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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01447-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01447-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de agosto de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsecciones A y F) negó las súplicas de la demanda, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 27 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 8 de agosto de 2012, expediente 54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358). 27 Numero interno: 1257-2023 Demandante: Martin Erazo Correa valencia Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01447-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 25000-23-42-000-2017-01447-01
Nº Interno : 1257-2023
Demandante : Martín Severo Correa Valencia
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Tercero interviniente: Néstor Gerardo Clavijo Ayala
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Terminación de nombramiento en provisionalidad

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 9 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsecciones A y F), que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

El señor Martín Severo Correa Valencia, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar (i) se «[…] INAPLIQUEN por ilegales la Resolución N° 040 del
20 de enero de 2015, por medio de la cual la Procuraduría General de
Nación convocó al concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos
de [p]rocuradores [j]udiciales I y II [y] la Resolución No. 338, que publicó la
lista de elegibles para el cargo de Procurador Judicial I Administrativo […]»
(sic); y (ii) se declare la nulidad de los Decretos 3614 y 3906 proferidos el 8
de agosto de 2016 por la Procuraduría General de la Nación, con los que
dispuso su desvinculación.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada: (i) al reintegro del actor en el cargo de procurador judicial I

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Numero interno: 1257-2023
Demandante: Martin Erazo Correa valencia
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación

administrativo de Bogotá, en las mismas condiciones laborales, salariales y
prestacionales que detentaba; (ii) al pago de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, consistente en los «[…] salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir entre la fecha de desvinculación efectiva de la
entidad (9 de septiembre de 2016) y la fecha en que se profiera la sentencia
[…]»; e inmateriales, como el daño moral por el «[…] dolor y afectación
emocional derivada de una destitución injusta e ilegal, así como de la
angustiosa situación económica […]», todo lo cual debe indexarse; y (iii) en
costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Mediante Resolución 747 de 27 de octubre de 2014, la secretaría general de
la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la licitación
pública 8 de 2014, que tuvo por objeto seleccionar al contratista que prestara
los servicios de apoyo técnico, funcional y logístico en la convocatoria,
reclutamiento, diseño, construcción y aplicación de las pruebas escritas de
conocimientos y de competencias y la de análisis de antecedentes, hasta la
determinación de las personas que integraran las listas de elegibles en el
concurso abierto para el ingreso de personal idóneo a la Procuraduría
General de la Nación a nivel nacional, en cargos de procurador I y II.

Como resultado de dicha convocatoria y para efectos de la elaboración de las
pruebas requeridas, la Procuraduría celebró con la Universidad de Pamplona
el contrato 197-097-2014 de 11 de diciembre de 2014; y el 20 de enero del
2015 el Procurador General de la Nación expidió la Resolución 40, «por
medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso
de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales
de la Entidad con el fin de proveer 744 empleos de [p]rocurador [j]udicial I y
II».

En la Resolución 40 de 2015 «brillan por su ausencia varias de las
exigencias constitucionales y legales previstas para llevar a cabo el concurso
abierto necesario para designar a los [P]rocuradores I y II […] no se tuvo en
cuenta, ni en su parte motiva ni en la resolutiva […] el sistema especial de
carrera de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN […] la exigencia
de que aprueben previamente el correspondiente curso de formación judicial

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Demandante: Martin Erazo Correa valencia
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[…], las equivalencias entre títulos y experiencia de los funcionarios del nivel
profesional […], no respeta el principio del mérito en el concurso abierto para
la provisión de los referidos cargos, en razón de la utilización de la
herramienta de selección llamada “análisis de antecedentes”».

El 8 de agosto de 2016, a través de los Decretos 3614 y 3906, la
Procuraduría General de la Nación adoptó la lista de elegibles publicada
mediante la Resolución 344 de 2016, designando al reemplazo del actor y
«disponiendo en consecuencia la cesación del vínculo que este detentaba
con la entidad».

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 4, 13, 113, 125 (numeral 3), 179 y
280.
Del Decreto 262 de 2000, los artículos 194 y 203.
Del Decreto 263 de 2000, el artículo 20.
Del Decreto 264 de 2000, los artículos 4 y 7.
Del Acto Legislativo 01 de 2005, el parágrafo transitorio 4.
La Resolución 253 de 9 de agosto de 2012 de la Procuraduría General de la
Nación.

La parte demandante expuso que existió una violación indirecta de los
artículos 13 y 280 de la Constitución Política porque, a pesar de que los
procuradores I y II deben tener las mismas calidades, categoría,
remuneración, derecho y prestaciones de los jueces y magistrados de mayor
jerarquía a los que ejercen el cargo, en el concurso «no se tuvieron en
cuenta las particulares condiciones que ha de tener la carrera administrativa
de quienes ejercen funciones de intervención judicial».

Que la Resolución 40 de 20 de enero del 2015 «y de contera, la totalidad del
concurso adelantado por la Procuraduría General de la Nación, adolece de
nulidad porque no estableció el presupuesto de curso-concurso como parte
de homologación de derecho a acceso a los cargos que deben existir [...] el
acto administrativo particular y concreto [...] adoptó e hizo suyo el resultado
de un concurso viciado de las ilegalidades anotadas para desvincular de su
cargo a una persona que lo ocupaba de manera legítima y ajustada a
derecho [...]».

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Explicó que «[...] si el trámite legislativo que se debe realizar para definir la
carrera administrativa de los Procuradores I y II, es propio de una ley
estatutaria, la Resolución [...] que convocó al concurso de méritos, los actos
administrativos generales que profirieron el marco del mismo, y el acto
administrativo particular enjuiciado [...] resultan inválidos por haber sido
expedido sin competencia para tal efecto [...]».

Que los procuradores I y II se encuentran en el nivel profesional de la planta
de personal de la entidad demandada, por lo que le son aplicables las
equivalencias del artículo 20 del Decreto 263 de 2000. Sin embargo, el
concurso convocado y todos los actos administrativos en él proferidos se
encuentran viciados de nulidad por no cumplir los requisitos consagrados en
el ordenamiento jurídico; por ende, «[...] la decisión de desvinculación con
sustento en el resultado de dicho concurso, se encuentra igualmente viciad[a]
y debe ser declarad[a] nul[a]».

Aseveró que los actos acusados no fueron notificados personalmente, sino
que la demandada solo los comunicó por correo electrónico, por lo que no
podían producir efectos jurídicos.

En síntesis, sostuvo que el acto administrativo acusado está viciado de
expedición irregular y violación de las normas en que debió fundarse.

2. Contestación de la demanda.

2.1. La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda1. Afirmó que
«[…] la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013, en la cual declaró la
inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el numeral
2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo
280 de la Constitución Política, ordenó a la Procuraduría General de la
Nación convocar a un concurso público para la provisión en propiedad de
los cargos de procurador Judicial, catalogados en carrera [...] En
cumplimiento de la orden dada por la Honorable Corte Constitucional, la
Procuraduría General de la Nación a través de la Resolución No. 040 del 20 de
enero de 2015, dispuso la apertura del proceso de selección de personal para

1
Folios 112 a 131 vuelto.

5

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la provisión en carrera administrativa de todos los empleos de Procurador
Judicial […]».

Que la Corte Constitucional ratificó que la igualdad de derechos, que había sido
dispuesta mediante sentencia C-101 de 2013, se limitada a su ingreso a través
de concurso público de méritos, pero ello no implicaba un régimen especial
distinto al que ya regía en la Procuraduría General de la Nación; por
consiguiente, no le asiste razón al demandante en cuanto a que una nueva ley
debe establecer un nuevo sistema de carrera para los procuradores judiciales.
Tampoco es procedente que el concurso de procuradores judiciales se rija por
las disposiciones de la Ley 270 de 1996, pues este estatuto solo aplica para los
empleos de la Rama Judicial.

Arguyó que después de la sentencia C-101 de 2013, los cargos de
procuradores judiciales no pueden ser clasificados como de libre nombramiento
y remoción, porque son de carrera por expresa disposición constitucional y
corresponde a la demandada tramitar el concurso de méritos respectivo en los
términos previstos en el Decreto ley 262 de 2000.

Expresó que «[…] la Entidad debe respetar la equiparación realizada por la
Constitución Política y por las decisiones emitidas por la Corte Constitucional,
conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la
reglamentación del Manual Específico de Funciones y Requisitos de la
Procuraduría General de la Nación que impiden considerar equivalencias para
acreditar los requisitos exigidos a los jueces y magistrados, normas que a su
vez se tienen en cuenta para determinar los requisitos de estudios y
experiencia necesarios para ejercer los cargos de procuradores judiciales».

Que la Procuraduría General de la Nación actuó en debida forma al comunicar
la decisión a través de la cual se le informaba al demandante su desvinculación
en el cargo que ocupaba en provisionalidad, en la medida en que, como se
señala en la normativa y jurisprudencia aplicables, dichos actos de trámite se
comunican sin que sea obligatoria su notificación personal.

2.2. El tercero interesado en las resultas del proceso, señor Néstor Gerardo
Clavijo Ayala2, quien reemplazó al demandante, contestó la demanda3 y

2
Vinculado por el a quo por auto de 29 de noviembre de 2017 (cfr. Samai, índice 11).
3
Folios 83 a 92.

6

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precisó que el trámite del concurso de méritos cumplió todos los requisitos
constitucionales y legales; que él superó las pruebas practicadas y por ello
obtuvo su derecho a ser nombrado en propiedad en el cargo que ocupa

Adujo que no se presentó ninguna irregularidad en el concurso y, por ello, la
demanda carece de fundamentos fáctico y jurídico.

Propuso la excepción denominada «indebida representación del demandante»,
la que fue desestimada en auto de 29 de octubre de 2021 (ff. 180 a 181 vuelto).

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsecciones
A y F), mediante sentencia proferida el 9 de agosto de 2022, negó las
pretensiones de la demanda (sin condena en costas)4.

Consideró que, como lo resolvió esta Corporación y la Corte Constitucional,
la equiparación que prescribe el artículo 280 de la Constitución no implica la
aplicación automática del régimen de carrera de los funcionarios judiciales a
los procuradores, porque una cosa es la categoría de un empleo y el régimen
de carrera para acceder a esos cargos.

Resaltó que la Procuraduría es un órgano autónomo e independiente de las
ramas del poder público, que no ejerce funciones judiciales por el hecho de
intervenir en determinados procesos ante autoridades judiciales, y desde
esta perspectiva, aunque tiene un régimen de carrera especial por ciertas
calidades y funciones que tiene atribuidas «no se encuentra en las mismas
condiciones para considerar en términos objetivos el imperativo de hacer
extensiva la aplicación del curso concurso de los Funcionarios Judiciales
para la selección de los Procuradores Judiciales».

Prohijó la sentencia del 31 de julio de 2021 de esta Corporación (radicación
2015-00366-00), en el sentido de que no era necesario expedir una ley
previa, porque ya existía una norma legal que regulaba el régimen de carrera
especial de la Procuraduría General de la Nación, que faculta al titular de ese
organismo para reglamentar lo pertinente con el fin de adelantar el concurso
de méritos correspondiente y proveer las vacantes del organismo.

4
Folios 193 a 207.

7

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Que con base en el Decreto ley 262 de 2000 se haya regulado el concurso
de méritos bajo la lógica de que a través de este inicialmente no se
proveerían los cargos de procurador judicial, pues estos estaban clasificados
como de libre nombramiento y remoción, no significa que se deba expedir
una ley que defina la forma para proveer estos empleos.

En cuanto a que debe expedirse una ley estatutaria, precisó que, para
adelantar el proceso de selección para proveer los cargos de procurador
judicial, no sería necesario resolver esta discusión; no obstante, por otro
lado, la función de intervención en sede judicial de la entidad demandada,
que se ejerce a través de los procuradores judiciales, no constituye materia
de administración de justicia sujeta a reserva de ley estatutaria.

En síntesis, todos los cargos por los cuales el actor solicita la inaplicación de
la Resolución 40 de 2015 fueron analizados por el Consejo de Estado en la
sentencia del 31 de julio de 2021, desestimando la mayoría de ellos y,
respecto de los que se halló razón a los accionantes, determinando sus
alcances en el proceso de selección, los que no implicaron anularlo ni dejarlo
sin efectos, además de respetar los derechos adquiridos de los aspirantes ya
seleccionados, nombrados en los cargos convocados y que consolidaron sus
derechos de carrera.

Que al actor se le notificó debidamente el acto de retiro, pero, en todo caso,
la indebida notificación no es una causal de invalidez o nulidad del acto, sino
que ello solamente incide frente a su oponibilidad o eficacia.

Por último, frente a la presunta estabilidad laboral reforzada por ser cabeza
de hogar, destacó que no es una condición absoluta de inamovilidad en el
empleo, sino que, como la ha dicho la Corte Constitucional, cuando se trate
de empleados vinculados en provisionalidad, pueden ser retirados cuando
«existan razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la
desvinculación de dichos funcionarios», como ocurrió en el presente asunto.

4. El recurso de apelación.

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia5.
Alegó que «[…] es el Congreso de la República quien tiene la competencia

5
Folios 218 a 225.

8

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para dictar las leyes que regulan este tipo de situaciones generales que
afectan a la colectividad, todos aquellos aspectos esenciales y básicos de la
organización, la confirmación de los poderes públicos fundamentales para la
comunidad y la ciudadanía. Ello, porque sólo mediante el trámite
constitucional dispuesto para la expedición de las leyes se puede garantizar,
una vez discurridos los debates bicamerales obligatorios».

Que el Procurador General de la Nación, a través de Resolución 40 de 20 de
enero de 2015, no podía regular aspectos esenciales y definitorios de la
carrera y el concurso de los procuradores judiciales I y II, porque al igual que
para jueces, magistrados y fiscales, se requiere una ley que garantice a los
aspirantes al cargo de agentes del Ministerio Público los mismos derechos de
acceso a la carrera de los funcionarios judiciales de mayor jerarquía ante
quienes ejerzan el empleo.

Estima que lo establecido en la convocatoria contradice lo estipulado en las
normas sobre la validez y eficacia probatoria de los mensajes de datos y
documentos electrónicos en las actuaciones administrativas, pues no cabe
duda de que los mensajes de datos son considerados documentos
electrónicos y que tendrán la misma validez que los documentos cuyo
soporte es el papel; por consiguiente, no hay razón jurídica para exigir, so
pretexto de acreditar la autenticidad de la publicación, que se aporten en
ejemplares físicos, cuando las copias de los mismos, en medio magnético,
tienen igual valor jurídico y mérito persuasivo que las originales.

Agrega que todo acto administrativo de contenido particular debe ser
notificado personalmente al destinatario de sus efectos y esta es una
diligencia, en todo rigor, sometida a formalidades, cuya inobservancia, por un
lado, la invalida (artículo 67 del CPACA) y, por otro, impide que la decisión en
cuestión produzca efectos legales (artículo 72 ibidem).

5. Alegatos de conclusión

En auto de 28 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5

9

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del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar6.; no obstante, el agente del Ministerio Público rindió concepto.

5.1 Ministerio Público

La procuraduría delegada de intervención 7, segunda ante el Consejo de
Estado rindió concepto, en el que concluyó que «la entidad demandada tenía
competencia para retirar del cargo de procurador judicial I al actor, máxime
cuando se estaba en presencia de cumplir una convocatoria pública de
concurso de méritos y de dar aplicación a la lista de elegibles que acreditaba
la provisión de todos los cargos ofertados de procuradores judiciales I a nivel
nacional y cumplir una orden judicial. Razón por la cual esta delegada del
Ministerio Público no considera que proceda la anulación de los Decretos
3614 y 3906 de 8 de agosto de 2016, y la inaplicación de la Resolución 040
de 20 de enero de 2015, mediante la que se dio apertura y se reglamentó la
convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de
los procuradores judiciales en conjunto con los demás actos de carácter
general que fueron expedidos en virtud de esta»7.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal

6
Folios 250 y 251 vuelto.
7
Herramienta electrónica Samai, índice10.
8
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

10

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Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones. Para el efecto
se analizará si a la parte accionante le asiste razón jurídica o no al deprecar
la ilegalidad de los actos administrativos acusados, a través de los cuales se
declaró terminado su nombramiento como procurador judicial I administrativo
en Bogotá y, en consecuencia, si tiene derecho a ser reintegrado y se le
paguen las prestaciones no devengadas durante el tiempo en que estuvo
desvinculado del servicio oficial.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial en materia de retiro de
procuradores judiciales I y II de la Procuraduría General de la Nación; 2.2
Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial en materia de retiro de
procuradores judiciales I y II de la Procuraduría General de la
Nación9.

El artículo 125 de la Constitución Política prevé que «[l]os empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».

En lo referente al régimen de carrera en la Procuraduría General de la
Nación, este fue originalmente dispuesto en la Ley 201 de 199510 y luego
derogado por el Decreto 262 de 2000, «por el cual se modifican la estructura
y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la
Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica
el régimen de carrera […] el de inhabilidades e incompatibilidades de sus
servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se
encuentren sujetos».

El artículo 182 del Decreto 262 de 2000 clasifica los empleos al interior de
dicho organismo, así:

Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión,

9
Prohijado de la sentencia de esta Subsección de 24 de enero de 2023, número interno 1016-2022
10
«Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras
disposiciones».

11

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se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de
carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador general
• Secretario general
• Tesorero
• Procurador auxiliar
• Director
• Jefe de la división administrativa y financiera del instituto de
estudios del Ministerio Público
• Procurador delegado
• Procurador judicial [Expresión declarada inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-101 de 2013]
• Asesor del despacho del procurador
• Asesor del despacho del viceprocurador
• Veedor
• Secretario privado
• Procurador regional
• Procurador distrital
• Procurador provincial
• Jefe de oficina
• Jefe de la división de seguridad
• Agentes adscritos a la división de seguridad y demás servidores
cuyas funciones consistan en la protección y seguridad personales
de los servidores públicos, cualquiera sea la denominación del
empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.

La Corte Constitucional, por medio de sentencia C-101 de 201311, declaró
inexequible la expresión «procurador judicial» contenida en el numeral 2 del
artículo 182 del Decreto 262 de 2000, en el entendido de que vulneraba el
280 de la Constitución Política, que consagra la equiparación de derechos
entre los magistrados, jueces y agentes del Ministerio Público que actúan
ante ellos, por cuanto no era que estos últimos tuvieran una vinculación de
libre nombramiento y remoción, mientras que aquellos fueran de carrera
judicial; para tal propósito, ordenó que los procuradores judiciales debían
pertenecer al régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación,
motivo por el que, a partir de la expedición de tal decisión judicial, ese cargo
pasó de ser de libre nombramiento y remoción a un empleo de carrera.

Por su parte, el título XIV, capítulo I, del referido Decreto 262 de 2000, frente
a dicho régimen de carrera, preceptúa:

11
M. P. Mauricio González Cuervo.

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Artículo 183. Concepto. La carrera de la Procuraduría es un
sistema técnico de administración de personal, que tiene por
objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos
y la posibilidad de ascender, como también establecer la forma de
retiro de la misma.

Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el
ascenso en los empleos de carrera de la Procuraduría se hará
exclusivamente con base en el mérito, sin que las consideraciones
de raza, religión, sexo, filiación política u otro carácter puedan
influir sobre el proceso de selección.
[…]

Artículo 185. Procedencia del encargo y de los nombramientos
provisionales. En caso de vacancia definitiva de un empleo de
carrera, el Procurador General podrá nombrar en encargo a
empleados de carrera, o en provisionalidad a cualquier persona
que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.

Se hará nombramiento en encargo cuando un empleado inscrito
en carrera cumpla los requisitos exigidos para el empleo y haya
obtenido calificación de servicios sobresaliente en el último año y
una calificación mínima del 70% sobre el total del puntaje en los
cursos de reinducción a que se refiere el numeral segundo del
artículo 253 de este decreto. Sin embargo, por razones del
servicio, el Procurador General de la Nación podrá nombrar a
cualquier persona en provisionalidad siempre que ésta reúna los
requisitos legales exigidos para el desempeño del empleo por
proveer.
[…]
Artículo 186. Nombramiento provisional. El nombramiento tendrá
carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente un
empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el
sistema de mérito, aunque en el respectivo acto administrativo no
se determine la clase de nombramiento de que se trata.

También tendrá carácter provisional la vinculación del servidor que
ejerza un empleo de libre nombramiento y remoción que, en virtud
de la ley o de decisión judicial, se convierta en cargo de carrera.
En este caso, el concurso para proveer definitivamente la vacante
respectiva será abierto.
[…]
Artículo 188. Duración del encargo y del nombramiento
provisional. El encargo y la provisionalidad, cuando se trate de
vacancia definitiva en cargos de carrera, podrán hacerse hasta por
seis (6) meses. El término respectivo podrá prorrogarse por un
período igual.

Si vencida la prórroga no ha culminado el proceso de selección, el
término de duración del encargo y de la provisionalidad podrá
extenderse hasta que culmine el proceso de selección.

Cuando la vacancia sea el resultado de ascenso que implique

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período de prueba, el encargo o el nombramiento provisional
podrán extenderse por el tiempo necesario para determinar la
superación del mismo.

Parágrafo. Por razones del servicio el Procurador General de la
Nación podrá desvincular a un servidor nombrado en
provisionalidad o dar por terminado el encargo, aún antes del
vencimiento del término establecido en el presente artículo.

Del anterior recuento normativo y jurisprudencial, se tiene que con ocasión
de la expedición de la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, el empleo
de procurador judicial pasó de ser de libre nombramiento y remoción a ser de
carrera, por lo que, para el caso del accionante, su designación mutó a
provisional y, en esa medida, por razones del servicio, podía ser
desvinculado del órgano de control.

En ese entendimiento, el artículo 158 del Decreto 262 de 2000 establece, en
lo atinente al retiro del servicio al interior del organismo demandado, lo
siguiente:

Retiro del servicio. El retiro definitivo de un servidor de la
Procuraduría General de la Nación, se produce por:
1. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria,
según lo establecido en el régimen de carrera aplicable a la
entidad.
2. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o
sobreviniente.
3. Insubsistencia discrecional.
4. Renuncia.
5. Destitución del empleo.
6. Vencimiento del período.
7. Vacancia por abandono del empleo.
8. Revocatoria del nombramiento.
9. Declaratoria de nulidad del nombramiento.
10. Supresión del empleo.
11. Edad de retiro forzoso.
12. Retiro con derecho a pensión de jubilación o vejez.
13. Invalidez absoluta.
14. Muerte.

En lo atañedero al régimen de carrera, esta Corporación, en sentencia de 12
de octubre de 201112, lo definió como:

[…] un sistema de administración de personal que tiene por
finalidad escoger, en beneficio del servicio público, el aporte
humano más capacitado y calificado para desempeñar la función

12
Sección segunda, subsección A, expediente 05001-23-31-000-2004-06836-01 (1680-10), C. P. Alfonso Vargas
Rincón.

14

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pública. En ese sentido, el proceso de selección es la herramienta
de la escogencia, y el mérito, es el pilar fundamental en la
superación de las etapas que lo conforman, y solamente el
sometimiento y aprobación satisfactoria de ello, es la condición
necesaria para ser nombrado y para predicar los derechos que le
otorga la carrera administrativa, entre otros, una mayor estabilidad
en el empleo. En cuanto al retiro, está rodeado de una serie de
formalidades, es decir, solamente puede hacerse mediante acto
de insubsistencia motivado en una calificación insatisfactoria.

A su turno, no es lo mismo el nombramiento del servidor que
ingresa al servicio sin preceder al concurso de méritos al de aquél
que se somete a las etapas del proceso selectivo. En este sentido
el nombramiento en provisionalidad no es equiparable al del
escalafonado en la carrera administrativa, y por lo mismo el retiro
no puede estar revestido de las mismas formalidades.

Conforme a lo anterior, no es dable predicar que el empleado
nombrado provisionalmente para desempeñar transitoriamente un
cargo de carrera administrativa y mientras se realiza el concurso,
pueda ostentar la misma condición del que se vincula a la
administración previa superación rigurosa de un conjunto de
etapas que ponen a prueba su idoneidad personal e intelectual
para desempeñar la función.

La situación del nombrado provisionalmente se asemeja a la de
los designados para ocupar cargos de libre nombramiento y
remoción, porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en
ejercicio de la facultad discrecional del nominador de escoger a
quien tenga las condiciones de idoneidad para desempeñar la
función y el retiro, a su vez, debe ir encaminado al mejoramiento
del servicio.

En este orden de ideas, el nombramiento en provisionalidad es
procedente para proveer cargos de carrera, en eventos en que no
sea posible hacerlo por el sistema de concurso, o por encargo con
otro empleado de carrera. La situación en provisionalidad, no
otorga fuero de estabilidad relativa alguno. Aun cuando la
normatividad reguladora de esta materia prevé la designación en
provisionalidad por un determinado tiempo e igualmente ésta es
prorrogable en los términos que señala la ley, ello no significa que
la persona designada bajo esa situación adquiera estabilidad por
dicho lapso.

Por estas razones, la Sala estima que si bien es cierto el
nombramiento provisional se ha instituido para los cargos
clasificados de carrera administrativa que no hayan sido provistos
por concurso y que dicho nombramiento no es forma de provisión
de los cargos de libre nombramiento y remoción, sí es pertinente
predicar respecto de tal modalidad de vinculación las reglas de la
facultad discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro que
se presenta tanto para los nombramientos provisionales como
para los de libre nombramiento y remoción.

15

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En consecuencia, el retiro del servicio para los empleados
provisionales puede disponerse mediante acto que dé por
terminada la provisionalidad o de insubsistencia […].

Por otro lado, la jurisprudencia de este alto Tribunal13, respecto de la
denominada «insubsistencia tácita», ha precisado:

El nombramiento de un empleado para el cargo que ocupa otro
funcionario, implica para éste último un acto tácito de
insubsistencia. Tratándose de un empleado con carácter
provisional como es el caso, significa el ejercicio de la facultad
discrecional. El nombramiento provisional es una forma de proveer
los cargos de la Administración, de forma transitoria, y como tal
nombramiento no otorga al funcionario ningún fuero especial de
estabilidad, porque su nombramiento no está precedido por un
concurso, ni ha acreditado las condiciones requeridas, razón por la
cual puede ser retirado en cualquier momento por razones del
servicio.
[…]
En ese evento, la permanencia en el cargo del empleado
provisional por encima del término previsto en la ley no le genera
ningún derecho de inamovilidad, ni el nominador pierde la facultad
de removerla pues, estas circunstancias no pueden modificar la
condición legal de provisionalidad. Si aún no puede proveerse el
cargo por concurso se puede designar al reemplazante
nuevamente en provisionalidad, hasta cuando sea reemplazada
mediante el mismo. Además, conforme al artículo 125 de la
Constitución Política, inciso 1, “el ingreso a los cargos de carrera y
el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes.”
[…]
La declaratoria de insubsistencia tácita del cargo que
desempeñaba la demandante era de carácter provisional, por lo
que ostentaba una posición diferente al empleado vinculado y
escalafonado en la carrera, debido a que, se repite, no accedió al
cargo mediante concurso, en consecuencia, quien ocupa un cargo
en provisionalidad no queda bajo el gobierno de las normas que
reglamentan el retiro del personal de carrera. Admitir lo contrario
equivaldría a conferirle garantías que la Ley no le reconoce.

La estabilidad sólo existe para el personal de carrera. Como el
nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera accede a él
en forma discrecional, sin procedimientos ni motivación, su
desvinculación puede hacerse de la misma manera, y el
nominador no pierde la facultad para removerlo.

Concretamente de la causal de retiro del servicio por insubsistencia en los
cargos en provisionalidad, esta Corporación, en providencia de 23 de

13
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-24-000-2002-05139-01 (7545-05), C. P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.

16

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septiembre de 201014, indicó:

El nombramiento provisional se produce cuando se trata de
proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no
seleccionado de acuerdo con la reglamentación de la respectiva
carrera, sin que otorgue fuero alguno de estabilidad, pues “el
empleado no ha accedido a la carrera por los medios legales”. Los
derechos de carrera administrativa se derivan del sometimiento a
la superación satisfactoria de las etapas del concurso.
[…]
Ha sido criterio reiterado de la Sala el precisar que, la situación del
nombrado provisionalmente, aunque no es idéntica, tiene
importantes semejanzas con la de los designados para ocupar
cargos de libre nombramiento y remoción, porque en ambos
casos, el nombramiento se efectúa en ejercicio de la facultad
discrecional del nominador de escoger, en beneficio del servicio, a
quien tenga las condiciones de idoneidad para desempeñar la
función, y el retiro a su vez debe estar precedido de razones
objetivas plenamente justificadas en el interés general.
[…]
Se ha dicho que, si bien es cierto la clasificación de los cargos de
carrera administrativa obedece a un criterio técnico que difiere de
la naturaleza directiva y en ocasiones política de los cargos de
libre nombramiento y remoción, la facultad discrecional se impone
al efectuar los nombramientos provisionales, en cuanto que la
transitoriedad de la designación, mientras se realiza el proceso
selectivo, faculta a la administración para efectuar el
nombramiento provisional, actuación administrativa en la que la
discrecionalidad es el marco rector.

En este orden de ideas, a juicio de la Sala, mientras el cargo
clasificado como de carrera administrativa no haya sido provisto
por el sistema selectivo, el empleado se encuentra en una
situación precaria, y admitir el fuero de estabilidad propio de los
empleados de carrera administrativa para los nombramientos
provisionales, dada la naturaleza del empleo, desatiende el
sentido del concurso de méritos y desconoce que la permanencia
en los cargos de carrera no se condiciona a la realización del
concurso de méritos, sino que opera exclusivamente cuando se
ingrese al sistema previa superación de las etapas que comprende
el proceso selectivo, y siempre que no se obtenga calificación
insatisfactoria en la prestación de los servicios […].
Por estas razones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado, que si
bien es cierto el nombramiento provisional es válido para los
cargos clasificados como de carrera administrativa que no hayan
sido provistos por concurso, y que dicho nombramiento no
procede como forma de provisión de cargos de libre nombramiento
y remoción, sí es posible predicar respecto de tal modalidad de
vinculación las reglas de la facultad discrecional, dada la similitud
en el ingreso y el retiro que se presenta tanto para los
nombramientos provisionales como para los de libre

14
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.

17

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nombramiento y remoción […].

En lo referente a la motivación del acto administrativo que retira del servicio a
un empleado con nombramiento en provisionalidad, esta Corporación, por
medio de sentencia de 13 de abril de 200315, unificó el criterio en el siguiente
sentido:

Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta
una “posición diferente” al vinculado y escalafonado en la carrera
judicial, como también a la del designado por la vía del libre
nombramiento y remoción. En efecto, el primero no puede
asimilarse en sus derechos al de carrera (estabilidad), por cuanto
no ha accedido al cargo mediante el respectivo concurso de
méritos; tampoco puede equipararse al de libre nombramiento, por
cuanto el cargo que ejerce provisionalmente es de carrera.

El servidor público judicial nombrado en provisionalidad, antes que
cobijarle algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble
inestabilidad, pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de
carrera, puede ser desvinculado del servicio de manera
discrecional por el nominador, y por otra, puede ser desplazado
por quien habiendo concursado tenga derecho a ocupar el cargo.
[…]
En estas condiciones, se considera que para los empleos
judiciales no es posible reconocer una estabilidad al empleado
nombrado en provisionalidad.

Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera
[…], lo es en forma “discrecional” por el nominador por cuanto no
requiere de procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual
manera, su desvinculación puede seguir igual procedimiento. Así,
tienen similitud el nombramiento y la insubsistencia del empleado
de libre nombramiento y remoción con el nombrado
provisionalmente.
[…]
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Sección, en cuanto al
punto del nombramiento en provisionalidad judicial, unifica su
criterio acogiendo la tesis que de que al empleado nombrado en
provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad,
pudiéndose, en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea
menester motivación alguna.

No obstante, por medio del mencionado fallo de 23 de septiembre de 201016,
esta sección determinó que la declaratoria de insubsistencia de empleados
provisionales que surjan en vigor de la Ley 909 de 2004 17 deben motivarse,

15
Sección segunda, expediente 76001-23-31-000-1998-1834-01 (4972-01), C. P. Tarcisio Cáceres Toro.
16
Sección segunda, subsección B, expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (883-08), C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
17
Es del caso precisar que el artículo 3 (numeral 2) de la Ley 909 de 2004 preceptúa que las disposiciones
contenidas en esa Ley pueden aplicarse, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normativa
que rige la carrera en la Procuraduría General de la Nación.

18

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con fundamento en lo siguiente:

La motivación del acto de retiro del servicio de empleados
nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo
nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de
1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de
la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con
el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que
prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa), la competencia para el retiro de los
empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de
nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho
retiro es procedente sólo y de conformidad con las causales
consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto
administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO18, de tal
manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica
respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción,
la cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo
parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004).

Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, 123 y
125 de la Constitución Política, 3º y 41 de la Ley 909 de 2005 y 10
del decreto 1227 del mismo año, el retiro del servicio de los
empleados que ocupen en la actualidad cargos de carrera en
provisionalidad, debe ser justificado mediante la expedición de un
acto administrativo motivado, y para ello, la administración no
debe considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a
través del nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no
con anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera
administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en
detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto
del derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos
nombramientos de produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998.

La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que
estén desempeñando en provisionalidad empleos19[27] de carrera
administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego
de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de
índole constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce
en la obligación para la administración de prodigar un trato igual a
quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente
considerado determina su propio régimen, que para los efectos de
los empleados provisionales hace parte de sus garantías
laborales, entre ellas la estabilidad relativa, en la medida en que
su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada del
nominador, por causales expresamente previstas (art. 41 Ley 909
de 2004, art. 10 Dec. 1227 de 2005), y que justifican la decisión
que debe producirse mediante acto motivado [sic para toda la cita].

18
«De conformidad con el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 la provisionalidad puede darse por terminada antes
de cumplirse el término de duración que se contempla en la misma disposición, mediante resolución motivada».
19
«La función pública está integrada con criterio objetivo por funciones y no subjetivamente por personas».

19

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El anterior derrotero coincide con el criterio fijado por la Corte
Constitucional20, según el cual «[…] la necesidad de motivación del acto
administrativo no se reduce a un simple requisito formal de introducir
cualquier argumentación en el texto de la providencia. Por el contrario, esta
Corporación ha acudido al concepto de “razón suficiente” para señalar que la
motivación del acto deberá exponer los argumentos puntuales que describan
de manera clara, detallada y precisa las razones a las que acude el ente
público para retirar del servicio al funcionario. Un proceder distinto violaría el
sustento constitucional que da origen a la necesidad de motivar las
actuaciones de la administración y convertiría este requerimiento en un
simple requisito inane y formal»21.

En conclusión, el empleo de procurador judicial, en virtud de la sentencia C-
101 de 2013, mutó para ser de carrera, por lo que el nombramiento del
demandante es provisional, el que, de acuerdo con las disposiciones del
Decreto 262 de 2000, puede terminarse por razones del servicio, decisión
que, en armonía con el derrotero jurisprudencial de esta Corporación y de la
Corte Constitucional, debe ser motivada, además de que se trata de una
potestad que se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del
servicio oficial.

Por otro lado, en lo que se refiere a la Resolución 40 de 2015, cabe anotar
que esta Corporación tramitó el medio de control de nulidad bajo el radicado
11001-03-25-000-2015-00366-00, proceso en el que se controvirtió su
legalidad.

Ahora bien, tras ser consultada la herramienta electrónica para la gestión
judicial denominada Samai22, pudo constatarse que aquel proceso fue
decidido con sentencia de 30 de julio de 2021, ejecutoriada el 10 de agosto
siguiente, en la que se adoptaron las siguientes decisiones:

PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda 1016-2016 por indebida escogencia del
medio de control, presentada por los demandantes Luis Rafael
Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero, de conformidad

20
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-11 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-204 y T-
726 de 2012, ambas del M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
Sentencia T-204 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22
En este sistema se verificó que se trata de un proceso de nulidad en el se discute la legalidad de la Resolución 40
de 2015, dictada por la Procuraduría General de la Nación, su radicado es 11001-03-25-000-2015-00366-00 y el
consejero de Estado que lo tenía a su cargo es el magistrado Gabriel Valbuena Hernández.

20

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con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º
del numeral 1º del art. 17 de la Resolución 040 de 2015, en el
entendido de que en la prueba de análisis de antecedentes puede
otorgarse puntaje tanto a los posgrados (maestrías, doctorados o
posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la
convocatoria y empleo correspondiente, así como también,
aquellos cuyo título no especifique determinada área de
profundización del derecho, pero de los cuales se pueda derivar,
bien sea por las calificaciones obtenidas, por el contenido del
programa académico cursado o por la tesis o trabajo de
investigación adelantado, que el concursante cuenta con la
idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada
convocatoria para el desempeño del empleo correspondiente.
TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º
(inciso 3º), 9º (numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución
040 de 2015, en el entendido que las publicaciones de libros que
dan lugar a puntaje en la prueba de análisis de antecedentes se
pueden presentar en original y físico o en forma digital por quienes
superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugares que se
establezcan mediante aviso en la página web institucional, los
cuales deberán calificarse bajo los mismos criterios y parámetros
en términos de igualdad, siempre y cuando los derechos de autor
de unos y otros se encuentren debidamente registrados y la
publicaciones cuenten con el respectivo ISBN (International
Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del
art. 17 del acto demandando.
CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales
precedentes, tendrán el efecto que se menciona a continuación:
1. La legalidad condicionada de los artículos 5º inciso 3º; 9º
numeral 2.9 y 17 parágrafo 1º y del artículo 17, numeral 1ª. Inciso
3ª de la Resolución 040 de 2015, tal como se expresó en los
numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente producirá
efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de
salvaguardar las situaciones jurídicas y los derechos individuales
ya consolidados.
2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de
elaborar, deberá darse estricta aplicación a las disposiciones cuya
legalidad condicionada se declara en esta providencia, en el
sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas y análisis de
antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y
posdoctorado cuyos títulos no |reflejen un área específica del
derecho, pero de los cuales se pueda derivar que se cuenta con
los conocimientos específicos de la convocatoria a la cual se
aspira. En cuanto a los libros, se tendrán como válidos tanto los
aportados en físico como aquellos que se presenten en forma
digital, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y las publicaciones cuenten
con el respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal
como se exige en el numeral 2º del art. 17 del acto demandando.
3. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentren en trámite y que tengan que ver con los problemas
jurídicos mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta

21

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providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las
decisiones que se adopten no afecten las situaciones jurídicas y
los derechos individuales ya consolidados.
QUINTO: NEGAR la nulidad del acto deman[da]do respecto de las
demás pretensiones de las demandas acumuladas. […] (sic para
toda la cita).

En suma, la sección segunda declaró la validez condicionada de alguno de
los aspectos definidos por la Resolución 40 de 2015, es decir, que el
Procurador General de la Nación tenía competencia para regular el trámite
concursal dentro del organismo que regentaba y que, en general, los
términos y condiciones del concurso de méritos abierto los mantuvo el
Consejo de Estado, al no evidenciar algún vicio de anulabilidad.

2.2. Hechos probados.

i) Con Resolución 40 de 20 de enero de 2015, expedida por el Procurador
General de la Nación, se «[…] da apertura y se reglamenta la convocatoria
del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores
de la Entidad»23.

ii) Certificación de 1.º de diciembre de 2016 (f. 11), firmada por el jefe de la
división de gestión humana de la Procuraduría, según la cual el señor Correa
Valencia laboró desde el 15 de enero de 2015 hasta el 8 de septiembre de
2016, en calidad de procurador judicial I, e informa los sueldos y prestaciones
devengados del 1º de enero de 2015 a la fecha de su retiro.

Actuación administrativa

a) A través de los Decretos 3614 y 3906 de 8 de agosto de 2016 (ff. 4 a 8),
se terminó el nombramiento provisional del actor en el cargo de procurador
judicial, código 3PJ, grado EG, de la procuraduría 192 judicial I administrativa
de Bogotá.

b) Oficio 4293 de 12 de agosto de 2016 (f. 9), con el que la secretaria general
(e) de la demandada informó al accionante que su vinculación en
provisionalidad había terminado, debido al nombramiento del señor Néstor
Gerardo Clavijo Ayala en el empleo que él ocupaba en provisionalidad.

23
Cfr. www. Procuraduría, gov.co.

22

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2.3. Caso concreto.

El señor Martín Severo Correa Valencia acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos que lo retiraron del servicio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsecciones
A y F) negó las pretensiones de la demanda, por considerar que su retiro
está justificado en la provisión de la vacante por concurso.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, puesto que, en su criterio, el concurso fue ilegal.

Ahora bien, de acuerdo con el marco jurídico de este fallo, se precisa que
«[l]a regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el
ingreso mediante el sistema de carrera administrativa, tal como lo ha
previsto el artículo 125 de la Constitución Política […]»24; sin embargo,
existen diferentes situaciones que conllevan que no pueda darse aplicación
a ese sistema, una de ellas es «[…] la figura de la provisionalidad, es la
forma de vinculación de quien accede al cargo de carrera sin el
cumplimiento del procedimiento previsto para ello, razón por la que no
cuenta con el fuero de estabilidad propio de quienes acceden por mérito a
los cargos de carrera administrativa, luego de agotar las diferentes etapas
de un concurso; es por ello que el empleado así vinculado adquiere el
carácter de análogo con el que ingresa al servicio por nombramiento
ordinario, pudiendo ejercerse válidamente la facultad discrecional al
momento de su retiro por parte del nominador […]»25.

En ese entendimiento, como el señor Correa Valencia se desempeñó como
procurador judicial I de la accionada, su tipo de vinculación no le otorgaba
fuero de estabilidad, toda vez que ocupaba un empleo en provisionalidad,
pues debe recordarse que ese cargo (junto con el de procurador judicial II),
según la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, debía
proveerse previo concurso de méritos y, al no ser cubierto con el registro de
elegibles, quien lo ocupara se encontraba en provisionalidad; sumado a

24
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-23-
42-000-2013-01223-02 (4578-16).
25
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2011, expediente 05001-23-
31-000-2005-01435-01 (451-11), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

23

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ello, el artículo 186 (inciso 2º) del Decreto 262 de 2000 consagró esta
situación al disponer que «[t]ambién tendrá carácter provisional la
vinculación del servidor que ejerza un empleo de libre nombramiento y
remoción que, en virtud de la ley o de decisión judicial, se convierta en
cargo de carrera […]».

Por tanto, para esta Sala la vinculación que tuvo el aludido señor fue en
provisionalidad, en la medida en que ocupaba un cargo de carrera que
estaba vacante en forma definitiva.

Por otra parte, se advierte que la Resolución 40 de 2015, expedida por el
Procurador General de la Nación, dispuso la apertura del procedimiento de
selección del que se derivaron un total de 14 convocatorias, acto
administrativo que fue acusado de ilegal ante esta jurisdicción, la que, con
sentencia de 30 de junio de 202126, en lo concerniente al asunto sub
examine, como se indicó arriba, negó las pretensiones de nulidad, tras
determinar, entre otros aspectos estudiados, lo siguiente:

[…] 90 La Sala le concede la razón al apoderado de la parte
demandada y al Ministerio Público, cuando señalan que la ley que
regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262 de 2000,
expedido por el presidente de la República en ejercicio de las
precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso
mediante la Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de
la Procuraduría General de la Nación como su régimen de carrera
administrativa. En tal sentido, esa y no otra es la ley previa
aplicable en cuyo articulado se regulan todos los asuntos
mencionados en el problema jurídico.

91 La Corte Constitucional ordenó convocar un concurso público
para la provisión en propiedad de todos los cargos de Procurador
Judicial y precisó que el sistema de carrera aplicable al concurso
sería el sistema especial de carrera de la Procuraduría, argumento
que reiteró en el Auto 255 del 2013, en el cual explicó que la
Sentencia C-101 de 2013 no homologó los sistemas de carrera de
la rama judicial y el del ministerio público -tal como lo entiende la
parte actora-, sino el “derecho de acceso a la carrera” mediante
concurso público.

92 En ese orden de ideas, el proceso de selección convocado a
través de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015, fue realizado
dentro de los parámetros de la legalidad preexistente y en
cumplimiento de una orden judicial que ya hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional y que, por lo mismo, obliga a todas las

26
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-2015-
00366-00, C. P. Gabriel Valbuena Hernández.

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autoridades y a los particulares, tal como lo disponen los arts. 21
del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la Ley 270 de 1997.

93 Ha de tenerse en cuenta que las decisiones contenidas en La
Resolución 040 de 2015, no tuvieron la pretensión de regular de
manera general “todos” los concursos que ulteriormente deba
convocar la Procuraduría General de la Nación para la provisión
de los empleos de procuradores judiciales I y II, pues lo que se
dispone en esa Resolución tan solo aplica al trámite de las 14
convocatorias mencionadas en su texto, al definir los requisitos y
condiciones de cada una ellas e instrumentalizar los respectivos
procesos de selección, con el objeto de dar cumplimiento a la
orden emitida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-101
del 28 de febrero de 2013.

94 Todo ello conduce a desvirtuar el cargo formulado, más aún
cuando el artículo 7º, numeral 45 del Decreto Ley 262 de 2000,
que es una ley en sentido material, le asignó esas funciones al
Procurador General de la Nación como supremo director y
administrador del sistema de carrera de la entidad.

95 El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia
para definir las políticas para la elaboración y aplicación de las
pruebas que se utilizarán en los concursos y determinar los
parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las
etapas del proceso de selección; designar a las personas que
integrarán el jurado encargado de elaborar y calificar las pruebas
de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las reclamaciones
relacionadas con estas pruebas y definir las condiciones de las
convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas.

96 Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente
innecesaria la expedición de una nueva ley de carrera para ser
aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la provisión
de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia el
Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la
coexistencia de dos sistemas de carrera administrativa distintos en
el seno de la Procuraduría General de la Nación, uno de los cuales
sería aplicable a los concursos para la selección por mérito de los
procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control. […]
(sic para toda la cita).

De los anteriores argumentos se extrae que, en lo referente a la competencia
y los términos y condiciones del concurso de méritos abierto por medio de la
Resolución 40 de 2015, esta Corporación no evidenció algún vicio de nulidad,
aunque declaró la legalidad condicionada de algunos apartes de ese acto
administrativo, pero en cuanto a la prueba del análisis de antecedentes frente
a estudios adicionales y publicaciones, lo que no guarda relación con la
controversia sub judice.

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El mismo destino sigue la pretendida inaplicación de la Resolución 338 de
2016, a través de la cual se conformó el registro de elegibles para proveer,
entre otros, el cargo que ocupaba el actor, por tanto, las previsiones
contenidas en ese acto administrativo, amén de estar revestidas de la
presunción de legalidad, no evidencian algún motivo o razón para sustraerla
del ordenamiento jurídico frente a este caso particular.

De igual modo, se destaca que en las convocatorias al concurso de méritos
objeto de estudio no se discriminaron los empleos que eventualmente
ocuparían quienes conformaran el registro de elegibles, sino que se ofreció,
de manera general, los cargos de procuradores judiciales I y II en cada
especialidad (con la advertencia que cada aspirante solo podía inscribirse a
una de tales convocatorias), esto es, no se individualizó una plaza específica
y, por consiguiente, se entiende que la provisión de los cargos quedaría
sujeta a la disponibilidad existente, una vez se expida el registro de elegibles
y durante su vigencia.

Asimismo, esta Sala concluye, como lo hizo el a quo, que no le asiste razón
jurídica a la parte actora cuando predica la ilegalidad de los Decretos 3614 y
3906 de 8 de agosto de 2016, a través de los cuales se le desvinculó del
cargo de procurador judicial I, pues se nombró en su reemplazo al señor
Néstor Gerardo Clavijo Ayala, quien integró el registro de elegibles derivado
de la convocatoria 13 de 2015, originada en el concurso de méritos dispuesto
por medio de la Resolución 40 de 2015, habida cuenta de que los términos y
condiciones del concurso dentro de la Procuraduría mantuvieron su
legalidad; en consecuencia, no hay lugar a declarar nulidad alguna ni ordenar
el consecuente reintegro o pago de prestaciones dejadas de recibir durante
la desvinculación.

Por último, respecto de la falta de notificación de los decretos de retiro antes
mencionados, se tiene que esta es una actuación concerniente a su eficacia,
la cual no afecta la validez ni la existencia misma del acto acusado, por
cuanto comporta una diligencia propia para la ejecución del acto. Sobre este
tema, la sección tercera de esta Corporación ha precisado «tal situación no
puede tenerse como la consecuencia de un acto administrativo sino como el
resultado de una operación administrativa que será ilegal por consistir en la

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ejecución de un acto que aún no puede producir sus efectos por haberse
omitido la notificación o por haber sido ésta indebidamente realizada. Siendo
la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su ejecución, es
también lógico concluir que la ilegalidad de ésta no determina la invalidez de
aquel y por ende lo que procede en ese caso es cuestionar el acto de
ejecución pues es éste quien ostenta el vicio de ilegalidad y con fundamento
en ello solicitar la reparación del daño que con él se hubiere causado»27.

Por ende, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsecciones A y F), que
negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de agosto de 2022, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda,
subsecciones A y F) negó las súplicas de la demanda, por las razones
esbozadas en la parte motiva de esta providencia.

27
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente:
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 8 de agosto de 2012, expediente 54001-23-31-000-1999-0111-01
(23358).

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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