Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03066-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03066-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03066-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Demandante : Ismael Enrique López Criollo
Demandado : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Tema : Reliquidación de asignación de retiro con base en lo
recibido como magistrado del Tribunal Superior Militar
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, sala transitoria), mediante
la cual accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 27 a 35 vuelto). El señor Ismael Enrique López
Criollo, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur), para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 583 de 17 de
febrero de 2016, mediante el cual Casur le reconoció asignación de retiro al
actor.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reliquidar y pagar su «[…] asignación de retiro […]
teniendo en cuenta el sueldo básico que devengaba como Magistrado ante el
Tribunal Superior Militar, incluyendo la Bonificación por Compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, hasta alcanzar un tope de 25 SMLMV
[…]»; indexar las sumas adeudadas y dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que laboró para Policía Nacional por
Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
23 años y 11 días, prestó servicios a la justicia penal militar desde el 18 de enero
de 1999 y se retiró el 18 de marzo de 2016 como coronel, en el cargo de
magistrado del Tribunal Superior Militar.
Que, mediante Resolución 583 de 17 de febrero de 2016, Casur le reconoció
asignación de retiro, a partir del 18 de marzo de 2016, de acuerdo con el grado
de coronel de la Policía Nacional, sin tener en cuenta que «[…] en el último año
de servicio se desempeñó en el cargo de Magistrado ante el Tribunal Militar,
circunstancia que lo hace beneficiario de una Asignación de Retiro conforme a
la normatividad expresada en el artículo 66 del Decreto 1212 de 1990 […]»
(sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 2, 13 y 53 de la
Constitución Política; 2 y 10 de la Ley 4ª de 1992 y 66 del Decreto 1212 de
1990; y el Decreto 4433 de 2004.
Aduce que el acto administrativo acusado trasgrede las precitadas normas, pues
le asiste el derecho a que su asignación de retiro se liquide y pague conforme al
artículo 66 del Decreto 1212 de 1990, «[…] con el último año de servicio
devengado, la asignación más alta que correspondía según el cargo que
desempeñaba en la Justicia Penal Militar, razón por la cual dicha asignación
de retiro deberá liquidarse de conformidad con el sueldo que percibió como
Magistrado del Tribunal Superior Militar» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 72 a 77). La entidad accionada, por
intermedio de apoderado, se opone a la prosperidad de las pretensiones y
respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no le constan.
Opuso la excepción que denominó inexistencia del derecho.
Asevera que revisada la historia laboral del demandante «[…] se constata que
el retiro y la adquisición de sus derechos pensionales se produjo bajo la
vigencia del Decreto 1212 de 1990, por tanto, no le asiste el derecho a reclamar
el porcentaje de la asignación de retiro conforme a valores no reconocidos en
la hoja de servicios […]» (sic).
1.6 Providencia apelada (ff. 165 a 170). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, sala transitoria), mediante sentencia de 31 de
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Ismael Enrique López Criollo contra Casur
julio de 20201, accedió a las súplicas del libelo introductorio (sin condena en
costas), al considerar que en «[…] la asignación de retiro otorgada al
demandante, no se tomó el salario básico que devengaba al momento de su
desvinculación, que es el que efectivamente estaba percibiendo, sino el 82% de
las partidas listadas y efectivamente devengadas por el demandante, lo cual
deviene en una interpretación errónea del artículo 13 del Decreto 4433 de
2004, ya que […] debió liquidarse con el salario percibido al momento de su
desvinculación de las fuerzas militares, para el caso el de Magistrado del
Tribunal Penal Militar» (sic). Asimismo, «[…] demostró que durante su vida
laboral en la Justicia Penal Militar, es destinatario de los Decretos 1211 de
1990 y 4433 de 2004, […] atendiendo al cargo desempeñado y no al grado
militar de dicho cargo. De igual manera, dado que al momento de su retiro
estaba percibiendo la Bonificación por Compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, estas prestaciones tendrán que tenerse en cuenta al
momento de liquidar el salario básico de su asignación de retiro» (sic).
En consecuencia, ordenó a la accionada «[…] reliquidar y pagar la asignación
de retiro a favor del [actor] tomando como factores salariales el sueldo básico
efectivamente percibido como Magistrado del Tribunal Superior Militar, e
incluyendo como partidas computables el sueldo básico, bonificación por
Compensación del Decreto 610 de 1998, y los demás emolumentos
contemplados en el artículo 13 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004
[…], DEBIÉNDOSE DESCONTAR LO EFECTIVAMENTE PAGADO POR
ESTOS MISMOS CONCEPTOS, así como las sumas correspondientes a los
aportes que la parte actora debe asumir […] y respecto de los cuales no se
efectuó la deducción legal por parte del nominador […]» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 127 a 130). Inconforme con la anterior decisión,
la demandada, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, en
el que expresó que el análisis efectuado por el a quo es erróneo, puesto que la
norma aplicable al caso es el Decreto 1212 de 1990 y no el 1211 de la misma
anualidad, y «[…] el reconocimiento de las partidas del personal de la Fuerza
Pública se liquida exclusivamente sobre los aportes realizados en actividad, y
de ello se extrajo las partidas a que tenía derecho [el accionante] las cuales son
las reconocidas por la Entidad» (sic). En ese sentido, estima que «[…] se debe
tener en cuenta que los aportes recibidos por La Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional son los que realiza la entidad Policía Nacional, siendo estas
1
Corregida mediante providencia de 30 de julio de 2021 (ff. 132 y 133), en cuanto al nombre de la entidad
demandada.
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Ismael Enrique López Criollo contra Casur
entidades separadas, ambas adscritas al Ministerio de Defensa, pero con
personería jurídica distinta e independiente [y l]os policiales que tienen
remuneraciones especiales son pagados de la siguiente manera: el valor
salarial del grado por parte de la Policía Nacional y si el valor del cargo es
superior a esa asignación, el excedente se paga por la Entidad en donde ejecuta
la comisión» (sic).
Agrega que «[…] los aportes al sistema de seguridad social […] por este
personal [son] únicamente los que realiza la Policía Nacional conforme al
grado en que se encuentre, por lo anterior sería improcedente liquidar una
asignación de retiro por valor superior al de los aportes realizados en
actividad». Por consiguiente, «[…] CASUR realiza los reconocimientos de
asignación conforme a lo ordenado legalmente, por la normatividad vigente y
con los elementos de hecho modo y lugar establecidos en hoja de servicios
presentada dentro del ámbito de la legalidad elaborada por la Entidad
competente para ello […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 24 de
noviembre de 2021 (f. 139) y admitido por esta Corporación a través de auto de
26 de julio de 2022 (f. 145), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y
durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem el actor presentó
alegatos de conclusión3, en los que arguye que «[…] el Tribunal y la
Jurisprudencia del Consejo de Estado – Sección Segunda, mantiene una Ratio
Decidendi en cuanto a la reliquidación de pensión de los Magistrados del
Tribunal Superior Militar, aplicando el Decreto 1211 de 1990 en su artículo 77
[…], que señala […] que el legislador dispuso que la asignación de retiro
pagada a estos servidores de la Justicia Penal Militar, es al cargo desempeñado
siempre que sea superior al grado militar. Por lo cual, se debe liquidar de
acuerdo al sueldo básico o el último devengado por el servidor de la Justicia
Penal Militar, incluyendo todos los factores» (sic).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 10.
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instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con los antecedentes expuestos,
corresponde a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho o no para
reclamar de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) la
reliquidación de su asignación de retiro con «el sueldo básico que devengaba
como Magistrado ante el Tribunal Superior Militar, incluyendo la Bonificación
por Compensación […]» (sic).
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El Decreto 1791 de 2000, «por el cual se modifican las normas de carrera del
Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional», en el artículo 30 dispuso que «[s]on oficiales de la especialidad de
Justicia Penal Militar en la Policía Nacional, los oficiales con título de
abogado, obtenido conforme a las normas de educación superior vigentes, con
el propósito de ejercer funciones de magistrados, jueces militares, fiscales
militares, auditores de guerra y funcionarios de instrucción».
Ahora bien, la remuneración de los oficiales y suboficiales que prestan
servicios a la especialidad de la justicia penal militar en la Policía Nacional se
rige por el Decreto 1212 de 1990, «Por el cual se reforma el Estatuto del
Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», normativa que
estableció:
Artículo 66. Remuneraciones especiales. Los Oficiales y Suboficiales de
la Policía Nacional en servicio activo que desempeñen cargos en el
Ministerio de Defensa Nacional, en los organismos descentralizados
adscritos o vinculados a éste o en otras dependencias oficiales cuyos
cargos tengan asignaciones especiales, devengarán la asignación
correspondiente al cargo, siempre que no sea inferior a la del grado. Las
primas y subsidios que les correspondan como Oficiales y Suboficiales,
excepción de la prima para Oficiales de los Servicios de que trata el
artículo 73 de este Decreto, se liquidarán y pagarán sobre el sueldo básico
del grado y serán de cargo de la Policía Nacional.
Parágrafo 1o. Ningún Oficial o Suboficial podrá devengar una
remuneración total superior a la fijada para los Ministros del Despacho y
los Jefes del Departamento Administrativo, por concepto de sueldo básico
y gastos de representación. Cuando la remuneración total del Oficial o
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Suboficial supere el límite fijado anteriormente, el excedente deberá ser
deducido de las primas que le correspondan como miembro de la Policía.
Parágrafo 2o. A los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en
servicio activo que desempeñen cargos en la Justicia Penal Militar y en su
Ministerio Público, se les liquidarán y pagarán sus haberes en la siguiente
forma:
a. Las primas que le corresponden como miembro de la Policía Nacional
a excepción de la prima para Oficiales de los Servicios.
b. El sueldo del respectivo cargo en cuantía que sumada con las primas
anteriores iguale las asignaciones establecidas en las disposiciones
vigentes sobre la materia, de tal manera que las primas, bonificaciones y
sueldos no sobrepasen las asignaciones correspondientes al cargo que
desempeñan.
Parágrafo 3o. Las entidades pagadoras de la Policía Nacional que cubran
las primas y subsidios descontarán las sumas correspondientes a los
porcentajes a que haya lugar con destino a la Caja de Vivienda Militar y a
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, liquidadas sobre el
sueldo básico mensual que corresponda al grado del Oficial o Suboficial
[subrayas de la Sala].
Por otra parte, cabe aclarar que la asignación de retiro comporta una prestación
económica4 especial5 para los miembros de la fuerza pública que se retiran del
servicio activo, por las excepcionales funciones públicas6 que desarrollaron en
cumplimiento de su actividad militar o policial, que tiene como objetivo la
financiación de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, acceso
a servicios públicos domiciliarios, recreación, atención en salud, entre otras) y
familiares, a la que se accede siempre y cuando se acrediten los requisitos
legales.
Esta prestación también fue regulada por el referido Decreto 1212 de 1990, en
los siguientes términos:
4
Dijo la Corte Constitucional, en sentencia T-512 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, que «[…] la asignación
de retiro goza de una naturaleza prestacional que es susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo,
al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normatividad de las [L]eyes
100 de 1993 y 797 de 2003. Adicionalmente, es indiscutible que dicha prestación cumple un fin constitucional
determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza
pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una
función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares».
5
La asignación de retiro está excluida de sistema integral de seguridad social contenido en las Leyes 100 de
1993 (artículo 79) y 797 de 2003.
6
(i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (artículo 216 de la Carta Política); (ii) velar por
la defensa de la soberanía, independencia, e integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217
ibidem); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (art. 218 ib.).
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Artículo 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean
retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento
a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por
más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o
de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los
que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este
Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por
ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de
actividad.
[…]
En cuanto a las partidas computables para liquidar dicha prestación, el citado
estatuto dispuso:
Artículo 140. Liquidación prestaciones. A partir de la vigencia del
presente Decreto, al personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional que sea retirado del servicio activo se le liquidará las
prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas,
así:
1. Sueldo básico.
2. Prima de actividad en los porcentajes previstos en este Estatuto.
3. Prima de antigüedad.
4. Prima de Oficial Diplomado en Academia Superior de Policía, en las
condiciones indicadas en este Estatuto.
5. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
6. Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
7. Gastos de representación para Oficiales Generales.
8. Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones,
se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de este Estatuto, sin
que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento
(47%) del respectivo sueldo básico.
9. La bonificación de los Agentes del Cuerpo Especial, cuando sean
ascendidos al grado de Cabo Segundo y hayan servido por lo menos treinta
(30) años como Agentes, sin contar los tiempos dobles.
Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y
compensaciones consagradas en este Estatuto, serán computables para
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efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones
pensionales y demás prestaciones sociales.
En ese contexto, la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales que
prestan servicios a la justicia penal militar conforme al artículo 147 del Decreto
1212 de 1990, se liquidarían así:
Prestaciones por retiro o muerte en situaciones especiales. Las
prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional, que se retiren o sean retirados durante el desempeño de
comisiones en el exterior o mientras se encuentren disfrutando de las
remuneraciones especiales a que se refiere el artículo 66 de este decreto,
serán las correspondientes al grado respectivo y se liquidarán y pagarán
sobre la base de los haberes que percibirían si se encontraren prestando
sus servicios en la ciudad de Bogotá.
En caso de muerte del Oficial o Suboficial que se encuentre en las
situaciones especiales a que se refiere este artículo, se procederá en igual
forma para el reconocimiento de las prestaciones a favor de sus
beneficiarios.
Posteriormente, se dictó la Ley marco 923 de 30 de diciembre de 2004 7, que
reguló los objetivos y criterios para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, de conformidad con
el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, que en lo
pertinente al caso, determinó:
Artículo 2.º Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional
y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de
eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera,
intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
[…]
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el
tiempo de servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior
al cincuenta por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de
servicio, ni superior al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas
sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza
Pública.
7
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
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3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la
Fuerza Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha
asignación, el cual estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en
un porcentaje que no será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%),
ni superior al cinco por ciento (5%).
[…].
Esta Ley fue reglamentada por el Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004 8,
que en su artículo 39 preceptuó que la asignación de retiro para los oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, soldados profesionales y agentes
que al momento del retiro «[…] se encuentren destinados en comisión en el
exterior o desempeñando cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, en las
entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas a este o en otras
dependencias oficiales cuyos cargos tengan remuneraciones especiales, se
liquidará[…] de conformidad con las partidas computables establecidas en el
presente decreto, como si se encontrara destinado en el Comando de Fuerza
respectivo o en la Dirección General de la Policía Nacional» (se resalta).
En cuanto a las partidas computables para la liquidación de la asignación de
retiro del personal de la Policía Nacional, del mencionado Decreto previó:
Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión
de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente
decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según
corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
23.1 Oficiales, Suboficiales y Agentes
23.1.1 Sueldo básico.
23.1 2 Prima de actividad.
23.1.3 Prima de antigüedad.
23.1.4 Prima de academia superior.
23.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del
presente decreto.
23.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales.
23.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la
fecha de retiro.
23.1.8 Bonificación de los agentes del cuerpo especial, cuando sean
ascendidos al grado de cabo segundo y hayan servido por lo menos treinta
(30) años como agentes, sin contar los tiempos dobles.
23.1.9 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
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«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
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Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios
y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de
retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales.
[…].
Por último, el Decreto 1157 de 2014, «por el cual se fija el régimen de
asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de
invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública», estatuyó:
Artículo 1°. Asignación de retiro para el personal de oficiales,
suboficiales y agentes de la Policía Nacional en actividad. Fíjese el
régimen de asignación mensual de retiro para el personal de Oficiales,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, escalafonados con
anterioridad al 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho
cuando sean retirados del servicio activo después de quince (15) años de
servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la
capacidad sicofísica, por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, según corresponda, y los que se retiren a solicitud
propia, o sean separados en forma absoluta, con más de veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que se terminen los tres
(3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables de que
trata el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, por los primeros quince (15)
años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más, por cada año que exceda
de los quince (15), hasta el ochenta y cinco por ciento (85%),
incrementado en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después
de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total sobrepase el
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
[…]
No obstante, el precitado Decreto no establece ninguna distinción o salvedad
respecto de la forma de calcular la asignación de retiro correspondiente a los
oficiales y suboficiales que reciben remuneraciones especiales como es el caso
de los funcionarios de la justicia penal militar, y frente a las partidas
computables para liquidarla se remite al artículo 23 del Decreto 4433 de 2004.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Hoja de servicios 76305795 de 14 de enero de 2016 y constancias emitidas
el 10 de agosto siguiente por el responsable de historias laborales de la dirección
de talento humano de la Policía Nacional, según las cuales el actor ingresó a la
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institución el 29 de junio de 19939 como cadete y alférez; posteriormente, fue
oficial hasta el 18 de diciembre de 2015, fecha de su retiro; y se le concedieron
3 meses de alta, los cuales fenecieron el 18 de marzo de 2016, con lo que sumó
23 años y 11 días de servicios (ff. 17, 18 y 78, que contiene un CD).
b) Certificación expedida el 2 de septiembre de 2015 por la dirección ejecutiva
de justicia penal militar del Ministerio de Defensa Nacional, la cual indica que
el accionante prestó servicios como funcionario (juez y magistrado) de esa
dependencia desde el 18 de enero de 1999 hasta el 22 de junio de 2015, «fecha
en la cual terminó el periodo fijo de su nombramiento como MAGISTRADO EN
EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR», con un tiempo total de servicio
ininterrumpido de 16 años, 4 meses y 28 días (ff. 14 a 16).
c) Decreto 2377 de 11 de diciembre de 2015, por el que se retira al demandante
del servicio activo en el grado de coronel, por solicitud propia, a partir de la
comunicación de ese acto administrativo y se le otorgan 3 meses de alta (f. 21).
d) Resolución 583 de 17 de febrero de 2016, a través de la cual el director
general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) reconoce
al actor asignación mensual de retiro a partir del 18 de marzo de 2016, en cuantía
del 82% del sueldo básico en actividad para el grado y las partidas computables,
conforme a los Decretos 1212 de 1990, 1971 a 2000, 4433 de 2004 y 1157 de
2014 (f. 22 vuelto).
e) Liquidación de la asignación de retiro concedida al demandante, según la cual
se tuvieron en cuenta en un 82% los factores de sueldo básico, primas de
antigüedad y actividad, una doceava parte de la de navidad, «academia» y
subsidio familiar, para un valor final de $7.202.235 (f. 23).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor ingresó a
la Policía Nacional en condición de cadete y alférez el 29 de junio de 1993,
laboró en esa institución como oficial y fue funcionario de la justicia penal
militar desde el 18 de enero de 1999 hasta el 22 de junio de 2015, «fecha en la
cual terminó el periodo fijo de su nombramiento como MAGISTRADO EN EL
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR»; (ii) se retiró el 18 de marzo de 2016
(incluidos los tres meses de alta) con 23 años y 11 días de servicio; y (iii)
mediante Resolución 583 de 17 de febrero de 2016, la Caja de Sueldos de Retiro
9
Se deja constancia que en todos los documentos enunciados en esta letra la fecha de ingreso es diferente, por lo
que se toma la de la hoja de servicios.
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Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
de la Policía Nacional le concedió asignación de retiro, a partir del 18 de marzo
de 2016, en cuantía del 82% del sueldo básico de actividad para el grado y las
primas de antigüedad y actividad, una doceava parte de la de navidad,
«academia» y el subsidio familiar, computables conforme a los Decretos 1212
de 1990, 1971 a 2000, 4433 de 2004 y 1157 de 2014.
En el presente caso, el demandante alega que su asignación de retiro fue
calculada con fundamento en el grado de oficial y no en el sueldo básico
devengado que correspondía al cargo de magistrado del Tribunal Superior
Militar, esto es, con aplicación del Decreto 4433 de 2004, pues la accionada se
basó en el Decreto 1157 de 2014, norma que no fija los sueldos para los oficiales
y suboficiales de la Policía Nacional que ejerzan funciones en la justicia penal
militar.
Ahora bien, en armonía con el análisis normativo consignado en líneas
anteriores, al resolver un caso similar al ahora estudiado, esta Colegiatura, en
sentencia de 29 de junio de 201110, precisó:
La asignación de retiro indudablemente se constituye en un derecho de
carácter prestacional que surge de una relación laboral administrativa, y
con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la
seguridad social. Se trata entonces de una prestación social de causación
o tracto sucesivo que se devenga de manera vitalicia, la cual es
irrenunciable en los términos de los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política.
Es así como, una vez observados los presupuestos normativos exigidos en
la ley, los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía
Nacional), tendrán derecho a su reconocimiento y pago, en tanto su
situación fáctica laboral se subsuma dentro de tales supuestos legales. Es
por disposición de la misma Constitución Política que los miembros de la
Fuerza Pública gozan o se benefician de un régimen prestacional especial,
en consideración al ejercicio de las excepcionales funciones públicas que
desarrollan en cumplimiento de su actividad militar o policial. De ahí, el
establecimiento de una normatividad legal diferente a la que se ha
configurado respecto de los demás servidores públicos, y obviamente a su
exclusión de la aplicación del sistema integral de seguridad social
contenido en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003.
En el momento en el que se desvinculó la militar del servicio activo (9 de
noviembre de 2007, ver folio 49) y consolidó su derecho a devengar
asignación de retiro (10 de noviembre de 2007, ver folio 52) la norma que
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, expediente 25000-23-25-000-2008-00670-01(0552-10).
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Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
se encontraba vigente y era aplicable a su caso, es el Decreto 4433 de 2004,
estatuto que regula las prestaciones sociales de los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares.
El artículo 13 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, señaló que
para liquidar la asignación de retiro debía tenerse en cuenta, entre otros, la
partida que denominó sueldo básico. De igual manera precisó que no era
procedente incluir a tal liquidación ninguna partida correspondiente a
primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, adicionales
a las expresamente allí consignadas.
Como es sabido, el sueldo básico es la remuneración social más inmediata
o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza
de trabajo para ponerla a disposición del empleador y por tanto es aquella
proporción que se tiene como base para calcular los diferentes beneficios
laborales como prestaciones sociales, seguridad social, exceptuando
aquellos pagos que se hayan pactado como no constitutivos de salario.
Si bien es cierto, en el presente caso, la demandada al momento de liquidar
la asignación de retiro reconocida a la peticionaria, consideró que el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, hacía referencia al salario del grado
que ostentaba la demandante al momento del retiro, también lo es que no
era dable hacer tal distinción, pues si bien es cierto el juez puede
interpretar la ley que aplica, también lo es que tal interpretación no puede
ir en contra del trabajador y mal podía en sentir de esta Sala, agregar un
ingrediente a la norma que no se encontraba expresamente consignado,
como lo era el de establecer que la preceptiva al hacer relación a sueldo
básico se estaba refiriendo al sueldo de actividad correspondiente a su
grado.
Así las cosas, mal podía la demandada al momento de realizar la
liquidación de la asignación de retiro de la demandante, efectuarla con
fundamento en el sueldo del grado que ostentaba al momento del retiro,
pues de conformidad con el artículo 77 del Decreto 1211 de 1990,
anteriormente transcrito, durante todo el tiempo que estuvo en servicio
activo, la peticionaria devengó la asignación que le correspondía según el
cargo que venía desempeñando ante la Justicia Penal Militar, motivo por
el cual su asignación de retiro debía liquidarse con el monto real que
percibía al momento de su retiro, esto es el sueldo básico que recibía como
Magistrada del Tribunal Penal Militar.
Que la anterior afirmación, también encuentra fundamento en el hecho de
que tal y como se encuentra probado en el plenario, la peticionaria se
desempeñó durante toda su vida laboral en la Justicia Penal Militar
ejecutando funciones que le permitieron devengar el sueldo del cargo que
desempeñaba, es decir, se hizo acreedora a lo señalado en los Decretos 618
y 630 de 2007, por los cuales se dictaron normas sobre el régimen salarial
y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la
Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones y no el Decreto 1515
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Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
de 2007 que fija los sueldos para los oficiales que no desempeñan estos
cargos, como mal lo interpreto la entidad demandada al proferir los actos
demandados.
[…].
De lo expuesto en el mencionado precedente se colige que, al efectuar una
interpretación armónica del Decreto 4433 de 2004 (en sus artículos 13 y 23,
partidas computables para el personal de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, en su orden) y conforme a la Constitución Política, para liquidar la
asignación de retiro de los militares y policías que laboran ante la justicia penal
militar, debe tenerse en cuenta el sueldo básico que reciben al momento de su
retiro, que corresponde al cargo desempeñado, que no necesariamente es el de
su grado como oficiales, en virtud del principio de primacía de la realidad.
Así las cosas, como en el asunto sub judice, el demandante prestó sus servicios
desde el 18 de enero de 1999 hasta el 22 de junio de 2015 (16 años, 4 meses y
28 días) como magistrado del Tribunal Superior Militar, le es aplicable el
parágrafo 2° del artículo 66 del Decreto 1212 de 1990, que dispone que sus
haberes se liquidan así: «a. Las primas que le corresponden como miembro de
la Policía Nacional a excepción de la prima para Oficiales de los Servicios» y
«b. El sueldo del respectivo cargo en cuantía que sumada con las primas
anteriores iguale las asignaciones establecidas en las disposiciones vigentes
sobre la materia, de tal manera que las primas, bonificaciones y sueldos no
sobrepasen las asignaciones correspondientes al cargo que desempeñan».
Por otro lado, en lo que concierne a la bonificación por compensación, creada a
través del Decreto 610 de 199811, subrogado por el Decreto 1239 de 199812, cabe
anotar que constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización
pensional, conforme a lo preceptuado en el Decreto 1102 de 201213, que prevé:
Artículo 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por
Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los
Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y
11
En cumplimiento del mandato contenido en la Ley 4ª de 1992, beneficio que consiste en que los ingresos
mensuales de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso administrativo, nacional
y superior militar; magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo
Superior de la Judicatura; los abogados auxiliares del Consejo de Estado; para los fiscales y jefes de unidad ante el
tribunal nacional; los fiscales del tribunal superior militar, los fiscales ante el tribunal de distrito y los jefes de unidad
de fiscalía ante tribunal de distrito, serían iguales al 60% para el año 1999, el 70% para el año 2000 y el 80% a partir
del año 2001 y en adelante de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de altas Cortes.
12
Que extendió ese beneficio a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
13
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios».
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Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas
Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la
Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de
Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la
Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del
Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
Parágrafo. En todo caso para tener derecho a la Bonificación por
Compensación de que trata el presente decreto se deberá reunir los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el cargo [subrayado
por la Sala].
Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que al actor le
debe ser reajustada su asignación de retiro conforme a los artículos 66 del
Decreto 1212 de 1990 (parágrafo 2°), 23 del Decreto 4433 de 2004 y 1° del
Decreto 1102 de 2012, esto es, con el sueldo básico del cargo que desempeñó
en la justicia penal militar y la inclusión de la bonificación por compensación
como factor salarial del ingreso base de cotización pensional.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió
a las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas14.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
14
Comoquiera que las normas invocadas por el a quo fueron el Decreto 1211 de 1990 y el artículo 13 del Decreto
4433 de 2004, cuando lo correcto era el Decreto 1212 de 1990 y el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, al ser el
demandante un servidor de la Policía Nacional y no de las fuerzas militares.
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Expediente 25000-23-42-000-2017-03066-02 (1122-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ismael Enrique López Criollo contra Casur
FALLA
1°. Confírmase la sentencia de 31 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, sala transitoria), que
accedió a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el señor
Ismael Enrique López Criollo contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur), pero por las razones expuestas en la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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