Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00460-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2017-00460-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2017-00460-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2017-00460-02 (2160-2022)
Demandantes: Fabián Gómez Munar, Edisson Giovanny Zambrano Cuandar y
César Augusto Acosta Bocanegra
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: sanción a uniformados de la Policía Nacional. Subtema 1: tipicidad de la falta
disciplinaria. Subtema 2: régimen de valoración probatoria en materia disciplinaria.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 27 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
I. Síntesis del caso
Fabián Gómez Munar, Edisson Giovanny Zambrano Cuandar y César Augusto Acosta
Bocanegra, demandaron la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda
instancia, proferidos en el marco del proceso MESAN-2015-24, del 31 de agosto de 2016
suscrito por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana
de Santa Marta, MESAN, y del 10 de noviembre de 2016 emanado de la Inspección
Delegada de la Región Ocho de la Policía Nacional, mediante los cuales se les impuso
sanción disciplinaria consistente en suspensión por el término de 6 meses sin derecho a
remuneración e inhabilidad especial por el mismo período para ejercer cargos públicos,
al encontrarlos incursos en la falta grave prevista en el artículo 35.15 de la Ley 1015 de
2006.
El Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los fallos disciplinario demandados se ajustan a derecho, en tanto se
expidieron con apego al debido proceso y se fundamentaron en un ejercicio de valoración
probatoria juicioso, ajustado a derecho y las reglas de la sana crítica.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, toda vez que no se
acreditó que los fallos disciplinarios impugnados hayan carecido del respaldo probatorio
para acreditar la responsabilidad disciplinaria, por el contrario, se logró establecer que
las pruebas recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica
de la autoridad disciplinaria y permitieron acreditar la comisión de la falta por la cual
Radicación: 47-001-23-33-000-2017-00460-02 (2160-2022)
Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
fueron investigados y sancionados los ahora demandantes. Así mismo, tampoco se logró
evidenciar la vulneración del derecho al debido proceso de los sancionados, pues el
procedimiento se realizó con estricta sujeción a las norman que rigen la materia.
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Fabián Gómez Munar, Edisson Giovanny Zambrano Cuandar y César Augusto Acosta
Bocanegra, por conducto de apoderado judicial, presentaron1 demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho2 el 22 de junio de 2017, de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen3.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitaron que se anularan los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia
proferidos en el marco del proceso MESAN-2015-24, del 31 de agosto de 2016 suscrito
por el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de
Santa Marta, MESAN, y del 10 de noviembre de 2016 emanado de la Inspección
Delegada de la Región Ocho de la Policía Nacional, por medio de los cuales se les
suspendió por el término de 6 meses sin derecho a remuneración e inhabilidad especial
por el mismo período para ejercer cargos públicos, al encontrarlos incursos en la falta
grave prevista en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.
3. También pretendieron que se declarara la nulidad de la Resolución 08009 del 15 de
diciembre de 2016, a través de la cual el director general de la Policía Nacional ejecutó
la sanción.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitaron que se condenara a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a: (i) pagarles de manera indexada los
salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvieron
suspendidos; y (ii) pagarles en forma indexada 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, SMLMV, por «concepto de perjuicios morales».
2.1.2. Hechos
5. Mediante comunicación S-2014-012412/SIJIN-SEJIN-29 del 5 de junio de 20144 el
mayor Rolando Pinzón García, jefe seccional de Investigación Criminal de Santa Marta,
informó al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta de la novedad
reportada en la fecha, consistente en que se recibió una llamada informando que cuatro
1
Según el «acta individual de reparto» visible en Samai Consejo de Estado / Expediente 47001233300020170046002/
Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo « ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 4.
2
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
3
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fls. 5 a 28.
4
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 45.
2
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
uniformados se encontraban en la «Tienda y Estadero El Bosque», ubicada en el barrio
San Pedro Alejandrino, exigiendo dinero al propietario del local.
6. Con ocasión de lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Santa Marta, MESAN, a través de auto del 30 de enero de 20155,
dispuso la apertura de la indagación preliminar P-MESAN-2015-24 en contra de César
Augusto Acosta Bocanegra6, Fabián Andrés Gómez Munar7, Edisson Geovanny
Zambrano Cuandar8 y Robinsson Guerrero Tunjo9, decisión que les fue notificada
personalmente el 11 de febrero de 2015.
7. En el marco del proceso disciplinario se recibieron las declaraciones del intendente
Jairo Duarte Pineda, intendente jefe Nicolás Alberto Vanegas Álvarez, capitán Wilson
Millán Triana, subintendente Richard Iván de la Vega Morales, y del mayor Rolando
Pinzón García.
8. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta,
a través de auto de 16 de junio de 201610, citó a audiencia pública a los investigados, el
cual fue notificado personalmente el 23 de junio de 2015.
9. Según consta en acta de audiencia del 14 de julio de 2016, los investigados acudieron
al proceso disciplinario acompañados por sus apoderados judiciales debidamente
constituidos. Asimismo, se les permitió rendir versión libre y solicitar y aportar pruebas.
10. El 31 de agosto de 2016 se celebró audiencia de fallo dentro de la investigación
disciplinaria MESAN-2015-2411 en la que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Metropolitana de Santa Marta resolvió declarar responsables disciplinariamente
a los investigados. Frente a lo cual ellos interpusieron recurso de apelación a través de
su apoderado.
11. El 12 de octubre de 201612 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
en segunda instancia, decisión que fue notificada a los investigados en estado de la fecha
y comunicada por correo del 13 de octubre del mismo año. En tal virtud, a través de su
apoderada judicial presentaron alegatos el 18 de octubre13.
5
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 51.
6
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 120.
7
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 113
8
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 117.
9
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 124.
10
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 129 a 174.
11
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 301
12
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 365.
13
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 370.
3
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
12. La Inspección Delegada Región Ocho de la Inspección General de la Policía Nacional
el 10 de noviembre de 2016 profirió fallo disciplinario de segunda instancia14,
confirmando la decisión de primera instancia, notificada personalmente a los
disciplinados15 a través de su apoderada judicial el 15 de noviembre de 2015.
13. El director general de la Policía Nacional profirió la Resolución 08009 de 2016, a través
de la cual ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a los uniformados Fabián Andrés
Gómez Munar, Robisson Alexander Guerrero Tunjo, Edisson Geovanny Zambrano
Cuandar y César Augusto Acosta Bocanegra.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. Se citan como normas violadas las siguientes: los artículos 4, 6, 13, 15, 21 y 29 de la
Constitución Política; los artículos 9, 28, 176, 154, 155 de la Ley 734 de 2002; los
artículos 1613, 2341 a 2360 del Código Civil; los artículos 138, 157 y 162 del CPACA, el
artículo 206 del Código General del Proceso; y la Ley 270 de 1996.
15. En el concepto de violación se sostuvo en primer lugar, que en el marco del proceso
disciplinario P-MESAN-2015-24 se violó el debido proceso de los investigados, en tanto
no se practicaron todas las pruebas que fueron decretadas. Puntualmente, se indicó que,
pese a que se había ordenado la recepción de la declaración de Leonardo Adelso Sierra
Polo, este nunca concurrió al proceso. Al respecto, se resaltó que la autoridad
disciplinaria no informó a los investigados el motivo por el que no se realizó la diligencia.
16. Se afirmó que, la actuación disciplinaria fue adelantada por un funcionario sin
competencia, dado que el subteniente Jorge Iván Bedoya actuó como jefe de la Oficina
de Control Interno Disciplinario encargado sin que obrara en el expediente disciplinario
prueba alguna de que ostentara dicha calidad, ni acto de delegación que le confiriera
facultades para notificar o recibir testimonios.
17. Se sostuvo que la Policía Nacional desconoció el artículo 150 de la Ley 734 de 2002,
según el cual la etapa de indagación preliminar tiene una duración de 6 meses. Explicó
que la indagación preliminar inició el 30 de enero de 2015 y se extendió hasta el 16 de
junio de 2016, cuando, sin emitir auto de apertura formal, se citó a audiencia. Por lo tanto,
al haberse extendido dicha etapa por más de 6 meses, se debió ordenar el archivo
definitivo de la investigación.
18. Se indicó, además, que la autoridad disciplinaria omitió notificarles personalmente del
inicio de la investigación, conforme lo exigen los artículos 101 y 155 del Código
Disciplinario Único.
19. Se alegó que los fallos disciplinarios carecieron de motivación suficiente, en la medida
en que no explicaron de forma razonada la adecuación típica de la conducta, lo cual
configuró una infracción directa a las normas que rigen la potestad disciplinaria.
14
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 374.
15
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 401.
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
Explicaron que se les endilgó la falta disciplinaria prevista en el artículo 35 numeral 15
de la Ley 1015 de 2006, consistente en dejar de informar o hacerlo con retardo de los
hechos que deban ser puestos en conocimiento del superior por razón del cargo o del
servicio, pese a que el acervo probatorio permite corroborar que informaron de manera
inmediata a un superior, subintendente Óscar Mejía Wilches, así como también quedó
registrado en la minuta de servicio que los investigados tenían jurisdicción en toda la
ciudad de Santa Marta.
20. Se realizó una indebida calificación de la modalidad específica de la conducta, pues
es claro que los investigados no actuaron con dolo, pues contrario a ello procedieron con
la convicción de capturar un delincuente.
21. Finalmente, consideran que hubo una indebida valoración probatoria, pues no se
tuvieron en cuenta las declaraciones rendidas por el subintendente Óscar Mejía Wilches
y por el intendente Nicolás Alberto Vanegas Álvarez, que dan cuenta que sí se les informó
del operativo que salieron a ejecutar.
2.2. Trámite de la demanda
22. La demanda fue radicada ante el Juzgado 1º Administrativo de Santa Marta, el cual,
mediante auto del 23 de octubre de 201716 declaró la falta de competencia y dispuso
remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena.
23. El tribunal mediante auto del 7 de febrero de 201817 admitió el medio de control
incoado por Fabián Andrés Gómez Munar y César Augusto Acosta Bocanegra y lo
rechazó por caducidad respecto de Edisson Geovanny Zambrano Cuandar.
24. El tribunal señaló que, a diferencia de los dos primeros patrulleros a quienes se les
notificó de la Resolución 08009 del 15 de diciembre de 2016, el 27 y 28 de diciembre de
2016, respectivamente, a Edisson Geovanny Zambrano Cuandar se le notificó el 23 de
diciembre de 2016. Por lo tanto, dado que la solicitud de conciliación se presentó el 24
de abril de 2017, ya estaba caducado el medio de control. Esta decisión fue objeto del
recurso de apelación por parte de Edisson Geovanny Zambrano Cuandar.
25. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a través de auto del 5 de
marzo de 2020, revocó el auto que decretó que había operado la caducidad del medio
de control frente a Edisson Geovanny Zambrano Cuandar, al considerar que el término
debía contarse desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo, es decir,
desde el 24 de diciembre. Por lo tanto, el medio de control caducaba el 24 de abril de
2017, término que se interrumpió con ocasión de la presentación de la solicitud de
conciliación en la Procuraduría General de la Nación. En ese orden, la audiencia de
conciliación se celebró el 21 de junio de 2017, por lo que el actor tenía hasta el 22 de
junio de 2017 para radicar la demanda, como en efecto lo hizo.
16
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 448.
17
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 457.
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
2.3. Contestación de la demanda
26. La Policía Nacional contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones18.
27. Manifestó que no se vulneraron las normas constitucionales ni legales invocadas por
la parte actora, pues el proceso disciplinario respetó las garantías del debido proceso, el
derecho de defensa y la contradicción, ya que su trámite se adelantó conforme a las
reglas del Código Disciplinario Único.
28. Indicóque los demandantes tuvieron la oportunidad procesal para interponer
nulidades, recursos y demás peticiones que consideraran pertinentes para sanear el
proceso, no obstante, no ejercieron sus derechos oportunamente y ahora buscan que, a
través de un fallo judicial, se surta una tercera instancia para dirimir controversias en ese
ámbito.
29. Los demandantes estuvieron asistidos en todo momento por un apoderado judicial y
fueron notificados en debida forma de todas las decisiones adoptadas en el curso del
proceso disciplinario.
30. En cuanto al análisis y valoración jurídica del cargo endilgado, precisó que estos
fueron oportunamente informados a los investigados, sin que se opusieran a ellos.
31. Respecto de la práctica de pruebas, indicó que, si bien Leonardo Adelso Sierra Polo
no se presentó a declarar el día que fue citado, ello no afectó el curso de la indagación
preliminar, pues dentro de la misma se recaudaron varias pruebas documentales y
testimoniales que permitían determinar que los demandantes se encontraban adscritos
a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Santa Marta,
MESAN, que su servicio debían prestarlo en un lugar totalmente diferente al cual fueron
encontrados, que sus superiores no tenían conocimiento de la actividad que realizaban
y que no existía una orden de servicio que les permitiera realizar la presunta actividad
que manifestaron estaban cumpliendo.
32. En cuanto a la presunta falta de competencia del subteniente Jorge Iván Bedoya
Mateus para atender la diligencia realizada el 14 de abril de 2015, en la que se escuchó
en declaración juramentada al mayor Rolando Pinzón García, indicó que mediante orden
interna núm. 019 del 10 de abril de 2015, artículo 139, se le encargó a dicho policial como
jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa
Marta, MESAN a partir del 13 de abril de 2015 y hasta el 11 de junio de 2015.
33. Manifestó que la investigación MESAN-2015-24 disciplinaria se originó en el oficio S-
2014-012412/SIJIN-SEJIN-29 del 5 de junio de 2014, suscrito por el jefe seccional de
Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Santa Marta, MESAN, donde se
informa de la novedad presentada con los demandantes, al presuntamente ejercer
actividades relacionadas con el servicio sin orden previa y sin informar a sus superiores.
18
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_21CONTESTACION(.pdf) NroActua 2».
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Demandada: Policía Nacional
34. Luego, se procedió a la apertura de la indagación preliminar mediante auto número P-
MESAN-2015-6, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
era constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de
responsabilidad y verificar la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad.
Para el efecto, se recaudaron las pruebas descritas en el auto de apertura de indagación
preliminar, que fueron debidamente trasladadas a los demandantes a medida que se
incorporaban en el proceso. Asimismo, se les notificó de todas las decisiones adoptadas
por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
2.4. Sentencia de primera instancia
35. El Tribunal Administrativo del Magdalena19, mediante sentencia del 27 de octubre de
202120, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, argumentando lo
siguiente:
36. El a quo consideró que en el marco del proceso disciplinario se realizó una adecuada
valoración probatoria. Explicó que, si bien no se practicó el testimonio de Leonardo
Adelso Sierra Polo, sin que se informaran los motivos a los disciplinados, el recaudo de
la prueba no era determinante para esclarecer los hechos objeto de la investigación
disciplinaria. Al respecto, precisó que podía prescindirse de dicho testimonio pues no
estaba relacionado con el cargo impuesto en la sanción disciplinaria, y, además, porque
se habían recolectado suficientes pruebas que permitieron corroborar la conducta
endilgada. Señaló que, en todo caso, los disciplinados guardaron silencio en torno a la
práctica de la prueba, sin realizar actuación alguna tendiente a lograr su práctica o insistir
en su recaudo.
37. Por otra parte, en lo concerniente a la competencia del subteniente Jorge Iván Bedoya
Mateus para recaudar la declaración del mayor Rolando Pinzón García el 14 de abril de
2015, el tribunal precisó que de conformidad con la orden interna 019 del 10 de abril de
2015, se encargó a dicho servidor como jefe de la Oficina de Control Interno de la Policía
Metropolitana de Santa Marta, MESAN, del 13 de abril al 11 de junio de 2015,
facultándolo para llevar a cabo la diligencia.
38. Indicó que, si bien el auto por el que se dio apertura a la investigación preliminar se
profirió el 30 de enero de 2015 y el acto por el que se formulan cargos es del 16 de junio
de 2016, sobrepasando el término de 6 meses a que se refiere el artículo 156 del Código
Disciplinario Único, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, ello no conlleva
necesariamente una irregularidad sustancial que haya violado los derechos de defensa,
debido proceso y contradicción de los demandantes. Al respecto, señaló que el Estado
no puede renunciar a su potestad disciplinaria por el desconocimiento de los términos
procesales si con ello no se afectaron los derechos de los investigados y si la acción
disciplinaria no estaba prescrita, como ocurrió en el sub lite.
19
En Sala integrada por los magistrados Adonay Ferrari Padilla, Maribel Mendoza Jiménez y Martha Lucía Mogollón
Saker.
20
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «ED_19SENTENCIA(.pdf)
NroActua 2».
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Radicación: 47-001-23-33-000-2017-00460-02 (2160-2022)
Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
39. El trámite dado a la investigación disciplinaria se encuentra acorde al procedimiento
verbal establecido en el artículo 175 del Código Disciplinario Único, que permite que, en
virtud del principio de celeridad y economía procesal, se cite a audiencia si al momento
de valorar sobre la decisión de apertura de investigación están dados los requisitos
sustanciales para proferir pliego de cargos. Resaltó que los sujetos disciplinables fueron
notificados de la decisión y, no obstante, no la controvirtieron ni efectuaron reparos, por
lo que quedó en firme.
40. La conducta imputada a los demandantes es la misma por la cual se les sancionó,
esto es, la falta disciplinaria establecida en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015
de 2006, por haber dejado de informar o hacerlo con retardo, de los hechos que deben
ser llevados al conocimiento del superior en razón del cargo o servicio. Por lo tanto, no
es cierto que el cargo imputado haya sido ambiguo.
41. La autoridad disciplinaria surtió en debida forma la notificación personal del auto por
el cual se abrió la investigación bajo la radicación SIJUR-MESAN-2015-24, pues se surtió
el 16 de junio de 2016. El que la notificación no se hubiera realizado antes no constituye
un vicio que pueda anular la decisión disciplinaria, más aún cuando en el curso de la
actuación no se propuso una nulidad por falta o indebida notificación.
42. En cuanto a la valoración probatoria, el tribunal encontró que la autoridad disciplinaria
realizó un amplio estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, incluyendo los
testimonios de Óscar Mejía Wilches y Nicolás Alberto Vanegas Álvarez.
43. El tribunal concluyó que la decisión disciplinaria se sustentó en un estudio probatorio
realizado dentro del marco de autonomía del operador disciplinario y acorde a las reglas
de la sana crítica, que permitió acreditar la comisión de la falta disciplinaria por la cual
fueron investigados y sancionados los demandantes. Además, que la actuación se
adelantó con estricta sujeción al debido proceso.
2.5. Recurso de apelación
44. La parte demandante21 interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la
sentencia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
45. En síntesis, el recurso gira sobre dos ejes principales: (i) inconformidades sobre la
tipicidad, ya que la sanción disciplinaria impuesta con base en el numeral 15 del artículo
35 de la Ley 1015 de 2006 se sustentó en un razonamiento ambiguo, porque no se
precisó si el deber de informar era «por razón del cargo» o «por razón del servicio», y
tampoco se indicó claramente cuál era el «superior» al que debía informarse; y (ii)
desacuerdo con la valoración probatoria, ya que consideran que hubo indebida
valoración de la declaración del subintendente Mejía, porque este confirmó que recibió
llamada de los uniformados y sugirió apoyo con otra patrulla, circunstancia que
demostraría una autorización implícita o al menos ausencia de dolo.
21
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «ED_021APELACION(.pdf)
NroActua 2».
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46. Sostuvieron que el tribunal incurrió en un error de apreciación al concluir que la
conducta investigada constituía falta disciplinaria, pues, a su juicio, el cargo endilgado
fue el haber dejado de informar los hechos que deben ser llevados al conocimiento del
superior en razón del servicio, y no el hacerlo con retardo, que fue finalmente la conducta
por la cual se les sancionó. Explicó que, si bien ambas conductas están contenidas en el
artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006, en el auto que dio apertura formal a la
investigación disciplinaria quedó claramente establecido que únicamente se les
investigaba por el haber dejado de informar. Asimismo, señalaron que la falta en los
términos en que fue imputada, hace alusión al deber de informar por razones del servicio,
y sin embargo, ellos actuaron fue en razón de su cargo como investigadores de la SIJIN
de la Policía Nacional Metropolitana de Santa Marta.
47. Señalaron que el cargo endilgado no debió ser el mismo para todos, pues unos
informaron y solicitaron apoyo a un superior jerárquico, quien les manifestó que no los
podía acompañar. Además, se desconoció que Gómez Munar y Zambrano Cuandar
tenían jurisdicción en toda la ciudad de Santa Marta.
48. Indicaron que la autoridad disciplinaria no precisó porqué se debía informar al mando
inmediato de los policiales y no a otro mando en servicio de la SIJIN MESAN, en el
entendido que el cargo endilgado no hace referencia a un mando o superior inmediato,
sino a dejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior por razón del cargo o servicio. En ese sentido, aclararon que
Fabián Gómez Munar realizó una llamada al subintendente Óscar Mejía Wilches,
encargado de la comuna cinco hasta donde se trasladaron los uniformados.
49. No se valoró que el subintendente Óscar Mejía Wilches le indicó a Fabián Andrés
Gómez Munar que solicitara apoyo a los patrulleros Acosta Bocanegra y Guerrero Tunjo.
En ese orden, César Augusto Acosta Bocanegra actuó de buena fe, pues acudió al lugar
bajo el entendido que Gómez Munar y Zambrano Cuandar habían informado al superior.
50. Agregó que, de acuerdo a la interpretación dada por el despacho disciplinario de
segunda instancia, el superior a quien se debía informar dependía del cargo y no del
servicio, por cuanto, si fuese por el servicio, se podía informar a cualquier mando de la
SIJIN MESAN, de acuerdo a como fue endilgado el cargo en el auto de cargos o citación
a audiencia. En todo caso, al informar al subintendente Mejía Wilches y recibir la orden
de que se apoyaran en otra patrulla, se autorizó y avaló de manera automática que los
cuatro policiales se desplazaran al sitio señalado para capturar a la persona que se
encontraba armada y pertenecía a una banda criminal.
51. Los demandantes actuaron de buena fe y con el convencimiento de que no trasgredían
la ley disciplinaria.
52. No se efectuó una debida valoración probatoria, conforme a la sana crítica, pues no
se apreciaron en conjunto los testimonios y pruebas documentales que favorecían a los
demandantes.
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2.6. Intervenciones en segunda instancia
53. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
2.7. Concepto del Ministerio Público
54. El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
55. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
56. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
57. ¿La conducta atribuida a los patrulleros Fabián Gómez Munar, Edisson Giovanny
Zambrano Cuandar y César Augusto Acosta Bocanegra, configuró la falta disciplinaria
prevista en el artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006?
58. ¿La autoridad disciplinaria realizó una indebida valoración probatoria de las pruebas
y testimonios recaudados en el marco del proceso disciplinario o, por el contrario, el
análisis sustancial se ajustó a las reglas de la sana crítica?
59. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala se referirá, en primer lugar,
al régimen disciplinario de la Policía Nacional; en segundo lugar, a la tipicidad en materia
disciplinaria; y finalmente, se aludirá a la valoración probatoria en materia disciplinaria.
3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico
3.3.1. Del régimen disciplinario de los miembros de la Policía Nacional
60. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza pública
(fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217 y 218 de la
Constitución Política, facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios
especiales de tales servidores.
61. En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006, por
medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional, dentro
de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal uniformado escalafonado y los
auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Institución Policial.
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62. El artículo 20 de la citada Ley 1015 de 2006 señaló que «en lo no previsto en esta ley,
se aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario».
63. Por su parte, el artículo 58 ibídem estableció, en desarrollo de la integración normativa
citada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos por la ley a la
que se hizo alusión es el establecido en el Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002
–, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.
64. Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo
concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002 en
el campo procedimental, como ocurrió en el caso en concreto.
3.3.2. La tipicidad de la falta disciplinaria
65. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto
disciplinable desde tres factores: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los
cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi estatal.
66. La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su
fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso,
conforme al cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución). Dicho principio cumple la
función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de forma previa y
clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la seguridad
jurídica22.
67. A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las
conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa,
sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del
legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los
servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que
establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se
deriva la adecuación específica de la conducta23.
68. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en blanco
son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor precisión
los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005, esa
corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que
ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos
22
Constitución Política, art. 29.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 11001-03-
25-000-2021-00261-00.
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que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo integrado por las
disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y prohibiciones que resulten
aplicables a los servidores públicos»24.
69. Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el
comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el
hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un
margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda
extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de
legalidad25.
3.3.3. Medios de prueba en lo que refiere al primer problema jurídico
70. Mediante comunicación S-2014-012412/SIJIN-SEJIN-29 del 5 de junio de 201426 el
mayor Rolando Pinzón García, jefe seccional de Investigación Criminal de Santa Marta,
informó al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, MESAN, de la
novedad reportada en la fecha, consistente en que se recibió una llamada informando
que cuatro uniformados uniformados se encontraban en la «Tienda y Estadero El
Bosque», ubicada en el barrio San Pedro Alejandrino, exigiendo dinero al propietario del
local.
71. Con ocasión de lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno MESAN, a través
de auto del 30 de enero de 201527, dispuso la apertura de la indagación preliminar P-
MESAN-2015-6 en contra de César Augusto Acosta Bocanegra28, Fabián Andrés Gómez
Munar29, Edisson Geovanny Zambrano Cuandar30 y Robinsson Guerrero Tunjo31 (quien
no es actor en el proceso de la referencia), con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si ella era constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los
autores y su grado de responsabilidad y determinar si actuaron amparados en una causal
de exclusión de responsabilidad frente a los hechos informados:
«En vista de lo antes expuesto y en aras de verificar la información suministrada por el
ciudadano, se le informa inmediatamente al señor Capitán WILSON MILLÁN TRIANA
Subjefe de la Seccional se trasladaran al lugar antes descrito.
Una vez llegado al sitio se observa dos (2) motocicletas de color negra marca Suzuki
modelo DR 200 y a los señores patrulleros CÉSAR AUGUSTO ACOSTA BOCANEGRA
y ROBINSON GUERRERO TUNJO en la parte de afuera del local, y en la parte interna
del establecimiento se encontraban los señores patrulleros FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ
24
Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-25-000-
2020-00210-00.
26
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ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 45.
27
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 51.
28
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 120.
29
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 113.
30
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 117
31
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 124.
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MUNAR y EDISSON ZAMBRADO CUANDAR, al preguntarles la actividad que
desarrollaban en ese lugar, manifestaron que se encontraban ubicando al hermano de
alias “NEO”, al preguntarle al señor intendente Jefe VANEGAS ÁLVAREZ [superior
inmediato de los patrulleros] si tenía conocimiento de esta actividad del personal bajo su
mando, manifestó que en ningún momento los funcionarios le habían informado de esta
actividad, y que desconoce las acciones y actividades que se encuentran realizando.».
[…]
PRIMERO: Abrir indagación preliminar en contra de los señores Patrulleros CESAR
ACOSTA BOCANEGRA, FABIAN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO CUANDAR
y ROBINSON GUERRERO TUNJO, según se expuso en la parte motiva del presente
proveído.
SEGUNDO. Notificar personalmente a los investigados señores patrulleros CESAR
ACOSTA BOCANEGRA, FABIAN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO CUANDAR
y ROBINSON GUERRERO TUNJO, sobre la presente decisión, haciéndoles saber los
derechos que les asisten conforme lo señala los artículos 171, 892, 903, y 924 de la Ley
734 de 2002. En el evento de no ser posible la notificación personal, súrtase está
conforme al artículo 107 del código Disciplinario único, sin perjuicio de lo señalado en el
artículo 91, inciso tercero de la norma ídem.
A solicitud del investigado, escuchar en diligencia de versión libre a los señores
Patrulleros CÉSAR ACOSTA BOCANEGRA, FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON
ZAMBRANO CUANDAR y ROBINSON GUERRERO TUNJO, teniendo en cuenta lo
previsto en la Sentencia C-621 del 98 (sin exhortarlo a decir la verdad). De igual forma
sin olvidar la juramentación en caso de señalamiento de responsabilidad a otro
funcionario. (Art. 92 numeral 3 de la ley 734 de 2002).
TERCERO. Para el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento se
practicarán las siguientes pruebas y diligencias utilizando además los medios técnicos y
tecnológicos conforme lo dispone la ley con el fin de dar total claridad al comportamiento
desplegado por los policiales investigados.
1. Documentales:
• Solicitar para aportar a la investigación; Minuta de Guardia, Minuta De Servicio con la
apertura de cada una de la misma y orden de servicio del Grupo Investigativo Delitos
Contra La Vida, D.H y D.H.I, para la fecha 05 de Junio de 2014.
2. Testimoniales
• Citar y escuchar, en diligencia de ratificación y ampliación de informe al señor Capitán
WILSON MILLÁN TRIANA, con el fin que exponga todo cuanto sepa al respecto, que
permita esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presente ocurrencia
de los hechos.
• Citar y escuchar en declaración juramentada al señor Mayor ROLANDO PINZÓN
GARCÍA, señor Intendente JAIRO DUARTE PINEDA, Intendente Jefe NICOLÁS
ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ, subintendente RICHARD IVÁN DE LA VEGA
MORALES y señor LEONARDO ADELSO SIERRA POLO.
TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Si llegare a solicitarse
auxilio comisorio se solicita que una vez cumplido lo anterior devuélvanse al lugar de
origen en cuaderno original y copia, debidamente foliado.
CUARTO: Por secretaría de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía
Metropolitana de Santa Marta, radíquese la apertura de la indagación preliminar.». [sic].
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72. Los patrulleros Fabián Andrés Gómez Munar32, Robisson Alexander Guerrero Tunjo33,
Edisson Geovanny Zambrano Cuandar34 y César Augusto Acosta Bocanegra35 se
notificaron personalmente de la apertura de la indagación preliminar el 11 de febrero de
2015.
73. Mediante correo electrónico del 19 de febrero de 2015, se les informó a los
investigados que el 24 de febrero de 2015 se recibiría la declaración del intendente Jairo
Duarte Pineda36, para que ejercieran su derecho de defensa, sin que estos asistieran a
la diligencia. El testimonio se rindió en los siguientes términos:
«PREGUNTADO: manifieste al despacho qué observó al llegar al lugar donde manifestó
el señor Mayor Pinzón. CONTESTÓ: se encontraron dos motocicletas DR 200 sobre la
vía pública, dentro del establecimiento de razón social EL BOSQUE, dentro del
establecimiento se encontraron el patrullero GÓMEZ MUNAR y el patrullero ZAMBRANO,
y en la parte de afuera si estaba el patrullero ACOSTA BOCANEGRA y el patrullero
GUERRERO TUNJO, estos al notar nuestra presencia se pusieron nerviosos caminaban
de un lado para otro, presentaban incoherencia en lo que decían y al momento en que mi
capitán les preguntó que cual era la actividad que desarrollaban allí, dijeron que le
estaban haciendo un seguimiento al hermano de alias “NEO” de nombre ÓSCAR, y
señalaron al otro lado de la vía diagonal a donde ellos se encontraban, mi capitán les
preguntó que, a quién le habían informado sobre el procedimiento, y manifestaron que
todavía no, que ya le iban a informar a mi sargento VANEGAS, en ese momento llegó mi
Mayor PINZÓN y mi sargento VANEGAS, y los señores patrulleros se le acercaron a mi
mayor como para explicarle que se encontraban haciendo, mi mayor ingresó a la tienda
y habló con el administrador y los empleados que se encontraban allí, de lo cual no tengo
conocimiento el contenido de la comunicación sostenida entre mi mayor y quienes
estaban en la tienda. PREGUNTADO: manifieste al despacho si los señores patrulleros
tenían alguna orden de trabajo o consignas para realizar dicha labor en esa jurisdicción
CONTESTÓ: al momento que mi capitán MILLÁN les preguntó que si tenían autorización
de algún mando tenía conocimiento de la actividad que se encontraban realizando, ellos
manifestaron que no, y cuando llegó mi sargento VANEGAS, quien es el jefe inmediato
de ellos, les recriminó el por qué no informaban lo que se encontraban haciendo, lo que
quiere decir, que ni siquiera el jefe de ellos tenía conocimiento de la actividad que
supuestamente realizaban […]». [sic].
74. A través de correo electrónico remitido a los investigados el 25 de febrero de 2015, se
les informó de la diligencia de práctica de pruebas que se realizaría el 26 de febrero de
201537, fecha en la que se recibiría la declaración del intendente jefe Nicolás Alberto
Vanegas Álvarez. A la diligencia asistieron los patrulleros César Acosta Bocanegra y
Robinsson Alexander Guerrero Tunjo.
75. El testimonio rendido por Nicolás Alberto Vanegas Álvarez es el siguiente38:
32
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 51.
33
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 57.
34
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 59.
35
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 61.
36
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 67
37
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 72.
38
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 74.
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«Salí con mi mayor a ese mismo lugar, cuando yo hice [presencia] en el lugar, observo
que hay cuatro funcionarios de la SIJIN en la parte de afuera del establecimiento y dos
motocicletas los cuales son los patrulleros que están relacionados en mención, me bajo
del vehículo y les pregunto que qué misión cumplían en ese lugar, ellos me manifiestan
que les había llegado una información de una fuente humana de que alias NEO se
encontraba al frente de esa tienda El BOSQUE en un vehículo de color blanco y
efectivamente de encontraba el vehículo pero era el hermano de alias NEO, alias NEO si
es un sujeto el cual delinque en la ciudad de Santa Marta con el grupo de banda criminales
los rastrojos, a lo cual yo le pregunto nuevamente que por qué no me habían informado,
la cual ellos me manifiestan que la fuente humana los llamó rápidamente y por eso
salieron para allá y no me comunicaron a tiempo, posterior de esto entro a la tienda me
entrevisto con dos personas que se encontraban en el interior y le pregunto cuál era la
novedad que pasaban con los policiales, el cual un muchacho joven no daba explicación
a nada no respondía nada, yo le preguntaba si los policías le habían pedido plata o si él
le había dado, y el manifestó que no y no respondía más nada y se puso como a llorar, y
es que si sentía atemorizado que colocara la denuncia, y si los policías le habían pedido
dinero, y el manifestó que no nuevamente, igual había otro señor que estaba allí, un señor
de edad, igualmente le hice la misma pregunta, que si los policías le habían pedido dinero,
y me manifestó a mí que no, por lo cual le manifesté a mi mayor que si no había alguna
denuncia penal o una queja en contra de los policías no había algún delito, ya que ellos
manifestaban que nunca le habían dado dinero a los cuatros patrulleros antes en
mención, igualmente le manifesté al joven [con el] que hablé inicialmente, que nos
acompañara a la SIJIN, y el manifestó que no iba a acompañar a nadie ya que no iba a
colocar denuncian ya que no había pasado ningún problema con los policiales, ni tampoco
le habían pedido dinero, posteriormente trajimos a los compañeros patrulleros a la SIJIN
para que entregaran armamento y estuvieran QAP, y se ordenó que se pasara el informe
de lo que había sucedido de la novedad que se tuvo conocimiento. […]». [sic].
76. El 27 de marzo de 2015 se dejó constancia de una visita al establecimiento de razón
social «Tienda y Estadero El Bosque» ubicado en la calle 24 # 30-05 de Santa Marta,
para ubicar y notificar a Leonardo Adelso Sierra Polo39, de la citación a rendir declaración
juramentada contra unos policiales adscritos a la Seccional de Investigación Criminal de
Santa Marta. No obstante, no compareció a la diligencia.
77. Mediante correo electrónico del 2 de marzo de 201540, se le informó a los investigados
de las diligencias de práctica de pruebas para recibir los testimonios de Wilson Millán
Triana y Richard Iván de la Vega Morales.
78. A la diligencia donde se recibió la declaración del capitán Wilson Millán Triana
asistieron Robinsson Alexander Guerrero Tunjo, Edisson Zambrano Cuandar y Fabián
Andrés Gómez.
79. El testimonio rendido por el capitán Wilson Millán Triana41 es el siguiente:
«PREGUNTADO: diga al despacho si el informe que se le pone de presente corresponde
al mismo que usted suscribió en contra de los señores patrulleros CÉSAR ACOSTA
BOCANEGRA, FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO CUANDAR y
ROBINSON GUERRERO TUNJO, mediante comunicación oficial número 012418 de
fecha 05 de JUNIO de 2014, así mismo, manifieste si es su firma, y si se ratifica en todo
o en parte de lo que ahí expuso, en caso afirmativo desea ampliar algo al respecto (el
39
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 78.
40
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 82.
41
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 85.
15
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despacho le muestra físicamente el informe referenciado al declarante. CONTESTÓ: ese
es el informe, esa es mi firma, y lo que está escrito es lo que me consta para el día de los
hechos, en cuanto a la novedad presentada con los funcionarios ya relacionados y que
en primer instancia, pone en conocimiento una persona por vía telefónica a la jefatura,
quien me ordena desplazarme de manera inmediata a verificar dicha información,
efectivamente al llegar al lugar observo a los funcionarios en mención, al indagar sobre
su actividad, qué los motivaba para estar allí presente, me responden que se encontraban
adelantando un trabajo en contra del hermano del señor alias “NEO” por lo cual yo
respondo, por qué no me habían puesto en conocimiento con anterioridad, así mismo me
comunico con el señor intendente Jefe NICOLÁS ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ, para
consultarle si él tenía conocimiento de la actividad que realizaban en ese lugar los
funcionarios, quien me responde de manera negativa, manifestándome que no tenía
conocimiento, por tal motivo y por la situación, se procede a desplazarme con ellos hacia
el comando donde queda ubicada la seccional de la SIJIN de Santa Marta; no sin antes
solicitarles el arma de dotación, posteriormente hago entrega de las armas al control
armarillo y los radios de comunicación al señor subintendente RUIZ JIMÉNEZ, de todo lo
anteriormente expuesto, lo dejo por escrito mediante un informe para conocimiento de la
jefatura de la seccional Santa Marta. PREGUNTADO: manifieste al despacho inicialmente
quien le da la orden de desplazarse a verificar dicha información CONTESTÓ: el señor
Mayor ROLANDO PINZÓN GARCÍA, quien es el jefe de la seccional de investigación
criminal Santa Marta PREGUNTADO: manifieste al despacho qué función cumplía el
señor Intendente Jefe NICOLÁS ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ para la fecha de los
hechos CONTESTÓ: la función y cargo del señor Intendente Jefe NICOLÁS es Jefe de
Grupo Investigativo de Delitos contra la vida D.H y el D.I.H, y quien debe coordinar con
su personal las actividades a realizar diariamente. PREGUNTADO: manifieste al
despacho qué actividad se encontraban realizando los señores funcionarios al llegar al
lugar donde le manifestó el señor mayor ROLANDO PINZÓN GARCÍA. CONTESTÓ: al
llegar al establecimiento “TIENDA Y ESTADERO EL BOSQUE” para verificar la
información donde al parecer unos funcionarios de la seccional estaban realizando al
parecer una exigencia económica, observo en la parte externa al Patrullero GUERRERO
TUNJO y ACOSTA BOCANEGRA en la motocicleta de la seccional, y en la parte interna
observo al Patrullero GÓMEZ MUNAR y ZAMBRANO CUANDAR, en ese momento
desconozco que actividad realizaban los antes mencionados ya que en ningún momento
fui informado por parte del jefe de grupo [Intendente Jefe NICOLÁS ALBERTO VANEGAS
ÁLVAREZ], y mucho menos por parte de los funcionarios. […] PREGUNTADO: manifieste
al despacho qué patrulla de la SIJIN para la fecha 5 de junio de 2014 cubrían el cuadrante
donde se encontraron los señores patrulleros, quienes la conformaban y que indicativo
tenían CONTESTÓ: ellos no pertenecían a ese cuadrante, ninguno de los dos.». [sic].
80. A la diligencia de declaración del subintendente Richard Iván de la Vega Morales42 no
asistieron los investigados. El testimonio fue el siguiente:
«PREGUNTADO: diga al despacho si el informe que se le pone de presente corresponde
al mismo que usted suscribió en contra del señores patrulleros CÉSAR ACOSTA
BOCANEGRA, FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO CUANDAR y
ROBINSON GUERRERO TUNJO, mediante comunicación oficial número 012415 de
fecha 05 de JUNIO de 2014, así mismo, manifieste si es su firma y si se ratifica en todo
o en parte de lo que hay expuso, en caso afirmativo desea ampliar algo al respecto (el
despacho le muestra físicamente el informe referenciado al declarante. CONTESTÓ: Si,
ese es el informe elaborado por mí, teniendo en cuenta los hechos acaecidos con los
patrulleros mencionados, ese día me encontraba como Mando Ejecutivo en servicio de
información de la SIJIN Santa Marta, yo recibí una llamada del señor Intendente Jefe
NICOLAS ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ, Jefe de Grupo Investigativo de Delitos
Contra la Vida D.H y D.I.H. SIJIN Santa Marta, quien me pregunto si tenía conocimiento
de las actividades que se encontraban adelantando los patrulleros FABIÁN GÓMEZ
MUNAR, EDINSON ZAMBRANO CUANDAR, ROBINSON GUERRERO TUNJO y
42
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 92.
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
CÉSAR ACOSTA BOCANEGRA, a lo cual le contesté que no se me había informado ni
tenía conocimiento de qué actividades se encontraban adelantando los patrulleros en
mención, por lo tanto me da a conocer la novedad que se presentó con los patrulleros en
la tienda de razón social “TIENDA Y ESTADERO EL BOSQUE” ubicada en la calle 24
No. 30-05 del barrio San Pedro Alejandrino, así mismo me ordena efectuar la respectiva
anotación de la novedad en el libro o minuta de servicio. PREGUNTADO: manifieste al
despacho si usted llegó al lugar de los hechos a verificar la situación en que se
encontraban los señores patrulleros FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDINSON ZAMBRANO
CUANDAR, ROBINSON GUERRERO TUNJO y CÉSAR ACOSTA BOCANEGRA.
CONTESTÓ: yo no estaba en el lugar de los hechos porque el servicio que estaba
cubriendo en el momento es al interior de las instalaciones policiales. […]
PREGUNTADO: manifieste al despacho si las patrullas, estas patrullas, adscritas al
Grupo de Vida pueden movilizarse de un cuadrante o jurisdicción a otro, sin informar a su
jefe inmediato, ya que estas patrullas manejan información las cuales pueden ser
corroboradas o tratadas de manera inmediata. CONTESTÓ: en este caso las patrullas
tienen la facultad de movilizarse en toda la jurisdicción de Santa Marta para el
cumplimiento de sus actividades investigativas, siempre y cuando todo desplazamiento o
labor a realizar por ellas sean, de conocimiento del Jefe de Grupo. PREGUNTADO:
manifieste al despacho para la fecha 05 de junio de 2014 qué actividad se encontraba
realizando usted. CONTESTÓ: ese día me encontraba como Mando Ejecutivo en Servicio
de Información en turno de la SIJIN Santa Marta. PREGUNTADO: manifieste al despacho
si los patrulleros FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDINSON ZAMBRANO CUANDAR,
ROBINSON GUERRERO TUNJO y CÉSAR ACOSTA BOCANEGRA, le informaron la
actividad que se encontraban realizando en el establecimiento público de razón social
“TIENDA Y ESTADERO EL BOSQUE” en contra de un hermano de alias “NEO”.
CONTESTÓ: los patrulleros en ningún momento me ponen en conocimiento las
actividades que se encontraban realizando en la tienda que se relaciona con la
pregunta.». [sic].
81. En el expediente milita la Minuta de Control de Servicios43 correspondiente a los días
4 y 5 de junio de 2014, en las que se están registrados los hechos narrados por los
testimonios.
82. A través de correo electrónico remitido a los investigados el 11 de abril de 2015, se
les informó de la diligencia de práctica de pruebas que se realizaría el 14 de abril de
201544, fecha en la que se recibiría la declaración del mayor Rolando Pinzón García.
83. El testimonio del mayor Rolando Pinzón García es el siguiente:
«PREGUNTADO: diga al despacho, si el informe que se le pone de presente corresponde
al mismo que usted suscribió en contra de los señores patrulleros CÉSAR ACOSTA
BOCANEGRA, FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO CUANDAR y
ROBINSON GUERRERO TUNJO, mediante comunicación oficial número 012412 de
fecha 05 de JUNIO de 2014, así mismo, manifieste si es su firma, y si se ratifica en todo
o en parte de lo que ahí expuso, en caso afirmativo desea ampliar algo al respecto? (El
despacho le muestra físicamente el informe referenciado al declarante) CONTESTÓ. Sí,
totalmente, el presente informe radica en una llamada telefónica hecha por un ciudadano
en donde me manifiestan que hay cuatro funcionarios que se encontraban en un
establecimiento público “TIENDA Y ESTADERO EL BOSQUE” exigiéndole una cuantía
de cuatrocientos (400.000) mil pesos, para dejarlo funcionar una máquinas tragamonedas
informales, de igual manera, con el fin de verificar se va al sitio a verificar lo sucedido,
encontrando a los cuatro patrulleros mencionados en el informe, encontrándolos en el
lugar, los funcionarios al ver mi presencia, yo les pregunto qué se encontraban haciendo
43
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 96.
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Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «
ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 105.
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en ese lugar, quienes estos me manifiestan que se encontraban haciendo una actividad
de ubicación de una persona, quien al verificar en la base de datos este no se encuentra
con algún requerimiento judicial, de lo anterior se pasa el respectivo informe por no
informar las actividades que se encontraban realizando a sus jefes inmediatos, ya que
ninguno de sus superiores tenía conocimiento de los hechos o ejercicios que estos
funcionarios realizaban. PREGUNTADO: manifieste al despacho qué funcionarios
hicieron presencia en el lugar de los hechos para verificar la situación con los funcionarios
que se encontraban en el establecimiento. CONTESTÓ: el Capitán MILLÁN, Intendente
VANEGAS, Intendente DUARTE, Capitán CARRERO del GAULA y un funcionario de la
SIPOL. PREGUNTADO: manifieste al despacho si algún mando de la seccional de
investigación judicial Santa Marta, fue enterado por parte de los funcionarios, de la
actividad que se encontraban realizando. CONTESTÓ: no hubo, ningún mando tuvo
conocimiento de eso y que me hubiera puesto en conocimiento. PREGUNTADO.
Manifieste al despacho qué le informo el señor administrador en cuanto a los hechos que
se estaban presentando en el lugar de los hechos. CONTESTÓ: inicialmente me
manifiesta que se estaba presentado una exigencia de dinero por parte de los
funcionarios pero que iba a colocar una denuncia formal debido a que temía por su
integridad. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si ellos tienen jurisdicciones
diferentes pese a que no tienen un cuadrante fijo. CONTESTÓ: Si, ellos tienen comunas
asignadas, pero no recuerdo ahora, eso lo maneja el señor Intendente VANEGAS
[superior inmediato]. PREGUNTADO. Manifieste al despacho si las patrullas de Grupo de
Vida (SIJIN) pueden trasladarse de un lugar a otro sin informar, ya que manejan
información debidamente de confiabilidad. CONTESTÓ: el procedimiento es que todo
funcionario debe dar aviso a sus superiores, de las actividades que realizan o vayan a
realizar.». [sic].
84. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta,
a través de auto de 16 de junio de 201645, citó a audiencia pública a los investigados, al
considerar que su comportamiento se encontraba tipificado en el numeral 15 del artículo
35 de la Ley 1015 de 2006, según el cual constituye falta grave el dejar de informar los
hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o
servicio, dado que se salieron de su jurisdicción para, presuntamente, hacer seguimiento
a una persona, sin contar con orden de servicio para ello y sin informar a sus superiores
de tal actividad. Así las cosas, el despacho determinó provisionalmente que la modalidad
del accionar fue por omisión, y que la culpabilidad se calificaba a título de dolo, pues era
de su conocimiento el deber de informar al superior, de los hechos que debían ser de su
conocimiento por razón del cargo y del servicio. En ese orden, en el referido auto se
ordenó:
«PRIMERO: Tramitar la presente actuación por el procedimiento verbal previsto en la Ley
734 de 2002, Libro IV. Título XI, Artículos 175 y siguientes, en concordancia con el Artículo
58 de la ley 1474/2011, en contra de los señores Patrulleros FABIÁN ANDRÉS GÓMEZ
MUNAR, C.C. No.1.082.126.544, EDISSON GIOVANNY ZAMBRANO CUANDAR, C.C.
No. 1.086.133.519, CÉSAR AUGUSTO ACOSTA BOCANEGRA, C.C. No. 1012337344 y
ROBINSSON ALEXANDER GUERRERO TUNJO, C.C. No. 1012351688, en cuanto a la
imputación de haber presuntamente incurrido en la falta disciplinaria establecida en el
Reglamento de Disciplina y Ética para la Policía Nacional, contenida en la Ley 1015 de
2006 “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional” Artículo 35, numeral 15, “Dejar de
informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a conocimiento del
superior por razón del cargo o servicio”, radicada bajo el número MESAN-2015-24.
SEGUNDO: Cítese a Audiencia Pública a los señores Patrulleros FABIÁN ANDRÉS
GÓMEZ MUNAR, C.C. No. 1.082.126.544, EDISSON GIOVANNY ZAMBRANO
45
Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 129 a 174.
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
CUANDAR, C.C. No. 1.086.133.519, CÉSAR AUGUSTO ACOSTA BOCANEGRA, C.C.
No. 1012337344 y ROBINSSON ALEXANDER GUERRERO TUNJO, C.C. No.
1012351688; diligencia que se llevará a cabo en las instalaciones de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta, ubicada en la calle 22
con carrera 1C - 74 segundo piso el día y hora señalado en la diligencia de notificación
de la presente decisión. Las diligencias permanecerán a disposición de los sujetos
procesales en la Secretaría del despacho que surta la notificación.
TERCERO: Notificar personalmente a los disciplinados y/o sus apoderados la
determinación tomada en esta providencia, informándole su derecho a estar asistido por
un abogado defensor, si lo estiman conveniente.
CUARTO: Convalídense las pruebas recaudadas en la Indagación Preliminar N° P-
MESAN-2015-6, para que hagan parte dentro de la presente Investigación Disciplinaria
No. MESAN-2015-24.
QUINTO: Por secretaría dispóngase la comunicación de esta providencia a la
Procuraduría Provincial de Santa Marta, en acatamiento de lo previsto en la Ley 734 de
2002, artículo 176, inciso segundo.
SEXTO: Las diligencias permanecerán a disposición de los investigados y/o su
apoderado en la Oficina de Control Disciplinario Interno de La Policía Metropolitana de
Santa Marta.
SEPTIMO: Contra esta decisión no procede recurso alguno». [sic].
85. El auto de citación a audiencia fue notificado personalmente a los investigados César
Augusto Acosta Bocanegra46, Fabián Andrés Gómez Munar47, Edisson Geovanny
Zambrano Cuandar48 el 23 de junio de 2015.
86. Según consta en acta de audiencia del 14 de julio de 2016, los investigados acudieron
al proceso disciplinario acompañados por sus apoderados judiciales debidamente
constituidos, a quienes se les reconoció personería adjetiva para actuar en la diligencia49.
En la diligencia se escuchó en versión libre a Edisson Geovanny Zambrano Cuandar,
César Augusto Acosta Bocanegra. Por su parte, Fabián Andrés Gómez Munar50 rindió
versión libre por escrito presentado en la misma fecha.
87. En la continuación de la audiencia llevada a cabo el 19 de julio de 201651 se concedió
a los investigados la oportunidad para solicitar y aportar pruebas.
88. El 22 de julio de 2016 se continuó con la referida audiencia, y se procedió a escuchar
declaración del subintendente Óscar Mejía Wilches, quien fue interrogado por la
apoderada judicial de los investigados César Augusto Acosta Bocanegra, Fabián Andrés
Gómez Munar y Edisson Geovanny Zambrano Cuandar:
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 178.
47
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 179.
48
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 182.
49
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 201.
50
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 211.
51
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 216.
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Demandada: Policía Nacional
«PREGUNTADO: Diga el testigo, qué cargo ocupaba para la fecha 05 de junio de 2014?
CONTESTÓ: Para esa fecha estaba encargado como jefe de la comuna cinco de la
ciudad de Santa Marta, en el grupo investigativo delitos contra la vida, solo de delitos de
homicidios que ocurrieran en esa comuna. PREGUNTADO: Diga el testigo si conoce a
los señores CÉSAR COSTA BOCANEGRA, FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON
ZAMBRANO CUANDAR y ROBINSSON GUERRERO TUNJO, en caso afirmativo por qué
los conoce? CONTESTÓ: Si los conozco, eran mis compañeros de trabajo, trabajaban en
el mismo grupo. PREGUNTADO: Informe a este despacho, si para la fecha de los hechos
los señores anteriormente descritos se encontraban a cargo suyo? CONTESTÓ: en el
grupo habían varios mandos ejecutivos en los grados de Intendentes y Subintendentes,
las patrullas estaban integradas por binomio y de cada patrulla respondía por una comuna
Unidad, en los casos cuando se iba hacer un procedimiento o alguna actividad operativa
los Patrulleros siempre llamaban a los Subintendentes que estaban a cargo de las
comunas e informaban que actividades iban a realizar. PREGUNTADO: Diga el
declarante a este despacho si para el día de los hechos investigados Usted recibió una
llamada del señor FABIÁN GÓMEZ MUNAR informándole que existía por parte de una
fuente humana la indicación que en el establecimiento de razón social “el bolsillo” se
encontraba alias “ÓSCAR” quien portaba arma de fuego tipo pistola, éste sujeto era
hermano de alias “Neo”, ambos integrantes de la banda criminal denominada “Los
Rastrojos”, personas cuyo accionar delictivo lo tenían en las comunas dos y tres, pero en
esos momentos se encontraban por la avenida del Rio jurisdicción que pertenece a la
comuna cinco? CONTESTÓ: efectivamente ese día el señor Patrullero GÓMEZ me hace
una llamada a mi teléfono celular y me pide que lo acompañe para hacer un procedimiento
de captura en flagrancia a una persona que portaba arma de fuego. El procedimiento se
iba llevar a cabo en la avenida del Rio, pero yo me encontraba ocupado en la oficina
realizando unos informes de investigador de campo, yo lo que le dije era que se apoyara
con Acosta […]». [sic].
89. El 4 de agosto de 2016 se continuó la audiencia, y se otorgó la oportunidad a la
apoderada judicial de los investigados para que alegara de conclusión52.
90. El 29 de agosto de 201653 el patrullero Robinsson Alexander Guerrero Tunjo rindió
versión libre por escrito.
91. El 31 de agosto de 2016 se celebró audiencia de fallo dentro de la investigación
disciplinaria MESAN-2015-2454 en la que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Metropolitana de Santa Marta resolvió declarar responsables disciplinariamente
a los investigados. En el fallo disciplinario, se sancionó a los uniformados con 6 meses
de suspensión sin derecho a remuneración e inhabilidad especial por el mismo período
para ejercer cargos públicos, por haber incurrido a título de dolo, en la falta grave prevista
en el artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006, «dejar de informar, o hacerlo con
retardo, los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del
cargo o servicio». Lo anterior, porque en su condición de patrulleros, adelantaron un
operativo por fuera de su jurisdicción, sin informar a sus superiores jerárquicos.
92. En el marco de la diligencia la apoderada de los disciplinados Fabián Gómez Munar,
Edisson Zambrano Cuandar y César Acosta, presentó recurso de apelación contra dicha
decisión, el cual fue concedido de manera inmediata:
52
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 263, 266.
53
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 298.
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Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 301.
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«RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables disciplinariamente a los señores
Patrulleros FABIÁN ANDRES GÓMEZ MUNAR, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.082.126.544, EDISSON GIOVANNY ZAMBRANO CUANDAR, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.086.133.519, CESAR AUGUSTO ACOSTA BOCANEGRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.012.337.344 y ROBINSON ALEXANDER
GUERRERO TUNJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.012.351.688, e
interponerles el correctivo disciplinario de SEIS MESES DE SUSPENSION SIN
DERECHO A REMUNERACIÓN e INHABILIDAD ESPECIAL por el mismo periodo para
ejercer cargos públicos, por demostrarse a través de la presente investigación que
infringieron la Ley 1015 de 2006, en su artículo 35 numeral 15 Dejar de informar, o hacerlo
con retardo, los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del
cargo o servicio, calificada como grave a título de dolo..
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente decisión a los disciplinados y/o apoderados,
haciéndoles saber que contra la misma procede el recurso de APELACION ante la
Inspección Delegado Regional Ocho, el cual deberá ser presentado y sustentado dentro
de esta audiencia, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 que
modificó el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, una vez hecho lo anterior se remitirá ante
el señor Inspector Delegado para la Regional Ocho, ante el cual los investigados, a través
de sus apoderados de confianza, manifestaron, en este caso, la doctora CAROLINA
ARCHILA MARRUGO SI X NO__ APELO. Y lo hago en los siguientes términos: en mi
calidad de apoderada de los señores FABIÁN GÓMEZ MUNAR, EDISSON ZAMBRANO
CUANDAR y CÉSAR ACOSTA, me permito presentar recurso de apelación en contra del
fallo emitido en la investigación disciplinaria MESAN-2015-24, en la cual resultaron
sancionados disciplinariamente mis patrocinados por incurrir presuntamente en la falta
disciplinaria descrita en el artículo 35 numeral 15 del Régimen Disciplinario de la Policía,
Ley 1015 de 2006, y las razones que me llevan a presentarlo son las siguientes: en
primera instancia el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, da lectura de fallo
y dentro del mismo se aprecia que las pruebas aportadas por la defensa no fueron
valoradas en conjunto pese a que fueron elevadas al plenario, pruebas documentales que
demuestran que mis defendidos el día de la ocurrencia de los hechos no tenían un lugar
establecido donde no pudieran realizar sus labores policiales, pues la minuta de servicio
que se encuentra en el expediente demuestra que ellos podían realizar sus labores en
todo el perímetro urbano de Santa Marta, observa la defensa que pese a ser una prueba
documental, el despacho no le da validez y da derecho que mis defendidos se
encontraban en un lugar diferente al que debían estar, siendo que no existe ningún
documento que diga que ellos no podían estar en el lugar de los hechos pero sí existe la
prueba de que podían estar en todo el perímetro urbano, sin embargo el despacho solo
le da validez a los testimonios recepcionados en este plenario de los señores Mayor
Pinzón, Capitán Millán, Capitán Vanegas y Sargento Duarte, desconociendo la prueba
documental señalada, de igual manera el despacho insiste en que no se informó de las
actividades a las cuales se dedicaban mis defendidos el 05 de junio de 2014, sin embargo,
existe en el plenario el testimonio del Subintendente ÓSCAR MEJÍA WILCHES, que a
pesar de no ser valorado por el despacho demuestra que sí se dio conocimiento de los
hechos que estaban ocurriendo ese día. De igual manera el despacho no valoró el hecho
de que mis defendidos se encontraban realizando actividades policiales en aras de
cumplir con un operativo, situación que se vislumbra en el contenido del fallo en donde el
operador afirma que es una conducta inapropiada de los investigados porque tenían pleno
conocimiento de que debían informar a un superior los hechos que ocurrieron el 05 de
junio de 2014, sin embargo no se tiene en cuenta que el deber constitucional de los
policiales de proteger la comunidad frente a cualquier peligro de que pueda ser víctima,
como también colaborar con el desempeño y operativos que permitan capturar a
delincuentes como lo era el señor alias “ÓSCAR”, quien se encontraba como es de
conocimiento en el establecimiento de razón social “El Bolsillo”, de tal manera a mis
patrocinados en ningún momento con este actuar estaban dando mal ejemplo a sus
demás compañeros, sino por el contrario estar cumpliendo con las obligaciones que le
son propias como policiales, sin embargo esta instancia ha desestimado las
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
declaraciones recepcionadas de mi cliente, las cuales fueron coincidentes en sus
argumentos insistiendo en todo momento el despacho en que mis patrocinados
incurrieron en la falta disciplinaria antes mencionada. De igual forma el despacho califica
la conducta a título de dolo sin tener en cuenta que mis defendidos por el contrario
estaban cumpliendo con una función policial y que si bien es cierto tienen conocimiento
de que los hechos deben ser informados al superior, en ese momento lo hicieron como
se ha dicho en comunicarse con el Subintendente ÓSCAR ALBERTO MEJÍA WILCHES,
sin embargo de no aceptar este hecho el despacho sí debió tener en cuenta la magnitud
del operativo que se estaba realizando y que no les daba tiempo en ese momento para
seguir informar a otros superiores más; no obstante, se ha notado por los disciplinados
en acta correspondiente de lo ocurrido el día 05 de junio de 2014, prueba a la cual
tampoco el despacho le dio validez pese a que del orden documental y realizada en su
momento. En atención a que dentro del plenario existen pruebas que muestran que mis
clientes se encontraban adelantando funciones policiales es que solicito al superior
revocar en su totalidad el fallo que se absuelvan disciplinariamente a mis patrocinados
con seis meses de suspensión sin remuneración por la falta disciplinaria contenida en el
artículo 35 numeral 15, y en su lugar absolverlos valorando las pruebas en conjunto y
teniendo en cuenta el comportamiento que siempre han tenido mis defendidos durante
su desempeño como policial que en ningún momento han infringido la Ley Disciplinaria y
que como se vislumbra y se probó en el plenario no incurrieron en la falta disciplinaria
que se les está endilgando en primera instancia. Hasta ahí, gracias!!!. En este estado de
la diligencia, ésta instancia continúa con la diligencia, manifestándole a la doctora DILIA
INÉS BARÓN ARIAS, el derecho que tiene de exponer el recurso de apelación en esta
misma audiencia, a lo que manifestó: si es mi deseo, pero le solicito cinco minutos antes
de iniciar con el mismo. Pasa el despacho conceder lo solicitado por la doctora, siendo
las 19:05 horas.
Cumplido el término del receso concedido por el despacho, se continúa
con la diligencia, tomando la palabra la doctora DILIA INÉS BARÓN ARIAS, a lo que
manifestó: siendo representante del señor Patrullero Robinsson Guerrero Tunjo, donde
el despacho le imputa falta disciplinaria de la Ley 1015, articulo 35 numeral 15, por lo que
me referiré a la ratio decidendi, en su decisión se destaca aspectos los cuales expongo:
se tiene cuenta que esta investigación se inició bajo la presunta conducta de concusión,
dado que los hechos inician por la llamada al abonado telefónico 321-3945126, donde el
señor LEONARDO ADELSO SIERRA POLO, propietario del establecimiento de razón
social tienda y estadero “El Bosque” se encuentran funcionarios al parecer adscritos a la
SIJIN exigiendo la suma de $400.000, debido a que en dicho lugar funciona un casino
informal, dentro de esta investigación se logró determinar que mi representado no había
cometido dicha conducta, es decir, no existieron elementos fundamentales por parte del
denunciante, para determinar que mi representado se encontrase en el estadero el
bosque solicitando dinero, luego se indica que la causa de la investigación disciplinaria
es estar por fuera de su jurisdicción realizando funciones ajenas a la misma y luego en el
pliego de cargos se dice que se omitió una conducta, la de dejar de informar, de acuerdo
al artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006, resalto también, que en cuanto a las
pruebas practicadas se termina valorando la versión de mi representado, a sabiendas
que existe la prohibición Constitucional de actos incriminatorios y descendiendo en el
caso se tiene que por la naturaleza de la labor de mi representado como agente adscrito
a la DIJIN está obligado el desplazamiento constante por la ciudad, los motivos del
disentimiento están dados en que solo se valoraron las pruebas testimoniales del
Intendente Jairo Duarte Pineda, Nicolás Alberto Vanegas Álvarez, Wilson Millán Triana,
Subintendente Richard de la Vega Morales y la del señor Mayor Rolando Pinzón García,
asimismo estas pruebas no fueron valoradas en su conjunto y podemos referimos al
artículo 153 de la Ley 836 de julio 16 de 2003, donde se refiere que la prueba para
sancionar el fallo sancionatorio solo se proferirá cuando obre prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y responsabilidad del investigado; de igual forma no
fue desarrollado por el Aquo la causal segunda del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, ya
que no se refirió a lo planteado por esta defensa en sus alegatos de conclusión cuando
resaltó que es menester decir que mi representado estaba frente al cumplimiento de un
deber funcional de vigilancia y prevención como lo ordena la Constitución, se encontraba
en el lugar haciendo un seguimiento que es necesidad del servicio, ES UNA URGENCIA
DEL SERVICIO, dado que son funciones del servicio de la actividad policiva y quiero
acudir a que su comportamiento se explica por estar enmarcado dentro de un deber legal,
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el cual refiere la norma concerniente a los eximentes de responsabilidad, por eso solicito
que mi representado en esta instancia sea absuelto porque estaba en cumplimiento de
un deber legal, un deber legal que no solo quiere decir que esté en cumplimiento de una
orden, sino en un deber legal que corresponde a su función, es necesario ubicarse bajo
el nuevo concepto disciplinario, refiriéndonos a este artículo 28 de la Ley 1474 que habla
de las causales de exclusión de responsabilidad, en cumplimiento de un deber legal de
autoridad competente; ahora en este caso, mi representado no requería una orden judicial
para observar al señor Granados Muñoz y permanecer alerta, mi representado no ha
realizado ningún comportamiento invasivo, no ha ido a allanar inmuebles, no realizó
ningún comportamiento distinto al que puede realizar un miembro de la autoridad que se
percata de tales circunstancias y se ubica en un lugar por fuera de su cuadrante, entonces
reitero al despacho, que estaría frente al artículo 28, resalta CUMPLIMIENTO DE UN
DEBER LEGAL que en su numeral segundo se refiere en estricto cumplimiento de un
deber constitucional de mayor importancia que el sacrificado, reitero al despacho que si
bien, existe un deber de informar había un deber superior que era el de garantizar la
integridad y vida de los miembros de la comunidad frente a una persona de la peligrosidad
de ÓSCAR MUÑOZ GRANADOS, quien en recortes de prensa y noticias públicas es
dable comprobar que hoy se encuentra privado de la libertad por pertenecer a la banda
criminal “Los Rastrojos” y que a varios pasos de donde la tienda de razón social reside la
madre de este individuo, dando paso a la dinámica disciplinaria y refiriéndome a la obra
dogmática, jurídica, practicable del doctor Exiquio Manuel Sánchez donde establece que
no es sanción por sanción, sino que es necesario que se incumpla el deber funcional, se
requiere acudir al principio de lesividad para tal fin, se requiere que la conducta del
disciplinable haya causado afectación física al deber funcional, en el caso que
examinamos no hay causación o afectación de daño alguno, no se reporta
comportamiento alguno o hecho que haya sucedido en el lugar donde debería estar los
disciplinables, reitero, al dejar el lugar donde debería estar el disciplinable no ocurrió daño
ni se lesionó un bien mayor, por tal razón y pese al comportamiento de mi representado
solicito absolverlo reiterando que toda decisión debe fundamentarse en prueba y
reiterando que no se puede proferir sanción disciplinaria sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta y la responsabilidad. Es así
como no se estructura la falta disciplinaria y no hay elemento para determinar la
responsabilidad, por esa razón insisto revocar el fallo en su totalidad.
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que el recurso fue debidamente sustentado,
se concede y dichas diligencias serán enviadas a la inspección Delegada Región Ocho
para lo de su competencia.
No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y una vez leída y aprobada
se firma por los que en ella intervinieron.». [sic].
93. El 12 de octubre de 201655 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
en segunda instancia, decisión que fue notificada a los investigados en estado de la fecha
y comunicada por correo del 13 de octubre del mismo año. En tal virtud, a través de su
apoderada judicial presentaron alegatos el 18 de octubre56.
94. La Inspección Delegada Región Ocho de la Inspección General de la Policía Nacional
el 10 de noviembre de 2016 profirió fallo disciplinario de segunda instancia57,
confirmando la decisión de primera instancia.
55
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 365.
56
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 370.
57
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 374.
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95. El fallo de segunda instancia fue notificado personalmente a los disciplinados58 a
través de su apoderada judicial el 15 de noviembre de 2016.
96. El director general de la Policía Nacional profirió la Resolución 08009 del 15 de
diciembre de 201659, a través de la cual ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a los
uniformados Fabián Andrés Gómez Munar, Robisson Alexander Guerrero Tunjo, Edisson
Geovanny Zambrano Cuandar y César Augusto Acosta Bocanegra:
«ARTÍCULO 1°. Suspender en el ejercicio del cargo y funciones por el término de seis
(06) meses sin derecho a remuneración, a los señores Patrullero ROBINSSON
ALEXANDER GUERRERO TUNJO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.012.351.693, Patrullero FABIÁN ANDRÉS SÓMEZ MUNAR, identificado: con cédula de
ciudadanía No. 1.082.126.544, Patrullero EDISSON GEOVANNY ZAMBRANO
CUANDAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.086.133.519 y Patrullero CÉSAR
AUGUSTO ACOSTA BOCANEGRA, identificado con cédula de ciudadanía
No..012.337.344. Así mismo los citados Policiales se encuentran Inhabilitados para
ejercer funciones públicas por el mismo lapso, de conformidad con lo dispuesto en el fallo
de primera instancia de fecha 31 de agosto de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta y providencia de
segunda instancia de fecha 10 de noviembre de 2016, proferido por el inspector Delegado
Región Ocho de Policía
ARTÍCULO 2°. Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta, para que la notifique y la remita a la
División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y a los Grupos de
Talento Humano MESAN, DESAP y DESUC respectivamente.
ARTÍCULO 3°. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de ejecución.
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.». [sic].
97. Lareferida resolución fue notificada personalmente a los disciplinados60, en las
siguientes fechas: Edisson Geovanny Zambrano Cuandar el 23 de diciembre de 2016,
Fabián Andrés Gómez Munar el 27 de diciembre de 2016 y César Augusto Acosta
Bocanegra el 28 de diciembre de 2016.
98. Los demandantes presentaron solicitud de conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación el 24 de abril de 2017.
3.3.4. Análisis sustancial de la Sala para resolver el primer problema jurídico
A. Contenido y alcance de la falta grave señalada en el artículo 35.15 de la Ley 1015
de 2006
99. Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que cada uno de los presupuestos legales
que configuran la falta disciplinaria hacen parte del elemento normativo del tipo, procede
58
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 401.
59
Hoja de vida visible en: Expediente 47001233300020170046002/ Índice 2 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo
«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 410.
60
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«ED_0EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2 » / fl. 413 y ss.
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la Sala a concentrar el análisis en la estructura de la falta disciplinaria grave por la que
se responsabilizó a los demandantes, la cual se encuentra contenida en el artículo 35.15
de la Ley 1015 de 2006 en los siguientes términos:
«Artículo 35. Faltas graves. Son faltas graves:
[…]
15. Dejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior por razón del cargo o servicio.
[…]».
100. De conformidad con la norma reseñada, el tipo disciplinario consiste en incumplir
el deber de informar de manera oportuna, o dejar de hacerlo, al superior jerárquico, sobre
los hechos que por razón del cargo o del servicio, deban ser puestos en su conocimiento.
B. Caso concreto
101. Los apelantes sostienen que la acusación fue ambigua porque no se precisó si el
deber de informar era «por razón del cargo» o «por razón del servicio».
102. Este argumento no prospera en primer lugar, porque el tipo disciplinario es claro
y completo. En efecto, el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 establece:
«[d]ejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior por razón del cargo o servicio». En ese sentido, la conjunción
«o» no genera ambigüedad, sino que amplía el ámbito de aplicación del deber funcional.
103. Para la Sala este argumento es débil en la medida en que, se insiste, la conducta
tipificada es clara. En esa línea, como quedó expuesto, desde el auto de citación a
audiencia se indicó la norma exacta, por lo que la defensa conoció el marco normativo
desde el inicio, participaron en audiencia verbal, ejercieron contradicción probatoria, sin
que pueda señalarse que no desarrollaron su derecho a la defensa real ni material por
esa circunstancia.
104. Igualmente, es dable señalar que en el auto de fecha 16 de junio de 2016,
mediante el cual se dispuso tramitar la actuación por el procedimiento verbal previsto en
la Ley 734 de 2002, en contra de los uniformados Fabian Andrés Gómez Munar, Edisson
Giovanny Zambrano Cuandar, César Augusto Acosta Bocanegra y Robinson Guerrero
Tunjo (que no es parte en este proceso), se precisó que la imputación correspondía a la
presunta infracción de la falta disciplinaria establecida en el numeral 15 del artículo 35
de la Ley 1015 de 2006, por haber dejado de informar los hechos que deben ser llevados
al conocimiento del superior en razón del cargo o servicio, la cual guarda total
correspondencia con la falta disciplinaria por la cual fueron sancionados los ahora
demandantes.
105. De esta manera, es claro que la conducta imputada fue exactamente esa: omisión
de informar hechos que debían ponerse en conocimiento del superior, en razón del cargo
o servicio. Por lo tanto, no es jurídicamente exigible que el operador disciplinario
«reescriba» el tipo ni que lo fraccione como pretenden los apelantes.
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106. Adicionalmente, la Sala considera que el concepto de «superior» no es
indeterminado, como sostiene el recurso de apelación al señalar que «superior» podría
ser cualquier mando dentro de la escala jerárquica. Para la corporación este
entendimiento es incorrecto, pues, de la lectura detallada del numeral 15 del artículo 35
de la Ley 1015 de 2006, se infiere con claridad que el deber de informar se predica frente
al superior funcional competente, no frente a cualquier miembro de mayor grado, sino a
quien tiene competencia decisoria sobre la actividad del uniformado.
107. En ese orden de ideas, la instancia disciplinaria fue clara cuando determinó que
el superior competente era el intendente jefe Vanegas, comandante del grupo al que
pertenecían los uniformados sancionados.
108. Así las cosas, el subintendente Mejía no era superior directo de los sancionados,
no tenía competencia decisoria sobre la actividad policial de ellos, no autorizó
formalmente el procedimiento, y finalmente, él tampoco informó al superior funcional de
los disciplinados. Por tanto, informar a alguien que no es el superior competente no
satisface el deber funcional.
109. La Sala anota que uno de los núcleos del recurso de apelación se sustenta en la
declaración del subintendente Mejía. En efecto, los apelantes alegan, que como uno de
los uniformados llamó al subintendente Mejía, y como él sugirió apoyarse en otra patrulla,
entonces se presentó una autorización implícita.
110. La Subsección considera que este razonamiento no es jurídicamente válido
porque es claro que la llamada por celular que uno de los policías efectuó al
subintendente Mejía, no equivale a autorización formal. Además, de la misma
declaración citada en el recurso se desprende que el subintendente Mejía no era el jefe
o superior inmediato de los uniformados, y que real y materialmente él no autorizó el
desplazamiento. Por tanto, no existió orden formal para que los uniformados
desarrollaran el supuesto operativo para capturar en flagrancia a un reconocido
delincuente de la ciudad, y en esa medida, no existió reporte al superior competente de
parte de los policías sancionados, lo cual, por lo demás, llama la atención de la Sala si
se tiene en cuenta que el supuesto operativo policial era contra una de los líderes de una
peligrosa banda delincuencial.
111. De acuerdo con lo expuesto, en respuesta al primer problema jurídico, la Sala
concluye que el juicio de tipicidad desarrollado en el caso concreto, estuvo acorde con el
ordenamiento jurídico, en consecuencia, el cargo de ilegalidad se resuelve
desfavorablemente.
3.4. Estudio y resolución del segundo problema jurídico
3.4.1. El régimen probatorio en materia disciplinaria
112. El artículo 20 de la Ley 1015 de 2006 «por medio de la cual se expide el Régimen
Disciplinario para la Policía Nacional», señala que «[e]n lo no previsto en esta ley, se
aplicarán los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
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Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario».
113. A su vez, el artículo 58 ibídem determinó, en virtud de la integración normativa
mencionada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos por la ley
a la que se hizo alusión, es el contenido en el Código Disciplinario Único, o en las normas
que lo modifiquen o adicionen.
114. De esta manera, el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que
se adelantan contra el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de policía que
estén prestando servicio militar en la Policía Nacional61 es el fijado en el título VI de la
Ley 734 de 2002, toda vez que la Ley 1015 de 2006 no establece uno propio.
115. Precisamente, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 señala la necesidad de que
tanto el fallo disciplinario como toda decisión interlocutoria adoptada en el proceso
disciplinario, esté fundamentada en las pruebas legalmente producidas y aportadas por
petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en
determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.
116. Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real62 de lo
sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada
de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley
734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:
«[…] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El
funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos
y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad
del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de
responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio […]».
117. La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la
pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar
la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o
eximen de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte
investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor63.
118. En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el
artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica,
de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en
que se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A de esta Sección advirtió64:
«[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado
en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador
disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del
61
De acuerdo al artículo 23 de la Ley 1015 de 2006 estos son los servidores públicos a los cuales regula la misma.
62
En este sentido también lo dispone el artículo 5.ª de la Ley 1015 de 2006.
63
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 15 de mayo de 2013.
Expediente11001-03-25-000-2011-00571- 00(2196-11).
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, 13 de febrero de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11).
27
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mismo operador judicial penal65, que le autoriza para determinar, en ejercicio de una
discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes
para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su
vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del
investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y
valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128,
129, 141 y 142, entre otros […]».
119. Finalmente, el artículo 142 ibídem, indica, de manera precisa, que «[…] No se
podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la
certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado […]». De
esta manera, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria,
debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público
incurrió en la falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica
necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del
principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de
inocencia.
120. Al respecto la Subsección B de esta Sección señaló66:
«[…] Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones
que engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también en materia
disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo
29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, que
establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no
haya modo de eliminarla”.
De esta forma, como lo ha establecido la Corte Constitucional67, quien adelante la
actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que
la conducta de que se acusa a una persona, está establecida como disciplinable; se
encuentra efectivamente probada; y, que la autoría y responsabilidad de ésta se
encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de
superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como
expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional […]68».
121. De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que el operador disciplinario
pueda proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza,
para que así se proteja el principio de presunción de inocencia. Es así que el proceso
administrativo se sintetiza en dos finalidades, la primera como instrumento de tutela de
los derechos y garantías de los asociados y la segunda constituye un sendero para que
65
Al respecto en sentencia T-161 de 2009, ha precisado la Corte: « […] En cuanto a la autoridad pública encargada
de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de
autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa;
además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos
parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un
margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena
imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las
pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el
proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]».
66
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de
julio 2015. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00189- 00(0777-12).
67
Corte Constitucional, sentencia T-969 de 2009.
68
La ortografía y gramática corresponden al texto original.
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la administración pueda tomar una decisión acorde con el ordenamiento jurídico,
teniendo como criterio los elementos de juicio necesarios para ello, elementos que se
circunscriben como principios y reglas.
122. Finalmente, la Subsección anota que la Sala Plena de esta Corporación en
sentencia de 9 de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210), definió
que el control que la jurisdicción de lo contencioso–administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar
hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la
luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales.
123. Lo anterior porque: (i) los actos administrativos proferidos por los titulares de la
acción disciplinaria, hacen parte del ius puniendi, (ii) es necesario respetar la garantía de
la tutela judicial efectiva en la Convención Americana de Derecho Humanos y en la
Constitución Política, y (iii) la jurisdicción está estatuida para la preservación del
ordenamiento jurídico y la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución
Política y la ley, por cuanto es expresión del ejercicio del control judicial de los actos de
la administración, en el marco del Estado Social de Derecho.
124. De manera tal que, el juicio integral que en materia disciplinaria ha prohijado la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo, permite controlar la valoración de la prueba
porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto
disciplinario se encuentra debidamente motivado.
3.4.2. Análisis sustancial de la Sala para resolver el segundo problema jurídico
125. Pues bien, en primer lugar se advierte que, a través de auto de fecha 30 de enero
de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional dispuso la
apertura de la indagación preliminar en contra de policiales por establecer, para lo cual
decretó diversos medios de pruebas documentales y testimoniales, decisión que les fue
debidamente notificada a los ahora demandantes conforme a las constancias de
notificación personal obrantes a folios 45 y siguientes del expediente.
126. Igualmente, se advierte que en la etapa primigenia del procedimiento disciplinario
fue recibida la declaración del intendente Jairo Duarte Pineda, quien manifestó
categóricamente que el día 5 de junio de 2014 le fue ordenado desplazarse a la Avenida
del Rio donde presuntamente unos policiales estarían realizando exigencias económicas
a un comerciante del sector. También, narró que, al llegar al lugar, encontró a los señores
Fabian Andrés Gómez Munar, Edisson Giovanny Zambrano Cuandar, César Augusto
Acosta Bocanegra y Robinsson Guerrero Tunjo (quien no es parte en este proceso), en
un establecimiento de razón social «El Bosque», y que al llegar, los referidos policiales
se pusieron nerviosos y manifestaron que no tenían autorización de ningún mando para
estar en dicho sector, presuntamente realizando un operativo policial de seguimiento al
hermano del delincuente alias «Neo». También señaló, señaló que los uniformados no
habían informado a su superior acerca del procedimiento y que el mismo los recriminó
por no haberle puesto en conocimiento esa situación.
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127. Asimismo, fue recibida la declaración del intendente jefe Nicolás Alberto Vanegas
Álvarez, quien señaló que el día 5 de junio de 2014 la Seccional de Investigación Criminal
de Santa Marta recibió la llamada de un ciudadano que informó que 4 policiales de la
SIJIN le estaban realizando exigencias económicas al parecer por el funcionamiento de
unas máquinas tragamonedas. Igualmente, que por orden del mayor Rolando Pinzón
García se desplazó al lugar de los hechos, y al llegar, encontró a cuatro policiales
subalternos suyos de la SIJIN, quienes le informaron que estaban realizando un
operativo policial de seguimiento al hermano del presunto delincuente alias «Neo», frente
a lo cual preguntó el por qué no le habían informado, y que los policiales señalaron que
la fuente humana los había llamado rápidamente.
128. Del mismo modo, se advierte que fueron recibidas las declaraciones de diversos
miembros de la institución policial, como el capitán Wilson Millán Triana, el subintendente
Richard Iván de la Vega Morales y el mayor Rolando Pinzón García, quienes declararon
acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales acaecieron los hechos
que dieron lugar a la investigación SIJUR-MESAN 2015-24, siendo coincidentes en que
los policiales Fabian Andrés Gómez Munar, Edisson Giovanny Zambrano Cuandar,
César Augusto Acosta Bocanegra y Robinsson Guerrero Tunjo (quien no es parte en
este proceso) no tenían autorización para realizar el presunto procedimiento policial que
adujeron estar efectuando, y que tampoco habían informado a sus superiores respecto
de su realización.
129. Aunado a lo anterior, obra en la foliatura el auto de fecha 16 de junio de 2016,
mediante el cual se dispuso tramitar la actuación por el procedimiento verbal previsto en
la Ley 734 de 2002, en contra de los señores Fabian Andrés Gómez Munar, Edisson
Giovanny Zambrano Cuandar, César Augusto Acosta Bocanegra y Robinsson Guerrero
Tunjo (quien no es parte en este proceso), en cuanto a la imputación de haber
presuntamente incurrido en la falta disciplinaria establecida en el numeral 15 del artículo
35 de la Ley 1015 de 2006, por haber dejado de informar los hechos que deben ser
llevados al conocimiento del superior en razón del cargo o servicio, e igualmente se
dispuso la citación a audiencia pública de los patrulleros, decisión que fue debidamente
notificada a los ahora demandantes conforme a las constancias de notificación visibles
a folios 129 y siguientes del expediente.
130. Surtidas las etapas procedimentales correspondientes, fue proferido el fallo
disciplinario el 31 de agosto de 2016, dentro de la investigación 2014-24 seguida contra
los referidos señores, en la cual se resolvió declarar responsables disciplinariamente a
los policías e imponerles sanción disciplinaria de seis meses de suspensión sin derecho
a recibir remuneración e inhabilidad especial por el mismo lapso para ejercer cargos
públicos por la infracción del numeral 15 del artículo 35 de la ley 1015 de 2006, por haber
dejado de informar los hechos que deben ser llevados al conocimiento del superior en
razón del cargo o servicio; decisión que fue recurrida en la audiencia por la representante
judicial de los disciplinados.
131. Posteriormente, y una vez surtida la etapa de alegatos de conclusión en sede de
segunda instancia, se profirió fallo el 10 de noviembre de 2016, mediante el cual se
dispuso confirmar la sanción impuesta por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
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Radicación: 47-001-23-33-000-2017-00460-02 (2160-2022)
Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
Interno de la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del fallo disciplinario del 31
de agosto de 2016, en la cual se resolvió declarar responsables disciplinariamente a los
referidos policiales e imponerles correctivo disciplinario de seis meses de suspensión sin
derecho a recibir remuneración e inhabilidad especial por el mismo lapso para ejercer
cargos públicos por la infracción grave del numeral 15 del artículo 35 de la ley 1015 de
2006, por haber dejado de informar los hechos que deben ser llevados al conocimiento
del superior en razón del cargo o servicio.
132. En lo atinente a la afirmación de los recurrentes, según la cual no se valoraron las
pruebas en conjunto, por cuanto no se tuvo en cuenta la declaración del subintendente
Óscar Mejía Wilches se advierte que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Metropolitana de Santa Marta profirió el fallo de primera instancia dentro del
proceso disciplinario MESAN-2015-24 el 31 de agosto de 2016, del cual se extrae lo
siguiente:
«Prueba del orden testimonial, solicitada por parte de los sujetos procesales, donde el
Mando Ejecutivo responde a la pregunta que le hizo la defensa técnica, consistente en
que, si los investigados se encontraban a cargo de él, respondiendo el señor
subintendente MEJÍA WILCHES, que en el grupo habían varios mandos ejecutivos en los
grados de Intendentes y Subintendentes, las patrullas estaban integradas por binomio y
de cada patrulla respondía por comuna una unidad, y que en los casos cuando iban a
hacer un procedimiento o alguna actividad operativa los patrulleros siempre llamaban a
los Subintendentes que estaban a cargo de las comunas e informaban que actividades
iban a realizar. También fue muy puntual el llamado a declarar en manifestar que para
ese día recibió una llamada de parte del señor patrullero Gómez, que éste le solicitó que
lo acompañara para hacer un procedimiento de captura en flagrancia, no accediendo el
declarante debido a que se encontraba realizando unos informes de investigador de
campo. Pero le manifiesta que se apoyara en los Patrulleros Acosta y Guerrero: no
obstante, aduce que él no autorizó el desplazamiento de Gómez hasta la tienda y
estadero «El Bosque» y que tampoco informó a su superior inmediato porque se quedó
trabajando en la oficina. Finaliza su jurada agregando que desconoce ni tiene información
si cualquiera de los cuatro patrulleros que estuvieron en el procedimiento, si informaron
o se comunicaron con el señor Intendente Jefe Vanegas. En atención a los aportes de la
presente jurada, no hay dudas que para el despacho que el señor Subintendente Óscar
Mejía Wilches no era el jefe directo o inmediato de los cuatro patrulleros hoy investigados,
pues lo que se vislumbró es que eran subalternos y compañeros de patrulla, que si bien,
pertenecen al mismo grupo judicial y le solicitó apoyo mediante una llamada a celular que
le hizo, éste no era el competente ni mucho menos el funcionario a quien debía informarle
lo que realizarían, toda vez, que está demostrado que el Jefe inmediato para la época era
el señor intendente jefe NICOLÁS ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ, quien ostentaba el
cargo de Comandante del grupo VIDA SIJIN MESAN, es por ello que ésta agencia
disciplinaria avizoró una transgresión al Régimen en Disciplinario Para la Policía Nacional
por parte de los disciplinarios al “Dejar informar, o hacerlo con retardo, los hechos que
deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio”.
(…)
Procede esta instancia a señalar que respeta las argumentaciones hechas por la defensa
técnica pero no las comparte, toda vez, que ésta instancia analizando la misma, observa
que estas manifestaciones están orientadas en insistir en la versión libre dada por el
investigado, al decir que le fue informado de esta situación previamente al señor
Subintendente ÓSCAR MEJÍA WILCHES, mando ejecutivo éste que si bien estaba
adscrito al mismo grupo donde pertenecía el hoy investigado, más no era su jefe directo,
que está más que claro que el jefe inmediato para la época de los hechos era el señor
Intendente Jefe NICOLÁS ALBERTO VANEGAS ÁLVAREZ, pues el deber ser era que el
hoy investigado debía ponerle en conocimiento previamente de lo que pretendía realizar
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al antes mencionado, es decir, del procedimiento encaminado a dar con la captura de
alias “Óscar”. Ahora bien, el despacho vislumbra un gran interrogante y es el siguiente:
Si bien al llegar los institucionales a realizar el procedimiento y no encontrar a alias
“Óscar” en ese preciso momento, por qué no le informaron de manera inmediata al señor
Intendente Jefe VANEGAS ÁLVAREZ, máxime cuando el mismo versionante manifiesta
que decidieron comprar gaseosas en la tienda y estadero “El Bosque”, lo cual hubiera
aprovechado ese momento para informar a su superior inmediato, situación ésta que
nunca ocurrió, tal como está probado.». [sic].
133. De acuerdo con lo anterior, resulta infundado el argumento de los apelantes según
el cual, dentro del proceso disciplinario no se valoraron todas las pruebas y sobre todo
los testimonios de los señores subintendente Óscar Mejía Wilches e intendente jefe
Nicolás Alberto Vanegas Álvarez, toda vez que como quedó fehacientemente
demostrado, en las referidas providencias disciplinarias la autoridad disciplinaria tuvo en
cuenta varias pruebas testimoniales y documentales de las cuales se puede inferir
razonada y fundadamente que los demandantes transgredieron el régimen disciplinario
de la Policía Nacional al dejar de informar los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior en razón del cargo o del servicio, como en efecto quedó
plasmado en la declaración del mismo intendente jefe Nicolás Alberto Vanegas Álvarez,
quien señaló que ante la llamada de un ciudadano que informó que cuatro policiales de
la SIJIN le estaban realizando exigencias económicas al parecer por el funcionamiento
de unas máquinas tragamonedas, por orden del mayor Pinzón García se desplazó al
lugar de los hechos y al llegar, efectivamente encontró a los cuatro uniformados de la
SIJIN quienes le informaron que estaban realizando un operativo policial de seguimiento
al hermano del presunto delincuente alias «Neo», frente a lo cual preguntó el por qué no
le habían informado, y que los policiales señalaron que la fuente humana los había
llamado rápidamente.
134. Como corolario de todo lo expuesto, estima la Sala que en el presente asunto no
se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos enjuiciados, toda vez que no
se acreditó que hayan carecido del respaldo probatorio para acreditar la responsabilidad
disciplinaria de los demandantes, sino, por el contrario, se logró establecer que las
pruebas recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del
operador disciplinario y permitieron demostrar la comisión de la falta disciplinaria por la
cual fueron investigados y sancionados los ahora demandantes. Así mismo, tampoco se
logró evidenciar la vulneración del derecho al debido proceso de los sancionados, pues
el procedimiento se realizó con estricta sujeción a las norman que rigen la materia.
3.5. Conclusión
135. En conclusión, en respuesta a los problemas jurídicos formulados a partir del
recurso de apelación, la conducta atribuida a los patrulleros Fabián Gómez Munar,
Edisson Giovanny Zambrano Cuandar y César Augusto Acosta Bocanegra, sí configuró
la falta disciplinaria prevista en el artículo 35.15 de la Ley 1015 de 2006, ya que: (i) en el
marco del proceso disciplinario se logró acreditar que no informaron a su superior del
supuesto operativo de captura que estaban realizando, (ii) el concepto de «superior» que
emplea el artículo 35.15 de la Ley 1015 de 2006, no es indeterminado, sino que se
refiere al superior inmediato, y por lo tanto, no es cierto que es viable informar a cualquier
superior, y (iii) el tipo disciplinario es claro y completo cuando eleva a falta disciplinaria
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«[d]ejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior por razón del cargo o servicio», de manera que la conjunción
«o» no genera ambigüedad, sino que amplía el ámbito de aplicación del deber funcional.
136. Aunado a lo anterior, a partir del estudio integral de la actuación administrativa la
Sala encontró que la autoridad disciplinaria realizó una adecuada valoración de las
pruebas y testimonios recaudados en el marco del proceso disciplinario, especialmente
de las declaraciones del subintendente Óscar Mejía Wilches y del intendente jefe Nicolás
Alberto Vanegas Álvarez, con lo que se logró acreditar que las pruebas recaudadas
fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del operador disciplinario
y permitieron demostrar la comisión de la falta disciplinaria por la cual fueron investigados
y sancionados.
3.6. Costas
137. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario69 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone
la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no
se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 27 de octubre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
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La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
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Demandantes: Fabián Gómez Munar y otros
Demandada: Policía Nacional
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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