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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00468-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00468-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Tema: sanción disciplinaria de suspensión de 6 meses a patrullero de la Policía Nacional.
Subtema 1: régimen disciplinario de la Policía Nacional. Subtema 2: valoración
probatoria en materia disciplinaria. Subtema 3: tipicidad de la falta disciplinaria (Ley 734
de 2002).

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia
proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la
cual se negaron sus pretensiones.

I. Síntesis del caso

Miguel Ángelo Muñoz Sierra, en su condición de patrullero de la Policía Nacional,
demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue sancionado
disciplinariamente con suspensión e inhabilidad por seis meses, al haber sido declarado
responsable de incurrir en abuso de la función pública, por utilizar su investidura para
adelantar la conducción de un ciudadano a una estación de policía, en el marco de un
conflicto de carácter personal.

Como fundamento de la demanda, sostuvo que en la actuación disciplinaria se
vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, por indebida valoración
probatoria, falta de certeza sobre los hechos y errónea adecuación típica de la conducta,
al considerar que no se acreditó su intervención irregular ni la configuración de la falta
disciplinaria imputada.

El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que las decisiones disciplinarias se adoptaron con observancia de las garantías
procesales y con fundamento en una valoración integral del acervo probatorio, del cual
se desprendía que el disciplinado utilizó su condición de policía para intervenir en un
asunto personal y disponer la conducción del ciudadano sin justificación funcional,
configurándose un abuso de la función.

En sede de apelación, el demandante insistió en la falta de prueba suficiente, la indebida
valoración de los testimonios y la atipicidad de la conducta.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

La Sala confirma la sentencia de primera instancia, al considerar que no se acreditó
vulneración del debido proceso ni falsa motivación, y que las pruebas permiten
establecer que el disciplinado desvió el ejercicio de la función policial para atender un
interés personal, conducta que se adecua al tipo disciplinario aplicado y justifica la
sanción impuesta.

II. Antecedentes

2.1. La demanda

1.Miguel Ángelo Muñoz Sierra presentó1 demanda2 de nulidad y restablecimiento del
derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a
continuación se exponen.

2.1.1. Pretensiones3

2. Solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) fallo
disciplinario de primera instancia del 25 de julio de 2011 proferido por el jefe de la Oficina
de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía de Risaralda, mediante el
cual le fue impuesta sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses; (ii) fallo
disciplinario de segunda instancia del 30 de mayo de 2012, expedido por el inspector
delegado regional de policía núm. 3, a través del cual se confirmó la decisión de primera
instancia; y (iii) Resolución 02406 del 05 de julio de 2012, proferida por el director general
de la Policía Nacional, para ejecutar la sanción.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declarara que no existió
solución de continuidad en la prestación del servicio. Asimismo, que se condenara a la
Policía Nacional a: (i) pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, (ii)
pagarle 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios
morales, (iii) a eliminar el registro de la sanción de las bases de datos de la entidad, y
(iii) gestionar ante la Procuraduría General de la Nación, la desanotación de la sanción
en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, Siri.

1
Según el «acta individual de reparto» visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-
2014-00468-02 / archivo zip «ED_01EXPEDIENTEDIGITALI(.ZIP) NROACTUA 2» / archivo pdf «Rad. 2014-00468-00
MIGUEL ANGELO MUÑOZ SIERRA vs NACION POLICÍA NACIONAL Cuad 1.pdf» / folio 67.
2
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-2014-00468-02 / archivo zip
«EDV_01EXPEDIENTEDIGITALI(.ZIP) NROACTUA 2» / archivo pdf «Rad. 2014-00468-00 MIGUEL ANGELO
MUÑOZ SIERRA vs NACION POLICÍA NACIONAL Cuad 1.pdf» / folio 16 a 51.
3
El 14 de febrero de 2013 Miguel Ángel Muñoz Sierra presentó ante el Consejo de Estado, demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. En auto de 26 de
junio de 2014, esta corporación determinó que la competencia para conocer del asunto correspondía a los tribunales
administrativos en primera instancia, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda.
Mediante auto de 21 de abril de 2015, dicho tribunal inadmitió la demanda al advertir que el poder conferido únicamente
facultaba para demandar el acto de ejecución, situación que el accionante subsanó en el término otorgado, precisado
que comprendía también los fallos disciplinarios. Posteriormente, mediante auto de 14 de septiembre de 2015, el
tribunal rechazó la demanda respecto de la Resolución 02406 de 5 de julio de 2012, al considerarla un acto de
ejecución no susceptible de control judicial, y admitió la demanda en relación con los fallos disciplinarios. Contra la
referida decisión, el actor interpuso recurso de apelación. El Consejo de Estado, a través de auto del 28 de marzo de
2019 confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, en el sentido de mantener el rechazo de la demanda
frente a la Resolución 02406 de 2012, al considerar que se trataba de un acto de ejecución no susceptible de control
jurisdiccional.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2.1.2. Hechos

4. Miguel Ángelo Muñoz Sierra ingresó a la Policía Nacional como alumno mediante
Resolución 104 del 14 de marzo de 2005. Fue dado de alta como patrullero a través de
Resolución 4855 del 1 de diciembre de 2005. Según se expone en la demanda, durante
el tiempo previo a la investigación disciplinaria se desempeñó en distintos cargos con
conducta intachable, sin registrar antecedentes disciplinarios, penales ni fiscales, y
contaba con varias felicitaciones por su labor y buen desempeño.

5. Los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria se remontan al 1 de enero
de 2011, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, a partir de una queja
presentada por Juan David Jaramillo Ramírez, en la cual manifestó que fue conducido a
la estación de policía por el patrullero Muñoz Sierra y otros uniformados, y que al llegar
a dichas instalaciones fue agredido por un policía sin motivo alguno.

6.Con ocasión de dicha queja, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía de Risaralda ordenó la apertura de indagación preliminar,
dentro de la cual se dispuso la práctica de pruebas, entre ellas la ampliación y ratificación
de la queja, así como la recepción de otras declaraciones.

7.En desarrollo de la actuación, el quejoso amplió su denuncia indicando que había sido
agredido por varios policías, entre ellos uno de tez oscura que le propinó golpes en el
pecho y en la cara, y que posteriormente le ofrecieron disculpas. En relación con estos
hechos, se recibieron diversas declaraciones. El patrullero Jesús Henao Cano manifestó
que no observó que el actor hubiera golpeado al ciudadano, señalando que entre ambos
se presentaron empujones y que posteriormente fue trasladado a la estación de policía.
Por su parte, el intendente Carlos Andrés Echeverry Quebrada indicó que, al momento
de su intervención, el ciudadano se encontraba alterado y en discusión con el patrullero
Muñoz Sierra, pero no presentaba lesiones ni evidencias de agresión física. En similar
sentido, el patrullero Mario Sánchez Martínez señaló que el ciudadano ingresó a la
estación en buen estado físico, aunque alterado. De igual forma, se allegaron otras
declaraciones en las que se hizo referencia a una discusión previa entre el patrullero
Muñoz Sierra y el ciudadano, así como a la participación de otros uniformados en los
hechos.

8. Con base en lo anterior, mediante auto del 12 de julio de 2011 se dispuso la aplicación
del procedimiento verbal y se citó a audiencia al disciplinado, al considerar que se
reunían los requisitos previstos en la Ley 734 de 2002 para tal efecto, imputándole la
presunta comisión de una falta grave, por la vulneración del deber funcional consistente
en cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio encomendado, en
concordancia con la prohibición de incurrir en actos que impliquen abuso indebido del
cargo o función, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 numeral 2 de la Ley 734 de
2002, y en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, endilgándole la conducta a título de
dolo, bajo el entendido de que habría utilizado su función policial con fines personales.

9.El 25 de julio de 2011, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de
Policía de Risaralda profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual se

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

declaró responsable disciplinariamente a Miguel Ángelo Muñoz Sierra y se le impuso la
sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de seis meses. En dicha
decisión se consideró que los hechos tuvieron origen en un problema personal entre el
disciplinado y el ciudadano desde el día anterior, y que el patrullero utilizó su función de
vigilancia para trasladarlo a la estación de policía sin que existiera una justificación real
de procedimiento policial, configurándose así un abuso de la función pública
constitucional y legalmente a él atribuida.

10. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante fallo
disciplinario de segunda instancia del 30 de mayo de 2012, emitido por el inspector
delegado regional de policía núm. 3, en el que se confirmó en su integridad la decisión
adoptada en primera instancia. En esta providencia se reiteró que la actuación del
disciplinado no obedeció a un procedimiento legítimo de policía, sino a la utilización de
la función pública para dirimir una situación personal, y que no se evidenciaban motivos
reales que justificaran la conducción del ciudadano a la estación.

11. Finalmente, mediante Resolución 2406 del 5 de julio de 2012, proferida por el director
general de la Policía Nacional, se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta,
materializando la suspensión en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración por el
término señalado en los fallos disciplinarios.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

12. Miguel Ángelo Muñoz Sierra citó como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 21, 25,
29, 53, 95, 218 y 230 de la Constitución, el Decreto 1800 de 2000, el Decreto 1791 de
2001, la Ley 734 de 2002, la Ley 1015 de 2006 y la Ley 1437 de 2011.

13. En el concepto de violación señaló que los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de nulidad por desconocimiento del debido proceso, indebida
valoración probatoria, falsa motivación, falta de adecuación típica de la conducta y
aplicación indebida del procedimiento disciplinario, con fundamento en los siguientes
cargos:

14. En primer lugar, afirmó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida en que la actuación
disciplinaria no garantizó una adecuada estructuración del pliego de cargos ni el respeto
por las formas propias del juicio disciplinario. Señaló que en el auto mediante el cual se
dispuso la aplicación del procedimiento verbal y se formularon cargos no se precisaron
de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los
hechos, ni se desarrollaron adecuadamente los elementos de la falta disciplinaria, esto
es, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, lo cual impidió ejercer de manera
plena el derecho de defensa.

15. En este mismo sentido, sostuvo que el procedimiento verbal fue indebidamente
aplicado, por cuanto no se acreditaban los presupuestos previstos en el artículo 175 de
la Ley 734 de 2002, en tanto no se trataba de una falta disciplinaria, ni existía flagrancia,
ni confesión del disciplinado. Afirmó que la decisión de tramitar el proceso bajo dicho

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

procedimiento careció de motivación suficiente, pues no se indicó cuál era el supuesto
específico que habilitaba su utilización, lo que constituye una irregularidad sustancial que
afecta la validez de la actuación.

16. En segundo lugar, alegó que los actos administrativos están afectados por falsa
motivación, toda vez que las decisiones disciplinarias se fundamentaron principalmente
en la queja presentada por el ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez, sin que se
realizara un análisis integral, objetivo y razonado del conjunto probatorio. Señaló que la
autoridad disciplinaria omitió valorar adecuadamente las pruebas que resultaban
favorables al disciplinado y que las conclusiones a las que arribó se sustentan en
apreciaciones subjetivas que no permiten tener por demostrada la existencia de la falta
ni la responsabilidad del actor.

17. En relación con lo anterior, sostuvo que no existe prueba suficiente que acredite que
el disciplinado hubiera incurrido en maltrato físico contra el quejoso, ni que hubiera
ejecutado una conducta constitutiva de falta disciplinaria. Destacó que varias de las
declaraciones rendidas dentro del proceso indican que no hubo agresión física, sino una
discusión acompañada de empujones, y que el ciudadano no presentaba lesiones al
momento de ingresar a la estación de policía. Asimismo, puso de presente que no se
practicó dictamen de medicina legal que permitiera establecer la existencia de lesiones,
ni se acreditó incapacidad médica alguna, lo cual, a su juicio, evidencia la inexistencia
del supuesto fáctico que dio lugar a la sanción.

18. En tercer lugar, afirmó que la conducta imputada resulta atípica, en la medida en que
los hechos investigados no guardan correspondencia con el deber funcional que se
afirma vulnerado. Indicó que, aunque la queja se refiere a un presunto maltrato físico, el
operador disciplinario adecuó la conducta como un abuso de la función, sin que se
demostrara de qué manera se configuró dicho abuso ni cómo se afectó el servicio. En
ese sentido, sostuvo que existe una indebida adecuación típica, en tanto el verbo rector
utilizado —«abusar del cargo»— no se encuentra debidamente sustentado en los hechos
probados dentro del proceso.

19. De igual forma, manifestó que no se acreditó la ilicitud sustancial de la conducta, pues
no se demostró afectación real al servicio ni al bien jurídico protegido por la norma
disciplinaria. Señaló que tampoco se estructuró la culpabilidad a título de dolo, en tanto
no se probó que el disciplinado hubiera actuado con la intención de abusar de su función
o de vulnerar sus deberes funcionales, lo cual resulta indispensable para la imposición
de la sanción.

20. En cuarto lugar, sostuvo que la actuación disciplinaria presenta defectos en la
actividad probatoria, por cuanto no se practicaron todas las pruebas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, se omitió el recaudo de elementos de juicio relevantes y
algunas de las pruebas allegadas presentan irregularidades, en tanto habrían sido
obtenidas bajo presión o sin el cumplimiento de las garantías procesales. Alegó, además,
que el operador disciplinario desechó pruebas que favorecían la versión del disciplinado,
lo cual afecta la imparcialidad de la decisión.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

21. Finalmente, señaló que, pese a que en la queja se hace referencia a la participación
de varios uniformados en los hechos, la investigación se dirigió exclusivamente en contra
del demandante, sin que se hubieran adoptado decisiones frente a los demás posibles
involucrados, lo cual evidencia un tratamiento desigual e injustificado.

2.2. Contestación de la demanda

22. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contestó la demanda el 11 de
octubre de 2019 para oponerse a la prosperidad de las pretensiones4.

23. Frente a los hechos, la entidad demandada aceptó algunos aspectos fácticos, como
la vinculación laboral de Miguel Ángelo Muñoz Sierra y el tiempo de servicio al momento
de la sanción. No obstante, se opuso a la mayoría de las afirmaciones de la demanda,
indicando que varias corresponden a apreciaciones subjetivas o carecen de sustento
probatorio, en especial aquellas relacionadas con la supuesta vulneración del debido
proceso y la alegada conducta intachable del demandante, la cual, a su juicio, no resulta
relevante dentro del proceso disciplinario.

24. Asimismo, sostuvo que durante toda la actuación disciplinaria adelantada por la
Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Risaralda se
garantizaron plenamente los derechos del investigado, quien conoció oportunamente las
decisiones adoptadas, contó con defensa técnica y tuvo la posibilidad de intervenir en
las distintas etapas procesales, ejercer contradicción probatoria y hacer uso de los
recursos legales, razón por la cual no se configuró vulneración alguna al debido proceso.

25. En cuanto al concepto de violación, la entidad indicó que los argumentos de la
demanda no estructuran verdaderos cargos de ilegalidad, sino que corresponden a
simples discrepancias frente a la valoración probatoria realizada por la autoridad
disciplinaria, lo cual no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos administrativos. En ese sentido, advirtió que el control de la jurisdicción
contencioso–administrativa no puede convertirse en una tercera instancia del proceso
disciplinario, en la que se reabra el debate probatorio ya agotado en sede administrativa.

26. De igual forma, sostuvo que no se configuró falsa motivación ni vulneración del debido
proceso, en tanto las decisiones disciplinarias fueron debidamente motivadas y
sustentadas en una valoración integral del material probatorio, conforme a las reglas de
la sana crítica, sin que se evidencie irregularidad alguna en la práctica o apreciación de
las pruebas.

27. En relación con el caso concreto, la entidad afirmó que la conducta desplegada por
Miguel Ángelo Muñoz Sierra fue debidamente probada dentro del proceso disciplinario,
y que con su actuar afectó el deber funcional propio de su cargo, al utilizar su investidura
como miembro de la Policía Nacional para adelantar un procedimiento de conducción de

4
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-2014-00468-02 / archivo zip
«EDV_01EXPEDIENTEDIGITALI(.ZIP) NROACTUA 2» / archivo pdf «Rad. 2014-00468-00 MIGUEL ANGELO
MUÑOZ SIERRA vs NACION POLICÍA NACIONAL Cuad 1.pdf» / folio 151 a 161

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

un ciudadano a una estación de Policía, sin justificación, lo que motivó la imposición de
la sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad especial por seis meses.

28. Concluyó que los actos administrativos demandados fueron expedidos por autoridad
competente, con observancia de las normas constitucionales y legales aplicables —en
especial la Ley 734 de 2002 y la Ley 1015 de 2006— y con pleno respeto de las garantías
procesales, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de la demanda y mantener
incólume la presunción de legalidad que los ampara.

29. Finalmente propuso las siguientes excepciones: «acto ajustado a la constitución y a la
ley», «cobro de lo no debido», «imposibilidad de condena en costas».

2.3. Sentencia de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo de Risaralda5, mediante sentencia del 23 de abril de 20216
negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

31. Precisó que el objeto del proceso consistía en determinar si los actos administrativos
disciplinarios mediante los cuales se impuso sanción de suspensión e inhabilidad
especial por seis meses al patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra se encontraban
viciados de nulidad por violación del debido proceso, derecho de defensa y falsa
motivación, o si, por el contrario, fueron expedidos con sujeción al ordenamiento jurídico.

32. Frente al análisis probatorio, indicó que el cargo central de la demanda se circunscribía
a la indebida valoración de las pruebas dentro del proceso disciplinario, lo cual también
se planteó como causal de nulidad por falsa motivación. En ese sentido, desarrolló las
reglas aplicables a la valoración probatoria en materia disciplinaria, destacando que esta
debe fundarse en medios de prueba legalmente obtenidos, apreciarse conforme a las
reglas de la sana crítica y conducir a un nivel de certeza suficiente para desvirtuar la
presunción de inocencia.

33. Al descender al caso concreto, el tribunal encontró acreditado que la investigación
disciplinaria tuvo origen en la queja presentada el 1 de enero de 2011 por Juan David
Jaramillo Ramírez, quien manifestó haber sido conducido a la estación de policía sin
motivo alguno, y agredido por el patrullero Muñoz Sierra. Asimismo, verificó que durante
la actuación se recaudaron múltiples pruebas, entre ellas versiones libres, testimonios
de policías y de familiares del quejoso, así como documentos como la minuta de servicio.

34. Con base en dicho acervo probatorio, concluyó que las autoridades disciplinarias
valoraron de manera conjunta y razonada los testimonios, los cuales coincidieron en
señalar que el patrullero Muñoz Sierra, en ejercicio de sus funciones, se dirigió a la
vivienda del quejoso por un conflicto personal previo y procedió a conducirlo a la estación
de policía sin justificación suficiente, configurándose un abuso de la función.

5
En Sala integrada por los magistrados Dufay Carvajal Castañeda (ponente), Juan Carlos Hincapié Mejía y Leonardo
Rodríguez Arango.
6
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-2014-00468-02 / archivo pdf
«ED_14FALLOPRIMERAINSTAN(.PDF) NroActua 2».

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

35. El tribunal precisó que en el presente asunto, al unísono, agentes de policía,
compañeros del patrullero Muñoz Sierra y familiares del quejoso, atestiguaron lo
sucedido, coinciden en que el uniformado que estaba en ejercicio de sus funciones, se
dirigió a la casa de Juan David Jaramillo a increparlo por un problema sucedido el día
anterior y, pese a la actitud de indefensión de la víctima, dio inicio a un procedimiento de
policía con detención, sin más justificación que el interés personal del patrullero.

36. El tribunal descartó que la discusión central del proceso fuera la existencia de una
agresión física dentro de la estación, al señalar que la imputación disciplinaria no se
centró en ese hecho, sino en el uso indebido de la función policial para fines personales,
lo cual resultó acreditado con las pruebas recaudadas.

37. Asimismo, consideró que no se vulneró el derecho al debido proceso ni el derecho de
defensa, en tanto el disciplinado contó con las oportunidades procesales para controvertir
las pruebas, participar en la actuación y ejercer los recursos correspondientes, sin
evidenciarse irregularidades en la práctica o valoración del material probatorio.

38. En ese sentido, concluyó que la sanción disciplinaria se encontraba debidamente
sustentada en pruebas que otorgaban certeza sobre la ocurrencia de la falta y la
responsabilidad del disciplinado, sin que se acreditaran los cargos de nulidad formulados
en la demanda.

2.4. Recurso de apelación

39. Miguel Ángelo Muñoz Sierra interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda7.

40. En primer lugar, cuestionó las conclusiones del tribunal en relación con la valoración
probatoria, al señalar que el análisis efectuado fue meramente formal y no material, pues
el despacho se limitó a acoger lo expuesto en el proceso disciplinario sin realizar un
estudio jurídico de fondo sobre las pruebas y sus implicaciones. En ese sentido, sostuvo
que no se demostró con certeza la ocurrencia de la conducta imputada ni la
responsabilidad disciplinaria del investigado.

41. Indicó que las pruebas testimoniales no acreditan las supuestas agresiones atribuidas,
pues varios declarantes manifestaron no haber observado maltrato alguno, y además no
existe prueba técnica —como dictamen de medicina legal— que permita establecer la
existencia de lesiones en la humanidad del quejoso. Por ello, afirmó que la sanción se
fundamentó en afirmaciones no corroboradas y en pruebas insuficientes.

42. Asimismo, alegó vulneración del debido proceso y del derecho de defensa, al
considerar que no se cumplió con la carga probatoria exigida por la Ley 734 de 2002, en
particular lo dispuesto en su artículo 142, según el cual no puede proferirse fallo
sancionatorio sin prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad

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Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-2014-00468-02 / archivo pdf
«ED_16RECURSOAPELACIONSE(.PDF) NroActua 2».

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

del investigado. A su juicio, en el caso concreto persistía una duda razonable que no fue
resuelta a favor del disciplinado.

43. En relación con la tipicidad, sostuvo que el cargo endilgado resulta atípico, por cuanto
la conducta atribuida —relacionada con supuestas agresiones y abuso de autoridad—
no se adecua al tipo disciplinario aplicado, esto es, el previsto en el artículo 34 numeral
2 de la Ley 734 de 2002, y en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, lo que evidencia una
indebida adecuación típica.

44. También cuestionó la valoración integral de la prueba, al señalar que esta no fue
apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, pues el operador disciplinario no
investigó con igual rigor los elementos que favorecían al investigado ni analizó las
contradicciones existentes entre los testimonios, ni la ausencia de pruebas
determinantes.

45. Adicionalmente, expuso que la actuación disciplinaria desconoció principios como la
presunción de inocencia y el in dubio pro disciplinado, toda vez que, pese a la existencia
de dudas sobre la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del investigado, se
impuso una sanción sin certeza probatoria.

46. De igual forma, sostuvo que los actos administrativos demandados se encuentran
viciados por falsa motivación, desviación de poder e indebida apreciación de las pruebas,
en tanto no se acreditó la comisión de la falta ni la responsabilidad del disciplinado, y la
decisión se sustentó en apreciaciones subjetivas.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

47. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

2.6. Concepto del Ministerio Público

48. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda8.

49. Al abordar el estudio de fondo, el Ministerio Público señaló que el problema jurídico
consistía en determinar si la entidad demandada vulneró el derecho al debido proceso al
proferir los fallos disciplinarios, particularmente por la alegada falta de motivación,
indebida valoración probatoria y existencia de causales de exclusión de responsabilidad.

50. En desarrollo de dicho análisis, explicó el alcance del derecho al debido proceso en
materia disciplinaria, indicando que comprende garantías como el derecho de defensa,
la contradicción de la prueba, la presunción de inocencia y la posibilidad de impugnar las
decisiones, así como el control integral que ejerce la jurisdicción contencioso–
administrativa sobre los actos disciplinarios.

8
Visible a índice 10 de Samai Consejo de Estado 54001-23-33-000-2017-00628-01 / archivo pdf
«9_MemorialWeb_Concepto(.pdf) NroActua 10».

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

51. Igualmente, se refirió al régimen disciplinario especial de la Policía Nacional,
destacando que, en virtud del artículo 218 de la Constitución Política, los miembros de
dicha institución están sometidos a un régimen especial, en el cual las conductas deben
ser analizadas conforme a la naturaleza de sus funciones y a los deberes propios del
servicio policial.

52. En relación con la falsa motivación, indicó que esta se configura cuando los hechos
que sirven de fundamento a la decisión no están probados o cuando se omiten hechos
relevantes que habrían conducido a una decisión distinta, precisando los criterios
desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para su configuración.

53. Al descender al caso concreto, señaló que la actuación disciplinaria se originó en la
queja presentada por Juan David Jaramillo Ramírez por presuntas agresiones físicas y
verbales ocurridas el 1 de enero de 2011. Precisó que durante la investigación se
surtieron las etapas procesales correspondientes, incluyendo la indagación preliminar, la
práctica de pruebas, la formulación de cargos y la decisión de fondo.

54. En ese sentido, destacó que el investigado fue debidamente notificado, rindió versión
libre, designó apoderado y participó en las distintas etapas del proceso disciplinario,
incluyendo la presentación de descargos, alegatos de conclusión y la interposición del
recurso de apelación, sin que se evidenciaran irregularidades que afectaran su derecho
de defensa o contradicción.

55. Asimismo, indicó que la conducta imputada fue adecuadamente tipificada conforme a
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 34
numeral 2 de la Ley 734 de 2002, al establecerse que el disciplinado incurrió en abuso
de la función al utilizar su investidura policial para adelantar un procedimiento sin
justificación, conducta que fue calificada como falta grave cometida a título de dolo.

56. En cuanto a la valoración probatoria, señaló que las decisiones disciplinarias se
fundamentaron en un análisis integral de las pruebas testimoniales y documentales, las
cuales permitieron establecer que el procedimiento adelantado por el disciplinado tuvo
origen en un conflicto personal previo y no en un motivo legítimo de policía, lo que
evidenció un uso indebido de la función pública.

57. De igual forma, consideró que no se configuró falsa motivación ni falta de motivación,
en tanto los actos administrativos demandados contienen un análisis detallado de los
hechos, las pruebas y las normas aplicables, y explican de manera suficiente las razones
que condujeron a la imposición de la sanción disciplinaria.

58. Finalmente, concluyó que el proceso disciplinario se ajustó a las disposiciones legales
y constitucionales aplicables, que se acreditaron los elementos de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, y que se respetaron las garantías del debido
proceso, razón por la cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
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III. Consideraciones

3.1. Competencia

59. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución

60. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:

61. ¿La Policía vulneró el debido proceso del disciplinado al haberse proferido los actos
administrativos sancionatorios sin el nivel de certeza exigido por el estatuto disciplinario,
como consecuencia de una indebida valoración probatoria —particularmente de los
testimonios—, lo que habría generado una decisión disciplinaria falsamente motivada
basada en inferencias no suficientemente acreditadas, con desconocimiento de la
presunción de inocencia y del principio de duda razonable?

62. ¿La Policía incurrió en una indebida adecuación típica de la conducta disciplinaria, en
la medida en que el cargo formulado no corresponde a los hechos investigados,
afectando el principio de legalidad?

3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico

3.3.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional

63. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza pública
(Fuerzas Militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217.3 y 218.2 de
la Constitución Política, facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios
especiales de tales servidores.

64. En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario de la
Policía Nacional. En el artículo 23 dispuso que son destinatarios: «(…) el personal
uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar
en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya
cometido en servicio activo»; y en el artículo 58 prevé que el procedimiento aplicable a
los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en la Ley
734 de 2002, o la norma que la modifique.

65. Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo
concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único (CDU) o Ley 734 de
2002 o la norma que la modifique, en el campo procedimental.

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3.3.2. Debido proceso en el procedimiento disciplinario

66. Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en
la posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede
acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en demanda de nulidad de las
decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación
del debido proceso.

3.3.3. La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002

67. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado, en lo que refiere a la finalidad
de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para
crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que
son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el
ordenamiento positivo a los casos concretos»9. De manera que el recaudo de la prueba
tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un fallo
sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y cuando, estas
sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio
ordenamiento jurídico establece –de conformidad con las reglas de la sana crítica–.

68. Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptuó, en su artículo 141,
que estas «[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las
pruebas en que ésta se fundamenta».

69. Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente
corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento
«[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda
de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las
personas que en él intervienen», tal como lo dispuso el artículo 20 de la mencionada Ley
734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene función
preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el
ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.

70. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 el sistema de la sana
crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las
pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas son
las que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para que las

9
Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15), sentencia de 25 de enero
de 2018.
10
Sentencia C-202 de 2005.

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conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean legalmente
válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente,
de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda
de ella.

71. La Ley 734 de 2002 señala un nivel de certeza especial para que la autoridad
disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede
observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas.

72. El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea
desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede declarar
cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los elementos que
determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad).
La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no
haya modo de eliminarla».

73. En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado de
convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba
válidos, debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más
importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas
en comento establecen lo siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba
que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede
recurso alguno».

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de
la responsabilidad del investigado».

74. De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria pueda
proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza, para que
así se proteja el principio de presunción de inocencia.

75. Es así que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades, la
primera como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la
segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión
acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, que se circunscriben como principios y reglas, y al acervo
probatorio.

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3.3.4. El control de legalidad que la jurisdicción contencioso–administrativo ejerce
sobre los fallos disciplinarios es pleno e integral

76. En el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala
Plena de esta corporación en sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida en el
expediente 2011-316 (1210), unificó los criterios interpretativos en torno a la competencia
del juez de lo contencioso–administrativo en materia del control de legalidad sobre los
actos administrativos disciplinarios, para definir que es integral, pleno y positivo, porque
«la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo
sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado
por el prisma de los derechos fundamentales».

77. En ese sentido, la Sala Plena estableció en la referida sentencia del 9 de agosto de
2016, que en ejercicio del denominado juicio integral, el juez contencioso tiene
competencia para examinar todas las causales de nulidad previstas en el artículo 137
del CPACA, porque aunque el juicio de legalidad se guía por las causales de nulidad
invocadas en la demanda, también es cierto, que en virtud de la primacía del derecho
sustancial, el juez puede y debe examinar aquellas causales conexas con derechos
fundamentales, con el fin de optimizar la tutela judicial efectiva, de máxima importancia
al tratarse del ejercicio de la función pública disciplinaria que puede afectar de manera
especialmente grave derechos fundamentales.

78. De igual manera, la referida sentencia precisó que el juicio integral permite al juez
contencioso estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan
la imposición de la sanción disciplinaria, así como controlar la valoración de la prueba
porque sólo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto
disciplinario se encuentra debidamente motivado.

79. El control judicial integral también permite que el juez contencioso examine en la
actuación sancionatoria, el estricto cumplimiento de todos los principios rectores de la
ley disciplinaria, esto es, la legalidad (tipicidad), culpabilidad, ilicitud sustancial, debido
proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad,
favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa,
proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de
principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.

80. Finalmente, la Sala Plena señaló que el juez contencioso, en virtud del principio de
proporcionalidad, está facultado para realizar un control positivo, capaz de sustituir la
decisión adoptada por la administración, ya que la sanción disciplinaria debe
corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley.

3.3.5. Medios de prueba

81. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:

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82. Miguel Ángelo Muñoz Sierra ingresó a la Policía Nacional como alumno mediante
Resolución 104 del 14 de marzo de 2005. Fue dado de alta como patrullero a través de
Resolución 4855 del 1 de diciembre de 2005, conforme a la hoja de vida obrante en el
expediente11.

83. El 1 de enero de 2011, a las 20:00 horas, en la Estación de Policía de Santa Rosa de
Cabal, se recibió queja presentada de manera personal por Juan David Jaramillo
Ramírez, en la que manifestó que a las 17:00 horas de ese mismo día fue conducido a
dicha estación por el patrullero Muñoz Sierra y otros policías, y que al llegar fue agredido
físicamente por un uniformado y posteriormente por el patrullero Muñoz Sierra, conforme
consta en el formulario de recepción de quejas, reclamos y sugerencias suscrito por el
quejoso y el funcionario receptor12.

84. Se encuentra en el expediente auto de inicio de indagación preliminar dentro del
radicado P-DERIS-2011-5. La Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía de Risaralda ordenó abrir indagación preliminar contra el patrullero Miguel
Ángelo Muñoz Sierra por presuntas conductas consistentes en abuso de autoridad y
posible agresión física; así como la práctica de pruebas testimoniales y documentales,
entre ellas la ampliación de la queja, versiones de los policías involucrados,
declaraciones del comandante de guardia13.

85. Posteriormente, en diligencia de versión libre rendida por Miguel Ángelo Muñoz Sierra
el 15 de febrero de 2011 dentro de la indagación preliminar P-DERIS-2011-5, manifestó
que para el día 1 de enero de 2011 se encontraba laborando en la estación de Policía de
Santa Rosa de Cabal en el tercer turno de vigilancia y realizando patrullaje con el
patrullero Henao José, momento en el cual, en el sector de la carrera 13 con calle 23,
requirieron al ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez, quien reaccionó de manera
agresiva frente al procedimiento, razón por la cual informaron al jefe de vigilancia, quien
dispuso su conducción a las instalaciones policiales para dejar registro en el libro de
población, indicando que al llegar se le tomaron los datos generales, se dejó constancia
del procedimiento en dicho libro, el ciudadano leyó y firmó voluntariamente el registro,
fue tratado de manera digna y posteriormente salió de las instalaciones sin novedad,
precisando además que los soportes del procedimiento reposan en el libro de población
de la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, conforme consta en la diligencia de
exposición libre obrante en el expediente14.

86. Juan David Jaramillo Ramírez ratificó en su integridad la queja presentada contra el
patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, señalando que el 1 de enero de 2011, al llegar a

11
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su residencia, fue abordado por dicho uniformado, con quien existía un conflicto personal
previo ocurrido el día anterior. Indicó que el patrullero lo increpó por esa situación y, pese
a que le manifestó que se trataba de un asunto personal, procedió a agredirlo físicamente
y a ordenar su conducción a la estación de policía sin justificación. Manifestó que, una
vez en la estación, fue objeto de agresiones por parte de varios policías, incluyendo al
patrullero Muñoz Sierra, y que permaneció retenido durante aproximadamente tres
horas, tras lo cual fue dejado en libertad. Señaló que presentó la queja inmediatamente
después de los hechos, por recomendación de un superior, y que, aunque afirmó haber
sufrido golpes y moretones, no recibió atención médica ni se le practicó valoración por
medicina legal15.

87. Se encontraron las minutas de vigilancia y anotaciones correspondientes al 1 de enero
de 2011 de la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal, se registran las novedades
del servicio durante el turno, incluyendo la relación del personal en servicio, las
actividades de vigilancia y los procedimientos adelantados, dentro de los cuales se
consignan anotaciones sobre la conducción de personas a las instalaciones policiales,
su ingreso, permanencia en el calabozo y posterior salida, así como intervenciones
realizadas por unidades de policía frente a situaciones de alteración del orden, consumo
de bebidas alcohólicas y comportamientos agresivos, conforme consta en las minutas y
anotaciones obrantes en el expediente16.

88. Mediante auto de fecha 24 de marzo de 2011, la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía Risaralda decretó la práctica de pruebas dentro de
la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. P-DERIS-2011-5, ordenando la
recepción de testimonios de las personas que presenciaron o tuvieron conocimiento de
los hechos, entre ellas Luz Marina Castaño, Jaime Jaramillo, José Henao, Espinosa
Jhony, Echeverry Quebrada Carlos y Jorge Alonso Castaño Tabares, así como la
notificación del disciplinado y la designación de funcionario para la práctica de dichas
diligencias17.

89. El patrullero José Jesús Henao Cano manifestó18 que para el 1 de enero de 2011 se
encontraba prestando servicio en el tercer turno de vigilancia en el municipio de Santa
Rosa de Cabal, pese a que habitualmente cumplía funciones de puesto fijo en la casa
del alcalde. Indicó que, por necesidades del servicio, fue asignado a patrullar junto con
el patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, quien actuaba como conductor de la
motocicleta, mientras él cumplía funciones de tripulante y operador de radio. Señaló que,
durante el desarrollo del servicio, el patrullero Muñoz Sierra le indicó que debía dirigirse
al barrio La Flora, con el propósito de hablar con un ciudadano con quien había tenido

15
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un inconveniente personal el día anterior, 31 de diciembre de 2010. Al llegar al lugar,
inicialmente no encontraron a la persona buscada; sin embargo, momentos después
arribó un individuo en motocicleta acompañado de una mujer, a quien el patrullero Muñoz
Sierra identificó como el sujeto con quien había tenido el altercado previo. Según el
testigo, en ese momento se inició una discusión entre el patrullero Muñoz Sierra y el
ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez, en la que ambos intercambiaron reclamos
relacionados con el incidente del día anterior. Precisó que durante este intercambio se
presentaron empujones entre ambos, pero afirmó que no observó agresiones físicas
graves ni comportamientos groseros. Indicó que intervino para separarlos y evitar que la
situación escalara.

90. Posteriormente, relató que se solicitó apoyo policial y llegó al lugar el intendente Carlos
Andrés Echeverry Quebrada, en calidad de jefe de vigilancia, quien dispuso la
conducción del ciudadano a la estación de policía, en atención a su estado de alteración
y aparente consumo de alcohol. Añadió que el ciudadano se mostró agresivo
verbalmente antes de ser trasladado, retando al patrullero Muñoz Sierra a resolver el
conflicto fuera del ámbito institucional. Indicó que, una vez en la estación de policía, el
ciudadano fue entregado al comandante de guardia, quien procedió a requisarlo y
ubicarlo en la sala de reflexión —no en el calabozo— con el fin de que se calmara. Señaló
que aproximadamente una hora después se realizaron las anotaciones correspondientes
en los registros institucionales, y que hacia las 19:20 horas se ordenó su liberación, al
considerar que se encontraba en condiciones normales.

91. En cuanto a la posible ocurrencia de agresiones, el testigo fue enfático en afirmar que
no golpeó al ciudadano ni observó que el patrullero Muñoz Sierra lo hiciera en su
presencia. Reconoció que en el lugar de los hechos solo se presentaron empujones entre
las partes. Agregó que, según comentarios posteriores, el ciudadano habría tenido un
altercado con otro retenido dentro de la estación, lo que habría ocasionado daños en su
vestimenta. Finalmente, explicó que el motivo del desplazamiento al lugar de los hechos
obedeció exclusivamente a la intención del patrullero Muñoz Sierra de hablar con el
ciudadano por un asunto personal, circunstancia que conoció únicamente por lo que este
le manifestó. Indicó que no tenía conocimiento previo del conflicto entre ellos y que su
intervención se limitó al acompañamiento en el procedimiento.

92. El patrullero Jorge Alonso Castaño Tabares manifestó19 que para el 1 de enero de
2011 se encontraba de permiso de fin de año y no estaba en servicio. Indicó que tuvo
conocimiento de los hechos a partir de una llamada telefónica de su hermana, quien le
informó que su cuñado, Juan David Jaramillo Ramírez, había sido conducido a la
Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal y presuntamente había sido maltratado por
varios uniformados. Señaló que, al recibir dicha información, se desplazó por sus propios
medios a la estación de policía, donde verificó que su cuñado se encontraba retenido en
el calabozo. Indicó que le fue permitido hablar con él, ocasión en la cual este le relató
que días antes había tenido un inconveniente con el patrullero Miguel Ángelo Muñoz
Sierra, relacionado con comparendos de tránsito, y que el día de los hechos dicho

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uniformado se presentó en su residencia para reclamarle por esa situación, lo que dio
lugar a una discusión que culminó con su conducción a la estación de policía. En relación
con los hechos ocurridos en la estación, el testigo afirmó que su conocimiento proviene
de lo que su cuñado le manifestó, en el sentido de que habría sido agredido por varios
policías, entre ellos un patrullero identificado como «Parra», quien presuntamente lo
golpeó. Indicó que pudo observar que su cuñado presentaba la camisa rasgada y
algunos rasguños en una pierna, aunque no presenció directamente las supuestas
agresiones. Asimismo, señaló que en el lugar se encontraba el coronel Ernesto Cabaña,
a quien le puso en conocimiento la situación, y que este, al parecer, adoptó medidas
inmediatas, requiriendo información sobre el procedimiento y llamando la atención a los
uniformados involucrados. Indicó que su cuñado fue dejado en libertad aproximadamente
a las 20:00 horas. Finalmente, el testigo fue claro en señalar que no presenció
directamente ninguna agresión física contra el ciudadano y que su declaración se
fundamenta, en gran medida, en lo que este le relató, además de que no tenía
conocimiento previo sobre el origen del conflicto entre el patrullero Muñoz Sierra y el
quejoso.

93. El intendente Carlos Andrés Echeverry Quebrada manifestó20 que para el 1 de enero
de 2011 se encontraba prestando servicio en el tercer turno como jefe encargado de
vigilancia en la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal. Señaló que, hacia las 17:00
horas, recibió un reporte del patrullero José Jesús Henao Cano solicitando su presencia
en el sector de La Flora, con el fin de conducir a un ciudadano que se encontraba
alterado. Indicó que al llegar al lugar observó al ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez
discutiendo con el patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, quien le solicitaba que lo
acompañara a la estación de policía para efectos de identificación y solución del conflicto
que tenían. Señaló que el ciudadano inicialmente se negó a ir, manifestando temor de
ser agredido, pero finalmente accedió a subir a la patrulla, incluso con intervención de
sus padres, quienes se encontraban presentes en el lugar.

94. El testigo afirmó que el ciudadano se encontraba en estado de alteración emocional,
aunque no presentaba signos visibles de lesiones ni afectaciones físicas, y que actuaba
con enojo, pero en pleno uso de sus facultades. Indicó que, según le informaron los
patrulleros, el ciudadano se había negado previamente a una requisa. Relató que,
durante el traslado y al llegar a la estación, tuvo conocimiento de que el origen de la
situación obedecía a un conflicto previo entre el patrullero Muñoz Sierra y el ciudadano,
ocurrido horas antes, cuando el uniformado se encontraba fuera de servicio y
departiendo en una vivienda cercana, lo que generó un enfrentamiento verbal entre
ambos. En la estación, el intendente dejó al ciudadano a disposición de la patrulla que
realizó el procedimiento y continuó con sus funciones. Posteriormente, dialogó con el
padre del ciudadano, sugiriéndole que resolvieran el conflicto por vías institucionales, y
también habló directamente con el ciudadano, quien manifestó inconformidad con el
patrullero Muñoz Sierra por comparendos previos.

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95. El testigo indicó que, según información suministrada por otros uniformados del sector,
el ciudadano tenía antecedentes de comportamientos conflictivos, particularmente en
contextos familiares, lo cual mencionó como contexto general. En relación con la
ocurrencia de agresiones físicas, el intendente fue enfático en afirmar que no presenció
ningún tipo de agresión ni en el lugar de los hechos ni en la estación de policía.
Finalmente, señaló que, según lo manifestado por el propio patrullero Muñoz Sierra, este
se había dirigido al lugar tras haber tenido un inconveniente previo con un particular en
estado de embriaguez, lo cual coincide con el contexto del caso investigado.

96. Mediante auto del 31 de mayo de 2011, proferido por la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía Risaralda dentro de la indagación preliminar
radicada P-DERIS-2011-5, se dispuso decretar pruebas, al considerar necesario
esclarecer la presunta conducta irregular atribuida al patrullero Miguel Ángelo Muñoz
Sierra por hechos ocurridos el 01-01-2011 en Santa Rosa de Cabal, en los que al parecer
agredió físicamente a Juan David Jaramillo Ramírez, ordenándose, entre otras, la
práctica de declaración del patrullero Jakson Parra Bejarano y designándose a la
patrullera Yenny Alexandra Gómez Patiño para la práctica de dichas diligencias21.

97. El patrullero Jakson Parra Bejarano manifestó22 que para el 1 de enero de 2011 se
encontraba prestando servicio de vigilancia en el municipio de Santa Rosa de Cabal,
adscrito a la patrulla VICOM 2 junto con el patrullero Jaime López Cervera, aunque indicó
que su lugar habitual de trabajo era el sector de La Hermosa. Señaló que, hacia las 17:00
horas, ingresó brevemente a la estación de policía con el único propósito de cambiar la
batería del radio de comunicaciones, actividad que realizó en la sala de radio ubicada al
ingreso de la estación. Indicó que su permanencia en el lugar fue muy corta —
aproximadamente dos minutos—, tras lo cual se retiró para continuar con sus labores de
patrullaje. En relación con los hechos objeto de investigación, el testigo afirmó no tener
conocimiento sobre la conducción del ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez ni sobre
las supuestas agresiones que este denunció. Indicó que no presenció ningún tipo de
incidente, ni dentro ni fuera de la estación, y que durante el breve tiempo que permaneció
en el lugar no observó situaciones anómalas. Asimismo, manifestó que no conocía
previamente al ciudadano involucrado, ni tenía información sobre conflictos entre este y
el patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra. Señaló que, con posterioridad, el ciudadano le
manifestó que no quería tener problemas con dicho patrullero, pero indicó desconocer el
contexto de esa afirmación. Finalmente, reiteró que no le consta la ocurrencia de los
hechos denunciados, ni la participación de los uniformados en conductas irregulares, y
que su conocimiento del caso es inexistente, dado que no presenció los eventos
investigados.

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98. El patrullero Mario Sánchez Martínez manifestó23 que para el 1 de enero de 2011 se
encontraba prestando servicio como comandante de guardia en la estación de policía de
Santa Rosa de Cabal, cumpliendo funciones de jefe de las instalaciones en reemplazo
del superior inmediato. Señaló que ese día fue particularmente agitado, con múltiples
riñas y un alto número de personas conducidas a la estación, lo que implicó la ocupación
de las salas de reflexión. En ese contexto, recordó que el patrullero Miguel Ángelo Muñoz
Sierra condujo a las instalaciones al ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez, al parecer
por encontrarse en estado de exaltación y haber participado en una riña, según le fue
informado por la patrulla que realizó el procedimiento. Indicó que el ciudadano ingresó a
la estación en buen estado físico, sin evidenciar lesiones, aunque se encontraba alterado
emocionalmente.

99. Precisó que fue ubicado en la sala de reflexión —no en calabozo— donde permaneció
aproximadamente dos horas. El testigo afirmó que el procedimiento fue registrado en el
libro de población por parte del patrullero Muñoz Sierra, quien consignó los hechos y
posteriormente solicitó la salida del ciudadano, la cual fue autorizada y registrada,
incluyendo la firma del mismo. En cuanto a la actuación dentro de la estación, el patrullero
Sánchez Martínez señaló que no presenció ningún tipo de agresión física contra el
ciudadano durante el tiempo que este permaneció bajo su custodia. Asimismo, indicó
que no informó al comandante de la estación sobre el procedimiento, debido a la alta
carga operativa del momento. Respecto a las circunstancias del ingreso, manifestó que
el ciudadano fue llevado por los patrulleros Muñoz Sierra y Henao Cano, con apoyo de
una patrulla de vigilancia, permaneciendo estos en la estación por un tiempo aproximado
de 15 a 20 minutos antes de retirarse. Finalmente, indicó que al momento del ingreso
había varias personas en la estación, incluyendo personal policial y otras patrullas,
aunque no pudo precisar identidades, y reiteró que no le consta la ocurrencia de
agresiones ni irregularidades en el procedimiento observado.

100. El señor Jaime Jaramillo Márquez, padre del ciudadano Juan David Jaramillo
Ramírez, manifestó:24 que los hechos tuvieron origen en un conflicto previo entre su hijo
y el patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, quien, según su dicho, de manera reiterada
lo detenía para solicitarle documentos o imponerle comparendos, lo que generó
tensiones entre ambos. Señaló que el 31 de diciembre de 2010 se presentó un primer
altercado cuando el patrullero, vestido de civil, se encontraba en una vivienda cercana y
su hijo intentó confrontarlo, sin que la situación pasara a mayores. Indicó que al día
siguiente, 1 de enero de 2011, el patrullero Muñoz Sierra se presentó en la residencia de
su hijo en compañía de otro uniformado y lo esperó. Una vez este llegó, se produjo una
discusión relacionada con el incidente del día anterior. El declarante intervino en la
situación y cuestionó al patrullero por no haber enfrentado el conflicto cuando se
encontraba de civil, lo que generó un intercambio verbal. Señaló que el uniformado
incitaba a su hijo a reaccionar físicamente, sin que este respondiera de manera violenta.
Manifestó que el patrullero solicitó apoyo policial y, una vez llegó la patrulla, se dispuso

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la conducción de su hijo a la estación de policía, sin que se le explicaran las razones de
dicha medida. Indicó que el patrullero lo sujetaba por la ropa y lo forzaba a subir al
vehículo, aunque finalmente accedió sin oponer resistencia.

101. Relató que se dirigió posteriormente a la estación de policía, donde no se le
permitió el ingreso. Señaló que, tras un tiempo de espera, recibió información de terceros
en el sentido de que su hijo había sido golpeado por varios policías. Indicó que, al
momento de su salida, su hijo presentaba múltiples lesiones, tales como moretones en
el pecho, abdomen, rostro y piernas, así como daños en su vestimenta. Afirmó que en la
estación se encontraba un oficial de alto rango (coronel), quien tuvo conocimiento de los
hechos y habría llamado la atención a los uniformados involucrados. Indicó que su hijo
fue liberado posteriormente y que, al llegar a su residencia, evidenciaba signos de
maltrato físico. El declarante precisó que no presenció directamente las supuestas
agresiones dentro de la estación de policía, dado que no se le permitió el acceso, por lo
que su conocimiento sobre estos hechos proviene de lo que le fue informado por su hijo
y por otras personas. Finalmente, reiteró que, en su criterio, existía una persecución
previa por parte del patrullero Muñoz Sierra hacia su hijo, y expresó preocupación por
posibles represalias futuras, atribuyendo responsabilidad a los uniformados involucrados
en los hechos.

102. Obra en el expediente el auto 147 DERIS CODIN 41, proferido el 12 de julio de
2011 por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía
Risaralda, mediante el cual se declaró la procedencia del procedimiento verbal dentro de
la investigación disciplinaria radicada No. P-DERIS-2011-36, adelantada en contra del
patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, por hechos ocurridos el 01 de enero de 2011 en
la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal25.

Þ En dicha providencia se determinó la conducta investigada, indicando que el
disciplinado, en su condición de patrullero de vigilancia, habría conducido al
ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez a las instalaciones de la estación de policía
y, una vez allí, presuntamente lo agredió físicamente sin motivo alguno, en el marco
de un procedimiento policial.

Þ Así mismo, se identificó al disciplinado, se precisó su cargo como patrullero adscrito
a la Estación de Policía de Santa Rosa de Cabal para la época de los hechos, y se
estableció que se encontraba en ejercicio de funciones propias del servicio de
vigilancia al momento de ocurrencia de los hechos.

Þ En el mismo auto se efectuó la adecuación jurídica provisional de la conducta,
señalando como normas presuntamente vulneradas las contenidas en la Ley 1015 de
2006, en particular el 37, relativo a los deberes de los servidores de la Policía
Nacional, en concordancia con el artículo 34.2 de la Ley 734 de 2002.

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Þ De igual forma, se indicó que la conducta atribuida consistía en un abuso de la función
policial, al haber ejercido de manera arbitraria la fuerza contra un ciudadano,
configurándose así una falta disciplinaria de carácter grave, en tanto se trataba de un
comportamiento contrario a los deberes funcionales y a los principios que rigen la
actuación de los miembros de la Policía Nacional.

Þ En cuanto al análisis de culpabilidad, la autoridad disciplinaria precisó que las faltas
disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, y concluyó que, de
acuerdo con las circunstancias del caso, la conducta atribuida al disciplinado se
enmarcaba en una modalidad dolosa, en la medida en que el investigado habría
actuado con conocimiento y voluntad al desplegar la conducta irregular, excediendo
el ejercicio legítimo de sus funciones y abusando de su cargo.

Þ Igualmente, se desarrolló el análisis probatorio que fundamenta el cargo formulado,
en el que se valoraron la queja presentada por el señor Juan David Jaramillo Ramírez,
las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario por distintos funcionarios
policiales y testigos, así como las circunstancias en que se produjo la conducción del
ciudadano a la estación de policía, concluyéndose que existían elementos de juicio
suficientes para continuar con el trámite bajo el procedimiento verbal.

Þ Finalmente, en la providencia se dispuso tramitar la actuación mediante
procedimiento verbal, citar a audiencia disciplinaria, decretar las pruebas
correspondientes y garantizar al disciplinado el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción dentro del proceso.

103. Obra en el expediente el acta de audiencia núm. 028 del 22 de julio de 2011,
adelantada dentro de la investigación disciplinaria radicada núm. DERIS-2011-36, en la
cual se dejó constancia de la instalación de la audiencia bajo el procedimiento verbal, la
comparecencia del jefe de la oficina de control disciplinario interno, del secretario y de la
apoderada de confianza del disciplinado, así como de la posesión de esta última como
defensora del patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, a quien se le reconoció
representación dentro de la actuación; en dicha diligencia la defensa presentó descargos,
señalando que el quejoso manifestó haber sido golpeado por varios policías sin motivo,
cuestionando que únicamente se investigara al disciplinado, alegando que no existía
prueba suficiente de la conducta atribuida y que los hechos obedecían a una situación
personal entre el quejoso y el patrullero, sin acreditarse agresión física por parte de su
defendido, afirmando además que el procedimiento policial se originó por
comportamientos del propio quejoso, quien habría agredido a los uniformados y por ello
fue conducido a la estación de policía; igualmente, indicó que los testimonios obrantes
en el expediente no eran claros y presentaban contradicciones, particularmente en
relación con las declaraciones de los patrulleros José Jesús Henao Cano y Jorge Alonso
Castaño Tabares, así como con lo manifestado por el intendente Carlos Andrés
Echeverry Quebrada, resaltando que no existía certeza sobre la ocurrencia de la
agresión atribuida al disciplinado e incluso se hacía referencia a la posible intervención
de otros uniformados; finalmente, la defensa solicitó el archivo de la actuación al
considerar que no se configuraba falta disciplinaria, dejándose constancia de que no se

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solicitaron pruebas adicionales y que los descargos serían tenidos como alegatos de
conclusión, suspendiéndose la audiencia para la lectura del fallo de primera instancia26.

104. El 25 de julio de 2011 se profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante
el cual se declaró disciplinariamente responsable a Miguel Ángelo Muñoz Sierra y se le
impuso sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de seis meses27.

Þ En dicha providencia se estableció que el disciplinado, en ejercicio de sus funciones,
utilizó el procedimiento policial para atender un conflicto de carácter personal con
Juan David Jaramillo Ramírez, a quien condujo a la estación de policía en un contexto
que no obedecía a un procedimiento legítimo orientado al servicio, configurándose
así una extralimitación en el ejercicio de sus funciones y un uso indebido de la
investidura policial.

Þ En el análisis probatorio, la autoridad disciplinaria valoró las declaraciones del
quejoso, de los uniformados intervinientes y demás testigos, así como los registros
oficiales de la estación, concluyendo que el actuar del disciplinado no estuvo dirigido
a garantizar el orden público, sino que respondió a un interés particular derivado de
un altercado previo, sin que se acreditara causal de justificación alguna. En
consecuencia, la conducta fue atribuida a título de dolo, al evidenciarse que el
disciplinado actuó con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento. Con
fundamento en lo anterior, y en aplicación de la Ley 1015 de 2006 en concordancia
con la Ley 734 de 2002, se le impuso la sanción de suspensión e inhabilidad especial
por el término de seis (6) meses, sin derecho a remuneración.

105. Obra en el expediente el fallo de segunda instancia proferido el 30 de mayo de
2012 por la Inspección Delegada Regional de Policía núm. 3, mediante el cual se resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del patrullero Miguel Ángelo Muñoz
Sierra contra el fallo disciplinario de primera instancia del 25 de julio de 2011, dentro de
la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. DERIS-2011-36. En dicha providencia,
la autoridad disciplinaria abordó los antecedentes del caso, indicando que los hechos
materia de investigación ocurrieron el 01 de enero de 2011 en el municipio de Santa
Rosa de Cabal, cuando Juan David Jaramillo Ramírez fue conducido a la estación de
policía por el patrullero investigado, señalando el quejoso haber sido objeto de
agresiones físicas por parte de varios uniformados sin motivo alguno. A partir del análisis
integral del material probatorio recaudado, la segunda instancia concluyó que se
encontraba acreditado que el disciplinado actuó por fuera de los fines del servicio, en
tanto utilizó su investidura y el procedimiento policial para atender un conflicto de carácter
personal previamente suscitado con el ciudadano, lo cual implicó un uso arbitrario de la
función pública y una extralimitación en el ejercicio de sus funciones como integrante de
la patrulla de vigilancia. En este sentido, se precisó que el actuar del disciplinado no
obedeció a un procedimiento legítimo de policía orientado a la preservación del orden

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152.pdf» / folio 68 a 70
27
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Folio 138.PDF»

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público, sino que estuvo motivado por circunstancias personales derivadas de un
altercado previo ocurrido el 31 de diciembre de 2010, lo que desvirtúa cualquier
justificación funcional de su conducta28.

Þ En cuanto a la valoración probatoria, la autoridad disciplinaria otorgó credibilidad y
coherencia al conjunto de pruebas obrantes en el expediente, entre ellas las
declaraciones del quejoso, de los patrulleros que intervinieron en los hechos, así
como de otros funcionarios policiales y testigos, además de las anotaciones en los
libros oficiales de la estación, concluyendo que, en su conjunto, permiten reconstruir
de manera consistente lo ocurrido y acreditar la conducta reprochada. De igual
manera, se descartaron los argumentos de la defensa encaminados a cuestionar la
claridad y suficiencia del acervo probatorio, al considerar que no existía duda
razonable sobre la ocurrencia de los hechos ni sobre la participación del disciplinado,
precisando que las inconsistencias alegadas no tenían la entidad suficiente para
desvirtuar la responsabilidad disciplinaria. Así mismo, se señaló que no se acreditó la
existencia de causal alguna de exclusión de responsabilidad, en tanto el disciplinado
tenía pleno conocimiento de la irregularidad de su conducta y, aun así, decidió
ejecutarla, razón por la cual su actuar fue calificado a título de dolo.

Þ En el plano jurídico, la decisión se fundamentó en las disposiciones de la Ley 1015
de 2006, régimen disciplinario aplicable a los miembros de la Policía Nacional, en
concordancia con la Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 2, concluyéndose que el
comportamiento desplegado por el patrullero Muñoz Sierra constituyó una falta
disciplinaria derivada del incumplimiento de sus deberes funcionales y del abuso de
la función pública, al instrumentalizar el servicio policial para fines ajenos a la función
institucional. En consecuencia, la autoridad de segunda instancia resolvió no acceder
a los argumentos de la apelación y, en su lugar, confirmar en su integridad el fallo
disciplinario de primera instancia, mediante el cual se impuso al disciplinado la
sanción de suspensión e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses, sin
derecho a remuneración, disponiendo además la devolución del expediente al
despacho de origen y señalando que contra dicha decisión no procedía recurso
alguno.

106. A través de la Resolución 2406 del 5 de julio de 2012, proferida por el Director
General de la Policía Nacional, se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta, conforme al
acto administrativo de ejecución obrante en el expediente.

3.3.6. Estudio del caso concreto

107. Corresponde a la Sala determinar si, como lo sostiene el apelante, los actos
disciplinarios fueron proferidos con vulneración del debido proceso, en razón a la
supuesta ausencia de prueba suficiente, indebida valoración probatoria —especialmente
de los testimonios—, desconocimiento de la presunción de inocencia y de la duda
razonable, lo que, a su juicio, configuraría una falsa motivación.

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Folio 138.PDF»

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108. Desde ya se anticipa que no le asiste razón al recurrente, por las siguientes
consideraciones:

3.3.6.1. Delimitación del objeto de la imputación disciplinaria

109. Lo primero que debe precisarse, porque de ello depende la correcta comprensión
del debate, es que el apelante construye buena parte de su inconformidad sobre una
premisa que no coincide enteramente con el fundamento real de la sanción. En efecto,
el recurso insiste en que no se acreditaron lesiones físicas, que no se practicó dictamen
de medicina legal y que varios testimonios no corroboran una agresión material en contra
de Juan David Jaramillo Ramírez.

110. Sobre el particular, la Sala comparte el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en cuanto concluyó que este argumento del recurrente parte
de un supuesto equivocado, porque del examen del pliego de cargos y de los fallos
disciplinarios, se advierte que la imputación no se estructuró sobre la existencia de
lesiones físicas, sino sobre el uso indebido de la función pública para atender un asunto
de carácter personal, lo que constituye una desviación del ejercicio de la función policial:
la utilización de la investidura policial y del procedimiento de conducción a la estación de
Policía para atender un conflicto personal previo entre el patrullero investigado y el
ciudadano. Esto es, la conducta reprochada se concretó en que el patrullero se desplazó
al lugar de residencia del ciudadano, en el marco de un conflicto previo, y dispuso su
conducción a la estación de policía, sin una justificación objetiva de procedimiento
policial. Así fue entendido por la autoridad disciplinaria, por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y por el Ministerio Público.

111. Esta precisión es fundamental, pues el recurso de apelación insiste en la
inexistencia de prueba sobre lesiones físicas; sin embargo, ese no es el eje de la
imputación disciplinaria, por lo que dicho argumento no resulta idóneo para desvirtuar la
legalidad de los actos acusados. Por consiguiente, la ausencia de prueba pericial sobre
lesiones no resulta determinante para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria.

112. En todo caso, aun si se aceptara que el acervo probatorio no ofrece certeza sobre
la ocurrencia de lesiones corporales en la estación o sobre la identidad exacta de quien
pudo haberlas causado, ello no derrumbaría por sí mismo la imputación disciplinaria
porque, insiste la Sala, el argumento del apelante parte de una premisa equivocada,
pues, asume que la responsabilidad disciplinaria dependía de la acreditación de
agresiones físicas, cuando lo cierto es que la imputación se estructuró por la desviación
funcional del procedimiento policial, aspecto que como se examinará más adelante, el
conjunto de las pruebas permite concluir con certeza que el actor instrumentalizó su
función policial para enfrentar un asunto particular y conducir al ciudadano a la estación
sin una justificación funcional suficiente.

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3.3.6.2. Sobre el estándar de certeza en materia disciplinaria

113. Como se expuso anteriormente, de conformidad con los artículos 9 y 142 de la
Ley 734 de 2002, la imposición de una sanción disciplinaria exige un grado de
certeza sobre la existencia de la falta, y la responsabilidad del investigado, certeza que
debe surgir de una valoración conjunta y razonada del acervo probatorio. En el presente
asunto, la Sala encuentra que dicho estándar sí fue satisfecho, en tanto la actuación
disciplinaria contó con múltiples medios de prueba, estos fueron apreciados de manera
conjunta, y permitieron reconstruir coherentemente los hechos relevantes.

3.3.6.3. Valoración probatoria: inexistencia de defecto fáctico

114. Contrario a lo afirmado por el apelante, la valoración probatoria efectuada por la
autoridad disciplinaria y avalada por el tribunal no fue arbitraria ni selectiva, sino que se
ajustó a las reglas de la sana crítica.

115. La Sala procede a efectuar una valoración conjunta, integral y armónica del acervo
probatorio, en particular de las declaraciones rendidas por el quejoso Juan David
Jaramillo Ramírez, los patrulleros José Jesús Henao Cano, Mario Sánchez Martínez,
Jakson Parra Bejarano, Jorge Alonso Castaño Tabares, el intendente Carlos Andrés
Echeverry Quebrada y el señor Jaime Jaramillo Márquez, con el propósito de establecer
si se alcanza el grado de certeza exigido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.

116. En primer lugar, se advierte que existe convergencia probatoria en los aspectos
estructurales del caso, pues múltiples declarantes coinciden en señalar que: (i) entre el
disciplinado y el ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez existía un conflicto previo de
carácter personal, originado en un incidente ocurrido el día anterior a los hechos; (ii) el
día 1 de enero de 2011 el patrullero Miguel Ángelo Muñoz Sierra, en compañía de otro
uniformado, se desplazó hasta la residencia del ciudadano con el propósito de abordarlo
personalmente, circunstancia reconocida expresamente por el patrullero Henao Cano y
corroborada por el intendente Echeverry Quebrada; (iii) en dicho lugar se produjo
una discusión entre las partes, en la que se generó un ambiente de tensión que derivó
en la intervención de la autoridad policial; y (iv) como consecuencia de lo anterior, el
ciudadano fue conducido a la estación de policía, donde permaneció por un lapso
aproximado de dos a tres horas antes de ser dejado en libertad.

117. En efecto, el testimonio del patrullero José Jesús Henao Cano, compañero de
patrulla del actor y, por tanto, una de las versiones más relevantes para reconstruir los
hechos, es particularmente significativo. Este declaró que fue el propio Muñoz Sierra
quien le dijo que «necesitaba hablar con un señor» del barrio La Flora con el cual había
tenido «un cruce de palabras» el día anterior; que se desplazaron hasta la vivienda; que
allí esperaron al ciudadano; y que, cuando este llegó, Muñoz Sierra le reclamó «ahora sí
dígame lo que me dijo ayer». También narró que hubo empujones entre ambos, que él
los separó y que después llegó la patrulla móvil y se llevaron a Juan David a la estación.
A la pregunta específica sobre el motivo del desplazamiento de la patrulla al barrio La
Flora, respondió que fueron allá porque Muñoz Sierra necesitaba hablar con Juan David,
a quien él ni siquiera conocía. Esa declaración no es menor: proviene de un compañero

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del investigado, no de un testigo ajeno o abiertamente contrario a él, y sitúa con claridad
el origen del procedimiento en una motivación estrictamente personal del patrullero y no
en una necesidad objetiva del servicio.

118. La declaración del intendente Carlos Andrés Echeverry Quebrada, quien acudió
al sitio en su condición de jefe encargado de vigilancia, robustece esa inferencia. Señaló
que, al llegar al barrio La Flora, observó a Juan David discutiendo con el patrullero Muñoz
Sierra; que el ciudadano accedió a subir a la patrulla; que se encontraba airado, pero no
herido ni lesionado; y que una vez en la estación el patrullero Henao le comentó que
Juan David había tenido un inconveniente con Muñoz Sierra horas antes, cuando este
se encontraba departiendo de civil en la casa de otro patrullero vecino del primero.
Incluso afirmó que, al recibir turno, preguntó a Muñoz Sierra por qué no había ido a su
casa y este le respondió que se había ido donde el patrullero Mondragón y que allí había
tenido un inconveniente con un particular que resultó ser el señor del caso. Esa versión
es importante por dos razones: de un lado, descarta que la conducción obedeciera de
manera originaria a un procedimiento institucional neutro; de otro, enlaza de forma
directa la actuación oficial del 1 de enero con un altercado personal suscitado horas antes
por fuera del servicio.

119. A lo anterior se suma la declaración de Jaime Jaramillo Márquez, padre del
quejoso, quien relató que el 31 de diciembre su hijo tuvo un desencuentro verbal con el
patrullero cuando este se hallaba de civil; que al día siguiente Muñoz Sierra volvió, ya
uniformado y acompañado de otro patrullero, a buscarlo a la casa; que lo esperó; y que
cuando llegó le reclamó por lo sucedido la noche anterior. Añadió que el patrullero lo
incitaba físicamente a que respondiera y que, acto seguido, llamó a la patrulla y se lo
llevaron sin cargo alguno. Si bien este testimonio no es completamente desinteresado,
por provenir del padre del quejoso, sí resulta coincidente en un punto esencial con los
dichos de Henao y Echeverry: el procedimiento no se originó de manera espontánea en
una infracción flagrante o en un motivo regular de policía, sino en la decisión del
disciplinado de buscar al ciudadano por un problema previo y valerse luego de su
condición funcional para prolongar el conflicto en el ámbito del servicio.

120. De igual manera, el registro obrante en las minutas y anotaciones de la estación
da cuenta de la conducción de Juan David Jaramillo Ramírez, de su permanencia en
«sala de reflexión» o calabozo y de su posterior salida, dejando constancia de buen trato.
La existencia de esa anotación no desvirtúa la imputación disciplinaria; por el contrario,
acredita que sí hubo utilización de la estructura funcional y del procedimiento de policía.
La discusión relevante, entonces, no es si la conducción quedó o no asentada, sino si
tenía una justificación institucional suficiente o si fue el resultado de una
instrumentalización del servicio para atender una rencilla particular. Sobre esto último, la
prueba testimonial ya reseñada resulta más elocuente que la simple existencia del
registro29.

29
Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado / expediente 66001-23-33-000-2014-00468-02 / archivo zip
«EDV_01EXPEDIENTEDIGITALI(.ZIP) NROACTUA 2» / archivo pdf «DISCIPLINARIO 2011 36 PARTE2 Folio
152.pdf» / folio 23 a 25

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

121. La Sala observa que tales registros tienen un carácter descriptivo y general, por
lo que, si bien corroboran la ocurrencia de procedimientos de conducción durante el turno
—incluyendo el ingreso y salida de personas de las instalaciones policiales—, no
permiten por sí solos establecer las circunstancias específicas en que se produjo la
conducción del ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez, ni el origen o finalidad concreta
de la intervención policial en su caso particular. Por consiguiente, las minutas de
vigilancia constituyen un elemento de corroboración periférica, en tanto confirman la
existencia de un procedimiento de conducción en el marco del servicio, pero no
desvirtúan ni modifican las conclusiones derivadas de la prueba testimonial, conforme a
las cuales la actuación que dio lugar a la intervención policial tuvo su origen en un
conflicto de carácter personal del disciplinado.

122. En segundo lugar, en lo que respecta al motivo del procedimiento policial, la Sala
encuentra especialmente relevante que el propio patrullero Henao Cano y el intendente
Echeverry Quebrada coincidieron en señalar que el desplazamiento al lugar de los
hechos obedeció a la intención del disciplinado de «hablar» con el ciudadano, en razón
de un conflicto previo, lo cual evidencia que la intervención policial no tuvo origen en un
requerimiento objetivo del servicio ni en una situación autónoma de alteración del orden
público, sino en una circunstancia de carácter personal.

123. En relación con el argumento del demandante, según el cual la conducción del
ciudadano Juan David Jaramillo Ramírez fue dispuesta por el jefe de vigilancia, la Sala
advierte que tal afirmación no encuentra respaldo en el material probatorio obrante en el
expediente. En efecto, si bien se acreditó la intervención del intendente Carlos Andrés
Echeverry Quebrada en su condición de jefe de vigilancia, lo cierto es que de su
testimonio y de los demás medios de prueba no se desprende que hubiera impartido la
orden de conducción. Por el contrario, se evidencia que su participación tuvo lugar
cuando la situación ya había sido generada en el lugar de los hechos, a partir de la
actuación previa del disciplinado, quien se desplazó hasta la residencia del ciudadano
con ocasión de un conflicto personal y propició el escenario que dio lugar a la intervención
policial. En ese contexto, la eventual intervención del superior no desvirtúa que la
actuación tuvo origen en un interés particular del actor ni excluye su responsabilidad
disciplinaria, en tanto la irregularidad radica en haber instrumentalizado la función policial
para atender un asunto de índole personal.

124. En tercer lugar, frente a las alegadas agresiones físicas, se observa una
divergencia entre los testimonios. Mientras el quejoso y sus familiares sostienen que fue
objeto de golpes por parte de varios uniformados, los funcionarios policiales que
intervinieron en el procedimiento niegan haber presenciado tales conductas y afirman
que el ciudadano ingresó a la estación sin lesiones visibles.

125. No obstante, la Sala advierte que los testimonios que dan cuenta de las
agresiones en la estación —como los de Jorge Alonso Castaño Tabares y Jaime
Jaramillo Márquez— tienen un carácter indirecto o de oídas, en la medida en que los
declarantes no presenciaron los hechos y su conocimiento proviene de lo que les fue
relatado por el propio afectado. Por su parte, los testimonios directos de los funcionarios
que se encontraban en el lugar no corroboran dichas agresiones.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

126. En cualquier caso, esta divergencia no resulta determinante para la resolución del
presente asunto, dado que, como se ha reiterado, el núcleo de la imputación disciplinaria
no radica en la acreditación de agresiones físicas, sino en la desviación del ejercicio de
la función policial para atender un asunto de índole personal.

127. En cuarto lugar, la Sala valora que algunos testimonios —como el del patrullero
Jakson Parra Bejarano— carecen de relevancia material para la definición del caso, en
tanto el declarante no tuvo conocimiento directo de los hechos investigados, mientras
que otros —como el del patrullero Mario Sánchez Martínez— aportan elementos
relevantes sobre el desarrollo del procedimiento dentro de la estación, confirmando la
conducción del ciudadano, su permanencia en la sala de reflexión y la ausencia de
lesiones visibles al momento de su ingreso.

128. Ahora bien, el apelante insiste en que no hay dictamen de medicina legal, historia
clínica ni incapacidad médica, y que varios uniformados dijeron no haber visto
agresiones. La Sala no desconoce esa circunstancia. En efecto, Henao Cano afirmó que
en la estación «no pasó nada, nadie lo agredió»; Echeverry Quebrada declaró que
cuando lo vio en La Flora y al subir a la patrulla no estaba lesionado; Mario Sánchez
Martínez indicó que el ciudadano llegó en buen estado físico aunque exaltado; e incluso
el patrullero Jorge Alonso Castaño Tabares, cuñado del quejoso, reconoció
expresamente que su conocimiento sobre lo sucedido en la estación se basaba en lo que
su cuñado le contó y que no presenció agresión alguna. Asimismo, el propio Juan David
admitió que no fue remitido a medicina legal y que no se le expidió incapacidad.

129. Sin embargo, como ya se explicó, esa línea defensiva no resulta apta para
desvirtuar el soporte esencial de la sanción. La inexistencia de prueba técnica de
lesiones podría ser decisiva si la falta endilgada hubiera consistido, exclusivamente, en
un maltrato físico o en una agresión personal consumada dentro de la estación. Pero no
lo es cuando la autoridad disciplinaria, asentó la responsabilidad en un comportamiento
distinto: la extralimitación funcional materializada en acudir al domicilio del ciudadano por
un conflicto privado, increparlo estando de servicio y provocar o propiciar su conducción
a la estación sin una razón funcional legítima. Así lo reconoció expresamente la sentencia
de primera instancia, al señalar que el centro de la imputación no era la agresión física,
sino el abuso de autoridad en el ejercicio de las funciones.

130. Visto el asunto desde ese ángulo, el material probatorio no solo es suficiente, sino
que es concordante en lo medular: (i) la queja y su ampliación, que ubican el origen del
episodio en el altercado del día anterior y en la espera del patrullero en la casa del
quejoso; (ii) el testimonio del compañero de patrulla, quien afirmó sin ambages que
fueron al barrio La Flora porque Muñoz Sierra necesitaba hablar con un señor con el que
había tenido un cruce de palabras; (iii) la declaración del jefe de vigilancia, que confirmó
el conflicto previo y la discusión en el lugar; y (iv) la declaración del padre del quejoso,
que relató cómo el patrullero llegó uniformado a buscar a su hijo por la discusión ocurrida
estando de civil. Esa coincidencia, apreciada de manera integral, permite reconstruir de
forma consistente el motivo real de la intervención policial.

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

131. Así las cosas, de la valoración conjunta del acervo probatorio, la Sala tiene por
demostrado los siguientes aspectos claves:

a) Existencia de un conflicto previo de carácter personal: diversos testimonios coinciden
en señalar que entre el disciplinado y el ciudadano existía un altercado previo, lo cual
explica el desplazamiento del patrullero al lugar de residencia del quejoso.
Particularmente, el patrullero que integraba la patrulla manifestó que el disciplinado
«necesitaba hablar con un señor con el cual había tenido un cruce de palabras el día
anterior».

b) Desplazamiento al domicilio del ciudadano por motivos ajenos al servicio: Se
encuentra acreditado que el actor acudió al domicilio del ciudadano, no en desarrollo
de un procedimiento regular de policía, sino en el contexto del conflicto personal
referido. Lo anterior desvirtúa la tesis defensiva según la cual se trató de una
actuación estrictamente funcional.

c) Conducción del ciudadano sin justificación objetiva suficiente: Si bien algunos
testimonios indican que el ciudadano se encontraba alterado, lo cierto es que no se
acreditó una situación concreta que exigiera la conducción, ni un procedimiento
formal que justificara la restricción de su libertad. Por el contrario, los elementos
probatorios permiten inferir que la conducción obedeció, principalmente, a la situación
personal existente entre las partes.

d) Concordancia probatoria sobre el uso indebido de la función: a diferencia de lo
sostenido por el apelante, no se evidencia una contradicción sustancial en los
testimonios respecto del hecho central, esto es, la utilización de la investidura policial
para gestionar un asunto personal. Las eventuales divergencias entre los declarantes
se refieren a aspectos accesorios (como la existencia de agresiones), pero no
desvirtúan el núcleo de la conducta reprochada.

132. Para la Sala, la eventual divergencia entre declaraciones no impide su valoración,
sino que exige un análisis más riguroso bajo las reglas de la sana crítica. En el presente
asunto, las pruebas testimoniales, apreciadas en conjunto, permiten establecer de
manera coherente que el disciplinado acudió al lugar de los hechos en razón de un
conflicto personal previo, increpó al ciudadano involucrado, y dio inicio a un
procedimiento policial sin una justificación objetiva propia del servicio Así, lejos de
evidenciar inconsistencias sustanciales, los testimonios resultan convergentes en lo
esencial, lo que refuerza su credibilidad.

133. En este contexto, a partir de la valoración conjunta del material probatorio, la Sala
tiene por demostrado que el disciplinado, en ejercicio de sus funciones, se desplazó al
lugar de residencia del ciudadano con ocasión de un conflicto personal previo, lo increpó
por dicha situación y promovió su conducción a la estación de policía sin que mediara
una justificación objetiva propia del servicio, lo que constituye una utilización indebida de
la función pública.

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

134. En consecuencia, la Sala alcanza el grado de certeza exigido por el artículo 142
de la Ley 734 de 2002 respecto de la ocurrencia de la falta y la responsabilidad del
disciplinado, sin que las inconsistencias menores en algunos testimonios o la falta de
prueba sobre eventuales agresiones físicas desvirtúen la configuración de la conducta
disciplinaria imputada.

3.3.6.4. Inexistencia de duda razonable relevante

135. La Sala advierte que no se configura una duda razonable en los términos del
artículo 9 de la Ley 734 de 2002. En efecto, la duda alegada por el apelante gira en torno
a la existencia de agresiones físicas, pero, como se indicó, ese no es el hecho
determinante de la imputación. Por el contrario, frente al aspecto central (uso indebido
de la función), el acervo probatorio es concordante, resulta suficiente, y permite alcanzar
un grado de convicción razonable. Por ende, no había lugar a aplicar el principio de in
dubio pro disciplinado.

136. No desconoce la Sala que existen algunas divergencias secundarias entre los
declarantes, particularmente acerca de la intensidad del altercado, la existencia de
golpes o el trato dispensado dentro de la estación. Pero tales divergencias no afectan el
hecho central jurídicamente relevante. Antes bien, revelan que la autoridad disciplinaria
no se limitó a reproducir sin matices una sola versión, sino que valoró un cuadro
probatorio heterogéneo del cual extrajo, con razonabilidad, aquello que aparecía
sólidamente demostrado. La sana crítica no exige uniformidad absoluta de las
declaraciones sobre todos los pormenores del suceso; exige, más bien, que la autoridad
identifique cuáles extremos fácticos se encuentran corroborados por distintas fuentes y
cuáles permanecen inciertos. Aquí, el extremo acreditado es el uso de la función para
dirimir un problema personal; el extremo dudoso, en cambio, es la entidad exacta de las
agresiones físicas en la estación. Y precisamente porque la sanción no se fundó
decisivamente en este último, la valoración probatoria no puede calificarse de arbitraria.

3.3.6.5. Presunción de inocencia, duda razonable y carga de la prueba

137. El apelante insiste en que existía duda sobre la ocurrencia de la conducta y, por
ende, debía aplicarse el principio de in dubio pro disciplinado.

138. Sobre el particular, la Sala advierte que el estándar probatorio en materia
disciplinaria, conforme al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, exige certeza sobre la
existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. Dicha certeza no implica
ausencia absoluta de cualquier discrepancia, sino la existencia de un grado de convicción
suficiente, derivado de la valoración integral del acervo probatorio. En el caso concreto,
como quedó expuesto, los testimonios coinciden en aspectos esenciales, se acredita la
existencia de un conflicto personal previo, y se demuestra la utilización del procedimiento
policial sin justificación funcional. En consecuencia, no se configura una duda razonable
que imponga la aplicación del principio in dubio pro disciplinado.

139. Tampoco se advierte vulneración de la presunción de inocencia, en tanto, la
responsabilidad del disciplinado no fue presumida, sino inferida a partir de pruebas legal

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

y oportunamente recaudadas, valoradas conforme a criterios de razonabilidad. En
consecuencia, la carga probatoria fue satisfecha por la administración.

140. La duda que invoca el apelante no recae sobre el núcleo de la conducta
sancionada, sino sobre un elemento periférico respecto del juicio disciplinario finalmente
formulado. No existe, en cambio, una duda razonable insuperable sobre que el patrullero
Muñoz Sierra, encontrándose de servicio, acudió al barrio La Flora a encarar a un
particular con quien tenía un altercado previo, que lo esperó, que lo increpó y que luego
terminó conduciéndolo a la estación de policía. Ese encadenamiento fáctico fue
suficientemente acreditado y desvirtúa la presunción de inocencia en relación con la falta
reprochada. La administración, entonces, sí cumplió la carga de la prueba que le
correspondía conforme a la Ley 734 de 2002.

141. En todo caso, no pasa la Sala por alto que incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, artículo 167 del
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, y en ese sentido, el demandante debió
demostrar que la conducción del ciudadano a la Estación de Policía obedecía a una
situación que de acuerdo con las normas legales ameritaba dicha determinación, lo cual
no ocurrió en este caso.

3.3.6.6. Sobre la alegada falsa motivación

142. Esta causal no se configura por el solo hecho de que la parte afectada discrepe
de la apreciación probatoria o proponga una lectura distinta de los testimonios. Para que
exista falsa motivación debe evidenciarse una ruptura entre los hechos acreditados y la
decisión adoptada, bien porque los supuestos fácticos no estén demostrados, bien
porque se hubieran omitido hechos relevantes que, de haberse considerado, habrían
impuesto una solución diferente. Eso no acontece en este asunto. Los actos disciplinarios
no afirmaron como base exclusiva de la sanción la comprobación médico-legal de unas
lesiones, ni derivaron la responsabilidad de una versión aislada o caprichosa; por el
contrario, razonaron sobre el conjunto de declaraciones y sobre los registros del
procedimiento para concluir que el patrullero utilizó su investidura con fines ajenos al
servicio. Esa inferencia encuentra respaldo suficiente en el expediente, por lo que no
puede predicarse una motivación falsa o inexistente.

143. En ese sentido, la Sala considera que no se configura falsa motivación, pues, las
decisiones disciplinarias identificaron claramente los hechos relevantes, valoraron las
pruebas de manera conjunta, y expusieron las razones que condujeron a la imposición
de la sanción. Por tanto, la decisión se encuentra soportada en elementos probatorios
suficientes y en una inferencia razonable.

144. En suma, el examen integral del acervo probatorio permite concluir que la
administración disciplinaria no sancionó al actor a partir de simples conjeturas ni de
apreciaciones subjetivas desprovistas de soporte, sino sobre la base de un conjunto de
medios de convicción legalmente recaudados y valorados de manera conjunta. De ellos
emerge, con el grado de certeza exigido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que
el patrullero utilizó el servicio y la investidura policial para fines personales,

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Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
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desnaturalizando el procedimiento de conducción y afectando con ello el deber funcional
de ejercer el cargo con diligencia, eficiencia e imparcialidad. Por ende, no se configuró
el defecto probatorio que denuncia el apelante, no se desconoció la presunción de
inocencia, no operaba una duda razonable que obligara a absolverlo y, por la misma
razón, no hay lugar a declarar la falsa motivación de los actos acusados.

145. En línea con lo expuesto, la Sala no comparte el planteamiento general expuesto
por el apelante al afirmar que el tribunal realizó un análisis superficial del proceso
disciplinario, limitándose a acoger lo decidido por la autoridad administrativa. En el
presente caso, como quedó expuesto, se observa que la sentencia de primera instancia
analizó el acervo probatorio en su conjunto, verificó el respeto por las garantías
procesales, y concluyó que la sanción disciplinaria se encontraba debidamente
sustentada. En ese sentido, no se evidencia la alegada vulneración del debido proceso,
pues el a quo no se limitó a un control formal, sino que desarrolló un examen material
del caso.

146. Así las cosas, el primer problema jurídico se resuelve en el sentido de concluir
que no se vulneró el debido proceso de Miguel Ángelo Muñoz Sierra por insuficiencia
probatoria, indebida valoración de la prueba, desconocimiento de la presunción de
inocencia o de la duda razonable, ni se configuró falsa motivación en los actos
disciplinarios demandados, razón por la cual el cargo no prospera.

3.4. Estudio y resolución del segundo problema jurídico

3.4.1. Tipicidad de la falta disciplinaria

147. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del
sujeto disciplinable desde tres factores: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad,
los cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal.

148. La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su
fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso,
conforme al cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución Política). Dicho principio
cumple la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de
forma previa y clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la
seguridad jurídica30.

149. A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las
conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa,
sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del
legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los
servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que

30
Constitución Política, art. 29.

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establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se
deriva la adecuación específica de la conducta31.

150. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en
blanco son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor
precisión los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005,
esa corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias
que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo
integrado por las disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y
prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos»32.

151. Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el
comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el
hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un
margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda
extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de
legalidad33.

152. De acuerdo con lo expuesto, el juicio de adecuación típica en materia disciplinaria
es el proceso detallado de razonamiento metodológico, mediante el cual se compara la
conducta real y comprobada de un servidor público con la descripción abstracta de una
falta establecida en la ley. En ese sentido, consiste en determinar si el comportamiento
encaja en el tipo disciplinario, garantizando el principio de legalidad34.

153. Se trata de una confrontación objetiva o subsunción lógica-jurídica, en la que se
analiza si el hecho probado coincide exactamente con los elementos normativos de la
falta descrita en el estatuto disciplinario u otras normas especiales, como ocurre con los
tipos en blanco, en los que, se requiere integrar la descripción típica con normas
complementarias, tales como, otras normas que establecen deberes o prohibiciones, por
ejemplo, manuales de funciones, reglamentos, entre otros, para establecer la falta con
precisión35. Su finalidad primordial es asegurar que no se sancione conducta alguna que
no esté previamente definida como falta en virtud del principio de legalidad en materia
punitiva en sentido estricto: nullum crimen, nulla poena sine lege, según el cual, ningún
delito, ninguna pena, sin ley previa, recogido por el constituyente de 1991 en el artículo
29.

31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 11001-03-
25-000-2021-00261-00.
32
Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-
25-000-2020-00210-00.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 06 de febrero de 2020, expediente 25000-23-
42-000-2013-06021-01(3003-17).
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente 11001-03-
25-000-2013-00234-00(0530-13).

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3.4.2. Contenido y alcance de la falta disciplinaria señalada en el artículo 37 de la
Ley 1015 de 2006

154. La Ley 1015 de 2006, luego de señalar en los artículos 34, 35 y 36 las faltas
gravísimas, graves y leves, determinó en el artículo 137, «otras» faltas en que pueden
incurrir los miembros de la Policía Nacional:

«Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen faltas
disciplinarias la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las
prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados
en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano,
las leyes y los Actos Administrativos.

Parágrafo. Para efectos de determinar la gravedad o levedad de la falta, por vía de
remisión, constituye falta gravísima la que está taxativamente señalada en la ley o aquella
que constituya causal de mala conducta. En las demás, se determinará si la falta es grave
o leve con base en los siguientes criterios:
1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando en la Institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán
teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento
de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del
cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un
superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias
o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.
7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o
servidores públicos, y
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave,
será considerada falta grave.».

155. La Sala considera que en dicha disposición, se tipifican de manera general y
amplia, comportamientos que implican un desconocimiento de los deberes funcionales,
por ejemplo, cuando el servidor público utiliza su investidura para fines distintos a los del
servicio o incurre en actuaciones que comprometen la legalidad, la disciplina y la
confianza en la institución.

156. De esta manera, el alcance de esta norma comprende, en términos genéricos,
aquellas conductas en las cuales el servidor policial, en ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas, despliega actuaciones que desbordan los límites de la función pública,
ya sea mediante el uso indebido de la autoridad, la extralimitación en sus competencias
o la desviación del poder funcional hacia intereses particulares.

3.4.3. Contenido y alcance de la falta disciplinaria señalada en el artículo 34
numeral 2 de la Ley 734 de 2002

157. El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece los deberes de todo servidor
público, dentro de los cuales, en su numeral 2, dispone:

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«2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función».

158. Este deber funcional impone a los servidores públicos la obligación de ejercer sus
funciones conforme a los fines del Estado y a los principios que rigen la función
administrativa, lo que implica que toda actuación debe estar orientada al cumplimiento
del servicio y no a la satisfacción de intereses particulares.

159. En ese sentido, el alcance de la norma comprende, de una parte, el cumplimiento
adecuado de las funciones asignadas y, de otra, la prohibición de incurrir en actuaciones
que impliquen el uso indebido del cargo o la desviación de la función pública hacia fines
distintos a los institucionales.

160. Asimismo, la expresión «abuso indebido del cargo o función» contenida en la
disposición supone la utilización de las facultades propias del empleo público para
finalidades ajenas al servicio, lo cual se configura cuando el servidor actúa por fuera de
los límites funcionales o emplea su investidura para obtener ventajas personales o
resolver asuntos de carácter particular.

161. En el caso de los miembros de la Policía Nacional, este deber adquiere una
especial relevancia, en atención a las funciones de protección del orden público y
garantía de derechos que les son propias, de manera que el ejercicio de sus
competencias debe sujetarse estrictamente a los fines del servicio y a los principios de
legalidad y proporcionalidad.

162. En consecuencia, la infracción de este deber se configura cuando el servidor
público, en ejercicio de sus funciones, actúa por fuera de los fines del servicio, emplea
su investidura de manera indebida o utiliza los procedimientos institucionales para
atender intereses personales, circunstancias que deben ser acreditadas en cada caso
concreto a partir del acervo probatorio.

3.4.3. Estudio del caso en concreto

163. Contrario a lo afirmado por el apelante, la Sala encuentra que la conducta atribuida
al disciplinado sí se adecua típicamente a las normas aplicadas, por las siguientes
razones:

3.4.3.1. Existencia del deber funcional vulnerado

164. En su condición de patrullero de la Policía Nacional, el demandante estaba
obligado a actuar con imparcialidad, ejercer sus funciones con estricta sujeción a los
fines del servicio, y abstenerse de utilizar su investidura para fines personales.

165. Este deber se deriva tanto del artículo 34 de la Ley 734 como del régimen especial
de la Policía Nacional (Ley 1015 de 2006), que exige un estándar reforzado de conducta
en razón de la función de mantenimiento del orden público.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

3.4.3.2. Conducta desplegada: uso indebido de la función

166. Tal como se acreditó en el estudio y resolución del primer problema jurídico, el
disciplinado, se desplazó al domicilio del ciudadano en razón de un conflicto personal
previo, lo increpó estando en servicio y propició su conducción a la estación de policía
sin una justificación funcional suficiente. Esta conducta no corresponde al ejercicio
legítimo de la función policial, sino a su utilización para fines ajenos al servicio.

167. El abuso de la función se configura cuando el servidor público se aparta de los
fines del servicio, y utiliza sus competencias con desviación de poder o finalidad
indebida.

168. En el presente caso, la conducta no consistió simplemente en una irregularidad
procedimental, sino en un desvío funcional, dado que la actuación policial no estuvo
orientada a garantizar el orden público, sino a resolver una disputa personal,
instrumentalizando para ello la autoridad estatal. Este elemento resulta suficiente para
estructurar la tipicidad disciplinaria, incluso al margen de la acreditación de una agresión
física.

169. En consecuencia, constituye falta disciplinaria el uso de la función policial para
atender conflictos de carácter personal, aun cuando no se acrediten actos de violencia
física, en tanto ello implica una desviación del servicio y una afectación sustancial del
deber funcional.

3.4.3.3. Adecuación típica y principio de legalidad: correspondencia entre los
hechos y el tipo disciplinario.

170. La anterior conducta encuadra de manera directa en el tipo disciplinario aplicado,
en tanto configura un abuso de la función pública, entendido como el uso de las
potestades funcionales con desviación de los fines del servicio. En efecto, la conducción
del ciudadano no obedeció a un procedimiento legítimo, sino a la instrumentalización de
la función para resolver un asunto personal, lo cual vulnera el deber de imparcialidad y
rectitud en el ejercicio del cargo.

171. En este contexto, la Sala observa que el disciplinado activó el aparato funcional
de la Policía, en ejercicio de su cargo, para atender un interés particular. Lo anterior
encuadra plenamente en la prohibición de abusar del cargo o de la función, prevista en
el régimen disciplinario aplicable.

172. Por lo tanto, para la Sala existe plena correspondencia entre los hechos probados
y la norma aplicada, porque la autoridad disciplinaria identificó correctamente el deber
funcional vulnerado, y explicó de manera suficiente la forma en que el comportamiento
del disciplinado se subsume en el tipo disciplinario. En consecuencia, no se configura
una indebida adecuación típica ni se vulnera el principio de legalidad.

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

3.4.3.4. Desestimación de los argumentos del apelante

173. Ahora bien, el apelante sostiene que la conducta es atípica porque no se probó
una agresión física, y los hechos no corresponden al tipo aplicado. No obstante, este
argumento parte de una premisa equivocada, consistente en identificar el núcleo de la
imputación con la supuesta agresión física.

174. Como ya se explicó, la imputación disciplinaria no se estructuró sobre la agresión,
sino sobre el uso indebido de la función policial. En consecuencia, la ausencia de prueba
sobre lesiones o las contradicciones en torno a la agresión no inciden en la configuración
del tipo disciplinario aplicado.

175. Por consiguiente, no prospera el cargo de atipicidad formulado por el demandante,
por cuanto se acreditó que el disciplinado utilizó su investidura policial para intervenir en
un asunto de carácter personal, conducta que se adecua al tipo disciplinario de abuso de
la función, conforme a las normas aplicables.

3.5. Conclusión

176. En suma, la Sala concluye que los actos administrativos demandados se ajustan
al ordenamiento jurídico, en tanto no se acreditó la vulneración del debido proceso ni del
derecho de defensa alegados por Miguel Ángelo Muñoz Sierra, pues la actuación
disciplinaria se adelantó con observancia de las garantías propias de este derecho
fundamental y las decisiones se encuentran debidamente motivadas y fundadas en un
acervo probatorio suficiente, valorado de manera integral conforme a las reglas
establecidas en la Ley 734 de 2002.

177. Así mismo, se estableció que la conducta atribuida al disciplinado fue
correctamente calificada como falta disciplinaria, al evidenciarse que incurrió en una
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, al utilizar su investidura como miembro
de la Policía Nacional para atender un conflicto de carácter personal, comportamiento
que fue acreditado en el proceso y atribuido a título de dolo.

178. En consecuencia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados, se impone confirmar la decisión adoptada en primera
instancia.

3.6. Costas

179. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario36 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no

36
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,

Radicación: 66001-23-33-000-2014-00468-02 (3181-2021)
Demandante: Miguel Ángelo Muñoz Sierra
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, siguiendo
el derrotero expuesto, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 23 de abril de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).

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