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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01653-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01653-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a las motivaciones plasmadas en esta providencia. SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo, parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar la eliminación de las anotaciones correspondientes en los antecedentes del sistema de información de la Procuraduría General de la Nación del demandante, para lo cual, el A-quo deberá emitir el oficio correspondiente y declarar que, Número interno: 5343-2023 Demandante: Henry Monroy Farfán Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para todos los efectos legales, no ha existido solución de continuidad en los servicios prestados a la Policía Nacional. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01653-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)1.

Radicado : 25000234200020170165301 (5343-2023)
Demandante : Henry Monroy Farfán
Demandados : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario
Asunto : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 10 años.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra de la sentencia
del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones2

1. La nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia -proferidos el 19
de agosto y el 26 de septiembre de 2016, respectivamente, dentro del proceso COPE4-
2015-58- y la resolución No. 07425 del 11 de noviembre de 2016, mediante la cual el
director general de la Policía Nacional ejecutó la destitución del intendente Henry Monroy
Farfán e impuso inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años. Como
restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo y grado que ostentaba al
momento del retiro, con reconocimiento de ascensos y eliminación de antecedentes
disciplinarios.

2. A título de restablecimiento del derecho, reclamó el pago de los haberes dejados de
percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo -con indexación e intereses moratorios,

1
Expediente físico
2
Índice 4, aplicativo samai, anexo “ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4”, págs. 2 – 4.

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
los gastos en salud sufragados durante la desvinculación y la indemnización de perjuicios
materiales y morales estimados en $433.305.780,61, actualizados conforme al IPC según
el artículo 187-4 del CPACA y condena en costas.

3. Los hechos3 en que el actor basó sus pretensiones se sintetizan así:

4. El demandante Henry Monroy Farfán prestó servicios en la Policía Nacional desde el
26 de enero de 1996. En septiembre de 2015 fue objeto de un traslado interno respecto
del cual advirtió graves irregularidades documentales, por lo que, luego de formular
recursos de reposición y apelación, el 4 de noviembre de ese año formuló denuncia ante
la Dirección General de la Policía Nacional contra los oficiales responsables de su
traslado, por presunta falsedad ideológica en documento público y prevaricato.

5. En respuesta, la Oficina de Control Disciplinario Interno, mediante auto del 7 de
noviembre de 2015, abrió investigación contra el denunciante -no contra los denunciados,
desestimando la denuncia y lo suspendió provisionalmente sin garantizarle asistencia
letrada y sin permitirle controvertir las pruebas. La investigación se adelantó bajo el
supuesto de que el disciplinado se encontraba en “franquicia”, cuando en realidad cumplía
turno en situación de “disponibilidad”. La Procuraduría Primera Distrital, designada como
sujeto procesal en ejercicio de la vigilancia, nunca fue notificada de las diligencias.

6. En desarrollo del proceso se emitieron los fallos disciplinarios de primera y segunda
instancia -proferidos el 19 de agosto y el 26 de septiembre de 2016, respectivamente y,
por resolución No. 07425 del 11 de noviembre de 2016, el director general de la Policía
Nacional ejecutó la destitución.

4. Normas violadas y concepto de violación4

7. Invocó, grosso modo, las causales del artículo 137 del CPACA de falta de competencia,
expedición irregular -por omitir notificar a la Procuraduría Primera Distrital como sujeto
procesal-, y desconocimiento del derecho de defensa -por no garantizarle apoderado al
disciplinado ni permitirle controvertir las pruebas que sustentaron el fallo-.

8. Adicionalmente, alegó desviación de atribuciones, al sostener que la investigación
respondió a una orden expresa del Inspector General de "adelantar acción disciplinaria,
dar celeridad", que el cargo por calumnia se formuló sin la querella exigida por los artículos
71 y 74 de la Ley 906 de 2004 y que la conducta imputada no encuadra en el artículo 34-

3
Índice 4, aplicativo samai, anexo “ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4”, págs. 4 – 17.
4
Índice 4, aplicativo samai, anexo “ED_C01_01 DEMANDA-PODER Y ANEXOS(.pdf) NroActua 4”, págs. 18 – 41.

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
10 de la Ley 1015 de 2006 pues el disciplinado estaba en “disponibilidad” y no en
“franquicia”.

5. Contestación de la demanda5

9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda pues en su sentir,
los actos administrativos disciplinarios sancionatorios fueron expedidos conforme a las
normas legales y reglamentarias en que debían fundarse.

10. Formuló la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, la cual fue resuelta
en la audiencia inicial, en donde se declaró no probada.

11. Así mismo presentó como excepción de mérito la que denominó actos administrativos
ajustados a la Constitución y a la ley.

6. Sentencia de primera instancia6.

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Sub-Sección “A”,
mediante sentencia del Veintiocho (28) de abril de Dos Mil Veintidós (2022) declaró la
nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos dentro del
proceso COPE4-2015-58, y como restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del
demandante al cargo que desempeñaba, con el pago indexado de los salarios dejados de
percibir desde el retiro hasta el efectivo reintegro y no se pronunció sobre condena en
costas.

13. El fundamento central de la decisión fue la incompetencia del funcionario que ordenó
el traslado interno del demandante. El Tribunal constató que, conforme al Instructivo No.
041 de 2011, la competencia para ordenar traslados internos en la Policía Metropolitana
de Bogotá radicaba exclusivamente en el comandante y el subcomandante de esa unidad
y que dicha orden fue impartida por la jefe del Área de Talento Humano, quien carecía de
esa atribución. Al ser ese acto administrativo de traslado la causa mediata de toda la
investigación disciplinaria y de los fallos sancionatorios, su vicio de incompetencia se
transmitió a estos últimos, determinando su nulidad.

14. Precisó el Tribunal que, la interposición de recursos contra el acto de traslado y la
presentación de reclamaciones laborales ante la Dirección General de la Policía no
constituían, por sí mismas, faltas disciplinarias, pues se enmarcaban en el ejercicio

5
Expediente físico folios 1082 y siguientes y samai, Expediente del tribunal, actuación 008
6
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – índice 40

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
legítimo del derecho de petición y de la libertad de expresión, garantizados por los
artículos 20 y 23 de la Constitución, y no resultaban contrarias al carácter no deliberante
previsto en el artículo 219 superior, cuyo alcance no puede extenderse hasta suprimir el
derecho de los miembros de la Policía a reclamar sobre sus condiciones de trabajo.

15. Dos de los magistrados que integraron la sala de decisión de primera instancia
aclararon el voto y coincidieron en que la nulidad debió fundarse también en la atipicidad
de la falta, pues, denunciar irregularidades de superiores por los canales legales no
configura calumnia ni la falta gravísima del artículo 34-10 de la Ley 1015 de 2006, sino un
deber de toda persona, máxime en tratándose de un servidor público 7.

7. Los recursos de apelación

7.1 De la parte demandante. Expresó que, si bien compartía plenamente la decisión de
declarar la nulidad de los fallos disciplinarios y de ordenar el reintegro, solicitó la
revocación parcial de la sentencia con el propósito de adicionar pretensiones que, a su
juicio, debieron haber sido acogidas por el a quo. Advirtió que los tres integrantes de la
Subsección coincidieron en la nulidad, aunque por razones jurídicas distintas: el
magistrado ponente la fundó en la incompetencia de la funcionaria que ordenó el traslado
interno, en tanto que los dos magistrados que aclararon el voto estimaron que la conducta
imputada -formular una denuncia por posibles irregularidades administrativas- no
encuadraba en el tipo penal de calumnia y, en consecuencia, la falta disciplinaria carecía
de tipicidad. Sobre esa base, el recurrente solicitó: declarar la nulidad de la resolución No.
07425 del 11 de noviembre de 2016 mediante la cual se materializó la ejecución de la
sanción; ordenar el reintegro del demandante al cargo o al grado inmediatamente superior
al que ostentaba al momento del retiro, con la correspondiente eliminación de los
antecedentes disciplinarios inscritos en el Sistema de Información de la Procuraduría
General de la Nación; declarar que no existió solución de continuidad en los servicios
prestados a la Policía Nacional; y ordenar el ascenso al que tendría derecho según su
jerarquía, antigüedad y demás requisitos, toda vez que compañeros vinculados el mismo
día ya ostentaban para entonces el grado de subcomisario.

7.2 De la parte demandada. Solicitó revocar en su integridad la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negar las pretensiones. Sostuvo que el a quo incurrió en un yerro
fundamental al concentrar todo su análisis en la legalidad del acto administrativo de
traslado interno, asunto ajeno al objeto del litigio, que se contraía exclusivamente a
determinar si dentro del trámite disciplinario se configuraron las causales de nulidad

7
Índice 4, aplicativo samai, anexo “ED_C01_03 ACLARACIÓN O SALVAMENTO DE VOTO-ACLARACIÓN DE VOTO. (.pdf) NroActua
4”.

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
invocadas en la demanda. Argumentó que la investigación disciplinaria no tuvo como
fundamento el traslado del señor Monroy Farfán sino las manifestaciones calumniosas,
injuriosas y denigrantes que este formuló contra superiores jerárquicos en el oficio
radicado el 4 de noviembre de 2015 ante la Dirección General de la Policía Nacional, y
que el tribunal omitió valorar de manera integral el material probatorio obrante en el
expediente disciplinario. Añadió que, aun aceptando que la orden de traslado primigenia
hubiera sido expedida por funcionario incompetente, ese acto fue confirmado mediante
los recursos de reposición y apelación interpuestos por el propio demandante en sede
gubernativa, de manera que la eventual nulidad de la orden inicial no podía extenderse,
como erróneamente lo hizo el a quo, a los fallos sancionatorios que se sustentaron en
una conducta disciplinaria autónoma, debidamente tipificada y acreditada dentro del
proceso.

8. Trámite del recurso de apelación

16. Mediante auto del Once (11) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)8 el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación de las partes, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

17. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar y el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES
2. 1 Competencia

18. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos

19. Conforme a los reparos exhibidos en los recursos de apelación contra la sentencia de
primera instancia, le corresponde a la Sala determinar:

8
Expediente digital – Samai –– índice 014.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante
la audiencia.»

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

20. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los fallos disciplinarios del 19 de agosto y del 26
de septiembre de 2016, así como la resolución No. 07425 del 11 de noviembre del mismo
año, por haber sancionado al intendente Henry Monroy Farfán con destitución e
inhabilidad general de diez años, al considerar como falta gravísima -artículo 34, numeral
10, de la Ley 1015 de 2006, en remisión al artículo 221 del Código Penal- el oficio que
dirigió al Director General de la Policía Nacional para denunciar presuntas irregularidades
en el procedimiento de traslado interno que lo afectó?.

21. Y, de concluirse la nulidad, ¿sí proceden las pretensiones de restablecimiento
deprecadas en sede de apelación por el demandante?

22. Para desatar los problemas jurídicos plantados, se abordarán los siguientes aspectos:
i). Régimen disciplinario de la Policía Nacional; ii) la actuación disciplinaria; y iii) Caso
concreto.

2.2.1 Régimen disciplinario de la Policía Nacional

23. La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Allí se define la institución policial como un
cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin fundamental es la conservación
del ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes en nuestro territorio nacional.
El artículo 218 facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales
de dichos servidores del Estado.

24. En desarrollo del referido canon constitucional, el legislador expidió la Ley 1015 de
200610 por medio de la cual fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y en el
artículo 23 estableció que son destinatarios: «(…) el personal uniformado escalafonado y
los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque
se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo»; el
artículo 58 precisa que el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen
disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002 o la norma que la
modifique.

25. Conforme a la mencionada disposición legal, la Ley 1015 de 2006 es normativa
sustancial y la Ley 734 de 2002 corresponde al campo procesal.

10
Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario
Policial.

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
26. Sin embargo, en la actualidad rige la Ley 2196 de 2022, Estatuto Disciplinario Policial,
que se aplica al personal uniformado y a los auxiliares de policía. En el caso concreto, los
hechos endilgados al disciplinado y ahora demandante, acaecieron en vigencia de la Ley
734 de 2002, esto es, en septiembre de 2015.

2.2.2 Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios

27. Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 201611, estudió la legalidad de
los actos administrativos sancionatorios disciplinarios emitidos por la Procuraduría
General de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó
postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario,
en el sentido que corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo
efectuar un control integral de los referidos actos, en el que precisó:

«[…]

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo
los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia
especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo
no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo
contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

28. Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos por
los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los actos
administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada
en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.»

29. Luego entonces, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los actos
administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial efectiva de la persona

11
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C. P. William Hernández Gómez, providencia del 9 de agosto de 2016. Rad.
11001032500020110031600, número interno 1210-11. Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

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Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política, el respeto de la dignidad
humana, el trabajo; asegurando dentro los fines esenciales la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.

30. Por otro lado, esta Subsección ha tenido oportunidad de pronunciarse en asuntos de
contornos fácticos y jurídicos similares12, puntualmente en el análisis normativo efectuado
sobre el debido proceso en el procedimiento disciplinario y la valoración probatoria en la
Ley 734 de 2022, así:

«Debido proceso en el procedimiento disciplinario

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del
debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio
acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen derechos de los
sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, designar
defensor, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello
no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en demanda
de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una
violación del debido proceso.

La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado, en lo que refiere a la finalidad de la prueba,
que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador
la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos
respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos» 13.
De manera que el recaudo de la prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza
para poder proferir un fallo sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre
y cuando, estas sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio
ordenamiento jurídico establece –de conformidad con las reglas de la sana crítica–.

Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptuó, en su artículo 141, que estas
«[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica En toda
decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se
fundamenta».

Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa mostrarán en
conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente corresponde, según la
ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento «[…] es la prevalencia de la
justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento
de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo dispuso el
artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción
disciplinaria «tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios
y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en
el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 14 el sistema de la sana crítica o
persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base
en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas son las que debe tener en
cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para que las conclusiones a las cuales arribe sobre
el valor o contenido de la prueba sean legalmente válidas, pues impiden que aquel razone a
voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y
extensión a la prueba que no se desprenda de ella.

La Ley 734 de 2002, señala un nivel de certeza especial para que la autoridad disciplinaria pueda
establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede observarse claramente de
la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas.

12
Sección Segunda, Subsección B, C. P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 16 de abril de 2026 Rad. 66001-23-33-000-2014-00468-
02 (3181-202).
13
Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15), sentencia de 25 de enero de 2018.
14
Sentencia C-202 de 2005.

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta disciplinaria
(tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea desvirtuada mediante la
declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede declarar cuando se haya eliminado «toda
duda razonable», desde luego, sobre los elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad,
antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume
inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación
toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado de
convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba válidos,
debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más importantes del
proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas en comento establecen lo
siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará
pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa
la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno».

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el
proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad
del investigado».

De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria pueda proferir el
fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza, para que así se proteja el
principio de presunción de inocencia.

Es así, que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades, la primera como
instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la segunda constituye un
sendero para que la administración pueda tomar una decisión acorde con el ordenamiento jurídico,
teniendo como criterio los elementos de juicio necesarios para ello, que se circunscriben como
principios y reglas, y al acervo probatorio.».

2.3 Antecedentes del proceso disciplinario

31. Vinculación del señor Monroy Farfán y contexto previo. El señor Henry Monroy
Farfán ingresó a la Policía Nacional el 26 de enero de 1996, en el grado de carabinero,
mediante resolución No. 0218. Para la época de los hechos que dieron origen a la
actuación disciplinaria, se desempeñaba como intendente adscrito a la Estación de Policía
Antonio Nariño de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), con una antigüedad
institucional de más de veinte años y sin antecedentes disciplinarios.

32. Traslado interno y recursos interpuestos (septiembre-octubre de 2015). El 25 de
septiembre de 2015, el coronel Aurelio Ordoñez Villamil, subcomandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá y la teniente coronel Miriam Janet Bejarano Díaz, jefe del grupo
de talento humano de la MEBOG, suscribieron el acta No. 209-GUTAH-RELAB 29.3,
mediante la cual se realizó una junta extraordinaria de traslados internos en cumplimiento
del instructivo NO. 041 DIPON-DITAH. El 27 de septiembre de 2015, la teniente coronel
Bejarano Díaz expidió el poligrama No. 2229 MEBOG-ARTAH solicitando la presentación
del intendente Monroy Farfán ante el área de talento humano para cumplir traslado y el
comandante del grupo fuerza disponible, teniente coronel Jhon Jairo Delgado Gómez,
comunicó la decisión mediante oficio No. 158203 de la misma fecha. El 30 de septiembre
de 2015 se expidió la orden interna de personal No. 234, que dispuso formalmente el

Número interno: 5343-2023
Demandante: Henry Monroy Farfán
Demandando: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
traslado del señor Monroy Farfán del grupo fuerza disponible al CAI Restrepo de la
Estación de Policía Antonio Nariño. Ante esa decisión, el interesado interpuso recursos
de reposición y apelación señalando que el traslado había sido ordenado por funcionaria
sin competencia -pues el instructivo No. 041 radicaba esa atribución exclusivamente en
el comandante o subcomandante de la metropolitana-, que no se le había entregado copia
íntegra del acto y que el acta del comité solo aparecía suscrita por dos de los once
funcionarios que debían integrar la junta. El recurso de reposición fue resuelto el 10 de
octubre de 2015 por la misma teniente coronel Bejarano Díaz, quien confirmó el traslado
y remitió la apelación al coronel Ordoñez Villamil; éste la desató igualmente de forma
desestimatoria el 22 de octubre de 2015.

33. Acción de tutela por el traslado (octubre-noviembre de 2015). Paralelamente, el
señor Monroy Farfán instauró acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -radicada en la Sección Cuarta, Subsección B, con número 25000-23-41-
000-2015-02154-00- invocando la vulneración del derecho al trabajo, al debido proceso y
a la dignidad humana. Mediante fallo del 6 de noviembre de 2015, la referida colegiatura
declaró improcedente el amparo por considerar que el traslado se realizó dentro de la
misma ciudad y no se acreditó ruptura del núcleo familiar ni afectación grave a la salud
del accionante15.

34. Oficio dirigido al director general de la Policía Nacional (3 y 4 de noviembre de
2015). El 3 de noviembre de 2015, el intendente Monroy Farfán suscribió el oficio No. S-
2015-051115 dirigido al general Rodolfo Palomino López, director general de la Policía
Nacional, en el que, bajo el asunto "Informar la inconformidad y la desmoralización del
personal policial", expuso una serie de denuncias e inconformidades sobre las
condiciones laborales del nivel ejecutivo de la institución. En ese escrito señaló al coronel
Ciro Carvajal Carvajal -entonces secretario general de la Policía Nacional- como fuerte
oponente al reconocimiento de derechos del nivel ejecutivo, afirmando que sus visitas
matutinas al Consejo de Estado para "legalizar las cosas" le habían costado su carrera;
se refirió a presuntas conductas irregulares de los tenientes coroneles Luz Eugenia Molta,
William Chavarro y Mérida Corredor; y manifestó que la teniente coronel Bejarano Díaz y
el coronel Ordoñez Villamil habían expedido documentos públicos para justificar su
traslado, señalando que, al parecer, incurrieron en el delito de falsedad ideológica en
documento público y prevaricato por acción u omisión. El documento fue radicado
físicamente en la dirección general el 4 de noviembre de 2015, a las 10:59 horas.

35. Apertura de la investigación disciplinaria y suspensión provisional (7 de
noviembre de 2015). El 6 de noviembre de 2015, el teniente coronel José Libardo

15
Expediente digital, parte 5, págs. 130 a 141.

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Restrepo Villamil, secretario privado de la dirección general, remitió el oficio al inspector
general mediante memorando No. 328631. El inspector general (E), coronel Jaime Alfredo
Romero Montoya, estampó nota marginal en el documento ordenando: "Adelantar acción
disciplinaria. Dar celeridad". El mismo día, el capitán José Luis Méndez Pinzón, secretario
privado de la inspección general, canalizó la comunicación hacia la oficina de control
disciplinario interno COSEC4 mediante memorando No. 329191. El 7 de noviembre de
2015, el teniente Antonio José Ortiz Díaz, jefe de esa oficina, expidió en un mismo día el
auto por el cual citó a audiencia al intendente Monroy Farfán por la posible comisión de
la falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006 -realizar a
título de dolo una conducta descrita en la ley como delito, en razón del cargo, identificada
como calumnia (artículo 221 del Código Penal)-, y el auto mediante el cual decretó su
suspensión provisional por el término de tres meses sin derecho a remuneración. En esa
misma fecha, el director general expidió la resolución No. 04902 ejecutando la medida.
La notificación personal de ambos autos y de la resolución se cumplió ese mismo día a
las 20:50 horas, luego de que el intendente Monroy Farfán fuera conducido desde la
Estación Antonio Nariño hasta las instalaciones de la oficina de control disciplinario, sin
que mediara comunicación escrita previa citándolo a comparecer. Quedó constancia en
el expediente de que para la hora de su retiro del servicio estaba cumpliendo el tercer
turno como comandante de patrulla de vigilancia y no en franquicia.

36. Consulta de la suspensión provisional (noviembre de 2015). Remitido el
expediente en consulta al inspector delegado especial MEBOG, el coronel William Castro
Gómez ordenó mediante auto del 12 de noviembre de 2015 que el expediente
permaneciera en secretaría durante tres días a disposición del investigado. Vencido ese
término sin que el señor Monroy Farfán allegara alegaciones, el inspector delegado
confirmó la suspensión provisional mediante providencia del 19 de noviembre de 2015,
considerando que los argumentos expuestos por el instructor de primera instancia eran
suficientes para acreditar los presupuestos formales y sustanciales de la medida cautelar,
concretamente el riesgo de que el investigado pudiera reiterar la conducta si permanecía
en el cargo.

37. Audiencia del 18 de noviembre de 2015 y nulidad de oficio. El 18 de noviembre
de 2015 se realizó audiencia disciplinaria en la que se escucharon en declaración al
coronel Ciro Carvajal Carvajal, al coronel Aurelio Ordoñez Villamil y a la teniente coronel
Miriam Janet Bejarano Díaz. El investigado no asistió a esa diligencia, dejándose
constancia de ello en el acta. El 26 de noviembre siguiente se surtió la etapa de alegatos
de conclusión, en la que Monroy Farfán aportó trece folios de documentos. Sin embargo,
advertida una contradicción en la notificación del auto de citación a audiencia -que
indicaba simultáneamente las fechas 17 y 18 de noviembre para la práctica de las

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declaraciones-, el teniente Ortiz Díaz decretó de oficio, mediante auto del 30 de noviembre
de 2015, la nulidad de esa notificación por vulneración del derecho de defensa, dejando
con plena validez las pruebas ya recaudadas y disponiendo la reposición del acto de
notificación. El 1 de diciembre de 2015 se notificó personalmente al investigado el auto
de nulidad y se fijó nueva audiencia para el 9 de diciembre.

38. Comunicación a la Procuraduría General de la Nación. El 1 de diciembre de 2015,
la oficina de control disciplinario COSEC4 comunicó el inicio de la investigación a la oficina
de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, en los términos del artículo
155 de la Ley 734 de 2002. El investigado reprochó el retardo de esta comunicación -que
superó los treinta días desde la apertura formal-, señalándolo como un obstáculo al
ejercicio del poder disciplinario preferente.

39. Audiencias de los días 9, 11 y 15 de diciembre de 2015. En la diligencia del 9 de
diciembre de 2015, el señor Monroy Farfán rindió versión libre y el despacho practicó la
declaración del coronel Ciro Carvajal Carvajal. La audiencia se suspendió para continuar
el 11 de diciembre, fecha en que se recibió la declaración de la teniente coronel Miriam
Janet Bejarano Díaz, quien aportó dieciséis folios de documentos y se dejó constancia de
la inasistencia del coronel Ordoñez Villamil. El 15 de diciembre se practicó finalmente la
declaración del coronel Ordoñez Villamil; acto seguido el investigado presentó sus
descargos, solicitó la práctica de pruebas adicionales y formuló recurso de reposición, los
cuales fueron negados por el despacho. La etapa de alegatos de conclusión se programó
para el 18 de diciembre.

40. Aplazamientos y peticiones (diciembre de 2015 - enero de 2016). El investigado
solicitó en varias ocasiones el aplazamiento de los alegatos de conclusión, aduciendo la
imposibilidad de conseguir apoderado de confianza y una incapacidad médica por
trastorno mixto de ansiedad y depresión expedida entre el 22 y el 31 de diciembre de
2015. Las diligencias se reprogramaron sucesivamente para el 21 y el 29 de diciembre de
2015 y, finalmente, para el 4 de enero de 2016. En paralelo, el 28 de diciembre de 2015,
el señor Monroy Farfán elevó petición solicitando la revocatoria de la suspensión
provisional y el traslado del expediente a la Procuraduría General de la Nación para el
ejercicio del poder preferente.

41. Alegatos de conclusión y declaración de incompetencia (enero de 2016). El 4 de
enero de 2016 se surtió la diligencia de alegatos de conclusión. El investigado presentó
un escrito de cuarenta páginas reiterando, entre otras, las siguientes inconformidades:
falta de competencia territorial de la oficina COSEC4, nulidad de las pruebas recaudadas
en ausencia del investigado, ausencia de querella como presupuesto de procedibilidad

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del delito de calumnia, indebida notificación de los autos y omisión en el ejercicio oportuno
de la super vigilancia de la Procuraduría. Concluida esa etapa, el despacho dispuso que
la lectura del fallo se realizaría el 13 de enero de 2016. Sin embargo, en lugar de proferir
el fallo, el teniente Ortiz Díaz se declaró sin competencia por factor territorial -con
fundamento en una prueba sobreviniente constituida por la minuta de vigilancia del 3 de
noviembre de 2015, que indicaba que el investigado se encontraba en franquicia y no en
la jurisdicción del COSEC4- y remitió el expediente a la oficina de control disciplinario
interno COSEC1 mediante auto del 13 de enero de 2016.

42. Avocamiento por la Oficina COSEC1 y variación de cargos (enero-junio de 2016).
El 14 de enero de 2016 se registró en el expediente un auto en el que el mayor Omar
Harvey Badillo Gamboa, jefe de la oficina COSEC1, avocó el conocimiento de la
investigación. El investigado cuestionó ese auto por no haber sido comunicado ni
notificado. El 18 de enero de 2016 se celebró una audiencia en la que el despacho anunció
la variación de la calificación jurídica del cargo: la conducta que inicialmente se encuadró
en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 -calumnia cometida en razón del
cargo- pasó a ser calificada bajo el numeral 10 del mismo artículo, que tipifica como falta
gravísima "incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito cuando se
encuentre en situaciones administrativas tales como franquicia", bajo el argumento de que
la minuta de vigilancia demostraba que el investigado se hallaba en franquicia el 3 de
noviembre de 2015, fecha en que suscribió el oficio. El 25 de enero de 2016, sin haber
avocado formalmente el conocimiento con la notificación correspondiente, el mayor
Badillo prorrogó la suspensión provisional por tres meses adicionales.

43. Actuación del Ministerio Público y poder disciplinario preferente. El 16 de marzo
de 2016, el expediente da cuenta de que la Procuraduría Primera Distrital fue notificada
de la actuación. Mediante concepto de la Viceprocuraduría General de la Nación, se negó
el poder preferente, pero se concedió la intervención en calidad de sujeto procesal a la
Procuraduría Primera Distrital. La funcionaria designada, formuló solicitud formal de
reconocimiento como sujeto procesal el 10 de agosto de 2016. El investigado reprochó
que el despacho COSEC1 tardó más de veintisiete días en comunicar el avocamiento a
la Procuraduría y que adelantó diligencias probatorias sin notificar a ese organismo, lo
que a su juicio constituyó una obstrucción al control superior.

44. Reintegro ordenado por tutela. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, profirió fallo de tutela —radicado No. 250002337000201502190000—
que ordenó el reintegro del señor Monroy Farfán al servicio activo y el pago de los salarios
dejados de percibir durante la suspensión provisional, por considerar que esa medida
vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo y a la libre expresión. La decisión fue

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confirmada por el Consejo de Estado el 29 de marzo de 2016. En cumplimiento de ese
fallo, la Policía Nacional expidió la resolución No. 00929 del 10 de marzo de 2016,
reintegrándolo al servicio activo.

45. Etapa probatoria en la oficina COSEC1 (junio-agosto de 2016). El 1 de junio de
2016, el mayor Badillo expidió formalmente el auto por el cual avocó conocimiento y citó
a nueva audiencia, ya con la variación de cargos al numeral 10 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006. En las audiencias de los días 3 y 14 de junio de 2016, el investigado solicitó
en repetidas ocasiones la suspensión de la diligencia para conseguir un abogado de
confianza. El 5 y el 6 de julio de 2016 se surtieron las etapas de versión libre y descargos,
respectivamente. En el curso de estas actuaciones, el señor Monroy Farfán insistió en
que el delito de calumnia requería querella de parte como condición de procedibilidad y
que, para la fecha indicada como de la conducta -3 de noviembre de 2015-, se encontraba
en disponibilidad laboral y no en franquicia.

46. Visita especial al grupo de talento humano MEBOG (13 de julio de 2016). En virtud
de una solicitud probatoria del investigado, el 13 de julio de 2016 se practicó una visita
especial al grupo de talento humano de la MEBOG con la asistencia del señor Monroy
Farfán. En esa diligencia se dejaron constancias de múltiples irregularidades en los
documentos del proceso de traslados: el acta No. 209 del 25 de septiembre de 2015
presentaba alteraciones en el pie de página -su primer folio decía "página 1 de 2" y los
siguientes, "2 de 4", "3 de 4" y "4 de 4"-; el acta No. 002 de 2015 no correspondía a su
consecutivo en los registros de correspondencia; el acta No. 209 aparecía registrada en
las planillas de comunicaciones con fecha 30 de septiembre de 2015, distinta de la fecha
consignada en el documento; y el acta No. 284 de fecha 8 de octubre de 2015 aparecía
en registros con fecha 24 de noviembre de 2015.

47. Declaración de Luis Orlando Fonseca Ramírez (27 de julio de 2016). En audiencia
del 27 de julio de 2016 rindió declaración bajo juramento el intendente Luis Orlando
Fonseca Ramírez, funcionario que había participado en la elaboración de los documentos
del comité de traslados. Sus manifestaciones más relevantes fueron: que en la Policía
Metropolitana de Bogotá se realizaban traslados sin comité previo; que la jefe del área de
talento humano no tenía competencia para ordenar traslados internos; que el acta No.
209 no fue firmada el 25 de septiembre de 2015; que él mismo no estuvo presente en la
reunión del 8 de octubre de 2015 pese a figurar como elaborador del acta No. 284 de esa
fecha; y que era posible que los documentos se hubieran firmado en una fecha posterior
a la consignada. El investigado solicitó que, a la luz de esas declaraciones, se volviera a
citar a los oficiales Bejarano Díaz y Ordoñez Villamil para esclarecer las irregularidades;
el despacho negó la prueba.

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48. Actuaciones del 8 de agosto de 2016. En la audiencia celebrada ese día, el
despacho COSEC1 corrió traslado al investigado de la respuesta emitida el 29 de julio de
2016 por la doctora Clara Cecilia Mosquera Paz, directora ejecutiva de la Justicia Penal
Militar, quien informó que el Juzgado 189 Penal Militar tenía en curso una indagación
preliminar No. 1158 contra el intendente Monroy Farfán -lo que no correspondía a la
querella instaurada por la teniente coronel Bejarano Díaz ante el juzgado 144-. Debido a
esa discordancia, el despacho decretó de oficio solicitar al juzgado 144 informe sobre el
trámite dado a la querella del 16 de febrero de 2016 y sobre la existencia de procesos
adicionales contra el investigado. La audiencia fue suspendida.

49. Audiencia del 16 de agosto de 2016 y alegatos de conclusión. El 16 de agosto de
2016 se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión, con presencia del señor
Monroy Farfán y de la doctora Amparo Jiménez Betancourt, en representación de la
Procuraduría Primera Distrital, quien fue reconocida en esa misma diligencia como sujeto
procesal. El señor Monroy Farfán presentó sus alegatos en escrito de cuarenta páginas,
reiterando la nulidad de todo lo actuado por violación del derecho de defensa, la falta de
competencia de los funcionarios instructores, la atipicidad de la conducta imputada, la
ausencia de querella como presupuesto de procedibilidad, la indebida notificación de los
autos, la obstrucción al control del Ministerio Público, y la invitación al despacho a tener
en cuenta que la denuncia instaurada por la teniente coronel Bejarano Díaz incorporaba
documentos extraídos del expediente disciplinario reservado. La representante de la
Procuraduría señaló que el poder preferente había sido denegado por la
Viceprocuraduría, razón por la cual su intervención tenía carácter de supervigilancia
desde la fecha de su reconocimiento. Al término de la diligencia, el despacho programó
la lectura del fallo de primera instancia para el 19 de agosto de 2016.

50. Fallo de primera instancia (19 de agosto de 2016). La Oficina de Control Disciplinario
Interno COSEC1 declaró disciplinariamente responsable al intendente Henry Monroy
Farfán por la falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de
2006, por haber incurrido en la comisión de una conducta descrita en la ley como delito
—calumnia— cuando se encontraba en franquicia el 3 de noviembre de 2015, a título de
dolo. Como sanción se le impuso la destitución del cargo e inhabilidad general por diez
años para el ejercicio de funciones públicas16.

51. Fallo de segunda instancia disciplinaria (26 de septiembre de 2016). El inspector
delegado especial ante la Policía Metropolitana de Bogotá resolvió el recurso de apelación
y confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, concluyendo que dentro del

16
Expediente digital parte 4, págs. 153 a 193.

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proceso se habían respetado las garantías procesales del investigado y que la conducta
estaba debidamente probada y tipificada17.

52. Ejecución de la sanción (11 de noviembre de 2016). Mediante resolución No. 07425
del 11 de noviembre de 2016, el director general de la Policía Nacional hizo efectiva la
sanción, disponiendo la separación definitiva del servicio del señor Henry Monroy Farfán.

2.4 Análisis del caso concreto

1. Sobre la naturaleza jurídica de la resolución No. 07425 del 11 de noviembre
de 2016

53. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala debe pronunciarse sobre la resolución
No. 07425 del 11 de noviembre de 2016, expedida por el director general de la Policía
Nacional, mediante la cual se ejecutó la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por
los fallos disciplinarios. Dicho acto fue demandado en este proceso y el A-quo omitió
pronunciarse al respecto. El apoderado del demandante insiste en que se debe declarar
su nulidad.

54. La resolución de ejecución no es un acto definitivo, ya que no resuelve de manera
directa y autónoma una situación jurídica concreta. El acto de ejecución, en cambio, se
limita a materializar lo ordenado en el acto principal del que deriva sin añadir elemento
normativo nuevo ni resolver situación alguna que no hubiese sido resuelta de antemano:
su existencia depende enteramente de la validez del acto que ejecuta.

55. En este caso, la resolución No. 07425 de 2016 se circunscribió a ordenar la separación
definitiva del servicio del intendente Monroy Farfán en cumplimiento de la sanción ya
impuesta por los fallos disciplinarios. En consecuencia, carece de objeto jurídico propio
susceptible de ser enjuiciado de manera autónoma y no puede ser declarada nula en esta
sede. Lo que sirve este tipo de actos, entre otras cosas, es para determinar el momento
exacto en que se produjo el retiro del servidor, dato relevante para el cómputo del término
de caducidad de la acción y para la liquidación de los emolumentos adeudados.

56. Al declararse la nulidad de los fallos disciplinarios que le sirvieron de fundamento, los
efectos de la resolución No. 07425 de 2016 cesan de pleno derecho, sin necesidad de
pronunciamiento expreso de nulidad sobre ella.

17
Expediente digital parte 4, págs. 340 a 385.

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2. El tipo disciplinario imputado: estructura del numeral 10 del artículo 34 de la
ley 1015 de 2006

57. El cargo endilgado al demandante fue tipificado bajo el numeral 10 del artículo 34 de
la Ley 1015 de 2006, que consagra como falta gravísima "incurrir en la comisión de
conducta descrita en la ley como delito cuando se encuentre en situaciones
administrativas tales como franquicia". La norma constituye un tipo en blanco que, para
integrarse, requiere remitirse a la descripción típica de la conducta delictiva que opera
como elemento complementador; en este proceso, el artículo 221 del Código Penal, que
tipifica la calumnia como la atribución falsa a otro de una conducta típica.

58. La inspección delegada especial MEBOG, al resolver el recurso de apelación el 26 de
septiembre de 2016, precisó el alcance de esta remisión en los siguientes términos:

"...la labor del operador disciplinario de adecuación típica no tiene como propósito
establecer si el comportamiento asumido por el procesado corresponde, o no, a uno de los
delitos contemplados en el catálogo del Código Penal, razón por la cual es importante
recordar al procesado, que la independencia y autonomía del derecho disciplinario respecto
del derecho penal ha sido un tema decantado no solo a través de la doctrina de la
Procuraduría General de la Nación sino por la misma jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado (…) el ejercicio de subsunción típica en materia
disciplinaria tiene como único propósito traer por remisión la descripción típica del
comportamiento considerado como delito, es decir, el mero supuesto de hecho".

59. En efecto, el principio de autonomía del derecho disciplinario implica que no se
requiere sentencia penal previa ni declaratoria de responsabilidad penal para que el
operador disciplinario adelante el juicio de tipicidad. Sin embargo, tal autonomía tiene un
límite necesario: si el tipo disciplinario se integra mediante la descripción de una conducta
delictiva, todos los elementos estructurales de esa conducta -incluidos los de carácter
subjetivo- deben verificarse en el caso concreto para que la falta disciplinaria se configure.
En ausencia de alguno de ellos, la conducta es atípica frente al tipo disciplinario, sin
importar si la autoridad penal hubiese llegado o no a pronunciarse sobre los hechos.

3. La situación administrativa del demandante el 3 y 4 de noviembre de 2015

60. La primera discusión sobre la tipicidad de la falta disciplinaria remite al elemento
situacional del tipo: si el demandante se encontraba en situación de franquicia cuando
elaboró y radicó el oficio S-2015-05115. Los fallos disciplinarios lo afirmaron; el
demandante lo negó a lo largo del proceso, sosteniendo que se encontraba en
disponibilidad permanente.

3.1 La tesis disciplinaria: franquicia acreditada con las minutas de vigilancia

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61. La jefatura de control disciplinario interno COSEC1 fundamentó su conclusión sobre
la situación administrativa del demandante en las minutas de vigilancia de la Estación de
Policía Antonio Nariño. El fallo del 19 de agosto de 2016 registró los siguientes hechos
fácticos con base en dichas minutas:

"...para la fecha noviembre 3 de 2015 el señor Intendente realizó primer turno de vigilancia
en el punto nombrado como media torta y salió con su respectiva franquicia a partir de las
07:00 horas hasta las 14:00 horas del día 4 de noviembre de 2015, es decir, no realizó
segundo, ni tercer turno en la fecha noviembre 3, porque se encontraba con su turno de
descanso "franquicia". [...] no realizó segundo turno para la fecha noviembre 4 de 2015,
porque estaba franco y este día realizaba tercer turno. [...] para la fecha noviembre 4 debía
realizar tercer turno, pero no lo realizó, dado que, se encontraba con permiso por el plan
operativo de estímulos".

62. En apoyo de esta conclusión, el mayor Badillo Gamboa señaló que el elemento que
sirvió de prueba sobreviniente para la variación del cargo fue precisamente la minuta de
vigilancia del 3 de noviembre de 2015 que el propio investigado había aportado durante
los alegatos de conclusión ante COSEC4. El acta de la audiencia del 18 de enero de 2016
recoge las palabras del funcionario sustanciador al avocar el conocimiento:

"...el despacho al evaluar de nuevo la presente investigación procederá de acuerdo a lo
establecido en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002 a variar la calificación jurídica del cargo
formulado mediante auto de citación a audiencia al señor Intendente HENRY MONROY
FARFÁN dentro de la investigación radicada bajo el No. SIJUR COPE4-2015-58 teniendo
en cuenta la prueba sobreviniente que reposa en el dossier como es la copia de minuta de
vigilancia de fecha 3 de noviembre de 2015 aportada por el investigado en etapa de
alegatos de conclusión donde se observa la situación laboral y administrativa del mismo".

63. La Sala advierte que las minutas de vigilancia que obran en el cuaderno de pruebas
—Estación de Policía Antonio Nariño, 3 de noviembre de 2015, turno 1, folios 682 y 284
del cuaderno— consignan al demandante en servicio durante el primer turno (22:00 h del
3 de noviembre a 07:00 h del 4 de noviembre), lo que es coherente con la conclusión de
que entre las 07:00 y las 14:00 del 4 de noviembre se encontraba en franquicia. El oficio
fue radicado en la ventanilla de correspondencia de la Dirección General de la Policía
Nacional a las 10:59 de ese 4 de noviembre, hora que cae dentro del período de
descanso.

3.2 El argumento del demandante: disponibilidad permanente

64. El demandante sostuvo en sus descargos y en sus alegatos ante la segunda instancia
disciplinaria que la calificación correcta de su situación no era la de franquicia sino la de
disponibilidad permanente conforme al artículo 73 de la resolución No. 00912 del 1° de
abril de 2009. Expresamente manifestó:

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"La falta imputada solo puede configurarse cuando el funcionario se encuentra en ejercicio
de su cargo o funciones y para la fecha de los hechos (04/11/2015) se encontraba
disponible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Resolución 00912 de 2009".

65. El planteamiento no es de recibo. El artículo 73 de la resolución No. 00912 de 2009
establece que el funcionario policial "debe estar en permanente disponibilidad, es decir,
la obligación de servicios cuando estos sean demandados por sus comandantes". La
locución condicional es determinante: la obligación surge del requerimiento del superior,
no existe de manera incondicionada en todo momento. Si así fuera, el artículo 74 siguiente
del mismo reglamento -que define la franquicia como el descanso concedido al personal
que presta determinados servicios- quedaría privado de contenido normativo. No obra en
el expediente prueba de que en la mañana del 4 de noviembre de 2015 se hubiere
impartido orden alguna de disponibilidad que recayera sobre el demandante. En
consecuencia, la situación administrativa de franquicia quedó acreditada.

66. Con todo, como se expondrá más adelante, la determinación de si el demandante se
encontraba o no en franquicia resulta irrelevante para el resultado del proceso, pues la
conducta que se le imputó es atípica frente al tipo complementador -el delito de calumnia-
por razones objetivas y subjetivas que operan con independencia de la situación
administrativa.

4. Atipicidad objetiva y subjetiva de la conducta: el ejercicio del derecho de
petición y el deber funcional de denuncia no configuran el delito de calumnia

4.1 El contenido del oficio S-2015-05115: denuncia institucional con reserva de
certeza

67. El oficio S-2015-05115 del 3 de noviembre de 2015, suscrito por el demandante y
radicado ante la Dirección General de la Policía Nacional el 4 de noviembre siguiente, es
el acto de lenguaje del que se predica la conducta calumniosa. Conviene transcribir el
párrafo que sirvió de fundamento fáctico para el cargo:

"Ahora una de las políticas implementadas por la mayoría de oficiales es atacar con
traslados, denuncias e investigaciones disciplinarias y constreñimientos ilegales al personal
del nivel ejecutivo cuando solicitan su retiro, en mi caso se fraguo mi traslado por la Teniente
Coronel MIRIAM JANET BEJARANO DÍAZ Jefe Área de Talento Humano MEBOG y el
Coronel AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL Subcomandante de la Metropolitana de Bogotá,
quienes en su afán de imponer su capricho y arbitrariedad expidieron documentos públicos
para justificar mi traslado donde, al parecer, incurrieron en el delito de falsedad ideológica
en documento público y prevaricato por acción u omisión, ya que el Coronel Aurelio
Ordoñez Villamil usurpó funciones del Comandante de la Metropolitana para justificar el
traslado, por el solo hecho de exigir mis derechos, pueden hacer lo que quieran estos
funcionarios "no desfalleceré" si tengo que ir a una tumba, la cárcel, me destituyan e
inhabiliten por doce años como lo han hecho con otros intendentes que han exigido sus
derechos, me iré pero con la frente en alto".

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68. La lectura completa del párrafo revela una estructura discursiva que el fallo
disciplinario de primera instancia pasó por alto. El demandante distinguió con claridad dos
tipos de afirmaciones: unas de carácter fáctico -asertivas e incondicionales- sobre el
traslado en sí ("se fraguo mi traslado"; "expidieron documentos públicos para justificar mi
traslado"; "Ordoñez Villamil usurpó funciones del Comandante"), y una de carácter
presuntivo y condicional sobre la calificación jurídica penal de esos hechos ("donde, al
parecer, incurrieron en el delito de falsedad ideológica en documento público y prevaricato
por acción u omisión"). La expresión "al parecer" no es retórica: denota que el autor era
consciente de que la calificación penal de los hechos denunciados no era una certeza
suya sino una posibilidad que ponía en conocimiento de la autoridad competente para
que ella la evaluara.

69. La segunda instancia disciplinaria intentó neutralizar este argumento señalando que
la locución "al parecer" no basta para diluir las afirmaciones fácticas anteriores. La Sala
acepta que las afirmaciones de hecho ("se fraguó el traslado", "se expidieron documentos
públicos para justificar el traslado") sí son categóricas. El punto, empero, es otro: esas
afirmaciones de hecho no configuran por sí solas la calumnia, pues lo que el tipo penal
sanciona es la atribución falsa de una conducta típica, no la descripción de hechos
administrativos irregulares. La conversión de la descripción de irregularidades
administrativas en imputación penal de calumnia requería que el operador disciplinario
demostrara que el denunciante sabía que esas irregularidades eran inexistentes y que las
fabricó dolosamente para dañar el honor de los oficiales. Ese requisito no fue acreditado,
como se desarrolla a continuación.

4.2 Ausencia del elemento subjetivo: el demandante no actuó con conciencia de
imputar hechos falsos

70. La doctrina que la Corte Constitucional recogió en la sentencia C-417 de 2009, citada
por el fallo disciplinario de segunda instancia, fija cuatro elementos para la configuración
de la calumnia: (i) atribución de un hecho delictuoso a persona determinada, (ii) que ese
hecho sea falso, (iii) que el autor tenga conocimiento de la falsedad, y (iv) que tenga
voluntad y conciencia de efectuar la imputación. El fallo de primera instancia centró su
análisis en los dos primeros elementos -la imputación y su presunta falsedad- y despachó
los dos últimos con una afirmación genérica sobre el dolo basada en la trayectoria policial
del demandante. El fallo de segunda instancia confirmó este razonamiento sin
profundizarlo.

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71. La Sala advierte que el elemento (iii) -el conocimiento de la falsedad- no se encuentra
acreditado. Al contrario, la prueba producida dentro del mismo expediente disciplinario
apunta a que las irregularidades denunciadas por el demandante no eran producto de su
imaginación.

72. En primer lugar, la visita especial practicada el 13 de julio de 2016 al grupo de talento
humano de la MEBOG arrojó constancias documentales de inconsistencias en las actas
002, 209 y 284: fechas que no correspondían a las planillas de control de comunicaciones
oficiales, paginación incongruente, firmas incompletas y registros de correspondencia no
coincidentes.

73. En segundo lugar, el intendente Luis Orlando Fonseca Ramírez, funcionario
encargado de la Oficina de Ubicación Laboral, rindió declaración el 27 de julio de 2016 en
la audiencia disciplinaria. La segunda instancia disciplinaria registró su dicho en los
siguientes términos:

"...quien en relación con el tema de prueba, esto es, la documentación diligenciada en razón
del traslado interno del procesado, aseguró que efectivamente participó en la junta de
traslados de fecha 25 de Septiembre de 2015".

74. Sin embargo, de la propia actuación disciplinaria emerge que el testimonio de Fonseca
Ramírez confirmó no solo su participación en la junta sino también que el acta No. 209 no
fue firmada el 25 de septiembre de 2015 -fecha que consignaba el documento- y que no
asistió a la reunión del 8 de octubre de 2015, pese a figurar como elaborador del acta No.
284. Estas circunstancias, que el fallo disciplinario catalogó como "error humano", eran
precisamente las que el demandante había denunciado como posibles irregularidades en
su oficio del 4 de noviembre de 2015. Si las inconsistencias existían -como la propia
investigación disciplinaria las constató- no puede afirmarse que el denunciante las fabricó
o que sabía que eran falsas.

75. La segunda instancia disciplinaria, al confirmar el fallo de primer grado, se limitó a
señalar que las irregularidades en las actas no eran suficientes para configurar los delitos
de falsedad o prevaricato por parte de los oficiales superiores. Eso es correcto en lo que
respecta a la responsabilidad penal de los oficiales, que no es materia de este proceso.
Pero de ahí no se sigue que el demandante actuara con conciencia de imputar hechos
falsos. La demostración de que el destinatario de la denuncia no era penalmente
responsable no equivale a la demostración de que el denunciante sabía que no lo era y
que, a pesar de ese conocimiento, lo denunció.

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76. En tercer lugar, el propio demandante, al rendir sus descargos en la audiencia
disciplinaria ante COSEC1, reconoció ser el autor del oficio y haber procedido a radicarlo
personalmente el 4 de noviembre de 2015. Según lo consignó el fallo de primera instancia:

"...a minuto 11:54 de la grabación de la audiencia el mismo deja claro que fue él quien lo
signó y lo radicó en la ventanilla única de radicación de la Dirección General de la Policía
Nacional el pasado 04 de Noviembre de 2015 en horas de la mañana".

77. Ese reconocimiento de autoría no implica reconocimiento de dolo calumnioso. El
demandante nunca negó haber escrito el oficio; lo que sostuvo de manera consistente fue
que actuó ejerciendo su derecho de petición ante su superior jerárquico para denunciar
lo que consideraba irregularidades graves y que las irregularidades efectivamente
existían. Esa línea defensiva es coherente con el contenido del oficio y con la prueba
recaudada.

4.3 Las irregularidades en la competencia para ordenar el traslado como base
objetiva de la denuncia

78. Un argumento adicional y autónomo refuerza la conclusión de que el demandante no
actuó con conciencia de falsedad: las preocupaciones que expresó sobre la competencia
de los funcionarios que ordenaron su traslado tenían sustento directo en el texto del
instructivo No. 041 DIPON-DITAH del 6 de octubre de 2011 y fueron reconocidas, en
parte, por la propia autoridad disciplinaria de segunda instancia.

79. El instructivo No. 041 DIPON-DITAH establece con precisión las reglas para los
traslados internos dentro de una misma unidad. El fallo disciplinario de segunda instancia
transcribió sus disposiciones pertinentes en los siguientes términos:

"En cuanto a la competencia para disponer el traslado de un funcionario dentro de una misma
unidad, el instructivo en mención dispone que el documento que lo puede ocasionar es una Orden
Interna de Personal, la cual debe ser firmada por el Director o Comandante según corresponda el
cargo."

80. Sobre la convocatoria de juntas extraordinarias, el mismo instructivo dispone:

"El Director o Comandante de unidad, podrá convocar comités extraordinarios a las fechas
establecidas, siempre y cuando exista motivación especial para generar traslados internos".

81. Y en cuanto a los integrantes obligatorios de la junta:

"3. Integrantes de la junta: a. Director o Comandante. b. Jefes de Área o Grupo. c. Jefe de Talento
Humano, quien actuará como secretario de la Junta”.

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82. De estas disposiciones se desprende con claridad que el rol de la jefe de talento
humano de la MEBOG, señora teniente coronel Miriam Janet Bejarano Díaz, se
circunscribía al de secretaria de la junta; que la convocatoria de comités extraordinarios
correspondía exclusivamente al director o comandante; y que la orden interna de personal
debía ser suscrita por esa misma autoridad. El demandante sostuvo que, esas exigencias
no se cumplieron y que la jefe de talento humano actuó fuera de ese marco.

83. La segunda instancia disciplinaria llegó a una conclusión diferente: sostuvo que el
instructivo No. 003 del 9 de febrero de 2014 había radicado en el comando y el
subcomando la competencia para los traslados de rotación interna y que, por esa vía, el
coronel Ordóñez Villamil estaba habilitado para presidir la junta. No obstante, a renglón
seguido reconoció expresamente que, en cuanto a la fecha del acta No. 209 y la ausencia
de los integrantes que el instructivo No. 041 consideraba obligatorios, los planteamientos
del demandante eran "objetivamente correctos".

84. El hecho de que el Tribunal y la segunda instancia disciplinaria hayan llegado a
conclusiones opuestas sobre la competencia del coronel Ordóñez, confirma que la
pregunta era genuinamente disputada desde el punto de vista normativo y que el
instructivo No. 041 ofrecía base textual suficiente para la percepción que el demandante
expuso en su oficio radicado el 4 de noviembre de 2015.

4.4 El canal institucional como factor determinante de atipicidad: el ejercicio del
derecho de petición y del deber de denuncia

85. El elemento más determinante para concluir la atipicidad de la conducta no es
cuantitativo -la magnitud de las irregularidades que el demandante denunció- sino
estructural: el canal por el que formuló su denuncia.

86. El oficio S-2015-05115 no fue dirigido a ningún medio de comunicación, no fue
distribuido entre compañeros de servicio ni publicado de ninguna forma que
comprometiera el honor de los oficiales ante la comunidad o la institución de manera
indiscriminada. Fue dirigido, exclusivamente, al director general de la Policía Nacional,
que es la autoridad máxima de la institución y precisamente el superior jerárquico ante
quien un servidor policial tiene tanto el derecho como el deber de informar las presuntas
irregularidades de las que tenga conocimiento.

87. El artículo 23 de la Constitución Política garantiza a toda persona el derecho de
presentar peticiones respetuosas a las autoridades. La Constitución Política (art. 95), el

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Código de Procedimiento Penal (art. 67), el Código Penal (art. 417) y el mismo Código
General Disciplinario18 (art. 38), aplicable al proceso disciplinario policial, impone a los
servidores públicos el deber de denunciar los hechos delictivos de los que tengan
conocimiento. Dentro de ese marco normativo, un servidor que acude ante su director
general a denunciar presuntas irregularidades en un acto administrativo que lo afecta
personalmente, está ejerciendo un derecho constitucional y cumpliendo un deber
funcional.

88. La consecuencia jurídica es ineludible: encuadrar esa actuación como falta
disciplinaria gravísima a título de dolo implica convertir la misma norma disciplinaria -que
impone el deber de denunciar- en el instrumento para sancionar al denunciante. Ese
razonamiento contradice el principio de coherencia del ordenamiento jurídico y vacia de
contenido tanto el derecho de petición como el deber de denuncia funcional.

89. El fallo de primera instancia no abordó este argumento central. El fallo de segunda
instancia tampoco lo consideró, concentrándose en la autonomía del derecho disciplinario
frente al penal y en el cumplimiento de las garantías procesales durante la investigación
-aspectos que la Sala no cuestiona- sin examinar si los elementos del tipo
complementador concurrían efectivamente en el caso concreto.

90. Adicionalmente, el fallo de primera instancia puso de presente la existencia de una
nota marginal en el memorando No. 329191 del 6 de noviembre de 2015 -suscrito por el
secretario privado de la inspección general (E) y dirigido a la jefatura de control
disciplinario interno COSEC4- en la que se consignó: "Adelantar acción disciplinaria. Dar
celeridad." Esta instrucción, impartida el día anterior a la apertura formal de la
investigación y apenas tres días después de radicado el oficio del demandante, evidencia
que la respuesta institucional al ejercicio del derecho de petición fue la apertura inmediata
de una investigación disciplinaria, lo que refuerza la conclusión de que la conducta
sancionada no fue sino el ejercicio de un derecho.

91. En síntesis, la conducta del demandante es atípica frente al numeral 10 del artículo
34 de la Ley 1015 de 2006, complementado con el artículo 221 del Código Penal. Falta el
elemento subjetivo del conocimiento de la falsedad de la imputación -pues las
irregularidades denunciadas resultaron parcialmente corroboradas por la misma
investigación disciplinaria- y la conducta misma no puede ser calificada como calumniosa
cuando se ejerce mediante el canal institucional correcto, ante la autoridad competente,
para denunciar hechos que el servidor considera irregulares.

18
Ley 1952 de 2019.

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92. En definitiva, los cargos formulados por la parte demandada en el recurso de
apelación no están llamados a prosperar. Si bien es cierto que el Tribunal de primera
instancia centró su análisis en la legalidad del acto de traslado -asunto que, como lo
advierte la apelante, resulta ajeno al objeto del litigio-, esa deficiencia argumentativa del
a quo no determina la suerte del fallo, pues esta Corporación ejerce un control integral de
los actos disciplinarios conforme a la sentencia de unificación SU-00316 de 2016, lo que
le impone examinar de manera autónoma e independiente todos los elementos que
determinan la validez de la sanción. En ejercicio de esa competencia plena, la Sala
encontró que los actos sancionatorios son nulos, no por los fundamentos del Tribunal,
sino por la atipicidad de la conducta imputada al demandante, razón por la cual confirma
la decisión con motivación propia.

93. En cuanto al argumento de que la investigación tuvo como fundamento las
manifestaciones calumniosas, injuriosas y denigrantes formuladas contra superiores
jerárquicos -y no el traslado en sí-, la Sala advierte que ese encuadramiento resulta
jurídicamente insostenible a la luz del material probatorio. El oficio S-2015-05115 del 3 de
noviembre de 2015, que constituyó el único sustento fáctico de los fallos sancionatorios,
fue dirigido exclusivamente al director general de la Policía Nacional en ejercicio del
derecho de petición (art. 23 C.P.) y del deber funcional de denuncia, y sus afirmaciones
sobre posibles irregularidades en el procedimiento de traslado encontraron respaldo en la
propia actuación disciplinaria. Por tanto, no puede predicarse el elemento subjetivo de la
calumnia -el conocimiento de la falsedad de lo imputado- ni calificarse de injuriosa o
denigrante una comunicación institucional que el ordenamiento jurídico no solo permite,
sino que impone. Finalmente, el hecho de que la competencia para el traslado haya sido
objeto de pronunciamiento en sede de reposición y apelación, no subsana la atipicidad de
la conducta, que opera como causal de nulidad autónoma e independiente de cualquier
consideración sobre la validez del acto de traslado.

94. Bajo este hilo conductor, la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda amerita su confirmación, pero por las circunstancias
plasmadas en esta providencia y con la adición que pasa a explicarse.

95. En lo que tiene que ver con las súplicas consignadas en el recurso de apelación del
demandante, esto es, (i) ordenar su reintegro al cargo o al grado inmediatamente superior
al que ostentaba al momento del retiro, (ii) la eliminación de los antecedentes
disciplinarios inscritos en el Sistema de Información de la Procuraduría General de la
Nación; (iii) declarar que no existió solución de continuidad en los servicios prestados a la
Policía Nacional; y, iv) ordenar el ascenso al que tendría derecho según su jerarquía,

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antigüedad y demás requisitos, toda vez que compañeros vinculados el mismo día ya
ostentaban para entonces el grado de subcomisario, solo proceden la segunda y tercera
petición.

96. En efecto, el reintegro con el consecuente pago de salarios y prestaciones ya fue
ordenado en la sentencia de primera instancia que ahora se confirma y, en cuanto al
ascenso pretendido, no hay lugar a ello, toda vez que, en la actualidad se desconoce su
situación administrativa.

97. En consecuencia, solo se ordenará la eliminación de las anotaciones
correspondientes en los antecedentes del sistema de información de la Procuraduría
General de la Nación y se declarará que para todos los efectos legales, no ha existido
solución de continuidad en los servicios prestados a la Policía Nacional.

2.5 Costas

98. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

99. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiocho (28) de Abril de Dos
Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme a las
motivaciones plasmadas en esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo, parte resolutiva de la sentencia apelada,
en el sentido de ordenar la eliminación de las anotaciones correspondientes en los
antecedentes del sistema de información de la Procuraduría General de la Nación del
demandante, para lo cual, el A-quo deberá emitir el oficio correspondiente y declarar que,

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para todos los efectos legales, no ha existido solución de continuidad en los servicios
prestados a la Policía Nacional.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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