Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01217-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01217-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01217-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2017 01217 02 (0628-2022)
Demandante: Diva Rojas Mayor
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.
Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
Decisión: Confirma. Se modifica a efectos de precisar el reconocimiento y para
estarse a lo dispuesto en la sentencia de nulidad de los decretos
salariales anuales de 1993 a 2017.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia expedida el 30 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La actora instauró demanda en ejercicio del medio de control de la referencia
con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio 20165640006921 del 3 de mayo de
2016 y del acto ficto producto del silencio de la administración frente al recurso de
apelación interpuesto. Además, pidió aplicar la sentencia del 29 de abril de 20141 e
inaplicar los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2016.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la demandada a
reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales causadas durante el tiempo
en que se desempeñó como fiscal delegado ante los jueces penales, con inclusión de la
prima especial de servicios como factor salarial, con la correspondiente indexación,
intereses, sanciones e incidencia en los aportes de Seguridad Social; el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 187 a 189 y 192 del CPACA y se imponga
condena en costas a la accionada.
3. Adujo que laboró como fiscal desde el 15 de julio de 1994 hasta el 1º de
diciembre de 2016 y presentó reclamación ante la mencionada entidad dirigida a obtener
la reliquidación y pago de las diferencias adeudadas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, la cual fue resuelta desfavorablemente a través de la decisión
impugnada, la que se debe declarar nula pues a su juicio desconoce principios
constitucionales y el carácter salarial de la prima especial, de acuerdo con el precedente
1 Expedida por el Consejo de Estado dentro del proceso con número interno 1686-2007.
Radicación: 25000 23 42 000 2017 01217 02 (0628-2022)
Demandante: Diva Rojas Mayor
del Consejo de Estado.
Contestación de la demanda2.
4. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones alegando que ha
liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores con estricta
observancia de los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional para cada
vigencia fiscal. Propuso las excepciones de prescripción, carencia de objeto y la genérica.
Sentencia apelada3.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se acogió a lo resuelto en las
sentencias del 29 de abril de 20144 y del 2 de septiembre de 20195; declaró no probadas
las excepciones propuestas por la demandada; encontró probada la prescripción de los
derechos causados con anterioridad al 5 de abril de 2013, salvo en lo que respecta a los
aportes pensionales; y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
6. En consecuencia, condenó a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y
pagar a la actora «[…] el reajuste salarial que corresponda al 30% del salario básico
mensual, con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico
porcentaje, de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, […]
causados desde el 4 de abril de 2013,6 hasta el 1 de diciembre de 2016, por habérsele
deducido durante los extremos temporales como Fiscal Delegado ante los Jueces
Penales, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica
mensual devengada correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima
consagrada en esa norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación durante los extremos temporales laborados
desde el 21 de abril de 1995 […]».
7. De igual manera ordenó reconocer y pagar con carácter permanente su salario
completo, incluyendo el 30% adeudado, luego del pago de la prima especial ya cancelada
con los correspondientes reajustes prestacionales.
8. Mencionó que la entidad liquidó las prestaciones sociales de la actora sobre el
70 % de la asignación básica mensual, al calcular la prima especial de servicios dentro
del 100 % de la remuneración, pese a que debía reconocerse como un valor adicional.
9. Indicó que, si bien la sentencia del 29 de abril de 2014 constituyó un referente
para la exigibilidad del derecho, la sentencia del 2 de septiembre de 2019 precisó que
este surgió desde la entrada en vigencia de la Ley 4.ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993.
En esa medida, concluyó que operó la prescripción trienal respecto de las diferencias
2 Folios 59 a 80 del expediente físico.
3 Folios 174 a 184 ibidem.
4 Dentro del expediente con radicado: 2007-0087-00.
5 Radicación 41001 23 33 000 2016 00041 02 (2204-18)
6 Se precisa que la petición respectiva, en realidad, fue presentada el día 5 de abril de 2016.
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salariales y prestacionales causadas con anterioridad al 4 de abril de 2013, dado que la
reclamación fue presentada el «4» de abril de 2016, por ello delimitó el reconocimiento
desde el 4 de abril de 2013 hasta el 1.° de diciembre de 2016.
10. Puntualizó que dichas sumas debían ser tenidas en cuenta para efectos de la
reliquidación de la pensión de jubilación y de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones.
Recurso de apelación7.
11. Inconforme con la decisión la entidad demandada interpuso recurso de
apelación. Argumentó que desde el año 2003 ha pagado las prestaciones sociales sobre
el 100% del salario, sin efectuar descuento alguno por concepto de prima especial. Afirmó
que tanto el salario como las acreencias laborales se han pagado en forma completa,
razón por la cual se configura una «carencia de objeto para pedir». Finalmente, señaló
que operó la prescripción del derecho reclamado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
12. El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestó impedido para conocer
el asunto8, por lo cual fue separado del conocimiento9.
13. Mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de
apelación10, en el término de ejecutoria no hubo pronunciamiento de las partes ni del
Ministerio Público11.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
14. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615
del Código General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
15. En concordancia con los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación, esta Sala debe determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
extralimitó en el reconocimiento del derecho, en el entendido de que ordenó las
diferencias salariales y prestacionales sobre el 100% de la asignación básica, pese a que
7 Folios 210 a 212 del expediente físico.
8 Índice 42 de Samai.
9 Mediante providencia del 10 de julio de 2025 fue aceptado el impedimento del doctor Luis Eduardo Mesa
Nieves.
10 Índice 25 de Samai.
11 Índice 30 ibidem.
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Demandante: Diva Rojas Mayor
se han liquidado sobre ese monto. Asimismo, deberá establecerse si se configuró la
prescripción del derecho.
Análisis del problema jurídico
16. La Sala anuncia que, si bien confirmará el fallo de primera instancia, se
modificarán los numerales sexto y séptimo de su parte resolutiva a efectos de delimitar
adecuadamente la orden de restablecimiento del derecho y se revocará el numeral
segundo, para estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
17. En el expediente está acreditado que la demandante laboró en la Fiscalía
General de la Nación desde el 21 de abril de 1995 hasta el 1.° de diciembre de 201612.
Además, presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada el 5 de abril
de 201613, dirigida a obtener el reconocimiento de las diferencias por concepto del 30%
de salario que fue descontado, para tenerlo a título de prima especial, así como su
incidencia en los aportes pensionales.
18. El primer problema jurídico se dirige a analizar si en la sentencia recurrida se
incurrió en una condena excesiva, bajo el entendido de que se ordenó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales sobre el 100% de la asignación básica,
«adicionando un 30% como factor salarial de la prima especial». Al respecto, se aprecia
que el Tribunal concluyó que la liquidación de la prima especial fue incorrecta, al
entenderla como una parte de la asignación básica y no como una adición a esta, lo que
generó una merma en el salario y prestaciones sociales de la demandante.
19. En esa medida, la Sala debe precisar que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia14, que desde el año 2003 los decretos salariales que rigen a la entidad
demandada no previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí
era procedente como una adición a la asignación básica, por esa razón a partir del
mencionado año los salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún
descuento respecto de la asignación básica para tenerlo a título de prima especial.
20. Por el contrario, en los decretos salariales que rigen a la Fiscalía, expedidos
entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima especial15, pero para tal efecto se redujo el
30% de la asignación básica16, lo cual generó que se mermaran los ingresos mensuales
de los beneficiarios; en esa medida, durante dicho periodo sí habría sido procedente
12 Según extracto de hoja de vida allegado por la entidad demandada visible en los folios 96 y 97 del
expediente físico.
13 Folios 24 a 26 ibidem.
14 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez
ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
15 Esta rigió a partir de 1993 para los fiscales que venían vinculados a la entidad, con antelación a la ley 4a
de 1992, pues los vinculados con posterioridad solo tuvieron ese derecho en virtud de lo dispuesto en la
Ley 472 de 1998.
16 Es oportuno aclarar que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación destinatarios de la prima
especial tienen derecho a ella como un emolumento adicional a la asignación básica; no obstante, dicho
emolumento había sido incluido en los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2002, como una reducción
del salario, pues el 30% de este se tuvo como prima especial, con lo cual, se generó una merma en el
cálculo de sus prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las cuales
debieron liquidarse sobre el 100% de la asignación básica.
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Demandante: Diva Rojas Mayor
ordenar el reajuste salarial, prestacional y de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, a favor de sus beneficiarios, tomando como base el 100% de la asignación
básica, es decir, incluyendo el 30% del salario que fue descontado17.
21. Ahora bien, la Ley 472 de 1998 extendió el reconocimiento de la prima especial
para los fiscales vinculados con posterioridad a la Ley 4a de 1992, como es el caso de la
demandante, quien entró a ejercer el mencionado cargo desde el 21 de abril de 1995.
22. En virtud de lo anterior, el análisis y orden dada por el Tribunal resultaron
incorrectos en cuanto dispuso la reliquidación y pago de las diferencias de salarios y
prestaciones sociales a partir del año 2013, lo que quiere decir que no tuvo en cuenta
que desde el año 2003 el salario fue reconocido en el 100%, sin descontar ninguna suma
respecto de la asignación básica, sin perjuicio de lo que examinará más adelante en torno
a los aportes pensionales. En consecuencia, lo procedente para ese periodo era
concentrarse en el reconocimiento de la prima especial equivalente al 30% de la
asignación básica, como una adición al salario y con sus efectos legales, tal como lo
plantea la entidad en el recurso.
23. Con base en ello, se modificarán los numerales sexto y séptimo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia a efectos de reconocer y ordenar el pago
de la prima especial sin carácter salarial a la demandante, así como suprimir el
reconocimiento de diferencias salariales y prestacionales en un periodo en que no había
derecho a ello.
24. Ahora bien, la Sala observa que el a quo mencionó que la reclamación
administrativa se presentó el 4 de abril de 201618 lo que llevó a ordenar el reconocimiento
del restablecimiento del derecho a partir de esa fecha19; sin embargo, se advierte que
existe una imprecisión en cuanto al día de su radicación, pues de las pruebas obrantes
en el expediente se desprende que esta tuvo lugar el 5 de abril de 2016; además, en el
numeral cuarto declaró la prescripción desde esta última fecha; por lo tanto, en aras de
evitar confusión el momento de hacer efectiva la condena, se realizará la corrección
pertinente.
25. Por otra parte, en cuanto a la prescripción alegada, se precisa que esta
corporación ha sostenido20, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que
se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha en que
empezó a regir el Decreto 53 de 1993.
17 Lo anterior, sujeto a la prescripción trienal respecto de las sumas no reclamadas oportunamente, con las
excepciones legales.
18 Concretamente en la relación de las pruebas y para estudiar la prescripción. Sin embargo, en el numeral
cuarto si declara el mencionado fenómeno extintivo de las sumas causadas con anterioridad al 5 de abril
de 2013.
19 Numeral sexto de la parte resolutiva.
20Para el efecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo
Morales Trujillo Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024.
Radicación: 25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón. Consejo de Estado,
Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 01217 02 (0628-2022)
Demandante: Diva Rojas Mayor
26. Conforme a lo expuesto, la demandante tiene derecho a que se le pague la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el 5 de abril de
2013, o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de la prima, debido a la
prescripción trienal, ya que la petición respectiva se radicó el 5 de abril de 2016 ante la
administración y hasta que ocupó el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales.
27. No obstante, conviene señalar que los aportes pensionales constituyen un
derecho imprescriptible e irrenunciable21 a favor del trabajador y por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios.
28. Así las cosas, las diferencias por concepto de aportes pensionales proceden a
partir del 9 de septiembre de 199822 hasta el 31 de diciembre de 2002 agregando el 30%
del salario que fue descontado para tenerlo a título de prima especial, mientras que
respecto del periodo comprendido entre el 1o de enero de 2003 y el 1 de diciembre de
2016 respecto del 30% correspondiente a la prima especial, esta última como una adición
al salario.
29. Finalmente, la Sala advierte que en el numeral segundo de la parte resolutiva de
la sentencia recurrida se ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre
de 2019; sin embargo, esta no es de unificación jurisprudencial23, en su lugar, se ordenará
acogerse a lo decidido en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado24 mediante la cual se declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017, que
establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992 como una
parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% de aquel y concluyó
que «la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste».
Condena en costas.
30. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
31. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
21 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
22 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, autos del 27 de marzo y 24 de julio de 2025,
proferidos en el trámite del proceso identificado con el número de radicado 11001-03-25-000-2021- 00377-
00 (1891-2021).
24
Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018)
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Demandante: Diva Rojas Mayor
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
32. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
33. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas parcialmente, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida. En
consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 30
de noviembre de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su
lugar, se dispone:
SEGUNDO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-
2018).
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales sexto y séptimo de la sentencia apelada. En
su lugar, se dispone:
SEXTO. Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la
demandante la prima especial de servicios correspondiente al 30% de la asignación básica
mensual, desde el 5 de abril de 2013 hasta el 1.° de diciembre de 2016. El mencionado
emolumento, deberá ser reconocido como una adición al salario básico, sin carácter
salarial, pero debe ser computado para efectos del cálculo de aportes pensionales durante
todos los periodos en los que se desempeñó en el cargo de fiscal, de conformidad con la
ley.
Parágrafo 1: La reliquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
se deberá efectuar así: desde el 9 de septiembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de
2002, con base en el 100% de la asignación básica, es decir, incluyendo el 30% del
salario que fue descontado para tenerlo a título de prima especial, mientras que a
partir del 1o de enero de 2003 con base en la prima especial del 30% y hasta la fecha
en la que ocupó el cargo susceptible de dicho reconocimiento.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la providencia recurrida.
CUARTO. Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
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Radicación: 25000 23 42 000 2017 01217 02 (0628-2022)
Demandante: Diva Rojas Mayor
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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