Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2017-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2017-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-006-2017-00021-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1
Vinculado: Diego Felipe Fernández Córdoba
Tema: Retiro de servidor vinculado en provisionalidad. Concurso de
méritos. Naturaleza del empleo de procurador judicial. Planta
global de la PGN
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Amanda Mercado Ramírez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Decreto 3770 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual
se realizó el nombramiento en período de prueba de Diego Felipe Fernández
Córdoba con la correlativa desvinculación del servicio de la demandante.
1 En lo que sigue PGN.
2 Tribunales y juzgados, índice 53 de Samai. Páginas 1 a 15 del documento
«15ED_EXPEDIENTE2017000210(.pdf) NroActua 53». La demanda fue presentada el 12 de enero
de 2017.
3 En adelante CPACA.
42
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reintegro al cargo de
procuradora séptima, judicial II, de apoyo a víctimas de Cali o a uno de igual o
superior categoría y salario; ii) el pago de todos los emolumentos dejados de percibir
con los reajustes correspondientes, desde la fecha de su retiro hasta cuando sea
reincorporada al servicio, tales como sueldos, prestaciones sociales, aportes a la
seguridad social en pensión y cualquier otro establecido para el cargo que
desempeñaba; iii) la reparación del daño en los términos de los artículos 90 de la
Constitución Política y 138 del CPACA en cuantía de 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por los perjuicios causados con ocasión de la desvinculación
del servicio; iv) la declaración de que no existió solución de continuidad entre la
desvinculación y el reintegro; v) la indexación de las sumas adeudadas de
conformidad con los artículos 187, 192 y 195 ejusdem; y vi) la condena en costas y
agencias en derecho en virtud de los artículos 188 ibidem, y 365 y 366 del Código
General del Proceso4.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante el Decreto 2247 de 28 de junio de 2011, el gobierno nacional modificó
y amplió la planta de personal de la PGN, en el que incluyó el cargo de procurador
7, judicial II, código 3PJ, grado EC, de apoyo a víctimas del conflicto armado y
desmovilizados.
3.2. Amanda Mercado Ramírez fue nombrada en provisionalidad en el cargo de
procuradora 7 judicial II, código 3PJ, grado EC, de apoyo a víctimas de Cali
mediante Decreto 2361 del 9 de julio de 2012. Es «cabeza de familia» desde el año
2008 con ocasión del fallecimiento de su cónyuge y padece quebrantos de salud.
3.3. A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, el procurador general
de la nación dio apertura a un concurso público de méritos para proveer todos los
empleos de procuradores judiciales I y II. Sin embargo, no se ofertaron los empleos
adscritos a la Procuraduría Delegada para Apoyo a las Víctimas del Conflicto
Armado y Desmovilizados.
3.4. La PGN expidió la Resolución 340 del 8 de julio de 2016, por la cual integró la
lista de elegibles del concurso de méritos para proveer varios cargos, entre ellos el
de procurador séptimo judicial II, código 3PJ, grado EG, desempeñado por la
demandante, no ofertado en la convocatoria pública.
3.5. Mediante el Oficio SG 4424 del 12 de agosto de 2016 la PGN le informó a
Amanda Mercado Ramírez que daba por terminado el vínculo laboral y nombraba a
Diego Felipe Fernández Córdoba en periodo de prueba. Decisión que fue
comunicada el 13 de agosto de 2016.
4 En adelante CGP.
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
3.6. El 6 de septiembre de 2016, Amanda Mercado Ramírez solicitó a la PGN el
reintegro y pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir con
fundamento en que Diego Felipe Fernández Córdoba concursó para el cargo de
procurador delegado en asuntos penales y no para el que fue nombrado, pues este
no fue ofertado.
3.7. La PGN negó la anterior petición a través del Oficio SG 006327 del 3 de
noviembre de 2016 con sustento en que el cargo que ocupaba Amanda Mercado
Ramírez fue ofertado en la Convocatoria 004-2015.
3.8. Por lo anterior, instauró acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ante la existencia de mecanismos
judiciales idóneos para definir el asunto reclamado5.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como disposiciones violadas invocó los artículos 125 de la Constitución Política;
137 y 138 del CPACA; y 195 y 196 del Decreto Ley 262 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. La entidad designó a quien la reemplazó sin el lleno de los requisitos legales, por
cuanto el empleo de procurador judicial de apoyo a víctimas no fue convocado a
concurso y al no existir norma que permitiera el uso de la lista de elegibles para
proveer un empleo no ofertado en el proceso de selección.
5.2. La persona designada en su reemplazo no concursó para el empleo que
ocupaba, esto es el adscrito a la Procuraduría Delegada para Apoyo a las Víctimas,
sino al cargo de procurador judicial delegado en materia penal. La entidad
desconoció el derecho que le asistía de permanecer en el empleo, pues sólo podía
ser retirada por causas legales; por manera que el acto demandado se expidió con
infracción de las normas en que debía fundamentarse, de forma irregular, y con
falsa motivación.
5 Es necesario precisar que el 4 de abril de 2017, mediante el mecanismo de la reforma de la
demanda se adicionó un hecho relacionado con el reconocimiento de la pensión de vejez a la
demandante por Colpensiones a través de la Resolución GNR 348230 de 22 de noviembre de 2016;
sin que para ese momento hubiera cumplido la edad de retiro forzoso y que por ende tenía derecho
a permanecer en el cargo en comento lo que no fue posible ante su desvinculación irregular.
Mediante constancia del 6 de «febrero» de 2017 se señaló que «el término concedido para adicionar,
aclarar o modificar la demanda (art. 173 del CPACA) del 17 de julio al 31 de julio de 2017 […] en
dicho término la parte actora presentó reforma de la demanda». Sin embargo, revisado el expediente
no se evidencia pronunciamiento del tribunal en relación con este aspecto; en la etapa de la fijación
del litigio mediante audiencia del 5 de febrero de 2020, el tribunal relacionó los hechos sin referencia
alguna respecto de aquel adicionado en la reforma. Esta situación no fue alegada. Tribunales y
juzgados, índice 53 de Samai. Páginas 129 y 278 del documento
«15ED_EXPEDIENTE2017000210(.pdf) NroActua 53».
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
1.2. Contestación de la demanda
6. La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente6:
6.1. No era posible desplazar a quienes obtuvieron legítimamente el derecho a
ocupar el cargo de carrera por quienes lo ocupaban en provisionalidad, incluso aun
si se trataba de una madre cabeza de familia. La lista de elegibles incluía 366
aspirantes para 208 cargos, lo que no dejó margen para aplicar medidas afirmativas.
6.2. La demandante no acreditó la condición de madre cabeza de familia ni una
discapacidad que diera lugar a estabilidad reforzada. El cargo que ocupó integraba
la planta global y todos los empleos de procurador judicial II tenían requisitos,
funciones y propósitos equivalentes.
6.3. Procedenlas excepciones de «ineptitud sustantiva de la demanda7» porque
también debió demandar la Resolución 357 del 11 de julio de 2016 correspondiente
a la convocatoria pública 004-2015 del cual hizo parte Diego Felipe Fernández
Córdoba nombrado mediante Decreto 3770 del 8 de agosto de 2016 y la « innominada
o genérica».
1.3. Actuaciones relevantes
7. En audiencia inicial celebrada el 20 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca consideró que en lugar de los oficios 4424 del 12 de agosto de
2016 y 006327 del 3 de noviembre de 2016 demandados por Amanda Mercado
Ramírez el acto administrativo que sí era objeto de control judicial era el Decreto
3770 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual se nombró en período de prueba
a Diego Felipe Fernández Córdoba con la correlativa desvinculación laboral de la
demandante, al constituir la actuación definitiva con la que la administración dio por
terminada la relación laboral.
8. Por lo tanto, como la demanda se inadmitió8 por un asunto diferente, y con el fin
de no vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia de la
demandante, así como la buena fe procesal y el derecho de defensa de la
demandada, el tribunal incorporó expresamente el Decreto 3770 como acto
demandado para lo cual le corrió traslado a la entidad, sin que esta se pronunciara.
De igual forma ordenó la vinculación de Diego Felipe Fernández Córdoba en calidad
de tercero que podría verse afectado con las resultas del proceso, pues en ese
6 Tribunales y juzgados, índice 53 de Samai. Páginas 160 a 176 del documento
«15ED_EXPEDIENTE2017000210(.pdf) NroActua 53».
7 Ejusdem, páginas 278 a 282. Fue declarada no probada por el tribunal en audiencia inicial del 5 de
febrero de 2020, por cuanto en audiencia del 20 de marzo de 2018 se estableció que el Decreto 3770
del 8 de agosto de 2018 era el acto que debía ser objeto enjuiciamiento.
8 Ibidem, página 118. Con auto del 2 de febrero de 2017 el tribunal inadmitió la demanda al no tener
claridad ni certeza de la estimación razonada de la cuantía.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
momento ocupaba el cargo que desempeñaba la demandante, quien tampoco se
pronunció en las oportunidades procesales pertinentes9.
1.4. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Oralidad en sentencia
proferida el 23 de mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda y para tal
efecto señaló lo siguiente10:
9.1. Los cargos de procurador judicial I y II creados por el Decreto 4795 de 2007
respondieron a las necesidades de la PGN para Justicia y Paz y se incorporaron a
la planta globalizada. Estos empleos conservan su carácter de carrera pese a ser
transitorios hasta el año 2031, conforme con la ampliación otorgada por la Ley 2078
de 2021, y el procurador tiene la facultad de distribuirlos según la estructura interna
y las necesidades del servicio.
9.2. El artículo 1 de la Resolución 040 de 2015 abrió el concurso de méritos para
proveer todos los cargos de procurador judicial I y II, en total 744 empleos [317 de
procurador judicial I y 427 de procurador judicial II], distribuidos en la planta
nacional. Dentro de estos empleos, incluyó el cargo de procurador judicial II, código
3PJ-EC, adscrito a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales, bajo la Convocatoria 004-2015.
9.3. Frente al cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, existían 427
empleos distribuidos en todo el país y en las diferentes áreas de intervención. Estos
cargos fueron creados mediante los decretos 265 de 2000 [302 empleos], 4795 de
2007 [20 empleos], 2247 de 2011 [50 empleos] y la Ley 1367 de 2009 [55 empleos].
9.4. La Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y
los Desmovilizados sí integra la estructura orgánica de la entidad. No obstante,
conforme con la Resolución 437 de 2013 que distribuyó las funciones previstas en
los artículos 23 a 36 del Decreto 262 de 2000, esa delegada no asumió la
coordinación ni la vigilancia de la intervención de los procuradores judiciales I y II
ante las autoridades judiciales, pues dicha función fue atribuida a la Procuraduría
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, a la cual se le asignaron
las competencias relacionadas con la intervención en procesos penales en
concordancia con el Decreto Ley 262 de 2000 y con la regulación de la intervención
de víctimas prevista en el artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
9.5. Por lo tanto, el cargo de procurador séptimo judicial II de apoyo a víctimas en
Cali sí fue ofertado en la convocatoria de la Resolución 040 de 2015, al estar
9 Ibid, página 253. Diego Felipe Fernández Córdoba, notificado personalmente el 10 de mayo de
2018, quien guardó silencio, páginas 262 [acta de notificación] y 266 [constancia secretarial del 27
de agosto de 2019] del referido documento.
10 Tribunales y Juzgados. Samai índice 54.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
adscrito a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.
9.6. A través del Decreto 2361 del 9 de julio de 2012 Amanda Mercado Ramírez fue
nombrada como procuradora judicial II, código 3PJ-EC ante la Procuraduría
Delegada para Asuntos Penales, cargo que sí se ofertó en el concurso de méritos,
a pesar de que en la convocatoria no se detalló el número específico de la
procuraduría y solo indicó la denominación legal, el código y el grado del empleo.
9.7. La historia clínica evidencia que la demandante tenía diagnóstico de artritis
reumatoide y lupus. Según los registros civiles, estuvo casada con Luis Alfonso
Parra Escudero, quien falleció en el año 2008, con quien tuvo 2 hijos nacidos en los
años 1988 y 1989. Para el momento en que se le notificó la terminación de su
vinculación provisional, en agosto de 2016, sus hijos ya tenían 26 y 28 años.
9.8. La estabilidad laboral reforzada protege a quienes, en condición de debilidad
manifiesta, son cabeza de familia, están próximos a pensionarse o tienen
discapacidad. En el presente caso, se descartó que la demandante fuera madre
cabeza de familia, pues sus hijos eran mayores de 25 años y, según la Corte
Constitucional, esta condición exige tener a cargo hijos menores o personas
incapacitadas para trabajar. Aunque padece artritis reumatoidea, una enfermedad
catalogada como de alto costo, el examen médico ocupacional de septiembre de
2016 no registró limitaciones, restricciones ni secuelas laborales, y únicamente se
recomendó valoración por la EPS. Además, ocupaba en provisionalidad un cargo
que sí fue ofertado en la convocatoria de la Resolución 040 de 2015, y la
procuraduría debía proveerlo por concurso público conforme con lo ordenado por la
Corte Constitucional.
9.9. En cuanto al cargo de procurador séptimo judicial II penal de apoyo a víctimas
en Cali desempeñado por la demandante, este se ofertó dentro de la convocatoria
004-2015, correspondiente a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en
Asuntos Penales. Allí se encontraban disponibles 208 plazas y figuraban 366
concursantes en la lista de elegibles, según la Resolución 357 del 11 de julio de
2016, corregida por la Resolución 358 del 12 de julio siguiente. En consecuencia, la
lista de elegibles superó ampliamente el número de plazas ofertadas, situación que
impedía aplicar lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto 1894
de 2012 que modificó el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, el cual dispone que la
provisión definitiva de los empleos de carrera debe seguir un orden específico.
9.10. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 permite imponer costas solo cuando la
demanda carece de fundamento legal; en materia laboral y pensional rige un criterio
subjetivo que exige la verificación de un actuar con temeridad o mala fe. En este
caso la demanda tenía sustento y no hubo conducta indebida, por lo que no procede
condena en costas.
1.5. El recurso de apelación
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
10. Amanda Mercado Ramírez interpuso recurso de apelación y lo sustentó así11:
10.1. El tribunal desconoció el alcance de los artículos 119, parágrafo 2, de la Ley
1448 de 2011 y 10 de la Ley 1424 de 2010, en contravía de lo previsto en la Ley
975 de 2005, cuyo propósito consistía en facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual y colectiva de miembros de grupos armados ilegales,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; y
estableció medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado.
10.2. Estas normas, de naturaleza especial y referidas a la creación de cargos, fueron
pasadas por alto, pues ordenaron que la PGN y la Fiscalía General de la Nación
contaran con personal suficiente para intervenir en procesos de restitución de
tierras; y habilitaron al presidente de la República mediante facultades
extraordinarias para crear o ajustar entidades y modificar la planta de personal de
los organismos involucrados con el fin de apoyar las funciones derivadas del
régimen de víctimas y de verdad histórica, respectivamente.
10.3. Así,los cargos de procurador de víctimas fueron creados por una norma
especial, con funciones, competencias, presupuesto y período distinto de los de la
planta ordinaria. Por esa razón, el juez de primera instancia se equivocó al afirmar
que la convocatoria general incluyó esos cargos, cuando la ley les dio un régimen
propio y una naturaleza completamente diferente. Por tanto, esa convocatoria nunca
existió para los procuradores de víctimas y el fallo ignoró las diferencias legales
expresas entre ambos tipos de cargos.
10.4. Equiparar el cargo de procurador de víctimas con uno de la planta ordinaria
desconocía las normas especiales que lo crearon y vulneraba los principios de
competencia y debido proceso de los artículos 6 y 29 de la Constitución. Si la ley
asignó a los procuradores de víctimas funciones, período y presupuesto distintos,
no es aceptable que el operador judicial los trate como cargos ordinarios. Por ello,
se debe reconocer que no existió convocatoria para estos cargos especiales y
declarar la nulidad de los actos demandados, con el restablecimiento del derecho
correspondiente.
11. Además, la demandante cuestionó que el tribunal de primera instancia afirmara
que no presentó los alegatos de conclusión y solicitó que se efectuaran las
correcciones pertinentes y se tuviera en cuenta el referido escrito.
1.6. Intervenciones en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
11 Tribunales y juzgados. Índice 57.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
hubo traslado a las partes para alegar12.
1.7. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
14. Previo a resolver el caso concreto, es importante advertir que el consejero de
Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera se declaró impedido para conocer del
proceso identificado con radicación 76001-23-33-000-2014-01033-01 [0264-2023]
con fundamento en la causal prevista en el numeral 9 del artículo 141 del CGP, toda
vez que el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat integró la sala de decisión de
primera instancia cuya providencia fue objeto de recurso, tal y como ocurre en esta
oportunidad; sin embargo, dicho impedimento fue negado por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al considerar que la causal invocada
únicamente se configuraba cuando la relación de amistad o enemistad se predicaba
respecto de alguna de las partes, su representante o apoderado, y no frente a otro
funcionario judicial aun cuando interviniera en instancia previa, por lo que, en
consecuencia, no se encontraba comprometida la imparcialidad del juzgador.
2.2. Problema jurídico
15. Se circunscribe a establecer ¿si el empleo del cual fue retirada la demandante
no fue ofertado en la Convocatoria 004-2015 y, por lo tanto, no podía ser
reemplazada por quien aprobó todas las etapas del concurso?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación y carácter vinculante de la convocatoria
16. La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público « existen otros, autónomos e
independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la PGN, pues por voluntad del constituyente dejó de formar parte
de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la estructura del estado en la categoría
de órgano autónomo e independiente13, lo que se evidencia, por ejemplo, con la
forma de elección del procurador general de la nación independiente de la
administración central14 y con la calidad de jefe supremo del Ministerio Público que
12 Así se indicó en el auto del 20 de septiembre de 2024. Índice 4 del aplicativo Samai.
13 Sentencia C-078 de 1999.
14 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por
candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
le otorgó el artículo 275 ibidem.
17. En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al
legislador regular, entre otras materias, «lo atinente al ingreso y concurso de méritos y
al retiro del servicio» y a que la Ley 909 de 200415 la excluyó de su aplicación, tal
entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa reglado en el
Decreto Ley 262 de 2000.
18. Los artículos 191 y subsiguientes del Decreto Ley 262 de 2000 16 regularon los
procesos de selección para proveer los empleos de carrera vacantes de la planta
de personal de la PGN. El artículo 194 señaló que las siguientes son etapas de los
concursos: i) convocatoria, ii) reclutamiento [que a su vez comprende la inscripción y la
publicación de la lista de admitidos y no admitidos], iii) aplicación de pruebas o
instrumentos de selección [que se subdividen en eliminatorios y clasificatorios],
iv) conformación de la lista de elegibles, v) nombramientos en período de prueba y
vi) calificación del período de prueba. A su turno, el artículo 195 señala que «[l]a
convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración
como a los participantes» y que la Oficina de Selección y Carrera de la PGN es la
encargada de su diseño y elaboración, de acuerdo con los «requerimientos legales y
los parámetros técnicos según la naturaleza del empleo por proveer».
19. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado17 han sostenido, de manera
reiterada, que la convocatoria que da apertura a los concursos de méritos para el
ingreso a la función pública constituye la norma jurídica primordial para su
desarrollo18. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a la jurisprudencia
de ambos tribunales a definirlo como «la ley del concurso»19. Lo anterior se explica
en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del
concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas
que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en
todo a la Constitución y la ley20.
20. A fin de que sea el mérito, y no un elemento distinto, el que decida la selección
de quienes habrán de ocupar los cargos públicos, resulta imprescindible que la
administración adelante estas actuaciones observando rigurosamente las reglas
que ella misma se ha impuesto21. Lo anterior pone de presente que la expedición
de la convocatoria entraña un acto de autovinculación y autotutela para la
administración22. De este modo se procura evitar que pueda obrar con una
15 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
16 Previamente a las modificaciones introducidas por el Decreto Ley 1851 de 2021.
17 Concepto 1976 de 4 de febrero de 2010, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
18 Sentencias SU-617 de 2013, T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
19 Sentencias T-682 de 2016 y T-470 de 2007, entre otras.
20 Sentencia 1563-2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
21 Concepto 2158 de 10 de diciembre de 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
22 Sentencia T-256 de 1996.
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discrecionalidad que acabe por desviar el recto curso que debe seguir en la
actuación en comento23.
21. De ahí que el concurso de méritos «se desenvuelve como un trámite estrictamente
reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y
ciertas cargas a los participantes»24. De esta manera, la convocatoria en el concurso
público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta
las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los
participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe25. Con fundamento en
estas razones, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse a
los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria, so pena de
infringir valiosos principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad, la
buena fe y la confianza legítima.
22. Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «procurador
judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que clasificaba
tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la celebración del
concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue proferida la
Resolución 040 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la corporación
manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en ese decreto y,
por tanto, que no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige para los servidores
de la Rama Judicial, lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que resolvió la nulidad
propuesta contra la sentencia.
2.2.2. Naturaleza jurídica del empleo de procurador judicial
23. A través del artículo 182 del mencionado Decreto-ley 262 el legislador
extraordinario clasificó los empleos de la PGN así: i) de carrera: la cual se constituye
en la regla general; ii) de libre nombramiento y remoción: como una excepción y se
refiere a aquellos que de manera expresa sean designados por el legislador dentro
de esta clasificación; y iii) de periodo fijo: en la cual se encuentra únicamente el de
procurador general de la nación. En ese sentido, la norma en mención dispuso:
«Artículo 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su
naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
23 Sentencia 4574-2016 de 31 de enero de 2019 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
24 Sentencia 2731-2012 de 17 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
25 Sentencia T-682 de 2016.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de
los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
[…]
• Procurador judicial
[…]
3) De período fijo: Procurador General de la Nación.»
24. De acuerdo con la disposición transcrita, el empleo de procurador judicial
inicialmente fue clasificado de manera expresa como un empleo de libre
nombramiento y remoción. No obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible
tal clasificación, en particular la relativa al empleo de procurador judicial, al
considerar que esta no se encontraba conforme con el artículo 280 de la
Constitución Política, según el cual «[l]os agentes del Ministerio Público tendrán las
mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y
jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo». Al respecto señaló:
«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante la rama
judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los factores
equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de “categoría y
calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que la acepción
“derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de otros derechos
asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores judiciales. Entre
“derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración
ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera, que
entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de acceso a los cargos
y promoción a los mismos a través de la selección y evaluación objetivos, con base
en criterios del mérito y las calidades personales, propios de la carrera administrativa o
judicial; de tal pertenencia a la carrera se deriva, puntualmente, la garantía de que su
nombramiento y remoción no puede ser el resultado de la discrecionalidad del nominador
y de gozar de la estabilidad que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen
sus funciones.
5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente señalado,
cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la misma “categoría” de
los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que significa la equivalencia en
los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se quebranta con la distinción que
realiza la disposición acusada, al clasificar el cargo de procurador judicial como de libre
nombramiento y remoción, cuando los de los jueces y magistrados ante los que actúan,
son de carrera administrativa, conduciendo a su inexequibilidad.
5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por
el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser clasificados
igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo 280
constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la carrera,
prevista en el artículo 125 superior.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
[…]
5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo Superior
de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación.
Por ello, la incorporación que procede respecto de los “procuradores judiciales”
es a la carrera propia de la Procuraduría General de la Nación.» [Se resalta]
25. Como consecuencia de la anterior decisión, ordenó a la PGN que «en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un
concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que
deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta sentencia».
26. En consonancia con lo expuesto, de acuerdo con su naturaleza y forma de
provisión, el de procurador judicial, es un empleo de carrera que debe ser provisto
a través del sistema técnico de administración de personal previsto en el Decreto
Ley 262 de 200026, el cual tiene por objeto «garantizar la eficiencia de la entidad y
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la misma».
2.2.3. Concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
procurador judicial en cumplimiento de la orden contenida en la sentencia C-
101 de 2013
27. Como se explicó, en la sentencia C-101 de 2013 la Corte Constitucional ordenó
a la PGN adelantar el concurso público con el fin de proveer los cargos de
procurador judicial de la entidad a través del sistema de carrera; en cumplimiento
de lo cual el procurador general de la nación profirió la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015.
28. En la parte considerativa de la convocatoria contenida en la Resolución 040 se
señaló que esta se expidió con sustento en la sentencia de constitucionalidad y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000,
según las cuales, una de las funciones del procurador general de la nación es la de
«ejercer la suprema dirección y administración del sistema especial de carrera, con
fundamento en el cual debe definir las políticas para la elaboración, aplicación y calificación
de las pruebas que se utilizarán en los concursos de méritos, adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de
selección, determinar las condiciones de las convocatorias y suscribirlas, entre otras».
29. De acuerdo con lo expuesto, se dio apertura al concurso abierto de méritos, con
el fin de proveer 744 cargos, de los cuales 317 eran de «procuradores judiciales I (3PJ-
EG)» y 427 de «procuradores judiciales II (3PJ-EC)», para efectos del cual estableció
las condiciones generales y dispuso que este se desarrollaría a través de las
siguientes etapas: i) convocatoria; ii) reclutamiento: inscripción y lista de admitidos
y no admitidos; iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección;
26 Artículo 183 del Decreto Ley 262 de 2000.
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iv) conformación de lista de elegibles; v) periodo de prueba; y vi) calificación del
periodo de prueba.
30. Ahora bien, en contra de la Resolución 040 del 20 de enero de 201527 se
presentaron demandas de nulidad, las cuales se sustentaron en los siguientes
cargos: i) extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional; ii) falta de
competencia del procurador general de la nación para convocar a concurso de
méritos y proveer los cargos procurador judicial; iii) vulneración de la cláusula de
reserva de ley estatutaria; iv) establecimiento de restricciones al acceso al servicio
público; v) vulneración del derecho a la igualdad y de homologación de condiciones
previsto en el artículo 280 de la Constitución Política; vi) vulneración del derecho
fundamental a la igualdad de los aspirantes, al establecer los criterios y valores de
puntuación de los títulos de posgrado y experiencia profesional relacionada en el
artículo 17 del acto demandado; vii) desconocimiento del derecho fundamental a la
igualdad; viii) desconocimiento del derecho fundamental de acceso a los cargos
públicos; y ix) transgresión del derecho fundamental a la igualdad, el debido
proceso, el principio de primacía de la realidad sobre las formas y los derechos
adquiridos y del precedente judicial de la Corte Constitucional contenido en la
sentencia C-333 de 2012.
31. Dentro del mencionado proceso, la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió sentencia el 30 de julio de 202128 en la que, después de analizar los
argumentos que sustentaron los cargos de violación, declaró la legalidad
condicionada de los artículos 17, numeral 1, inciso 3; 5, inciso 3; 9, numeral 2.9; y
17 parágrafo 1, sobre los puntajes a otorgar por los posgrados y por las
publicaciones de libros.
32. En la referida sentencia, consideró que el acto objeto de reproche, contentivo de
las reglas del concurso de méritos que tenía como objeto la provisión por el sistema
de carrera de los cargos de procurador judicial, se encontraba acorde con el
ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó el alcance que debía darse a algunas de
sus disposiciones con el fin de que permanecieran dentro del marco de la legalidad,
y estableció que esa legalidad condicionada tendría efectos ex tunc con el fin de
garantizar y respetar las situaciones jurídicas consolidadas y « la protección del
derecho de acceso por mérito a los cargos públicos, pues quienes participaron y superaron
las etapas propias del concurso, lo hicieron confiados en la regularidad y legalidad de los
requisitos y exigencias establecidos en la Resolución 040 de 2015».
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
27 Expediente con radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015) [acumulado].
28 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015)
[acumulado]; consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
33. En el expediente se encuentra demostrado que:
33.1. Amanda Mercado Ramírez fue nombrada procuradora 7ª judicial II, de apoyo a
víctimas de Cali, código 3PJ, grado EG, mediante Decreto 2361 del 9 de julio de
201229.
33.2. A través de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la PGN en «cumplimiento
de la orden judicial impartida por la Corte Constitucional en sentencia C-101 de 2013 y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 7° del Decreto Ley 262 de 2000, procede
a dar apertura y reglamentar la convocatoria del proceso de selección para proveer los
cargos de carrera de procuradores judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC)». De acuerdo con
lo anterior, en consideración al código y grado del cargo, la denominación del empleo
y la dependencia o área de trabajo, estableció 14 convocatorias: 1-2015, 2-2015, 3-
2015, 4-2015, 5-2015, 6-2015, 7-2015, 8-2015, 9-2015, 10-2015, 11-2015, 12-2015,
13-2015 14-201530.
33.3. Por medio de la Resolución 357 del 1 de julio de 2016 se estableció en «estricto
orden de mérito la lista de elegibles, dentro la convocatoria No. 004-2015, con los
concursantes que obtuvieron un puntaje total igual o superior al 70%», para la provisión
de los 208 empleos de procurador judicial, código 3PJ, grado EG de la Procuraduría
Delegada para el Ministerio en Asuntos Penales, dentro de la cual se encontraba
Diego Felipe Fernández Córdoba31. Este acto fue corregido mediante la Resolución
358 de 12 de julio de 201632 en la que resolvió: «corregir la Resolución 357 del 11 de
julio de 2016, indicando que la dependencia a la cual están asignados los cargos de la
convocatoria 04-2015, corresponde a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público
en Asuntos Penales».
33.4. Como se indicó, en audiencia inicial del 20 de marzo de 201833 en la etapa de
saneamiento del proceso, el tribunal decidió «incorporar expresamente como acto
demandado el Decreto 3770 de 2016» por medio del cual se nombró en período de
prueba a Diego Felipe Fernández Córdoba con la correlativa desvinculación laboral
de la demandante, al constituir la actuación definitiva con la que la administración
finalizó la relación laboral, en garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia, por cuanto se inadmitió la demanda por un asunto distinto. Corrió traslado a
la PGN de conformidad con el artículo 172 del CPACA en virtud de la buena fe
procesal y el derecho de defensa; asimismo ordenó la notificación y traslado de la
demanda a Diego Felipe Fernández Córdoba como tercero con interés. Frente a la
cual no hubo oposición.
33.4.1. En consonancia con lo anterior, en audiencia inicial del 5 de febrero de 202034
29 Tribunales y juzgados, índice 53 de Samai. Página 270 del documento
«15ED_EXPEDIENTE2017000210(.pdf) NroActua 53».
30 Ibid, páginas 25 a 41.
31 Ejusdem, páginas 44 a 53.
32 Ibidem, páginas 55 y 56.
33 Ibid, páginas 253 a 255.
34 Ejusdem, páginas 278 a 281.
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda planteada
por la PGN con fundamento en que en la etapa de saneamiento se estableció que
el acto que debía ser objeto de enjuiciamiento era el Decreto 3770 de 2016, por lo
tanto, no tenía objeto que se demandara la lista de elegibles como lo fundamentó la
entidad. Adicionalmente, consideró que «[l]a fijación del litigio se contrae en determinar
si el acto administrativo demandado que desvinculó a la actora del cargo que ocupaba en
provisionalidad debe anularse, porque dicho empleo no fue ofertado en la convocatoria
pública, contenida en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, y la demandante tenía
una estabilidad laboral reforzada». Esta decisión fue notificada por estrados sin
oposición alguna.
33.4.2. Si bien no se aportó al expediente copia del decreto en referencia, dicho acto
[que no se constituye en una prueba que deba ser decretada, sino que se trata del
acto acusado] se puede consultar en la página web de la entidad35 el cual se
transcribe a continuación:
«Decreto 3770 del 8 de agosto de 2016
Por medio del cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se termina una
provisionalidad
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y
CONSIDERANDO
Que mediante la Sentencia de Constitucionalidad C-101 del 28 de febrero de 2013, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión "Procurador Judicial" del
numeral 2° del artículo 182 del Decreto-Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo
180 de la Constitución política.
Que en dicha providencia se ordena a la Procuraduría General de la Nación, que en un
término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de este fallo,
convoque a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de
Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar en un (1) año desde la notificación
de esta sentencia.
Que mediante la Resolución N° 040 del 20 de enero de 2015, el Procurador General de
la Nación "Da apertura al concurso abierto de méritos para proveer los empleos de
Procuradores Judiciales I y II, y reglamentar las condiciones generales de la convocatoria
y las etapas del proceso de selección".
Que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Convocatoria No. 004-2015,
publicada en enero 23 de 2015, abrió concurso de méritos para proveer los cargos de
Procurador Judicial II Código 3PJ Grado EC asignados a la Procuraduría Delegada para
el Ministerio Público en Asuntos Penales.
Que mediante la Resolución No. 357 del 11 de Julio de 2016, se conformó la
correspondiente Lista de Elegibles con aquellos concursantes que obtuvieron el puntaje
35 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/DECRETOS_AGOSTO_2016.pdf. Páginas
1217 a 1218 del documento.
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
total mínimo exigido en el artículo 216 del Decreto Ley 262 de 2000.
Que el artículo 217 del Decreto Ley 262 de 2000 dispone que dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes a la publicación de la lista de elegibles, deberá producirse el
nombramiento en periodo de prueba o en propiedad según el caso.
Que el (la) doctor (a) DIEGO FELIPE FERNANDEZ CORDOBA se encuentra en el orden
de elegibilidad por haber ocupado el puesto ciento veinticuatro.
Que al momento de inscripción según consta en el registro N° 793079 el (la) doctor (a)
FERNANDEZ CORDOBA, seleccionó los cargos de Procurador Judicial II, asignados a
la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales con sedes
territoriales en las ciudades de Popayán, y Cali, en ese orden de preferencia.
Que en virtud de lo anterior se verificó, que los cargos a proveer de Procurador Judicial
II, Código 3PJ, Grado EC, asignados a la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales, con sede territorial en la ciudad de Popayán, se encuentran
provistos mediante nombramientos en período de prueba o propiedad en virtud del
agotamiento de la presente lista de elegibles.
Que en ese orden de ideas, se identificó que la Procuraduría 7 Judicial II Apoyo Víctimas
Cali, Código 3PJ, Grado EC asignada a la Procuraduría Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales, se encuentra ocupada en la modalidad de nombramiento
en provisionalidad por el (la) doctor (a) AMANDA MERCADO RAMIREZ.
Que en este caso, procede la provisión del empleo de carrera administrativa con la
persona que se encuentra en el orden de elegibilidad, de la respectiva lista, en dicho
cargo.
En mérito de lo anterior,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrase en período de prueba, por un término de cuatro (4)
meses, a DIEGO FELIPE FERNANDEZ CORDOBA, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número, 76.319.732, en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado
EC, en la Procuraduría 7 Judicial II Apoyo Víctimas, asignada a la Procuraduría
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, con sede en la ciudad de Cali.
Dicho término se contará a partir de la fecha de posesión en el cargo.
En consecuencia, a partir de la posesión del (la) doctor (a) DIEGO FELIPE FERNANDEZ
CORDOBA en el cargo señalado, culminará la vinculación laboral, en provisionalidad,
del (la) doctor (a) AMANDA MERCADO RAMIREZ, quien se desempeña en este empleo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Culminado el periodo de prueba se evaluará el desempeño
laboral del servidor nombrado, en cumplimiento del artículo 218 del Decreto 262 de 2000.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
33.5. A través del Oficio SG 4424 del 12 de agosto de 2016 el secretario general (E)
de la PGN le comunicó a Amanda Mercado Ramírez que mediante Decreto 3770
del 8 de agosto de 2016 fue nombrado Diego Felipe Fernández Córdoba36 en el
cargo que ocupaba «en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 357
del 11 de julio de 2016»37. Cuya posesión data del 1 de septiembre de 2016 según
acta 101, con efectos fiscales a partir del 2 siguiente38.
33.6. El 6 de septiembre de 2016, Amanda Mercado Ramírez solicitó a la PGN el
reintegro y pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir con
fundamento en que Diego Felipe Fernández Córdoba concursó para el cargo de
procurador delegado en asuntos penales y no para el que fue nombrado porque no
se ofertó.
33.7. La PGN a través de la secretaria general negó la anterior petición a través del
Oficio SG 006327 del 3 de noviembre de 2016 con fundamento en que el cargo que
ocupaba Amanda Mercado Ramírez sí se ofertó en la Convocatoria 004-2015 y que
el nombramiento recayó en el concursante que ocupó la lista de elegibles de tal
manera que no era posible desplazarlo dada la provisionalidad del nombramiento
de la demandante39.
33.8. Obra registro de matrimonio 1630988 del 2 de octubre de 1991 de la Notaría
Primera de Palmira (Valle del Cauca) en el que consta el matrimonio civil celebrado
entre la demandante y Luis Alfonso Parra Escudero, el 19 de diciembre de 1987 en
el Juzgado Tercero Civil Municipal de dicho municipio40. Asimismo, se aportaron
los registros civiles de nacimiento de Yerleny Dahiana el 24 de julio de 1988 y Luis
Alfonso Parra Mercado el 15 de octubre de 198941 hijos de la demandante y su
cónyuge.
33.9. Consta el deceso del cónyuge de la demandante el 12 de diciembre de 2008,
36 Número 124 en la lista.
37 Tribunales y juzgados, índice 53 de Samai, documento «15ED_EXPEDIENTE2017000210(.pdf)
NroActua 53». Página 16. Las pruebas relacionadas en adelante también se encuentran en este
documento, por lo que, de aquí en adelante, solo se indicará la página correspondiente.
38 Páginas 57 y 58.
39 Páginas 20 a 24.
40 Página 59.
41 Páginas 98 a 100.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
según registro civil de defunción 0662734042.
33.10. Según historia clínica del 3 de agosto de 2016 a ella se le diagnosticó «artritis
reumatoide no especificada» con causa externa enfermedad general43.
33.11. Mediante sentencia de tutela del 18 de agosto de 201644 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción constitucional
presentada por Amanda Mercado Ramírez contra la PGN en la que pretendía el
reintegro al cargo que ocupaba en esa entidad, ante la existencia de mecanismos
judiciales idóneos para definir el asunto reclamado45.
33.12. El 5 de agosto de 2015, solicitó a la PGN el reconocimiento de su condición de
prepensionada con estabilidad laboral reforzada46. Sin embargo, a través del Oficio
3938 del 14 de agosto de 201547, la entidad negó la solicitud con fundamento en
que no llevaba ese tipo de registro; que la demandante ya se encontraba en la lista
de admitidos y había sido convocada a la prueba de conocimientos, y que cualquier
decisión debía ajustarse a las reglas y condiciones de la convocatoria; por lo tanto,
no era posible excluir del concurso el cargo que ella desempeñaba, pues ello «no
solo afecta su válida aspiración pretensión acceder al cargo a través del concurso de mérito
para el cual también está inscrita sino que además la de todos las personas inscrita que se
someten a las reglas de la convocatoria, las cuales son imperativas tanto para la entidad
cada aspirante» (sic).
33.13. Con Oficio 002922 del 5 de agosto de 2016, la PGN negó una petición del 27
de julio de 201648 elevada por la demandante al considerar que no era posible
desplazar los derechos de quien ganó el concurso por los del provisional que
ocupara el empleo así estuviera en una situación de estabilidad laboral reforzada,
pues solo podía adoptar las medidas afirmativas siempre que tuviera margen de
maniobra, pero no era posible porque la lista estaba integrada por 336 elegibles en
contraste con los 208 empleos ofertados49.
33.14. Mediante constancia del 25 de julio de 2016 la entidad certificó los salarios
devengados por la demandante y las prestaciones sociales desde el año 2005 hasta
el 201550.
42 Página 61.
43 Páginas 63 a 76.
44 Con radicado 76001233301120160123500 acumulado con 76001233301120160123800.
45 Páginas 77 a 94.
46 Páginas 191 a 196.
47 Páginas 198 a 201.
48 Petición cuyo contenido se desconoce, pero que aparece radicada en la entidad, según se
desprende del correo de correspondencia visto a página 226.
49 Páginas 230 a 333.
50 Páginas 274 y 275.
Radicado: 76001-23-33-006-2017-00021-01 (4820-2024)
Demandante: Amanda Mercado Ramírez
3.3.2. Testimonios solicitados por la demandante51
34. Gloria Esperanza Flores Bueno fue compañera de trabajo de la demandante
en la PGN y la conocía desde hace aproximadamente 15 años. Se desempeñó
como coordinadora del cargo que ella ocupó como procuradora judicial penal ante
el Tribunal Superior de Cali. El cargo que desempeñaba Amanda Mercado Ramírez
no fue convocado en el concurso para proveer los cargos de Procurador Judicial en
las distintas áreas, pese a esto fue desvinculada; a partir de ese momento, la
demandante no contó con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones
económicas, pues respondía por su madre, hijos y nietos. Tenía la expectativa
legítima de continuar en el cargo al no haber sido sometido a concurso. Le brindó
apoyo económico para cubrir deudas bancarias; durante esa época le prestó una
suma superior a los cien millones de pesos que la demandante le pagó cuando
recibió el pago de su pensión.
35. Diego Libreros Giraldo conoció a Amanda Mercado Ramírez aproximadamente
hace 10 o 15 años, desde que trabajó en el «poder judicial». Cuando la demandante
quedó sin empleo tuvo situaciones económicas críticas, por lo que le prestó dinero
en varias oportunidades para ayudarla a cubrir sus gastos [entre 10 o 20 millones],
especialmente, porque debía responder por su mamá y sus hijos.
2.3.3. Análisis sustancial
36. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra necesario
recordar que el tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en
que el cargo de procurador séptimo judicial II de apoyo a víctimas en Cali sí fue
ofertado en la convocatoria 004-2015 establecida en la Resolución 040 de 2015,
aun cuando en esta no se detalló el número específico de la procuraduría y solo
indicó la denominación legal, el código y grado. Ello porque se encontraba adscrito
a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales que
asumió la coordinación de dicho cargo, conforme con la Resolución 437 de 2013;
delegada a la cual se le asignaron las competencias de intervención en esos
asuntos según el Decreto Ley 262 de 2000 y las relativas a la representación de
víctimas previstas en el artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
37. Además, resaltó que se encontraban disponibles 208 plazas y la lista de elegibles
incluía 366 concursantes, conforme con la Resolución 357 del 11 de julio de 2016.
En consecuencia, el número de elegibles superaba ampliamente las vacantes
ofertadas, lo que impedía aplicar lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 1
del Decreto 1894 de 2012, disposición que establece un orden específico para la
51 Audiencia celebrada el de noviembre de 2020. Archivos
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%20ORDINARIOS/76001-23-33-006-2017-00021-00/005%202017-00021-
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
provisión definitiva de los empleos de carrera, sin que la demandante demostrara
alguna condición que diera lugar a protección especial.
38. Por su parte, la demandante insistió en que el empleo de procurador judicial de
apoyo a víctimas no fue ofertado, el cual se encuentra ubicado en una delegada
distinta de la de asuntos penales que, por su naturaleza especial, difería de aquellos
procuradores de la planta ordinaria.
39. Delimitado el marco de la decisión de esta corporación, se advierte que de
acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la PGN dio
«apertura al concurso abierto de méritos para proveer todos los empleos de procuradores
judiciales I (3PJ-EG) y II (3PJ-EC)», para esos efectos clasificó los empleos en 14
convocatorias, para lo cual tuvo en cuenta como criterios: i) el código y grado; ii) la
denominación del empleo; iii) la dependencia o área de trabajo.
40. Asimismo, las convocatorias, de acuerdo con el cargo y el área de trabajo se
clasificaron así: para procurador judicial II i) 1-2015: delegada para restitución de
tierras; ii) 2-2015: delegada para asuntos ambientales y agrarios; iii) 3-2015:
delegada para asuntos civiles; iv) 4-2015: delegada para el Ministerio Público en
asuntos penales; v) 5-2015: delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social;
vi) 6-2015: delegada para conciliación administrativa; vii) 7-2015: delegada para la
defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Y, para
procurador judicial I, así: i) 8-2015: delegada para restitución de tierras; ii) 9-2015:
delegada para asuntos ambientales y agrarios; iii) 10-2015: delegada para asuntos
civiles; iv) 11-2015: delegada para el Ministerio Público en asuntos penales; v) 12-
2015: delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social; vi) 13-2015: delegada
para la conciliación administrativa; y vii) 14-2015: delegada para defensa de los
derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
41. Así las cosas, de la simple lectura del acto que dio apertura al concurso de
méritos, se advierte que en este proceso sí fue tenido en cuenta el criterio de
especialidad y de acuerdo con lo señalado en la aludida resolución fueron
ofertados todos los empleos de procurador judicial I y II que se encontraban
«distribuidos en la planta de la entidad a nivel nacional» [así lo dispuso el artículo primero
de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, por la cual se dio apertura a la
convocatoria] y, de manera específica, en la convocatoria 004-2015 se ofrecieron
los cargos de procurador judicial II «para el Ministerio Público en asuntos penales»,
dentro de los cuales se encontraba el que era ocupado por Amanda Mercado
Ramírez.
42. Esto es así pues aun cuando la demandante sostuvo que no se ofrecieron los
empleos pertenecientes a la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas y
que esta era una dependencia diferente, con una especialidad distinta de la de
asuntos penales, lo cierto es que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 106
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del 4 de abril de 201152 [vigente para la fecha en que se vinculó a la PGN] que
modificó la Resolución 017 del 4 de marzo de 2000, las competencias y funciones
previstas en los artículos 23 al 36 del Decreto Ley 262 de 2000 [entre las que se
encuentran las de apoyo a las víctimas] se delegaron, distribuyeron y asignaron en
Procuradurías Delegadas entre las que se encuentra la Delegada para el Ministerio
Público en Asuntos Penales, no ocurre igual con dependencia alguna dedicada al
apoyo a las víctimas.
43. En efecto, esta es una función de los procuradores judiciales que, en los términos
del artículo 37 del Decreto Ley 262 de 2000 establece que «[l]os procuradores
judiciales ejercerán funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de
protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades
administrativas y judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las
leyes y en este capítulo cuando lo determine el Procurador General en virtud de las
facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto».
44. En igual sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2246 del 28 de junio
de 201153 las procuradurías delegadas tenían dentro de sus funciones preventivas
y de control las de «[a]poyar a las víctimas, con el fin de que puedan tener acceso a la
verdad, la justicia y reparación, por daños que hayan sufrido con ocasión del conflicto
armado interno; así mismo brindar atención, orientación, seguimiento y apoyo en la gestión
que adelanten y requieran en su gestión ante las entidades competentes encargadas de
adelantar los respectivos trámites. […] Adoptar o sugerir las medidas pertinentes ante las
autoridades competentes, tendientes a evitar la suplantación o reclamación ilegal por parte
de quienes no ostentando la condición de víctimas se presentan ante las autoridades como
víctimas». Asimismo, la norma dispuso que los procuradores judiciales cumplirían
funciones de apoyo a las víctimas del conflicto armado que se requiriera brindar «por
parte de la Procuraduría, la debida atención a las personas desmovilizadas no postuladas
al proceso de justicia y paz; antiguamente pertenecientes a los grupos organizados al
margen de la ley, y acorde con las actuales necesidades institucionales se requiere
igualmente intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y Tribunales
Superiores de Distrito judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos que
les asiste a las víctimas del conflicto armado».
45. De igual forma, el artículo 29 del Decreto Ley 262 de 2000 dispuso que los
procuradores delegados cumplirían, entre otras, las funciones de intervención
judicial en procesos penales como Ministerio Público «en asuntos relacionados
con la Restitución de Tierras, en especial ejercerá las siguientes funciones de intervención
judicial en los procesos de restitución de tierras y formalización de títulos de despojados y
de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se
reconozcan opositores dentro del proceso establecidos en la ley por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones».
52 «Por la cual se modifica la Resolución número 017 del 4 de marzo de 2000, se modifica la
Resolución 176 del 3 de mayo de 2010 y se deroga la Resolución número 175 del 3 de mayo de
2010 y se dictan otras disposiciones»
53 «Por el cual se modifica la estructura de la Procuraduría General de la Nación».
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46. Es así que esta función de apoyo a las víctimas [derivada de lo dispuesto en el
Decreto 2246 de 2011] asignada a los procuradores judiciales, se encontraba a su
vez distribuida en las procuradurías delegadas [pues así lo señala el artículo 24 del
Decreto 242 de 2000], lo que impone considerar que el cargo para el cual fue
nombrada Amanda Mercado Ramírez tenía un marco funcional determinado: el
apoyo a las víctimas, sin perjuicio de que se le pudieran asignar otras por razones
del servicio, pues no puede pasarse por alto que de conformidad con lo previsto en
el parágrafo único del artículo 7 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, las
Procuradurías delegadas, territoriales y judiciales, ejercen las funciones y
competencias que les sean asignadas, distribuidas y delegadas por el procurador
general de la nación, quien podía asumirlas en cualquier momento o delegarlas.
47. De manera que en la estructura orgánica de la entidad no existía una
dependencia especial para el apoyo a las víctimas, sino que se erigía como una
función transversal a las delegadas y a los procuradores judiciales. Lo que impone
diferenciar entre la asignación de una función y la distribución de cargos en
unidades funcionales o áreas de trabajo como lo señala la Resolución 040 del 20
de enero de 2015. Así pues, la actora tenía dentro de sus funciones el apoyo a las
víctimas, pero su nombramiento se efectuó en la unidad funcional de asuntos
penales, pues cuando se dispuso la delegación, distribución y asignación de las
competencias y funciones previstas, entre otras, en el artículo 24 del Decreto Ley
262 de 2000 [en la que se encuentra la de apoyo a las víctimas] a la fecha de su
nombramiento [el 9 de julio de 2012] no existía una unidad funcional denominada
«apoyo a víctimas», lo que impide concluir que estuviera ubicada en esa área de
trabajo.
48. Es así como la Resolución 017 de 2000 fue objeto de varias modificaciones. En
efecto, fue solo hasta con la expedición de la Resolución 437 del 1 de octubre de
201354 que se creó la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del
Conflicto Armado y los Desmovilizados y las funciones previstas en los artículos 29,
numerales 11.3 y 11.4; y 37 a 48 del Decreto Ley 262 de 2000 se delegaron,
distribuyeron y asignaron, entre otras, las Procuradurías Judiciales de Apoyo a las
Víctimas del Conflicto Armado I y II.
49. Posteriormente, con la Resolución 399 del 29 de septiembre de 2015 se modificó
nuevamente la Resolución 017 de 2000, en punto de las funciones de la
Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los
Desmovilizados cuando se tratare de asuntos relacionados con los derechos de las
víctimas del conflicto armado y con las personas desmovilizadas de grupos
organizados al margen de la ley de manera colectiva o individual. Y luego, mediante
54 «Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución número 017 de 2000 delegando,
distribuyendo y asignando competencias y funciones a la Procuraduría Delegada para la Restitución
de Tierras y a la Procuraduría Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los
Desmovilizados».
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la Resolución 099 del 31 de marzo de 2017 se modificó la referida Resolución 017,
en virtud de la cual se cambió la identificación de la Procuraduría Delegada para el
Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados para establecer la
Procuraduría Delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas
y se asignaron funciones relacionadas con la coordinación al seguimiento de los
puntos del Acuerdo de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016.
50. Incluso en la actualidad, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 377 del 9 de
noviembre de 202255, esa delegada [la de asuntos penales] tiene dentro de sus
funciones la coordinación y vigilancia de los procuradores judiciales I y II para
asuntos penales, de apoyo a víctimas del conflicto armado.
51. De esta manera se advierte que, de acuerdo con las facultades constitucionales
y legales del procurador general de la nación [en particular lo dispuesto en los
artículos 277 y 278 constitucional y 7, numeral 8 y parágrafo del Decreto Ley 262
de 2000], las funciones de apoyo a las víctimas han sido distribuidas en distintos
empleos y no en una dependencia en particular, y aquellas han cambiado de
denominación de acuerdo con lo dispuesto en los actos que modificaron la
Resolución 017 de 2000 que establecía una distribución de esas funciones y
competencias.
52. Ahora bien, no puede olvidarse que la planta de personal de la PGN por virtud de
lo dispuesto en el Decreto 265 de 200056 está dividida en una planta fija del nivel
central (despacho del procurador general, el viceprocurador y otros empleos), una
planta fija del nivel territorial (procuradurías regionales y provinciales) y una
globalizada. En cuanto a estos últimos la norma establece que será el procurador
general de la nación el que los distribuya «mediante acto administrativo, de acuerdo con
la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la
Procuraduría General de la Nación»57. Esta característica de planta global y flexible fue
analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-089 A de 1994, que en lo
particular señaló:
«[U]na vez determinada la planta global de personal -que por cierto responde a un
manejo moderno y eficiente de la administración pública- por parte del Presidente de la
República, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
en su calidad de 'jefe de la administración de su respectiva dependencia', según lo prevé
el artículo 208 constitucional, puede distribuir esa planta global, así como asignar y
reasignar funciones. Estimar lo contrario, significaría que todo manejo administrativo y
toda fijación de responsabilidades en cualquier entidad del Estado requeriría de la
actuación del Presidente de la República, lo que llevaría a una parálisis en el ejercicio
de las funciones públicas de la rama ejecutiva». [Se resalta].
55 «Por medio de la cual se distribuyen competencias y funciones entre las procuradurías delegadas,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851
de 2021 y se deroga la Resolución No. 150 de 2022».
56 «Por el cual se establece la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación incluida
la del Instituto de Estudios del Ministerio Público».
57 Así lo establecen también los artículos 2 de los decretos 573 de 2000 y 2247 de 2011.
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53. Al respecto, la Corte ha señalado que el sistema de planta global «no implica […]
que la planta de personal no sea fija, lo que ocurre es que se agrupan los empleos de
acuerdo con su denominación para ser posteriormente distribuidos por la autoridad
competente, de acuerdo con la dependencia y el área de trabajo». A juicio de esa
corporación «la flexibilidad de la planta de personal no se predica de la función asignada
al empleo sino del número de funcionarios que pueden cumplirla, pues, siguiendo el ejemplo
anotado, si se trata del cargo de "Técnico en ingresos públicos" su función siempre será la
misma, sin interesar la dependencia a la cual pertenezca»58.
54. En esa misma línea se ha pronunciado esta corporación al señalar que en una
planta global los distintos empleos «se enlistan o determinan de manera globalizada o
genérica en su denominación, código y grado, e indicando el respectivo número de cada
empleo59», lo que permite mayor movilidad en el ejercicio funcional y optimización
en la prestación del servicio. De acuerdo con lo cual ha definido que la planta global
es aquella «en la cual todos los empleos se agrupan y dependen de la dirección general
del organismo o entidad, teniendo el nominador la facultad de distribuir los cargos de
acuerdo a las necesidades del servicio y conforme a los planes y programas institucionales.
Se caracterizan por ser plantas más elásticas y flexibles permitiendo organizar y distribuir
el personal según las necesidades reales, sin limitaciones administrativas y permitiendo la
conformación de grupos internos de trabajo»60.
55. Los antecedentes expuestos evidencian que el ejercicio de la labor en una
entidad con planta globalizada implica la posibilidad de ejercer iguales funciones en
dependencias diferentes, de acuerdo con lo dispuesto por el director de la entidad
o aquel servidor en quien recaiga esa potestad, bajo la consideración de las
necesidades del servicio.
56. Así las cosas, se demostró que Amanda Mercado Ramírez fue nombrada en el
empleo de procurador judicial II, 3PJ, EG, al que se le asignaron funciones de apoyo
a víctimas, y como consecuencia de que su nombramiento se efectuó el 9 de julio
de 2012, se encontraba asignada a la delegada de asuntos penales; y lo cierto es
que no se demostró que se haya expedido acto alguno que trasladara el empleo a
una delegada o área funcional distinta de aquella en la que fue nombrada, lo que
permite considerar que permaneció en aquella que fue ofrecida en la convocatoria
004-2015. En igual sentido se ha pronunciado esta subsección al señalar lo
siguiente61:
«No le asiste razón al demandante cuando afirmó que no había sido convocado a
concurso de méritos el empleo de procurador judicial código 3PJ, grado EC en la
procuraduría 348 judicial II penal de Medellín del cual fue desvinculado, por cuanto según
se acreditó en la resolución acusada y de acuerdo con la convocatoria 4 de 2015, dicho
58 Sentencia C-447 de 1996.
59 Villegas Arbeláez, Jairo. Derecho Administrativo Laboral, Legis octava edición, 2008, pág. 586
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013, radicado
25000-23-25-000-2005-07998-02(0803-12) MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2023,
radicado 05001233300020190085202 (2679-2022), MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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empleo fue abierto a concurso, aunque en la convocatoria no se hubiera discriminado
por el número de procuraduría, sino por la denominación legal del cargo, el código y el
grado. Aunado a lo anterior, se tiene que si bien en el Decreto 2595 de 2008 el cargo en
el cual fue nombrado el demandante correspondía al de procuraduría 348 judicial II penal
de Medellín- justicia y paz, también lo es que legalmente dicho empleo está bajo la
coordinación y vigilancia de la procuraduría delegada para el Ministerio Público
en asuntos penales, de manera que su desempeño laboral se concreta en las
intervenciones ante los despachos judiciales que adelantan investigaciones penales de
conocimiento de la justicia transicional, que está orientada procesalmente por los
criterios del Código de Procedimiento Penal.
En efecto, luego de la expedición del Decreto 2247 de 2011, la Procuraduría General de
la Nación se vio en la necesidad de modificar el manual de funciones y competencia
laborales lo cual lo realizó mediante la Resolución 437 del 1 de octubre de 201362 que
en el artículo primero dispuso las competencias de las distintas procuradurías delegadas,
entre ellas, la delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los
desmovilizados y, en el artículo 5 ibidem, determinó las delegadas que tenían la labor
de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales, sin que en ellas haya
incluido a la de apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados como si
lo hizo respecto de la procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos
penales, a la cual le asignó además las «funciones y competencias preventivas
establecidas en los numerales 1, 7 y 14 del artículo 24 del Decreto-ley 262 de 2000,
cuando se trate de asuntos relacionados con la intervención en los procesos penales».
En esa medida, se obtiene que si bien en la estructura orgánica de la Procuraduría
General de la Nación existe el cargo de procurador delegado para el apoyo a las víctimas
del conflicto armado y los desmovilizados, a dicho cargo no le fue asignada la función
de coordinación de la intervención de las autoridades judiciales que están a cargo
de los procuradores judiciales I y II, sino que le fue otorgada a la procuraduría
delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, debido a que la intervención
de las víctimas está prevista procesalmente a través del respectivo incidente que se
propone dentro del proceso penal63 .
Por lo expuesto, no le asiste razón al actor al considerar que el cargo de procurador
judicial, código 3PJ, grado EC en la procuraduría 348 judicial II penal de Medellín –
justicia y paz no fue convocado a concurso de méritos en la Procuraduría General de la
Nación, como quiera que lo demostrado es que dicho empleo se encuentra adscrito
a la procuraduría delegada para el Misterio Público en asuntos penales, cargo que
aparece ofertado según la Resolución 40 de 2015 a través de la convocatoria 4 de 2015,
tal como en párrafos precedentes se dejó ilustrado». [Se resalta].
56. Finalmente, se demostró que Diego Felipe Fernández Córdoba concursó para el
cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EG, asignado a la Procuraduría
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y, de acuerdo con lo
señalado en el acto acusado, en ese empleo fue nombrado en reemplazo de
Amanda Mercado Ramírez, de manera que, contrario a lo señalado por la
recurrente, no se advierte que su contenido esté afectado por algún vicio de nulidad.
62 https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_procuraduria_0437_2013.htm
63 La Ley 906 de 2004 en su artículo 137 reguló la intervención de las víctimas en la actuación penal
así: «INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. Las víctimas del injusto, en
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en
todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas…»
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57. De acuerdo con lo expuesto, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del
acto en virtud del cual se efectuó un nombramiento en periodo de prueba que
implicó el retiro del servicio de Amanda Mercado Ramírez; razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
62. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
63. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia apelada,
toda vez que no se demostró que el acto administrativo acusado estuviese viciado
de nulidad, pues lo cierto es que Diego Felipe Fernández Córdoba concursó para el
cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EG, asignado a la Procuraduría
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y, de acuerdo con lo
señalado en el acto acusado, en ese empleo fue nombrado en reemplazo de
Amanda Mercado Ramírez, cargo que hace parte de la planta global de la entidad.
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Demandante: Amanda Mercado Ramírez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Amanda Mercado Ramírez contra la Procuraduría General de la
Nación, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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