Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01362-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01362-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01362-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
Demandante : María Stella Fernández Ardila
Demandado : Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema : Pago de diferencias en aportes pensionales a cargo del
empleador con base en lo realmente devengado
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 19 de marzo de 20211 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E), mediante la
cual accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 235 a 245). La señora María Stella Fernández
Ardila, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] Oficio No. DTH.71151
proferido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 30 de diciembre de
2009 mediante la cual se negó la reliquidación de los aportes cotizados al
Sistema de Seguridad Social de Pensiones por la demandada a favor de la
demandante» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a pagar
«[…] con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
– COLPENSIONES […] las sumas de dinero que correspondan por concepto
de reliquidación de aportes cotizados al sistema de Seguridad Social en
Pensiones a favor de la [actora] tomando como base las sumas efectivamente
devengadas por ella cuando se desempeñó como trabajadora del MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, según lo probado en el proceso, y de
conformidad con el cálculo actuarial que para el efecto realice […]
COLPENSIONES» (sic); y las costas procesales. Por último, que se dé
1
Se deja constancia que por error se plasmó como fecha de la sentencia de primera instancia el 19 de marzo de
2020, cuando lo correcto es 19 de marzo de 2021.
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
de Relaciones Exteriores
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que se afilió al extinguido
Instituto de Seguros Sociales (ISS) «[…] desde el 24 de octubre de 1977 y hasta
el 19 de septiembre de 2007» (sic).
Que del 3 de septiembre de 1997 al 7 de octubre de 1998 prestó servicios al
Ministerio de Relaciones Exteriores en el cargo de «Tercer Secretario, Grado
Ocupacional 1 EX en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América» (sic), y su remuneración «[…] estaba compuesta
por una asignación básica, una prima de costo de vida y una prima de navidad,
todos estos constituían factor salarial y por lo tanto debían tenerse en cuenta
en su totalidad para efectos de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social»
(sic), pese a ello, la cartera accionada realizó sus aportes a pensión «[…] por
valores diferentes e inferiores a los realmente devengados […]».
Dice que el 22 de diciembre de 2009 pidió del ente estatal la corrección del
valor de los aportes a pensión efectuados, negada a través del acto acusado.
Que, mediante Resolución 122266 de 14 de octubre de 2010, el ISS le reconoció
su pensión de vejez, para cuyo cálculo tuvo en cuenta, como ingreso base de
cotización, los 10 últimos años anteriores a la adquisición del estatus, período
en el que se encuentra incluido el lapso durante el que laboró en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, lo que afectó el monto de su mesada pensional.
Agrega que en 2012 «[…] promovió proceso Ordinario Laboral en contra de
La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de solicitar la
reliquidación de los aportes […]» a pensión, pero el 31 de marzo de 2014
Colpensiones presentó cálculo de reserva actuarial, según el cual «[…] la suma
por concepto de reliquidación de aportes sobre la base del salario realmente
devengado por la demandante corresponde a […] $151’486.928» (sic). Pese a
ello, el 15 de julio de 2015 el Tribunal Superior de Bogotá (sala laboral) declaró
la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia y el 24 de agosto de 2016
la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura asignó el conocimiento del asunto a esta jurisdicción.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 53 de la
Constitución Política y 17 y 18 de la Ley 100 de 1993.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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Asevera que comoquiera que «[…] las normas con base en las cuales se
liquidaron los aportes a Seguridad Social en Pensiones de la demandante
fueron declaradas inexequibles por ser abiertamente inconstitucionales y
violatorios del derecho a la igualdad y al de la seguridad social […] es claro
que la [accionante] tiene derecho a que se realice la correspondiente
reliquidación, con el fin de proteger sus derechos fundamentales, dando
cumplimiento así a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que de forma
sistémica ha ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores que proceda a
realizar las reliquidaciones y pagos a que haya lugar teniendo en cuenta el
salario realmente devengado» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 275 a 287). La accionada, por intermedio
de apoderada, contestó el libelo introductorio con oposición a sus súplicas;
frente a los hechos afirma que algunos son ciertos, otros no, unos en forma
parcial y los demás no le constan; formuló de las excepciones denominadas (i)
falta de agotamiento de requisito de procedibilidad, (ii) falta de legitimación en
la causa por pasiva, (iii) inepta demanda por no demandar el acto administrativo
definitivo de reconocimiento de la pensión, (iv) prescripción, (v) caducidad, (vi)
buena fe – inexistencia de la obligación de pagar, (vii) cumplimiento de un
deber legal, (viii) especialidad del servicio en el exterior y (ix) aquiescencia de
la demandante y conocimiento de la existencia de la figura del salario del cargo
equivalente en la planta interna como factor de liquidación de prestaciones
sociales.
Como razones de defensa, indica que con el Decreto 2016 de 1968 se empezó a
realizar la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios de la
planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con la
equivalencia de cargos de su planta interna. Posteriormente, el Decreto 1253 de
1975 modificó lo anterior, en el sentido de que dicha liquidación se debía
realizar con base en «[…] la moneda en que se perciban las respectivas
remuneraciones», sin embargo, la Ley 4ª de 1975 derogó esa norma y retomó
la mencionada equivalencia, lo que fue reiterado a través de los Decretos 870
de 1978, 10 de 1992 y 1181 de 1999. No obstante, mediante sentencias C-173
de 2004, C-292 de 2010 y C-535 de 2005 fueron declarados inexequibles los
artículos de cada uno de los precitados decretos que regulaban la materia, sin
que haya lugar a otorgar efectos retroactivos a esas providencias judiciales.
1.6 Providencia apelada (ff. 388 a 339 vuelto). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección E), mediante sentencia de 19 de
marzo de 2021, accedió a las súplicas de la demanda (con condena en costas),
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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al considerar que «[…] de conformidad con lo indicado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, en el caso de los empleados que presten
sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen
derecho a que tanto el ingreso base de cotización como el ingreso base de
liquidación para el Sistema General de Pensiones debe corresponder a lo
efectivamente devengado y no atender equivalencias con cargos de la planta
interna» y, en ese sentido, «[…] se encontró acreditado que efectivamente la
[actora] prestó sus servicios como Tercer Secretario, Grado Ocupacional 1 Ex
en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados de Unidos de
América desde el 3 de septiembre de 1997 hasta el 7 de octubre de 1998[;]
realizó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones al Instituto de
Seguro Social hoy Colpensiones [y] efectivamente el salario devengado […]
era superior al devengado en el cargo equivalente y además las certificaciones
son claras en señalar que las prestaciones sociales se liquidaron y pagaron con
base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores […] (sic para toda la cita).
En consecuencia, condenó a la accionada a «pagar a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- las diferencias que resulten entre el
aporte realizado teniendo en cuenta el cargo equivalente de la planta interna
del Ministerio y lo que efectivamente debió cotizar de acuerdo a lo devengado
por la actora durante la prestación de sus servicios al Ministerio en la planta
externa desde el 3 de septiembre de 1997 hasta el 7 de octubre de 1998, en el
cargo de Tercer Secretario, Grado Ocupacional 1 Ex en la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de los Estados de Unidos de América» (sic); y
dispuso que la «demandante deberá cancelar el aporte pensional que no haya
sido realizado, en el porcentaje que le corresponde al trabajador, de forma
indexada».
1.7 Recurso de apelación (ff. 420 a 427). La accionada, mediante apoderado,
interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] los aportes por concepto
de pensión […] se efectuaron con base en las asignaciones del cargo
equivalente en el servicio interno de la entidad, hecho que no podía ser
diferente, pues la normatividad vigente para la fecha en que la exservidora se
desempeñó en la planta externa de la entidad, así lo exigía», por ende, «[…] el
principio de legalidad en el Estado Social de Derecho supone, que tanto los
administrados, como la administración deben someterse al imperio de la Ley y,
en ese sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó los aportes
pensionales [deprecados], tal y como fue establecido en los artículos 20 de la
Ley 100 de 1993 y 57 del Decreto Ley 10 de 1992, postulados normativos
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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vigentes para la época, que indicaban que los aportes de los funcionarios
que prestaban sus servicios en el exterior, debían efectuarse de acuerdo al
salario equivalente en la planta interna de la entidad; criterio que fuera
retomado posteriormente por el Decreto 1181 de 1999 y más adelante por la
Ley 797 de 2003 […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 31 de mayo de 2021 (f. 249)
y admitido por esta Corporación a través de proveído de 24 de mayo de 2022
(f. 437 vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes presentaron alegatos
de conclusión3.
2.1.1 Parte demandante. La actora, a través de apoderado, insiste en que «[…]
el acto administrativo que es objeto de demanda desconoce las normas
superiores en las cuales debía fundarse, pues en [su] caso […] se configuraron
todos los supuestos de hecho previstos en las normas superiores y en la
jurisprudencia de las Altas Cortes para que se concediera a su favor la
reliquidación de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y, en forma injustificada, la entidad demandada, negó la solicitud
realizada, razón por la cual, necesariamente el juez de lo contencioso
administrativo debe declarar la nulidad de dicho acto administrativo» (sic).
2.1.2 Ente accionado. Mediante apoderado, expresa que «[…] la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E, no se compadece con el
correcto actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es evidente y así
quedó demostrado, que es[a] entidad no vulneró ni amenaz[ó] los derechos
laborales de la [demandante], teniendo en cuenta que los aportes pensionales
en el lapso en que se desempeñó en la planta externa de la entidad, no solo se
efectuaron de manera oportuna sino también conforme a la normatividad
vigente para la fecha, por lo tanto, no podría hacerse reproche alguno al
Ministerio sobre el particular. Debe hacerse énfasis, [en que] la pretensión está
dirigida a que en el reconocimiento de pensional de la señora María Stella
Fernández Ardila se tengan en cuenta los aportes pensionales con el salario
realmente devengado en el periodo tantas veces mencionado, en ese sentido, es
claro que la reliquidación pensional es una solicitud que deberá adelantarse
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índices 8 y 9.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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ante la Administradora de pensiones, allegando el material probatorio
correspondiente, esto es, certificaciones de cargo y salarios, asimismo, si se
quiere, la manifestación de que debe tenerse en cuenta para la liquidación
pensional, los salarios realmente devengados y, es esa entidad (Colpensiones)
la que adelantará la reliquidación pensional y, posteriormente, las gestiones
que estime convenientes para solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores
los aportes pensionales que considere faltantes» (sic).
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste el derecho
a reclamar del Ministerio de Relaciones Exteriores que reliquide y complete al
respectivo fondo los aportes a pensión, desde el 3 de septiembre de 1997 hasta
el 7 de octubre de 1998, lapso en el que prestó servicios en el exterior en el
empleo de «TERCER SECRETARIO, [g]rado [o]cupacional 1 EX, en la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América»,
con base en el salario realmente devengado.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
El Decreto ley 2016 de 1968, en lo atañedero al régimen prestacional de los
empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, preceptuaba:
Artículo 76. Las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior se liquidarán y pagarán con base en las asignaciones del cargo
equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del presente estatuto y salvo
lo previsto en el artículo 66.
Sin embargo, esa norma fue derogada por el Decreto ley 10 de 1992, pero, por
medio de su artículo 57, permaneció la regla concerniente a que la liquidación
de las prestaciones de dichos empleados debía efectuarse con base en las
asignaciones pagadas al cargo equivalente en la planta interna de esa cartera,
disposición que, igualmente, fue reemplazada por el artículo 66 del Decreto ley
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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274 de 2000, así:
Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular se
liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los
conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que
le correspondieren en planta interna.
La anterior norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-292 de 20014, a partir del siguiente argumento:
Desde este punto de vista queda claro que el Gobierno Nacional, como
legislador extraordinario, se excedió en las facultades precisas otorgadas
por el Congreso de la República al amparo de lo previsto en el numeral 10
del artículo 150 de la Constitución y por ello deviene inconstitucional la
expresión “salvo las particularidades contempladas en este Decreto”
contenida en el artículo 63. Esto es así porque al establecer que los
funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular deben ser
afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social creado por la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios y normas modificatorias y que ello
procede "con las salvedades introducidas en ese Decreto", se crea una
excepción y se abre la posibilidad de un régimen especial en materia del
sistema de seguridad social aplicable a los funcionarios pertenecientes a la
carrera diplomática y consular.
Igual consideración debe hacerse en relación con los parágrafos 2, 3 y 4
del mismo artículo y con los artículos 64, 65, 66 y 67 por cuanto todos ellos
regulan materias propias del régimen prestacional y salarial que, por
definición, están excluidas de los ámbitos que son susceptibles de
regulación extraordinaria por parte del Gobierno Nacional con base en
leyes de facultades. En efecto, cuando se hacen regulaciones específicas
relacionadas con el régimen de seguridad social de esos funcionarios,
cuando se establecen las condiciones en que debe operar la prestación
asistencial en el exterior, cuando se determinan bases de cotización y de
liquidación de prestaciones sociales y cuando se determinan promedios
para la realización de pagos a funcionarios, el Gobierno Nacional está
ejerciendo una facultad que no le fue concedida y que el Congreso no podía
delegarle en cuanto se trata de un espacio que está supeditado al despliegue
de su propia capacidad legislativa.
De igual modo, ese alto tribunal constitucional, mediante fallo C-535 de 20055,
declaró inexequible el artículo 57 del Decreto ley 10 de 1992, al estimar:
17- Para la Corte, la norma establece un trato distinto entre categorías de
funcionarios iguales, los servidores públicos, pues permite que la pensión
de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones
4
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
5
Ibidem.
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Exteriores sea calculada de manera distinta a la del resto de servidores
públicos. En efecto, mientras que la regla general es que la pensión se
calcula con base en el salario efectivamente devengado por el funcionario,
en este caso se establece que, para los períodos en que la persona prestó
sus servicios en la planta externa, tanto la cotización como el monto de la
pensión se calcularán con base en el salario previsto para los cargos
equivalentes en la planta interna.
Es indiscutible entonces que la disposición que establece como forma de
cotizar y liquidar los aportes para pensión a partir del salario de un cargo
equivalente pero sustancialmente menor al devengado, es contraria a la
jurisprudencia sobre la materia y violatoria de los principios y derechos de
dignidad, igualdad, mínimo vital y seguridad social. Obviamente la norma
crea un factor ficticio que intenta excluir el salario real devengado, o una
buena parte de éste, del cálculo del monto de la pensión.
[…]
El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de
inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se
consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación
y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se
justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales servidores al
costo de vida de los países en los que cumplen sus funciones.
Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues
implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del
derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones
laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y
las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo
realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base
en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego,
no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la
cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos
impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio
financiero del sistema de seguridad social en pensiones.
De acuerdo con los referidos pronunciamientos, a pesar de que en principio se
admitió que el Ministerio de Relaciones Exteriores liquidara las prestaciones de
sus empleados que laboraban en el exterior con lo sufragado en un cargo
equivalente en su planta interna, ello atentaba contra el derecho a la igualdad,
motivo por el que esos emolumentos debían calcularse con base en sus ingresos
reales.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario precisar que aunque en las
mencionadas sentencias de constitucionalidad no se modularon sus efectos, de
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acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 270 de 19966, estos deberían
entenderse hacía el futuro.
Por otro lado, advierte la Sala que, en lo relacionado con el monto de las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de esta clase de
funcionarios del servicio exterior, el parágrafo 1º del artículo 20 de la Ley 100
de 1993 establece:
Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará
en el 13.5% del ingreso base de cotización.
[…]
Parágrafo. 1º- Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de
los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación
básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes
(para los cargos equivalentes de la planta interna). En todo caso, el ingreso
base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las
normas vigentes (para los cargos equivalentes en la planta interna),
teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables
[…].
Empero, las expresiones entre paréntesis fueron declaradas inexequibles por la
Corte Constitucional, mediante sentencia C-173 de 2 de marzo de 2004, con
ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynett, al considerar:
Los aportes para pensión y la liquidación de la misma en el caso de
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que presten sus
servicios en la planta externa deben hacerse conforme al salario
realmente devengado.
[…]
14- De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia
de esta Corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para
pensión deben hacerse tomando en consideración la asignación que
corresponde al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una
asignación distinta o supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si
se acogiera un criterio distinto al determinado jurisprudencialmente el
resultado sería que aquellos trabajadores que han devengado un mayor
salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a
labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que
generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su
nivel de preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades
6
«Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en
los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte
resuelva lo contrario».
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concordantes con su cargo. Es decir, lo recibido no correspondería al
empleo, ni a las funciones, ni a las cargas propias del trabajo desempeñado.
Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que las normas que respaldan
este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores son
inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los
principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al
mínimo vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento
constitucional expreso (C.P. arts. 48, y 53). Sobre este particular la
Sentencia T-1016 de 2000 expresó lo siguiente:
“...se afecta ostensiblemente la igualdad si a todos los trabajadores se les
liquida la pensión según el salario devengado y por el contrario a unos
servidores del Estado se les computa con base en el salario de otros
funcionarios que reciben sumas muy inferiores a la que percibe el
aspirante a pensionado. No sirve de argumento que se hubiere laborado
en el exterior porque como bien lo dice la Corte Suprema:
‘Es válido que el empleador reconozca una pensión de jubilación,
computando el tiempo laborado por el trabajador en territorio
colombiano, con el laborado en otro país y en desarrollo de un contrato
de trabajo diferente, pues es lícito variar las condiciones de tiempo, modo
y lugar’ (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, abril 15 de 1997).
Jurisprudencia que es válida también para funcionarios del Estado.”
(Sentencia T-1016 de 2000).
[…]
16- Visto todo lo anterior es claro que en cuanto a la cotización y
liquidación de aportes para pensión de quienes hicieron parte del cuerpo
diplomático en el exterior, existe una línea jurisprudencial consolidada, en
el sentido de sostener que tal liquidación debe hacerse tomando como base
el salario realmente devengado por el ex trabajador y nunca un salario
inferior, que además es ficticio, pues no corresponde realmente al cargo
desempeñado y a las responsabilidades derivadas del mismo. Y la razón
es que la pensión es un salario diferido7. De ello se sigue la
inconstitucionalidad de cualquier norma o disposición que ampare una
liquidación de aportes con base en un salario equívocamente denominado
equivalente, que en realidad resulta ser menor al recibido por el titular del
derecho.
Teniendo en cuenta que se trata de un tratamiento claramente
discriminatorio es evidente que la forma de cálculo de la pensión de
quienes prestaron parte de sus servicios diplomáticos en el extranjero
desconoce el derecho a la igualdad en materia pensional tal como está
consagrado en la norma parcialmente demandada.
[…]
20- La inexequibilidad de estos apartes corrige además la reiterada
violación a la igualdad que se ha venido presentando. Así, todas las
7
Ver sentencias T-1016 de 2000, T-181 de 1993 y T-453 de 1993.
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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acciones de tutela presentadas por antiguos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores demuestran la magnitud del problema
constitucional que se ha generado con estas medidas discriminatorias.
Además, esta declaratoria de inconstitucionalidad permite que el monto de
cotización y el de liquidación de la pensión sean calculados con base en lo
realmente devengado, lo cual garantiza el equilibrio del sistema pensional,
pues las cotizaciones y las liquidaciones ya no se realizarán con base en
ingresos inferiores a los que estos funcionarios perciben, ya sea que estén
en la planta interna o en la externa, pues en cada caso se hará la cotización
y la liquidación con base en el salario real.
Encuentra pues la Corte que los apartes acusados son violatorios de la
igualdad y por tanto habrán de ser declarados inexequibles, pues el trato
distinto impuesto por la norma es discriminatorio ya que implica que la
cotización y liquidación de la pensión se hacen con base en un salario que
no corresponde al realmente devengado. Y es que no es
constitucionalmente admisible reducir el salario de un servidor público
para efectos del cálculo de su pensión.
Nótese cómo en criterio de la Corte Constitucional, tanto el ingreso base de
liquidación de la pensión, como el de cotización, de los servidores públicos de
la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores está conformado por
la asignación realmente devengada, empero, en la hipótesis de que se hubiese
omitido el correspondiente aporte, la empresa administradora de pensiones bien
puede hacer las respectivas deducciones.
En este mismo sentido, se pronunció esta subsección, en fallo de 23 de febrero
de 2011, expediente 25000-23-25-000-2007-00105-01 (2128-09), con ponencia
del doctor Gerardo Arenas Monsalve, en los siguientes términos:
La declaratoria por la Corte Constitucional de la inexequibilidad de la
locución “para los cargos equivalentes de la planta interna” contenida en
los artículos 57 del Decreto Ley 10 de 1992 y 7° de la Ley 797 de 2003
por quebrantar los principios de la dignidad humana y de igualdad y los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social y constituir una práctica
contraria a los derechos derivados de la relación laboral, implica que la
liquidación de las prestaciones debe efectuarse con fundamento en los
salarios y emolumentos establecidos en los decretos salariales dictados en
desarrollo de la ley marco para los funcionarios del servicio exterior.
En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación en concepto rendido el 19 de julio de 2006 Radicación
número: 11001-03-06-000-2006-00053-00(1749), C.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, expuso:
‘En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el fallo T-098 de 2006,
en la que de manera explicita la Corte extiende los efectos de sus
11
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
de Relaciones Exteriores
decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse
generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio
y al Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin
que el afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se
proteja su derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados
y ex funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, al reajuste de su pensión, so pena de comprometer su
responsabilidad’.
Por su parte, la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de
Seguridad Social Integral, al determinar su campo de aplicación8, vincula
a todos los servidores del sector público, oficial y semioficial en todos los
órdenes, sin excluir expresamente9 a los que pertenecen a la Carrera
Diplomática y Consular, por lo que éstos están sometidos a las normas de
carácter general.
Lo anterior significa que los funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular no gozan de un régimen especial de pensiones diferente al
contenido en las normas de carácter general aplicables a los servidores
públicos, por lo que el ingreso base de cotización para el Sistema General
de Pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores debe corresponder al efectivamente devengado y no
atender equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de
los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente
violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana,
mínimo vital, entre otros, como ya se anotó.
En otras palabras, en aras de preservar la igualdad, la dignidad, la seguridad
social y el mínimo vital, carece de sustento legal la liquidación de las prestaciones
sociales de los funcionarios de planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores que se efectúe con base en el salario de un cargo equivalente en planta
interna; por ende, la liquidación de las pensiones de jubilación de dichos
servidores deberá tener en cuenta lo realmente devengado en el servicio exterior
y no con base en un salario inferior, que no le corresponde.
En ese sentido, cabe anotar que, como ya se dijo, si bien es cierto que en las
precitadas providencias C-173 de 2004 y C-535 de 2005 la Corte Constitucional
no moduló la efectividad de su decisión, también lo es que esta Corporación ha
precisado que «[…] dados los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, por
regla general hacia futuro, en algunas oportunidades es viable, dadas las
condiciones de la norma que se retira del ordenamiento jurídico, aplicar durante
la vigencia de la misma la excepción de inconstitucionalidad, en aras de no
8
Artículo 11, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003
9
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, establece los casos en los que no se aplica su contenido sin que entre
ellos se encuentren los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular.
12
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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permitir la existencia de situaciones que a todas luces son inconstitucionales por
afectar derechos de naturaleza fundamental»; por tanto, «[…] casos como el que
aquí es objeto de debate, donde los efectos de las sentencias C- 174 de 2004 y C-
535 de 2005 son hacia futuro, no implica que de manera retroactiva no sean
susceptibles de ser inaplicadas las normas o apartes normativos que por estas
providencias, con efecto de cosa juzgada material, excluyeron del ordenamiento
jurídico, máxime si la línea jurisprudencial tanto en la Corte Constitucional como
en esta Corporación ha sido uniforme respecto del tema»10.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Decretos 1943 de 4 de agosto de 1997, por medio del cual se nombró a la
actora en el cargo de «TERCER SECRETARIO, Grado Ocupacional 1 EX, en
la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América»
(sic), del que tomó posesión el 3 de septiembre siguiente; y 1919 de 15 de
septiembre de 1998, con el que se acepta la renuncia al referido empleo, a partir
del 8 de octubre de la misma anualidad (ff. 289 a 291).
b) Certificaciones emitidas el 11 de septiembre de 2009 y el 14 de marzo de
2013 por la coordinadora de nómina y prestaciones sociales del Ministerio de
Relaciones Exteriores (ff. 17 y 18), según las cuales la accionante prestó
servicios a esa cartera desde el 3 de septiembre de 1997 hasta el 7 de octubre de
1998, período en el que devengó:
DÓLARES 1997 SUELDO
SUELDO EQUIVALENTE
MES ASIGNACI TASA EQUIVALENTE EN PLANTA
ÓN BÁSICA DE EN PESOS INTERNA
CAMBIO (I.B.C)
SEPTIEMBRE 2.949,33 1.246,27 3.675.665,65 598.821,07
OCTUBRE 3.160,00 1.281,20 4.048.592,00 641.594,00
NOVIEMBRE 3.160,00 1.305,66 4.125.885,60 641.594,00
DICIEMBRE 3.160,00 1.293,58 4.087.712,80 641.594,00
PRIMA DE 790,00 0,00 0,00 0,00
NAVIDAD
TOTALES 13.219,33 5.126,71 15.937.856,05 2.523.603,07
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de
primero (1°) de septiembre de dos mil catorce (2014), expediente 250002325000 2009 00128-02 (1163-2013).
13
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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[…] percibió mensualmente una prima de costo de vida de
US$1.733.33,00 en septiembre de 1997 y US$1.900,00 de octubre a
diciembre de 1997.
DÓLARES 1998 SUELDO
SUELDO EQUIVALENTE
MES ASIGNACIÓN TASA DE EQUIVALENTE EN PLANTA
BÁSICA CAMBIO EN PESOS INTERNA
(I.B.C)
ENERO 3.160,00 1.340,00 4.234.400,00 744.251,00
FEBRERO 3.160,00 1.344.00 4.247.040,00 744.251,00
MARZO 3.160,00 1.355,00 4.281.800,00 744.251,00
ABRIL 3.160,00 1.365,00 4.313.400,00 744.251,00
MAYO 3.160,00 1.385,33 4.376.600,00 744.251,00
JUNIO 3.160,00 1.383,00 4.370.280.00 744.251,00
JULIO 3.160,00 1.383,00 4.370.280.00 744.251,00
AGOSTO 3.160,00 1.380,00 4.360.800,00 744.251,00
SEPTIEMBRE 3.160,00 1.555,00 4.913.800,00 744.251,00
OCTUBRE 737,33 1.585,00 1.168.673,33 173,658,57
PRIMA DE 2.370,00 00,00 00,00 00,00
NAVIDAD
TOTALES 31.547,33 14.075,00 40.637.073,33 6.871.917,57
[…] percibió mensualmente una prima de costo de vida de US$1.900,00
durante los meses de enero a septiembre de 1998 y US$443,33 en octubre
a diciembre de 1998.
[Y] cotizó los aportes de ley por concepto del sistema General de
Seguridad Social en Pensiones al I.S.S. […] desde el 3 de septiembre de
1997 hasta el 7 de octubre de 1998.
c) El 22 de diciembre de 2009 la actora deprecó del Ministerio de Relaciones
Exteriores la corrección de los aportes efectuados al entonces ISS como
empleador entre el 3 de septiembre de 1997 y el 7 de octubre de 1998, conforme
a las sumas realmente devengadas (ff. 19 a 24).
d) La anterior solicitud fue negada a través de oficio DTH.71151 de 30 de
diciembre de 2009 (ff. 186 y 187), porque los aportes a pensión durante el
tiempo que la accionante prestó servicios a esa cartera se efectuaron «[…] en
cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia […]», esto es, el artículo
27 del Decreto 10 de 1992.
e) Resolución 122266 de 14 de octubre de 2010 (ff. 28 y 29), por la cual el
extinguido Instituto de Seguro Social (ISS) reconoce a la demandante pensión
de vejez, conforme al Decreto 758 de 1990, con el promedio de los aportes
14
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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efectuados durante los 10 últimos años de servicio; decisión modificada por
Resolución 32274 de 13 de septiembre de 2011, en lo que concierne a las fechas
de causación del derecho (17 de septiembre de 2007) y de efectividad (19 de
marzo de 2010) [ff. 38 a 40].
f) Según tabla de detalle de cálculo de IBL de los últimos 10 años de cotización
realizada por el ISS (ff. 32 a 34), se tomaron los aportes efectuados entre el 14
de junio de 1996 y 17 de septiembre de 2007, los cuales se hicieron sobre el
sueldo equivalente en la planta interna al cargo de tercer secretario del
Ministerio de Relaciones Exteriores (de conformidad con las tablas contenidas
en la letra c).
De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que la accionante (i)
prestó servicios en el exterior al Ministerio de Relaciones Exteriores en el
empleo de «TERCER SECRETARIO, [g]rado [o]cupacional 1 EX, en la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América»
desde el 3 de septiembre de 1997 hasta el 7 de octubre de 1998, pese a ello, los
aportes pensionales se hicieron sobre el sueldo fijado para el cargo equivalente
en la planta interna del ente estatal, el cual es considerablemente menor al
devengado por ella en ese lapso; (ii) el 22 de diciembre de 2009 reclamó de
dicha cartera la corrección de los cotizaciones efectuadas al entonces ISS, dada
su condición de empleador, conforme a las sumas realmente recibidas, negada
con el acto acusado; y (iii) mediante Resolución 122266 de 14 de octubre de
2010, el ISS le reconoció pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 758
de 1990, con el promedio de los aportes realizados durante los 10 últimos años
de servicio (14 de junio de 1996 a 17 de septiembre de 2007), decisión
modificada a través de Resolución 32274 de 13 de septiembre de 2011, en lo
que concierne a las fechas de causación del derecho (17 de septiembre de 2007)
y efectividad de la prestación (19 de marzo de 2010).
En lo concerniente a la suma tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
para calcular el monto del ingreso base de cotización (IBC), que repercute en el
quantum pensional de la demandante, se aclara que, tal como se explicó en el
acápite precedente, si bien es cierto que las decisiones de inexequibilidad de los
artículos 57 del Decreto 10 de 1992 y 7º de la Ley 797 de 2003 se adoptaron a
través de las sentencias C-535 de 2005 y C-173 de 2004, respectivamente, sin
que la Corte Constitucional hubiese modulado sus efectos; también lo es que,
en virtud del principio de igualdad y en aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, resulta procedente inaplicar dichas normas, pues
desconocen el verdadero ingreso de la servidora pública que sirve como base
15
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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para realizar los aportes y, por ende, influye en la liquidación de su pensión11,
como lo estimó el Tribunal de instancia; lo anterior sin perjuicio de lo previsto
en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 (versión original)12, 1° del Decreto
314 de 199413 y 5° de la Ley 797 de 200314.
En este orden de ideas, comoquiera que se encuentra acreditado que los aportes
efectuados al sistema de seguridad social en pensiones entre el 3 de septiembre
de 1997 hasta el 7 de octubre de 1998 se realizaron teniendo en cuenta las
asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores y no con el salario realmente devengado en dólares, dicha
cartera deberá pagar a Colpensiones la diferencia entre los aportes efectuados y
lo que corresponde con base en el sueldo básico recibido en dólares por la actora
durante la prestación de sus servicios en el exterior y en armonía con los
Decretos 691 y 1158 de 1994.
Conforme a lo anterior, la decisión del a quo se halla ajustada a derecho y, por
tanto, no le asiste razón a la entidad demandada en cuanto a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201615, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
11
Al respecto consultar: Corte Constitucional, sentencia T-534 de 2001, acción de tutela instaurada contra el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Seguros Sociales, M. P. Jaime Córdoba Triviño; y Consejo
de Estado, fallo de 24 de mayo de 2007, número interno 8931-05, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
12
«Cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la base de
cotización podrá ser limitada a dicho monto por el Gobierno Nacional».
13
«Limítase a 20 salarios mínimos legales mensuales, la base de cotización al Sistema General de Pensiones,
creado por la Ley 100 de 1993».
14
«El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá
ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales».
15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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María Stella Fernández Ardila contra la Nación - Ministerio
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es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la accionada, se revocará la
condena en costas impuesta en primera instancia.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió a las
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Expediente: 25000-23-42-000-2017-01362-01 (2096-2021)
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pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de marzo de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección E),
que accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso instaurado por la
señora María Stella Fernández Ardila contra la Nación – Ministerio de
Relaciones Exteriores, por las razones expuestas en la parte motiva.
2°. Revócase la condena en costas impuesta a la demandada, de conformidad
con lo indicado en la motivación.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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