Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01412-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01412-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1
Tema: Retiro de servidor vinculado en provisionalidad. Concurso de
méritos. Naturaleza del empleo de procurador judicial. Planta
global de la PGN
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual, negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Abelardo Barrera Martínez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que
inaplicara la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 expedida por la PGN «por medio
de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para
1 En lo que sigue PGN.
2 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 28. La demanda fue presentada el 24 de marzo de
2017.
3 En adelante CPACA.
42
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad»; y se declarara la
nulidad i) del Decreto 3230 del 8 de agosto de 2016, mediante el cual, la PGN
nombró a Mónica Teresa Hidalgo Oviedo como procuradora Judicial II, código 3P,
grado EC, y, en consecuencia, dispuso el retiro de Abelardo Barrera Martínez; y
ii) de la comunicación SG 3932 del 12 de agosto de 2016, mediante la cual se
dispuso su desvinculación a partir del 1 de septiembre de 2016.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reintegro al cargo de
procurador judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social, o a uno de igual o
superior categoría; y, subsidiariamente, a uno de los cargos en provisionalidad,
vacantes, luego del retiro de Manuel Eduardo Marín Santoyo y Ronald Valencia;
ii) el pago de los emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta
cuando sea reincorporado al servicio; iii) la declaración de que no existió solución
de continuidad entre la desvinculación y el reintegro; iv) la indexación de las sumas
adeudadas; y v) el pago de intereses moratorios de conformidad con los artículos
187 y 189 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de la expresión procurador judicial del numeral 2 del
artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 y ordenó a la PGN convocar a concurso
público de méritos para proveer dichos cargos en propiedad.
3.2. Endicha providencia se estableció que los procuradores judiciales debían
vincularse mediante el sistema de carrera, en aplicación del artículo 280 de la
Constitución Política, en igualdad de derechos con jueces y magistrados.
3.3. Abelardo Barrera Martínez fue nombrado el 14 de agosto de 2014, en
provisionalidad en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, para
asuntos del trabajo y seguridad social y se posesionó el 1 de septiembre de 2014.
3.4. A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la PGN dio apertura al
proceso de selección para proveer 317 cargos de procurador judicial I, 3PJ, EG, y
427 cargos de procurador judicial II, 3PJ, EG.
3.5. Abelardo Barrera Martínez se inscribió y concursó en la mencionada
convocatoria y no pasó el respectivo concurso.
3.6. Mediante la Resolución 346 del 8 de julio de 2016 se conformó la lista de
elegibles para los cargos de procurador judicial II para asuntos del trabajo y
seguridad social, en la cual se proveyeron 11 de los 14 cargos existentes, y
quedaron 3 vacantes.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
3.7. A través del Decreto 3230 del 8 de agosto de 2016, la PGN nombró a Mónica
Teresa Hidalgo Oviedo en el cargo de procurador judicial II, 3PJ, EG, en aplicación
de la lista de elegibles contenida en la Resolución 346 del 8 de julio de 2016, en
reemplazo de Abelardo Barrera Martínez; se retiró del servicio el 1 de septiembre
de 2016.
3.8. Para el momento de su desvinculación, existían 3 cargos de procuradores
judiciales II para asuntos laborales y seguridad social que no fueron provistos
mediante el concurso, los cuales quedaron ocupados por Hugo Rodríguez Mantilla
(quien tenía su derecho consolidado para el reconocimiento de la pensión de
jubilación); y Manuel Eduardo Marín Santoyo y Ronald Valencia, pese a que ejercían
funciones en áreas distintas (en las delegadas administrativa y civil,
respectivamente).
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 2, 6, 13, 53, 118, 121 al 125,
209, 278, 279, 280 de la Constitución Política; 7 de Ley 262 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. La Resolución 040 de 2015 es inconstitucional e ilegal por desconocer la reserva
de la ley prevista en los artículos 125 y 279 de la Constitución al haber sido el
procurador general de la nación quien reglamentó directamente el concurso de
méritos, lo que le corresponde exclusivamente al legislador. En consecuencia,
carecía de competencia para regular el proceso de selección en los términos en que
lo hizo y para expedir los actos demandados. Se vulneró el artículo 280 superior, en
tanto no se aplicaron las reglas de selección previstas para jueces y magistrados,
pese a la igualdad de derechos reconocida por la Corte Constitucional.
5.2. El acto de desvinculación fue expedido con falsa motivación, al fundarse en un
concurso viciado y no atender al criterio de mejoramiento del servicio; se expidió en
forma irregular y sin motivación al no justificar la permanencia de otros funcionarios
en provisionalidad sin funciones inherentes al cargo, ni establecer criterios objetivos
o razonables que sustentaran la decisión; y con desviación de poder, en la medida
en que no tuvo como finalidad el buen servicio, sino que favoreció a funcionarios
que no ejercían las funciones propias del cargo, en detrimento de su situación
laboral.
1.2. Contestación de la demanda
6. La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
fundamento en lo siguiente4:
6.1. El concurso de méritos convocado mediante la Resolución 040 de 2015 se
realizó en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, la cual tenía carácter obligatorio y no estaba sujeta a
condición alguna, por lo que la entidad debía convocar la totalidad de los cargos de
procurador judicial.
6.2. La Resolución 040 de 2015 se ajustó a la legalidad porque el régimen aplicable
a los procuradores judiciales era el previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, y no el
de la Rama Judicial, por lo que no era necesario expedir una nueva ley ni aplicar las
reglas de selección de jueces y magistrados.
6.3. El procurador general de la nación sí tenía competencia para reglamentar el
concurso de méritos, definir sus condiciones y adelantar el proceso de selección, de
conformidad con las funciones asignadas en el Decreto Ley 262 de 2000 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
6.4. No se configuró la falsa motivación ni falta de competencia en la expedición de
la Resolución 040 de 2015 ni de los actos demandados, toda vez que el concurso
se adelantó dentro de los parámetros legales y en cumplimiento de una orden
judicial.
6.5. La desvinculación del demandante se ajustó a derecho porque su nombramiento
era en provisionalidad y finalizó cuando el cargo fue provisto con la persona que
superó el concurso de méritos, sin que se requiriera una motivación adicional.
6.6. No existe falsa motivación, expedición irregular ni desviación de poder en el acto
de retiro, puesto que la decisión obedeció a la provisión del cargo por concurso, en
aplicación del principio de mérito y de la naturaleza de los empleos de carrera.
6.7. Proceden las excepciones de i) inexistencia del derecho pretendido en la medida
en que la desvinculación del demandante obedeció a una causa legal y
constitucionalmente válida como la provisión del cargo mediante concurso de
méritos, sin que se evidencie actuación irregular, así que no tiene derecho al
reintegro ni a indemnización, porque el acto fue legal; y ii) innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la demanda
y no condenó en costas. Para tal efecto señaló lo siguiente5:
4 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 23.
5 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 95.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
7.1. La Comunicación SG 3932 del 12 de agosto de 2016 es un acto de ejecución
que únicamente informó la decisión adoptada en el Decreto 3230 de 2016, por lo
cual no es susceptible de control judicial. El Decreto 3230 del 8 de agosto de 2016,
mediante el cual, la PGN nombró en período de prueba a Mónica Teresa Hidalgo
Oviedo en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, constituye el
acto administrativo que definió la situación jurídica del demandante, al disponer su
desvinculación del servicio.
7.2. Conforme con la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en especial la sentencia C-101 de 2013, los cargos de procurador
judicial son de carrera administrativa y deben ser provistos mediante concurso de
méritos, razón por la cual quienes no accedieron por este sistema se encuentran
vinculados en provisionalidad.
7.3. Enese contexto, el nombramiento de Abelardo Barrera Martínez como
procurador judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social, código 3PJ, grado
EC, tenía carácter provisional, y este tipo de vinculación podía terminarse por
razones del servicio, en particular al ser provisto con una persona que superó el
concurso de méritos. En consecuencia, la terminación de dicho nombramiento
obedeció a una causa objetiva y constitucionalmente válida.
7.4. La declaratoria de legalidad condicionada6 de algunos apartes de la Resolución
040 del 20 de enero de 2015, mediante la cual la PGN convocó el concurso de
méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales, no tenía la entidad de
modificar la situación jurídica de quien fue nombrado en el cargo, que para ese
momento ya había adquirido derechos de carrera.
7.5. No se configuró la falsa motivación, toda vez que la desvinculación del actor
obedeció a un hecho cierto, consistente en el nombramiento en período de prueba
de la persona que gozaba de mejor derecho que el demandante. Tampoco la
desviación de poder porque no se acreditó que la administración hubiera actuado
con una finalidad distinta al interés general.
1.5. El recurso de apelación
8. Abelardo Barrera Martínez interpuso recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente7:
8.1. El Tribunal analizó los cargos de falsa motivación, expedición irregular y
desviación de poder de manera superficial, sin realizar un estudio de fondo sobre
las circunstancias particulares del caso.
6 Para el efecto citó apartes de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2023, con radicado 25000-23-42-000-
2017- 01447-01 (1257-2023). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
7 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 96.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
8.2. Los actos demandados se expidieron con falsa motivación porque una vez
surtido el concurso de méritos, solo se proveyeron 11 de los 14 cargos existentes
de procurador judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social, y quedaron 3
cargos para ser provistos en provisionalidad, situación frente a la cual la PGN debía
adoptar una decisión motivada, con criterios objetivos y razonables pero omitió
justificar por qué decidió mantener en los cargos provisionales a los procuradores
Manuel Eduardo Marín Santoyo y Ronald Valencia, quienes ejercían funciones en
áreas distintas (administrativa y civil), y no las propias del cargo en materia laboral
y de seguridad social. En consecuencia, la motivación del acto administrativo resultó
insuficiente, pues no se evaluó el criterio de mejoramiento del servicio ni se
explicaron las razones por las cuales no podía continuar en alguno de los cargos
que permanecían en provisionalidad, lo que configura falsa motivación.
8.3. Por contera, se expidieron de forma irregular al no haberse expresado las
razones o criterios que justificaran la decisión de desvincularlo y mantener a otros
funcionarios en situación de provisionalidad.
8.4. Adicionalmente, se configuró desviación de poder en tanto la finalidad del acto
no fue el mejoramiento del servicio, toda vez que se mantuvo a funcionarios que no
ejercían las funciones propias de los cargos a proveer mientras que se desvinculó
a quien sí las desempeñaba, lo que desnaturalizaba la finalidad del servicio público.
En tal sentido, la administración desconoció una situación fáctica relevante,
consistente en que ejercía funciones propias del cargo, mientras que los otros
procuradores desempeñaban funciones ajenas, lo que debió ser valorado al
momento de adoptar la decisión.
8.5. Existió una desproporción en la decisión administrativa, al no protegerse la
finalidad del buen servicio, ni ponderarse adecuadamente las circunstancias
particulares del caso.
8.6. La comunicación mediante la cual se le informó su desvinculación debía ser
analizada como parte integral del acto administrativo demandado, por lo que no
procedía declarar su exclusión como acto no susceptible de control judicial.
1.6. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.7. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto por medio del
8 Así se indicó en el auto del 12 de diciembre de 2024. Índice 4 del aplicativo Samai.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
cual solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia porque el solo
requisito de la experiencia no obliga al nominador a elegirlo; además, no demostró
tener mayor experiencia o formación que los funcionarios nombrados ni presentó
comparaciones sólidas. Tampoco probó una desviación de poder, ya que no aportó
evidencias de ilegalidad o arbitrariedad9.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿si la comunicación mediante la cual se hizo efectiva
la desvinculación de Abelardo Barrera Martínez es susceptible de control judicial?
y, en caso afirmativo, ¿si dicha comunicación y el acto administrativo que dispuso
su retiro están viciados de nulidad por falsa motivación, expedición irregular y
desviación de poder, al no justificarse su desvinculación pese a la existencia de
cargos en provisionalidad que no fueron provistos por el sistema de carrera?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación y carácter vinculante de la convocatoria
12. La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público « existen otros, autónomos e
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la PGN, pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte
de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la estructura del estado en la categoría
de órgano autónomo e independiente10, lo que se evidencia, por ejemplo, con la
forma de elección del procurador general de la nación independiente de la
administración central11 y con la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que
le otorgó el artículo 275 ibidem.
13. En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «lo atinente al ingreso y concurso de méritos y
al retiro del servicio» y a que la Ley 909 de 200412 la excluyó de su aplicación, tal
entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa reglado en el
Decreto Ley 262 de 2000.
9 Samai, índice 10.
10 Sentencia C-078 de 1999.
11 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por
candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
12 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
14. Los artículos 191 y subsiguientes del Decreto Ley 262 de 2000 13 regularon los
procesos de selección para proveer los empleos de carrera vacantes de la planta
de personal de la PGN. El artículo 194 señaló que las siguientes son etapas de los
concursos: i) convocatoria, ii) reclutamiento [que a su vez comprende la inscripción y la
publicación de la lista de admitidos y no admitidos], iii) aplicación de pruebas o
instrumentos de selección [que se subdividen en eliminatorios y clasificatorios],
iv) conformación de la lista de elegibles, v) nombramientos en período de prueba y
vi) calificación del período de prueba. A su turno, el artículo 195 señala que «[l]a
convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración
como a los participantes» y que la Oficina de Selección y Carrera de la PGN es la
encargada de su diseño y elaboración, de acuerdo con los «requerimientos legales y
los parámetros técnicos según la naturaleza del empleo por proveer».
15. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado14 han sostenido, de manera
reiterada, que la convocatoria que da apertura a los concursos de méritos para el
ingreso a la función pública constituye la norma jurídica primordial para su
desarrollo15. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a la jurisprudencia
de ambos tribunales a definirlo como «la ley del concurso»16. Lo anterior se explica
en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del
concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas
que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en
todo a la Constitución y la ley17.
16. A fin de que sea el mérito, y no un elemento distinto, el que decida la selección
de quienes habrán de ocupar los cargos públicos, resulta imprescindible que la
administración adelante estas actuaciones observando rigurosamente las reglas
que ella misma se ha impuesto18. Lo anterior pone de presente que la expedición
de la convocatoria entraña un acto de autovinculación y autotutela para la
administración19. De este modo se procura evitar que pueda obrar con una
discrecionalidad que acabe por desviar el recto curso que debe seguir en la
actuación en comento20.
17. De ahí que el concurso de méritos «se desenvuelve como un trámite estrictamente
reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y
ciertas cargas a los participantes»21. De esta manera, la convocatoria en el concurso
público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta
las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los
participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el
13 Previamente a las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021.
14 Concepto 1976 de 4 de febrero de 2010, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
15 Sentencias SU-617 de 2013, T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
16 Sentencias T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
17 Sentencia 1563-2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
18 Concepto 2158 de 10 de diciembre de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
19 Sentencia T-256 de 1996.
20 Sentencia 4574-2016 de 31 de enero de 2019 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
21 Sentencia 2731-2012 de 17 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe22. Con fundamento en
estas razones, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse a
los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria, so pena de
infringir valiosos principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad, la
buena fe y la confianza legítima.
18. Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «procurador
judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que clasificaba
tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la celebración del
concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue proferida la
Resolución 040 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la corporación
manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en ese decreto y,
por tanto, que no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para los servidores
de la Rama Judicial, lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que resolvió la nulidad
propuesta contra la sentencia.
2.2.2. Naturaleza jurídica del empleo de procurador judicial
19. A través del artículo 182 del mencionado Decreto-ley 262 el legislador
extraordinario clasificó los empleos de la PGN así: i) de carrera: la cual se constituye
en la regla general; ii) de libre nombramiento y remoción: como una excepción y se
refiere a aquellos que de manera expresa sean designados por el legislador dentro
de esta clasificación; y iii) de periodo fijo: en la cual se encuentra únicamente el de
procurador general de la nación. En ese sentido, la norma en mención dispuso:
«Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su
naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de
los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
[…]
• Procurador judicial
[…]
3) De período fijo: Procurador General de la Nación.»
20. De acuerdo con la disposición transcrita, el empleo de procurador judicial
22 Sentencia T-682 de 2016.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
inicialmente fue clasificado de manera expresa como un empleo de libre
nombramiento y remoción. No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible
tal clasificación, en particular la relativa al empleo de procurador judicial, al
considerar que esta no se encontraba conforme con el artículo 280 de la
Constitución Política, según el cual «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo». Al respecto señaló:
«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama
judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores
equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y
calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción
“derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de otros derechos
asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre
“derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración
ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera, que
entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos
y promoción a los mismos a través de la selección y evaluación objetivos, con base
en criterios del mérito y las calidades personales, propios de la carrera administrativa o
judicial; de tal pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su
nombramiento y remoción no puede ser el resultado de la discrecionalidad del nominador
y de gozar de la estabilidad que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen
sus funciones.
5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de
los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en
los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que
realiza la disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre
nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan,
son de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.
5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por
el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280
constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la carrera,
prevista en el artículo 125 superior.
[…]
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior
de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales”
es a la carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.» [Se resalta]
21. Como consecuencia de la anterior decisión, ordenó a la PGN que «en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un
concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que
deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia».
22. En consonancia con lo expuesto, de acuerdo con su naturaleza y forma de
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provisión, el de procurador judicial, es un empleo de carrera que debe ser provisto
a través del sistema técnico de administración de personal previsto en el Decreto
Ley 262 de 200023, el cual tiene por objeto «garantizar la eficiencia de la entidad y
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma».
2.2.3. Concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
procurador judicial en cumplimiento de la orden contenida en la sentencia C-
101 de 2013
23. Como se explicó, en la sentencia C-101 de 2013 la Corte Constitucional ordenó
a la PGN adelantar el concurso público con el fin de proveer los cargos de
procurador judicial de la entidad a través del sistema de carrera; en cumplimiento
de lo cual el procurador general de la nación profirió la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015.
24. En la parte considerativa de la convocatoria contenida en la Resolución 040 se
señaló que esta se expidió con sustento en la sentencia de constitucionalidad y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000,
según las cuales, una de las funciones del procurador general de la nación es la de
«ejercer la suprema dirección y administración del sistema especial de carrera, con
fundamento en el cual debe definir las políticas para la elaboración, aplicación y calificación
de las pruebas que se utilizarán en los concursos de méritos, adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de
selección, determinar las condiciones de las convocatorias y suscribirlas, entre otras».
25. De acuerdo con lo expuesto, se dio apertura al concurso abierto de méritos, con
el fin de proveer 744 cargos, de los cuales 317 eran de «procuradores judiciales I (3PJ-
EG)» y 427 de «procuradores judiciales II (3PJ-EC)», para efectos del cual estableció
las condiciones generales y dispuso que este se desarrollaría a través de las
siguientes etapas: i) convocatoria; ii) reclutamiento: inscripción y lista de admitidos
y no admitidos; iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección;
iv) conformación de lista de elegibles; v) periodo de prueba; y vi) calificación del
periodo de prueba.
26. Ahora bien, en contra de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 24 se
presentaron demandas de nulidad, las cuales se sustentaron en los siguientes
cargos: i) extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional; ii) falta de
competencia del procurador general de la nación para convocar a concurso de
méritos y proveer los cargos procurador judicial; iii) vulneración de la cláusula de
reserva de ley estatutaria; iv) establecimiento de restricciones al acceso al servicio
público; v) vulneración del derecho a la igualdad y de homologación de condiciones
previsto en el artículo 280 de la Constitución Política; vi) vulneración del derecho
23 Artículo 183 del Decreto Ley 262 de 2000.
24 Expediente con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015) [acumulado].
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
fundamental a la igualdad de los aspirantes, al establecer los criterios y valores de
puntuación de los títulos de posgrado y experiencia profesional relacionada en el
artículo 17 del acto demandado; vii) desconocimiento del derecho fundamental a la
igualdad; viii) desconocimiento del derecho fundamental de acceso a los cargos
públicos; y ix) transgresión del derecho fundamental a la igualdad, el debido
proceso, el principio de primacía de la realidad sobre las formas y los derechos
adquiridos y del precedente judicial de la Corte Constitucional contenido en la
sentencia C-333 de 2012.
27. Dentro del mencionado proceso, la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió sentencia el 30 de julio de 202125 en la que, después de analizar los
argumentos que sustentaron los cargos de violación, declaró la legalidad
condicionada de los artículos 17, numeral 1, inciso 3; 5, inciso 3; 9, numeral 2.9; y
17 parágrafo 1, sobre los puntajes a otorgar por los posgrados y por las
publicaciones de libros.
28. En la referida sentencia, consideró que el acto objeto de reproche, contentivo de
las reglas del concurso de méritos que tenía como objeto la provisión por el sistema
de carrera de los cargos de procurador judicial, se encontraba acorde con el
ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó el alcance que debía darse a algunas de
sus disposiciones con el fin de que permanecieran dentro del marco de la legalidad,
y estableció que esa legalidad condicionada tendría efectos ex tunc con el fin de
garantizar y respetar las situaciones jurídicas consolidadas y «la protección del
derecho de acceso por mérito a los cargos públicos, pues quienes participaron y superaron
las etapas propias del concurso, lo hicieron confiados en la regularidad y legalidad de los
requisitos y exigencias establecidos en la Resolución 040 de 2015».
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos probados
29. En el expediente se encuentra demostrado que:
29.1. «Frente a las vacantes en las cuales se encontraban nombrados en provisionalidad
[…] Manuel Eduardo Marín Santoyo y Ronald Francisco Valencia Corredor […] no se
efectuaron nombramientos con cargo a la lista de elegibles»26.
29.2. Manuel Eduardo Marín Santoyo se vinculó a la PGN desde 1 de febrero de 2011
hasta el 17 de enero de 201727. Ejerció el cargo de procurador 33 judicial II «para
asuntos de Trabajo y Seguridad Social de Cúcuta, desde el 2 de marzo de 2015 hasta el 1
25 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015)
[acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
26 De conformidad con lo certificado por la PGN mediante Oficio del 12 de enero de 2013. Índice 46
de Samai, documento 70.
27 De conformidad con la certificación de la FGN del 26 de diciembre de 2022. Índice 46, documento
72.
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de septiembre de 2016, empleo en el cual fue nombrado el Arquímedes Sepúlveda, en
cumplimiento de un fallo de tutela28» (sic); y a partir del «01 de enero de 2016, en la
procuraduría delegada para la conciliación Administrativa de Bogotá29». Durante esta
vinculación, se expidió el Decreto 4485 del 30 de abril de 2016 por el cual se
prorrogó «el nombramiento en provisionalidad (hasta por 6 meses) […] en el cargo de
procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, de la Procuraduría 33 Judicial II del Trabajo y
la Seguridad Social de Cúcuta, con funciones en la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa30».
29.3. Ronald Francisco Valencia Corredor se vinculó a la entidad desde el 1 de
noviembre de 2012 hasta el 18 de abril de 2017; y desde el 1 de julio de 2022 a «la
fecha» de la certificación31. Desempeñó «el cargo de Procurador 28 Judicial II para
asuntos de Trabajo y Seguridad Social de Cali, desde el 1 de junio de 2015 hasta el 5 de
septiembre de 2016, cargo en el que fue nombrada Aurora Martínez Arango, en
cumplimiento de un fallo de tutela32»; y «para el 1 de septiembre de 2016» el empleo de
procurador judicial II, Código 3PJ Grado EC, en provisionalidad, en la Procuraduría
Delegada para Asuntos Civiles33. Durante este lapso se emitió el Decreto 1641 del
19 de abril de 2016 por el que fue nombrado «en provisionalidad (hasta por 6 meses)
en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, de la Procuraduría 28 Judicial
II del Trabajo y la Seguridad Social de Cali, con funciones en la Procuraduría Delegada
para asuntos Civiles34».
29.4. Abelardo Barrera Martínez se vinculó a la PGN como procurador judicial II, para
asuntos del trabajo y la seguridad social de Bogotá, código 3P, grado EC, desde el
1 de septiembre de 2014 hasta el 1 de septiembre de 2016, en la Procuraduría 30
Judicial para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Bogotá, mediante los
decretos 3049 del 31 de julio de 2014, 232 del 16 de enero de 2015; 2715 del 21 de
julio de 2015; 383 del 19 de enero de 2016; y 3000 del 15 de julio de 201635.
29.5. A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la PGN en «cumplimiento
de la orden judicial impartida por la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013 y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7° del Decreto Ley 262 de 2000, procede
a dar apertura y reglamentar la convocatoria del proceso de selección para proveer los
cargos de carrera de procuradores judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC)». De acuerdo con
lo anterior, en consideración al código y grado del cargo, la denominación del empleo
y la dependencia o área de trabajo, estableció 14 convocatorias: 1-2015, 2-2015, 3-
2015, 4-2015, 5-2015, 6-2015, 7-2015, 8-2015, 9-2015, 10-2015, 11-2015, 12-2015,
28 De conformidad con lo certificado por la PGN mediante Oficio del 12 de enero de 2013. Índice 46
de Samai, documento 70. No especificó el radicado.
29 De conformidad con la certificación de la FGN del 26 de diciembre de 2022, suscrita por la jefe de
la División de Gestión Humana de la PGN. Índice 46, documento 72.
30 Índice 46, documento 72.
31 26 de diciembre de 2022. Samai tribunales, Índice 46, documento 73.
32 No especificó el radicado.
33 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 70. De conformidad con la certificación del 26 de
diciembre de 2022, suscrita por la jefe de la División de Gestión Humana de la PGN.
34 Índice 46, documento 72.
35 Samai tribunales, índice 46. Segun consta en la certificación del 28 de junio de 2017.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
13-2015 14-201536.
29.6. Mediante la Convocatoria 5-2015, para la Procuraduría Delegada para Asuntos
del Trabajo y la Seguridad Social se ofertaron 14 cargos de procurador judicial II,
con 11 concursantes en la lista, conforme con la Resolución 346 del 8 de julio de
201637.
29.7. La Resolución 346 del 8 de julio de 2016 se estableció en « estricto orden de
mérito la lista de elegibles, dentro la convocatoria No. 004-2015, con los concursantes que
obtuvieron un puntaje total igual o superior al 70%», para la provisión de los 14 empleos
de procurador judicial, código 3PJ, grado EG para la Procuraduría Delegada para
los asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de la cual se encontraba
Mónica Teresa Hidalgo Oviedo38. Este acto fue corregido mediante la Resolución
358 de 12 de julio de 201639 en la que resolvió: «corregir las Resoluciones 337 a 349
del 8 de julio de 2016 y 357 del 11 de julio de 2016, precisando que la conformación de las
listas de elegibles para ocupar los cargos de Procuradores Judiciales l y ll, se realizó,
además, de conformidad con el artículo vigésimo de la Resolución 040 de 201-5».
29.7.1. Si bien no se aportó al expediente copia del decreto 3220 del 8 de agosto de
2016, dicho acto que no se constituye en una prueba que deba ser decretada, sino
que se trata del acto acusado, se puede consultar en la página web de la entidad40
el cual se transcribe a continuación:
«Decreto 3220 del 8 de agosto de 2016
Por medio del cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se termina una
provisionalidad
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y
CONSIDERANDO
Que mediante la Sentencia de Constitucionalidad C-101 del 28 de febrero de 2013, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión "Procurador Judicial" del
numeral 2° del artículo 182 del Decreto-Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo
36 https://apps.procuraduria.gov.co/portal/media/file/modulo_calidad/1154_resolucion040-2015.pdf.
Link anexo a la contestación de la demanda. Expediente digital, documento 23.
37 Tal como lo aceptó la entidad en la contestación de la demanda al aceptar el hecho 7. Convocatoria
que se encuentra en el siguiente link: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/2015-
005.pdf
38
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/323%204%20elegibles%20_convocatoria_005.
pdf
39
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/310%20ACLARACION%20LISTA%20DE%20E
LEGIBLES%20res_358_07122016_aclaracion.pdf#search=Resoluci%C3%B3n%20No%2E%20346
%20del%208%20de%20Julio%20de%202016
40 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/DECRETOS_AGOSTO_2016.pdf. Páginas
125 a del documento.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
180 de la Constitución política.
Que en dicha providencia se ordena a la Procuraduría General de la Nación, que en un
término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este fallo,
convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar en un (1) año desde la notificación
de esta sentencia.
Que mediante la Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015, el Procurador General de
la Nación "Da apertura al concurso abierto de méritos para proveer los empleos de
Procuradores Judiciales I y II, y reglamentar las condiciones generales de la convocatoria
y las etapas del proceso de selección".
Que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Convocatoria No. 005-2015,
publicada en enero 23 de 2015, abrió concurso de méritos para proveer los cargos de
Procurador Judicial II Código 3PJ Grado EC asignados a la Procuraduría Delegada para
Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social.
Que mediante la Resolución No. 346 del 8 de Julio de 2016, se conformó la
correspondiente Lista de Elegibles con aquellos concursantes que obtuvieron el puntaje
total mínimo exigido en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
Que el artículo 217 del Decreto Ley 262 de 2000 dispone que dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes a la publicación de la lista de elegibles, deberá producirse el
nombramiento en periodo de prueba o en propiedad según el caso.
Que el (la) doctor (a) MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO se encuentra en el orden
de elegibilidad por haber ocupado el quinto puesto.
Que al momento de inscripción según consta en el registro N° 789519 el (la) doctor (a)
HIDALGO OVIEDO, seleccionó los cargos de Procurador Judicial II, asignados a la
Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social con sedes
territoriales en las ciudades de Pasto, Medellín, Cali y Bogotá, en ese orden de
preferencia.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la carta fundamental, en
consonancia con lo preceptuado en los numerales 6°, 7°, 38, 39 y 40 del artículo 7° del
Decreto-Ley 262 de 2000, el señor Procurador General de la Nación por necesidades
del servicio, asignó como sede territorial de la Procuraduría 30 Judicial II para Asuntos
del Trabajo y Seguridad Social de Bogotá, a la ciudad de pasto.
Que consultada la Convocatoria 005-2015, se constató que el cargo a proveer de
Procurador Judicial II, Código 3PJ, Grado EC, asignado a Procuraduría Delegada para
Asuntos del Trabajo y Seguridad Social en la ciudad de Pasto, se encuentra ocupado
temporalmente mediante nombramiento en provisionalidad.
Que en ese orden de ideas, se identificó que la Procuraduría 30 Judicial II para asuntos
del Trabajo y Seguridad Social Pasto, Código 3PJ, Grado EC asignada a la Procuraduría
Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, se encuentra ocupada en la
modalidad de nombramiento en provisionalidad por el (la) doctor (a) ABELARDO
BARRERA MARTINEZ.
Que en este caso, procede la provisión del empleo de carrera administrativa con la
persona que se encuentra en el orden de elegibilidad, de la respectiva lista, en dicho
cargo.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
En mérito de lo anterior,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrase en período de prueba, por un término de cuatro (4)
meses, a MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número, 76.319.732, en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado
EC, en la Procuraduría 30 Judicial II para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, con
sede en la ciudad de Pasto.
Dicho término se contará a partir de la fecha de posesión en el cargo.
En consecuencia, a partir de la posesión del (la) doctor (a) MÓNICA TERESA HIDALGO
OVIEDO en el cargo señalado, culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, del
(la) doctor (a) ABELARDO BARRERA MARTÍNEZ, quien se desempeña en este empleo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Culminado el periodo de prueba se evaluará el desempeño
laboral del servidor nombrado, en cumplimiento del artículo 218 del Decreto 262 de 2000.
29.8. A través del Oficio SG 3932 del 12 de agosto de 2016 el secretario general (E)
de la PGN le comunicó a Abelardo Barrera Martínez que mediante Decreto 3230 del
8 de agosto de 2016 fue nombrada Mónica Teresa Hidalgo Oviedo en el cargo que
ocupaba «en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 346 del 8 de
julio de 2016»41 y se posesionó el 1 de junio de 2016 según acta 906, con efectos
fiscales a partir de esa fecha42, en los siguientes términos:
«De manera atenta me permito comunicarle que el Procurador General de la Nación,
mediante el Decreto 3230 de Agosto 8 de 2016, en aplicación de la lista de elegibles
contenida en la Resolución 346 de 8 de Julio de 2016, nombró al (a) señor (a) MONICA
TERESA HIDALGO OVIEDO, en el cargo de Procurador Judicial II, Código 3PJ, Grado
EC, que actualmente ocupa usted en provisionalidad.
En consecuencia, a partir de la posesión de dicha persona culmina su vinculación laboral
con esta entidad. Lo anterior sin perjuicio de que, en aplicación del artículo 188 del
Decreto Ley 262 de 2000 la provisionalidad finalice en fecha anterior
Le presento en nombre de la Procuraduría General de la Nación los más sinceros
agradecimientos por su compromiso y la labor desempeñada, a la vez que le auguramos
muchos éxitos en adelante
41 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 29.
42 Samai, índice 2, cuaderno principal, documento 74.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
Una vez haga dejación del cargo le solicito hacer entrega del carné institucional en la
División de Gestión Humana o la Coordinación Administrativa, según corresponda, o a
su jefe inmediato. Así mismo deberá entregar el inventario a su cargo al Jefe Inmediato
o a quien este delegue, o directamente al Almacén. Finalmente deberá diligenciar los
formatos que se anexan y practicarse los correspondientes exámenes médicos de retiro
de la institución».
2.4.3. Análisis sustancial
30. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala observa que el
tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la comunicación SG
3932 del 12 de agosto de 2016 constituía un acto de ejecución que solo informaba
lo dispuesto en el Decreto 3230 de 2016, acto que definió la situación del
demandante al disponer su desvinculación del cargo; asimismo, indicó que los
cargos de procurador judicial son de carrera y deben proveerse mediante concurso
de méritos, por lo que el nombramiento provisional podía terminarse cuando el
empleo se proveía con una persona que superó el concurso, lo cual constituye una
causa objetiva y válida, sin que se configuraran vicio alguno sobre el acto
demandado.
31. Por su parte, el demandante sostuvo que los actos acusados incurrieron en falsa
motivación, expedición irregular y desviación de poder, pues la entidad no justificó
con criterios objetivos, por qué mantuvo en provisionalidad a otros funcionarios que
no ejercían funciones del cargo mientras dispuso su desvinculación pese a que sí
las ejercía, lo que evidencia una motivación insuficiente (que afecta la finalidad del
servicio) y falta de proporcionalidad y que la comunicación de desvinculación debía
analizarse junto con el acto definitivo.
32. Esta Corporación ha establecido que los actos administrativos definitivos, ya
sean expresos o fictos, son aquellos susceptibles de ser enjuiciados ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo porque mediante estos se culmina el
proceso administrativo y son los que tienen la vocación de crear, modificar o
extinguir una situación jurídica particular o general43. En el presente asunto, la Sala
advierte que la decisión administrativa que definió la situación jurídica del
demandante se adoptó en el decreto de nombramiento en período de prueba y
terminación de la provisionalidad, pues en dicho acto no solo se dispuso el
nombramiento de Mónica Teresa Hidalgo Oviedo en el cargo de procurador judicial
II, sino que además se estableció expresamente que « a partir de la posesión» de
aquella culminará la vinculación laboral, en provisionalidad, de Abelardo Barrera
Martínez, con lo cual quedó determinada de manera clara tanto la decisión de retiro
como la condición a partir de la cual produciría efectos.
33. Por el contrario, la comunicación SG 3932 del 12 de agosto de 2016 no contiene
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 21 de agosto de 2025, con radicado 11000 03 25 000 2019 00029 00 (0091-2019).
C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
una decisión autónoma ni expresa una nueva manifestación de voluntad de la
administración; su contenido se limita a informar al actor la determinación ya
adoptada en el decreto y a poner en su conocimiento las actuaciones
administrativas consecuenciales a su retiro. En esas condiciones, conforme con lo
previsto en los artículos 4344 y 10445 del CPACA y la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación46, dicha comunicación es un acto de ejecución, no demandable
de manera autónoma, pues no contiene una manifestación de voluntad
administrativa nueva, sino que constituye una actuación material de cumplimiento
del acto principal. En consecuencia, se confirmará la decisión del tribunal en tal
sentido.
34. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1 de la Resolución 040 del 20 de enero
de 2015, la PGN dio «apertura al concurso abierto de méritos para proveer todos los
empleos de procuradores judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC)», para esos efectos clasificó
los empleos en 14 convocatorias, para lo cual tuvo en cuenta como criterios: i) el
código y grado; ii) la denominación del empleo; iii) la dependencia o área de trabajo.
35. Asimismo, las convocatorias, de acuerdo con el cargo y el área de trabajo se
clasificaron así: para procurador judicial II i) 1-2015: delegada para restitución de
tierras; ii) 2-2015: delegada para asuntos ambientales y agrarios; iii) 3-2015:
delegada para asuntos civiles; iv) 4-2015: delegada para el Ministerio Público en
asuntos penales; v) 5-2015: delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social;
vi) 6-2015: delegada para conciliación administrativa; vii) 7-2015: delegada para la
defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Y, para
procurador judicial I, así: i) 8-2015: delegada para restitución de tierras; ii) 9-2015:
delegada para asuntos ambientales y agrarios; iii) 10-2015: delegada para asuntos
civiles; iv) 11-2015: delegada para el Ministerio Público en asuntos penales; v) 12-
2015: delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social; vi) 13-2015: delegada
para la conciliación administrativa; y vii) 14-2015: delegada para defensa de los
derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
36. Así las cosas, de la simple lectura del acto que dio apertura al concurso de
méritos, se advierte que en este proceso que tenido en cuenta el criterio de
especialidad y de acuerdo con lo señalado en la aludida resolución fueron
ofertados todos los empleos de procurador judicial I y II que se encontraban
«distribuidos en la planta de la entidad a nivel nacional» [así lo dispuso el artículo primero
de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, por la cual se dio apertura a la
44 Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
45 Artículo 04. De la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. La jurisdicción de lo contencioso -
administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa […].
46 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de
2025, con radicado 11001-03-25-000-2023-00175-00 (2148-2023) C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Demandante: Abelardo Barrera Martínez
convocatoria] y, de manera específica, en la convocatoria 005-2015 se ofrecieron
los cargos de procurador judicial II para la Procuraduría Delegada para los asuntos
del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de los cuales se encontraba el que era
ocupado por el demandante.
37. En ese sentido, para el cargo de procurador judicial II se establecieron
convocatorias diferenciadas por especialidad, entre ellas la correspondiente a la
Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, dentro de
la cual se incluyen los empleos objeto de controversia.
38. Ahora bien, aunque no todos los cargos fueron provistos con la lista de elegibles,
pues se proveyeron 11 de los 14 convocados, esta circunstancia no afecta la validez
del acto acusado, toda vez que el demandante no acreditó un derecho preferente a
permanecer en el empleo ni la existencia de una obligación de la administración de
desvincular a otros servidores en su lugar, pues la provisionalidad no otorga
estabilidad ni derechos adquiridos frente a la provisión por mérito, tal como lo ha
reiterado esta Subsección, al señalar que quien no supera el concurso ni integra la
lista de elegibles no consolida derecho alguno a permanecer en el cargo, ni a ser
nombrado en él47, en efecto, se ha precisado que, al no acreditar el cumplimiento
de las etapas del proceso de selección, no emerge derecho alguno a favor del
aspirante, como ocurre en el presente caso, en el que el actor reconoció que se
inscribió y no superó el concurso de méritos.
39. En ese contexto, la Sala precisa que el acto demandado sí se encuentra
debidamente motivado, ya que expresa una razón objetiva, clara y verificable,
consistente en la provisión del cargo mediante el nombramiento en período de
prueba de una persona que superó el concurso de méritos y ocupó un lugar en la
lista de elegibles. Sin embargo, comoquiera que el demandante sostiene que la
entidad otorgó un trato distinto frente a otros servidores vinculados en
provisionalidad, resulta necesario verificar si, en efecto, existió un tratamiento
diferencial carente de justificación objetiva.
40. Sobre este punto, se encuentra probado que Abelardo Barrera Martínez, desde
el 1 de septiembre de 2014, ocupó en provisionalidad un cargo de procurador
judicial II adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la
Seguridad Social. De igual manera, Manuel Eduardo Marín Santoyo y Ronald
Francisco Valencia Corredor también se encontraban vinculados provisionalmente
en cargos de procurador judicial II correspondientes a esa delegada, desde el 2 de
marzo de 2015 y 1 de junio de 2015, respectivamente. No obstante, aunque estos
dos últimos conservaron formalmente la titularidad de dichos empleos, lo cierto es
que posteriormente fueron asignados funcionalmente a dependencias distintas,
Manuel Eduardo Marín Santoyo a la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa de Bogotá, desde el 1 de enero de 2016 y Ronald Francisco Valencia
47 Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de octubre
de 2023, rad. 05001-23-33-000-2019-00852-02 (2679-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
Corredor a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, desde el 1 de septiembre
de 2016, circunstancia que dio lugar a la percepción del actor de que la
administración había privilegiado su permanencia en detrimento de la suya.
41. Sin embargo, una revisión integral de la secuencia de los hechos muestra que
esa comparación no conduce a la conclusión propuesta por el demandante. En
efecto, aunque mediante los Decretos 4485 del 30 de abril de 2016 y 1641 del 19
de abril de 2016 se prorrogó temporalmente la vinculación provisional de Manuel
Eduardo Marín Santoyo y Ronald Francisco Valencia Corredor hasta por seis
meses, también está acreditado que ambos cesaron en esos empleos el 1 y 5 de
septiembre de 2016, respectivamente, fecha para la cual fueron nombrados en su
reemplazo Arquímedes Sepúlveda y Aurora Martínez Arango, en cumplimiento de
fallos de tutela. Esto significa que, si bien durante un lapso conservaron formalmente
su vinculación en cargos adscritos a la especialidad de Trabajo y Seguridad Social
pese a ejercer funciones en otras dependencias, no permanecieron de manera
definitiva en dichos empleos ni fueron mantenidos preferencialmente frente al actor,
pues sus nombramientos provisionales también culminaron dentro del mismo hito
temporal en que se hizo efectiva la desvinculación de Abelardo Barrera Martínez,
es decir, el 1 de septiembre de 2016 y el 5 siguiente.
42. En consecuencia, los tres servidores ocupaban cargos en provisionalidad y todos
fueron desvinculados de esos empleos por decisiones posteriores de provisión o
reemplazo, sin que se desprenda que la administración hubiera preservado
arbitrariamente la permanencia de unos y sacrificado injustificadamente la del
demandante. Mientras el cargo ocupado por Abelardo Barrera Martínez fue provisto
con una persona que superó el concurso de méritos y se encontraba en la lista de
elegibles correspondiente, los empleos ocupados por Manuel Eduardo Marín
Santoyo y Ronald Francisco Valencia Corredor también fueron posteriormente
provistos mediante decisiones administrativas que pusieron fin a sus respectivas
provisionalidades. Bajo ese panorama, la sola circunstancia de que en un momento
previo sus nombramientos hubiesen sido prorrogados o de que hubieran sido
asignados funcionalmente a otras dependencias no constituye, por sí misma, un
criterio objetivo de comparación suficiente para estructurar un trato desigual o
evidenciar una falsa motivación del acto acusado.
43. En consecuencia, la cronología acreditada desvirtúa la premisa de permanencia
preferente alegada por el demandante, pues evidencia que los demás servidores
con quienes pretende compararse tampoco permanecieron de manera definitiva en
los empleos que ocupaban en provisionalidad, sino que sus vinculaciones
igualmente culminaron por decisiones posteriores de provisión o reemplazo. De este
modo, no se advierte un trato diferenciado injustificado que permita cuestionar la
motivación del acto acusado.
44. Por lo anterior, no se configura falsa motivación, en tanto el acto se fundamenta
en un hecho cierto; tampoco expedición irregular, porque se expidió conforme con
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
las competencias legales y las reglas de la convocatoria, ni desviación de poder, ya
que no se acreditó una finalidad distinta al interés general de proveer los cargos
mediante el sistema de mérito.
45. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
51. Por las razones expuestas se confirmará la sentencia de primera instancia, toda
vez que no se demostró que el acto administrativo acusado estuviese viciado de
nulidad, en tanto la desvinculación del demandante obedeció a una causa objetiva
y constitucionalmente válida, como lo es la provisión del empleo mediante el sistema
de mérito, sin que se acreditaran los cargos de falsa motivación, expedición irregular
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01412-01 (6560-2024)
Demandante: Abelardo Barrera Martínez
o desviación de poder; asimismo, se concluye que la comunicación mediante la cual
se informó el retiro del demandante, constituye un acto de ejecución que no es
susceptible de control judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Abelardo Barrera Martínez contra la
Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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