decisión de primera instancia, en tanto el
Ministerio actuó conforme al ordenamiento jurídico y no vulneró derecho alguno del
demandante.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

41. Mediante auto del 30 de noviembre de 20226, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

42. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

43. Aclarado lo anterior, de acuerdo con los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión
de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

44. ¿Los aportes al sistema de seguridad social en pensiones efectuados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores durante el tiempo en que el demandante prestó
sus servicios en la planta externa, entre los años 2000 y 2004, se ajustaron al
ordenamiento jurídico, al haberse liquidado con base en la equivalencia con cargos
de la planta interna conforme a la normativa vigente para la época o, por el contrario,
debieron efectuarse con fundamento en el salario realmente devengado, en aplicación
de la jurisprudencia constitucional?

6 Samai, índice 4.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

45. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes aspectos:
(i) régimen salarial de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores; (ii)
hechos probados; y (iii) en el análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen salarial y prestacional de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores

46. El Decreto 10 de 1992, «Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera
Diplomática y Consular», proferido por el presidente de la República, previó en su
artículo 57:

«Artículo 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a
excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las
asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores».

47. Posteriormente, este fue derogado por el Decreto Ley 274 de 2000, «por el cual
se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular», el
cual, en su artículo 66 dispuso:

«Artículo 66. Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera
Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica
mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de
salario, que le correspondieren en planta interna».

48. A su turno, mediante sentencia C-292 de 20017, la Corte Constitucional declaró
inexequible el citado artículo, tras concluir que:

«[E]l Gobierno Nacional, como legislador extraordinario, se excedió en las facultades
precisas otorgadas por el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional […]
los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto todos ellos regulan materias propias del
régimen prestacional y salarial que, por definición, están excluidas de los ámbitos que
son susceptibles de regulación extraordinaria por parte del Gobierno Nacional con
base en leyes de facultades. […]».

49. Luego, se profirió la Ley 797 de 2003, «por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
que en el parágrafo 1° del artículo 7 prescribió:

«Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los

7 Corte Constitucional, sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales
establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna.
En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el
establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna,
teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables».

50. No obstante, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-173 de 20048,
declaró inexequible el apartado «para los cargos equivalentes en la planta interna»
contenido en la norma citada, al considerar que las cotizaciones para pensión deben
efectuarse con base en la asignación correspondiente al cargo realmente
desempeñado. Lo anterior por cuanto liquidarlas a partir de una asignación distinta o
supuestamente equivalente genera un trato discriminatorio, en la medida en que
desconoce el salario efectivamente devengado y conduce a que las prestaciones no
guarden correspondencia con el empleo, las funciones ni las cargas propias del
trabajo realizado.

51. En esa línea, la Corte advirtió que prácticas de esta naturaleza resultan
contrarias a los principios de dignidad humana e igualdad, y vulneran los derechos al
mínimo vital y a la seguridad social, en tanto impiden que el trabajador acceda a
prestaciones acordes con las condiciones reales en que prestó el servicio.

52. Asimismo, al referirse a los efectos de dicha declaratoria de
inconstitucionalidad, precisó que esta permite:

«[Q]ue el monto de cotización y el de liquidación de la pensión sean calculados con
base en lo realmente devengado, lo cual garantiza el equilibrio del sistema pensional,
pues las cotizaciones y las liquidaciones ya no se realizarán con base en ingresos
inferiores a los que estos funcionarios perciben, ya sea que estén en la planta interna
o en la externa, pues en cada caso se hará la cotización y la liquidación con base en
el salario real»9.

53. En igual sentido, por sentencia C-535 de 200510, la Corte, luego de advertir que,
pese a la derogatoria expresa del Decreto 10 de 1992 mediante el Decreto Ley 274
de 2000, el artículo 57 de dicha normativa continuaba produciendo efectos jurídicos,
lo declaró inexequible, en los siguientes términos:

«No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas
constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación
y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior
con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no
con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en
uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían
el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos,
resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo

8 Corte Constitucional, sentencia C-173 del 2 de marzo de 2004.
9 Ibidem.
10 Corte Constitucional, sentencia C-535 del 4 de mayo de 2005.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

vital. Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea
jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y
por lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada».

54. Al respecto, la Subsección B de esta Sección se pronunció en los siguientes
términos11:

«La declaratoria por la Corte Constitucional de la inexequibilidad de la locución “para
los cargos equivalentes de la planta interna” contenida en los artículos 57 del Decreto
Ley 10 de 1992 y 7° de la Ley 797 de 2003, por quebrantar los principios de la dignidad
humana y de igualdad y los derechos al mínimo vital y a la seguridad social y constituir
una práctica contraria a los derechos derivados de la relación laboral, implica que la
liquidación de las prestaciones debe efectuarse con fundamento en los salarios y
emolumentos establecidos en los decretos salariales dictados en desarrollo de la ley
marco para los funcionarios del servicio exterior.»

55. Ahora bien, sobre los efectos en el tiempo de las decisiones que dejaron sin
sustento las disposiciones que permitían liquidar las prestaciones con base en cargos
equivalentes de la planta interna, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-098
de 200612, precisó que, si bien las sentencias de constitucionalidad producen efectos
hacia el futuro, ello no impide su aplicación en casos concretos cuando se encuentren
comprometidos derechos fundamentales. En ese contexto, al amparar los derechos
de un ex servidor del servicio exterior a quien se le había negado la reliquidación
pensional con fundamento en los efectos hacia futuro de las sentencias de
constitucionalidad, previno al Ministerio de Relaciones Exteriores para que aplicara
dicha doctrina en casos semejantes. A partir de ello, advirtió la existencia de una línea
jurisprudencial consolidada según la cual la liquidación de los aportes pensionales
debe efectuarse con base en el salario realmente devengado, otorgándole efectos que
trascienden el caso concreto.

56. Bajo estos parámetros, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado precisó13:

«[L]a advertencia contenida en el fallo T-098 de 2006, en la que de manera explícita la
Corte extiende los efectos de sus decisiones a casos similares, despeja cualquier duda
que pudo haberse generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al
Ministerio y al Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que
el afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su derecho
particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios de la planta
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su pensión, so pena de
comprometer su responsabilidad […]».

57. En suma, si bien las sentencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 producen, en

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011, radicado 25000-23-

25-000-2007-00105-01 (2128-09). Reiterado por esta misma Subsección en: i) sentencia del 17 de noviembre de
2022, radicado 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021), ii) sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado
25000-23-42-000-2016-02651-03 (2527-2022).
12 Corte Constitucional, sentencia T-098 del 16 de febrero de 2006.
13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de julio de 2006, radicado 11001-03-06-

000-2006-00053-01 (1749).

11

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

principio, efectos hacia el futuro, la jurisprudencia constitucional y contenciosa ha
admitido la inaplicación de las disposiciones que establecían la equivalencia entre los
cargos de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y los de la planta
interna, porque su aplicación resulta contraria a la Constitución, en particular por
desconocer los derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social.

3.5. Hechos probados relevantes

58. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

59. Jairo Enrique Berrío Villareal estuvo vinculado al Ministerio de Relaciones
Exteriores desde el 7 de noviembre de 2000 hasta el 14 de noviembre de 2005.

60. Mediante el Decreto 1527 del 12 de agosto de 2000, el Ministerio de Relaciones
Exteriores nombró al señor Jairo Enrique Berrío Villareal en el cargo de «cónsul
general, grado ocupacional 4 EX», en el Consulado de Colombia en Londres, del cual
tomó posesión el 7 de noviembre de 200014.

61. Posteriormente, mediante el Decreto 2877 del 29 de noviembre de 2002, fue
designado en el mismo cargo en el Consulado de Colombia en Madrid, España, del
cual tomó posesión el 6 de febrero de 200315.

62. La coordinadora de asuntos pensionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores certificó, el 30 de agosto de 2016, que el señor Jairo Enrique Berrío Villareal
devengó, durante su vinculación en la planta externa, los siguientes factores salariales
y prestacionales16:

63. Año 2000: en libras esterlinas

Mes Asignación Tasa de cambio Conversión en I.B.C.
básica pesos
mensual
Noviembre 3.040,00 3.172,00 9.642.880,00 1.328.452,00
Diciembre 3.800,00 3.130,00 11.894.000,00 1.660.565,00
Prima de 316,67 3.130,00 991.177,10 0,00
navidad

14 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento_“11_250002342000201700965003expedientedigiexpediente20210315161021_T1330179088209729
17”, pp. 8 a 12.
15 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),

documento_“28_250002342000201700965007recibememorial20210413163442_T133017908497970792”
16 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),

documento_“11_250002342000201700965003expedientedigiexpediente20210315161021_T1330179088209729
17”, pp. 8 a 12.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

64. Año 2001: en libras esterlinas

Mes Asignación básica Tasa de Conversión en I.B.C.
mensual cambio pesos
Enero 3.800,00 3.359,00 12.764.200,00 1.731.804,00
Febrero 3.800,00 3.270,00 12.426.000,00 1.731.804,00
Marzo 3.800,00 3.340,00 12.692.000,00 1.731.804,00
Abril 3.800,00 3.280,00 12.464.000,00 1.731.804,00
Mayo 3.800,00 3.393,00 12.893.400,00 1.731.804,00
Junio 3.166,67 3.300,00 10.450.000,00 1.443.170,00
Julio 3.800,00 3.262,00 12.395.600,00 1.731.804,00
Agosto 3.800,00 3.340,00 12.692.000,00 1.731.804,00
Septiembre 3.800,00 3.352,00 12.737.600,00 1.731.804,00
Octubre 3.800,00 3.429,00 13.030.200,00 1.731.804,00
Noviembre 3.800,00 3.365,00 12.787.000,00 1.731.804,00
Diciembre 3.800,00 3.293,00 12.513.400,00 1.731.804,00
Prima de 3.483,33 3.293,00 11.470.605,69 0,00
navidad

65. Año 2002: en libras esterlinas

Mes Asignación básica Tasa de Conversión en I.B.C.
mensual cambio pesos
Enero 3.800,00 3.309,00 12.574.200,00 1.815.797,00
Febrero 3.800,00 3.198,00 12.152.400,00 1.815.797,00
Marzo 3.800,00 3.354,00 12.745.200,00 1.815.797,00
Abril 3.800,00 3.220,00 12.236.000,00 1.815.797,00
Mayo 3.800,00 3.318,00 12.608.400,00 1.815.797,00
Junio 3.800,00 3.381,00 12.847.800,00 1.815.797,00
Julio 3.800,00 3.674,00 13.961.200,00 1.815.797,00
Agosto 3.800,00 4.107,00 15.606.600,00 1.815.797,00
Septiembre 3.800,00 4.180,00 15.914.000,00 1.815.797,00
Octubre 3.800,00 4.445,00 16.891.000,00 1.815.797,00
Noviembre 3.800,00 4.341,00 16.495.800,00 1.815.797,00
Diciembre 3.800,00 4.332,00 16.461.600,00 1.815.797,00
Prima de 3.800,00 4.332,00 15.089.785,56 0,00
navidad

66. Año 2003: en libras esterlinas

Mes Asignación básica Tasa de Conversión en I.B.C.
mensual cambio pesos
Enero 3.800,00 4.614,00 17.533.200,00 1.905.861,00

13

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

67. Año 2003: en euros

Mes Asignación básica Tasa de Conversión en I.B.C.
mensual cambio pesos
Febrero 4.438,00 3.142,00 13.824.800,00 1.905.861,00
Marzo 4.400,00 3.189,00 14.031.600,00 1.905.861,00
Abril 4.400,00 3.228,00 14.203.200,00 1.905.861,00
Mayo 4.400,00 3.227,00 14.198.800,00 1.905.861,00
Junio 4.400,00 3.359,00 14.779.600,00 1.905.861,00
Julio 4.400,00 3.220,00 14.168.000,00 1.905.861,00
Agosto 4.400,00 3.237,00 14.242.800,00 1.905.861,00
Septiembre 4.400,00 3.108,00 13.675.200,00 1.905.861,00
Octubre 4.400,00 3.366,00 14.810.400,00 1.905.861,00
Noviembre 4.400,00 3.346,00 14.722.400,00 1.905.861,00
Diciembre 4.400,00 3.402,00 14.968.800,00 1.905.861,00
Prima de 4.400,00 3.402,00 14.968.800,00 0,00
navidad

68. Año 2004: en euros

Mes Asignación básica Tasa de Conversión en I.B.C.
mensual cambio pesos
Enero 4.400,00 3.489,00 15.351.600,00 1.996.009,00
Febrero 4.400,00 3.420,00 15.048.000,00 1.996.009,00
Marzo 4.400,00 3.348,00 14.731.200,00 1.996.009,00
Abril 4.400,00 3.293,00 14.489.200,00 1.996.009,00
Mayo 4.400,00 3.172,00 13.956.800,00 8.950.000,00
Junio 4.400,00 3.322,00 14.616.800,00 8.950.000,00
Julio 4.400,00 3.285,00 14.454.000,00 8.950.000,00
Agosto 4.400,00 3.140,00 13.816.000,00 8.950.000,00
Septiembre 4.400,00 3.108,00 13.675.200,00 8.950.000,00
Octubre 4.400,00 3.243,00 14.269.200,00 8.950.000,00
Noviembre 4.400,00 3.295,00 14.498.000,00 8.950.000,00
Diciembre 4.400,00 3.287,00 14.462.800,00 8.950.000,00
Prima de 4.400,00 3.287,00 14.462.800,00 0,00
navidad

69. Año 2005: en euros

Mes Asignación Tasa de Conversión en I.B.C.
básica mensual cambio pesos
Enero 4.400,00 3.252,00 14.308.800,00 9.537.000,00
Febrero 4.400,00 3.097,00 13.626.800,00 9.537.000,00
Marzo 4.400,00 3.069,00 13.503.600,00 9.537.000,00
Abril 4.400,00 3.044,00 13.393.600,00 9.537.000,00
Mayo 4.400,00 3.030,00 13.332.000,00 9.537.000,00
Junio 4.400,00 2.879,00 12.667.600,00 9.537.000,00
Julio 4.400,00 2.784,00 12.249.600,00 9.537.000,00
Agosto 4.400,00 2.817,00 12.394.800,00 9.537.000,00

14

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

Septiembre 4.400,00 2.870,88 12.631.872,00 9.537.000,00
Octubre 4.400,00 2.759,14 12.140.216,00 9.537.000,00
Noviembre 2.053,33 2.746,39 5.639.244,98 9.537.000,00
Prima de 3.666,67 2.662,55 9.762.692,21 0,00
navidad

70. En la referida certificación se dejó la siguiente constancia:

«Que el Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de la sentencia C-173/04,
a partir del 1° de mayo de 2004 empezó a aportar para el Sistema General de
Seguridad Social, tomando como base de cotización el salario devengado en divisas
por los funcionarios de planta externa, teniendo en cuenta los topes de ley».

71. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió, mediante oficio del 6 de enero
de 2012, la petición presentada por el señor Jairo Enrique Berrío Villareal, e indicó que
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, durante el período en que
estuvo vinculado a la planta externa de la entidad, esto es, entre el 7 de noviembre de
2000 y el 14 de noviembre de 2005, se efectuaron de conformidad con la normativa
vigente para la época, en particular el artículo 65 del Decreto 274 de 2000 que
establecía que el ingreso base de cotización a los sistemas de pensiones, salud y
riesgos profesionales de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, cuando
desempeñan sus funciones en el exterior, corresponde a la asignación básica mensual
del cargo equivalente en la planta interna. Indicó, además, que esta regla fue reiterada
en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003.

72. Asimismo, precisó que, a partir de la expedición de la Sentencia C-173 de 2004,
los aportes en materia de seguridad social se realizaron conforme a lo dispuesto por
la Corte Constitucional, sin que dicha decisión tenga efectos retroactivos 17.

73. La coordinadora de asuntos pensionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores respondió, mediante oficio S-DITH-16-084-720 del 15 de septiembre de
2016, la petición presentada por el señor Jairo Enrique Berrío Villareal el 25 de agosto
de 2016, en los siguientes términos:

74. En relación con el auxilio de cesantías correspondiente a los años 2000 a 2003,
indicó que este se liquidó conforme a la normativa vigente para la época, en particular
el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que disponía que debía calcularse con base en
la asignación del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Precisó que solo a partir de 2004, con ocasión de las sentencias C-173 de
2004 y C-535 de 2005, dicho auxilio comenzó a liquidarse con fundamento en el
salario devengado en divisas.

75. De otro lado, en cuanto a los aportes al sistema de pensiones, señaló que
durante el período en que el señor Jairo Enrique Berrío Villareal estuvo vinculado a la

17 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento “23_250002342000201700965002recibememorial20210413163441_T133017908561487227” pp. 2 a
3.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

entidad, estos se efectuaron de conformidad con la legislación vigente, en particular
el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 y el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Indicó que
dichas disposiciones establecían que el ingreso base de cotización de los funcionarios
que prestaban sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores correspondía a la asignación básica mensual y a los factores salariales
previstos para los cargos equivalentes en la planta interna.

76. En esa línea, precisó que, si bien la Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-173 de 2004, declaró parcialmente inexequible el artículo 7 de la Ley 797 de 2003,
en lo relativo a que el ingreso base de cotización se determinara con base en los
cargos equivalentes de la planta interna, dicha decisión no dispuso efectos
retroactivos. En consecuencia, indicó que solo a partir del 1.º de mayo de 2004 el
cálculo se efectuó teniendo en cuenta la tasa de cambio certificada por el Banco de la
República18.

77. La coordinadora de asuntos pensionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores certificó, el 17 de marzo de 2021, que durante el tiempo en que el señor
Jairo Enrique Berrío Villareal estuvo vinculado a esa entidad, se reportaron las
siguientes cotizaciones en materia pensional19:

78. IBC 2000

Mes I.B.C.
NOVIEMBRE 1.328.452,00
DICIEMBRE 1.660.565,00

79. IBC 2001

Mes I.B.C.
Enero 1.731.804,00
Febrero 1.731.804,00
Marzo 1.731.804,00
Abril 1.731.804,00
Mayo 1.731.804,00
Junio 1.327.716,40
Julio 1.731.804,00
Agosto 1.731.804,00
Septiembre 1.731.804,00
Octubre 1.731.804,00
Noviembre 1.731.804,00
Diciembre 1.731.804,00

18 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),
documento “29_250002342000201700965008recibememorial20210413163442_T133017908486785756” pp. 1 a
6.
19 Samai, índice 2. Expediente digital carpeta “principal”, subcarpeta “4ED_2500023420002017.zip” (zip),

documento “24_250002342000201700965003recibememorial20210413163442_T133017908548320176”

16

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

80. IBC 2002

Mes I.B.C.
Enero 1.815.797,00
Febrero 1.815.797,00
Marzo 1.815.797,00
Abril 1.815.797,00
Mayo 1.815.797,00
Junio 1.815.797,00
Julio 1.815.797,00
Agosto 1.815.797,00
Septiembre 1.815.797,00
Octubre 1.815.797,00
Noviembre 1.815.797,00
Diciembre 1.815.797,00

81. IBC 2003

Mes I.B.C.
Enero 1.905.861,00
Febrero 1.905.861,00
Marzo 1.905.861,00
Abril 1.905.861,00
Mayo 1.905.861,00
Junio 1.905.861,00
Julio 1.905.861,00
Agosto 1.905.861,00
Septiembre 1.905.861,00
Octubre 1.905.861,00
Noviembre 1.905.861,00
Diciembre 1.905.861,00

82. IBC 2004

Mes I.B.C.
Enero 1.996.009,00
Febrero 1.996.009,00
Marzo 1.996.009,00
Abril 1.996.009,00
Mayo 8.950.000,00
Junio 8.950.000,00
Julio 8.950.000,00
Agosto 8.950.000,00
Septiembre 8.950.000,00
Octubre 8.950.000,00
Noviembre 8.950.000,00
Diciembre 8.950.000,00

17

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

83. IBC 2005

Mes I.B.C.
Enero 9.537.000,00
Febrero 9.537.000,00
Marzo 9.537.000,00
Abril 9.537.000,00
Mayo 9.537.000,00
Junio 9.537.000,00
Julio 9.537.000,00
Agosto 9.537.000,00
Septiembre 9.537.000,00
Octubre 9.537.000,00
Noviembre 4.450.600,00

84. También se indicó que los aportes por concepto de sistema general de
seguridad social en pensiones del señor Jairo Enrique Berrío Villareal se realizaron en
el I.S.S. desde el 7 de noviembre de 2000 hasta el 14 de noviembre de 2005.

3.6. Caso concreto

85. En el asunto bajo análisis, la inconformidad del Ministerio de Relaciones
Exteriores con la sentencia de primera instancia se circunscribe a la orden de
reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
específicamente respecto de la base utilizada para su cálculo durante el período en
que el señor Jairo Enrique Berrío Villareal estuvo vinculado a la planta externa de
dicha entidad, entre los años 2000 y 2004.

86. En ese sentido, sostuvo que los aportes al sistema de seguridad social
efectuados por la entidad se ajustaron al ordenamiento jurídico vigente para la época,
en especial a lo previsto en el artículo 57 del Decreto 10 de 1992 y en el artículo 7 de
la Ley 797 de 2003, conforme a los cuales el ingreso base de cotización debía
determinarse con fundamento en la asignación del cargo equivalente en la planta
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

87. Asimismo, indicó que solo a partir de la sentencia C-173 de 2004 se modificó
la forma de liquidación de los aportes, para tomar como base la asignación salarial
efectivamente percibida por los funcionarios de la planta externa del ministerio, pues
la referida decisión solo produce efectos hacia el futuro, por lo que no resulta aplicable
a los períodos anteriores.

88. Por su parte, el Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y ordenó la
reliquidación de los aportes pensionales al considerar que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, el ingreso base de cotización
debía corresponder a lo efectivamente devengado por el demandante, sin atender a
la equivalencia con cargos de la planta interna.

18

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

89. Bajo estas consideraciones, se procederá a resolver el problema jurídico
propuesto.

90. De conformidad con las pruebas allegadas al plenario, la Sala tiene acreditado
que el señor Jairo Enrique Berrío Villareal laboró en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores entre el 7 de noviembre de 2000 y el 5 de febrero de 2003 como
cónsul general, grado ocupacional 4 EX, en el Consulado de Colombia en Londres,
Inglaterra, y desde el 6 de febrero de 2003 hasta el 14 de noviembre de 2005
desempeñó el mismo cargo en el Consulado de Colombia en Madrid, España.

91. En cuanto a la asignación salarial del demandante, se advierte que esta fue
pagada en libras esterlinas entre noviembre de 2000 y enero de 2003, y en euros
desde febrero de 2003 hasta noviembre de 2005.

92. A su vez, se encuentra probado que, entre noviembre de 2000 y abril de 2004,
la liquidación de las prestaciones sociales del señor Jairo Enrique Berrío Villareal se
efectuó con base en la asignación del cargo equivalente en el servicio interno de la
entidad y no en el salario que efectivamente percibió.

93. Recuérdese que, conforme se expuso en el marco normativo, para la época en
que el demandante laboró en el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraban
vigentes disposiciones que establecían que las prestaciones sociales de los
funcionarios de la planta externa debían liquidarse con fundamento en la asignación
básica mensual y en los factores salariales previstos para los cargos equivalentes en
la planta interna, tal como lo preveían, en su momento, el artículo 57 del Decreto 10
de 1992, el artículo 66 del Decreto Ley 274 de 2000 y el parágrafo 1° del artículo 7 de
la Ley 797 de 2003.

94. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-173
de 200420, declaró inexequible el apartado «para los cargos equivalentes en la planta
interna» contenido en el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, al
considerar que las cotizaciones al sistema de pensiones deben efectuarse con base
en el salario realmente devengado por el funcionario. Señaló que la utilización de
criterios de equivalencia con cargos de la planta interna desconoce el ingreso
efectivamente percibido y genera un trato diferenciado injustificado, contrario a los
principios de igualdad y dignidad humana, así como a los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital.

95. En esa misma línea, mediante la Sentencia C-535 de 200521, la Corte declaró
inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, pese a su derogatoria expresa, al
advertir que continuaba produciendo efectos jurídicos. Precisó que tanto la liquidación
de prestaciones sociales como la determinación del ingreso base de cotización con
fundamento en la equivalencia con cargos de la planta interna comportan un
tratamiento discriminatorio, en la medida en que impiden que las prestaciones
correspondan al salario efectivamente percibido, por lo que reiteró que estas deben
20 Corte Constitucional, sentencia C-173 del 2 de marzo de 2004.
21 Corte Constitucional, sentencia C-535 del 4 de mayo de 2005.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

calcularse con base en las condiciones reales en que se presta el servicio.

96. Así, de acuerdo con las certificaciones del 30 de agosto de 2016 y del 17 de
marzo de 2021, expedidas por la coordinadora de asuntos pensionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, se encuentra acreditado que, en aplicación de lo dispuesto
por la Corte Constitucional, a partir de mayo de 2004 las prestaciones sociales del
demandante se liquidaron con fundamento en la asignación efectivamente percibida
por el señor Jairo Enrique Berrío Villareal.

97. Al respecto, la entidad demandada ha sostenido, tanto en el trámite
administrativo adelantado por el señor Jairo Enrique Berrío Villareal como en sus
intervenciones dentro del presente proceso, que la Corte Constitucional no dispuso
efectos retroactivos en la Sentencia C-173 de 2004, razón por la cual no procede la
reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones del
demandante.

98. Sin embargo, contrario a lo dicho por la entidad demandada en relación con los
efectos en el tiempo de las decisiones que dejaron sin sustento las disposiciones que
permitían liquidar las prestaciones con base en cargos equivalentes de la planta
interna, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-098 de 2006, precisó que, si
bien las sentencias de constitucionalidad producen efectos hacia el futuro, ello no
impide su aplicación en casos concretos cuando se encuentren comprometidos
derechos fundamentales.

99. Bajo ese entendimiento, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado22 señaló que la advertencia contenida en la Sentencia T-098 de 200623,
mediante la cual la Corte extiende los efectos de sus decisiones a casos similares,
despeja cualquier duda sobre el alcance de las sentencias de constitucionalidad y
obliga a las entidades competentes a reconocer, en sede administrativa, los derechos
que asisten a los pensionados y exfuncionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sin que estos deban acudir a la acción de tutela para su
protección.

100. Con base en estas consideraciones, no resulta de recibo el argumento de la
entidad demandada, según el cual no procede la reliquidación de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones por tratarse de una situación definida
conforme a la normativa vigente para la época. En efecto, de acuerdo con la línea
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional y esta Corporación24, el
ingreso base de cotización debe corresponder al salario realmente devengado por el
trabajador, y no a uno inferior derivado de equivalencias con cargos de la planta
interna, que no reflejan las condiciones reales del servicio prestado.

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de julio de 2006, radicado 11001-03-06-

000-2006-00053-01 (1749).
23 Corte Constitucional, sentencia T-098 del 16 de febrero de 2006.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2011, radicado 25000-23-

25-000-2007-00105-01 (2128-09). Reiterado por esta misma Subsección en: i) sentencia del 17 de noviembre de
2022, radicado 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021), ii) sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado
25000-23-42-000-2016-02651-03 (2527-2022).

20

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

101. Mantener la liquidación de los aportes con fundamento en un ingreso distinto al
efectivamente percibido resulta contrario a los principios de igualdad y dignidad
humana, en tanto desconoce la correspondencia que debe existir entre el salario
devengado y las prestaciones derivadas de la relación laboral. Por ello, se concluye
que la decisión adoptada por el fallador de primer grado se ajusta a derecho y, por tal
razón, será confirmada en este aspecto.

102. Finalmente, en relación con el argumento según el cual la controversia debe
ser tramitada ante la administradora de pensiones, por ser la entidad competente para
adelantar el proceso de reliquidación y, de ser el caso, requerir a la entidad
empleadora por los aportes faltantes, la Sala advierte que dicha postura parte de una
interpretación errada del artículo 4025 del Decreto 2106 de 201926.

103. Si bien esta disposición prevé la supresión de trámites y del cobro de deudas
pensionales entre entidades públicas del orden nacional —en la medida en que se
financian con recursos del presupuesto general de la Nación, lo que hace innecesario
que el Estado se cobre a sí mismo—, dicha previsión no resulta aplicable al presente
asunto. Lo anterior, por cuanto no se está ante un escenario de cobro entre entidades,
sino frente al reconocimiento de las diferencias en los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones a las que tiene derecho el demandante.

104. Además, la citada disposición regula aspectos operativos del recaudo y ajuste
de aportes entre entidades públicas, pero no excluye la responsabilidad del empleador
en la correcta determinación del ingreso base de cotización ni limita la competencia
del juez contencioso para establecer la existencia de diferencias y ordenar su pago.
En ese sentido, el trámite administrativo propio de la reliquidación no impide que, en
sede judicial, se determine que los aportes fueron efectuados de manera incorrecta y,
en consecuencia, se imponga al empleador la obligación de asumir las diferencias
correspondientes.

105. De este modo, el argumento de la entidad demandada no desvirtúa la
procedencia de las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia, por lo que
se reitera su confirmación en este aspecto.

25 «Artículo 40. Supresión de obligaciones de las entidades públicas que formen parte del presupuesto general de

la Nación y la UGPP o Colpensiones. Se adiciona un parágrafo al artículo 17 de la Ley 100 de 1993, así:
“PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, suprimirán los trámites
y procedimientos de cobro de las deudas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que formen parte
del Presupuesto General de la Nación, obligadas a pagar aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes pensionales derivados de fallos ejecutoriados, que hayan
ordenado la inclusión de factores salariales no contemplados en el ingreso base de cotización previsto en la
normatividad vigente al momento del reconocimiento de la pensión.
En todo caso las entidades de que trata esta disposición efectuarán los respectivos reconocimientos contables y
las correspondientes anotaciones en sus estados financieros. Los demás cobros que deban realizarse en materia
de reliquidación pensional como consecuencia de una sentencia judicial deberán efectuarse con base en la
metodología actuarial que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.”»
26 «Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos

innecesarios existentes en la administración pública».

21

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

3.7. Conclusión

106. Con fundamento en lo expuesto, concluye la Sala que los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones efectuados por el Ministerio de Relaciones Exteriores
durante el período comprendido entre noviembre de 2000 y abril de 2004 no se
ajustaron al ordenamiento jurídico, en la medida en que fueron liquidados con base
en la asignación de cargos equivalentes de la planta interna y no en el salario
realmente devengado por el señor Jairo Enrique Berrío Villareal. Si bien dicha práctica
se sustentó en la normativa vigente para la época, lo cierto es que, conforme a la
jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, el ingreso base de cotización
debe corresponder a las condiciones reales en que se prestó el servicio.

107. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto
ordenó la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

3.8. Costas

108. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 27 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de marzo de 2022 por las razones

27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

22

Radicación: 25000-23-42-000-2017-00965-02 (4120-2022)
Demandante: Jairo Enrique Berrío Villareal
Demandado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores

expuestas en este proveído.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.