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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00852-02

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00852-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Luis Rafael Calderón Daza contra la Procuraduría General de la Nación, excepto la condena en costas que se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-00852-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001233300020190085202 (2679-2022)
Demandante: Luis Rafael Calderón Daza
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Retiro empleado provisional por nombramiento de lista de
elegible

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Luis Rafael Calderón Daza presentó demanda
contra la Procuraduría General del Nación en orden a que se declarara la nulidad
de i) la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 por medio del cual dio apertura y
reglamentó la convocatoria del proceso de selección para promover los cargos de
carrera de procuradores judiciales I y II de la entidad; ii) la convocatoria 4 del 23
de enero de 2015 por medio del cual se ofertaron 208 empleos correspondientes a
procuraduría judicial II asignada a la procuraduría delegada para el Ministerio
Públicos en asuntos penales; iii) el Decreto 3753 del 8 de agosto de 2016 que
nombró a Juan Carlos Murillo Ochoa en el cargo de procurador judicial II en
asuntos penales; iv) el Decreto 3858 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001233300020190085202 (2679-2022)
Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

se retiró del servicio al demandante y el acta de posesión 121 de Juan Carlos
Murillo Ochoa del 1 de septiembre de 2016.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) se ordenara reintegrarlo al cargo de procurador judicial II, código
3PJ, grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín de justicia y
paz; ii) ordenara el pago indexado de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos y los aportes a la seguridad social dejados de percibir desde la
fecha del retiro hasta que se produzca el reintegro y se declare que no ha existido
solución de continuidad; iii) se ordenara pagar el valor de la condena debidamente
indexada de acuerdo a lo previsto en el artículo 187 del CPACA y iv) se
condenara a la demandada al pago de costas y agencias en derechos.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes2:

El actor ocupó el cargo de procurador judicial, código II 3PJ, grado EC en la
procuraduría 348 judicial II penal de Medellín de justicia y paz, por virtud del
Decreto 2595 del 23 de octubre de 2008, cargo que ejerció hasta el 1 de
septiembre de 2016. El Decreto de nombramiento en el mencionado empleo fue
expedido con posterioridad a la Ley 975 de 2005 y por el hecho de contar con la
expresión «justicia y paz», lo dejó por fuera del Decreto Ley 262 de 2000 que no lo
estableció, cargo que además, tenía una vigencia temporal.

Ante la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 182 del
Decreto Ley 262 de 2000, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-101 de
2013 en la que ordenó a la Procuraduría General de la Nación dar apertura al
proceso de selección para proveer cargos de procurador judicial I y II y en razón
de ello, el Procurador General de la Nación emitió la Resolución 40 del 20 de
enero de 2015 a través del cual dio cumplimiento a la orden judicial, de ahí que
ofertó 744 cargos de procuradores judiciales I y II a través de las diferentes
convocatorias. Sin embargo, en ninguna de las convocatorias contenidas en la
Resolución 40 de 2015, se encuentran incluidas las procuradurías judicial I y II
creadas en virtud de la justicia transicional, debido a su naturaleza temporal y
vigencia determinada.

El actor concursó para la convocatoria 4 de 2015, referida a la procuraduría
delegada para el Ministerio Público en asuntos penales y llegó hasta la
presentación de la prueba de conocimientos al ser excluido de las demás etapas

2
Folios 2 al 19.

2

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

por no haber obtenido el puntaje señalado en la norma. En razón a ello, a través
del Oficio 4408 del 12 de agosto de 2016 le fue comunicado la terminación de su
provisionalidad y el nombramiento de Juan Carlos Murillo Ochoa en el cargo de
procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, en aplicación de la lista de elegibles
contenida en la Resolución 357 del 11 de julio de 2016 y los Decretos 3753 y 3858
del 8 de agosto de 2016.

Dentro de los argumentos esgrimidos para nombrar en período de prueba a Juan
Carlos Murillo Ochoa y para dar por terminado el nombramiento del actor, fueron
la celebración del concurso de méritos, la ubicación del primero en la lista de
elegibles y el nombramiento en provisionalidad del demandante, amén de haberse
indicado que no era necesario solicitar autorización judicial para proceder con el
retiro de un servidor sindicalizado, en razón a que el mismo obedecía a un
nombramiento por lista de elegibles producto de concurso de méritos.

El actor se encontraba afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores y
Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación
«Sintraprojudiciales», desde su creación y el día 8 de agosto de 2016, su
presidente le comunicó al Procurador General de la Nación la lista de aquellos
procuradores que eran fundadores, entre ellos, el demandante, condición que
mantenía para el momento de emisión de los actos administrativos demandados y
el acto de comunicación.

La Procuraduría General de la Nación se encontraba cobijada por un sistema
especial de carrera administrativa contenida en el Decreto Ley 262 de 2000 que
no tiene regulado el trámite de incorporación de un cargo de libre nombramiento y
remoción como es el caso de los cargos de procuradores judiciales I y II al sistema
de carrera, situación que solo se presentó en virtud de la decisión de la Corte
Constitucional adoptada en sentencia C-101 de 2013, por lo que debía la entidad
acudir a un trámite legislativo para lograr la expedición de una norma con fuerza
de ley y así poder adelantar el concurso de méritos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 29, 58, 93 y 280 de la Constitución
Política; 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo; 25, 112 al 118 del Código
Procesal Laboral; la Resolución 40 de 2015; la convocatoria 4 de 2015; la Ley
1437 de 2011; la Convención 87 de la OIT y la Convención 98 de la OIT.

3

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos3:

La Procuraduría General de la Nación al expedir la Resolución 40 de 2015
desconoció normas constitucionales en las que debió fundarse y ampararse como
son el artículo 13 que consagra el derecho a la igualdad por no tener en cuenta
que las personas que al momento de proferir ese acto ostentaban los cargos
creados en virtud de la Ley 975 de 2005, del Decreto 4795 de 2007 y la Ley 1448
de 2011 y ejercieran funciones ante la justicia transicional con anterioridad a la
ejecutoria de la sentencia C-333 de 2012, por lo que tenían derecho a que se les
otorgara un trato igual al brindado a los funcionarios judiciales mencionados en
esa sentencia, es decir, que se les permitiera permanecer en los cargos y solo
hasta que se presentara su vacancia por cualquier situación administrativa,
proveerlos.

La Resolución 40 de 2015 trasgredió los derechos adquiridos por los procuradores
judiciales de la justicia transicional, pues al no consolidarse ninguna de las
situaciones administrativas que derivaran en el retiro legal, no podían ser
removidos de sus cargos, máxime porque la entidad no realizó siquiera un estudio
con miras a verificar quienes se encontraban en situaciones especiales como la
descrita, la cual otorgaba en este caso una estabilidad laboral.

La entidad desconoció el fuero sindical y la necesidad de solicitar autorización
judicial previa para retirar del servicio a aquellas personas que pertenecen a éste y
más cuando se trata de miembros fundadores, quienes, a la luz de convenciones
ratificadas por Colombia, gozan de fuero sindical.

1.2. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se expresan a continuación4:

El empleo ocupado por el demandante fue creado por el presidente de la
República en ejercicio de facultades extraordinarias mediante el Decreto Ley 2247
de 2011, que en su artículo 1 modificó la planta de personal de la entidad y creó
los cargos allí relacionados con carácter permanente, entre los cuales se
encontraban 50 de procurador judicial II, código 3PJ grado EC, los cuales podían
ser distribuidos según las necesidades del servicio, de ahí que no tengan los
cargos una designación concreta.

3 Folios 22 al 49
4 Reposa en el expediente digital que se encuentra cargado en el aplicativo Samai a índice 2

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

Dichos empleos de procurador judicial I y II se adicionaron a la planta globalizada
dejándose de manera expresa la facultad para que el procurador general la Nación
los pudiera distribuir mediante acto administrativo motivado, con sujeción a la
estructura interna de la entidad y las necesidades del servicio, todo lo cual resultó
concordante con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Ley 265 de 2000 y el
numeral 39 del artículo 7 del Decreto Ley 262 del mismo año.

La Corte Constitucional a través de la sentencia C-101 del 28 de febrero de 2013,
ordenó a la Procuraduría General de la Nación convocar a concurso público para
la provisión en carrera administrativa de todos los empleos de procurador judicial,
sin exclusión, tácita o expresa de alguno de estos y por ello, fue que se emitió la
Resolución 40 del 20 de enero de 2015 que dispuso la apertura del respectivo
proceso de selección, a través de 14 convocatorias, correspondiéndole al empleo
ocupado por el demandante, la convocatoria 4-2015. El proceso de selección de
personal adelantado por la entidad para la provisión de los cargos de procurador
judicial correspondió al cumplimiento estricto de la orden emitida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, lo que descarta la vulneración de
algún derecho del demandante, pues, desde entonces, la comunidad jurídica en
general y, en especial, los procuradores judiciales en provisionalidad, conocían las
consecuencias respectivas, al punto que pudieron participar del proceso en
igualdad de condiciones que los demás concursantes.

En cuanto a la condición de miembro fundador del «sintraprojudiciales», manifestó
el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 expresamente señala que no será
necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los empleados
amparados con fuero sindical en varios casos, entre ellos, cuando los empleos
provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no
ocupare los puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito,
por lo que pese a su condición de aforado, no se requería contar con autorización
judicial para retirarlo del servicio, habida cuenta de que concursó, pero su puntaje
no lo hizo acreedor de un puesto en la lista de elegibles.

Los cargos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC fueron creados
mediante Decreto 4795 de 2007 con carácter permanente y adicionados a la
planta de cargos de la entidad con esa connotación y se destinaron en forma
expresa al cumplimiento de funciones relativas a la materia regulada en la Ley 975
de 2005, por lo que siguen las reglas previstas en los Decretos 265 de 2000 y 262
del mismo año, de manera que, el hecho que el cargo ocupado por el actor haya
sido asignado a un área de desempeño como fue justicia y paz, obedece a la
competencia con que cuenta el Procurador General de la Nación para proceder
con la ubicación de los cargos en las distintas dependencias de desempeño de la

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

entidad y por ello es que en las convocatorias a concursos de méritos no se
discriminan los empleos por número de procuraduría o área, lo que hace que la
convocatoria 4 de 2015, este ajustada a la legalidad.

La situación descrita en la sentencia C-333 de 2012 no es la misma que ostentaba
el demandante, especialmente porque la exigencia de mérito y calidad que impone
la Constitución Política respecto de quienes ingresan al servicio público, no puede
ser dejada de lado, como lo pretendió el actor al sugerir que no se haga uso de las
listas de elegibles para proveer los referidos empleos, a tal punto que la lectura
integral de la providencia permite observar que la Corte Constitucional hizo una
invitación a que los cargos de las autoridades judiciales de justicia y paz fueren
elegidos conforme al mérito y haciendo uso de las listas de elegibles. A diferencia
de lo ocurrido con los funcionarios de la rama judicial que ingresaron al servicio en
virtud de la Ley de justicia y paz, los funcionarios que ingresaron a la Procuraduría
General de la Nación se vincularon a una planta global y sus funciones podían ser
asignadas a las procuradurías delegadas en asuntos penales con intervención
ante los despachos de justicia y paz o a cualquier otra delegada, existiendo
incluso la posibilidad que esas funciones fueran asignadas a empleados que veían
vinculados a la entidad desde tiempo atrás.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos5:

El acta de posesión no es un acto administrativo, en tanto no contiene una
expresión de la voluntad de la administración que cree, modifique o extinga
relaciones jurídicas, en punto a ser un documento público por medio del cual se da
cumplimiento de un acto administrativo previo que declaró la designación del
funcionario y consigna el compromiso de cumplir los deberes que un determinado
cargo impone que es adquirido por esa persona nombrada para ocupar un
empleo, por tanto, no era posible solicitar la nulidad del acta de posesión 121 del 1
de septiembre de 2016 por medio del cual, Juan Carlos Murillo Ochoa tomó
posesión del cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín.

El Decreto 4795 de 2007 creó cargos de procuradores judiciales I y II, código 3PJ,
grados EC y EG para cumplir las funciones propias de la procuraduría judicial para
la justicia y paz, cargos que fueron incorporados a la planta globalizada de la
Procuraduría General de la Nación sin que se les asignara una denominación

5 Folios (…).

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

diferente a la descrita en el artículo primero de la norma y menos, una vigencia
temporal. Luego, con la expedición del Decreto 2247 de 2011, se produjo una
modificación de la planta de cargo de la Procuraduría General de la Nación que
consistió en la creación de cargos de procurador judicial I y II con un carácter
permanente, según se dejó expresado en el artículo primero de la norma, cargos
incorporados a la planta globalizada de la entidad.

La vocación de permanencia de los cargos fue reemplaza por la Corte
Constitucional a través de sentencia C-172 de 2017, en la que declaró inexequible
la expresión «de carácter permanente» del artículo primero y la sustituyó por la
frase «por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el legislador», pero
para arribar a esa decisión, tuvo en cuenta la necesidad de creación de cargos
para cumplir las funciones previstas en la Ley 975 de 2005 propias de la
jurisdicción de justicia y paz, la cual fue suplida con la creación de cargos de
procuradores judiciales I y II mediante el Decreto 4795 de 2007, empleos que
fueron clasificados con código 3PJ, grados EC y EG e incorporados a la planta
globalizada de la entidad, sin adscripción a un área específica, pues correspondía
al Procurador General de la Nación disponer de ellos según la estructura interna y
las necesidades del servicio.

Luís Rafael Calderón Daza fue nombrado mediante el Decreto 2595 del 23 de
octubre de 2008 para ocupar el cargo de procurador 348 judicial II penal de
Medellín – justicia y paz, código 3PJ, grado EC, sin que se tenga certeza que
ejerciera la función de intervención como para predicar que su cargo era de
aquellos a los que la Corte Constitucional le asignó una vigencia de 10 años. En
todo caso, lo demostrado es que se desempeñó como procurador judicial II penal
de Medellín ante la jurisdicción de justicia y paz desde el año 2008, mucho antes
de que fuera expedido el Decreto 2247 de 2011 que creó los otros cargos de
procurador judicial en la planta globalizada de la entidad para atender asuntos de
justicia transicional.

No se configuró un trato desigual entre iguales, si se tiene en cuenta que la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-333 de 2012 dispuso que la provisión de
los empleos de magistrados de justicia y paz y de los empleados de apoyo
administrativo y social se haría a partir de su notificación, mediante listas de
elegibles vigentes, sin que ello cobijara a los cargos de procuradores judiciales
con intervención en esa jurisdicción, cargos que por demás, fueron creados desde
el año 2007 bajo la denominación procurador judicial I y II, código 3PJ, grados EC
y EG e incorporados a la planta globalizada de la entidad, lo que hacía posible su
distribución en las distintas áreas de intervención de la Procuraduría General de la
Nación, entre ellas, la de justicia y paz. Tampoco puede predicarse un derecho
adquirido con fundamento en una decisión que no cobijó la situación particular de

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los procuradores judiciales y menos, cuando desconoce el mérito estatuido como
parámetros principal y primordial de la elección pública de los funcionarios de la
administración según se deriva del artículo 125 Superior.

Si bien el demandante logró demostrar su condición de miembro fundador del
sindicato de trabajadores y procuradores judiciales de la Procuraduría General de
la Nación, la condición de aforado que ello le otorga no necesariamente implica el
deber de la autoridad nominadora de solicitar autorización judicial, toda vez que
dicha norma prevé que cuando los empleos provistos en provisionalidad sean
convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su
nombramiento en estricto orden de mérito, procede la desvinculación del
trabajador porque emerge de un mandato constitucional y legal y no por despido o
decisión unilateral del nominador.

1.4. El recurso de apelación

Luis Calderón Daza interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:

La sentencia proferida por el a quo desconoció que las procuradurías judicial I y II
de justicia y paz tienen un origen legal, es decir, son diferentes y posterior a las
procuradurías judiciales I y II que hacen parte de la estructura de la PGN por
mandato del Decreto Ley 262 de 2000, cuya naturaleza es temporal y con una
vigencia determinada. En ese sentido, ejercen sus funciones ante la justicia
transicional y no tienen vocación de permanencia, de suerte que, solo subsisten
mientras esté vigente dicha jurisdicción, por lo que, el error de la demandada
consistió en no advertir esta situación en la Resolución 40 de 2015.

Reiteró los argumentos expuesto en el concepto de la violación referido al
desconocimiento de los derechos adquiridos de las personas que ostentaban los
cargos de procuradores judiciales I y II creados en virtud de la justicia transicional
vinculados a la entidad como tales con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia
C-333 de 2012. Insistió en que la Resolución 40 de 2015 ni las distintas
convocatorias ofertaron el cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín
justicia y paz.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Luis Rafael Calderón Daza reiteró lo manifestado en el recurso de apelación.

6 Folios (…).

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

1.6. El Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que el
recurso de apelación no ataca en forma alguna la decisión del a quo, sino vuelve a
plantear lo dicho en la demanda, por lo que enfrentar una situación así dificulta la
controversia de posiciones y limita a manifestar sus criterios sobre los
fundamentos iniciales pero no respecto del ataque a una decisión tomada y
suficientemente argumentada, motivo por el cual, considera que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de la Resolución 40 de 2015.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la Resolución 40 de 2015 está viciada
de nulidad al no establecer que el cargo de procurador judicial II, código 3PJ,
grados EC carecía del carácter permanente a diferencia de los fijados en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación y regulados por el Decreto Ley
262 de 2000?; ¿la aludida resolución le desconoció al actor su derecho adquirido
al no dársele el mismo tratamiento a que los magistrado de los tribunales de
justicia y paz? y ¿para la terminación del nombramiento provisional se necesitaba
autorización judicial por gozar de fuero sindical?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los
concursos de méritos de la entidad.

La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros,
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado». Dentro de estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación,
pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte de la rama ejecutiva y se
ubicó dentro de la estructura del Estado en la categoría de órgano autónomo e
independiente, lo que se evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del
procurador general de la Nación independiente de la administración central y con

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la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275
ibidem.

En razón de lo anterior y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 2004 la excluyó de su
aplicación, tal entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa
reglado en el Decreto Ley 262 de 2000.

Lo regulado en dicha norma acata la orden del artículo constitucional citado,
puesto que fue expedida por el presidente de la República en ejercicio de las
facultades otorgadas por el Congreso de la República a través del artículo 1,
numeral 4 de la Ley 573 de 2000. A su vez, esta ley la profirió el órgano legislativo
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 150, numeral 10 de la
Constitución Política que prevé la expedición de leyes ordinarias de concesión de
facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida «normas
con fuerza de ley», jerarquía que tiene el Decreto Ley 262 de 2000.

En ese sentido se pronunció esta sección en el proceso de simple nulidad
interpuesto contra la Resolución 40 de 2015, en el que se examinaron las
competencias del procurador general de la Nación para reglamentar el concurso
de méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II. Al
respecto, consideró que «[…] la ley que regula esa materia no es otra distinta al
Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio
de las precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la
Ley 573 de 2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría General de
la Nación como su régimen de carrera administrativa. En tal sentido, esa y no otra
es la ley previa aplicable en cuyo articulado se regulan todos los asuntos
mencionados en el problema jurídico»7 . Y añadió que el decreto «[…] es una ley
en sentido material».

La Sala expuso que el acto administrativo no se expidió para regular «todos» los
concursos públicos de la Procuraduría General de la Nación, sino solo los que
ordenó la sentencia C-101 de 2013 que dispuso la convocatoria de este para la
provisión de los empleos de procuradores judiciales y que, por tanto, dio
cumplimiento a esta. Agregó que el artículo 7, numeral 40 del Decreto Ley 262 de
2000, le dio la potestad al procurador general de la Nación para definir el sistema
de calificación y para «[…] adoptar los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-

25-000-2015-00366-00(0740-15), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros.

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[…]»8 y, en general, para «[…] definir las condiciones de las convocatorias para
los concursos de méritos y suscribirlas».

Dicho lo anterior, concluyó que era innecesario la expedición de una nueva ley de
carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la
provisión de los cargos de procurador judicial, pues está vigente el Decreto Ley
262 de 2000, con fuerza de ley, en el que el legislador, en sus artículos 197 y 198,
determinó «[…] los aspectos básicos y esenciales de los concursos de la carrera
que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a la
convocatoria y la inscripción. En últimas, el Procurador General de la Nación no
hizo nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias
mencionadas en el concurso, sin que sea válido entender que con ello haya
usurpado las funciones propias del legislador […]».

Bajo estos parámetros, el Decreto Ley 262 de 2000 es el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación vigente, ya que al
expedirse por el presidente de la República en ejercicio de las facultades
otorgadas por la Ley 573 de 2000 se acató el mandato del artículo 279
Constitucional, máxime cuando desarrolló los aspectos esenciales para adelantar
los procesos de selección de los servidores públicos de tal entidad. En efecto, en
los artículos 7, numeral 45, 82, 88, 97, inciso 2, 99, numeral 2, 158, numeral 1,
159, 164, 170, 182, numerales 1 y 2, y el Título XIV (artículos 183 a 250) se
establecieron las competencias y las reglas que se deben seguir para efectos de
la convocatoria a tales procesos de selección.

Así, respecto del concurso de méritos regló, en el artículo 194, sus fases, entre las
que se incluyó: la convocatoria; el reclutamiento; la aplicación de pruebas e
instrumentos de selección; la conformación de lista de elegibles; el periodo de
prueba y su calificación. En los artículos siguientes fijó las pautas para desarrollar
cada una de las etapas. De este modo, definió el contenido de la convocatoria, los
tiempos para el reclutamiento, la finalidad y conformación y forma de validación de
las pruebas, los recursos contra los resultados y facultó al procurador general para
que «adoptará los instrumentos y parámetros de puntuación de los factores
valorados en el análisis de antecedentes»9 .

De igual manera, en el numeral 40 de su artículo 7 señaló que al procurador
general de la Nación le compete «[e]jercer la suprema dirección y administración
del sistema de carrera de la entidad» y que en ejercicio de esta función puede
realizar, entre muchas, las siguientes actuaciones:

8 Ibidem
9
Artículo 205.

11

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

«a. Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se
utilizarán en los concursos y determinar los parámetros para su calificación. b.
Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una
de las etapas del proceso de selección.
[…]
d. Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas […]»

De esta manera, el procurador general de la Nación tiene la potestad no solo de
fijar las políticas para el proceso de selección, sino también de reglar los
instrumentos para cumplir cada etapa del concurso de méritos, los parámetros de
calificación y los requisitos de las convocatorias. La habilitación deriva del decreto
con fuerza material de ley, norma que fija las pautas generales a la que debe
sujetarse tal funcionario para regular esos aspectos.

Dicho lo anterior, se precisa que la existencia del régimen de carrera
administrativa previsto en el decreto aludido descarta la posibilidad de que para el
ingreso al servicio público de los empleados de la Procuraduría General de la
Nación sean aplicables normas de otros regímenes, salvo el común, en caso de
que contenga algún vacío, pues de este modo lo dispuso en el artículo 3, numeral
2, de la Ley 909 de 2004 al prever que «[l]as disposiciones contenidas en esta ley
se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos
en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras
especiales […]».

Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «Procurador
Judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que
clasificaba tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la
celebración del concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue
proferida la Resolución 40 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la
corporación manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en
ese decreto y, por tanto, no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para
los funcionarios de la rama judicial. Lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que
resolvió la nulidad propuesta contra la sentencia.

Naturaleza jurídica del cargo de Procurador Judicial II para el apoyo a las
víctimas del conflicto – justicia y paz

El presidente de la República expidió el Decreto 4795 de 2007 «Por el cual se
crean unos cargos en la planta de personal de la Procuraduría General de la
Nación», y dentro de las consideraciones del acto expresó lo siguiente:

12

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

«[…] Que mediante la Ley 975 del 25 de julio de 2005, se reglamentó el proceso de
reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, se definieron
los principios y se reguló la ritualidad atinente a la investigación y juzgamiento,
sanción y beneficios de las personas vinculadas a grupos organizados al margen de
la ley e igualmente dispuso la intervención del Ministerio Público en la mencionada
ritualidad en defensa del orden jurídico, patrimonio público y de los derechos y
garantías fundamentales tal como lo prevé el artículo 277 de la Constitución Política
de Colombia;
Que el artículo 35 de la Ley 975 del 25 de julio de 2005, prevé la Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional para el cumplimiento de
sus funciones constitucionales y legales;
Que la Procuraduría General de la Nación presentó el estudio respectivo de
conveniencia y motivación para crear los cargos que se requieren para cumplir con
las funciones del Ministerio Público en el marco de lo señalado en la Ley 975 de
2005, así como los cargos necesarios para la intervención ante los jueces
administrativos …»

El artículo primero del mencionado decreto dispuso:

«ARTÍCULO 1o. Créanse los siguientes cargos en la planta de personal de la
Procuraduría General de la Nación, así:

Número de Denominación del empleo Código Grado
cargos

Planta Globalizada

20 (veinte) Procurador Judicial II 3PJ EC
55 (cincuenta y Procurador Judicial I 3PJ EG
cinco)
75 (setenta y Sustanciador 4SU 11
cinco)

[…] »

Con la Ley 975 de 2005 se dispuso la intervención del Ministerio Público en la
ritualidad atinente a la investigación y juzgamiento, sanción y beneficios de las
personas vinculadas a grupos organizados al margen de la ley; de ahí que la
creación de los cargos de procuradores judiciales I y II, código 3PJ, grados EC y
EG, surgiera por la necesidad de disponer funcionarios para el cumplimiento de
las funciones propias de la procuraduría judicial para la justicia y paz. De la lectura
del Decreto 4795 de 2007 se establece que los cargos en comento se
incorporaron con la denominación descrita en el artículo primero a la planta
globalizada de la Procuraduría General de la Nación.

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-172 de 2017 declaró
inexequible la expresión «de carácter permanente» del artículo 1 del Decreto 2247
de 2011 y ante «[…] el vacío y la contradicción al ordenamiento constitucional que
surge de tal determinación, se procederá a sustituir [esa] expresión por la frase
«por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el legislador» para
ajustarse al contenido normativo de la Ley 1448 de 2011 como criterio
interpretativo relevante y plausible en la interpretación que el presidente hizo de
las facultades. Lo anterior, al concluir que el gobierno nacional no podía invocar la
Ley 1448 de 2011 para expedir el Decreto ley 2247 del mismo año, por cuanto
como la primera de esas disposiciones estableció que las medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno allí
adoptadas tenían una vigencia de 10 años, no le era dable a aquel fijar el límite
que omitió el legislador en la Ley 1424 de 2010 y crear empleos con carácter
permanente, en contraposición con ese lapso.

Los empleos creados en la Procuraduría General de la Nación con el Decreto ley
2247 de 2011 serían transitorios, esto es, hasta el 10 de junio de 2021, 10 años
después de su entrada en vigor10 , lapso que, valga decir, fue ampliado hasta los
mismos día y mes de 2031, de conformidad con la Ley 2078 de 8 de enero de
202111. No obstante, la condición temporal que la Corte Constitucional otorgó a
dichos cargos no mutó ni varió su inclusión en el régimen de carrera especial, toda
vez que aquella solo fue consecuencia de los plazos que la normativa previó para
garantizar la atención y reparación de las víctimas en el marco de una paz estable
y duradera. Así lo decantó esa Corporación, al precisar:

«[…] Ahora bien, frente al problema de la temporalidad de los doce (12) cargos a
proveer como procurador judicial II para intervención ante la JEP, en la sentencia C-
172 de 2017, frente a cincuenta (50) cargos de procurador judicial II creados por el
Decreto 2247 de 2011 para intervenir en los procesos de restitución de tierras, que
tienen un carácter transitorio, esta Corte dejó en claro que la solución no puede ser
el sacrificio de la regla general de carrera administrativa y del criterio del mérito para
el acceso a la función pública. En efecto, en la sentencia C-172 de 2017 la Corte
Constitucional, al examinar la constitucionalidad del Decreto 2247 de 2017 que
establecía estos cargos como permanentes, pese a que la naturaleza de los
procesos en los cuales intervendrían tiene una vigencia temporal, decidió
reemplazar la palabra permanente por la expresión “por 10 años, sin perjuicio de lo
que pueda determinar el legislador”, […] para hacer compatible la norma con las
funciones que debían desempeñar, y principalmente con la competencia bajo la cual
actuaba el legislador extraordinario. Pero no por haber puesto un límite temporal a la
duración del cargo, que en ese caso era mucho menor a aquella prevista para los
cargos ante la JEP, la Corte consideró que fuese necesario cambiar la característica

10 Publicada en el Diario oficial 48.096 de 10 de junio de 2011. «ARTÍCULO 208. La presente ley

rige a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de diez (10) años […]».
11 «Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los Decretos-ley Étnicos 4633 de 2011,

4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia».

14

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

de carrera de los cargos de procurador judicial II. Dichos cargos mantuvieron su
naturaleza como cargos de carrera, aunque estuvieran previstos para una duración
concreta12 .

Entonces, es claro que a través del Decreto 2247 de 2011 fue modificada la planta
de cargos de la Procuraduría General de la Nación en atención a las necesidades
que en materia de personal tenía la entidad a efectos de garantizar a las víctimas
del conflicto armado, el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación de
daños que hubieren sufrido por parte de grupos organizados al margen de la ley,
así como la adecuada atención, orientación, seguimiento y apoyo que requerían
en su gestión ante las entidades competentes encargadas de adelantar los
respectivos trámites y apoyo a las personas desmovilizadas no postuladas al
proceso de justicia y paz, antiguamente pertenecientes a los grupos organizados
al margen de la ley. Por ello, en el artículo primero del decreto, se crearon los
cargos de procurador judicial I y II con carácter permanente, así:

“ARTÍCULO 1°. Modifícase la planta de personal de la Procuraduría General de la
Nación, creando los siguientes cargos de carácter permanente:

DESPACHO DEL PROCURADOR DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO GRADO
GENERAL DE LA NACIÓN N DE CARGO
CARGOS
10 (Diez) Asesor 1AS 25
PLANTA FIJA DEL NIVEL CENTRAL
N DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO GRADO
CARGO
2 (Dos) Procurador Delegado OPD EA
PLANTA GLOBALIZADA
N DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL CÓDIGO GRADO
CARGO
50 (Cincuenta) Procurador Judicial II 3PJ EC
50 (Cincuenta) Procurador Judicial I 3PJ EG
35 (Treinta y cinco) Asesor 1AS 19
50 (Cincuenta) Sustanciador 4SU 11
25 (Veinticinco) Sustanciador 4SU 9

[…]

ARTÍCULO 2°. El Procurador General de la Nación podrá distribuir mediante acto
administrativo motivado, los empleos de la planta de personal globalizada creados
por el presente decreto, teniendo en cuenta la estructura interna de la entidad y las
necesidades del servicio”

La incorporación de dichos cargos se hizo en forma permanente a la planta
globalizada de la entidad y el procurador general de la Nación quedó facultado
para distribuir mediante acto administrativo motivado, los empleos de esa planta
globalizada en atención a la estructura interna y a las necesidades del servicio, tal
como lo dispuso el artículo 2 del Decreto 2247 de 2011.

12
Sentencia C-371 de 2019, M. P. José Fernando Reyes Cuartas

15

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Decreto 2595 del 23 de octubre de 200813 a través del cual fue nombrado Luis
Rafael Calderón Daza en el cargo de procurador judicial código 3PJ, grado EC en
la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín y el Decreto 3858 del 8 de agosto
de 201614 por medio del cual se retiró del cargo que venia desempeñando y el
oficio 4408 del 12 de agosto de 201815 que le comunicó la terminación de su
provisionalidad y el consecuente retiro del servicio.

Decreto 3753 del 8 de agosto de 201616 a través del cual fue nombrado en periodo
de prueba Juan Carlos Murillo Ochoa en el cargo que desempeñaba el
demandante y acta de posesión del 1 de septiembre de 201617

Oficio del 4 de agosto de 201618 enviado por el presidente del sindicato
«SINTRAPROJUDICIALES» al procurador general de la Nación a través del cual
le entrega la relación procuradores judiciales que fungieron como fundadores de
dicha agremiación, entre los cuales se relaciona el nombre de Luis Rafel Calderón
Daza.

Certificación emitida por la coordinadora del grupo de archivo sindical del
Ministerio del Trabajo19 en el que hace costar que en la base de datos «[…]
aparece inscrito y vigente la Organización Sindical denominada SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES Y PROCURADORES JUDICIALES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN «SINTRAPROJUDICIALES» de
primer grado y de empresa, con Acta de Constitución Numero 010 del 21 de junio
de 2016 con domicilio en Medellín, departamento de Antioquia».

Registro de inscripción 779862 del 16 de febrero de 201520, en la que se hace
constar que Luis Rafael Calderón Daza fue inscrito en el concurso de mérito de la
Procuraduría General de la Nación para aspirar al cargo de procurador judicial II
de acuerdo a la convocatorio 4 de 2015.

13
Folio 61
14
Folios 56 al 58 del expediente
15
Folios 55 del expediente
16
Folios 59 y 60 del expediente
17
Folio 103
18
Folios 63 al 65
19
Folio 67
20
Folio 75

16

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

Análisis del caso concreto.

De las pruebas anteriormente relacionadas se obtiene que i) el demandante laboró
en la Procuraduría General de la Nación como procurador judicial código 3PJ,
grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín en provisionalidad; ii)
el demandante se inscribió en el concurso de mérito y aspiró al cargo que venia
desempeñando en la entidad sin demostrar haber alcanzado el puntaje mínimo
necesario para pasar el examen; iii) con ocasión del ingreso de los aspirantes que
integraron los registros de elegibles conformados dentro del concurso de méritos
para proveer los cargos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, mediante
Decreto 3753 del 8 de agosto de 2016 fue nombrado Juan Carlos Murillo Ochoa
en aquel empleo, en período de prueba, quien se posesionó el 1 de septiembre
siguiente, lo que conllevó la desvinculación del actor iv) de acuerdo al certificado
expedido por la coordinadora del grupo de archivo sindical del Ministerio del
Trabajo, el actor aparece como uno de los fundadores del sindicato denominado
«SINTRAPROJUDICIALES».

En lo que respecta al argumento del recurrente referido a que la Resolución 40 de
2015 está viciada de nulidad por no indicar que el cargo de procurador judicial
código 3PJ, grado EC era temporal, encuentra la Sala que si bien la Corte
Constitucional en sentencia C-172 de 2017 declaró inexequible la expresión «de
carácter permanente» contenida en el artículo 1 del Decreto 2247 de 2011, la cual
fue sustituida por la la frase «por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda
determinar el legislador», lo cierto es que no varió la condición permanente de
dicho empleo de procurador judicial, sin perjuicio de su duración limitada,
comoquiera que la solución no podía ser el sacrificio de la regla general de carrera
administrativa y del criterio del mérito para el acceso a la función pública. Es
necesario separar la vigencia temporal de las normas de justicia transicional y la
naturaleza que tienen los cargos de procuradores judiciales I y II, código 3PJ,
grado EC y EG creados a través del Decreto 4795 de 2007.

A través del Decreto 2247 de 2011 fueron adicionados por el legislador
extraordinario dichos cargos a la planta globalizada de la Procuraduría General de
la Nación, empleos que bien podían ser distribuidos por el nominador según las
necesidades del servicio, en vista de que dicha legislación no les otorgó una
denominación respecto de su especialidad, sino que ello lo determinaría el
procurador general en ejercicio sus funciones legales. Asimismo, la norma ibidem
precisó que la distribución de los empleos de la planta global implicaba su
asignación a una procuraduría delegada quien ejercería el control de su

17

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

desempeño21, por cuanto el artículo 29 del Decreto Ley 262 de 2000 fijó las
funciones de intervención judicial al prever que los procuradores delegados
cumplen estas funciones en los procesos penales como Ministerio Público.

En tal virtud, carece de asidero jurídico aseverar que los empleos de procuradores
judiciales código 3PJ, grado EC, son temporales, lo que descarta la obligación que
tenía la PGN de advertir ello en la Resolución 40 de 2015 ni tampoco que dichos
cargos no pudieran ser provistos a través del concurso de méritos y nombrar a
quienes participaron, aprobaron y fueron incluidos en el correspondiente registro
de elegibles. De acuerdo con lo expuesto, se observa que el demandante
confundió la vigencia en el tiempo de la legislación que implementó la justicia
transicional con la permanencia de los cargos de procurador judicial II creados por
el Decreto 4795 de 2007 y adicionados a la planta global de la entidad por medio
del Decreto 2247 de 2011, por cuanto dicha transitoriedad no podía desconocer la
obligatoriedad de la meritocracia como ingreso a la carrera administrativa, es
decir, que la temporalidad de una legislación no riñe ni puede menos desconocer
las reglas propias que regulan la administración del empleo en el servicio público,
al no ser excluyentes.

Entonces, el cargo de procurador judicial II 3PJ, grado EC al hacer parte de la
planta global de la Procuraduría General de la Nación como un empleo de carácter
permanente, cuya implementación, distribución y asignación le correspondía
efectuar al Procurador General de la Nación, al no fijar dicha legislación el número
ni el área de su desempeño sino únicamente su denominación código y grado, no
hacía necesario que en la resolución acusada se excluyeran dichos empleos del
concurso ni se dejara advertencia alguna respecto de su temporalidad.

De otra parte, arguyó el demandante el desconocimiento de sus derechos
adquiridos por no habérsele dado un tratamiento similar al dispuesto en la
sentencia C-333 de 2012 respecto de los magistrados de los tribunales de justicia
y paz y en razón de ello, no era posible su desvinculación con ocasión del
concurso de méritos adelantado por la Resolución 40 de 2015. Sobre el particular,
la Corte Constitucional en sentencia C-333 de 2012, al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad en contra de los incisos 1 y 3 del artículo 67 de la Ley 975 de
2005, destacó, entre otras cosas, que «[…] el mérito y las mejores condiciones

21 Según el artículo 36 del Decreto 262 de 2000: “ARTÍCULO 36. Coordinación de la intervención

ante las autoridades judiciales. El Procurador General asignará a los procuradores delegados
funciones de coordinación y vigilancia de las actividades de intervención ante las autoridades
judiciales que realicen los diferentes funcionarios de la Procuraduría y los personeros. Estos
delegados podrán desplazar a los respectivos agentes, asumiendo directamente la intervención
judicial, si lo consideran necesario, o designando, ocasionalmente, agentes especiales. Igualmente,
podrán desplazar a los personeros distritales y municipales, ordenando la intervención de
procuradores judiciales

18

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

profesionales deberían ser el criterio principal de elección de las personas que serán
designadas en los cargos respectivos». Comprendió las diferencias entre «[…] los
funcionarios judiciales ordinarios frente a aquellas personas que sean funcionarios de
justicia y paz, en virtud de las cuales se pueden justificar sistemas de selección por
concurso de mérito que contemplen las especiales y específicas condiciones técnicas y
profesionales que requieren dichos cargos de justicia y paz. Pero tal diferencia, no puede
justificar que en el primer caso se requiera cumplir las condiciones de elección pública con
base en el mérito y en el segundo no. No existen razones constitucionales para que la
escogencia de las personas que serán jueces de justicia y paz no se funde también en un
proceso de selección público, transparente y basado en el mérito».

El aludido fallo estableció que el mérito y las mejores condiciones profesionales
debían ser el criterio principal de elección de las personas que fueran designadas
en los cargos de justicia y paz, por que podían ser provistos de la lista de elegibles
vigente, decisión que profirió respecto de los magistrados de los tribunales
superiores de distrito judicial de justicia y paz, pero no respecto de los
procuradores judiciales delegados ante esos despachos judiciales de manera que
no se estaba ante un parámetro de igualdad. En todo caso, tal sentencia privilegió
el mérito para la escogencia de las personas que serían nombradas en los
despachos de justicia y paz.

Adicionalmente, si bien se tiene acreditado que el demandante se inscribió en el
concurso de mérito de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con la
convocatoria 4 de 2015, lo cierto es que, al no superar todas las etapas necesarias
para hacer parte de la lista de elegible, no consolidó derecho alguno. En tal virtud,
la Resolución 40 del 20 de enero de 2015 no le desconoció derecho adquirido,
pues para que el derecho fuera considerado así, era necesario que hubiera
cumplido los supuestos que la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas las
condiciones y requisitos que para el caso bajo estudio no fueron acreditados por el
actor al no lograr superar la exigencias del concurso y en esa medida, no le fue
posible integrar la lista de elegibles y por tanto, no emergió el derecho de poder
ser nombrado y permanecer en el cargo correspondiente, lo cual si ocurrió por
parte de Juan Carlos Murillo Ochoa quien terminó nombrado en el empleo de
procurador judicial código 3PJ, grado EC que desempeñaba el demandante.

Ahora, en cuanto a que la Resolución 40 de 2015 ni las distintas convocatorias
ofertaron el cargo de procurador 348 judicial II penal de Medellín justicia y paz,
observa la Sala que la aludida resolución en el artículo primero determinó lo
siguiente:

«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Dar apertura al concurso abierto de méritos, para
proveer todos los empleos de procuradores judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC) y

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reglamentar las condiciones generales de la convocatorio y de las etapas del
proceso de selección.

Los cargos objeto de concurso son 744, de los cuales 317 son procuradores
judiciales I (3PJ-EG) y 427 procuradores judiciales II (3PJ-EC) que se encuentran
distribuidos en la ´planta de personal de la Entidad a nivel nacional. Estos
empleados se identifican según el código, grado, denominación y área de trabajo a
la cual están asignados y se clasificación por número de convocatoria así:

[…]

CODIGO Y GRADO DENOMINACION DEPENDENCIA O NÚMERO DE
DEL EMPLEO ÁREA DE CONVOCATORIA
TRABAJO
3PJ – EC Procurador Judicial II Procuraduría 004-2015
delegada para el
Ministerio Público en
asuntos penales

[…] »

La Sala al examinar la Resolución 40 de 2015 respecto del cargo que
desempeñaba el demandante en la entidad demandada, se obtiene que mediante
Decreto 2595 del 23 de octubre de 2008, fue nombrado en el cargo de procurador
judicial II, código 3PJ, grado EC, en la procuraduría delegada para asuntos
penales, empleo que fue abierto a concurso de mérito a través de la convocatoria
4-2015 tal como aparece relacionado en la resolución acusada.

No le asiste razón al demandante cuando afirmó que no había sido convocado a
concurso de méritos el empleo de procurador judicial código 3PJ, grado EC en la
procuraduría 348 judicial II penal de Medellín del cual fue desvinculado, por cuanto
según se acreditó en la resolución acusada y de acuerdo con la convocatoria 4 de
2015, dicho empleo fue abierto a concurso, aunque en la convocatoria no se
hubiera discriminado por el número de procuraduría, sino por la denominación
legal del cargo, el código y el grado. Aunado a lo anterior, se tiene que si bien en
el Decreto 2595 de 2008 el cargo en el cual fue nombrado el demandante
correspondía al de procuraduría 348 judicial II penal de Medellín- justicia y paz,
también lo es que legalmente dicho empleo está bajo la coordinación y vigilancia
de la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, de
manera que su desempeño laboral se concreta en las intervenciones ante los
despachos judiciales que adelantan investigaciones penales de conocimiento de la
justicia transicional, que está orientada procesalmente por los criterios del Código
de Procedimiento Penal.

En efecto, luego de la expedición del Decreto 2247 de 2011, la Procuraduría
General de la Nación se vio en la necesidad de modificar el manual de funciones y

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competencia laborales lo cual lo realizó mediante la Resolución 437 del 1 de
octubre de 201322 que en el artículo primero dispuso las competencias de las
distintas procuradurías delegadas, entre ellas, la delegada para el apoyo a las
víctimas del conflicto armado y los desmovilizados y, en el artículo 5 ibidem,
determinó las delegadas que tenían la labor de coordinación de la intervención de
las autoridades judiciales, sin que en ellas haya incluido a la de apoyo a las
víctimas del conflicto armado y los desmovilizados como si lo hizo respecto de la
procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, a la cual le
asignó además las «funciones y competencias preventivas establecidas en los
numerales 1, 7 y 14 del artículo 24 del Decreto-ley 262 de 2000, cuando se trate
de asuntos relacionados con la intervención en los procesos penales».

En esa medida, se obtiene que si bien en la estructura orgánica de la Procuraduría
General de la Nación existe el cargo de procurador delegado para el apoyo a las
víctimas del conflicto armado y los desmovilizados, a dicho cargo no le fue
asignada la función de coordinación de la intervención de las autoridades
judiciales que están a cargo de los procuradores judiciales I y II, sino que le fue
otorgada a la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos
penales, debido a que la intervención de las víctimas está prevista procesalmente
a través del respectivo incidente que se propone dentro del proceso penal23 .

Por lo expuesto, no le asiste razón al actor al considerar que el cargo de
procurador judicial, código 3PJ, grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal
de Medellín – justicia y paz no fue convocado a concurso de méritos en la
Procuraduría General de la Nación, como quiera que lo demostrado es que dicho
empleo se encuentra adscrito a la procuraduría delegada para el Misterio Público
en asuntos penales, cargo que aparece ofertado según la Resolución 40 de 2015
a través de la convocatoria 4 de 2015, tal como en párrafos precedentes se dejó
ilustrado.

En lo concerniente a la protección constitucional que le otorgó la condición de
fundador de «SINTRAPROJUDICIALES» y por tanto, la necesidad de autorización
judicial para que procediera su retiro del servicio en virtud del fuero sindical del
cual gozaba, encuentra la Sala que a través de la garantía del fuero sindical se
busca proteger la permanencia del trabajador en el período inicial de la
constitución del sindicato y su finalidad es la de establecer mecanismos para
amparar el derecho de asociación, lo cierto es que el artículo 125 ibidem

22
https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_procuraduria_0437_2013.htm
23 La Ley 906 de 2004 en su artículo 137 reguló la intervención de las víctimas en la actuación

penal así: «INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. Las víctimas del
injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de
intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas…»

21

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

estableció que todos los empleos en los órganos y las entidades del Estado son
de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que establezca la ley. El
ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se hará por el sistema
de méritos una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que para el efecto determine la ley, a fin de establecer los méritos y calidades de
quienes aspiran a desempeñar cargos públicos.

Para el caso bajo estudio, si bien el demandante ocupaba un cargo de carrera en
provisionalidad y acreditó la calidad de miembro fundador de la organización
sindical, también lo es que su retiro del servicio se produjo como consecuencia del
nombramiento en periodo de prueba de quien hizo parte de la lista de elegible, de
manera que, la terminación de la provisionalidad no requería de autorización
judicial previa, toda vez que, las consecuencias jurídicas relacionadas con el
vínculo laboral se predican de una definición legal de carácter general, como lo es
el hecho de no haber superado las condiciones objetivas que le permitían acceder
al cargo de carrera administrativa mediante la superación del proceso de
selección. Existe una relación directa entre el retiro del servicio en estos casos,
con el proceso de selección para cargos de carrera administrativa, por lo tanto, la
terminación de la provisionalidad para él, se sujetó a situaciones objetivas
previamente establecidas por la ley como causal de retiro del empleo, razón por la
cual, no se hacía necesaria la autorización judicial que echa de menos, pues no
se trata de verificar la existencia o no de justas causas del retiro del servidor
amparado con fuero, sino de dar cumplimiento a los procesos de selección para el
ingreso a la función pública, fundados en el mérito y la igualdad de oportunidades
de todos los aspirantes.

2.5. Costas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala revocará la condena en costas impuesta a la parte vencida, en atención
a que en el trámite no se observó que se hayan causado, ni que las partes hayan
desplegado un actuar temerario.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el demandante no demostró
el vicio de nulidad de la Resolución 40 de 2016, en tanto que no se requeriría que
en ella se advirtiera que el cargo de procurador judicial código 3PJ, grado EC tenía
la naturaleza de un empleo temporal; así como tampoco demostró que se le haya

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Radicado: 05001233300020190085202 (2679-2022)
Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

desconocido derecho adquirido alguno, en la medida que no acreditó haber
superado las exigencias del concurso de mérito como condición necesaria para
que le emergiera el derecho de ser nombrado en el respectivo empleo, y muchos
menos, que el aludido cargo no haya sido ofertado comoquiera que lo probado fue
todo lo contrario, ni que se requiriera la autorización judicial para la terminación de
su vínculo con ocasión del nombramiento efectuado en el cargo que
desempeñaba por quien superó el concurso de mérito.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda en
el proceso promovido por Luis Rafael Calderón Daza contra la Procuraduría
General de la Nación, excepto la condena en costas que se revoca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en

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Demandante: Luis Rafael Calderón Daza

la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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