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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00210-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00210-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia de segunda instancia proferida el 18 de abril de 2018 del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001 333 3 009 2013 00549 02, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con fundamento en las razones expuestas. SEGUNDO: S in condena en costas. 39 C o n s e j o d e E s t a d o , Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000- 2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000- 2018-01884-00(REV). www.consejodeestado.gov.co 30 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001 0325 000 2020 00210 00 (0269-2020) Demandante: Pensiones de Antioquia TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00210-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C. , siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción especial de revisión.
Radicado: 11001-0325-000-2020-00210 00 (0269-2020)
Accionante : Pensiones de Antioquia
Demandado: Estella Gómez Aristizábal

Tema: Causales de revisión a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación pensional.
Régimen de transición, factores salariales.

SENTENCIA UNI CA I NSTANCIA

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por Pensiones de Antioquia contra la sentencia de l 18
de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. DEMANDA DE NULIDAD Y RE STABLECIMIENTO DEL
DERECHO

La señora ESTELLA GÓMEZ ARISTI ZÁBAL en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó
declarar la nulida d de la Resolución No 000261 del 5 de junio de
2012, por medio del cual se negó la solicitud de reliquidación
pensional.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la
demandada (i) reliquidar su pensión reconocida teniendo en cuenta
el promedio y los factores salariales que devengó en el último año

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Demandante: Pensiones de Antioquia

de servicios, esto es, entre el 27 de noviembre de 2008 y el 26 de
noviembre de 2009, y (ii) pagar las dif erencias generadas desde el
día en que cumpl ió los requisitos pa ra obtener el reconocimiento
prestacional, dando cumplimiento a la sentencia en los t érminos de
los artículos 176 y 177 del «CCA».

1.2. Fundamentos fácticos 1

La señora Estella Gómez Aristizábal relató que nació el 24 de
septiembre de 1954 y prestó sus servicios como emplead a pública
en el departamento de Antioquia desde el 22 de enero de 1986
hasta el 26 de noviembre de 2009.

Mediante Resolución 000489 del 13 de octubre de 2009 2, Pensiones
de Antioquia le reconoció una pensión atendiendo únicamente el
sueldo percibido durante los últimos 10 años de servici o.

El 16 de febrero de 2012 , presentó reclamación administrativa ante
Pensiones de Antioquia con el fin d e obtener el reconocimiento y
pago del reajuste prestacional , con base en todo lo percibido
durante el último año de servicio.

La entidad demandada respondió negativamente , a través de la
Resolución No 00 0261 del 5 de junio de 2012 3, expedid a por la
directora jurídica de la Gobernación de Antioquia.

1.3. Sentencia de primera instancia 4

El 29 de abril de 2016 , el Juzgado Noveno Administrativo del
Circu ito de Medellín profirió sentencia de primera instancia
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, bajo los siguientes argumentos:

1 Folio 58 a 83
2 Folio 35
3 Folio 74
4 Folios 111.

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Declaró la nulidad de la Resolución No 00261 del 5 de junio de
2001, por medio de la cual se negó la solicitud de reliquidación
pensional en el sistema general de pensiones.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó a Pensiones de Antioquia , a reliquidar la
pensión de la señora ESTELLA GÓMEZ ARISTIZÁBAL con el 75%
del salario promedio que percibió en el último año de servicio ,
teniendo en cuenta como factores constitutivos de salario: l a
asignación básica, el subsidio de transporte y las primas de
vacaciones y navidad.

Lo anterior, con sustento en que se demostró que la demandante
(i) nació el 24 de septiembre de 1954 , (ii) t rabajó por más de 20
años en el Departamento de Antioquia y (iii) está amparad a por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 .

Consideró que, según la posición unificada del Consejo de Estado
en sentencia del 4 de agosto de 2010, ratificada el 25 de febrero
de 2016, a la demandante se le debió aplicar el régimen previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985 de manera integral; en ese orden,
concluyó que tenía de recho a la reliq uidación solicitada, con una
tasa del 75% del promedio de salarios devengados en el último año
de servicio, incluyendo todos los factores salariales que percibió
en ese interregno.

1.4. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad
demandada interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que,
en este caso, no era posible acceder a liquidar la pe nsión de la
accionante con las condiciones planteadas en la demanda, puest o
que a los beneficiarios de la transició n, afiliados al régimen general
de pensiones, se les debe respetar la edad, el tiempo y el monto de
dicho sistema pensional anterior ; sin embargo, el IBL al cual debe
acudirse es el previsto en el inciso 3.° del citado artículo 36 de la
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Ley 100 de 1993 si al afiliado le faltan menos de 10 años para
adquirir el derecho o el del artículo 21 de la misma ley si le faltan
10 años o más para adquirir el derecho.

Conjuntamente, debía acudirse a los factores taxativamente
incluidos en la norma aplicable, como es el Decreto 1158 de 1994
y no se pueden incluir factores sobre los que no se hicieron aportes,
al ir en contravía de los principios de solidaridad, orden justo,
sostenibilidad financiera y fiscal del sistema pensional.

1.5. Sentencia objeto de revisión 5

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante fallo del 18 de
abril de 2018 , modificó los numerales tercero y sexto , y confirmó en
todo lo demás la sentencia de primera instancia proferida el 29 de
abril de 2016 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Medellí n .

En la parte resolutiva, dispuso lo siguiente:

“ PRI M ERO : SE MO DI FI CAN los NU M ERALES TE RCE R O ,
SEXTO de la sent encia del 29 de abr il de 2016, pr of er ida por
el Juzgado Noveno Adm inist r at ivo de M edellí n, los cuale s
quedar án así :

TERC ERO : SE DECLARA la nul idad de la Resoluc ión No 0026 1
de 5 DE JU NI O DE 2 012 “ Por m edio de la cual se r esue lve un a
solic it ud de r eliqu id ación en el sist em a gener al de pension e s ”
y niega la so lic i t ud de la se ñor a ESTEL LA G Ó M EZ
ARI STI ZÁB AL 6.

5 Folios 126z
6 Numeral tercero de la sentencia de primera instancia era el siguiente:
Tercero: Se declara la nulidad de la Resolución número 0261 del 5 de junio
del 2001 por medio del cual se resuelve una solicitud de reliquidación el
sistema general de pensiones y niega la solicitud de la señora Estela Gómez
Aristizábal.
El Numeral Sexto de la sentencia de primera instancia, e ra el siguiente: Sexto:
La reliquidación de la pensión decretada ser á ajustada en los términos del
artículo 187 del CAPA, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
El pago de las diferencias entre la mesa reconocida y la que se ordena
reconocer en esta sentencia deberá efectuarse a partir del 16 de enero del
2009 por prescripción trienal . Las sumas reconocidas serán indexadas

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Demandante: Pensiones de Antioquia

SEXTO : La r eliqui dación de la pen sión decr et ada ser á
aj ust ada en los t érm inos del ar t í culo 187 del CA PA, hast a l a
f echa de ej ecut or ia de la pr esent e pr ovidencia. El pago de las
dif er encias ent r e la m esada r econocida y la que se or dena
r econocer en est a sent encia, deber á e f ect uar se a par t ir del
veint is iet e de novie m br e de 2009. Las sum as aquí r econocid as
ser án indexadas.

( …)

CUAR TO : SE CO NFI RM A, en t odo lo dem ás” .

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, señaló que la Ley 100 de 1993 creó el sistema de
seguridad social in tegral y en su artículo 36 estableció un régimen
de transición en virtud del cual, las mujeres y los hombres que
contaran con 35 y 40 años de edad, respectivamente, o con 15 de
servicio cotizados, continúan bajo las condiciones de la ley anterior.

Posteriormente expuso que el Consejo de Estado, en sentencia del
18 de febrero de 2010, explicó que el artículo 36 de la L ey 100 de
1993 debía ser interpretado conforme al principio de fa vorabilidad;
asimismo explicó que en la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 4 de agosto de 201 0, se advirtió que, el artículo
3° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año,
previó que el ingreso base de liqu idación para los empleados
oficiales del o rden nacional está integrado por los factores
salariales que hayan servido como bas e para efectuar los aportes,
sin hacer mención taxativa de aquellos. Por ello, es posible incluir
cualquier concepto que el trabajador haya devengado de forma
habitual y como contraprestación de su labor durante el último año
de servicio, con excepción de la prima de vida cara.

En ese orden, aseguró que la demandante acreditó los requisitos
para acceder al régimen de transición de la citada Ley 100 de 1993
y, por esa razón, tiene derecho a que se le aplique en su integridad
el régimen consagrado en la disposición legal anterior .

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Precisó que la apoderada de la parte demandante manifestó que la
resolución declara da nu la es del año 2012 y no del 2001 como lo
indicó la juez y efectivamente la Resolución de mandada 000261 por
medio de la cual se resolvió la solicitu d de reliquidación, tiene fecha
de 5 de junio de 2012, en consecuencia, modificó el numeral
TERCERO en el se ntido de aclarar el acto demandado .

Consideró que también se debía modificar la sentencia de primera
instancia, en el sentido de ordenar los descuentos por concepto de
aportes no efectuados sobre los factores salariales que se
ordenaron incluir en la reliquidación pensional, desde el 27 de
noviembre de 2009 y hasta la ejecutoria de la providencia.

1.6. La acción de revisión 7

Pensiones de Antioquia compareció ante esta Corporación en
ejercicio de la acción especial de revisión contra la sentencia del
18 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia , con la siguiente :

1.6.1. Pretensi ón

«[ …] la r evisión de l a sent encia de segu nda inst ancia de l 18 de abr il
de 2018 expedida dent r o del m edio de cont r ol de NULI DAD Y
RESTA BLE CI M I ENTO DEL DERE CHO r adicado 05 001 33 33 1 009
2013 00549 02, por el Tr ibunal Adm inist r at ivo de Ant ioquia, e n
consecuenci a, decr et e su r evocat or ia y deniegu e las pr et ensiones
de r eliqu idac ión de l a señor a ESTELLA G ÓM EZ ARI STI ZÁB AL . » 8.

La entidad invocó como causales de revisión las previstas en los
literales a) y b) de l artículo 20 de la Ley 797 de 2003 9, norma que
se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión

7 Folios 1 a 5
8 Folio 3 del expediente.
9 «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»

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contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que
reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.
b) Cuando la cua ntía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables.

Para fundamentar sus pretensiones, la entidad recurrente sostuvo
que la orden de reliquidación pensional impartida en las sentencias
dictadas dentro del proceso 05001333300920130054902 se profirió
con violación al debido proceso , en tanto desconoció el
precedente judicial contenido en la sentencia C-258 de 2013 de la
Corte Constitucion al.

En cuanto a la segunda causal, señaló que, de acuerdo con el fallo
del Tribunal Admin istrativo de Antioq uia, la cuantía de la pensión
de la señora Estella Gómez Aristizáb al excedió lo debi do , esto en
consonancia con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el
Acto Legislativo 01 de 2005, que son las normas legalmente
aplicables, de conformidad con la interpretación dada al régimen de
transición en la sentencia C–258 de 2013 de la Corte
Constitucional.

Asimismo, en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 se
establecieron los f actores que constit uyen el salario mensual de los
servidores público s para calcular las cotizaciones en pensiones y
con base en ellos, el empleador efectuó los apo rtes a Pensiones de
Antioquia, la cual, con base en los mismos, computó el monto de la
pensión a favor de su afiliad a.

1.7. Contestación de la acción de revisión

La señora ESTELLA GÓMEZ ARISTIZÁBAL no contestó l a acción
de revisión según lo indica el informe secretaria l obrante a folio
178.
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II. CONSIDERACI ONES

2.1 Competencia

El recurso extra ordinario de revisión contra las sentencias
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
establecido en el Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de
1998 y actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011,
en sus artículos 248 a 255.

El artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos son de conocimiento de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.

Por su parte , el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , precisa que
«las providencias judiciales que h ayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitu d del Go bierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación».

En tal sentido y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver el recurso formulado es de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.

«Ar t í culo 13. - Dist r ibución de los pr oces os ent r e las sec ciones.
Par a ef ect os de r epar t im ient o, los asunt os de que conoce la
Sala de lo Co nt enci oso Adm inist r at ivo s e dist r ibuir án ent r e sus
secciones at end ien do un cr it er io de especial izac ión y de
volum en de t r abaj o, así :

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Sección Se gunda:

[ …]

3. El r ecur so ext r a ordinar io de r evisión c ont r a las sent encias de
única inst ancia dict adas por los t r ibuna les adm in ist r at ivos, en
asunt os r elaciona do s con la com pet encia de est a sección [ …] »

Por lo anterior, est a Subsección es competente para conocer de la
acción de revisión formulada por Pensiones de Antioquia contra la
sentencia del 18 de abril de 2018 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia .

2.2. Oportunidad

La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo», no obstante, la Corte Const itucional en la
sentencia C-835 de 2003 10, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[ …] Consecuent em ent e, la sol icit ud de r evisión que est ab l ece el
ar t í culo 20 acusado deber á f or m ular la el r espect ivo f uncionar io, de
acuer do con la j ur isdicció n que envuel v a al act o adm inist r at ivo,
dent r o del t ér m ino est ablecido e n el ar t í culo 187 del Códig o
Cont encioso A dm ini st r at ivo, o dent r o del t ér m ino pr evist o en el
ar t í culo 32 de la ley 712 de 2001. Tér m in os que en t odo caso t ienen
f uer za vinculant e a par t ir de est e f allo [ .. . ] ».

En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que la solicitud de revisió n fue presentada en vigencia
de esta 11, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general,

10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la
solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el
respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
11El 25 de noviembre de 2019, según da cuenta el sello de Secretaría de esta
Corporación, que se aprecia en el folio 5 del cuaderno principal.

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debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso fina l ibidem precisó lo siguiente:

«[ …] En los casos pr evist os en el art ículo 20 de la Ley 797 de
2003, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años
sigui ent es a la ej ecut or ia de la pr ovide ncia j udic ial o en l os casos
de que ella no se requier a, dent r o del m ism o t ér m ino contado a
par t ir d el per f eccionam ient o del a cuer do t r ansaccional o
concil iat or io [ …] ».

Ahora bien, en este caso, la solicitud de revisión se presentó en
tiempo, toda vez que la decisión judicial de segunda instancia que
se cuestiona fue proferida el 18 de abril de 2018 por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia, se notificó el 18 de abril de
2018 (f. 134), quedando ejecutoriada el 24 de abril de e se año y la
acción de revisión se radicó en la Se cretaría de la Corp oración el
25 de noviembre de 2019 12.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos de la acción de revisión , le
corresponde a la Sala resolver los sig uientes interrogantes :

En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 18 de abril
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
confirmatoria de la providencia de 29 de abril de 2016 dictada por
el Juzgado Noveno Administrativo de Medellín incurrió e n las
causales de revisió n previstas en los literales a) y b ) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al condenar a Pensiones de Antioquia, a
reliquidar la pensión de jubilación de la señora Estella Gómez
Aristizábal, con la inclusión de la totalidad de los factores salaria les
devengados durante el último año de servicios.

Para resolver el anterior planteamiento, p reviamente la Sala se
referirá (i ) a la acción especial de revisión y las causales

12 F l . 5.

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contempladas en los literales a) y b ) del art ículo 20 de la Ley 797
de 2003, y, (ii) a la liquidación de la s pensiones que están sujetas
al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con el fin de establecer si la sentencia objeto de revisión
incurrió en las cau sales invo cadas en la presente acción especial.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. La acción especial de revisión y las causales
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 .

La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar
una providencia judicial ya ejecuto riada, siempre y cuando se
configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA 13 (antes artículo 188 del CCA), situación
que es posible entenderse como una de las excepciones al principio

13 A r t í c u l o
250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido pr oferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sent encia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sente ncia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódic a, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada.

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de la cosa juzgada 14, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de
legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir por
el grave desconocimiento de los princi pios fundamentales del
proceso.

Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considerada precisamente como una acción especial 15, con
algunas diferencias referida s a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagadas con carg o al tesoro público y contrarrestar los
casos de corrupción en esta materia 16 y para ejercerla se requiere
de un solicitante calificado 17, que a su vez puede ser un tercero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

14 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós
(22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-
2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Tr abajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se
le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “ acción especial de revisión” previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno
Nacional y a los mecan ismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de
proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la vi abilidad financiera
del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
16 C o n s e j o d e E s t a d o . S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . S e c c i ó n S e g u n d a

– Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D.
C. diez (10) de agosto dos mil dieci siete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel
Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de
enero de 1984, CCA.
17Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 18 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, solic iten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.

Debe señalarse que, a través del Decre to 3780 de 1991 19, expedido
por el gobernador del Departamento de Antioquia, se creó
«Pensiones de Antioquia», cuyos afiliados son los servidores
públicos de ese ente territorial, la Asamblea Departamental, la
Contraloría General de Antioquia y los servidores públicos de las
entidades descentralizadas del orden departamental que, para el 14
de abril de 1994 se encontraban laborando al servicio de dichas
entidades del orden territorial; esta ordenanza fue modificada hasta
llegar finalmente a la Orden anza 30 de 2003, en la cual dejó de
depender de una Secretaría Departamental y pasó a administrar el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida dentro del
Sistema General de Pensiones 20.

En cuanto a la legitimación de Pensiones de Antioquia para
promover la revisió n de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 sostuvo lo siguiente:

«[ F] r ent e a la legit im ación par a int er poner el r ecur so de r evisión
por la conf igur ac ión de un abuso del de r echo, com oquier a que la

Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00
(0704 2014). Demandante: Unidad Admin istrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-.
Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión.
18 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previst o en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
19 A l l e g a d o a folios 34 y s.s. del cuaderno principal.
20 h t t p s : / / w w w . p e n s i o n e s d e a n t i o q u i a . g o v . c o / i n d e x . p h p / e n t i d a d

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Const it ución no r eguló la t it ular idad par a int er poner lo, debe
ent ender se que r ecae, adem ás de los suj et os est ablecidos en la
Ley 797 de 2003, en cabeza de l as adm inist r ador as de pensiones
encar gadas de l pag o de las pr est acion es per iód icas r econ ocidas
de m aner a ir r egular , pues son las pr im er as inst it uci ones llam adas
dent r o del s ist em a pensiona l a v elar p or su buen f unci ona m ient o
f inancier o. ».

En consecuencia, se colige que P ensiones de Antioquia, en su
condición de administradora de pensiones encargada del pago de
la prestación, se encuentra legitimada para la presentación de la
acción de revisión.

2.4.1.1. En cuanto a la causal del litera l a) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con viol ación al debido proceso».

Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce
una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza
pública con violación del debido proceso. En relació n con esta
causal, es claro que la parte interesada debe promover la acción
especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales
estructura su petición.

En este caso, Pensiones de Antioquia cuestiona la sentencia de 18
de abril de 2018 proferida por el Tr ibunal Administrativo de
Antioquia, que confirmó la decisión de 29 de abril de 2016 , dictada
por el Juzgado Noveno Administrativo de Medellín, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del dere cho con radicado
05001 3333 009 2013 00549 02, a través de las cuales se ordenó
reliquidar la pensió n a favor de la señora Estella Gómez Aristizábal.

Para esto, esgrimió la violación al debido proceso, toda vez que en
su parecer la pensión debió liquidarse con el promedio de los
salarios percibidos en los últimos 10 años de servicios y únicamente
con la inclusión d e los factores expresamente señalados en el
Decreto 1158 de 1994.
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2.4.1.2. En cuanto a la causal del liter al b) de l artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente 21 como un
instrumento que persigue fortalecer el princip io de la moralidad
administrativa 22 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han efectuado en exceso y que afectan los principios
filosóficos que orientan el Sistema General de Pension es 23, en
especial, el princip io de solidaridad 24 y equilibrio financiero.

Frente a esta causal, el apoderado de Pensiones de Antioquia
estimó que fue errónea la interpretación efectuada en las
providencias judiciales cuestionadas , frente al ré gimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso d e la señora
Estella Gómez Aristizábal.

En su criterio, esto originó que se le otorgara un derecho que no le
asiste, comoquiera que, si bien su pensión de jubilación debía
reconocerse de acuerdo con las L eyes 33 y 62 de 1985, la
consagración del régimen de transición, sólo conservó la edad, el
tiempo de servicios o las semanas cotizadas y el monto pensional,
pero entendido este último como la tasa de reemplazo definida en
el régimen anterior, para diferenciarla de la tasa fijada por el
Sistema General de Pensiones y, por ende, para el ingre so base de
liquidación de la norma anterior debía aplicarse el artículo 21 de la

21 C o n s e j o
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez. Sentencia de
1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001 -03-15-
000-2016-02022-00.
22Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo
3.º de la Ley 489 de 1998.
23U n i v e r s a l i d a d ,
integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad,
subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
24 R a t i o o razón de ser de l a seguridad social.

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Ley 100 de 1993 y atender a los factores establecidos en el D ecreto
1158 de 1994.

2.4.2. El Sistema General de Seguridad Social en pe nsiones y
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la
seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los princi pios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley.

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social
Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad,
con instituciones y recursos desti nados a garantizar la cobertura
de las prestaciones de carácter eco nómico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos
derechos irrenunciables de las personas 25, a través de la protección
de las contingencias que las puedan afectar 26, y les permitan tener
una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes
pensionales que, antes de su promulgac ión, se encontraban
dispersos en el ordenamiento jurídico, establecie ndo reglas
comunes para todos los trabajadores del territorio nacional y sin
atención a la naturaleza de su relación laboral. No obstante, en el
artículo 36, la norma concibió un régimen de transición en favor de
las personas que cumplieran con unos requisitos a su entrada en
vigor, lo cual les p ermitiría regirse p or la legislación a plicable en
el régimen anterior al que se encontraban afiliadas, en cuanto a la

25 A r t í c u l o 1 de la Ley 100 de 1993.
26 I b í d e m .

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edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto
de la prestación.

«ARTÍ CU LO 36. RÉG I M EN DE TRAN SI CI Ó N. La edad par a
acceder a la pens ió n de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco
( 55) años par a las m uj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a
el año 2014, f echa e n la cual la edad se i ncr em ent ar á en dos años,
es decir , ser á de 57 años par a las m uj er es y 62 par a los hom br es.

La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vici o
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensión de
vej ez de las p er sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia el
Sist em a t engan t r eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40) o m ás años de edad si son hom br es, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la est ablecida
en el r égim en ant e r i or al cual se e ncuen t r en af iliados . Las d em ás
condic iones y r equis it os apl icabl es a est as per sonas par a ac ceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enida s
en la pr esent e Ley.
[ …] »

Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los requisitos
de edad o de tiempo de servicios previstos por el artículo 36 para
la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tendrían la
posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que v enían
aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicio s
o semanas cotizadas y monto. Sobre este último aspecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
ha debatido si el ingreso base de liquidación forma o no p arte del
régimen de transición. Las posturas frente al particular fueron las
siguientes:

a) Criterio de la Corte Cons titucional

En la sentencia C -168 de 1995, la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993,
frente a la diferenciación que hacía la norma original entre
trabajadores del sector público y del sector privad o, sin fijar
ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen
de transición.

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Por su parte, en la sentencia C -258 de 2013, al referirse al régimen
de transición de lo s congresistas, f ijó una regla según la cual el
IBL no hacía parte de las normas de transición, al respecto
manifestó :

«En vist a de que ( i ) no per m it ir la apl icació n ult r act iva d e la s
r eglas de I BL de los r egím enes pension ales vigent es ant es de la
Ley 100 f ue el pr opósit o or iginal de l Legi slador ; ( ii) por m edio del
ar t í culo 21 y del i nciso 3° de l ar t í cul o 36 de la Ley 10 0, el
Legis lador buscó un i f icar las r eglas de I B L en el r égim en de p r im a
m edia; ( iii) ese pr op ósit o de unif icació n coinci de con lo s obj et ivos
per seguidos por el Act o Legislat iv o 01 de 2005, especí f icam ent e
con los de cr ear r eglas un if or m es que elim inen pr i vileg ios
inj ust if icados y per m it an diseñar m eca nism os que aseg ur en l a
sost enibi li dad de l sist em a - de ahí que la r ef or m a m encion e
expr esam ent e el ar t ículo 36 de la Ley 10 0 - la Sala consider a que
en est e caso el vací o que dej ar á la dec l ar ación de inexequ i bil idad
de la expr esión “ dur ant e el últ im o año” debe ser llenado acud iendo
a las r eg las gen er al es pr evist as en las d os dispos ici ones de l a Ley
100 r ef er idas.

En consecuencia, en la par t e r esolut iva de est a pr ovidencia,
adem ás de dec lar ar inexequi ble la expr esión “ dur ant e el úl t im o
año” cont enida en el ar t í culo 17 de la Ley 4 de 199 2, la
exequib il idad de l r e st o del pr ecept o ser á condici onada a qu e se
ent ienda que las r eglas sobr e I BL aplic ables a t odos los
benef iciar ios de ese r égim en especia l, son las cont en idas e n lo s
ar t í culos 21 y 36, in ciso t er cer o, de la L ey 100 de 1 993, seg ún e l
caso».

Posteriormente, en la sentencia SU -230 de 2015, definió que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial y
expuso:

«Aunque la int er pr et ación de las r eglas del I BL est ablecidas en la
Sent encia C - 258 de 2013 se enm ar can en el anális is del r égi m en
especia l consagr ad o en el ar t í culo 17 de la Ley 4 de 1992, con
f undam ent o ( i ) en que dicho r ég im en v ulner aba e l der echo a la
igua ldad al conce der pr ivileg ios a una de las clases m ás
f avor ecidas de la sociedad y ( i i ) en la medida en que el r égi m en
especia l de congr esist as y m agist r ados cont iene ve nt aj as
despr opor cionad as f r ent e a los dem ás r egí m enes especiales, ell o
no excluye l a i nt erpret aci ón en abst ract o que se real i zó sobre
el art í cul o 36 de l a Ley 100 de 1993 en el sent i do de est ablecer
que el I BL no es u n aspect o de l a t ra nsi ci ón y, por t ant o, son

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l as regl as cont eni das en est e l as que deben observarse para
det ermi nar el monto pensi onal con i ndependenci a del régi men
especi al al que se pert enezca ». ( Negr il la por f u er a de t exto) .

A partir de dichas decisiones, la Co rte Constitucional ha emitido
varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su
criterio, entre ella s, las sentencias SU -427 de 2016, SU-631 de
2017, SU-210 de 2017 y SU -395 de 2017.

En esta última providencia, esto es, la SU -395 de 2017 27, la Cort e
conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias
que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en
los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 28
y 929 de 1976 29, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los t érminos de los artí culos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían
rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la
sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en
la aplicación ult ractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el se rvidor, solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero
excluyendo el ingreso base de liquidación.

b) Cri terio del Consejo de Estado

El Consejo de Esta do, en la sentencia de unificación pro ferida por
la Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 30, adoptó una tesis
según la cual el IBL sí forma parte del régimen de tra nsición,
estableciendo lo siguiente:

27 R e i t e r a d o en la sentencia SU -023 de 2018.
28 « P o r
el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y
de sus familiares»
29 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus
familiares.»
30Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de ag osto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.

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«Régim en de t r ansic ión.

La Ley 100 de 1993 cr e ó el sist em a de segur idad socia l int egr al,
con el obj et ivo de am par ar a la població n en las cont ingenci as de
vej ez, invalidez y m uer t e, a t r avés del r econocim ient o de
pensiones y ot r as pr est aciones, para los af iliados y sus
benef iciar ios, encam inadas a pr o t eger sus derecho s
f undam ent ales y a c r ear m ecanism os de car áct er económ ico que
cont r ar r est ar an las cir cunst ancias de desam par o, pér dida de
capacidad labor al o vulner ab il idad a las que se veí an som et idos.
No obst ant e lo ant erior , la r ef er ida ley en su art í culo 36 pr ecept úa
lo sigu ient e:

ARTÍ CULO 36. RÉG I M EN DE TRAN SI CI Ó N. La edad par a acceder
a la pensión de vej ez, cont inuar á en cincuent a y cinco ( 55) años
par a las m uj er es y sesent a ( 60) par a los hom br es, hast a el añ o
2014, f echa en l a c ual l a edad s e incr e m ent ar á en dos añ o s, es
decir , ser á de 57 años par a las m uj er es y 62 par a los hom bres.
La edad par a acceder a la pensión de vej ez, el t iem po de ser vici o
o el núm er o de semanas cot izadas, y el m ont o de la pensión de
vej ez de las per sonas que al m om ent o de ent r ar en vigencia el
Sist em a t engan t r eint a y cinco ( 35) o m ás años de edad si son
m uj er es o cuar ent a ( 40) o m ás años de edad si son hom br es, o
quince ( 15) o m ás años de ser vicios cot izados, ser á la est ablecida
en el r égim en ant er i or al cual se e ncuen t r en af iliados. Las d e m ás
condic iones y r equis it os apl icabl es a est as per sonas par a ac ceder
a la pensión de vej ez, se r egir án por las dispos icion es cont enida s
en la pr esent e Ley.
[ …]

Se obser va, ent onces, que la Ley 100 de 1993 cr eó un r égimen de
t r ansición, que ha sido ent endido com o un benef icio consag r ado
en f avor de las personas que cum plan det er m inados r equisit os,
par a que al ent r ar en vigencia l a nueva ley, en lo que at añe a la
edad, t iem po de ser vicio o núm er o de se m anas cot izadas y m ont o
de la p ensió n, se si gan r igi endo p or lo e st ablecid o en e l r é gim en
ant er ior al cual se e ncont r aban af ili ados .

Teniend o en cuent a las pr uebas alle gadas al expedie nt e, se
acr edit ó que al 1 de abr il de 1994 el act or t ení a m ás de 40 años
de edad, por lo cual se encuent r a dentr o de las pr evisiones del
r égim en de t r ansició n de la Ley 100 de 1993.
En conclus ión, la nor m at ividad apl icab le en est e caso par a efect os
de det er m inar los r equisit os de edad, t iem po de ser vic i os y,
especia lm ent e, cuant í a de la pensión de j ubilac ión, son las
Leyes 33 y 62 de 1985.
[ …]

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En ar as de gar ant iz a r los pr inci pios d e ig ualdad m at er ia l, pr i m ací a
de la r ealidad sobr e las f or m alidades y f avor abil idad en m at er ia
labor al, la Sala, pr evios debat es sur t idos con apoyo en
ant ecedent es hist ór i cos, nor m at ivos y j ur ispr udencia les, a t ravés
de la pr esent e sent e ncia de unif icac ión a r r iba a la conclusión que
la Ley 33 de 198 5 no ind ica en f or m a t axat iva los f a ct or es
salar ia les que conf or m an la base de liquidac ión pensi onal , sino
que los m ism os est án sim plem ent e en u nciados y no im p id en la
inclus ión de ot r os concept os devengado s por el t r abaj ador durant e
el últ im o año de pr e st ación de ser vicios.

Est a decisión encue nt r a consonancia con la sent encia de 9 de j ulio
de 2009, pr of er ida por la Sección Seg un da de est a Cor por ación».

No obstante, mediante la sentencia de unificación CE -SUJ-SIII,
de 28 de agosto de 2018 31, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia re specto de
los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, relativos a si se ap lica o no el régimen de transición
al IBL, señaló que la interpretación que debe dársele al inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó
en esa disposición jurídica, es decir, que las personas beneficiarias
del régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o sem anas de cotización y la tasa
de reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes
requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto
en el in ciso 3º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 32.

3. Análisis sustancial

La Sala advierte que la procedencia de esta acción de revisión es
excepcional, pues afecta el principio de inmutabilidad de las

31 C o n s e j o
de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia
de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012 -00143, C.P.: César Palomino Cortés.
32 L a s r e g l a s j u r i s p r u d e n c i a l e s q u e s e f i j a r o n e n l a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n
del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En otras palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cos a juzgada.

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sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, por razones
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador
autoriza a romper el princip io de la cosa juzgada -res iudicata pro
veritate habetur - y cambiar los resultados de la decisión, en orden
a evitar que prevalezca una situación de injusticia como la que se
genera cuando la cu antía del derecho reconocido excede lo deb ido
de acuerdo con la ley que era legalmente aplicable.

Pensiones de Antioquia solicita infirm ar la sentencia del 18 de abril
de 2018 proferida por el Tribunal Ad ministrativo de Antioquia , por
considerar que dicha decisión se encuentra incursa en la s causales
de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que se ordenó la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta
el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 dispuesto en las Leyes 33
y 62 de 1985, desconociéndose las normas aplicables – la Ley 100
de 1993- y la jurisprude ncia de la Corte Constitucional , según la
cual el IBL no es un aspecto que está sometido a la transición, de
tal manera que dicha determinación del juez conllevó, a simismo, a
que el derecho reconocido excediere lo dispuesto en la ley.

3.1. De la causal co ntenida en el literal a ) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política es un a garantía para equilibrar la
relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los te rceros
interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la citada norma, el debido proceso comprende
fundamentalmente tres grandes garantías:

i) El der echo al j uez n at ur al o f uncionar io com pet ent e.

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ii) El der echo a ser j uzgado según las f or m as d e cada j uicio o
pr ocedim ient o, est o es, conf or m e con las nor m as pr o cesales
dict adas par a im pul sar la act uación j udi cial o adm in ist r at iva .
ii i) Las gar ant í as de audienc ia y def ensa, que, desde luego,
incluy en el der ech o a of r ecer y pr oducir la pr ueba de desc a r g o, la
pr esunción de inoce ncia, el der echo a la def ensa t écnica, el der echo
a un pr oceso público y sin dilaciones, el der echo a que se produzca
una decisión m ot iv ada, el der echo a im pugnar la decisió n y la
gar ant í a de non bis in idem .

Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por
Pensiones de Antioquia para fundamentar el cargo de violación del
derecho fundamental al debido proceso, se refieren al
desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.

Al contrario, los argumentos de la entidad se dirigen, básicamente,
a cuestionar el régimen aplicable a la demandante, sin hacer
manifestación alguna en relación con la vulneración del citado
derecho, supues tamente ocasionada con las sentencias proferidas
el 29 de abril de 2016 y el 18 de abril de 2018 por el Juzgado
Noveno Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia , respectivamente.

Respecto a tales argumentos, esta Sala encuentra que no se
configuró la causal invocada por las razones que se exponen a
continuación:

(i) La decisión proferida el 18 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia se fundamentó en la jurisprudencia
vigente del Consejo de Estado, esto es, la sentencia de unificación
de 4 de agosto de 2010, que era el precedente vinculante para ese
momento.

En tal sentido, el Tribunal advirtió qu e de acuerdo con la sentencia
citada, el Consejo de Estado determinó que los beneficiarios del
régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la L ey 100 de
1993, tendrían derecho a que se les aplicara el régimen anterior en

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su totalidad lo cual implicaba que el IBL pensional se debía calcular
teniendo en cuenta el último año de servicios y las su mas q ue el
trabajador percibió de manera habitual y periódica como
contraprestación directa, salvo que expresamente se encontrasen
excluidas.

En consecuencia, al encontrar acred itado que la demandante era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el a rtículo 36 de
la Ley 100 de 1993 procedió a aplicar la sentencia de unificación
del 4 de agosto de 2010 al caso en concreto.

Luego, no se incurrió en desconocimiento del derecho al debido
proceso pues el su stento de la decisión judicial objeto de la acción
obedeció al cumplimiento de los parámetros fijados por el Consejo
de Estado, los cuales se encontraban vigentes y era n aplicables al
asunto, como fue debidamente explicado por el Tribunal.

(ii) En otros términos, no resulta acertado señalar que se vulneró
el derecho al debido proceso, porque en la sentencia objeto de la
acción especial de revisión expresamente se señaló que se habría
de seguir lo dispu esto en la sentencia del 4 de agosto de 2010,
conforme a la cual la demandante tenía derecho a la r eliquidación
de su pensión con el 75% del promedio de salarios que percibió en
el último año de servicios incluyendo todos los factores salariales
que devengó en ese periodo.

En ese orden de ideas, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente aleg ado por Pensiones de Antioquia respecto a la
posición jurisprud encial de la Corte Constitucional sobre la
liquidación de las pensiones bajo el ré gimen de transició n de la Ley
100 de 1993 fijada en la sentencia C -258 de 2013, no está llamado
a prosperar, po rque precisamente el Tribunal Administrativo de
Antioquia al analizar el caso puesto en su conocimiento, ajustó su
resolución a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del
Consejo de Estado vigente para la época en que se profirió la
decisión judicia l o bjeto de revisión, corporación que tratándose de
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la jurisdicción contencioso administrativa constituye su superior
funcional, de tal manera que al desarrollarla, además de atender al
precedente judicial, garantizó con ello el princip io de segurida d
jurídica y de igualdad de la demandante.

En desarrollo de lo anterior, se reitera que no se configuró la causal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 invocada por la parte
accionante.

3.2. De la causal contenida en el li teral b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

En relación con la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 esta Sala encuentra que, al igual
que la anterior, tampoco se configura en el presente caso, toda vez
que la reliq uidació n de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión tuvo en cuenta el mecanismo de cálculo de la cuantía
pensional, previsto en el sistema pensional anterior, en virtud del
régimen de transición del que era beneficiaria la señora ESTELLA
GÓMEZ ARISTIZÁBAL , bajo los parámetros fijados por la
jurisprudencia unif icada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado vigente para la época en que se definió el proce so judicial.

Se observa que la sentencia del 18 de abril de 2018 , objeto de la
acción de revisión, ordenó la reliquid ación de la pensión que le fue
reconocida a la señora ESTELLA GÓMEZ ARISTIZÁBA L teniendo
en cuenta el 75% del promedio del salario que devengó en el último
año de servicio sobre todos los factores salaria les.

Reitera la Sala que para el momento en el que se produjo la
decisión, la posició n adoptada por el Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la

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contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 33,
según la cual aquel también se rige por las normas anteriores a
dicha ley y debe incluir todas las sumas que habitual y
periódicamente el servidor recibe como contraprestación de sus
servicios.

En ese orden, se observa en la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que luego de concluir que la allí
demandante era beneficiari a del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, resolvió el de bate jurídico dando aplicación a la
posición unificada de esta Corporación, lo que llevó a confirmar la
sentencia apelada que ordenó la reliquidación de la pensión.

De lo anterior se evidencia que el Tribunal dio aplicación al criterio
imperante para la época, fijado en la sentencia del 4 de agosto de
2010 según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición es el dispuesto en la norma anterior, que para el caso es
la Ley 33 de 1985.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora
ESTELLA GÓMEZ ARISTIZÁBAL es beneficiari a del régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues
este aspecto no fue objeto de discusión ya que ( i) nació el 24 de
septiembre de 1954 34 (ii) prestó sus servicios al Departa mento de
Antioquia desde el 22 de enero de 1986 hasta el 26 de noviembre
de 2009, es decir, más de 20 años de servicio 35 y (iii) de acuerdo a
la certificación expedida de nómina por la Gobernación de
Antioquia , se extrae que para los años 2008 a 2009 la pensionada
devengó los siguientes conceptos: asignación básica, subsidio de
transporte, gastos de representación, prima de vacaciones, prima
de navidad y prima de vida c ara 36 (fl 34)

33Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
radicación: 250002325000200607509 01.
34 S e g ú n s e e n l a c e d u l a d e c i u d a d a n í a v i s i b l e a f o l i o 1 7 c u a d e r n o e n p r é s t a m o .

35Lo anterior de acuerdo con el Formato No 1 Certificad o de Información
Laboral. (folio 20)
36 N o es un factor salarial, por lo cual no fue tenida en cuenta en el IBL.

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La pensión fue reliquidada con base en lo devengado en el último
año de servicios, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cumplimiento de lo previsto en la L ey 33 de 1985 y los factores
salariales que se ordenaron incluir f ueron los devengados en el
aludido interregno , lo cual se acompasa con lo sostenido en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 y con varios pronunciamientos
que, para ese momento, había emitido el Consejo de Estado, según
los cuales el IBL forma parte del régimen de transición.

Por lo expuesto, el argumento sobre el desconocimiento del
precedente alegado por Pensiones de Antioquia respecto la
posición jurisprud encial de la Corte Constitucional sobre la
liquidación de las pensiones bajo el ré gimen de transició n de la Ley
100 de 1993 fijada en la sentencia C -258 de 2013, no está llamado
a prosperar, porque precisamente el Tribunal Ad ministrativo de
Antioquia al analizar el caso puesto en su conocimiento, ajustó su
resolución a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de
Estado vigente para la época en que se profirió la decisión judicial
objeto de revisión.

Lo anterior, par a acompasar la decisión con la de su superior
funcional y garantizar con ello el principio de seguridad jurídica y
el derecho a la igualdad. Igualmente, como se ha señalado en
varias oportunidades, la sentencia C-258 de 2013 era para el caso
de los congres ista s y altos funcionarios, condición que no tenía la
aquí demandad a.

Cabe agregar que en la sentencia C – 816 de 2011 se estableció
que «la jur is pr udenc ia de los ór ganos ju dicia les de c ier r e jur isdicc iona l,
en cuant o aut or idad es const it uciona les de unif icac ión jur is pr udencia l,
vincul a a los t r ibun ales y j ueces - y a sí m ism as - , con base en los
f undam ent os const it uciona les inv ocad os de igual dad, buena f e,
segur idad jur í dica, a par t ir de una int er pr et ación sis t em át ica de
37
pr incip ios y pr ecept os const it uciona les» .

37Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011,
magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.

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A lo anterior se debe adicionar que, tal como se mencionó
previamente , en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, se determinó que las providencias que realiza ron
interpretaciones sobre el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas bajo el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tienen efectos de cosa juzgada
y se ajustaron al criterio jurisp rudencial imperante para la fecha de
su expedición.

Por lo tanto, la Sala estima que en la sentencia objeto de revisión,
proferida el 18 de abril de 2018 se acogió a la posición
jurisprudencial ent onces vigente, que había sido definida en la
sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010.

En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de
revisión del artícu lo 20, litera l b) d e la Ley 797 de 2003. Esta
posición permite salvaguardar institu ciones superiores tales como
la seguridad jurídica.

4. Conclusión

En criterio de la Sala, la posición adoptada por el Tribunal guardó
consonancia con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre
de lo contencioso -administrativo para la fecha, razón por la cual
debe mantenerse, por ser una situación consolidada que goza de
los efectos de cosa juzgada.

En ese sentido, la Sala advierte que el respeto hacia las decisiones
proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes
para su época constituye la salvaguarda de instituciones de
raigambre constitucional como lo son la seguridad jurídica y la
confianza legítima 38.

38 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios
jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las
sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala
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Así las cosas, en el sub lite la parte demandante no logró demostrar
la vulneración de los artículos 21 de la Ley 100 de 19 93 y 1 del
Decreto 1158 de 1994, en razón a que la interpretación del Tribunal
Administrativo de Antioquia sobre tales contenidos normativos,
plasmada en la sentencia objeto del recurso, se alineó con el
criterio jurisprudencial de esta Corporación, vigente para la época
de la expedición del fallo.

Por último, es pertinente advertir que, aunque en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, la Corporación acogió la tesis
sostenida por la Corte Constitucional según la cual e l IB L no forma
parte de la transición, y definió como se deben liquidar las
pensiones del régimen de transición, también es cierto, que en esa
sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado
tendría respec to de las situaciones consolidadas. En aquella
providencia se indicó que no se afectarían las situaciones
favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de
cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los
reconocimientos pensionales realiza dos con aplicación de la tesis
anterior contenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los
casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en el
presente asunto.

De esta manera, comoquiera que no se configura n las causales de
los litera les a y b de l artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habrá de
declararse infundada la acción extraordinaria de revisión
interpuesta por la entidad recurrente.

Seis Especial de Decisión, sente ncia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete
Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001 -
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidació n;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
Sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación. 11001-03-25-000-2018-00479-
00, demandante UGPP, Sección Segunda Su bsección A.

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5. Costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 39 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta pa ra afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mecanismo de defensa de los princip ios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que
rigen el servicio p úblico esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. DECLÁRASE infundada la acción de revisión
interpuesta por Pensiones de Antioquia contra la sentencia de
segunda instancia proferida el 18 de abril de 2018 del Tribunal
Administrativo de Antioquia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 05001 333 3 009 2013 00549 02, por
las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , con
fundamento en las razones expuestas.

SEGUNDO: S in condena en costas.

39 C o n s e j o d e E s t a d o ,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales
de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-
2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000-
2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000-
2018-01884-00(REV).

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Demandante: Pensiones de Antioquia

TERCERO: En firme esta decisión archívese el expediente
previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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