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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00994-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00994-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y, en su lugar: «CUARTO: No condenar en costas» Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022) Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que declaró probada la excepción innominada de «acto no susceptible de control judicial respecto del oficio SG No. 4416 del 12 de agosto de 2016» y negó las pretensiones de la demanda presentada por Vianey Eulalia Roldán Rojas contra la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-00994-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Jairo Enrique Correa Rangel

Tema: Retiro de servidor vinculado en provisionalidad. Concurso de
méritos. Naturaleza del empleo de procurador judicial. Planta
global de la PGN

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Vianey Eulalia Roldán Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 040 del
20 de enero de 2015, por la cual la Procuraduría General de la Nación2 convocó al
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales I y II; ii) « la
resolución mediante la cual se publicó la lista de elegibles para el cargo de procurador
judicial II en lo penal […] al igual que todos los actos administrativos de carácter general,

1 En adelante CPACA.
2 En adelante PGN.

42

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

relacionados con el concurso»; iii) Decreto 3762 del 8 de agosto de 2016 con el que
fue nombrado Jairo Enrique Correa en el empleo de procurador judicial II, código
3PJ, grado EC, que él ocupada y como consecuencia fue desvinculado del servicio;
y iv) Oficio SG 4416 del 12 de agosto de 2016 mediante el cual se dio por terminada
su vinculación en provisionalidad.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el reintegro al cargo de
procuradora 4 judicial II penal, código 3PJ, grado EC, o a uno « similar en la ciudad de
Bogotá con las mismas condiciones laborales, salariales y prestacionales»; ii) el pago de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; iii) el pago de perjuicios
inmateriales en la modalidad daño moral y daño de vida en relación; iv) la indexación
de las sumas adeudadas, de conformidad con el artículo 187 del CPACA; y v) la
condena en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Entre el 1° de octubre de 2009 y el 8 de septiembre de 2016 prestó sus servicios
como procuradora 4 judicial II penal, código 3PJ grado EC.

3.2. La PGN, a través de la Convocatoria 004 de 2015 inició concurso abierto de
méritos con el fin de proveer en propiedad los cargos de procuradores judiciales I y
II, de conformidad con la Resolución 040 del 20 de enero de ese año.

3.3. El 30 de diciembre de 2014 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de
la pensión a la que tenía derecho dentro del régimen de prima media con prestación
definida; la cual fue negada.

3.4. El 21 de julio de 2016 solicitó que le fuera reconocida la garantía de estabilidad
laboral reforzada, para lo cual aportó «copia de los bonos pensionales que demostraban
que no solo era prepensionada, sino que además tenía la pensión causada».

3.5. El 2 de agosto de 2016 presentó solicitud de tutela con el fin de que se «evitara
la estructuración de un perjuicio irremediable, por cuanto si era relevada del cargo, se
estaría desconociendo la prevalente estabilidad laboral reforzada»; amparo que fue
negado por improcedente.

3.6. Mediante la Resolución 3762 del 8 de agosto de 2016, el procurador general de
la nación designó a Jairo Enrique Correa Rangel en el empleo de procurador judicial
II, código 3PJ, grado EC, que ocupaba en provisionalidad.

3.7. El 29 de agosto de 2016, a través de correo electrónico le fue remitido el oficio
4416 del 12 de agosto de esa anualidad, con el que le fue comunicada la
desvinculación de la entidad.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 4, 6, 13, 29, 46 y 48 de la
Constitución Política y 66 a 69 y 72 del CPACA. Asimismo, señaló que se
desconocieron los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias C-
1037 de 2003, C-539 de 2011, T-156 de 2014, T-326 de 2014, T-186 de 2013, T-
571 de 2005 y T-729 de 2010.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. Los actos administrativos demandados «se hicieron efectivos de manera ilegal»
porque no le fueron notificados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66
a 69 del CPACA, puesto que no se efectuó de manera personal, en tanto la entidad
se limitó a «comunicarlos vía correo electrónico […] enviando por el mismo medio solo
copia del oficio, más no del decreto ídem, irregularidad flagrante que hace que los actos
administrativos citados no puedan producir efectos jurídicos, pero que en la realidad de
forma ilegal sí los produjo, por cuanto fui separada del cargo» [sic].

5.2. La decisión de retirarla del servicio desconoció el artículo 9 de la Ley 797 de
2003 y el alcance dado a este mediante la sentencia C-1037 de 2003, según los
cuales para su desvinculación se debía garantizar «el pago de su mesada pensional,
con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido la pensión»
[sic].

5.3. Con la expedición de los actos objeto de control de legalidad, la PGN infringió
«las normas relacionadas con la estabilidad laboral reforzada» así como la jurisprudencia
constitucional, según las cuales, los servidores públicos que ocupen en
provisionalidad cargos de carrera, «por encontrarse próxima a pensionarse, merecen la
salvaguarda de derechos fundamentales como el mínimo vital e igualdad, amparo que se
refleja en garantizar como alternativa válida la permanencia en el empleo público no de
manera indefinida, sino hasta tanto se acceda a la mesada pensional con la debida
notificación de inclusión en la nómina de pensionados».

5.4. El Decreto 3762 del 8 de agosto de 2016 y el oficio 4416 del 12 de agosto de
esa anualidad, «son producto de un concurso de méritos que violó el debido proceso, por
cuanto para su realización se violó la estabilidad laboral reforzada que […] ostentaba en
calidad de prepensionada con pensión causada, pero que no había sido reconocida». Lo
anterior, porque la PGN debió determinar, «previo a ofrecer los cargos a proveer por
conducto de la carrera administrativa, el censo de personas que ostentábamos estabilidad
laboral reforzada, pues, solo de esa manera se habría tenido la certeza de cuáles eran
realmente los empleos vacantes que de manera inmediata podrían ser cubiertos en uso de
la lista de elegibles».

3 Folios 9 a 10.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

1.2. Contestación de la demanda

6. 1.2.1. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda4, para lo cual expuso
los siguientes argumentos:

6.1. El proceso de selección que tuvo por objeto la provisión de todos los empleos
de carrera administrativa de la entidad y que conllevó al retiro del servicio de la
demandante, se adelantó en cumplimiento de la orden impartida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013. Así las cosas, este se «dio en estricto
cumplimiento de una orden judicial, orden que, vale decir, no quedó sujeta a ninguna
condición o restricción que le permitiera a este órgano abstenerse de proveer los cargos
con los concursantes que, se encontraran bajo algún tipo de estabilidad laboral […] por ello,
de proceder en la forma requerida por el actor, se habría desconocido la orden judicial».

6.2. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, no es posible «desplazar el
derecho de un concursante en una lista de elegibles, por el servidor en provisionalidad, aun
cuando esté cobijado por una condición de prepensión». Lo anterior, sin desconocer que
se deben adoptar medidas que permitan que estas personas sean las últimas en
ser desvinculadas; sin embargo, «la lista de elegibles contenida en la Resolución 357
del 11 de julio de 2016, quedó integrada por 366 concursantes frente a 208 empleos
ofertados, es claro que la administración no contaba con cargo con el cual pudiera
«maniobrar» a efecto de proteger los derechos invocados por la demandante».

6.3. En cuanto a la falta de notificación de los actos demandados, en tanto, con estos
se «ejecutó material tanto de la orden constitucional impartida con la sentencia C-101/13,
como de los artículos 184 y 190.4 del Decreto Ley 262 de 2000, razón por la cual, contra el
mismo no procedían recursos en sede administrativa, ni era necesaria su notificación
personal, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011» [sic].

7. 1.2.2. Jairo Enrique Correa Rangel se opuso a las pretensiones de la demanda 5,
al considerar que la actuación de la PGN, al expedir los actos demandados, se
enmarcó en el cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional, según
la cual debían ser ofertados «los cargos de procurador judicial I y II sin restricción alguna,
quedando claro que el cargo que ostentaba la aquí demandante se encontraba dentro de
aquellos a los que debía accederse a través de concurso público de méritos como en efecto
se hizo» [sic].

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en
sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 declaró probada la excepción
innominada de «acto no susceptible de control judicial respecto del oficio SG No. 4416 del
12 de agosto de 2016», negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en

4 Folios 195 a 200.
5 Folios 275 a 280.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

costas a la demandante. Para tal efecto señaló lo siguiente6:

8.1. El oficio SG 4416 del 12 de agosto de 2016 no era un acto administrativo
definitivo susceptible de control judicial, porque este solo se limitó a comunicarle a
la demandante el Decreto 3762 del 8 de agosto de esa anualidad que dispuso « su
desvinculación de la PGN en virtud del nombramiento en periodo de prueba del señor Jairo
Enrique Correa Rangel».

8.2. Frente al cargo relacionado con la indebida notificación del Decreto 3762 de
2016, precisó que esto no se constituye en una causal de nulidad del acto
administrativo «sino que impide que el mismo produzca efectos jurídicos; es decir, no se
trata de un asunto de validez, sino de eficacia». Así las cosas, «dicha circunstancia no se
puede alegar a través del presente medio de control, pues lo que se pretende a través de
este es la declaratoria de nulidad del acto acusado».

8.3. Adicionalmente, en tanto la designación efectuada a través del mencionado
Decreto 3762 de 2016 conllevaba a la desvinculación de la demandante, este debía
serle notificado como sucedió con el oficio SG 4416 del 12 de agosto de 2016; en
tal sentido, además de que la indebida notificación no vicia de nulidad, este acto «no
le debía ser notificado personalmente a la demandante, sino simplemente comunicado,
como en efecto aconteció».

8.4. De conformidad con el material probatorio aportado, Vianey Eulalia Roldán Rojas
se encontraba afiliada al régimen de ahorro individual, en el cual ostentan la calidad
de prepensionados quienes «estuvieran próximos, entendido como un lapso de 3 años,
a consolidar el capital necesario para ser acreedores de la pensión de jubilación».
Asimismo, «en gracia de discusión», de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, el derecho de un servidor nombrado en provisionalidad debe ceder
ante los derechos de quien superó un concurso público de méritos.

8.5. Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, condenó en costas
a la demandante por cuanto resultó vencida en el proceso.

1.4. El recurso de apelación

9. Vianey Eulalia Roldán Rojas interpuso recurso de apelación y lo sustentó así7:

9.1. En la fecha en la que se expidió el acto demandado, la demandante reunía los
requisitos para pensionarse, porque contaba con 57 años de edad y había cotizado
al sistema de pensiones más de 1550 semanas, por lo que la «normativa a aplicar al
sub judice el artículo 48 superior, respecto de la pensión causada y el parágrafo 3 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en cuanto a que no se puede desvincular a quien tiene la
pensión causada hasta cuando no se le haya notificado que se encuentra en nómina de

6 Folios 472 a 482.
7 Folios 488 a 495.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

pensión».

9.2. Durante el trámite de primera instancia se requirió a la entidad demandada con
el fin de que informara acerca «de aquellos cargos que no fueron provistos por dicho
sistema [de carrera], cuántos eran ocupados por madres cabeza de familia, prepensionados
o personas con limitaciones físicas», en respuesta se indicó que «a la fecha de contestar
la solicitud del despacho, es decir a 30 de agosto de 2019 se encontraba provistos en
provisionalidad en cumplimiento de órdenes judiciales (5) empleos» [sic] de procurador
judicial II, código 3PJ, grado EC; y «de los relacionados en la respuesta ninguno de ellos
corresponde a la fecha de desvinculación de la demandante septiembre de 2016, hace
alusión a fallos del 3 de noviembre de 2016, 4 de mayo de 2017, 24 de febrero de 2017, y
dos de 17 de abril de 2017». Lo anterior, permitía concluir que en la fecha de su
desvinculación existían 5 cargos vacantes en los que «había podido cumplir con el
parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003».

9.3. Con el acto administrativo demandado se desconocieron los «precedentes
verticales de alcance y carácter vinculante» según los cuales solo es posible la
desvinculación del trabajador que tiene causado el derecho pensional, una vez sea
incluido en la nómina de pensionados.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Mediante auto del 8 de marzo de 2024, el consejero ponente incorporó como
prueba de oficio la historia laboral de la demandada, al considerar que con esta era
posible verificar la situación prepensional de la demandante. Asimismo, en
providencia del 23 de mayo de 2025, se decretó como prueba copia de la
Resolución 2024_26107738 con la cual Colpensiones le reconoció a la demandante
una pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993.

11. De conformidad con el artículo 247.5 del CPACA, en tanto fueron decretadas
pruebas en el trámite de segunda instancia, se corrió traslado a las partes con el fin
de que presentaran alegatos de conclusión, término dentro del cual manifestaron lo
siguiente:

12. 1.5.1. La PGN solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, para
lo cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Asimismo, agregó que, de acuerdo con la sentencia C-101 de 2013, todos los
empleos de procuradores judiciales pasaron de ser de libre nombramiento y
remoción a cargos de carrera, por lo que le eran aplicables las reglas contenidas en
el sistema de ingreso y retiro del servicio contenidas en el Decreto ley 262 de 2000.

13. 1.5.2.
Vianey Eulalia Roldán Rojas reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, según los cuales, al momento de su retiro del servicio ya había
causado el derecho pensional por lo que gozaba de una protección reforzada como
prepensionada.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

13.1. El a quo incurrió en error de hecho por omisión en la valoración probatoria, toda
vez que desconoció su calidad de prepensionada, pese a que al expediente se
aportó el material probatorio que permitía evidenciar que contaba con más de 57
años de edad y 1300 semanas cotizadas al sistema de pensiones. Asimismo,
desconoció el «precedente constitucional y jurisprudencia».

1.6. Concepto del Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto8.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

15. Se circunscriben a establecer

15.1. ¿Si la autoridad que emitió los actos cuestionados desconoció lo dispuesto en
el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003?

15.2. ¿Sila demandante ostentaba la calidad de prepensionada y como
consecuencia de la cual no podía ser desvinculada hasta tanto le fuera reconocida
la pensión de jubilación?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación y carácter vinculante de la convocatoria

16. La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público « existen otros, autónomos e
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la PGN, pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte
de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la estructura del Estado en la categoría
de órgano autónomo e independiente9, lo que se evidencia, por ejemplo, con la
forma de elección del procurador general de la nación independiente de la
administración central10 y con la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que
le otorgó el artículo 275 ibidem.

17. En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «lo atinente al ingreso y concurso de méritos y

8 Así se extrae del informe secretarial del 28 de noviembre de 2024. Índice 8 del aplicativo Samai.
9 Sentencia C-078 de 1999.
10 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por

candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

al retiro del servicio» y a que la Ley 909 de 200411 la excluyó de su aplicación, tal
entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa reglado en el
Decreto Ley 262 de 2000.

18. Los artículos 191 y subsiguientes del Decreto Ley 262 de 2000 12 regularon los
procesos de selección para proveer los empleos de carrera vacantes de la planta
de personal de la PGN. El artículo 194 señaló que las siguientes son etapas de los
concursos: i) convocatoria, ii) reclutamiento [que a su vez comprende la inscripción y la
publicación de la lista de admitidos y no admitidos], iii) aplicación de pruebas o
instrumentos de selección [que se subdividen en eliminatorios y clasificatorios],
iv) conformación de la lista de elegibles, v) nombramientos en período de prueba y
vi) calificación del período de prueba. A su turno, el artículo 195 señala que «[l]a
convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración
como a los participantes» y que la Oficina de Selección y Carrera de la PGN es la
encargada de su diseño y elaboración, de acuerdo con los «requerimientos legales y
los parámetros técnicos según la naturaleza del empleo por proveer».

19. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado13 han sostenido, de manera
reiterada, que la convocatoria que da apertura a los concursos de méritos para el
ingreso a la función pública constituye la norma jurídica primordial para su
desarrollo14. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a la jurisprudencia
de ambos tribunales a definirlo como «la ley del concurso»15. Lo anterior se explica
en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del
concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas
que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en
todo a la Constitución y la ley16.

20. A fin de que sea el mérito, y no un elemento distinto, el que decida la selección
de quienes habrán de ocupar los cargos públicos, resulta imprescindible que la
administración adelante estas actuaciones observando rigurosamente las reglas
que ella misma se ha impuesto17. Lo anterior pone de presente que la expedición
de la convocatoria entraña un acto de autovinculación y autotutela para la
administración18. De este modo se procura evitar que pueda obrar con una
discrecionalidad que acabe por desviar el recto curso que debe seguir en la
actuación en comento19.

11 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
12 Previamente a las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021.
13 Concepto 1976 de 4 de febrero de 2010, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
14 Sentencias SU-617 de 2013, T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
15 Sentencias T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
16 Sentencia 1563-2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
17 Concepto 2158 de 10 de diciembre de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
18 Sentencia T-256 de 1996.
19 Sentencia 4574-2016 de 31 de enero de 2019 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

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21. De ahí que el concurso de méritos «se desenvuelve como un trámite estrictamente
reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y
ciertas cargas a los participantes»20. De esta manera, la convocatoria en el concurso
público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta
las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los
participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe21. Con fundamento en
estas razones, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse a
los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria, so pena de
infringir valiosos principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad, la
buena fe y la confianza legítima.

22. Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «procurador
judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que clasificaba
tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la celebración del
concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue proferida la
Resolución 040 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la corporación
manifestó que la entidad contaba con su propio régimen previsto en ese decreto y,
por tanto, que no le era aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para los
servidores de la Rama Judicial, lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que resolvió
la nulidad propuesta contra la sentencia.

2.2.2. Naturaleza jurídica del empleo de procurador judicial

23. A través del artículo 182 del mencionado Decreto-ley 262 el legislador
extraordinario clasificó los empleos de la PGN así: i) de carrera: la cual se constituye
en la regla general; ii) de libre nombramiento y remoción: como una excepción y se
refiere a aquellos que de manera expresa sean designados por el legislador dentro
de esta clasificación; y iii) de periodo fijo: en la cual se encuentra únicamente el de
procurador general de la nación. En ese sentido, la norma en mención dispuso:

«Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su
naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:

1) De carrera

2) De libre nombramiento y remoción

Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de
los de libre nombramiento y remoción.

Los empleos de libre nombramiento y remoción son:

[…]

20 Sentencia 2731-2012 de 17 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
21 Sentencia T-682 de 2016.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

• Procurador judicial

[…]

3) De período fijo: Procurador General de la Nación.»

24. De acuerdo con la disposición transcrita, el empleo de procurador judicial
inicialmente fue clasificado de manera expresa como un empleo de libre
nombramiento y remoción. No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible
tal clasificación, en particular la relativa al empleo de procurador judicial, al
considerar que esta no se encontraba conforme con el artículo 280 de la
Constitución Política, según el cual «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo». Al respecto señaló:

«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama
judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores
equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y
calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción
“derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de otros derechos
asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre
“derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración
ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera, que
entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos
y promoción a los mismos a través de la selección y evaluación objetivos, con base
en criterios del mérito y las calidades personales, propios de la carrera administrativa o
judicial; de tal pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su
nombramiento y remoción no puede ser el resultado de la discrecionalidad del nominador
y de gozar de la estabilidad que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen
sus funciones.

5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de
los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en
los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que
realiza la disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre
nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan,
son de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.

5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por
el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280
constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la carrera,
prevista en el artículo 125 superior.

[…]

5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior
de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales”
es a la carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.» [Se resalta]

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

25. Como consecuencia de la anterior decisión, ordenó a la PGN que «en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un
concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que
deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia».

26. En consonancia con lo expuesto, de acuerdo con su naturaleza y forma de
provisión, el de procurador judicial, es un empleo de carrera que debe ser provisto
a través del sistema técnico de administración de personal previsto en el Decreto
Ley 262 de 200022, el cual tiene por objeto «garantizar la eficiencia de la entidad y
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma».

2.2.3. Concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
procurador judicial en cumplimiento de la orden contenida en la sentencia C-
101 de 2013

27. Como se explicó, en la sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional ordenó
a la PGN adelantar el concurso público con el fin de proveer los cargos de
procurador judicial de la entidad a través del sistema de carrera; en cumplimiento
de lo cual el procurador general de la nación profirió la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015.

28. En la parte considerativa de la convocatoria contenida en la Resolución 040, se
señaló que esta se expidió con sustento en la sentencia de constitucionalidad y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000,
según las cuales, una de las funciones del procurador general de la nación es
«ejercer la suprema dirección y administración del sistema especial de carrera, con
fundamento en el cual debe definir las políticas para la elaboración, aplicación y calificación
de las pruebas que se utilizarán en los concursos de méritos, adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de
selección, determinar las condiciones de las convocatorias y suscribirlas, entre otras»23.

29. De acuerdo con lo expuesto, se dio apertura al concurso abierto de méritos, con
el fin de proveer 744 cargos, de los cuales 317 eran de «procuradores judiciales I (3PJ-
EG)» y 427 de «procuradores judiciales II (3PJ-EC)», para efectos del cual estableció
las condiciones generales y dispuso que este se desarrollaría a través de las
siguientes etapas: i) convocatoria; ii) reclutamiento: inscripción y lista de admitidos
y no admitidos; iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección;
iv) conformación de lista de elegibles; v) periodo de prueba; y vi) calificación del
periodo de prueba.

30. Ahora bien, en contra de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 24 se

22 Artículo 183 del Decreto Ley 262 de 2000.
23 Folios 67 a 83.
24 Expediente con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015) [acumulado].

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

presentaron demandas de nulidad, las cuales se sustentaron en los siguientes
cargos: i) extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional; ii) falta de
competencia del procurador general de la nación para convocar a concurso de
méritos y proveer los cargos de procurador judicial; iii) vulneración de la cláusula de
reserva de ley estatutaria; iv) establecimiento de restricciones al acceso al servicio
público; v) vulneración del derecho a la igualdad y de homologación de condiciones
consagrado en el artículo 280 de la Constitución Política; vi) vulneración del derecho
fundamental a la igualdad de los aspirantes, al establecer los criterios y valores de
puntuación de los títulos de posgrado y experiencia profesional relacionada en el
artículo 17 del acto demandado; vii) desconocimiento del derecho fundamental a la
igualdad; viii) desconocimiento del derecho fundamental de acceso a los cargos
públicos; y ix) transgresión del derecho fundamental a la igualdad, el debido
proceso, el principio de primacía de la realidad sobre las formas y los derechos
adquiridos y del precedente judicial de la Corte Constitucional contenido en la
sentencia C-333 de 2012.

31. Dentro del mencionado proceso, la Sección Segunda de la corporación profirió
la sentencia del 30 de julio de 202125, en la que, después de analizar los argumentos
que sustentaron los cargos de violación declaró la legalidad condicionada de los
artículos 17, numeral 1, inciso 3; 5, inciso 3; 9, numeral 2.9; y 17 parágrafo 1, sobre
los puntajes a otorgar por los posgrados y por las publicaciones de libros.

32. En la referida sentencia, esta corporación consideró que el acto objeto de
reproche, contentivo de las reglas del concurso de méritos que tenía como objeto la
provisión por el sistema de carrera de los cargos de procurador judicial, se
encontraba acorde con el ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó el alcance que
debía darse a algunas de sus disposiciones con el fin de que permanecieran dentro
del marco de la legalidad, y estableció que esa legalidad condicionada tendría
efectos ex tunc con el fin de garantizar y respetar las situaciones jurídicas
consolidadas y «la protección del derecho de acceso por mérito a los cargos públicos,
pues quienes participaron y superaron las etapas propias del concurso, lo hicieron
confiados en la regularidad y legalidad de los requisitos y exigencias establecidos en la
Resolución 040 de 2015».

2.2.4. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan
cargos en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos

33. El artículo 46 de la Constitución Política dispuso que el Estado, la sociedad y la
familia «concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad».
A su vez, en su artículo 48 ibidem señaló que la seguridad social es un derecho
irrenunciable que debía garantizarse por aquel. Así mismo, en su artículo 53
determinó que el trabajo es un derecho fundamental respecto del cual se debe

25 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015)

[acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

proteger, entre otros aspectos, su estabilidad, entendida como la garantía de
permanecer en su empleo salvo una justa causa de retiro26.

34. Por virtud de lo anterior, se ha considerado que a los prepensionados se les debía
asegurar en el mayor grado posible este último beneficio, en la medida en que al
retirarlos del servicio podían afectarse sus derechos fundamentales, razón por la
que la jurisprudencia ha señalado «[…] que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa»27.

35. En lo que respecta a la protección aludida para este grupo de la población, el
Congreso de la República expidió la Ley 790 de 2003 que estableció en su artículo
12 el denominado «retén social» para protegerlos ante la reestructuración de las
entidades públicas. La norma prohibió que, en esta situación, fueran retirados del
servicio «[…] los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo
de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley»28. La jurisprudencia ha
especificado que tal protección no solo aplica en el contexto de la reestructuración
de la administración pública, sino que se extiende a otras situaciones, ya que tiene
origen constitucional y no debe limitarse a la regla prevista en la ley mencionada.

36. En ese sentido esta corporación indicó que «[…] el fundamento del reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que dependa
de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es
decir, “opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos
poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”»29. A
su turno, la Corte Constitucional expresó que «[…] la implementación de este tipo de
medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13,
42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el
Estado Social de Derecho»30.

37. La jurisprudencia, a modo de interpretación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003,
ha definido la categoría de prepensionado como «[…] el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de

26 Sentencia C-470 de 1997.
27 Sentencia T-183 de 2013.
28
La norma específicamente reguiló o siguiente: «Artículo 12. Protección especial. De conformidad
con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en
el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia
sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley».
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016.

Radicado: 050012333000201200285-01. En igual sentido se expresó la Corte Constitucional en
sentencia T-186 de 2013.
30 Sentencia T-768 de 2005.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

jubilación o vejez»31 y, añadió, que el término «[…] debe contabilizarse a partir de la fecha
en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública»32..

38. La garantía estudiada no implica que un trabajador prepensionado no pueda ser
desvinculado del servicio, ya que para la aplicación de la protección se debe analizar
la naturaleza del vínculo laboral entre el servidor público y la administración y su
procedencia depende de si existen causas objetivas que lo justifiquen 33. Tal es el
caso de un empleado en provisionalidad en esa condición si se realizó el concurso
de méritos y quedó en firme la lista de elegibles para el cargo que ocupaba. Ante
ello se mantiene su protección «únicamente si existe un margen de maniobra para la
Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón de la diferencia entre las
plazas ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la lista de elegibles
correspondiente»34.

39. El anterior criterio se planteó para solucionar la tensión surgida entre el principio
constitucional del mérito del artículo 125 que protegió el derecho del aspirante que
superó el concurso de méritos para acceder al empleo público, y los derechos
fundamentales de la persona próxima a pensionarse. En ese sentido, la
administración debía actuar de la forma en que mejor materializara los derechos y
principios constitucionales y no afectara los derechos fundamentales de este último.
Y, por tanto, cuando se presenta la situación descrita antes debía procurar, antes
de decidir el retiro, proteger los derechos tanto del prepensionado como del
aspirante inscrito en la lista de elegibles35.

40. No obstante, si a la administración no le era posible actuar de esa manera, debía
privilegiar a quien superó el concurso de méritos, en razón a que los empleados
provisionales gozan de una estabilidad relativa y, por ende, debía ceder su posición
ante aquel, pues el artículo 125 Constitucional privilegió este método para el acceso
al servicio público36.

41. Sobre el particular esta sección fijó su postura y manifestó que «[…] el empleado
nombrado en provisionalidad que ostenta la calidad de pre pensionado, deberá ceder su
plaza a quien figure en la lista de elegibles por haber superado el concurso de méritos, pues
su situación especial de indefensión o vulnerabilidad por la edad, no lo exime de demostrar

31
Sentencia C-795 de 2009. En igual sentido ver. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección
B, sentencia del 28 de octubre de dos 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01082-01(2919-17).
Actor: Luz Stella Vargas López.
32 Sentencia T-089 de 2009.
33 La sentencia T-269 de 2017 al respecto manifestó que la aplicación del retén social «depende o

está en función, en cualquier escenario, de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su
terminación».
34
Ibidem. En igual sentido, la sentencia T-186 de 2013 expresó «[e]n aquellas circunstancias en que
sea posible garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada,
particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído
por el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución razonable, basada
en la protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y del prepensionado».
35 Sentencia T-017 de 2012.
36 Sobre la prevalencia del mérito se puede consultar la sentencia SU-446 de 2011.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

su capacidad y mérito en igualdad de condiciones en vista de que tuvo la oportunidad de
participar y acceder al cargo para ocuparlo en propiedad. En todo caso, lo anterior no exime
que a la entidad le corresponda garantizar la protección al pre pensionado, de conformidad
con las pautas señaladas por la Corte Constitucional»37.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

42. En el expediente se encuentra demostrado que:

42.1. Vianey Eulalia Roldán Rojas fue nombrada en el empleo de procuradora 4
judicial II penal de Bogotá, código 3PJ, grado EC, mediante el Decreto 2033 del 9
de septiembre de 2009. Empleo del que tomó posesión el 1° de octubre de esa
anualidad.

42.2. A través de la Resolución 357 del 11 de julio de 2016, el procurador general de
la nación estableció «en estricto orden de mérito la lista de elegibles, dentro de la
convocatoria No. 004-2015, con los concursantes que obtuvieron un puntaje total igual o
superior al 70%» para la provisión de 208 empleos de procurador judicial II, « código
y grado: 3PJ-EC».

42.3. El 21 de julio de 2016 solicitó al procurador general de la nación el
«reconocimiento de la garantía a la estabilidad laboral reforzada en mi condición de
prepensionada».

42.4. Mediante el Decreto 3762 del 8 de agosto de 2016, el procurador general de la
nación nombró a Jairo Enrique Correa Rangel en el cargo de procurador judicial II,
código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría 4 Judicial II, con sede en la ciudad de
Bogotá. En este acto se dispuso:

«En consecuencia, a partir de la posesión del (la) doctor (a) Jairo Enrique Correa
Rangel en el cargo señalado, culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, del
(la) doctor (a) Vianey Eulalia Roldán Rojas, quien se desempeña en este empleo».

42.5. La secretaria general de la PGN, con el oficio 002951 del 8 de agosto de 2016,
dio respuesta a la petición de «reconocimiento de la condición de prepensionada. Rad,
SIAF 265895» y efectuó las siguientes precisiones:

«Como la administración le manifestó la respuesta anteriormente ofrecida a su solicitud
en similar sentido, el análisis sobre su posible retiro del servicio, como consecuencia del
proceso de selección de personal para la provisión en carrera administrativa de los
cargos de procurador judicial, no procedía de manera anticipada, sin contar con
elementos que permitieran realizar una ponderación razonada de la situación,

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 noviembre de 2022.
Radicado:08001-23-33-000-2017-00137-01. Demandante: José Vicente Paternina Peinado.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

verbigracia la existencia de la lista de elegibles aplicable al empleo ocupado en
provisionalidad. Por ello, se informó que sería el nominador al momento de considerar el
retiro de la funcionaria, por cualquier causa legal, que habría de hacer el examen
concreto. De hecho, es en ese sentido que está formulada la pretensión contenida en su
petición, en el sentido que no ser desvinculada del servicio hasta tanto no ingrese en la
nómina de pensionados, lo cual necesariamente deberá resolverse al momento de
establecer la procedencia de proveer el cargo con alguno de los concursantes que
quedaron en la lista de elegibles.

[…]

Por manera que, de cara a la situación concreta, y como conclusión emanada de la línea
de interpretación de la Corte, no es posible desplazar los derechos de quien gana un
concurso por los del provisional que ocupe el empleo, así esté en situación de estabilidad
laboral reforzada. En tal caso, lo procedente es que la administración pueda adoptar las
medidas afirmativas de protección que resulten del caso, pero siempre que resulte
posible o tenga algún margen de maniobra, de tal modo que, se puedan proteger
concomitantemente los derechos del prepensionado y del aspirante.

En ese contexto, y en consideración a que la lista de elegibles contenida en la Resolución
357 del 11 de julio de 2016, se integra por trescientos sesenta y seis (366) personas,
frente a un total de doscientos ocho (208) empleos ofertados, entre estos el ocupado
provisionalmente por el solicitante, es claro que, en estricto obedecimiento de la orden
constitucional, el nominador tendrá que proceder a la nominación de tantas personas de
la lista como de cargos convocados, de donde surge entonces que la administración no
tiene ese margen de maniobra al que se ha referido la jurisprudencia.»

42.6. A través del correo electrónico remitido a la demandante el 29 de agosto de
2016, el secretario técnico de la delegada del Ministerio Público en Asuntos
Penales, le comunicó que mediante el Decreto 3762 del 8 de agosto de 2016 fue
designado Jairo Enrique Correa Rangel y que «en consecuencia a partir de la posesión
de dicha persona, culmina su vinculación laboral con esta entidad».

42.7. Con el anterior correo se adjuntó el oficio 4416 del 12 de agosto de 2016 con el
asunto «terminación de su vinculación en provisionalidad», a través del cual el secretario
general de la PGN le comunicó la provisión por el sistema del empleo que ella
ocupaba en provisionalidad.

42.8. Mediante oficio radicado el 10 de septiembre de 2015, informó a la PGN que, el
30 de diciembre de 2014 había solicitado a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión como beneficiaria del régimen de transición « dentro del régimen de prima
media con prestación definida».

42.9. El secretario general de la PGN certificó que: i) mediante la Convocatoria 004-
2015 fueron ofertados 208 empleos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC,
adscrita a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales;
ii) «en virtud de dicha convocatoria, la totalidad de los empleos del cargo de procurador
judicial II, código 3PJ, grado EC, adscrita a la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales fue provista, donde doscientos tres (203) integrantes de la lista
de elegibles consolidaron derechos de carrera administrativa»; y iii) los 5 «empleos
restantes» se encuentran provistos en provisionalidad en cumplimiento de órdenes

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

judiciales.

42.10. A través del oficio BZ.2019_11797211-2019_12169188 del 10 de septiembre
de 2019, Colpensiones certificó que la demandante « presentó afiliación a
Colpensiones desde el 04 de julio de 1995, no obstante le figura novedad de salida al
régimen de ahorro individual con solidaridad a favor de porvenir en fecha 01 de abril de
1998».

42.11. Mediante oficio con radicado 0100222101876700 del 11 de septiembre de
2019, el Fondo de pensiones Porvenir certificó que la demandante se encontraba
afiliada a esa entidad desde el 1° de abril de 2004 y que:

«[…] para el año 2016, aun contando con la edad de pensión, siendo esta los 57 años
para la mujer, se evidencia que no contaba con el requisito de las semanas mínimas
cotizadas que son 1150; adicional, validando nuestros archivos no hay registro de
asesoría pensional solicitada por la señora Vianey, donde se haya realizado una
simulación o cálculo para haber determinado si había derecho de pensión por capital,
razón por la cual, no se puede determinar o confirmar si se contaba con el derecho para
el 2016.

A la fecha, la señora Vianey no se encuentra con reconocimiento pensional, toda vez,
que no ha iniciado formalmente el proceso de conformación de la historia laboral para
radicación del expediente ante esta sociedad administradora».

42.12. Con oficio 111003000000 del 14 de febrero de 2020, el secretario general de
la PGN relacionó las «órdenes judiciales y los empleos de procurador judicial II para
asuntos penales, código 3PJ, grado EC, provistos en la modalidad de nombramiento en
provisionalidad en cumplimiento de dichos fallos», así:

Dependencia de
Autoridad judicial Contenido de la decisión
cumplimiento
Consejo de Estado, «Reintégrese al accionante a un cargo de los
Sección Segunda, niveles procurador judicial II, asesor, directivo o
Procuraduría 26 Subsección A. profesional de la planta administrativa de la
judicial II Penal de Sentencia de segunda entidad, con un salario equivalente o similar al
Bogotá instancia 05001-23- que devengaba, atendiendo a su condición de
33-000-2016-01944- abogado, su especialidad y, la labor que
01 realizaba.»
«Reintégrese a la accionante a un cargo de los
Consejo de Estado,
niveles asesor, directivo o profesional de la
Sección Segunda,
planta administrativa de la entidad, atendiendo a
Procuraduría 55 Subsección A.
su condición de abogada, su especialidad y, la
judicial II penal de Sentencia de segunda
labor que realizaba. Dicho reintegro se
Bogotá instancia 25000-23-
mantendrá hasta tanto Colpensiones reconozca
42-000-2016-04128-
la pensión de jubilación de la accionante y le
01
incluya en nómina de pensionados.»
Consejo Superior de «Se ordena a la Procuraduría General de la
Procuraduría 33 la Judicatura – Sala Nación que en el término de diez (10) días,
judicial II Penal de Jurisdiccional contados a partir de la notificación del presente
Bogotá Disciplinaria. fallo, se proceda a reintegrar a la señora Magda
Sentencia de segunda Patricia Romero Otálvaro, a un cargo igual o

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

instancia 201605223 equivalente al que desempeñaba.»
01 (12443-31)
«Ordenar a la Procuraduría General de la
Nación, que en el término máximo de quince días
contados a partir de la notificación de esta
Consejo de Estado,
providencia, reintegre a la señora Julieta
Sección Segunda,
Procuraduría 135 Margarita Franco Daza a un cargo de los niveles
Subsección A.
Judicial II Penal de de procurador judicial II, asesor, directivo o
Sentencia de segunda
Montería profesional de la planta administrativa de la
instancia 2016-01738-
entidad, con un salario equivalente o similar al
01
que devengaba, atendiendo a su condición de
abogado, su especialidad y, la labor que
realizaba.»
«Ordénese a la Procuraduría General de la
Nación, que en el término de cuarenta y ocho
Consejo Superior de
(48) siguientes a la notificación de esta
la Judicatura – Sala
providencia, otorgue pronta resolución a la
Jurisdiccional
Procuraduría 128 señora María Marcela Duarte Torres,
Disciplinaria.
Judicial II Penal de entendiéndose, a que en el evento en que la
Sentencia de segunda
Medellín actora tenga la condición de pre-pensionada,
instancia 11001-11-
proceda inmediatamente con su reintegro en un
02-000-2016-05338-
cargo igual o de similar jerarquía, hasta que sea
01
obtenga su calidad de pensionada y sea incluida
en nómina de pensionados.» [sic]

42.13. Según la historia laboral consolidada generada por Porvenir el 30 de agosto
de 2019, la demandante contaba con 1020 semanas cotizadas.

42.14. Mediante Resolución 2024_26107738 [sin fecha], Colpensiones le reconoció
pensión de vejez, la cual quedó en «suspenso en cuanto a su ingreso a nómina hasta
tanto el pensionado allegue […] el acto administrativo de retiro definitivo del servicio de la
entidad pública con la que se encuentra activo». En las consideraciones de este acto
administrativo se estableció como fecha de estatus pensional el 13 de febrero de
2014 y se señaló:

«Que verificado el expediente se observa sentencia del 11 de octubre de 2021, proferida
dentro del proceso con radicación No. 11001 31 05 035 2019 00628 00, ordinario
Laboral, el cual cursó en el JUZGADO TREINTA Y CINCO LABORAL DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ, la cual fue revocada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ, el 09 de diciembre de 2021.

[…]

Que obra sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, calendada el 09 de diciembre de 2021, la cual resuelve:

“REVOCAR la sentencia proferida por el Juez 35 Laboral del Circuito de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se
dispone:

PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA DEL TRASLADO de régimen pensional
efectuado por la señora VIANEY EULALIA ROLDÁN ROJAS el 12 de febrero de 1998,

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

con fecha de efectividad 01 de abril de 1998, al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad y en consecuencia para todos los efectos se tendrá que la demandante se
encuentra válidamente afiliada al régimen de Prima Media con Prestación definida,
administrado por COLPENSIONES.

[…]

Por lo anterior, esta administradora al ser la entidad competente para resolver el
reconocimiento de la pensión de vejez, procederá a realizar el presente es estudio de la
prestación.»

2.3.2. Análisis sustancial

43. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción
innominada de «acto no susceptible de control judicial respecto del oficio SG No. 4416 del
12 de agosto de 2016» y negó las demás pretensiones de la demanda, al concluir que
la demandante no había demostrado la calidad de prepensionada en la que sustentó
sus pretensiones.

44. De acuerdo con los argumentos expuestos por la apelante, esta sala procederá
a analizar si en el sub judice la PGN con la expedición del acto demandado
desconoció: i) lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y
ii) que la demandante se encontraba en una situación laboral reforzada, con ocasión
de que ostentaba la situación de prepensionada.

2.3.2.1. En cuanto a la causal del retiro del servicio prevista en el parágrafo 3
del artículo 9 de la Ley 797 de 2003

45. Vianey Eulalia Roldán Rojas reprochó que el a quo no tuviera en consideración
que reunía los requisitos para pensionarse, porque contaba con 57 años de edad y
había cotizado al sistema de pensiones más de 1550 semanas, por lo que la
«normativa a aplicar al sub judice el artículo 48 superior, respecto de la pensión causada y
el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en cuanto a que no se puede desvincular
a quien tiene la pensión causada hasta cuando no se le haya notificado que se encuentra
en nómina de pensión».

46. Alrespecto, como se explicó antes, el empleo de procurador judicial, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, según su naturaleza y forma de
provisión es un empleo de carrera que debe ser provisto a través del sistema técnico
de administración previsto en el Decreto 262 de 2000, el cual tiene por objeto
«garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a
ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender, como también establecer la
forma de retiro de la misma».

47. En el mencionado decreto, en relación con el ingreso al servicio en la
Procuraduría General de la Nación se establece que se efectuará por medio de
decreto expedido por el procurador general y el artículo 82 establece las «clases de

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

nombramiento» de las cuales se destaca la contenida en el literal c, esta es, el
«provisional: para proveer empleos de carrera definitivamente vacantes, con personas no
seleccionadas mediante el sistema de méritos, mientras se provee el empleo mediante
concurso» [se destaca]. Asimismo, se utiliza para «proveer empleos de carrera,
periodo o de libre nombramiento y remoción vacantes, mientras duren las situaciones
administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del
empleo».

48. De la anterior transcripción se destacan como aspectos relevantes cuando se
está ante una designación en provisionalidad que esta se utiliza para la provisión
de: i) empleos de carrera que se encuentren vacantes de manera definitiva; y ii)
empleos de la planta de la entidad que se encuentren vacantes temporalmente.
Asimismo, en los dos supuestos la permanencia en el empleo se encuentra
condicionada, en el primer caso, a la provisión del empleo de carrera a través del
sistema de méritos [mediante concurso] y, en el segundo, a que finalice la situación
administrativa que dio lugar a la vacancia temporal. Lo anterior, sin perjuicio de que
se configuren las causales de retiro del servicio reguladas en el capítulo VII del
Decreto 262 de 2000 y las establecidas en las demás normas que sean aplicables.

49. Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se advierte que el 9 de septiembre
de 2009, Vianey Eulalia Roldán Rojas fue vinculada a través de un nombramiento
ordinario como procuradora 4 judicial II penal de Bogotá, código 3PJ, grado EC.
Empleo que para esa época era considerado de libre nombramiento y remoción.
Empero, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la Corte Constitucional declaró inexequible tal clasificación, al
considerar que, de conformidad con el artículo 280 de la Constitución, los
procuradores judiciales «en su condición de agentes del Ministerio Público que actúan
ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el legislador -Ley 270 de 1996-
como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados igualmente como carrera
administrativa, en aplicación del artículo 280 constitucional».

50. En la decisión en mención, con el fin de materializar las normas constitucionales,
se ordenó adelantar el concurso público tendiente a proveer en propiedad los cargos
de procurador judicial. Así las cosas, los efectos de dicha orden, conllevaron a que
las características de los nombramientos ordinarios a través de los cuales se habían
provisto estos empleos mutaran a las que rigen las designaciones en provisionalidad
de los empleos de carrera de la PGN.

51. Lo anterior permite concluir que a partir de la sentencia C-101 de 2013, la
vinculación que la demandante ostentó desde el 1° de octubre de 2009 [y todos los
que se encontraban en similar situación fáctica] se rigiera por las normas que
regulaban los nombramientos en provisionalidad. Por lo anterior, su permanencia
en el empleo de procuradora 4 judicial II penal de Bogotá, código 3PJ, grado EC se
encontraba condicionada a la provisión del empleo de carrera a través del sistema
de méritos.

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Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

52. En línea con lo anterior, esta subsección concluye que la desvinculación de
Vianey Eulalia Roldán Rojas se dio por la causal de retiro prevista en el artículo 82.b
del Decreto 262 de 2000, esto es, por la provisión del empleo mediante concurso.

53. Lo expuesto, permite concluir que la PGN no tenía la obligación de agotar el
procedimiento establecido en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
esto es que solo se podría dar por terminada la relación legal y reglamentaria
cuando fuera notificada la inclusión en la nómina de pensionados el servidor
público38, puesto que, la desvinculación de la demandante no se dio con sustento
en esta causal de retiro, esta es, por el cumplimiento de los requisitos para «tener
derecho a la pensión»; sino que fue consecuencia de otra causal de retiro, la provisión
del empleo a través del sistema de carrera.

54. Adicionalmente, es necesario precisar que dentro de las disposiciones que
regulan el retiro del servicio de un servidor de la PGN, en el artículo 158.12 del
Decreto 262 de 2000, se encuentra la denominada «[r]etiro con derecho a pensión de
jubilación o vejez» en el marco de la cual el nominador debería verificar la inclusión
en nómina del empleado, no obstante, lo cierto es que, se insiste, esta no fue la
causal en la que se sustentó la desvinculación de la demandante, por lo que su
situación no se encontraba sometida al procedimiento ni a las exigencias en las que
se sustenta la supuesta expedición irregular del acto demandado.

2.3.2.2. En cuanto a la condición de prepensionada de la demandante

55. Dentro de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la demandante
insistió en que con los actos objeto de control de legalidad se desconoció que
ostentaba la condición de prepensionada. Lo que, a su juicio, cobraba importancia,
toda vez que, de conformidad con lo certificado por la PGN, en la fecha de su
desvinculación existían 5 cargos vacantes en los que «había podido cumplir con el
parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003».

56. Con el fin de dar respuesta al anterior reproche se recuerda que la jurisprudencia
ha definido la categoría de prepensionado como «[…] el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de
jubilación o vejez»39 y, añadió, que el término «[…] debe contabilizarse a partir de la fecha
en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública».

57. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
efectos de determinar la condición alegada por la demandante «deberá analizarse el
régimen pensional al que pertenece el afiliado, pues solo contará con la calidad de
prepensionado: i) en el caso del Régimen de Prima Media, aquel que acredite que le hacen

38 De conformidad con el alcance dado en la sentencia C-1037 de 2003.
39
Sentencia C-795 de 2009. En igual sentido ver. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección
B, sentencia del 28 de octubre de dos 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01082-01(2919-17).
Actor: Luz Stella Vargas López.

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Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

falta tres años o menos para cumplir con el requisito de semanas de cotización para acceder
a la pensión de vejez y ii) en el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
aquel que acredite que está a tres años o menos de adquirir el capital necesario para
acceder al monto mínimo de la pensión de vejez o que está a tres años o menos de
completar las semanas requeridas para obtener la garantía de pensión mínima de vejez en
dicho régimen [1.150 semanas cotizadas]40».

58. Ahora bien, las pruebas incorporadas al sub judice dan cuenta de que, en la data
en la que se expidió el acto demandado, Vianey Eulalia Roldán Rojas: i) contaba
con más de 57 años de edad41; ii) acreditó 1272 semanas cotizadas42; iii) adquirió
el estatus pensional el 13 de febrero de 201443; y iv) mediante sentencia judicial se
declaró la ineficacia de su traslado de régimen pensional.

59. Los anteriores elementos permiten concluir que el 8 de agosto de 2016, fecha en
la que se expidió el acto administrativo que conllevó a la desvinculación del servicio
de la demandante, ella no tenía la condición de prepensionada, esto, porqué, pese
a que se encontraba en discusión el régimen pensional del que era beneficiaria,
contaba con la edad exigida y un número mayor de las semanas requeridas para el
reconocimiento de la prestación de jubilación tanto en el régimen de prima media
con prestación definida como en el régimen de ahorro individual. Es decir, su
situación fáctica no se adecuaba a los supuestos establecidos por la jurisprudencia,
puesto que, en realidad ya contaba con los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la prestación.

60. De otra parte, en relación con el reproche, según el cual en la fecha en la que fue
desvinculada del servicio existían 5 cargos vacantes en los que «había podido cumplir
con el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003». Al respecto, se advierte que el
secretario general de la PGN certificó que: i) mediante la Convocatoria 004-2015
fueron ofertados 208 empleos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC,
adscrita a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales;
ii) «en virtud de dicha convocatoria, la totalidad de los empleos del cargo de procurador
judicial II, código 3PJ, grado EC, adscrita a la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales fue provista, donde doscientos tres (203) integrantes de la lista
de elegibles consolidaron derechos de carrera administrativa»; y iii) los 5 «empleos
restantes» se encuentran provistos en provisionalidad en cumplimiento de órdenes
judiciales.

61. Asimismo, se acreditó que esas 5 designaciones en provisionalidad, en empleos
en los que la demandante estima debió ser designada como una medida de
protección, se dieron en cumplimiento de decisiones judiciales proferidas dentro de

40 Corte Constitucional, sentencia T-137 de 2025.
41 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía nació el 13 de febrero de 1959.
42 De conformidad con el acto de reconocimiento pensional [Resolución con radicado
2024_26107738].
43 De conformidad con el acto de reconocimiento pensional [Resolución con radicado

2024_26107738].

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

acciones de tutela, las cuales, tienen por objeto lograr la protección de derechos
fundamentales. Pese a lo anterior, la apelante se limitó a señalar que 5 de los
empleos de procurador judicial II se encontraban provistos en provisionalidad sin
acreditar que tenía un mejor o igual derecho a quienes ocupaban esos cargos, esto
cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, en consideración al objeto de
los procesos en los que se profirieron las decisiones judiciales, se presume que la
vinculación en provisionalidad se dio como consecuencia de una medida de
protección de los derechos fundamentales de sus beneficiarios.

62. Adicional a lo anterior, se recuerda que Vianey Eulalia Roldán Rojas acudió al
juez de tutela con el objetivo de que se dictaran medidas de protección de sus
derechos fundamentales los cuales estimaba se vulnerarían con la decisión de
retirarla del servicio, sin embargo, contrario a lo decidido por el juez constitucional
al estudiar la situación de los 5 servidores que se mantuvieron en provisionalidad,
su solicitud de amparo fue negada por improcedente.

63. Finalmente, se recuerda que, cuando se esté ante una tensión entre el principio
constitucional del mérito del artículo 125 y los derechos fundamentales de la
persona próxima a pensionarse, la administración deberá adelantar las acciones
afirmativas tendientes a proteger los derechos de estos últimos. Empero, si no
contaba con la posibilidad de actuar así, deberá privilegiar a quien superó el
concurso de méritos, en razón a que los empleados provisionales gozan de una
estabilidad relativa y, por ende, debía ceder su posición ante aquel, pues el artículo
125 Constitucional privilegió este método para el acceso al servicio público44. Esto
cobra mayor importancia, si se tiene en cuenta que en el sub judice la demandante
ya había causado el derecho pensional, el cual fue reconocido a partir del retiro del
servicio, por cuanto el estatus fue adquirido en vigencia de la relación legal y
reglamentaria que ostentó con la PGN.

64. De acuerdo con lo expuesto, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del
acto en virtud del cual se efectuó un nombramiento en periodo de prueba que
implicó el retiro del servicio de Vianey Eulalia Roldán Rojas; razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

65. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

44 Sobre la prevalencia del mérito se puede consultar la sentencia SU-446 de 2011.

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Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

66. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.

68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

69. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta en la sentencia
de primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

70. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia apelada,
toda vez que no se demostró que el acto administrativo acusado se encontrara
incurso en causal de nulidad alguna. Asimismo, por cuanto no se acreditó que la
PGN desconociera el procedimiento al que se encontraba sometida la causal en la
que se sustentó el retiro del servicio ni que la demandante ostentara la calidad de
prepensionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
y, en su lugar:

«CUARTO: No condenar en costas»

Radicado: 25000-23-42-000-2017-00994-01 (3042-2022)
Demandante: Vianey Eulalia Roldán Rojas

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 25 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que
declaró probada la excepción innominada de «acto no susceptible de control judicial
respecto del oficio SG No. 4416 del 12 de agosto de 2016» y negó las pretensiones de
la demanda presentada por Vianey Eulalia Roldán Rojas contra la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC

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