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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03292-02

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03292-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral ii) del ordinal segundo de la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar seguir adelante con la ejecución por los intereses moratorios derivados del capital, «desde el 7 de septiembre de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014 y desde el 9 28 Radicado: 25000-23-42-000-2017-03292-02 (3726-2022) Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta de abril de ese año hasta la presentación de la demanda, correspondientes a $140.400.803,60 y de los siguientes que se causen hasta cuando se pague la obligación». Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería para actuar en representación de la parte demandante al profesional del derecho Sebastián Murcia Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.032.474.604 y tarjeta profesional 326.991 del C.S. de la J., en los términos del poder de sustitución allegado. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-03292-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03292-02 (3726-2022)
Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta1
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones2

Tema: Excepción de pago.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Subsección procede a resolver el recurso de apelación presentado por las partes
contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró no probada la excepción de pago
y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I.- Antecedentes

1.1. La demanda

1. Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta, en su condición de sucesores
procesales, en calidad de hijos y herederos de Fredesvinda Acosta Benavides, «a
quien el [ISS3] le sustituyó la pensión de vejez del señor García García, [...] y por lo tanto,
también sucesora procesal del causante – demandante», presentaron demanda
ejecutiva «a continuación y dentro del mismo expediente en que fueron dictadas las [...]
sentencias», en orden a que se librara mandamiento de pago en contra de
Colpensiones, por las siguientes sumas de dinero:

1 A favor de la sucesión de Fredesvinda Acosta Benavides causante de Álvaro Iván García García.
2 En adelante Colpensiones.
3 Instituto de Seguros Sociales.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03292-02 (3726-2022)
Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

Valor Concepto
Reajuste pensional de los meses de noviembre y diciembre
$4.674.856
de 2002, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2003 y mesadas
$35.011.400
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2004 y mesadas
$37.283.640
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2005 y mesadas
$39.334.240
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2006 y mesadas
$41.241.951
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2007 y mesadas
$43.089.590
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2008 y mesadas
$45.541.388
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2009 y mesadas
$49.034.412
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2010 y mesadas
$50.015.100
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional de enero a diciembre de 2011 y mesadas
$51.600.579
extras de junio y diciembre, debidamente indexado.
Reajuste pensional del 1 de enero al 7 de noviembre de 2012
$42.947.661 [fecha de fallecimiento de Fredesvinda Acosta Benavides] y
mesada extra de junio, debidamente indexado.
«Por los intereses moratorios causados a partir del 4 de septiembre de 2.013,
fecha de ejecutoria de la sentencia del 4 de julio de 2.013 expedida por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado y hasta cuando se
cancelen efectiva y totalmente los anteriores reajustes pensionales, conforme a lo
dispuesto por los artículos 176 y 177 del C.C.A. en concordancia con el artículo
192 Inciso 3º del C.P.A.C.A.»
«Por las costas del presente proceso».

2. En el acápite de hechos, narraron lo siguiente:

2.1. Álvaro Iván García García presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho a fin de obtener el reajuste de la pensión de jubilación reconocida mediante
Resolución 121 del 4 de febrero de 2004, en cuantía de $1.415.496, a partir del 31
de octubre de 2002. Falleció el 15 de enero de 2009.

2.2. Mediante sentencia proferida el 10 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió, entre otras cosas, ordenar la reliquidación de la pensión
con el «75% del salario devengado durante el último año de servicio incluyendo los factores
de sueldo, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima técnica, prima de navidad
y prima de servicios, [...]». Esta fue corregida el 1 de marzo de 2012, en el sentido de
incluir el factor de «fomento al ahorro».

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

2.3. Por no haber sido apelada la decisión, se adelantó el grado jurisdiccional de
consulta. En la sentencia proferida el 4 de julio de 2013, la Subsección B de la
Sección Segunda de esta corporación, resolvió confirmar la decisión.

2.4. Con ocasión del fallecimiento de Álvaro Iván García García, mediante las
Resoluciones 048819 del 23 de octubre de 2009, 021935 del 26 de junio de 2010 y
04874 del 2 de diciembre de 2010, el ISS sustituyó la pensión a Fredesvinda Acosta
Benavides a partir del 15 de enero de 2009, es decir que «se convirtió en sucesora
procesal [...] del derecho litigioso del señor García García, en su calidad de compañera
permanente reconocida en tal calidad por el Instituto demandado».

2.5. Fredesvinda Acosta Benavides falleció el 7 de noviembre de 2012, es decir que,
hasta esta fecha, se debía liquidar la pensión y su indexación.

2.6. En virtud de lo anterior, en su calidad de herederos, ocuparon su lugar como
sucesores procesales con derecho a reclamar los beneficios patrimoniales
obtenidos por su progenitora hasta la fecha de su fallecimiento.

2.7. La solicitud de cumplimiento de la sentencia fue radicada en Colpensiones el 9
de abril de 2014.

1.2. Mandamiento de pago y el recurso interpuesto contra esta decisión

3. En auto proferido el 2 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró parcialmente el mandamiento ejecutivo en los siguientes
términos:

«PRIMERO: Librar mandamiento ejecutivo en contra de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y a
favor de la sucesión de la señora FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES [...],
por las siguiente sumas de dinero:

1. Por las sumas de $134.011.529,75 y $7.082.361,70 por concepto de las
diferencias pensionales e indexación, respectivamente, ordenadas por
este Tribunal en sentencia proferida el 10 de marzo de 2011, corregida a
través de auto de 1º de marzo de 2012 y confirmada por el H. Consejo de
Estado el 4 de julio de 2013, causadas con posterioridad a la muerte del
señor ÁLVARO GARCÍA GARCÍA, esto es, después del 15 de enero de
2009 y hasta el 7 de noviembre de 2012, día en que falleció la señora
FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES.

2. Por los intereses moratorios de la anterior suma desde el 7 de septiembre
de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014 y desde el 9 de abril de ese año
hasta la presentación de la demanda, correspondientes a
$140.400.803,60. Dicha suma será actualizada en la etapa procesal
correspondiente, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación a
favor de la sucesión de la señora Fredesvinda Acosta.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

3. Por las costas del proceso.

De dichos valores deberán descontarse las deducciones ordenadas en la
sentencia del 10 de marzo de 2011, por este Tribunal.

[...]

CUARTO: Negar el mandamiento de pago respecto de las demás solicitudes,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.»
[sic]

4. La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

4.1. El título ejecutivo contenía una obligación clara, expresa y exigible, en razón a
que la pensión debía ser reliquidada sobre el 75% de lo devengado en el último año
de prestación de servicios [1 de marzo de 1999 al 1 de marzo de 2000], con la
inclusión del sueldo, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima técnica,
prima de navidad, prima de servicios y el fomento al ahorro. Además, porque la
sentencia objeto de recaudo quedó ejecutoriada el 6 de septiembre de 2013.

4.2. Mediante la Resolución GNR 356527 de 2016 se dio cumplimiento a la
sentencia que sirvió de base para la ejecución. En esta se ordenó el reconocimiento
de la pensión en 2 periodos: (i) desde el 28 de julio de 2001 hasta el 14 de enero de
2009 [fecha de fallecimiento de Álvaro García García]; y (ii) desde el 15 de enero de
2009 hasta el 6 de noviembre de 2012 [día anterior a la muerte de Fredesvinda
Acosta].

4.3. En ese orden, el título ejecutivo se conformó por las sentencias y resolución
antes referida; «no se infiere que las sumas adeudadas al causante Álvaro García García
correspondan en su totalidad a la sucesión de la señora Fredesvinda Acosta, pues la
sustitución pensional a que tuvo derecho se reconoció a partir de la muerte del mencionado
señor, es decir, desde el 15 de enero de 2009, puesto que los valores anteriores fueron
reconocidos a favor de los pretendidos herederos del señor García». Por ello, solo se
podía librar mandamiento de pago a favor de la sucesión de Fredesvinda Acosta a
partir de la fecha en que le fue reconocida la sustitución pensional.

4.4. La liquidación debía realizarse desde el 1 de noviembre de 2002, comoquiera
que en la sentencia que constituyó título ejecutivo no se declaró probada la
excepción de prescripción. Si bien el último año de servicios culminó el 1 de marzo
de 2000, la reliquidación no podía efectuarse desde ese momento, pues no había
cumplido el requisito de edad para pensionarse, de ese modo, debía comprenderse
que la fecha mencionada en el numeral cuarto, respecto de la indexación de las
diferencias pensionales, constituyó un error de transcripción, en razón a que no
podía actualizarse lo dejado de percibir desde el 28 de julio de 2001 porque para
ese momento no tenía derecho a la prestación. Según la Resolución121 de 2004,

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

la edad fue cumplida el 31 de octubre de 2002, aspecto que no fue objeto de debate
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.5. El total a reconocer por los herederos de Fredesvinda Acosta era de
$134.011.529,75, bajo el supuesto de que falleció el 7 de noviembre de 2012, es
decir, antes del fallo dictado el 4 de julio de 2013 que quedó ejecutoriado el 6 de
septiembre del mismo año; por consiguiente, el reajuste pensional debía pagarse
desde el 15 de enero de 2009 [fecha de sustitución pensional] hasta el 7 de
noviembre de 2012, cuando falleció, lo cual arrojó un total por concepto de
retroactivo de $134.011.529,75 y de $7.082.361,70 por indexación.

4.6. A pesar de que se expidió la Resolución GNR 356527 de 2016, por la cual se
dio cumplimiento a la sentencia, no obraba prueba de la que lograra inferir que se
efectuó el pago a los sucesores procesales. En consecuencia, se adeudaban los
intereses causados desde la ejecutoria de la sentencia [7 de septiembre de 2013]
hasta el 10 de julio de 2017, fecha de radicación de la demanda y «por los que se
causen posteriormente hasta cuando la entidad efectúe el pago total de la obligación». No
obstante, estos se suspendieron desde el 6 de marzo hasta el 8 de abril de 2014,
en razón a la radicación de la solicitud de cumplimiento vencido el plazo de 6 meses
previsto en el artículo 177 del CCA. Ello arrojó un total de $140.400.803,60.

5. Contra esta decisión la parte presentó recurso de apelación. Mediante auto del
2 de mayo de 2019, esta corporación resolvió confirmarla, con fundamento en que
«la pretensión que tiene que ver con el pago del referido retroactivo, en cuanto al periodo
comprendido entre el 28 de julio de 2001 hasta el 15 de enero de 2009, en favor de los
herederos de la señora Fredesvinda Acosta Benavides, no se deriva del título allegado al
plenario, pues al no acreditar la sucesión del derecho, no se encuentran legitimados para
reclamar a su nombre bienes que corresponden a la sucesión del señor Álvaro Iván García
García, de manera que no [había] lugar a librar el mandamiento solicitado por ese
concepto».

1.3. Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, se pronunció sobre
la naturaleza jurídica de la entidad demandada y propuso las siguientes
excepciones:

6.1. Pago de la obligación: mediante las Resoluciones GNR 356527 del 25 de
noviembre de 2016 y DNP 2456 del 21 de agosto de 2019, se ordenó dar
cumplimiento a la sentencia y el pago en favor del heredero autorizado de
Fredesvinda Acosta Benavides, Roy William Rodgers Acosta, por la suma de
$167.895.908, con la nómina de octubre de 2019, respectivamente; en
consecuencia, no se adeudaba suma alguna en favor del ejecutante. No había lugar

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

al pago de intereses, comoquiera que el causante falleció antes de la ejecutoria de
la sentencia judicial.

6.2. Cobrode lo no debido: la entidad ya reconoció y pagó la pensión con
fundamento en la normativa vigente y de acuerdo con «los principios generales de
favorabilidad en edad, tiempo de servicios o semanas de cotizaciones y monto pensional».

6.3. Inexistencia del derecho reclamado: no nació obligación a cargo de la entidad,
comoquiera que ya dio cumplimiento al título ejecutivo.

6.4. Buena fe: era carga exclusiva de la parte ejecutante «controvertir tanto la
presunción legal del acto como la buena fe en la decisión».

6.5. Compensación: sin que se entendiera como la aceptación de la controversia, se
debían compensar las sumas pagadas por concepto de la reliquidación post mortem
de la mesada sustituida a Fredesvinda Acosta a Roy William Rodgers Acosta.

1.4. Sentencia de primera instancia

7. En sentencia proferida el 17 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar no probadas las denominadas excepciones, y
mecanismos de defensa, de “cobro de lo no debido, inexistencia del derecho
reclamado, buena fe, genérica, compensación y pago de la obligación”,
propuestas por la entidad ejecutada, conforme a la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Ordenar SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN para dar
cumplimiento a la obligación, a cargo de la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y a favor de la sucesión
de la señora Fredesvinda Acosta Benavides, por las siguientes sumas:

i) $134.011.529,75 y $7.082.361,70 por concepto de las diferencias
pensionales e indexación, respectivamente, ordenadas por este Tribunal en
sentencia proferida el 10 de marzo de 2011, corregida a través de auto del 1º
de marzo de 2012 y confirmada por el H. Consejo de Estado el 4 de julio de
2013, causadas con posterioridad a la muerte del señor ÁLVARO GARCÍA
GARCÍA, esto es, después del 15 de enero de 2009 y hasta el 7 de noviembre
de 2012, día en que falleció la señora FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES.

ii) Por los intereses moratorios derivados la anterior suma de dinero, desde
el 7 de septiembre de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014 y desde el 9 de abril
de ese año hasta la presentación de la demanda, correspondientes a
$140.400.803,60, conforme a la parte motiva de esta providencia.

[...]

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

QUINTO: No se condena en costas en esta instancia, conforme a lo señalado
en la parte considerativa de esta providencia.» [sic]

8. Los argumentos de la decisión fueron los siguientes:

8.1. No se probó la excepción de compensación; además, el artículo 1714 del
Código Civil dispuso que esta figura, como modo de extinguir la obligación, se podía
configurar cuando 2 personas son, al mismo tiempo, acreedoras y deudoras del
otro, «hecho que no se [encontró] demostrado».

8.2. Mediante Resolución GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016, Colpensiones
dio cumplimiento a la decisión judicial a favor de los herederos de Álvaro García;
para tal efecto, dispuso el pago del retroactivo de las mesadas y de la indexación,
para lo cual reconoció 2 periodos: «uno entre el 28 de julio de 2001 (sic) y el 14 de enero
de 2009 – fecha en que falleció el señor Álvaro García-, y otro desde el 15 de enero de
2009 hasta el 6 de noviembre de 2012 – día anterior a la fecha en que falleció la señora
Fredesvinda Acosta-» [sic].

8.3. Posteriormente, con la Resolución DNP 2456 del 21 de agosto de 2019 suscrita
por la directora de nómina de pensionados de Colpensiones, se ordenó reconocer
a favor de Roy William Rodgers Acosta, beneficiario de Fredesvinda Acosta
Benavides, un pago único a herederos en cuantía de $167.895.908, sin que existiera
constancia de su consignación, ni copia de la orden presupuestal de gastos con
reporte de estado «pagada», razón por la cual, no debía prosperar la excepción de
pago propuesta.

1.5. Recursos de apelación

9. Contra la anterior decisión, las partes presentaron recursos de apelación, los
cuales fueron sustentados de la siguiente manera:

1.5.1. Parte ejecutante

10. Comoquiera que la suma de $134.011.529,75 no ha sido pagada por
Colpensiones, los intereses moratorios se deben causar hasta el pago total de la
deuda, no la presentación de la demanda, como se indicó en la sentencia de primera
instancia.

11. De conformidad con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, las
agencias en derecho hacen parte de las costas judiciales e, imperativamente, la
parte vencida debe ser condenada en costas. «[A]unque en el proceso declarativo sólo
se causaron como expensas (costas) del juicio la suma de $50.000 (auto 19 de marzo de
2008), quedan por tasar las agencias en derecho como parte integrante que son de las

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

costas judiciales, las cuales, por remisión del artículo 188 del CPACA deben fijarse con
observancia del numeral 4º del artículo 366 del CGP».

1.5.2. Parte ejecutada

12. La prestación debida por orden de la sentencia que constituye título ejecutivo
fue pagada mediante Resoluciones GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016 y
DNP 2456 del 21 de agosto de 2019, a favor de Roy William Rogers Acosta como
beneficiario de Fredesvinda Acosta Benavides, en cuantía de $167.895.908. En la
parte resolutiva del segundo acto, «se indicó que el valor del pago único a herederos se
[cancelaría] para la nómina que se [pagaría] en OCTUBRE de 2019 a través de la central
de pagos BANCOLOMBIA [...] de la ciudad de BOGOTÁ DC.».

13. No hay lugar al pago de intereses moratorios, comoquiera que, era necesario
que existiera una pensión legalmente reconocida y que se configurara una demora
injustificada, pero en el sub examine ya se dio cumplimiento al título objeto de
recudo y, de cualquier modo, «el causante falleció con anterioridad a la ejecutoria de la
sentencia judicial». Ello, aunado a que de pagarse los intereses moratorios, se
actuaría en contravía de los principios de universalidad, solidaridad, sostenibilidad
presupuestal y legalidad.

1.6. Trámite de segunda instancia

14. Comoquiera que los recursos fueron interpuestos en el año 2021, mediante auto
del 12 de agosto de 2022, fueron admitidos en los términos de la Ley 2080 de 2021.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

15. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso4,
en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en
una providencia, «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.

16.En el caso concreto, el 17 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, entre otras cosas, resolvió declarar no probada la excepción de
pago y seguir adelante con la ejecución, es decir, profirió una sentencia.

4 En adelante CGP.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

17. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por la parte
ejecutada, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con
los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».

2.2. Problemas jurídicos

18. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

18.1. ¿Las Resoluciones GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016 y DNP 2456
del 21 de agosto de 2019, por medio de las cuales se dio cumplimiento a la
sentencia objeto de recaudo y se ordenó el pago de la deuda,
respectivamente, son suficientes para declarar la excepción [de pago]
propuesta por Colpensiones?

18.2. ¿Se debe ordenar el pago de los intereses moratorios desde el momento de
la ejecutoria hasta cuando se cumpla totalmente con la obligación y no hasta
la fecha de la presentación de la demanda?

18.3. ¿El pago de intereses moratorios quebranta los principios de universalidad,
solidaridad, sostenibilidad presupuestal y de legalidad?

18.4. ¿Se debe determinar la cuantía de las agencias en derecho del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen al título ejecutivo y, en
consecuencia, se debe ordenar seguir adelante con la ejecución por este
concepto?

19. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará lo relacionado con el proceso ejecutivo;
segundo, se citará la orden impartida en el título ejecutivo; y tercero, se resolverá el
caso concreto. En este último se abordarán los cargos y, en cada uno de ellos, se
citará el marco normativo y jurisprudencial pertinente para resolverlos.

2.3. El proceso ejecutivo

20. El proceso ejecutivo tiene como fin que el acreedor de una obligación pueda
hacerla efectiva a través de un medio coercitivo cuando el deudor no la ha
satisfecho.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

21. Para ello, deberá contar con un título ejecutivo contenido en un documento que
incorpora una obligación expresa, clara y exigible, el cual, para el caso de la
Jurisdicción de lo contencioso – administrativo, puede encontrarse en (i) las
sentencias debidamente ejecutoriadas, mediante las cuales se condene a una
entidad pública al pago de sumas dinerarias; (ii) las decisiones en firme proferidas
en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en las que
las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero; (iii) los
contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación
o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual; y (iv) los actos
administrativos que reconozcan un derecho u obligación5.

22. En caso de que no se cumpla con la obligación o la entidad lo haga
defectuosamente, el acreedor puede acudir a través de la demanda ejecutiva para
cobrar el capital e intereses que se le adeudan. Para tal efecto, de conformidad con
el artículo 430 del Código General del Proceso, «el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente,
o en la que aquél considere legal». En esta etapa, se examinarán los requisitos
formales del título, los cuales podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra esa providencia, sin perjuicio de que, si existe algún defecto, el juez pueda
declararlos de oficio en la sentencia o en el auto que ordena seguir adelante con la
ejecución [artículo 298, parágrafo del CPACA].

23. A más de lo anterior, en el mandamiento se ordenará el pago en el término de
5 días, con los intereses que se hicieron exigibles hasta que se haga efectiva la
deuda. En caso de que se trate de prestaciones periódicas, «la orden de pago
comprenderá, además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y
dispondrá que éstas se paguen dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo
vencimiento» [artículo 431 del CGP].

24. De conformidad con los artículos 438 del CGP y 243 del CPACA, el
mandamiento de pago no es apelable, pero el que lo niegue total o parcialmente sí
y se concederá en el efecto suspensivo.

25. Agotada esa etapa, la entidad ejecutada podrá contestar la demanda. De
conformidad con el artículo 442 del CGP, cuando se trate «del cobro de obligaciones
contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza la
función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos
posteriores a la respectiva providencia [...]».

5 Artículo 297 del CPACA.

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26. Entonces, la ejecutada puede acudir a alguna de estas excepciones, caso en el
cual, el juez citará a las audiencias previstas en los artículos 371 y 373 del CGP y
se pronunciará mediante sentencia. Si esta es totalmente favorable al deudor se
terminará el proceso y, en caso contrario, se ordenará seguir adelante con la
ejecución, según lo previsto en el artículo 443 ibidem.

2.4. El título ejecutivo

27. Mediante la sentencia proferida el 10 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se resolvió:

«TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad
y a título de restablecimiento del derecho, se ordena al INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES a RELIQUIDAR la pensión de jubilación del
demandante con el 75% del salario devengado durante el último año de
servicio incluyendo los factores de sueldo, bonificación por servicios, prima de
vacaciones, prima técnica, prima de navidad, prima de servicios, de acuerdo
con las consideraciones de esta providencia. La entidad demandada hará los
descuentos correspondientes a los aportes efectuados.

[...]

QUINTO: La presente declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho
se realiza sin perjuicio de los derechos sucesorales que ostenten los
beneficiarios del actor, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el
Instituto de Seguros Sociales al momento de realizar cualquier trámite
correspondiente a la sustitución pensional que adelanten los beneficiarios
del demandante [...] en sede administrativa [...]».

28. A través del auto proferido el 1 de marzo de 2012, esta sentencia fue corregida,
en el sentido de incluir el factor de «fomento al ahorro» en la liquidación de la pensión.
La decisión fue confirmada por esta corporación el 4 de julio de 2013 al resolver el
grado jurisdiccional de consulta.

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. La excepción de pago alegada por Colpensiones

29. En el recurso de apelación, la entidad ejecutada se pronunció sobre la «naturaleza
jurídica de la entidad demandada, representación legal y domicilio» y, sostuvo, entre otras
cosas, lo siguiente:

«[...] se debe formular la excepción de pago de la obligación teniendo en
cuenta lo siguiente:

La prestación debida por orden de la providencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION D, y confirmada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE

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CONTENCIOSO ADMISNITRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN
B, fue debidamente cancelada en favor del ejecutante mediante resolución
GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016 y resolución de pago Único N°
DNP_2456 del 21 de agosto de 2019, mediante el cual se resuelve reconocer
en favor del señor ROY WILLIAM RODGERS ACOSTA identificado con
cedula de ciudadanía N°79497533 como beneficiario de la señora beneficiaria
FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES, UN PAGO UNICO A HEREDEROS
EN CUANTIA DE $167.895.908 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
M/cte.), en cumplimiento de la resolución GNR 356527 del 25 de noviembre
de 2016.

Al respecto debe decirse que conforme a la resolución en comentó, en su
parte resolutiva ARTÍCULO PRIMERO, PARÁGRAFO se indicó que el valor
del pago único a herederos se cancelará para la nómina que se pagará en
OCTUBRE de 2019 a través de la central de pagos BANCOLOMBIA C.P. –
BOGOTÁ [...] de la ciudad de BOGOTÁ DC.

[...]

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que el solicitante (afiliado o
beneficiario de sobreviviente o auxilio funerario) falleció en el curso del
proceso de cumplimiento del fallo judicial, se concluye que las condenas
judiciales corresponden a un PAGO ÚNICO de valores causados hasta el día
de su fallecimiento.

[...]

Finalmente, debemos resaltar que en el presente caso no hay lugar a
intereses moratorios de ninguna clase o índole, toda vez que para que
proceda el pago por dicho concepto, es menester que concurran dos
requisitos a saber; el primero que exista una pensión legalmente reconocida
y el segundo que la administradora encargada de efectuar el pago haya
incurrido en mora injustificada en el pago de la mesada pensional.

Se puede concluir entonces, que por mandato legal, es procedente el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se han causado
cuando existe mora o retardo en el pago de las respectivas mesadas
pensiónales ya reconocidas, de lo que se infiere que proceden los aludidos
intereses, única y exclusivamente, a partir de la fecha en que ha sido expedido
el acto administrativo mediante el cual se ordena el reconocimiento y pago de
las prestaciones, obviamente en el evento en que no se cumpla lo ordenado
en el mismo, situación que evidentemente no es la del accionante.

Lo anterior tiene un total soporte jurídico dado que es imposible para la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en
representación de las arcas económicas del Estado, el reconocimiento de
intereses de cualquier tipo ya que de hacerlo estaría actuando en total
contravía con el acto legislativo 01 de 2005 y los principios de
UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD, SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
DE LEGALIDAD, los cuales permean el campo de la seguridad social en
Colombia.

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De conformidad con las Resoluciones proferidas por la entidad dentro del
presente caso, se desprende que la entidad dio cumplimiento al fallo emitido
por la autoridad judicial, así mismo es importante indicar que no hay lugar a
intereses toda vez que el causante falleció con anterioridad a la ejecutoria de
la sentencia judicial.» [sic]

30. Observa la Sala que estos argumentos planteados por la entidad ejecutada son
idénticos a los expuestos en la contestación de la demanda, es decir, la defensa se
circunscribió a señalar que se cumplió la obligación con los actos administrativos
expedidos, a pesar de que el argumento del a quo se dirigió que, si bien estos [los
actos] fueron aportados al plenario, lo cierto es que no se allegó la «constancia de su
pago, ni copia de la orden presupuestal de gastos con reporte de estado pagada».

31. Es menester señalar que esta Sección ha puntualizado que, en el recurso de
apelación, la parte interesada deberá exponer y/o argumentar con claridad y
suficiencia las razones de inconformidad, a través de la confrontación con las
consideraciones que sirvieron de fundamento a la decisión, pues este es el marco
de pronunciamiento del ad quem6. Igualmente se ha puntualizado lo siguiente7:

«En efecto, sobre la carga procesal de manifestar los motivos de
inconformidad frente a la decisión de primera instancia, la jurisprudencia de
esta Corporación ha precisado que la finalidad del recurso de apelación es
que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del
funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la
confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad de que el recurso de
apelación se sustente, por cuanto la sustentación es la oportunidad para que
la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en
los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como
demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de
manera adversa o simplemente no se pronunció.8»

32. En ese hilo argumentativo, en principio podría afirmarse que el recurso de
apelación carece de objeto, comoquiera que la entidad ejecutada se limitó a
transcribir o reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

33. No obstante, si se admitiera que la intención de la entidad se dirigió a insistir en
que los actos administrativos eran suficientes para acreditar el cumplimiento de la
obligación, el cargo no tendría vocación de prosperidad por las razones que pasan
a exponerse:

6 Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2006, expediente: 17001-23-31-000-2001-00621-

01(5054-03), CP. Ana Margarita Olaya Forero.
7 Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00288-01

(2115-2021), CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de

marzo de 2010, radicación 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328).

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34. Con el fin de dar cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo, Colpensiones
expidió las Resoluciones GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016 y DNP_2456
del 21 de agosto de 2019. En la primera se resolvió lo siguiente:

«[...]

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION
SEGUNDA – SUBSECCION D y en consecuencia liquidar el PAGO ÚNICO a
que tiene derecho el(la) señor(a) ACOSTA BENAVIDES FREDESVINDA ya
identificado(a), fallecido(a) por concepto de reliquidación Post – Mortem de
Pensión de SOBREVIVIENTES (Sustitución) generada con ocasión del
deceso del señor señor(a) GARCIA GARCIA ALVARADO IVAN, prestación
que quedará en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada 15 de enero de 2009 = $ 4,978,346.00
Valor mesada 2010 = $ 5,077,913.00
Valor mesada 2011 = $ 5,238,883.00
Valor mesada 06 de noviembre de 2012 = $ 5,434,293.00

LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO VALOR
Mesadas 135,824,817.00
Mesadas adicionales 23,795,414.00
Indexación 8,275,677.00
Valor a Pagar 167,895,908.00

Parágrafo: Los valores liquidados en cumplimiento del fallo judicial deberán
ser reclamados por los pretendidos herederos del(la) señor(a) ACOSTA
BENAVIDES FREDESVINDA, ya identificado, a través del procedimiento de
pago a herederos.

ARTÍCULO TERCERO: Los valores liquidados en el artículo anterior, están
condicionados al estudio definitivo, a la aplicación del término de prescripción
y al trámite de pago a herederos de competencia de la GERENCIA DE
NÓMINA.

[...]

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese al (los) Señor(es) ROGERS ACOSTA
ROY WILLIAM, ya identificado en su calidad de HEREDEROS autorizado de
ACOSTA BENAVIDES FREDESVINDA, haciéndole(s) saber que por tratarse
de un acto administrativo de ejecución de acuerdo al artículo 75 del CPACA,
y por no ser necesario el agotamiento de la vía gubernativa, contra la presente
resolución no procede recurso alguno.» [sic]

35. En el segundo acto administrativo, esto es la Resolución DNP_2456 del 21 de
agosto de 2019, se consideró y resolvió lo que a continuación se transcribe:

«Que el día 11 de abril de 2019 se presentó a reclamar un Pago único a
Herederos el señor ROY WILLIAM RODGERS ACTOS [...] con ocasión del
fallecimiento ocurrido el día 07 de noviembre de 2012 del beneficiario

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FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES [...] según Resolución No. 048819
del 23 de octubre de 2009 la cual gozaba de una sustitución pensional
causada por el fallecimiento del señor GARCIA GARCIA ALVARO IVAN [...].

[...]

Que en calidad de beneficiarios de la señora FREDESVINDA ACOSTA
BENAVIDES, se presentaron los herederos a reclamar los dineros
correspondientes a lo causado y no cobrado antes de la fecha del
fallecimiento del causante y que reconocidos mediante resolución GNR
356527 del 25 de noviembre de 2016, la cual da cumplimiento al fallo judicial
proferido por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D.

Que el solicitante, acredita el requisito de autorización, para reclamar estos
valores, incluyendo juicio de sucesión No. 573 de 02 de marzo de 2019.

GNR 356527 del 25 de noviembre de 2016 ........................$167.895.908.oo
Total a Pagar ......................................................................$167.895.908.oo

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M / cte.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a favor del señor ROY WILLIAM
RODGERS ACOSTA [...] beneficiario de la señora beneficiaria
FREDESVINDA ACOSTA BENAVIDES, [...], un pago único a Herederos en
cuantía única de $167.895.908 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
M / cte), de acuerdo a la Resolución GNR 356527 del 25 de noviembre de
2016.

PARÁGRAFO: El valor del pago único a Herederos se cancelará para la
nómina de SEPTIEMBRE de 2019 que se pagará en OCTUBRE de 2019 a
través de la central de pagos BANCOLOMBIA C.P – BOGOTA DC CL 72 8
24 BANCA PRIVADA de la Ciudad de BOGOTA DC.» [sic]

36. Obsérvese que uno de los actos administrativos fue expedido en el año 2016, es
decir, antes de que se presentara la demanda y, el otro, en el año 2019, esto es
después de haberse proferido el mandamiento de pago.

37. Como se indicó en procedencia, cuando se trata del cobro de sentencias
judiciales o conciliaciones, la entidad ejecutada podrá alegar únicamente las
excepciones previstas en el artículo 442 del Código General del Proceso, entre ellas,
la de pago, «siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia»,
esto es la sentencia que constituye título ejecutivo.

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38. De otro lado, el artículo 430 ibidem prevé que, en el mandamiento de pago, se
ordenará al demandado cumplir la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal. De conformidad con el artículo 431,
cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su pago en el término de cinco (5)
días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda».

39. Analizadas las normas antes citadas, puede establecer la Sala que, si la
naturaleza de la excepción de pago tiene como fin desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda, podrá ser alegada cuando se trate de hechos
posteriores al título de recaudo, pero antes del mandamiento ejecutivo, pues con
posterioridad a este, en caso de expedirse un acto administrativo que acate el título,
se comprenderá que se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel.

40. A la luz de ese razonamiento, el único acto administrativo que podría tenerse en
cuenta para la excepción de pago sería el expedido en el año 2016, frente al cual
no queda duda que no fue materializado, pues para el momento de la radicación de
la demanda, no se habían desembolsado las sumas adeudadas.

41. Aun si para efectos de la excepción de pago [no del abono a la deuda] se tuviera
en cuenta el acto que data de 2019, la conclusión sería la misma: a la fecha, no se
ha probado que se satisfizo efectivamente la obligación.

42. En efecto, el pago es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]»

43. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

44. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.

45. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente:

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«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación
efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se
hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo
del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando
la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad
de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado
de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de
obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in
obligatione”». [se resalta]

46. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se entregue al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil9.

47. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente10:

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales,
no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el
pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que
la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»

48. Como se indicó en precedencia, la entidad ejecutada expidió 2 actos
administrativos con el fin de cumplir el título ejecutivo; en el segundo, ordenó el pago
a favor de Roy William Rodgers Acosta, el cual se efectuaría en octubre de 2019;
sin embargo, en el plenario no reposa la constancia de consignación o entrega
efectiva del dinero, lo cual impide inferir la existencia de un pago total o parcial del
crédito.

49. No pasa por alto la Sala que el segundo acto administrativo [Resolución
DNP_2456] data del 21 de agosto de 2019 y la contestación de la demanda se
radicó en septiembre del mismo año, es decir, antes de que se cumpliera la fecha
de pago señalada en la parte resolutiva [octubre de 2019]; no obstante, vencida
aquella, la entidad no hizo esfuerzo alguno a través de las etapas permitidas por la
norma para aportar o solicitar la documental que acreditara el cumplimiento de la

9 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,

salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
10 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).

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obligación. A modo de ejemplo, si el recurso de apelación contra la sentencia fue
admitido en los términos del CPACA, la entidad podía, dentro del término de
ejecutoria, solicitar la prueba con fundamento en la causal tercera del artículo 212
ibidem, conforme con la cual, procede cuando «versen sobre hechos acaecidos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos».

50. A más de lo señalado, si en el acto administrativo se indicó que el pago único a
los herederos se realizaría para la nómina de septiembre de 2019, mismo mes en
el que se contestó la demanda, podía, cuando menos, demostrar que sí fue incluido
en dicha nómina.

51. Y es que, para ahondar en razones, la Sala también encuentra que, en los
alegatos de conclusión presentados ante el a quo, se limitó a repetir los argumentos
de la contestación de la demanda y del mismo modo procedió al presentar el recurso
de apelación.

52. Tampoco se desconoce que se aportó el «FORMATO ÚNICO 2019», de «PAGO
ÚNICO A HEREDEROS PARA SUSTITUCIÓN», pero en este se relacionaron los datos
de los beneficiarios de la prestación, así como el número de cuenta adscrita a
Bancolombia, pero nada más.

53. Se recuerda que, de conformidad con los artículos 103 del CPACA y 167 del
Código General del Proceso, «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las
cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también, «incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».

54. Desde la presentación de la demanda hasta el recurso de apelación, la parte
ejecutante ha manifestado que la obligación contenida en la sentencia no ha sido
cumplida; en efecto, en esta segunda oportunidad, expresamente afirmó que «para
el presente caso, como quiera que la suma de dinero ($134.011.529,75), por concepto de
diferencias pensionales, aún no ha sido cancelada al actor por COLPENSIONES, los
intereses moratorios que se originan por el pago incumplido de ella, se siguen causando
hasta el “pago total de la deuda…”» [sic], lo cual ratifica que la carga probatoria del
cumplimiento de la obligación recaía en Colpensiones. A la misma conclusión se
arriba si se tiene en cuenta que no bastaba con proponer la excepción de pago,
pues su dicho debía respaldarse con la documental idónea como era el
comprobante de consignación.

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55. Ciertamente, la doctrina11 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

56. Igualmente, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de 2016 12,
consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se
libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es
la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago,
para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas
que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]

57. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo siguiente13:

«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la
defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la
satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí
que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la
orden de seguir adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas
exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho
se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»

11 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
12 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
13 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).

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58. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional14 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].

59. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»15.

60. Nótese que el artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de
seguir adelante con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la
liquidación del crédito con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará
traslado a la otra parte, quien «solo podrá formular objeciones relativas al estado de
cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación
alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación
objetada», disposición que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido
proceso de las partes, pues, si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del
demandante, en el sentido de descontar los abonos que hubiera efectuado.

61. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizarla en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme».

62. Las consideraciones anotadas en estas providencias permiten corroborar que (i)
la excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de
haberse proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la
demanda; (ii) cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal,

14 Sentencia C-814 de 2009.
15 Óp. Cit. 14.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

se deberá tomar como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito
se puedan efectuar los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

63. En ese hilo de comprensión, la Sala concluye que la excepción de pago no tiene
vocación de prosperidad porque, en primer lugar, el acto administrativo que fue
expedido en 2016 [después del título y antes de la radicación de la demanda] no
materializó el pago y, en gracia de la claridad, si se tuviera en cuenta el acto que
data de 2019 que, se reitera, se tiene como un abono y no como una actuación para
enervar la pretensión, tampoco se podría declarar el cumplimiento de la obligación,
comoquiera que en el plenario no obra prueba de la entrega efectiva de la suma
adeudada a la parte ejecutante. Lo dicho no excluye ni impide que, en la etapa
siguiente [liquidación del crédito], la entidad pueda presentar los cálculos con los
abonos efectuados u objetar la presentada por la parte demandante.

2.5.2. Los intereses moratorios

64. Uno de los asertos de apelación de la parte ejecutante consistió en que, en la
orden de seguir adelante con la ejecución, no se debía ordenar el pago de los
intereses moratorios hasta la presentación de la demanda, sino hasta cuando se
efectúe el pago total de la obligación. Por su parte, la entidad ejecutada argumentó
que no era procedente el pago por este concepto, comoquiera que (i) se
quebrantarían los principios de universalidad, solidaridad, sostenibilidad
presupuestal y legalidad; (ii) se cumplió en su totalidad la obligación; y (iii) «el
causante falleció con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia».

65. Los intereses son aquellos «que se pagan para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la
oportunidad debida16»17. En otros términos, tienen una naturaleza sancionatoria y
representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en el cumplimiento de la
obligación; así lo comprendió esta Subsección al señalar que son sumas de dinero
«que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora»18 y «cesan
solo en el momento de cancelar la obligación contraída»19.

66. En efecto, estos se causan en virtud de una condena impuesta mediante una
sentencia a partir de su ejecutoria, pero su cálculo dependerá del momento en que
aquella haya sido impuesta.

16 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
17 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
18 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
19 Ibidem.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

67. Si el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho inició y finalizó bajo las
reglas del Decreto 01 de 1984 [CCA], se deberá dar aplicación al artículo 177, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas.
Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará
inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer
las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

[...]

Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorios después de este término.

Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido a la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación
de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la
solicitud en legal forma.»

68. Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en la sentencia C-188 de 1999, con fundamento en que «a menos que
en la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual,
dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a
partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término
de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena
sea ejecutable ante la justicia ordinaria» [se resalta].

69. Porsu parte, el artículo 192 del CPACA previó lo que se transcribe a
continuación:

«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de
las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no
implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad
a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días
contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden
una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código.

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Demandante: Roy William y Jim Walter Rodgers Acosta

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga
o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se
presente la solicitud.» [se resalta]

70. Igualmente, el artículo 195 del mismo cuerpo normativo, estableció que «[l]as
sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que
aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF
desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que
trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos
en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado
el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas
causarán un interés moratorio a la tasa comercial.» [se resalta]

71. Como se observa en las disposiciones transcritas, los intereses moratorios se
causan por orden legal a partir de la ejecutoria de la sentencia y cesará su pago
cuando (i) la solicitud de cumplimiento de la sentencia objeto de recaudo no se
presente dentro del término ordenado; o (ii) cuando se pague totalmente la
obligación.

72. Puede ocurrir que en la sentencia que constituye título ejecutivo se disponga
expresamente el pago de intereses en los términos del CCA o del CPACA o se
guarde silencio. En el segundo evento, aun con la ausencia de la orden en la parte
resolutiva, se causan los intereses moratorios por su naturaleza misma: sancionar
el incumplimiento de la obligación. Este criterio fue explicado por la Sala de Consulta
y Servicio Civil en el concepto del 9 de agosto de 201220 de la siguiente manera:

«Por lo tanto, en aplicación del artículo 177 del C.C.A. y del artículo 16 de la
ley 446 de 1998 se impone que se deban intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto
explícitamente en el texto de la sentencia, pues “operan de pleno derecho y
el deber de indemnizar lo impone la ley”21; una conclusión contraria sería en
perjuicio del accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su
dinero.»

73. Criterio que también adoptó esta Subsección en la sentencia proferida el 14 de
marzo de 201922:

«Por lo tanto, en aplicación del citado artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, es viable colegir que se deban intereses moratorios a partir de
la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto
explícitamente en el texto de la sentencia, pues operan de pleno derecho y el

20 Radicación 11001-03-06-000-2012-00048-00 (2106).
21 Cammarota Antonio en: Betancur Jaramillo Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal
Editora. Séptima Edición 2009. Página 538.
22 Radicación 25000-23-42-000-2015-02729-01 (1507-18).

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deber de indemnizar lo impone la ley, una conclusión contraria sería en
perjuicio de la accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su
dinero; tanto es así que en palabras de la Corte Constitucional, no se justifica
un trato desigual entre el pago de intereses moratorios que le compete a los
particulares y al Estado, pues el daño económico que sufre el acreedor por
causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades
públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las
personas privadas.»

74. En suma, los intereses moratorios operan de pleno derecho y por ministerio de
la ley a partir de la ejecutoria de la sentencia. Ello significa, entonces, que si bien es
cierto que Fredesvinda Acosta Benavides falleció el 7 de noviembre de 2012 y la
sentencia de segunda instancia fue proferida por esta corporación el 4 de julio de
2013, también lo es que se declaró un derecho y se generó una obligación a cargo
de la entidad que debía ser pagada oportunamente; tan es así que Colpensiones
reconoció la existencia de la obligación y ordenó el pago a los herederos a través
de los actos administrativos supra referidos. De ahí que la obligación no se
extinguiera con la muerte de la beneficiaria directa de la prestación y sí subsistiera
para los herederos desde la ejecutoria y, por consiguiente, que se causaran los
intereses moratorios por orden del artículo 177 del CCA.

75. Agregase a lo anterior que esta Subsección ha señalado que los intereses
moratorios son considerados como un «elemento accesorio del reconocimiento de
pensiones con ocasión de sentencias judiciales»23, es decir, hacen parte integral de la
condena, por consiguiente, no se puede acudir a la transgresión de principios para
incumplir una obligación legalmente impuesta.

76. Ahora bien, la parte ejecutante expuso que en la sentencia no se debió ordenar
el pago por este concepto desde la ejecutoria hasta la radicación de la demanda,
sino hasta el pago total de la obligación.

77. En efecto, al revisar la parte resolutiva de la decisión, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca resolvió seguir adelante con la ejecución por el capital y los
intereses derivados de aquel «desde el 7 de septiembre de 2013 hasta el 6 de marzo de
2014 y desde el 9 de abril de ese año hasta la presentación de la demanda [...]».

78. Lo anterior, a pesar de que en el mandamiento ejecutivo, resolvió que la suma
adeudada por intereses moratorios «ser[ía] actualizada en la etapa procesal
correspondiente, hasta cuando se efect[uara] el pago total de la obligación a favor de
la sucesión de la señora Fredesvinda Acosta».

79. Entonces, de acuerdo con lo explicado en precedencia, si los intereses se
generan desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago efectivo de la deuda,
asiste razón a la parte demandante en que, al momento de seguir adelante con la

23 Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación 25000-23-42-000-2015-02729-01 (1507-18).

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ejecución, no se puede dejar de lado la decisión del mandamiento de pago en este
sentido, lo que impone que se modifique el numeral ii) del ordinal segundo de la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, señalar que se causarán hasta
dicho momento [el pago].

2.5.3. Las costas y agencias en derecho solicitadas por la parte ejecutante

80. La parte ejecutante solicitó que se modificara la «providencia gravada en el sentido
de condenar a las agencias en derecho del proceso a la parte accionada». Esta solicitud
se sustentó en los siguientes asertos:

«De lo anteriormente transcrito, se deduce: i)- Que las agencias en derecho
hacen parte de las costas judiciales; ii)- Que imperativamente la parte
vencida debe ser condenada en costas; iii)- Que las costas están integradas
por “las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso…”; por
“…el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia”; y por “los demás
gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley”; iv)- Las agencias en derecho están tarifadas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554-agosto
5 de 2016, que estableció las tarifas de agencias en derecho. Para el presente
proceso declarativo ver el artículo 5º.; y para su fijación “…el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas
tarifas.”; v)- La naturaleza de este proceso fue la de Nulidad y
Restablecimiento del derecho; la calidad y duración de la gestión realizada
por el suscrito apoderado se evidencia con el resultado favorable de las
pretensiones de la demanda inicial; la duración del proceso declarativo fue del
8 de junio de 2006 hasta el 4 de julio de 2013, fecha en que el Consejo de
Estado confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia; es
decir, por espacio de mas de siete (7) años; la cuantía del proceso está
reflejada en el mandamiento de pago librado por esa Corporación en cuantía
de $134.011.529,75, $7.082.361,70 y $140.400.803,60, sin contar los
intereses moratorios a partir de la presentación de la demanda, como se
explicó en memorial anterior; así como las agencias en derecho que se
causen dentro del presente proceso ejecutivo.

[...]

De otra parte, aunque en el proceso declarativo sólo se causaron como
expensas (costas) del juicio la suma de $50.000 (auto 19 de marzo de 2008),
quedan por tasar las agencias en derecho como parte integrante que son de
las costas judiciales, las cuales, por remisión del artículo 188 del CPACA
deben fijarse con observancia del numeral 4º del artículo 366 del CGP. En
cuanto a su causación baste tener en cuenta “…la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado…” de la parte accionante,
como se explicó en párrafos anteriores.»

81. Aunque, en la demanda, la parte ejecutante manifestó que se trataba de un
proceso ejecutivo «a continuación y dentro del mismo expediente en que fueron dictadas

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las aludidas sentencias», solicitó que se librara mandamiento de pago por el capital,
los intereses y «las costas del presente proceso». No obstante, de la lectura integral
de la demanda no se extrae que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación también hayan sustentado la pretensión.

82. Se rememora que el artículo 281 del Código General del Proceso, de cuyo tenor
literal se extrae que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y
pretensiones aducidos en la demanda y, además, que no podrá «condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por
causa diferente a la invocada en esta».

83. En efecto, el recurso de apelación exige que, al momento de presentar y
sustentar el recurso de apelación, se argumenten con claridad y suficiencia las
razones por las cuales la providencia [auto o sentencia] debe modificarse o
revocarse por razones de hecho o de derecho, en cuanto a la valoración probatoria,
la interpretación o aplicación de una norma.

84. En efecto, en la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 24, la Sala Plena de
esta corporación sostuvo que, mediante el recurso de apelación, se ejerce el
derecho de impugnación, por lo cual «corresponde al recurrente confrontar los
argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus
propias consideraciones o apreciaciones»; en otros términos, tiene el deber de justificar
las razones de su inconformidad25.

85. De esa manera, si en esta etapa procesal la actuación de la parte afectada se
dirige a que la decisión se revoque o modifique por yerros de hecho o de derecho,
no puede agregar argumentos que no fueron plasmados en el escrito introductorio
y, asimismo, al ad quem le está vedado pronunciarse sobre estos. Así se ha
expuesto pacíficamente por esta corporación; por ejemplo, en sentencia proferida
el 8 de febrero de 201826, al analizar los argumentos del recurso de apelación:

«Como se ve, en la demanda se alegó como proferidos sin competencia los
Decretos 2276 de 2001, 013 y 1844 de 2002, mientras que en el recurso de
apelación se planeta como nuevo cargo la falta de competencia en la
expedición del Decreto 1679 de 2001 fundamentada en el artículo 83 del
Código de Régimen Político y Municipal, por lo que al ser un cargo nuevo
planteado en la apelación, no puede ser objeto de estudio.

Este cargo también es un cargo nuevo planteado en el recurso de apelación,
que no fue incorporado en la demanda y por tanto tampoco puede ser objeto
de estudio en esta instancia, por cuanto de hacerse se vulneraría el debido

24 Número interno 21060
25 Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2006, expediente: 17001-23-31-000-2001-00621-

01(5054-03), CP. Ana Margarita Olaya Forero.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta – Descongestión, radicación 15001-23-31-000-2002-03011-

01.

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proceso y el derecho de defensa de la parte demandada.» [se resalta]

86. A más de lo anterior, es importante precisar que el juez de la ejecución se
encuentra desprovisto de cualquier juicio de legalidad o decisión que es propia del
proceso declarativo. En el sub examine, la parte demandante pretende que, en este
escenario procesal, se resuelva lo relativo a las «agencias en derecho» del proceso
de nulidad y restablecimiento, lo cual deviene improcedente, en razón a que el único
objeto de esta litis es hacer cumplir la obligación plasmada en el título objeto del
recaudo. El cargo de apelación no prospera.

2.6. Costas de la segunda instancia

87. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

88. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201627, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

27 Subsección B, expediente 1908-2014.

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89.De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.

90. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de imponer condena en costas.

2.7. Conclusión

91.La sentencia de primera instancia será modificada, en el sentido de ordenar
seguir adelante con la ejecución por los intereses moratorios causados hasta el
momento de pago de la obligación, pues el a quo omitió pronunciarse sobre aquellos
generados después de radicada la demanda.

92. En lo demás, se confirma la decisión, comoquiera que no se encontró
demostrada la excepción de pago propuesta por la entidad ejecutada; si bien es
cierto que la entidad expidió el acto que daba cumplimiento al título, también lo es
que ello no era suficiente para demostrar el pago efectivo de las sumas dinerarias
adeudadas. Esto no impide que, en la etapa de liquidación del crédito, se puedan
tener en cuenta los abonos realizados después de proferido el mandamiento de
pago.

2.8. Reconocimiento de personería para actuar

93. El abogado Gilberto Duque Ospina, reconocido como apoderado de la parte
demandante en auto del 2 de mayo de 2018, otorgó poder de sustitución al
profesional Sebastián Murcia Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía
1.032.474.604 y tarjeta profesional 326.991 del C.S. de la J., con «todas las facultades
que [le] fueron otorgadas por el mandante». Se le reconocerá personería para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el numeral ii) del ordinal segundo de la sentencia proferida el
17 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido
de ordenar seguir adelante con la ejecución por los intereses moratorios derivados
del capital, «desde el 7 de septiembre de 2013 hasta el 6 de marzo de 2014 y desde el 9

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de abril de ese año hasta la presentación de la demanda, correspondientes a
$140.400.803,60 y de los siguientes que se causen hasta cuando se pague la obligación».

Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 17 de junio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería para actuar en representación de la parte
demandante al profesional del derecho Sebastián Murcia Espinosa, identificado con
cédula de ciudadanía 1.032.474.604 y tarjeta profesional 326.991 del C.S. de la J.,
en los términos del poder de sustitución allegado.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

CÉSAR PALOMINO CORTÉS JORGE EDISON PORTOCARRERO
Firmado electrónicamente BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

29

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