Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02957-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02957-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02957-01 (4925-2023)
Demandante: Nelly Fabiola Rueda Quiroga
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta. Auxiliar enfermería. Recargo
nocturno MODIFICA SENTENCIA.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1) La señora Nelly Fabiola Rueda Quiroga instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2) Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio S-
2016-097353/DISAN ASJUR-1.10 de 09 de diciembre de 2016, y, en
consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral desde el 2 de
agosto de 2007 al 14 de septiembre de 2016 como auxiliar de enfermería en la
dirección de sanidad.
3) Que se reconozcan y paguen los salarios, primas, reajustes o aumentos
de sueldo, sanciones y demás emolumentos adeudados hasta la fecha en que
dejó de prestar sus servicios a la entidad demandada, y los que se causen a
futuro.
HECHOS
4) La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5) Que estuvo al servicio de la demandada del 2 de agosto de 2007 hasta el
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14 de septiembre de 2016 como auxiliar de enfermería en las áreas de cuidado
intensivo y posoperatorio de maternas. Que cumplía con un horario de turnos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
6) La demanda fue admitida el 25 de octubre de 2017, la demandada
manifestó que las actividades desarrolladas no podían llevarse a cabo con
personal de planta porque se requerían conocimientos especializados en el
campo de la enfermería auxiliar. Que no se cumple con los elementos
constitutivos de la relación laboral, es decir, labor dependiente y subordinada al
cumplimiento de reglamentos propios del servicio público por lo que no se puede
considerar que las ordenes de servicios ocultaban una relación laboral.
7) El 19 de junio de 2020, se prescindió del periodo probatorio y se corrió
traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público y se dictó sentencia, la
cual fue apelada por ambas partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
8) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de
julio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró configurada la
existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo comprendido
entre el 1 de marzo de 2016 al y el 14 de septiembre de 2016.
9) Declaró probada la prescripción parcial de los contratos celebrados y
ejecutados con anterioridad al Contrato 81-7-20055-16 que inició el 1 de marzo
de 2016. A título de indemnización ordenó el pago de las prestaciones sociales
de orden legal percibidas por un cargo de igual categoría de la planta de personal
de la entidad, pero, teniendo como ingreso base de liquidación el valor de los
honorarios pactados en los contratos, durante el período de la relación laboral
desde el 1 de marzo de 2016 al 14 de septiembre de 2016.
10) Ordenó que se girara a favor de las entidades de previsión a las que estaba
afiliada la accionante el valor correspondiente a las sumas faltantes por concepto
de aportes en pensión, únicamente en el porcentaje que como empleador debió
realizar, por el periodo en que se demostró la existencia del vínculo laboral, esto
es del 2 de agosto de 2007 al 14 de septiembre de 2016, excluyendo el periodo
de interrupción.
11) Que las actividades desarrolladas por la actora se ejecutaron en forma
subordinada, pues debía cumplir con las actividades encomendadas propias de
la labor de auxiliar de enfermería, rendir informes de la gestión efectuada, entre
otras.
12) Que la tarea que debe desarrollar en un hospital un auxiliar de enfermería
constituye una actividad ordinaria del giro cotidiano de las actividades propias de
un hospital, por lo que los contratos celebrados carecían de la razón que les da
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procedencia y de esa autonomía que informa la ley respecto del contratista de
servicios.
RECURSOS DE APELACIÓN
13) La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó que
la sentencia no se ajusta al recaudo probatorio, porque el caso de la demandante
se adecúa al texto de las normas de contratación pública, y por lo mismo la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Hospital Central de la Policía
Nacional actuó de acuerdo con las mismas.
14) Que la demandante tuvo una relación contractual en los términos y en
virtud de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en
armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció que la
función pública puede ser ejercida a través de contratos de prestación de
servicios, lo anterior, pues en su momento la entidad no contaba con el personal
de planta suficiente para cumplir con los fines de la Institución, debido a la
demanda del servicio.
15) Que de la hoja de vida se extrae que fungió como auxiliar de enfermería
con una amplia experiencia en el sector salud, siendo esta la razón por la que la
entidad procedió a contratarla. Que las actividades realizadas no podían llevarse
a cabo con personal de planta por insuficiencia de personal en dicha profesión
para atender la demanda de usuarios del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional.
16) Que desempeñaba su actividad contractual bajo los presupuestos de
coordinación más no de subordinación. Que no contaba con un jefe, sino con un
supervisor de contrato, quien no impartía ordenes sino por el contrario hacía
recomendaciones para el correcto funcionamiento de su actividad, todo lo
anterior está explícitamente especificado en los diferentes contratos de
prestación de servicios que ella misma firmó.
17) Que, de la firma del contrato se puede ver también que en cuanto al pago
de honorarios se contó con la aprobación expresa de la accionante, razón por la
cual no hay lugar a la configuración de los elementos de la relación laboral, pues
los mismos se tasan en razón al presupuesto que la entidad proporciona para
tales contratos.
18) La parte demandante, también interpuso recurso de apelación e indicó
que la finalización del contrato N° 81-7-201307-14 ocurrió el día 15 de septiembre
de 2015, razón por la que, a la actora le quedaba la obligación de ejercer sus
derechos laborales hasta el 16 de septiembre de 2018, término que fue
interrumpido por la reclamación administrativa presentada el 11 de noviembre de
2016, por lo que la presentó dentro del término legal oportuno.
19) Que el Tribunal incurrió en un error por cuanto señaló que la duración del
contrato N° 7-7-0016-08 fue del “11 de abril de 2008 al 19 de marzo de 2008”,
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cuando en realidad tuvo una duración del 11 de abril de 2008 al 15 de abril de
2009, de manera que, entre el contrato N° 2 y el siguiente, es decir, el contrato
N° 07-7-20050 de 2009 que comenzó el 29 de abril de 2009, tan solo trascurrió
una interrupción en días calendario de 14 días, por lo que no hay lugar a la
declaratoria de prescripción de estos contratos tampoco.
20) Que la demandante tiene derecho al pago del trabajo supletorio y recargos
nocturnos, en razón a que, con las pruebas testimoniales que se allegaron al
proceso, se comprobó que sí laboraba turnos de 12 horas en la jornada nocturna
de 07:00 pm a 07:00 am, realizados en las áreas de posoperatorio de maternas,
ginecología, sala de partos, área de cirugía y demás encomendadas; testimonios
que fueron emitidos por personal del Hospital y sin que la parte demandada
hubiese acreditado situación distinta.
21) Que no se puede exigir que la demandada fabrique su propia prueba en
contra para el pago del trabajo supletorio y nocturno, máxime si viene por más de
9 años ocultando una verdadera relación de trabajo.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22) El 12 de diciembre de 2024 fueron admitidos los recursos de apelación y
se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
23) La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral
derivado de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir
con ocasión de esa relación.
24) En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
restablecimiento de los derechos y lo correspondiente a la condena en costas en
segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
25) Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las
figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
26) El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
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entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable.
27) Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.
28) Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de
prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución.
29) El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
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• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
30) Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.
31) Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución del caso concreto
32) Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante
estuvo vinculada a la Policía Nacional-Dirección Sanidad del 2 de agosto de 2007
al 14 de septiembre de 2016 como auxiliar de enfermería y recibió unos
honorarios derivados de esta vinculación.
33) Por lo tanto, demostrada la prestación del servicio y la remuneración a
partir de los contratos suscritos, se procede a revisar si efectivamente se presentó
la subordinación como argumento principal del recurso del demandado.
34) Se observa que la actora tenía como obligaciones específicas las
siguientes:
• Aplicar proceso de ingreso y egreso hospitalario.
• Mantener informada a la enfermera jefe sobre los procedimientos exámenes
realizados y cambios que observen los pacientes.
• Desarrollar procedimientos pre y posoperatorios a los pacientes, observando
permanentemente su evolución, signos vitales, administración de líquidos y
estado general del mismo.
• Supervisar la administración de hemocomponentes y cumplir con el protocolo
de administración de estos, apoyar a los profesionales de la salud en
procedimientos especiales con el fin de coadyuvar en la atención integral a
pacientes.
• Atender a pacientes de alta media y baja complejidad, preparar, administrar y
registrar medicamentes, mezclas y tratamientos especiales.
• Participar en los programas docentes asistenciales que desarrolle la Dirección
de Sanidad mediante convenios con otros centros educativos o de formación.
• Dar cumplimiento a los protocolos instrumentos metodológicos de manejo y
atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención
rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los
servicios.
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• Participar en las brigadas de salud programas con la Dirección de Sanidad en
aquellos sitios donde la entidad lo requiera.
• Registrar y diligenciar en SISPA Y PANEL DE ENFERMERIA las actividades
realizadas por parte del personal de enfermería a cada uno de los usuarios
del subsistema de salud.
• Velar y aplicar las medidas de asepsia, bioseguridad, vigilancia
epidemiológica y control de infecciones intrahospitalarias, de forma que
asegure un ambiente sano y seguro de los pacientes.
35) Todo esto muestra que la demandante realizó tareas de auxiliar de
enfermería, consistentes principalmente en la ejecución de actividades de
atención y cuidado integral de los pacientes. También se evidencia que dichas
funciones se desarrollaban bajo el esquema de turnos previamente establecidos.
36) Se infiere además que la demandante se encontraba sometida a una
estructura organizacional y jerárquica propia del hospital, que debía cumplir
turnos previamente fijados, acatar órdenes, ejecutar funciones de cuidado directo
de pacientes y, que no tenía ningún margen de libertad o autonomía para poder
cambiarlas o modificarlas.
37) De las pruebas se logra determinar que el desempeño de las funciones
estaba sujeto a condiciones específicas contenidas en las órdenes de servicio y
el direccionamiento de la entidad con respecto a la forma y el modo en que debía
prestarse la asistencia en los servicios asignados.
38) Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que
el cumplimento de un horario no involucra por sí mismo prueba de la
subordinación1, así como ha establecido que ciertos servicios específicos deben
sujetarse a la prestación dentro de las instalaciones de la entidad contratante y
bajo unos parámetros mínimos de coordinación que permitan supervisar el
cumplimiento del objeto contratado, es igualmente cierto que estas condiciones
de coordinación no pueden despojar al contratista de la libertad técnica y
administrativa, que es una diferencia fundamental de la prestación dependiente
del servicio.
39) De hecho, la entidad no desconoce que era quien programaba la jornada
de prestación del servicio de la demandante, comprobándose así que esta no
tenía ningún margen de libertad en ese sentido.
40) Así las cosas, la conclusión del juez de primera instancia de encontrar
probada la subordinación se considera debidamente soportada en las pruebas,
de las que se desprende que no había autonomía para la prestación del servicio
en condiciones de tiempo, modo y lugar. Por lo que se encuentran plenamente
1 Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda del .14 de julio de 2022, expediente 2015-00185-01 (2088-2018) y del 31 de agosto de 2023,
expediente 2015-01074 (0803-2021)-
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acreditados los elementos esenciales de una relación laboral entre las partes y,
por tanto, la decisión debe ser confirmada en este punto.
41) Es importante precisar, que esta Sección en oportunidades anteriores 2 ha
señalado que la labor de enfermería no puede ejercerse de manera
independiente y autónoma, porque estos profesionales de la salud no pueden
definir por sí solos el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. De igual
manera, están supeditados a las directrices y órdenes del personal médico frente
a los cuidados especiales que requiere cada paciente y le son fijadas las
condiciones de cómo asistirlos.
De la prescripción e interrupciones contractuales
42) Demostrada la subordinación, se procede a verificar los periodos de
prestación del servicio con sus interrupciones.
Contratos u
órdenes de Objeto y/o Plazo de Valor
Vigencia
prestación de funciones ejecución mensual
servicios
Prestación de
Del 2 de
servicios como
agosto de 2007
07-7-20643-2007 técnico asistencial - 8 meses $1.012.000
al 1 de abril de
Auxiliar de
2008
enfermería
Prestación de
Del 11 de abril
servicios como
de 2008 al 11
7-7-0016-08 técnico asistencial - 12 meses $1.062.600
de abril de
Auxiliar de
2009
enfermería
Prestación de
Del 28 de abril
servicios como
de 2009 al 27
07-7-2005/09 técnico asistencial - 12 meses $1.062.600
de abril de
Auxiliar de
2010
enfermería
Prestación de
Del 28 de abril
servicios como
Adición contratos de 2010 al 27
técnico asistencial - 6 meses $1.062.600
81-20050/09 de octubre de
Auxiliar de
2010
enfermería
Prestación de Del 4 de
servicios como noviembre de
81-7-20736-10 técnico asistencial - 2010 al 4 de 12 meses $1.062.600
Auxiliar de noviembre de
enfermería 2011
Prestación de
Del 18 de
servicios como
noviembre de
81-7-20-1293-11 técnico asistencial - 7 meses $1.062.600
2011 al 17 de
Auxiliar de
junio de 2012
enfermería
Del 21 de junio
Prestación de
de 2012 al 20
81-7-20598-12 servicios como 4 meses $1.096.284
de octubre de
técnico asistencial -
2012
2 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01
(4679-2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).
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Auxiliar de
enfermería
Prestación de
Del 22 de
servicios como
octubre de
81-7-201413-120 técnico asistencial - 9 meses $1.096.284
2012 al 21 de
Auxiliar de
julio de 2013
enfermería
Prestación de Del 5 de
servicios como agosto de 2013
81-7-20743-13 técnico asistencial - al 4 de 3 meses $1.096.284
Auxiliar de noviembre de
enfermería 2013
Prestación de
Del 12 de
servicios como
noviembre de 8 meses y
81-7-20965-13 técnico asistencial - $1.140.135
2013 al 30 de 19 días
Auxiliar de
julio de 2014
enfermería
Prestación de
Del 31 de julio
servicios como
Adición contratos de 2014 al 30
técnico asistencial - 4 meses $1.140.135
81-7-20965-13 de noviembre
Auxiliar de
de 2014
enfermería
Prestación de Del 1 de
servicios como diciembre de
9 meses y
81-7-201307-14 técnico asistencial - 2014 al 15 de $1.140.135
15 días
Auxiliar de septiembre de
enfermería 2015
Interrupción de 6
meses
Prestación de
Del 1 de marzo
servicios como
de 2016 al 14
81-7-20055-16 técnico asistencial - 6 meses $1.140.135
de septiembre
Auxiliar de
de 2016
enfermería
Prescripción.
43) De conformidad con las sentencias citadas con anterioridad3, la
reclamación administrativa encaminada a que se declare la existencia de una
relación laboral con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales
debe presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del
vínculo contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva.
44) Se tiene entonces que le asiste razón a la parte actora, porque si bien
existió una interrupción de aproximadamente 6 meses entre la finalización del
contrato N° 81-7-201307-14 (15 de septiembre de 2015) y el comienzo del 81-7-
20055-16 (1 de marzo de 2016), al haber culminado la prestación del servicio el
16 de septiembre de 2016, tenía hasta el 16 de septiembre de 2018 para reclamar
y se observa que la solicitud a la entidad se hizo el 11 de noviembre de 2016 y la
3 Sentencias de Unificación CE-SUJ2 del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 29 de noviembre
de 2022, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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demanda fue presentada en el 2017, por lo que reclamó sus derechos dentro del
término legal oportuno.
45) Por consiguiente, la Sala revocará el numeral PRIMERO de la sentencia
apelada, para en su lugar declarar que tiene derecho al pago de las prestaciones
sociales por todo el tiempo acá indicado.
De las prestaciones a reconocer.
46) Se observa que el Tribunal ordenó el pago de las prestaciones sociales
legales percibidas por el personal de planta de la entidad. Sin embargo, dicha
orden generaría muchas incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no
resulta claro cuál sería el servidor público con el que debe equipararse el
contratista para cancelarle las mismas prestaciones que a este; además, si se
delega esto en la entidad, surgen inmediatamente unos interrogantes relevantes:
¿deberá acudir al contrato y, a partir de allí, revisar el manual de funciones para
establecer cuál servidor cumplía funciones similares?, ¿La comparación debe
hacerse conforme al perfil profesional del demandante?
47) Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica
y ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.
48) Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia
se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se
superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone
la entidad.
49) El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de
manera pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como
finalidad establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por
ello, la sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a
cumplirla y su beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.
(se sugiere eliminar. Incluso si se supera este análisis no se puede tener como
parámetro el personal de planta porque no se ingresó a través del concurso de
méritos; la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria no es idéntica, luego,
nunca hay lugar a la equiparación
50) De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02957-01 (4925-2023)
51) Es así como atendiendo al criterio jurisprudencial donde no es posible
otorgar la categoría de servidor público al contratista, sin que concurran los
presupuestos del artículo 122 de la Constitución Política, se confirma que el
restablecimiento del derecho comprenderá las prestaciones de orden legal del
régimen público general4 y, la base para su cálculo será los honorarios pactados
en cada uno de los contratos.
52) Así, para el caso los honorarios pactados en los contratos de prestación
de servicios constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que
haya lugar, conforme lo dispuesto en los Decreto 1042 y 1045 de 1978 que
regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados públicos.
53) De este modo, las prestaciones a reconocer corresponden a aquellas a
cargo del empleador y a las que tiene derecho un servidor público vinculado a
una entidad pública del orden nacional, por ser la demandada de tal orden,
según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a
las cesantías, bonificación por servicios prestados y la prima de servicios.
54) Frente al auxilio de transporte, debido a que para los años 2011 a 2016
se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 15 de 1959 y los Decretos a
través de los cuales se fijó el monto del auxilio de transporte en los años en que
la demandante estuvo vinculada5, para las personas que devenguen hasta dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
55) Igualmente, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 indica que, del
reconocimiento y pago del subsidio de alimentación, serán acreedores,
únicamente, aquellos empleados que tuvieron una asignación básica que no
haya superado los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y en este
caso, la actora no superó este monto, por lo que le asiste derecho al mismo para
los años 2011 a 2016.
Calzado y vestido de labor.
56) Al haberse declarado la existencia de una relación laboral encubierta y
acreditarse que las labores desempeñadas por la demandante correspondían a
actividades de «auxiliar de enfermería», resulta procedente el reconocimiento de
dicha prestación.
57) Por tanto, esta Sala encuentra acertado reconocer y pagar a la
demandante el valor que corresponda por concepto de las dotaciones dejadas de
percibir para los años 2011 a 2016, a las cuales tenga derecho, teniendo en
cuenta el valor establecido por la entidad en cada vigencia fiscal al momento de
la adquisición de la dotación de los empleados que cumplen con los requisitos
4 Teniendo en cuenta los Decretos 1042 y 1045 de 1978
5 Decretos 5054 de 2009, 4835 de 2010, 4963 de 2011, 2739 de 2012, 3069 de 2013 y, 2732 de 2014.
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establecidos en el Decreto 1978 de 1989, y la jurisprudencia de esta
Corporación.
58) Por su parte, no es procedente reconocer el subsidio familiar definido en
la Ley 21 de 1982, como el derecho en dinero, especie y servicio de los
trabajadores de carácter permanente6 cuya remuneración mensual fija o variable
no sobrepase el límite de treinta y cuatro mil doscientos pesos ($ 34.200.00) o la
suma que equivalga a cuatro veces el salario mínimo legal7, laboren diariamente
más de la mitad de la jornada máxima legal o totalicen 96 horas de labor durante
el respectivo mes8 y tengan personas a cargo9. Esto, porque, en el caso, pese a
que el demandante se encuentra dentro del requisito de remuneración,
actividades y horarios, al no haber acreditado tener personas a cargo, no será
posible su reconocimiento.
59) Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $88.919.449:
60) La Sala modificará los numerales TERCERO Y CUARTO de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de aclarar los periodos a
reconocer y determinar el monto que deberá pagar la entidad.
6 Artículo 18. Ley 21 de 1982.
7 Artículo 20. Ley 21 de 1982.
8 Artículo 23. Ley 21 de 1982.
9 Artículo 27. Ley 21 de 1982.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-02957-01 (4925-2023)
61) Se revocará el numeral SEXTO a través del cual se ordenó a la demandada
pagar e indexar las sumas que debe a la demandante, porque la liquidación
realizada previamente ya incluye la corrección monetaria.
62) En cuanto al reconocimiento del recargo nocturno solicitado por la actora en
su recurso, la Sala considera que no se debe acceder a este, porque, el
reconocimiento de una relación laboral encubierta mediante sentencia solo tiene
un efecto declarativo respecto de la existencia del vínculo, pero no convierte en
exigibles todas las obligaciones propias de una relación formalmente reconocida.
63) En particular, no es posible exigir al empleador el pago de horas extras ni
de recargos por trabajo dominical y festivo diurno o nocturno, cuando solo a partir
de esta sentencia se determina que existía una relación laboral.
64) Si bien la jornada máxima legal es de aplicación general, las horas extras y
los recargos no constituyen una consecuencia automática del exceso sobre dicha
jornada, sino que hacen parte de un régimen que presupone la existencia previa
de una relación laboral reconocida, dentro de la cual el empleador pueda ejercer
las facultades de autorización y compensación propias que se exige.
65) Pretender imponer esa obligación implica atribuirle al empleador un
incumplimiento normativo respecto de una carga que, en ese momento, no le era
exigible, vulnerando así el principio de legalidad, por lo que se confirmará tal
decisión.
De la condena en costas
66) La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67) La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
68) En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
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69) En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas de
segunda instancia, toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del
Tribunal, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. REVOCAR los numerales PRIMERO Y SEXTO de la sentencia
proferida el siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y en su lugar declarar no probada la excepción
de prescripción y que las sumas ordenadas ya se encuentran actualizadas.
Segundo MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la sentencia proferida
el siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones,
los cuales quedarán así:
«Tercero: Declarar configurada la existencia de una relación laboral entre
la señora Nelly Fabiola Rueda Quiroga y la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional por el periodo comprendido entre 2 de agosto
de 2007 al 14 de septiembre de 2016.
Cuarto: A título de indemnización se ordena a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional reconocer y pagar a la señora Nelly
Fabiola Rueda Quiroga identificada con la cedula de ciudadanía número
28.191.760 una indemnización equivalente a OCHENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($88.919.449) durante el período de la
relación laboral desde el 2 de agosto de 2007 al 14 de septiembre de
2016.»
Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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