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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00650-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2022-00650-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha . Número Interno: 2881-2025 Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2022-00650-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2022-00650-01 (2881-2025)
Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros
Demandado: Nación-Min Defensa-Policía Nacional
Tema: Asuntos disciplinarios –destitución e inhabilidad-
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. Antecedentes1

1.1 La demanda2

1.1.2 Pretensiones3

1. Leonardo Rojas Patiño y su grupo familiar formularon demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), persiguiendo la nulidad
de tres actos administrativos: el fallo disciplinario del 22 de septiembre de 2020,
mediante el cual, el jefe de la oficina de control disciplinario interno del MEBUC

1
Véase en el expediente digital del aplicativo samai, tanto en el del tribunal de origen como en el trámite de segunda instancia.
Para tal efecto, entiéndase las siglas CE (Consejo de Estado) y TA (Tribunal Administrativo), para hallar la cita.
2
Téngase en cuenta que el proceso fue conocido previamente por el Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga, quien declaró
la falta de competencia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Santander.
3
TA, índice 3, anexo 2, enlace OneDrive, documentos (01 págs. 1 – 3) y 10 (subsanación, págs. 4 – 6).

Número Interno: 2881-2025

Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

(Policía Metropolitana de Bucaramanga) declaró al patrullero Leonardo Rojas Patiño
responsable disciplinariamente -por hechos ocurridos en julio de 2018 en
Bucaramanga, constitutivos de faltas gravísima y grave a título de dolo conforme a
los artículos 34 numeral 10 y 35 numeral 7 de la Ley 1015 de 2006- e impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por doce años, dentro del radicado
MEBUC-2019-7; el acto del 29 de octubre de 2021 del inspector delegado de la
Región de Policía No. 5 que confirmó íntegramente dicho fallo; y la resolución No.
04344 del 20 de diciembre de 2021 del director general de la Policía Nacional, que
materializó el retiro del servicio activo por destitución y la exclusión del escalafón de
carrera.

2. Como consecuencia, pidió su reintegro al cargo o a uno de igual o superior
categoría, sin solución de continuidad; condenar al pago de los salarios,
prestaciones y emolumentos dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro
efectivo; reconocer diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por daño
emergente; indemnizar los perjuicios inmateriales causados al demandante y a su
núcleo familiar -Daisy Lorena Arismendi Martínez, Daniel Felipe Rojas Arismendi y
Nicolás Rojas Arismendi- por afectación a la honra, buen nombre, dignidad humana
y protección integral de la familia y condenar en costas y agencias en derecho.

1.1.3 Hechos relevantes4

3. La demanda revela que el 27 de julio de 2018, en el barrio San Alonso de
Bucaramanga, fue capturado el patrullero Diego Eliecer Moreno Oviedo por hurto y
porte ilegal de armas. En el marco de esa investigación penal, el subintendente
Bueno Tapias -investigador judicial de la SIJIN MEBUC- señaló, sin orden de policía
judicial y sin aplicar método alguno de identificación previsto en el Código de
Procedimiento Penal, que una segunda persona visible en los videogramas bajo
cadena de custodia, era el patrullero Leonardo Rojas Patiño, (demandante),
señalamiento que fue respaldado informalmente por dos superiores suyos mediante
simple reconocimiento visual y sin presencia de defensor. Con ese único
fundamento se inició la indagación disciplinaria MEBUC-2019-7.

4
TA, índice 3, anexo 2, enlace OneDrive, documentos (01 págs. 3 - 24) y 10 (subsanación, págs. 6 - 33).

Número Interno: 2881-2025

Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

4. Formulados los cargos, la defensa acreditó que el patrullero Rojas Patiño se
presentó en las instalaciones de la SIJIN en la mañana del 27 de julio, firmó la
planilla del curso sobre el Código Nacional de Policía y asistió posteriormente a la
integración según declaró su jefe inmediata; que el registro en el SIGIC, que es la
plataforma electrónica del sistema informático diseñada por la entidad demandada
para estos asuntos, fue insertado días después de los hechos y no antes como infirió
el fallador; que no se probó la existencia del hurto ni la sustracción del celular; y que
la supuesta víctima y los testigos presenciales nunca comparecieron pese a ser
citados en siete ocasiones. Aun así, el 22 de septiembre de 2020 se profirió fallo
condenatorio por las faltas previstas en los artículos 34 numerales 9 y 30 y 35
numeral 7 de la Ley 1015 de 2006, con sanción de destitución e inhabilidad general
por doce años.

5. Apelado el fallo, el inspector delegado de la Región de Policía No. 5 lo confirmó
el 29 de octubre de 2021, sin pronunciarse sobre los argumentos de la defensa ni
sobre las irregularidades probatorias denunciadas.

1.1.4 Cargos de nulidad5

6. El señor Rojas Patiño invocó tres causales de nulidad del artículo 137 del CPACA.
La primera es la infracción de las normas en que debían fundarse los actos (vicio
formal), por cuanto la identificación del investigado se hizo sin autorización y sin
aplicar los métodos legales previstos en los artículos 251 y siguientes de la Ley 600
de 2000 (sic), con violación de la reserva legal sobre el material probatorio que se
encontraba bajo cadena de custodia de la Fiscalía y sin presencia del investigado
ni de su defensor; prueba que, por ser ilícita, debió ser excluida conforme al artículo
29 superior y a las leyes 600 (sic) y 734. La segunda y tercera causales son de falsa
motivación (vicio material): respecto del cargo por registro contrario a la realidad en
el SIGIC, porque la autoridad afirmó sin respaldo probatorio que el patrullero Rojas
Patiño actuó dolosamente desde el día 26 de julio, cuando obra en el expediente un
documento técnico que acredita que la inserción se realizó el 31 de julio -días
después de los hechos-, sin que se probara quién realizó el registro ni desde qué
equipo; y respecto del cargo por inasistencia al servicio, porque la autoridad ignoró
prueba documental -minuta de servicio- y testimonial -declaración de la intendente
Amparo Durán- que acreditan que el patrullero sí se presentó al servicio el 27 de

5
TA, índice 3, anexo 2, enlace OneDrive, documentos (01 págs. 24 – 38) y 10 (subsanación, págs. 33 – 52).

Número Interno: 2881-2025

Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

julio, de modo que, en el peor de los casos, la conducta configuraría retardo y no
inasistencia, conforme al artículo 36 numeral 6 de la Ley 1015 de 2006 y a la doctrina
del propio ente demandado en disciplinario en el proceso DEMAM-2017-37.

7. Adicionalmente, alegó dos causales de desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa (vicio material). La primera, respecto del fallo de primera
instancia, porque la autoridad disciplinaria incorporó al expediente -sin correr
traslado a la defensa- el informe técnico del auditor de telemática Jhon Faber Díaz
Aparicio, prueba que fue decretada de oficio, practicada sin presencia del defensor
y nunca descubierta en audiencia, impidiendo así la contradicción de un elemento
que, en su sentir, resultaba favorable al investigado. La segunda, respecto del fallo
de segunda instancia, porque el inspector delegado de la Región de Policía No. 5
resolvió el recurso de apelación el 29 de octubre de 2021, esto es, un mes y un día
después de vencido el término de un año previsto en el artículo 52 del CPACA
contado desde su interposición el 28 de septiembre de 2020; con lo cual, a juicio del
demandante, operó la pérdida de competencia por ministerio de la ley, la
impugnación debió entenderse resuelta a favor del recurrente, de manera que
cualquier acto posterior que ejecute la sanción carece de sustento legal.

1.2 Tesis argumentativa de la parte demandada6

8. La Nación-Min Defensa-Policía Nacional se opuso a las pretensiones y sostuvo
que los actos demandados fueron expedidos por funcionario competente, con plena
sujeción a la Ley 1015 de 2006, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011, con
respeto de todos los derechos y garantías del investigado y con fundamento en
pruebas legal y oportunamente practicadas. En cuanto al fondo, afirmó que el
subintendente Bueno Tapias actuó en cumplimiento de su deber al informar lo
evidenciado en los videos a la Fiscalía y a sus superiores; que la identificación del
patrullero Rojas Patiño fue corroborada por los mayores Gallego y Orjuela, quienes
lo reconocieron como compañero de trabajo; que la capacitación sobre el Código
Nacional de Policía no se desarrolló el 27 de julio de 2018 sino hasta el 26, conforme
a la declaración del docente y la información de talento humano; que el registro en
el SIGIC fue insertado por el investigado para desviar la atención y justificar su
ausencia, siendo el usuario y la contraseña de uso personal e intransferible; y que
no existía orden de trabajo que justificara su presencia en el barrio San Alonso.

6
TA, índice 14, anexo 14, documento 2022-650.

Número Interno: 2881-2025

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9. Frente a los cargos de nulidad, la entidad negó la existencia de falsa motivación,
infracción normativa o violación al debido proceso y señaló que el investigado
ejerció defensa técnica efectiva en todas las etapas, rindió versión libre, aportó
pruebas, presentó alegatos e interpuso recursos. Respecto al argumento sobre
vencimiento del término para resolver la apelación con fundamento en el artículo 52
del CPACA, adujo que dicha norma no es aplicable al proceso disciplinario policial,
por cuanto el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 excluye expresamente los
procedimientos regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único,
siendo aplicables al caso la Ley 1015 de 2006 y, en lo procedimental, la Ley 734 de
2002 y la Ley 1474 de 2011.

1.3 La sentencia de primera instancia7

10. El Tribunal Administrativo de Santander8 negó las pretensiones de la demanda
mediante sentencia del 28 de agosto de 2025 y no condenó en costas. Así resolvió:

“Primero. Negar las pretensiones de la demanda promovida por el señor Leonardo
Rojas Patiño contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con las
consideraciones de esta providencia”.

11. Frente al cargo de falsa motivación, la sentencia apelada consideró que la
identificación del patrullero Rojas Patiño en los videos fue realizada por el
subintendente Bueno Tapias en ejercicio de funciones de policía judicial asignadas
por la Fiscalía Novena Seccional y corroborada por los mayores Gallego Giraldo y
Orjuela Gómez; que esa identificación quedó documentada en el informe de
investigador de campo FPJ-11 del 17 de octubre de 2019; y que la autoridad
disciplinaria motivó su decisión con base en pruebas documentales, testimoniales y
técnicas, por lo que los actos sancionatorios contenían razones fácticas y jurídicas
suficientes.

12. Respecto a la infracción de normas y el defecto fáctico, el A-quo estimó que las
faltas imputadas -hurto con ocasión del cargo registro contrario a la realidad en el

7
TA, índice 28.
8 Con ponencia de la magistrada María Eugenia Carreño, frente a la cual, la doctora Elizabeth Becerra Cornejo, integrante
de la subsección B que decide este recurso, ha manifestado amistad íntima, pero que la Sala no ha aceptado su impedimento
expresado en oportunidades anteriores.

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SIGIC e inasistencia al servicio- fueron debidamente subsumidas en los artículos 34
numerales 9 y 30 y 35 numeral 7 de la Ley 1015 de 2006, con base en pruebas que
cumplían los requisitos de legalidad, pertinencia y conducencia exigidos por la Ley
734 de 2002; que el ingreso en el SIGIC fue registrado de manera manual y fuera
del horario habitual; y que no existía orden de servicio que justificara la presencia
del investigado en el barrio San Alonso. Concluyó que la valoración probatoria fue
integral y conforme a las reglas de la sana crítica, sin que se configurara error
manifiesto en la apreciación de las pruebas.

13. En cuanto a la violación del debido proceso y el derecho de defensa, verificó
que el investigado fue legalmente vinculado, rindió versión libre con apoderado, tuvo
acceso a todas las piezas procesales -incluida la auditoría del SIGIC-, presentó
descargos, solicitó pruebas e interpuso recursos; que las pruebas denegadas lo
fueron con motivación expresa y con fundamento en el artículo 132 del Código
Disciplinario Único; y que el traslado probatorio fue garantizado en todas las etapas.

1.4 Recurso de apelación parte demandante9

14. Adujo que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la identificación del patrullero
Rojas Patiño no contó con el aval de la Fiscalía. Obra en el expediente la declaración
del subintendente Bueno Tapias del 21 de enero de 2019, en la que reconoció
expresamente no haber recibido orden de policía judicial para identificar personas y
no estar autorizado por la Fiscalía para ello. En igual sentido, el mayor Gallego
admitió en su ampliación de declaración que llamó al mayor Orjuela porque tanto él
como Bueno Tapias podían estar equivocados, lo que evidencia que ninguno de los
tres tenía certeza plena sobre la identidad de la persona observada en los videos.
Adicionalmente, el señor Rojas Patiño nunca fue vinculado a la investigación penal
radicada 68-001-60-00159-2018-06093, lo que contradice directamente la premisa
del Tribunal de que la Fiscalía avaló su identificación.

15. Expresó que el procedimiento de identificación incumplió además todas las
exigencias del artículo 252 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión de los
artículos 20 y 58 de la Ley 1015 de 2006. En concreto: no hubo autorización previa
del fiscal para realizar el reconocimiento; no se exhibió al testigo un mínimo de siete
imágenes de personas con rasgos similares al señalado; el subintendente Bueno

9
TA, índice 31, anexo 29.

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Tapias orientó a sus superiores indicándoles desde el inicio que la persona en los
videos era el patrullero Rojas Patiño, lo que constituyó una sugerencia directa sobre
la identidad del señalado; y los tres funcionarios -Bueno Tapias, Gallego y Orjuela-
observaron los videos de manera conjunta y simultánea, cuando la norma exige que
cada testigo realice el reconocimiento de forma independiente y separada. Por todo
lo anterior, esas pruebas están llamadas a excluirse conforme al artículo 29 de la
Constitución, que prescribe la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con
violación del debido proceso.

16. Frente al cargo por hurto, señaló que el video de la cámara del establecimiento
OIL COLOMBIA S.A.S. desvirtúa la declaración de Armin Ramón Suárez García,
único testigo civil de cargo, pues las imágenes demuestran que el capturado Moreno
Oviedo nunca tuvo contacto físico con Suárez García ni le arrebató celular alguno,
sino que se abalanzó sobre Iván Villabona. Pese a ello, la autoridad disciplinaria dio
plena credibilidad a esa declaración sin que el testigo compareciera a ser
interrogado por la defensa, sin aplicar la multa prevista en el artículo 139 de la Ley
734 de 2002 para compeler su comparecencia y sin valorar que el propio
subintendente Bueno Tapias reconoció en su segunda declaración del 21 de enero
de 2019, que en ningún momento evidenció en los videos la ocurrencia del hurto del
celular.

17. Respecto al registro en el SIGIC, sostuvo que no se determinó desde qué
terminal ni por quién se insertó la anotación, pese a que el mayor Gallego reconoció
que tres funcionarios de la oficina de planeación también tenían acceso al aplicativo
y realizaban su monitoreo, dato que habría podido establecerse mediante la IP del
equipo, prueba que la defensa solicitó y que fue negada. Obra además el informe
académico del intendente Édison Enrique Pérez Mantilla que acredita que la
capacitación se realizó del 23 al 27 de julio de 2018, y la declaración de la intendente
Amparo Durán Jerez corrobora que el patrullero Rojas Patiño se presentó en las
instalaciones en la mañana del 27 de julio e informó que luego asistiría a la
integración en Piedecuesta, donde efectivamente compareció sobre el mediodía
según los mismos testimonios. Con base en todo lo anterior, solicitó revocar la
sentencia, acceder a las pretensiones de la demanda y decretar el aporte del
expediente disciplinario completo -incluidos audios de audiencias e informe
académico de talento humano- para valoración integral del acervo probatorio.

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1.5 Trámite de segunda instancia10

18. Mediante auto del 1° de junio de 2026, el consejero ponente admitió el recurso
de apelación, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y negó el decreto de las pruebas solicitadas en
alzada -copia íntegra del expediente disciplinario con audios de audiencias e
informe académico de talento humano- por no satisfacer ninguno de los requisitos
del artículo 212 del CPACA. El despacho precisó además que el expediente
disciplinario ya obraba íntegramente en el plenario por haber sido decretado de
oficio por el Tribunal y que el informe académico ya había sido aportado por la parte
demandante mediante memorial del 24 de junio de 2024. En consecuencia, el
expediente ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

19. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 11, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.

2.2 Problemas jurídicos

20. Corresponde a la Sala determinar:

10
CE, índice 4.
11
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia”.

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Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

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i) ¿La identificación del patrullero Leonardo Rojas Patiño en los registros fílmicos se
realizó con observancia de las garantías del debido proceso y de los procedimientos
previstos en la Ley 906 de 2004 para este tipo de actuaciones, teniendo en cuenta
las circunstancias en las que se llevó a cabo dicha diligencia?

ii) ¿La declaración de Armin Ramón Suárez García, único testigo, fue
indebidamente valorada, habida cuenta de que el material videográfico obrante en
el expediente contradice los hechos que en ella se narran y que el testigo nunca
compareció a ser interrogado por la defensa pese a haber sido citado en múltiples
ocasiones?

iii) ¿Se configuró un defecto fáctico por no haberse determinado desde qué terminal
y por quién se insertó el registro en el aplicativo SIGIC, y por haberse desestimado
la prueba documental y testimonial que acreditaría la asistencia del demandante a
la capacitación y a la integración del 27 de julio de 2018?

21. De prosperar alguno de los anteriores cargos, iv) ¿hay lugar a declarar la nulidad
de los actos administrativos demandados y a acceder al restablecimiento del
derecho, esto es, ordenar el reintegro del demandante y el reconocimiento de los
perjuicios reclamados?

22. Para desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
aspectos: i) régimen disciplinario de la Policía Nacional; ii) la actuación disciplinaria;
y iii) caso concreto.

2.2.1 Régimen disciplinario de la Policía Nacional

23. La Constitución Política de Colombia establece que la fuerza pública está
integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Allí se define
la institución policial como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo
fin fundamental es la conservación del ejercicio de los derechos y libertades de los
habitantes en nuestro territorio nacional. El artículo 218 facultó al legislador para
determinar los regímenes disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.

Número Interno: 2881-2025

Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

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24. En desarrollo del referido canon constitucional, el legislador expidió la Ley 1015
de 200612 por medio de la cual fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y
en el artículo 23 estableció que son destinatarios: «(…) el personal uniformado
escalafonado y los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la
Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya
cometido en servicio activo»; el artículo 58 precisa que el procedimiento aplicable a
los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en
la Ley 734 de 2002 o la norma que la modifique.

25. Conforme a la mencionada disposición legal, la Ley 1015 de 2006 es normativa
sustancial y la Ley 734 de 2002 corresponde al campo procesal.

26. Sin embargo, en la actualidad rige la Ley 2196 de 2022, Estatuto Disciplinario
Policial que se aplica al personal uniformado y a los auxiliares de policía. En el caso
concreto, los hechos endilgados al disciplinado y ahora demandante, acaecieron en
vigencia de las Leyes 734 de 2002 y la 1015 de 2006, esto es, en julio de 2018.

2.2.2 Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios

27. Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 201613, estudió la legalidad
de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios emitidos por la
Procuraduría General de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba,
proceso que fijó postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente
de control disciplinario, en el sentido que corresponde al juez de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo efectuar un control integral de los referidos actos, en el
que precisó:

«[…]
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo

12
Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto
Disciplinario Policial.
13
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C. P. William Hernández Gómez, providencia del 9 de agosto de 2016. Rad.
11001032500020110031600, número interno 1210-11. Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

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es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

28. Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano
colegiado, estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002,
en los siguientes términos:

1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.»

29. Luego entonces, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los actos
administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial efectiva de la persona
sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política, el respeto de la
dignidad humana, el trabajo; asegurando dentro los fines esenciales la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.

30. Por otro lado, esta Subsección ha tenido oportunidad de pronunciarse en
asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares14, puntualmente en el análisis
normativo efectuado sobre el debido proceso en el procedimiento disciplinario y la
valoración probatoria en la Ley 734 de 2022, así:

«Debido proceso en el procedimiento disciplinario
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en
cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y controvertir
pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el
sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso administrativo en demanda
de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia una violación del debido proceso.

La valoración probatoria en la Ley 734 de 2002

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expresado, en lo que refiere a la finalidad
de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador
para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos
que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el

14
Sección Segunda, Subsección B, C. P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 16 de abril de 2026 Rad. 66001-23-33-000-
2014-00468-02 (3181-202).

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ordenamiento positivo a los casos concretos» 15. De manera que el recaudo de la
prueba tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un
fallo sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y
cuando, estas sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el
propio ordenamiento jurídico establece –de conformidad con las reglas de la sana
crítica–.

Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptuó, en su artículo 141,
que estas «[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito
de las pruebas en que ésta se fundamenta».

Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente
corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento
«[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda
de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las
personas que en él intervienen», tal como lo dispuso el artículo 20 de la mencionada
Ley 734, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene función
preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el
ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 16 el sistema de la
sana crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor
de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas
reglas son las que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para
que las conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean
legalmente válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente, de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba
que no se desprenda de ella.

La Ley 734 de 2002, señala un nivel de certeza especial para que la autoridad
disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual
puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes
normas.

El artículo 9 ídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea
desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede
declarar cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los
elementos que determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud
material y culpabilidad). La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando
no haya modo de eliminarla».

En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado de
convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba
válidos, debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más
importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas
en comento establecen lo siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista
prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no
procede recurso alguno».

15
Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15), sentencia de 25 de enero de 2018.
16
Sentencia C-202 de 2005.

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Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y
de la responsabilidad del investigado».

De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria pueda
proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza, para
que así se proteja el principio de presunción de inocencia.

Es así, que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades, la
primera como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la
segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión
acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, que se circunscriben como principios y reglas, y al acervo
probatorio».

2.3 Relación cronológica integral de la actuación disciplinaria

1. 27 de julio de 2018 - Hecho generador y actuación de policía

31. Ese día de los hechos, la patrulla de vigilancia integrada por el SI. Álvaro de
Jesús Ramírez Villamizar y el Pt. Robinson Camacho Díaz capturó en flagrancia al
Pt. Diego Eliecer Moreno Oviedo en el barrio San Alonso de Bucaramanga. El
informe de policía de vigilancia describe al capturado con "camisa manga larga de
botones color rosado con blanco, pantalón azul", y el acta de incautación de elementos

relaciona los objetos hallados: "01 revólver calibre 38 marca llama martial pavonado cachas
de madera serie IM 0738M con 03 cartuchos uno de ellos percutido (…) 01 chaqueta reflectiva de la
PONAL serie 02640"17.

32. El informe del jefe de vigilancia segundo turno precisó la mecánica de la captura:
"se identificó como Diego Eliecer Moreno Oviedo identificado con c.c. 91.530.336 quien manifiesta
ser policía se le hallan dos armas de fuego una tipo revolver y otra tipo pistola (…) efectivamente es
uniformado y trabaja en la seccional de protección Bucaramanga y que al momento se encuentra
suspendido del cargo"18.

33. Ese mismo día se recibió la declaración de Armin Ramón Suárez García,
presunta víctima del hurto: "cuando se abalanzaron a nosotros y nos encañonaron con armas
de fuego y dijeron que ellos eran de la SIJIN y uno de ellos abrió un bolso y ahí había como una
chaqueta de la policía (…) me rapo mi celular”. Y describe físicamente al sujeto: "Era un
hombre como mono (cabello claro), alto creo que tenía como una camisa como rosada (…) los otros
dos sujetos eran como morenos también eran altos"19.

17
TA, índice 23, anexo 20, págs. 31 – 36.
18
TA, índice 23, anexo 20, pág. 12.
19
TA, índice 23, anexo 20, págs. 4 – 6.

Número Interno: 2881-2025

Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

34. Auto de apertura de indagación preliminar (mismo día): abre la indagación
P-MEBUC-2018-117 "en contra de personal por establecer", ante el informe que "fue
reportado un enfrentamiento a disparos entre ciudadanos y unos funcionarios que al parecer se
identificaron como miembros de la SIJIN"20.

35. El comandante Policía Metropolitana Norte confirmó la identidad del capturado:
"FUE CAPTURADO EL SEÑOR DIEGO ELIECER MORENO OVIEDO IDENTIFICADO CON
NUMERO DE CEDULA 91.530.336, CASO CONOCIDO POR EL CUADRANTE 17 DE SAN
ALONSO"21.

36. El comandante Primer Distrito de Bucaramanga informó: "funcionario policial adscrito
a la Seccional de Protección de Bucaramanga quien en la actualidad se encuentra suspendido y
para el día de hoy viernes 27 de julio de 2018 a las 10:15 horas en el 29 No 16-39 del barrio San
Alonso al parecer se encontraba siendo partcipe de un hurto con armas de fuego"22. (Sic)

2. 28 de julio de 2018 - Recaudo documental y vinculación de Moreno
Oviedo

37. El comandante de la Estación de Policía Norte precisó: "10:13 horas, sector del barrio
san Alonso entre la carrera 29 y calles 17 y 18, donde fueron capturados los señores (…) DIEGO
ELIECER MORENO OVIEDO (…) e IVAN VILLABONA MALDONADO (…) por el delito de tráfico y
fabricación y porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales hurto" 23.

38. El jefe seccional de investigación criminal remitió actos urgentes: "me permito
enviar copia de las entrevistas realizadas en el lugar de los hechos" 24.

39. El investigador Juan Esteban Vallejo Marín entregó el primer registro fílmico: "un
(01) DVD-R marca Smartbuy el cual contiene en medio magnético los registros filimicos ocurridos el
día 27/07/2018 en la carrera 29 con calle 17 del barrio San Alonso" 25. (Sic)

40. Auto de vinculación de Diego Eliecer Moreno Oviedo: lo vincula
formalmente, señalando que "se acredita es funcionario en servicio activo de la Policía

20
TA, índice 23, anexo 20, págs. 1 – 3.
21
TA, índice 23, anexo 20, pág. 9.
22
TA, índice 23, anexo 20, pág. 11.
23
TA, índice 23, anexo 20, pág. 30.
24
TA, índice 23, anexo 20, págs. 18 – 26.
25
TA, índice 23, anexo 20, pág. 27.

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Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

Demandado: Nación-Min defensa-Policía Nacional

Nacional (…) quien en apariencia para la fecha figura suspendido disciplinariamente. Por su parte el
segundo de los capturados al parecer se trata de un particular” 26.

3. 11 de septiembre de 2018 - Origen del señalamiento contra Rojas Patiño
(demandante)

41. Oficio S-2018-086113, suscrito por el mayor Fabio Mauricio Gallego Giraldo:
relata que "el señor Subintendente RUBEN DARIO BUENOS TAPIAS (…) (sic) le correspondió
desarrollar el programa Metodológico dentro del NUNC 68-001-60-00159-2018-06093" y que

analizando videogramas "el mencionado Subintendente llega a mi oficina y en compañía del
señor Mayor MIGUEL ANDRES ORJUELA GOMEZ nos muestra unos video gramas y fotogramas".
Concluye: "dónde claramente y sin ningún reparo de observancia alguna por parte del funcionario
investigador, así como, del Mayor MIGUEL ANDRES ORJUELA GOMEZ y el suscrito, que se trata
del Patrullero ROJAS PATIÑO LEONARDO CC 91.160.669"27.

4. 12 de septiembre de 2018 - Informe que fija el cargo de inasistencia

42. Informe de novedad del Mayor José Raúl Vera Castro: "el policial que hace
mención el informe, PT. ROJAS PATIÑO, quien laboraba para esa fecha en esta seccional, debería
estar en una integración trimestral del grupo de vida y otros, donde estaba encargada la señora IT.
AMPARO DURAN JEREZ, quien manifestó, que el PT. ROJAS, había sido presentado a una
capacitación en el comando sobre el CNP, desde el día lunes 22/07/2018 al viernes 27/07/2018, pero
que el día viernes, el llego (sic) a la actividad de integración, aproximadamente al medio día (…) El
hecho delictivo donde fue capturado el policial de DIPRO, se presenta desde las 09:24 horas, y como
lo narra el informe anexo, el PT. ROJAS está en ese lugar y debería estar en el CNP o en la actividad
de integración"28. (Sic)

5. 23 de noviembre de 2018 - Auto de vinculación de Leonardo Rojas
Patiño

43. Con fundamento en los dos informes anteriores, el despacho ordenó su
vinculación: "son los informes arriba relacionados una fuente que genera credibilidad, el despacho
vislumbra que son unos hechos que ameritan el inicio de la acción disciplinaria". Parte resolutiva:
"VINCULAR formalmente a la indagación preliminar de radicado SIJUR No. PMEBUC-2018-117 al
señor Patrullero ROJAS PATIÑO LEONARDO identificado con la cedula de ciudadanía No.
91'160.669"29. (Sic)

26
TA, índice 23, anexo 20, págs. 37 – 40.
27
TA, índice 23, anexo 20, págs. 95 – 97.
28
TA, índice 23, anexo 20, págs. 93 – 94.
29
TA, índice 23, anexo 20, págs. 127 – 132.

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6. 26 de noviembre de 2018 - Recaudo probatorio de oficio

44. Oficio dirigido a la Seccional de Investigación Criminal: "Solicitar (…) se informe si
existe orden de trabajo u orden de servicio en la que se hubiese dispuesto para el día 27 de julio de
2018 en el horario comprendido entre las 09:00 horas y 10:30 horas en el sector de la carrera 29
entre calles 16 y 17 del barrio san Alonso de la ciudad de Bucaramanga algún tipo de labor
investigativa o servicio de policía al señor Patrullero ROJAS PATIÑO LEONARDO identificado con
la cedula de ciudadanía No. 91 '160.669"30.

7. 28/11/2018 - Notificación personal del auto de vinculación: Diligencia de
notificación personal a Rojas Patiño31.

8. 30 de noviembre de 2018 - Otorgamiento de poder y primer bloque de
declaraciones

45. Rojas Patiño confiere poder a Edgar Humberto Parada Sanabria: "para que me
asista y represente en la indagación preliminar de radicado No SIJUR P-MEBUC-2018-117 (…) Mi
apoderado queda revestido de todas las facultades inherentes al mandato”. El apoderado solicitó

de inmediato: "suministre copias fidedignas de todo el expediente de la referencia (…) copia de
las diligencias testimoniales practicadas a cada uno de los policiales" 32.

46. Ese mismo día se practicaron tres declaraciones:

8.1 Declaración del Mayor Fabio Mauricio Gallego Giraldo: “PREGUNTADO: se
encuentra el oficio No. 086113 de fecha 11/09/2018 cuyo asunto refiere "informe novedad
policial" el cual a su folio 93 sobre la post-firma de quien se identifica como Mayor FABIO
MAURICIO GALLEGO GIRALDO se encuentra un signo o símbolo al que comúnmente se
le denomina firma; con base en dicho documento el cual se le pone de presente, sírvase
manifestar al despacho sí reconoce dicho documento como de su autoría” , a lo que

contestó: "reconozco que es mi firma y el documento fue elaborado por mí, en cuanto a la
ratificación me ratifico sobre todo lo escrito en el mismo (…) En el conocimiento físico que
tengo de el de hace más de dos años de laborar en esta unidad y ya que los videos son
claros en sus características morfocromaticas no tengo duda que se trata de este policial,
por lo cual en ese momento llamo al señor Mayor GOMEZ ORJUELA como un tercer
concepto de otra persona que también conoce al policial para que nos confirmara o

30
TA, índice 23, anexo 20, pág. 133.
31
TA, índice 23, anexo 20, págs. 144 – 146.
32
TA, índice 23, anexo 20, págs. 151 – 152.

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desvirtuara que se trata o no del señor patrullero ROJAS PATINO, concluyendo
que se trata del mencionado funcionario por sus características físicas” 33. (sic)

8.2 Declaración de la Intendente Amparo Durán Jerez: "para la semana en que la
jefatura nos autorizó la integración que se realizó el día viernes recuerdo que estaba
igualmente la novedad que el patrullero ROJAS PATIÑO se encontraba en esa capacitación
(…) el patrullero ROJAS había venido el viernes como a las 08:00 de la mañana a la oficina
del grupo de vida (…) me dijo que venía a firmar las planillas de la capacitación del Código
nacional de Policial al comando y que una vez firmaba se iba para donde era la integración
(…) creo que era en Piedecuesta”. Sobre la minuta de servicio: "porque cada semana
se nombra un suboficial para que diligencie la minuta y ellos colocan todas las novedades
(…) los funcionarios que no tienen novedad se les relaciona la palabra MEBUC". Sobre el

armamento: "El personal que iba a la integración no debía reclamar armamento solo
reclamaba armamento el personal que conformaba las patrullas disponibles" 34.

8.3 Declaración del Intendente Rubén Darío Bueno Tapias: "Investigador de la
fiscalía 9 seccional de Bucaramanga (…) el denunciante (…) manifiesta que los abordaron
tres (03) personas de sexo masculino identificándose como miembros de la SIJIN portando
armas de fuego procedieron a hurtarle un celular, por lo cual por el suscrito funcionario se
procedieron a sacar los videos del almacén de evidencias (…) es cuando me percato que
se trata de un compañero de la SIJIN el cual de inmediato lo puedo reconocer que se trata
del patrullero ROJAS PATIÑO (…) Esta imagen la reconozco porque llevo cinco (05) años
en la especialidad de las cuales este señor patrullero lleva aproximadamente el mismo
tiempo (…) La idoneidad me la dan los cursos y capacitación que tengo al haber realizado
seminarios, diplomados y cursos en policía judicial." Precisó el instante del video:
"desde las 10:22:01 el momento en que el patrullero ROJAS sale de un inmueble sin su
gorra hasta las 10:22:10" y la vestimenta: "el llevaba un pantalón jean, una chaqueta

amarilla y un bolso terciado en su hombro derecho"35.

9. 5 de diciembre de 2018 - Respuestas documentales

47. Oficio No. S-2018-115219 (jefe de investigación criminal Bucaramanga): "Para
el mes de julio del año 2018 el funcionario desempeñaba el cargo de investigador criminal, adscrito
a la Unidad Investigativa Delitos contra la Seguridad Ciudadana de la Seccional de investigación
Criminal MEBUC". Y el dato central de descargo: "En esta seccional no existe soporte
documental sobre orden de trabajo u orden de servicio en la que se hubiese dispuesto algún tipo de
labor investigativa al señor Patrullero ROJAS PATIÑO LEONARDO, para el día 27 de julio de 2018

33
TA, índice 23, anexo 20, págs. 153 – 156.
34
TA, índice 23, anexo 20, págs. 157 - 160.
35
TA, índice 23, anexo 20, págs. 161 – 166.

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entre las 09:00 y las 10:30 horas”. Y: "no existe ningún antecedente documental con relación a la
convocatoria para asistir al evento (…) fue notificado mediante orden verbal" 36.

48. Respuesta de la Fiscal 41 Seccional SUB-UNIDAD de Juicios: "comedidamente
me permito remitir copia de los elementos materiales probatorios solicitados (…) es necesario
conocer cuáles de ellas requieren, toda vez que existen varios videos 37".

10. 10 de diciembre de 2018 - Solicitud de videos completos

49. Oficio solicitando a la Fiscal 41 Seccional SUB-UNIDAD de Juicios "como prueba
trasladada copia de todos y cada uno de los registros fílmicos que obren en la actualidad al interior
de la actuación"38.

11. 4 de enero de 2019 - Cambio de defensa técnica

50. Rojas Patiño revoca el poder inicial y confirió representación al abogado Édison
Ortiz Quitian, quien asumió la defensa durante el resto del trámite39.

12. 14 de enero de 2019 - Auto que accede a solicitud probatoria de la
nueva defensa

51. El despacho accedió a la petición del nuevo apoderado, ordenando la práctica
de ampliaciones de declaración a los funcionarios que habían señalado a Rojas
Patiño en los videogramas y los testigos civiles (Iván Villabona Maldonado, Junior
Iván Villabona Pabón, William Giovany Cely, Yeny Viviana Alfonso Rueda, Rosmira
Luna Rueda y Benjamín Céspedes Cárdenas)40.

13. 21 y 22 de enero de 2019 - Bloque de ampliaciones de declaración

13.1 Ampliación declaración del Mayor Fabio Mauricio Gallego Giraldo:
Generales y credenciales. Ratifica sus estudios: "Tecnólogo en investigación judicial
en el Tecnológico de Antioquia de la ciudad de Medellín (…) el tecnólogo fue desde el año 1997
al 2000 y el profesional en criminalística se desarrolla en el 3 año de alférez en a la escuela

36
TA, índice 23, anexo 20, págs. 171 – 172.
37
TA, índice 23, anexo 20, pág. 184.
38
TA, índice 23, anexo 20, pág. 200.
39
TA, índice 23, anexo 20, pág. 221, 223 – 225.
40
TA, índice 23, anexo 22, pág. 2 – 10.

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General Santander y realice el último año en el año 2006 al 2007". Fundamento

de la identificación - conocimiento personal prolongado: "trabaje por casi dos años y
medio con el señor patrullero ROJAS y cuando me mostraron la secuencia de todos los
videogramas de los hechos sucedidos ese día a simple imagen reconozco que se trata del
funcionario Patrullero ROJAS, por todo el tiempo que había trabajado con él en esta seccional".
Explicó por qué llamó a un tercero antes de dar por cierta la identificación: "llamo
al señor Mayor ANDRES ORJUELA con el fin de evitar que puedo caer en un error visual y de
conocimiento ya que el Subintendente BUENO y el suscrito podríamos estar equivocados al
momento de ver la secuencia de los fotogramas y videogramas, entonces que mejor que tener
de soporte un tercer concepto visual y de análisis de lo que se ve a través de estos fotogramas
y videogramas (…) para que fuéramos a cometer un error o estuviéramos equivocados sobre
esas imágenes de si era o no era, el cual nos confirma que se trata de este sujeto". Sobre

autorización formal y presencia de abogado en el reconocimiento: “ Este
procedimiento lo realizo usted en presencia de un abogado o solicito usted autorización a la
fiscalía 41 seccional de juicios (…) CONTESTO: No Señor, pero al tener conocimiento por parte
del investigador quien tenía el proceso era mi obligación informar sobre lo observado en los
fotogramas y videogramas, solo informar por escrito lo que vi para darle trámite ante mis
superiores y ellos allí tomar las decisiones". Sobre método técnico del artículo 251 CPP:
"Si conozco los métodos de identificación establecidos en el código de procedimiento penal pero
como lo indique en las anteriores respuestas al observar los fotogramas y videogramas, mi deber
fue informar sobre lo observado para que en otrora fuera la oficina disciplinaria u otros que
determinaran realizaran las diversas verificaciones e identificaciones que correspondiera si
tuviera lugar o no". Sobre las características utilizadas para el reconocimiento: "las
características morfo cromáticas (…) no solo tratan de cicatrices o lunares, sino de todo el
conjunto de las características que componen la cara de los seres humanos y el resto de su
cuerpo (…) no se observa o no recuerdo observar cicatrices o lunares específicos pero si todo
el conjunto de su cuerpo con el cual se identifica plenamente que se trata de él y más aún (…)
es una persona que laboro conmigo por más de dos años y medio y no solo de parte mía sino
de los otros dos funcionarios, subintendente BUENO y Mayor ANDRES ORJUELA que se trataba
del señor patrullero ROJAS". Sobre desconocimiento de la capacitación y de
novedades de inasistencia: "Sabía usted o tenía conocimiento que el señor patrullero
ROJAS se encontraba en un seminario (…) desde el día 23 al 27 de julio del 2018. CONTESTO:
No tengo conocimiento porque para esa fecha del 23 al 27 de julio me encontraba en vacaciones
(…) específicamente de evasiones del servicio o algo en particular a esa fecha no, ni del
patrullero ROJAS ni de ningún otro funcionario"41. (Sic)

13.2 Ampliación declaración de la intendente Amparo Durán Jerez: Sobre la
orden institucional de la integración: "Debía asistir a una integración en Piedecuesta
autorizada por la jefatura de la Seccional". Sobre si presenció personalmente la
asistencia de Rojas Patiño a la integración: "Si asistió a la actividad de integración, no

41
TA, índice 23, anexo 22, págs. 61 – 64.

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sé la hora en que él se presentó a la actividad de integración". Y ante la

pregunta directa de si ella lo presenció de manera directa: "No señor". Fuente de
su convicción sobre la asistencia: "eso lo sé por comentarios del grupo, el patrullero
MONTAÑO dijo, ROJAS llego tarde a la integración no más". Sobre la coincidencia de

vestimenta con la imagen del video: "Mi Mayor ORJUELA también me pregunto que como
venía vestido el Patrullero ROJAS y yo le dije que el traía un pantalón oscuro, un jean y una
camiseta de esas pegadas al cuerpo como él hace ejercicio, de esas pegadas al cuerpo y era
oscurita, eso fue lo que le dije a mi Mayor (…) también recuerdo que mi mayor ORJUELA ese
domingo me mostro una foto y me pregunto si ROJAS ese día viernes de la integración había
venido vestido así como aparecía en la foto y yo le dije que sí." Sobre la solicitud de permiso

a los instructores: "Porque le había solicitado permiso a los instructores del código nacional
de policía para poder asistir a la integración el día viernes 27 de julio". Fuente de ese dato:
"el que me manifestó fue el mismo Patrullero ROJAS en la oficina del grupo de vida de manera
verbal, eso fue un día jueves, ese mismo jueves el me manifestó que el día viernes en la mañana
vendría al comando a firmar las planillas del curso". Sobre la fecha de la capacitación

frente al correo institucional del 18/07/2018. Puesta de presente la citación oficial
("a partir del día lunes 23 al jueves 26 de julio del año 2018") , se le pregunta por qué ella

sostiene que iba hasta el 27: "Según lo manifestado por el patrullero ROJAS que la
capacitación iba de lunes a viernes". Sobre verificación institucional del SIGIC: "No señor

no hay ningún funcionario que verifique esas actividades insertadas". Y sobre si evidenció

registro falso: "No sé por qué no soy la encargada de monitorear el SIGIC, no puedo
determinar si un funcionario está insertando actividades verdaderas o falsas". Sobre reporte

de inasistencia al servicio: "Nadie me llamo a reportar novedad de algún funcionario que
hiciera falta a la integración, se supone que todos asistieron a la integración" 42. (Sic)

13.3 Ampliación declaración del Intendente Rubén Darío Bueno Tapias:
Fundamento de la identificación de Rojas Patiño - conocimiento personal
y contexto laboral compartido: "llevo cinco (5) años trabajando en la SIJIN MEBUC y
ese mismo tiempo levaba el patrullero trabajando en esa unidad y al momento de estar
analizando estos videos me percato que uno de los sujetos que participan en el hecho punible
se trata del patrullero ROJAS que trabaja en la misma especialidad donde yo trabajo, en la SIJIN
MEBUC y pues me baso porque lo conocí en el video y diariamente uno tiene contacto con él,
interactúa diariamente con él ya sea en formaciones, reuniones, capacitaciones, en muchos
eventos que se realizan por parte de la SIJIN". Sobre autorización de la Fiscalía para

informar el hallazgo: "Pues directamente no, pero por obligación y como por ética profesional
y como estoy en una institución jerarquizada en el mismo momento que estuve realizando la
extracción de imágenes de los videos le di a conocer a mi Mayor GALLEGO la novedad". Sobre

orden específica de reconocimiento de personas y autorización de la fiscalía

42
TA, índice 23, anexo 22, págs. 65 – 69.

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para ese reconocimiento: "No, de reconocimiento de personas no" y "No",
respectivamente. Sobre método técnico del artículo 251 CPP: "Ningún método de
los que trata el artículo 251". Explicó cómo identificó a Moreno Oviedo y a Villabona:
"Me baso en el informe de policía de captura en flagrancia (…) en la denuncia que formulo el
afectado (…) al igual en la ficha de individualización que se le realizo cuando se le hizo el acto
urgente". Frente a Rojas Patiño: "Indíquele al despacho si usted realizo alguna ficha de

individualización al señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO. CONTESTO: No" . Sobre

visibilidad del hurto en el video de OIL Colombia: "A preciso aprecia la ocurrencia del
hurto a celular de la víctima. CONTESTO: No, en ningún momento (…) lo que se aprecia es
cuando los tres sujetos abordan al señor IVAN VILLABONA el cual se encuentra sentado (…) y
se inicia la confrontación con uno de los tres sujetos que lo abordan." Se reitera: "no se puede
apreciar un hurto a celular EN EL VIDEO DEL ESTABLECIMIENTO OIL Colombia SAS.
CONTESTO: No (…) En sí de este video no se puede apreciar el hurto del celular." Sobre lo

que sí describe haber visto en el video: el descenso de tres sujetos del vehículo,
el abordaje a Villabona, la confrontación con Moreno Oviedo, la caída de
elementos al piso, y finalmente: "uno de los tres sujetos ingresa a un inmueble del sector
y que una vez llegó la policía salió del mismo y se retira del sector y es cuando reconozco que
es el Patrullero ROJAS PATIÑO LEONARDO el cual una vez al salir del inmueble al que había
ingresado se quita la gorra con que había llegado al lugar". Sobre relación personal con

Rojas Patiño: "nunca he tenido discordias con él, ni le he realizado llamados de atención
teniendo en cuenta que él es patrullero y yo intendente" 43. (Sic)

13.4 Declaración del Mayor Miguel Andrés Orjuela Gómez: Origen de su
participación en la identificación - el "tercer concepto" mencionado por
Gallego: "el señor Intendente BUENO realizo con cámaras que se encontraban en las
cercanías al lugar de los hechos pude establecer que se trataba de un funcionario (…) siendo
este el señor Patrullero ROJAS." Fundamento personal de reconocimiento: "en el video
que me fue puesto de presente observe cuando el señor patrullero ROJAS pasa por el frente de
la cámara, a partir de allí fue claro para mi identificar las características del rostro que me
permitieron establecer que se trataba del señor patrullero en mención, así mismo me percate
que el buzo que tenía puesto el señor patrullero ROJAS en el momento que pasa frente a la
cámara es de características similares a un buzo con el que algunas ocasiones esta persona se
presentaba a laborar en la SIJIN". Conocimiento personal previo con el investigado:
"Si lo conozco debido a que es una persona que trabajaba y se encontraba adscrito a la SIJIN
Bucaramanga (…) lo distingo desde que yo llegue a laborar (…) desde el año 2017." Sobre el

"reconocimiento video gráfico" como método aplicado: "No se ha adelantado de mi
parte ningún método de investigación científica para la identificación del señor patrullero ROJAS,
aunque si se adelantó uno de validez probatoria como es el reconocimiento video gráfico”. Al

43
TA, índice 23, anexo 22, págs. 70 – 76.

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explicarlo: "observar un video y a través de este establecer si alguna de las
personas que allí aparece es o no conocida por parte del observador, en cuanto a la validez
probatoria, es claro para mí que no solo esta sino cualquier tipo de pruebas que pretenda ser
incluidas dentro de un proceso penal deben ser validadas por parte de un juez, situación que no
procede en este caso toda vez que nos encontramos frente a una diligencia de carácter
disciplinario". Sobre conocimiento de que Rojas Patiño estaba en capacitación

esos días: "Si tenía conocimiento". Sobre si recibió informe de inasistencia al
servicio: "No, no se me entrego ningún informe"44 (Sic).

13.5 Declaración del Intendente Edidson Enrique Pérez Mantilla. Sobre las
fechas de la capacitación y la explicación de la inconsistencia documental:
Ante la confrontación entre la planilla ("23/07/2018 al 27/07/2018") y el correo
institucional (23 al 26 de julio), explicó: "la planilla esta prediseñada para abordar en que
días se van a abordar los temas del seminario, para el caso de esta semana el seminario se
dictó de lunes a jueves y se abordaron todos los temas". Sobre el momento de recolección

de firmas: "Esa planilla yo la pase el día jueves 26 para que la firmaran”. Sobre si el 27 de
julio se dictó tema del seminario - dato central para el segundo cargo: "No". Y
reiterado al final: "El viernes 27 no". Sobre si citó a alguno de los relacionados en la
planilla el 27 de julio: "No, a ninguno”. Sobre su propia actividad ese día: "en la
mañana realizando el informe y en la tarde en la estación de policía norte". Sobre si reconoce

físicamente a Rojas Patiño: "Me tocaría verlo para acordarme porque por lo general uno
en las capacitaciones tiene uniformados que uno distingue hace tiempo pero no los conoce uno
por el apellido, los saca uno es por el rostro tocaría verlo para acordarme”. Sobre vestimenta

del personal de la SIJIN durante la capacitación: “No recuerdo, por lo general los citan
en uniforme pero por lo general si tienen restricción no recuerdo en que uniforme asistieron".
Sobre solicitud escrita de permiso de Rojas Patiño para no asistir el 27 de julio:
"No". Sobre el trámite y radicación del informe académico: "Eso se radico en talento
Humano, se le hace entrega al encargado de Talento humano que es el Subintendente OJEDA."
(Sic)

14. 23 de enero de 2019 - Auto resolviendo solicitud de pruebas

52. Mediante esta providencia, la entidad demandada resolvió el memorial
probatorio de la defensa, que solicitaba: (i) certificados de los estudios en
criminalística del Mayor Gallego Giraldo; (ii) comisión técnica para descargar del
aplicativo GECOP el informe académico completo de Pérez Mantilla; (iii) la orden

44
TA, índice 23, anexo 22, págs. 77 – 81.

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de servicios que ordenó (sic) el seminario; y (iv) concepto normativo sobre el
diligenciamiento del formato "Informe Académico".

53. Sobre la petición 1, negada por impertinente: "no sería el pedimento probatorio
documental el idóneo para tales efectos (…) este despacho no accede a dicha solicitud por
considerarla impertinente lo que per se hace que se torne igualmente innecesaria". Sobre la

petición 2, negada por impertinencia y falta de carga argumentativa: "no guarda relación
de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema objeto de investigación (…) si lo que
pretende (…) es acuñar al expediente que el día 27 de julio de 2018 se convocó al personal (…) el
principio de conducencia de la prueba nos determina que no sería la documental, la prueba por
excelencia (…) la defensa técnica contrario a solicitar el informe académico hubiese solicitado el
testimonio de todos, o de parte de alguno de los que figuran relacionados en la planilla". El

despacho justificó la negativa señalando que ya contaba con el correo No. 00190
MEBUC-GUTAH-ADOCA que fijaba la convocatoria "a partir del día lunes 23 al jueves 26
de julio del año 2018", y con el testimonio de Pérez Mantilla, quien había confirmado

bajo juramento que "el día viernes 27 de julio del año 2018 se dictó algún tema del seminario
(…) CONTESTO: No”. Sobre la petición 3 (orden de servicios del Comandante
MEBUC), negada por innecesaria: "obrante en el expediente se encuentra el correo
electrónico No. 00190 MEBUC - GUTAH -ADOCA (…) en virtud de lo antepuesto no se considera útil
allegar al legajo disciplinario una documental que nos llevaría a acreditar un presupuesto de hecho
que ya se encuentra acreditado en el expediente". El despacho precisó además el objeto

real de la investigación frente a este punto: "esta instancia disciplinaria no está investigando
al señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO por dejar de asistir a dicho evento académico, de
allí que se considere ordenar la práctica de esta documental se torna impertinente. Por lo tanto no
se accede a dicha solicitud." Sobre la petición 4 (concepto normativo de diligenciamiento

del "Informe Académico"), negada por superflua: "a lo sumo la solicitud documental nos
llevaría a determinar que la planilla se diligencio en la forma que no es debida (…) si la misma
presenta inconsistencias en su diligenciamiento deberá acudirse a la fuente; esto es a quien la
suscribió y para este caso específico se reitera, este despacho convoco en jurada al señor EDIDSON
ENRIQUE PEREZ MANTILLA, mismo que aclaro algunas inconsistencias (…) lo que por
consiguiente conlleva a que al considerarse una prueba innecesaria deba rechazarse su práctica."
(Sic).

54. Parte resolutiva: "PRIMERO: NEGAR las solicitudes probatorias efectuadas por el Doctor
EDINSON ORTIZ QUITIAN (…) SEGUNDO: (…) procede el recurso de reposición conforme lo
dispuesto en los artículos 110, en los términos del artículo 111 y con las formalidades de los artículos
112 y 113 de la ley 734 de 2002"45.

45
TA, índice 23, anexo 22, págs. 89 – 93.

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15. Recursos de reposición (28 de enero de 201946), apelación (26 de marzo
de 201947) y queja (3 de abril de 201948), presentado por la defensa contra
la negativa probatoria, invocando entre otros fundamentos la sentencia
SU774-14 sobre autenticidad de documentos públicos y la garantía de no
autoincriminación (sentencia C-258/11).

16. El despacho no repuso ninguna de las cuatro negativas (auto del 1 de
febrero de 201949). Respecto de las pruebas relativas a si el 27 de julio hubo
clase (informe académico completo y orden de servicios), consideró que la
prueba idónea era la testimonial -ya recaudada con Pérez Mantilla- y no la
documental pretendida; en cuanto a los certificados de estudios de Gallego
y al concepto normativo sobre el diligenciamiento de la planilla, los calificó de
impertinentes y superfluos, respectivamente, por no incidir en el objeto de la
investigación y contar ya con la fuente directa (el propio declarante) para
esclarecer cualquier inconsistencia. Contra esa decisión no procedía recurso
alguno conforme al artículo 110, parágrafo, en concordancia con el artículo
119 de la Ley 734 de 2002, por lo que el recurso de apelación fue rechazado
de plano (auto del 28 de marzo de 201950) con fundamento en el artículo 115
ibidem, al no tratarse de una negativa probatoria en etapa de descargos. El
posterior recurso de queja corrió igual suerte, siendo rechazado por
improcedente (auto del 4 de abril de 201951) al no configurarse los
presupuestos del artículo 117 de la misma ley.

17. 1 de marzo de 2019 - Auto por medio del cual se cita a audiencia dentro
de la investigación disciplinaria No. MEBUC-2019-752

55. Esta providencia formuló en términos definitivos los cargos disciplinarios, con
fundamento en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57
de la Ley 1474 de 2011, al estimar el despacho que se cumplían los presupuestos
sustanciales del artículo 162 ibídem para dar paso directo al procedimiento verbal.

56. Cargos formulados contra el demandante, patrullero Leonardo Rojas Patiño:

46
TA, índice 23, anexo 22, págs. 95 – 102.
47
TA, índice 23, anexo 22, págs. 186 – 193.
48
TA, índice 23, anexo 22, págs. 216 – 223.
49
TA, índice 23, anexo 22, págs. 104 – 107.
50
TA, índice 23, anexo 22, págs. 195 - 196.
51
TA, índice 23, anexo 22, págs. 224 – 225.
52
TA, índice 23, anexo 22, págs. 108 – 181.

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17.1 Cargo primero - Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 9: “realizar una
conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o cargo”.

Con remisión normativa al artículo 239 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal):
"El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí
o para otro".

57. El auto fundamentó la conexidad entre el cargo desempeñado y la conducta
imputada con un argumento que la Sala debe examinar con especial atención, pues
no fue expresamente controvertido en el recurso de apelación disciplinario ni en la
demanda:
"EL CARGO DE INVESTIGADOR CRIMINAL que detentaba el señor
Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO par el día 27/07/2018, le permitía un
margen de movilidad en el área Metropolitana de Bucaramanga (…) Esta
instancia disciplinaria considera que el cargo desempeñado (…) pudo haber
resultado factor determinante para lograr su aparente cometido delictual".

17.2 Cargo segundo - Ley 1015 de 2006, artículo 34, numeral 30, literal
e): “Respecto de documentos: abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y
circunstancias que el deber le impone por razón del servicio, cargo o función o registrarlos
de manera imprecisa o contraria”.

58. El auto precisó el registro cuestionado en el sistema SIGIC:

«SIGIC, usuario leonardo. Rojas-, día a día-, identificación 91160669, PT.
LEONARDO ROJAS PATIÑO, DIA A DIA EMPLEADO, fecha 27/07/201[7],
hora 07, minutos 00, ámbito MISIONAL, actividad CAPACITACIONES,
descripción actividad, CAPACITACIÓN CODIGO NACIONAL DE POLICIA,
resultado, SE CUMPLE...»

59. Fundó el elemento intencional en que la planilla de asistencia se firmó el jueves
26 de julio, día en que -según el auto- el investigado ya conocía la inconsistencia
entre la fecha de cierre real del seminario y la que aparecía consignada en el formato
de "informe académico" (23 al 27 de julio).

17. 3 Tercer cargo - Ley 1015 de 2006, artículo 35, numeral 7: “Dejar de
asistir al servicio sin causa justificada”.

60. El auto sustentó este cargo en la imposibilidad lógica de ubicuidad y en la
calificación de la actividad de integración en Piedecuesta como "actividad propia del
servicio previamente autorizada", apoyándose en la declaración de Amparo Durán Jerez

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sobre la existencia de un trámite formal de autorización ante el Comandante de la
Policía Metropolitana.

61. Calificación provisional de la culpabilidad: los tres cargos fueron calificados
a título de dolo, conforme al artículo 13 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con
el artículo 11 de la Ley 1015 de 2006.

62. Pruebas decretadas de oficio en el mismo auto: se ordenó recaudar el
documento de autorización de la actividad de integración, practicar auditoría técnica
al aplicativo SIGIC para determinar la IP y fecha exacta de inserción del registro
cuestionado y citar a declarar a los testigos civiles (Iván Villabona Maldonado, Junior
Iván Villabona Pabón, William Giovany Cely, Yeny Viviana Alfonso Rueda, Rosmira
Luna Rueda y Benjamín Céspedes Cárdenas), quienes resultaron renuentes a
comparecer pese a las citaciones53.

Frente al otro investigado, Patrullero Diego Eliecer Moreno Oviedo

63. Se formularon dos cargos bajo el artículo 34, numeral 10, de la Ley 1015 de
2006, con remisión a los artículos 239 (hurto) y 426 (simulación de investidura o
cargo) de la Ley 599 de 2000, en tanto se encontraba suspendido disciplinariamente
para la fecha de los hechos.

18. 8 de abril de 2019 al 1 de agosto de 2019 - Audiencia disciplinaria
(sesiones sucesivas)

64. En cuanto a las pruebas decretadas de oficio en el auto de citación a audiencia,
lo actuado en el curso de las sesiones fue como sigue: La auditoría técnica al
aplicativo SIGIC sí se practicó: ante la imposibilidad de la oficina de telemática de
la MEBUC de realizarla por no contar con los privilegios necesarios, el requerimiento
se escaló a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), que rindió
respuesta el 3 de abril de 2019 en los siguientes términos : "se verifico el sistema de
Información para la Gestión de la Investigación Criminal SIGIC, el cual arroja que el registro que fue
ingresado en el módulo del día a día, para el día 27 de julio del 2018, fue registrado en la base de
datos el día 31/07/2018 04:52:26 p. m.", precisando además que no fue posible establecer

la IP ni el equipo desde el cual se hizo la inserción, "ya que para ese momento el sistema

53
Desde el auto del 14 de enero de 2019. TA, índice 23, anexo 22, pág. 2 – 10.

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solo guardaba al momento de realizar una actualización o eliminación de un registro, mas no para
las inserciones del mismo"54. En cuanto a la documental sobre autorización de la

actividad de integración, la oficina de planeación de la Región Cinco remitió el 23
de julio de 2019 la "Orden de servicios No. 006 COMAN–REGION5"55 y la Directiva
Administrativa Transitoria 003 de 201856. Respecto de los seis testigos civiles
citados (Iván Villabona Maldonado, Junior Iván Villabona Pabón, William Giovany
Cely, Yeny Viviana Alfonso Rueda, Rosmira Luna Rueda y Benjamín Céspedes
Cárdenas), pese a haber sido citados en ocho oportunidades, ninguno compareció,
y el despacho no insistió más en su práctica invocando economía procesal57. (Sic)

19. 13 de agosto de 2019 - Terminación del juicio y alegatos de conclusión
de la defensa58

20. 22 de septiembre de 2020 - Fallo de primera instancia MEBUC-2019-759

65. Declaró responsable a Rojas Patiño de los cargos formulados en el auto de
citación a audiencia del 1 de marzo de 2019, manteniendo idéntica tipificación
normativa y los mismos elementos fácticos allí expuestos, esta vez sin condicionales
("pudo haber", "se infiere") sino en términos categóricos de certeza y le impuso
sanción de destitución e inhabilidad por doce años.

20.1 Sobre la valoración conjunta de la prueba

66. El fallador precisó el método de apreciación probatoria aplicado, con cita de los
artículos 130, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002, concluyendo que las pruebas
documentales y testimoniales fueron recaudadas con plena observancia de las
garantías procesales y que, apreciadas en conjunto bajo las reglas de la sana
crítica, permitían tener por acreditados los hechos con el grado de certeza exigido
por el artículo 142 de la misma ley para proferir fallo sancionatorio: prueba de la
existencia de la conducta y prueba de la responsabilidad del investigado.

20.2 Sobre la identificación de Rojas Patiño

54
TA, índice 23, anexo 22, págs. 212 – 214.
55
TA, índice 23, anexo 21, págs. 65 – 79.
56
TA, índice 23, anexo 21, págs. 34 – 64.
57
TA, índice 23, anexo 21, pág. 177.
58
TA, índice 23, anexo 21, pág. 82.
59
TA, índice 23, anexo 21, págs. 135 – 253.

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67. A partir del cruce entre el informe de investigador de campo, las declaraciones
de Bueno Tapias, Gallego Giraldo y Orjuela Gómez y el testimonio de Amparo Durán
Jerez sobre la vestimenta, el fallador concluyó, que Rojas Patiño era efectivamente
uno de los tres sujetos que abordaron a Armin Ramón Suárez García. El despacho
no introdujo un análisis adicional sobre el método de identificación más allá del ya
expuesto en el auto de citación a audiencia; simplemente dio por superada esa
etapa de duda y la trató como hecho probado.

20. 3 Sobre el cargo por hurto (artículo 34, numeral 9, Ley 1015 de 2006)

68. El fallador tipificó la conducta como "realizar una conducta descrita en la ley como delito,
a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o
cargo", con remisión al artículo 239 de la Ley 599 de 2000. Sostuvo que el cargo de

investigador criminal de Rojas Patiño constituyó el factor que hizo posible la
conducta, al no estar sujeto a un puesto fijo de servicio ni a la obligación de portar
uniforme:

"Esta instancia disciplinaria considera que el cargo desempeñado por el
señor Patrullero LEONARDO ROJAS PATIÑO resulto factor
determinante para lograr su cometido delictual y por consiguiente fue su
cargo el que de una u otra forma le permitió, ese margen de movilidad".
(Sic)

69. Sobre el dolo, razonó que la sola circunstancia de congregarse con otras
personas portando un elemento institucional oculto en un bolso -la chaqueta
reflectiva- bastaba para inferir premeditación, sin exigir prueba de un ánimo de lucro
concreto ni de la comercialización posterior del bien, por tratarse de un tipo
disciplinario que no requiere resultado sino mera conducta.

20.4 Sobre la inasistencia al servicio (artículo 35, numeral 7)

70. El fallador construyó el dolo a partir de una secuencia cronológica: sostuvo que
Rojas Patiño conocía desde el 26 de julio -día en que se firmó la planilla del
seminario- que éste ya había concluido y que, pese a ello, indujo a su superior a
creer que debía asistir al comando la mañana del 27 de julio antes de trasladarse a
la integración. Calificó esa conducta como un "sofisma de distracción" deliberadamente
construido para encubrir su inasistencia a la actividad de integración programada

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en Piedecuesta, invocando la imposibilidad lógica de que una persona esté en dos
lugares distintos dentro del mismo intervalo horario.

71. El fallador disciplinario le dio un tratamiento instrumental y no sustantivo al
desarrollar el registro falso en el SIGIC dentro de la motivación, pero como prueba
del dolo con que Rojas Patiño encubrió su inasistencia al servicio, no como una
conducta reprochable de manera autónoma. Así, aunque en la parte motiva sostiene
que el registro fue "premeditado" y "contrario a la realidad", en la resolutiva el
fallador solo declaró responsabilidad por hurto e inasistencia al servicio, quedando
el episodio del SIGIC subsumido en este último cargo como el medio del que se
valió para justificarlo. Al no traducirse en una condena autónoma -se insiste, no hubo
declaratoria de responsabilidad por el cargo segundo relacionado en el numeral
17.2-, no se le declaró responsable.

20.5 Sobre la versión libre y los descargos

72. El fallador dedicó un apartado expreso a la versión libre del investigado, dentro
del acápite de valoración de descargos. Reconoció y respetó formalmente los
argumentos de Rojas Patiño -que no hubo capacitación el 27 de julio, que se
encontraba en la actividad de integración en Piedecuesta, y que cuestionaba el
método por el cual fue identificado en los videos-, pero los desestimó de fondo por
considerarlos contrarios a lo que el despacho tuvo por acreditado documental y
testimonialmente respecto de la inexistencia de clase ese día.

20.6 Sobre la culpabilidad y ausencia de eximentes

73. El fallador revisó expresamente las causales de exclusión de responsabilidad
disciplinaria de los artículos 28 de la Ley 734 de 2002 y 41 de la Ley 1015 de 2006
(fuerza mayor, cumplimiento de deber constitucional, orden legítima de autoridad
competente, protección de derecho propio o ajeno, coacción ajena, error invencible,
inimputabilidad), concluyendo que ninguna resultaba aplicable al caso, por no existir
prueba que las sustentara.

20.7 Sobre la dosimetría de la sanción

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74. Aplicó el artículo 39, numeral 1, de la Ley 1015 de 2006 (destitución e inhabilidad
general entre diez y veinte años para faltas gravísimas dolosas) y, por integración
normativa del artículo 20 ibídem, el sistema de cuartos del artículo 61 del Código
Penal. Concluyó que no concurrían agravantes y sí un atenuante -la trayectoria del
disciplinado, con felicitaciones y condecoraciones acumuladas en más de trece
años de servicio-, razón por la cual se ubicó en el primer cuarto de la escala punitiva
(10 a 12 años y 6 meses), fijando la sanción en el extremo superior de ese cuarto:
destitución e inhabilidad general por doce años.

20.8 Parte resolutiva

"TERCERO: Declarar DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE dentro
del proceso radicado MEBUC-2019-7 al señor Patrullero LEONARDO
ROJAS PATIÑO (…) al quedar establecido y no desvirtuado que es
responsable de infringir la Ley 1015 de 2006 en el artículo 34 numeral
10 [sic], falta contemplada como GRAVISIMA a título de DOLO y
artículo 35 numeral 7, contemplada como falta GRAVE, a título de
DOLO.
CUARTO: Sancionar Disciplinariamente al señor Patrullero
LEONARDO ROJAS PATIÑO (…) con el correctivo disciplinario de
DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR UN TERMINO DE
DOCE (12) AÑOS".

75. Contra esta decisión el apoderado interpuso recurso de apelación en la misma
audiencia.

21. Oficio 2020 – 106992 del 16 de octubre de 2019, por medio del cual se
remite el expediente disciplinario al teniente coronel Eduardo Chamorro
Pinzón, en su calidad de inspector delegado región cinco para resolver el
recurso de alzada60.

22. Auto del 10 de diciembre de 2020, con el fin de correr traslado del
expediente para alegatos de conclusión previo al fallo de segunda
instancia61.

23. Alegatos de conclusión: Rojas Patiño, actuando directamente sin
intervención de apoderado en el escrito, presentó alegatos invocando cuatro
líneas de defensa62.

60
TA, índice 23, anexo 21, pág. 257.
61
TA, índice 23, anexo 21, págs. 258 – 260.
62
TA, índice 23, anexo 21, págs. 261 – 270.

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Demandante: Leonardo Rojas Patiño y otros

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76. Sobre la identificación, sostuvo que la vinculación se produjo sin prueba siquiera
sumaria y sin cotejo de identificación biométrica, afirmando categóricamente: "la
persona que aparece en dichas imagines evidentemente no soy yo". (sic). Sobre la prueba

videográfica, invocó el artículo 140 de la Ley 734 de 2002 para plantear su
inexistencia procesal por reserva penal: "toda 'prueba recaudada sin el lleno de las
formalidades sustanciales se tendrá como inexistente'”. Frente al cargo de hurto, se apoyó

en el propio testimonio de Bueno Tapias para sostener que el video "EN SÍ (…) NO SE
PUEDE APRECIAR EL HURTO DE CELULAR", concluyendo que "el tipo penal de hurto (…) no

queda debidamente demostrado (…) más allá de toda duda razonable”. Sobre el registro en el

SIGIC, argumentó que dicho sistema no constituye "documento" en los términos del
artículo 294 de la Ley 599 de 2000, y que la fecha de inserción -posterior a los
hechos, no anterior- resultaba incompatible con la tesis de premeditación del
fallador, subsidiariamente solicitando que la conducta se considerara, en el peor de
los casos, "un acto de imprudencia" y no dolo. Finalmente, sobre la inasistencia, invocó
expresamente el precedente disciplinario DEMAM-2017-37 del propio ad quem para
sostener que, de haber ocurrido los hechos como los describe el fallo, la conducta
configuraría a lo sumo "una presentación con retardo al servicio" y no la inasistencia total
exigida por el tipo del artículo 35-7. Con fundamento en los artículos 73, 142 y 164
de la Ley 734 de 2002, solicitó revocar el fallo de primera instancia y decretar el
archivo definitivo de las diligencias.

24. 29 de octubre de 2021 - Fallo de segunda instancia (Inspección
Delegada Región Cinco de Policía) 63

77. El teniente coronel Eduardo Chamorro Pinzón confirmó en su integridad el fallo
de primera instancia, con fundamento en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, que
limita la competencia del ad quem a "revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos
otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación". Frente al cargo de

identificación irregular, desestimó la nulidad alegada señalando que Rojas Patiño
"fue debidamente vinculado al proceso de acuerdo a las formalidades legales establecidas por la ley
1015 del 2006 en su artículo 5", y sostuvo que la prueba de participación se acreditaba
"gracias al medio de prueba, como lo fue las diligencias de declaración jurada del señor Intendente
RUBEN DARIO BUENO TAPIAS (…) y el testimonio de la víctima del hurto", concluyendo que
"las manifestaciones efectuadas por el sujeto procesal respecto que no existe prueba que acredita

63
TA, índice 23, anexo 21, págs. 272 – 353.

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la plena identidad del encartado (…) no puede ser aceptada como una disculpa
frente a un hecho que no es cierto".

78. Sobre el cargo del SIGIC, el ad quem no se pronunció respecto del argumento
de la defensa acerca de la fecha real de inserción (posterior a los hechos),
limitándose a reiterar que el registro se hizo "con el ánimo de justificar a futuro la actividad
que desarrollaba el día 27 de julio del año 2018" y que las claves "gozan de reserva para cada

funcionario que se le asigne una de ellas" Sobre la inasistencia, rechazó la tesis de retardo

planteada por la defensa, afirmando que "está plenamente establecido que usted no se
presentó al evento programado con anterioridad" y que la actividad de integración "entrañaba

actividades contrarias al ejercicio funcional". El fallo tipificó jurídicamente el análisis dentro

del concepto de "ilicitud sustancial" e "infracción al deber funcional", con extensa cita de la
sentencia C-819 de 2006 de la Corte Constitucional sobre el contenido del deber
funcional del servidor público.

2.4 Análisis del caso concreto

79. Conforme a los reparos formulados en el recurso de apelación, le corresponde
a la Sala determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en los
vicios de nulidad alegados por el señor Leonardo Rojas Patiño, para lo cual se
abordará el examen de responsabilidad disciplinaria a partir de la estructura
sistemática decantada por la jurisprudencia, que exige verificar sucesivamente: (i)
el juicio de adecuación, comprensivo de la capacidad, la conducta y la tipicidad; (ii)
el juicio de valoración, relativo a la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche,
atinente a la culpabilidad.

2.4.1 Sobre la garantía del debido proceso y el derecho de defensa a lo largo
de la actuación disciplinaria

80. Previo al examen de fondo, advierte la Sala que el trámite disciplinario surtido
en contra del demandante se desarrolló con plena observancia de las garantías
propias del derecho de defensa y contradicción. Rojas Patiño fue vinculado
mediante auto del 23 de noviembre de 2018 y notificado personalmente el 28 de
noviembre siguiente; contó sucesivamente con dos apoderados de confianza -
Edgar Humberto Parada Sanabria y, desde el 4 de enero de 2019, Édison Ortiz
Quitian-, quienes tuvieron acceso oportuno al expediente y ejercieron activamente
la contradicción de la prueba, particularmente en las ampliaciones de declaración
practicadas el 21 y 22 de enero de 2019, donde el apoderado contrainterrogó de

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manera exhaustiva a los testigos de cargo. Se surtió citación a audiencia mediante
auto del 1 de marzo de 2019, se desarrolló el juicio verbal entre el 8 de abril y el 13
de agosto de 2019 con decreto y práctica de pruebas adicionales -incluida la
auditoría técnica al sistema SIGIC y la respuesta de la oficina de planeación sobre
la orden de servicios-, y se garantizó al investigado la oportunidad de presentar
alegatos de conclusión tanto en primera como en segunda instancia disciplinaria,
además del ejercicio efectivo de los recursos presentados.

81. No advierte la Sala, entonces, que la actuación disciplinaria haya cercenado en
momento alguno el derecho de defensa del demandante, quien tuvo plena
oportunidad de allegar y solicitar las pruebas que estimara pertinentes para
desvirtuar la imputación.

2.4.2 Sobre la identificación del demandante en los registros fílmicos

82. Sostuvo el apoderado judicial del actor que la identificación de Rojas Patiño se
practicó con violación del debido proceso, al no haberse aplicado los métodos de
reconocimiento previstos en los artículos 251 y 252 de la Ley 906 de 2004, sin
autorización del fiscal del caso y con presencia simultánea de los tres funcionarios
que luego fungieron como testigos de cargo.

83. El cargo no está llamado a prosperar. Los artículos 251 y 252 de la Ley 906 de
2004 regulan un procedimiento probatorio propio del proceso penal, sometido al
principio de legalidad estricta de la prueba y orientado a la identificación de un
desconocido por parte de quien no lo conoce previamente. El proceso disciplinario,
en cambio, se gobierna por el sistema de libre valoración consagrado en los
artículos 128, 129 y 141 de la Ley 734 de 2002, que no exige tarifa legal para la
acreditación de los hechos, sin que por ello se entienda que deba procederse con
violación al debido proceso, circunstancia que, como antes se adujo, no ocurrió en
el presente evento.

84. Precisión sobre las circunstancias de tiempo y modo de los hechos. Se
encuentra acreditado que, siendo las 09:24 horas del 27 de julio de 2018, un
vehículo Chevrolet Spark color gris oscuro con vidrios polarizados, de placas KJS-
769, se ubicó en la carrera 29 con calle 17 del barrio San Alonso, diagonal a la IPS
Auvimer, permaneciendo allí durante treinta y seis minutos. A las 10:12 horas, según

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registró la cámara de la calle 17 No. 29-08, descendieron tres sujetos, quienes se
desplazaron por la carrera 29 hasta abordar a los señores Armin Ramón Suárez
García e Iván Villabona Maldonado. El comandante de la Policía Metropolitana
Norte certificó que la captura de Moreno Oviedo se produjo "siendo las 10:13 horas",
según lo confirmó igualmente el informe de la patrulla captora, integrada por el
Subintendente Álvaro de Jesús Ramírez Villamizar y el Patrullero Robinson
Camacho Díaz, quienes en su declaración narraron de manera coincidente el
procedimiento: haber abordado a un sujeto "sin camisa" con arma de fuego
(Villabona), y posteriormente a otro sujeto que "vestía camisa color rosada y pantalón jean",
a quien se le incautaron dos armas de fuego y una chaqueta reflectiva oculta en un
bolso, y quien "manifiesta ser policía y que pertenece a la SIJIN."

85. Sobre la consistente referencia a tres sujetos y la particular situación
probatoria del segundo de ellos. Advierte la Sala un elemento estructural del
acervo probatorio que refuerza la solidez de la imputación: desde el primer informe
técnico hasta el fallo de segunda instancia, la prueba documental identificó de
manera constante y sin variación, la presencia de tres sujetos que descendieron del
vehículo, clasificados invariablemente como "Sujeto 1" (Diego Eliecer Moreno
Oviedo, capturado en flagrancia), "Sujeto 2" (identificado posteriormente, mediante
labor investigativa, como el Patrullero Leonardo Rojas Patiño) y "Sujeto 3" (persona
que hasta la fecha no ha sido posible identificar). Resulta relevante que, a diferencia
de Moreno Oviedo -cuya vinculación al proceso penal se produjo por la vía directa
de la flagrancia-, la identificación de Rojas Patiño como el segundo sujeto no provino
de una captura en el lugar de los hechos, sino de la labor investigativa desarrollada
con posterioridad por el Intendente Bueno Tapias en cumplimiento de la orden a
policía judicial No. 3576070, quien, al analizar los videogramas recolectados,
concluyó identificar en dicho segundo sujeto al hoy demandante, identificación que
fue puesta en conocimiento inmediato de sus superiores jerárquicos y corroborada
por éstos de manera independiente.

86. En cuanto a la suficiencia de dicha identificación, la Sala encuentra que ésta no
se sustentó en el reconocimiento de un desconocido, sino en el conocimiento
personal directo y prolongado, corroborado de manera independiente por tres
funcionarios distintos. El Intendente Bueno Tapias explicó que reconocía a Rojas
Patiño porque "llevo cinco (05) años en la especialidad de las cuales este señor patrullero lleva
aproximadamente el mismo tiempo en la especialidad, y donde todos los días interactuamos". El

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Mayor Gallego Giraldo, por su parte, ratificó la identificación con fundamento similar
y explicó que llamó a un tercer funcionario "con el fin de evitar que pudiera caer en un error
visual", obteniendo como resultado que este "nos confirma que se trata de este sujeto". A lo

anterior se suma la coincidencia objetiva de vestimenta entre dos fuentes
independientes: la descripción hecha por Bueno Tapias a partir del análisis del
video, y la percepción presencial de la Intendente Amparo Durán Jerez, quien, sin
conocer previamente el propósito de la pregunta, confirmó que la vestimenta que le
mostraron en una fotografía coincidía con la que había visto personalmente esa
misma mañana.

87. Sobre la entidad de esta prueba como indicio grave y la carga probatoria
del investigado. La consistente y reiterada coincidencia de tres funcionarios
distintos, en momentos y circunstancias diferenciadas, al señalar invariablemente al
demandante como la persona que aparece en los registros fílmicos, constituye un
indicio grave en los términos que gobiernan la valoración probatoria bajo las reglas
de la sana crítica, en tanto se trata de un hecho indicador plural, concordante y no
contradicho por prueba en contrario de igual o mayor entidad. Ciertamente,
conforme al artículo 128 de la Ley 734 de 2002 -vigente para la época de los hechos-
la carga de la prueba corresponde al Estado y toda duda razonable debe resolverse
en favor del investigado, según lo disponen el artículo 9° de la Ley 734 de 2002 y el
artículo 6° de la Ley 1015 de 2006 -vigente para la época de los hechos64-. Sin
embargo, la duda razonable a que aluden dichas disposiciones es aquella que,
agotados los medios de pruebas disponibles, resulta insuperable; no la que se
pretende construir a partir de la mera alegación de la parte interesada, cuando ésta
tuvo a su disposición los medios para desvirtuar el indicio grave que la afectaba y
no lo hizo.

88. En efecto, si el demandante sostuvo haberse encontrado en el municipio de
Piedecuesta durante todo el intervalo horario en que ocurrieron los hechos, era a él
a quien correspondía identificar y ofrecer el testimonio de aquellos compañeros de
la unidad investigativa que, habiendo asistido a la misma actividad de integración,
hubiesen podido dar fe de su presencia continua en dicho lugar entre las 9:00 y las
10:30 horas. No obra en el expediente declaración alguna de un tercero que hubiese
presenciado directamente al demandante en Piedecuesta durante ese preciso
intervalo; por el contrario, la propia Intendente Durán Jerez -principal testigo de

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Modificada por el 85 de la Ley 2196 de 2022.

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descargo- reconoció expresamente no haberlo presenciado de manera directa en
dicha actividad y ubicó su llegada al sitio "sobre el medio día", esto es, con posterioridad
al intervalo horario en que la prueba documental y testimonial lo sitúa en el barrio
San Alonso. Ante esa ausencia de contraprueba idónea, y frente a la consistencia
del indicio grave que emerge de la identificación coincidente por parte de tres
declarantes independientes, no encuentra la Sala configurada la duda razonable
que reclama la parte actora.

2.4.3 Sobre la valoración de la declaración de Armin Ramón Suárez García y
el cargo de hurto

89. Alegó la defensa que el video de la cámara del establecimiento OIL Colombia
S.A.S. desvirtúa la declaración de la presunta víctima, y que ésta nunca compareció
a ser interrogada pese a las citaciones.

90. En efecto, el propio Intendente Bueno Tapias reconoció, al ser interrogado
directamente, que en el video no se aprecia el instante del despojo: "No, en ningún
momento (…) En sí de este video no se puede apreciar el hurto del celular". No obstante, esta

circunstancia no desvirtúa la existencia material de la conducta, apreciada bajo el
principio de unidad de la prueba. La ausencia de un fotograma específico del
momento del apoderamiento no equivale a la inexistencia del hecho, cuando el resto
de la secuencia documentada en video -llegada de los sujetos, abordaje simultáneo
de las víctimas, exhibición de la chaqueta reflectiva, forcejeo con Iván Villabona,
huida posterior de los sujetos- es coincidente en modo, tiempo, lugar y
circunstancias con la declaración del señor Suárez García: "cuando se abalanzaron a
nosotros y nos encañonaron con armas de fuego y dijeron que ellos eran de la SIJIN y uno de ellos
abrió un bolso y ahí había como una chaqueta de la policía (…) me rapo mi celular".

91. Sobre este punto, cabe precisar que el video no es el soporte probatorio del
hurto en sí, sino de la identificación del demandante como el segundo sujeto que
intervino en los hechos -extremo que, según se explicó, quedó suficientemente
acreditado por el reconocimiento coincidente de tres superiores por trato personal
directo y por la coincidencia de vestimenta corroborada por la Intendente Durán
Jerez-. Precisamente por ser la identificación el punto mejor respaldado del
expediente, la defensa no pudo controvertirla con prueba propia y concentró su
ataque en el hurto, buscando apoyo en que las imágenes no registran el instante
del apoderamiento, lo cual es cierto, pero no sorprendente: mal podría una cámara

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fija, ubicada a distancia, captar con precisión un despojo que ocurre en segundos
en medio de la confrontación que en ese mismo momento sostenían Moreno Oviedo
y Villabona en el piso. Lo que sí se advierte con claridad en el registro fílmico es
que, mientras se desarrollaba ese forcejeo, había un segundo sujeto presente en la
escena -identificado luego como Rojas Patiño-, quien se retira del lugar y es captado
nuevamente minutos después, ya sin gorra, caminando y alejándose del sector.

92. La existencia misma del hurto, por su parte, se sostiene en la declaración de la
víctima, quien relata el hecho como consumado y no como tentativa -"me rapo mi
celular", "que lo tenía en mis manos"-, relato que además encuentra un indicio
adicional de corroboración en el hecho de que, al momento de la incautación de
elementos practicada a Moreno Oviedo, el celular no apareció relacionado por
ningún lado, circunstancia compatible con que el objeto hubiese sido sustraído por
quien logró huir del lugar sin ser detenido y no por quien quedó capturado en
flagrancia. Bajo el principio de unidad de la prueba, este conjunto de elementos -
identificación cierta por el video, declaración consistente de la víctima sobre la
consumación del hecho y ausencia del objeto en la incautación como indicio
corroborante- permite tener por acreditada la comisión del hurto, sin que la sola
circunstancia de que las imágenes no capten el instante preciso del despojo,
explicable por las propias condiciones de la escena, sea suficiente para generar la
duda razonable que reclama el demandante.

93. La falta de comparecencia del testigo a ampliación de declaración, pese a las
ocho citaciones cursadas, no es imputable a la autoridad disciplinaria, que agotó los
medios ordinarios de convocatoria. En ese sentido, la valoración de su testimonio,
corroborado en sus extremos verificables por el material videográfico, no adolece
del defecto que le endilga el actor.

2.4.4 Sobre el registro en el sistema SIGIC

94. Sostuvo el recurrente que no se determinó desde qué terminal ni por quién se
insertó el registro cuestionado. Obra en el expediente la respuesta de la Dirección
de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), suscrita por el Patrullero John Faber
Díaz Aparicio, que estableció: "el registro que fue ingresado en el módulo del día a día, para
el día 27 de julio del 2018, fue registrado en la base de datos el día 31/07/2018 04:52:26 p.m." ,

precisando que no fue posible establecer la dirección IP del equipo utilizado "ya que

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para ese momento el sistema solo guardaba al momento de realizar una actualización o eliminación
de un registro, mas no para las inserciones del mismo".

95. Este dato, lejos de desvirtuar la responsabilidad, resulta compatible con la
modalidad dolosa atribuida al investigado. La inserción se produjo apenas cuatro
días después de los hechos, lapso que resulta compatible con una reacción de
aseguramiento anticipado ante el riesgo de ser vinculado a un episodio en el que su
compañero de unidad ya había sido capturado en flagrancia en el mismo sector y
horario en que él debía encontrarse cumpliendo una actividad distinta. A ello se
suma que, según la declaración no controvertida de la Intendente Durán Jerez, el
propio investigado le hizo creer, en dos ocasiones y de manera verbal, que debía
asistir el 27 de julio a una capacitación que él ya sabía que había concluido desde
el día anterior: "el que me manifestó fue el mismo Patrullero ROJAS en la oficina del grupo de
vida de manera verbal, eso fue un día jueves, ese mismo jueves el me manifestó que el día viernes
en la mañana vendría al comando a firmar las planillas".

96. En cuanto a la autoría material del registro, las declaraciones de Gallego Giraldo
y de Durán Jerez son contestes y no controvertidas en cuanto a que el acceso al
aplicativo SIGIC se realiza mediante usuario y contraseña de carácter personal e
intransferible, lo que permite tener por establecida la autoría por vía de exclusión
lógica, sin que resulte indispensable la prueba directa de la terminal utilizada.

97. El deber funcional infringido reviste, además, especial entidad: entre las
funciones propias del cargo de investigador criminal se encontraba, según certificó
la Seccional de Investigación Criminal mediante Oficio No. S-2018-115219, "realizar
la alimentación de las bases de datos dispuestas por la institución", de manera que el aplicativo

SIGIC no constituye un registro administrativo accesorio, sino un instrumento
consustancial al ejercicio mismo de la función de policía judicial que el investigado
estaba llamado a desempeñar con probidad.

2.4.5 Síntesis del juicio de responsabilidad y elemento de contexto
institucional

98. Aplicada la estructura dogmática expuesta a los tres cargos, encuentra la Sala
que en cada uno de ellos concurren la capacidad -no controvertida-, la conducta y
la tipicidad -acreditadas mediante prueba documental y testimonial apreciada en

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conjunto conforme a la sana crítica-, la ilicitud sustancial -determinada por el
quebrantamiento injustificado de deberes funcionales específicos y calificados que
le imponía el cargo de investigador criminal- y la culpabilidad, a título de dolo, sin
que concurra causal alguna de exclusión de responsabilidad de las previstas en los
artículos 28 de la Ley 734 de 2002 y 41 de la Ley 1015 de 2006.

2.5 Conclusión

99. Conforme a lo disertado, la Sala concluye que ninguno de los cargos de nulidad
planteados por la parte demandante, tiene la entidad necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, por lo
que habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.5 Condena en costas

100. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha .

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYAESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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