República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03912-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020170391201 (3634-2022)
25000234200020170509300 (2017-3912)
Demandante: Martha Teresa Flórez Bohórquez, Iliana Esther Mojica Herrera y
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
Tema: sustitución asignación de retiro. Subtema 1: cónyuge supérstite. Subtema 2:
acreditación de cinco años de convivencia. Subtema 3: separación de hecho.
Subtema 4: hijos en condición de invalidez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por las demandantes Iliana Esther Mojica Herrera,
Sandra Lidia Flórez Bohórquez y Martha Teresa Flórez Bohórquez contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, el 13 de octubre de 2021, que negó las pretensiones de las demandas
acumuladas.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Iliana Esther Mojica Herrera, en la calidad de cónyuge supérstite, solicitó la
nulidad de la Resolución 4224 del 14 de junio de 2016 que le negó el reconocimiento
de la sustitución de la asignación de retiro, dictada por La Caja de Retiro de la Fuerzas
Militares (en adelante CREMIL).
Radicación: 25000234200020170391200 (3634-2022)
25000234200020170509300 (2017-3912)
Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
Las señoras Martha Teresa Flórez Bohórquez y Sandra Lidia Flórez Bohórquez, en el
trámite acumulado, pidieron, en calidad de hijas discapacitadas ser reconocidas como
beneficiarias de la asignación de retiro de su padre fallecido, Eliseo Flórez Bohórquez.
El Tribunal negó las pretensiones al considerar que no se acreditó el requisito de
convivencia de la cónyuge supérstite con el causante, ni la dependencia económica ni
la discapacidad anterior al fallecimiento, por parte de las hijas del beneficiario del
derecho pensional.
La Subsección revocará la decisión que negó el derecho a la cónyuge y la confirmará
en todo lo demás.
II. ANTECEDENTES
2.1. Las demandas acumuladas
2.1.1. Expediente con radicado número 25000234200020170391200 (3664-2022)
1. La demandante Martha Teresa Flórez Bohórquez, en su condición de hija del
señor Eliseo Flórez Bohórquez, pretendió la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
ii) La Resolución 4224 del 14 de junio de 2016 que le negó la sustitución de
la asignación de retiro;
iii) la Resolución 5797 del 19 de julio de 2017, a través de la cual se resolvió
el recurso de reposición presentado contra la resolución anterior.
2. A título de restablecimiento solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución
de la asignación de retiro a favor de la señora Martha Teresa Flórez Bohórquez, en
calidad de hija discapacitada, desde el día siguiente al fallecimiento del causante, y el
pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 3º de la Ley 700 de 2001.
3. Como fundamentos fácticos afirmó que el señor Eliseo Flórez Bohórquez estuvo
vinculado al Ministerio de Defensa durante más de 24 años, le fue reconocida
asignación de retiro mediante Resolución 0990 del 18 de julio 1995, en cuantía
equivalente al 85% del sueldo correspondiente a su grado. Para la fecha de su deceso
la asignación de retiro ascendía a la suma de $7.305.209.
4. Que el causante tuvo dos hijas: Sandra Lidia Flórez Bohórquez que nació el 13
de octubre de 1974 y Martha Teresa Flórez Bohórquez que nació el 11 de septiembre
de 1968, quienes, debido a su pérdida de capacidad laboral, dependían
económicamente de su padre.
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Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
5. Informó que su padre Eliseo Flórez Bohórquez contrajo matrimonio en 1992 con
la señora Iliana Esther Mojica Herrera, con quien dejó de convivir en el año 2013.
6. Adujo la demandante Martha Teresa Flórez Bohórquez que en el año 2005 fue
diagnosticada con “trastorno de ansiedad generalizado”, por lo cual fue valorada por
la junta de calificación de invalidez, que emitió dictamen el 31 de diciembre de 2014,
en el que le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 53,30%, con fecha de
estructuración el 9 de diciembre de 2014. Que dicho porcentaje de pérdida fue
incrementado a 53,50% por la junta Regional de Calificación de Invalidez, el 31 de julio
de 2015.
7. Martha Teresa Flórez Bohórquez, el 24 de febrero de 2016, solicitó el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, en su condición de hija de
Eliseo Flórez Bohórquez. Esta petición fue resuelta de manera desfavorable mediante
Resolución 4224 del 14 de junio de 2016, acto contra el cual presentó recurso
reposición el 3 de agosto de 2016 que no fue resuelto por la entidad.
8. Como normas vulneradas citó el artículo 53 de la Constitución Política; el
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004; los artículos 193 y 263 del Código Sustantivo
del Trabajo y la Ley 712 de 2001. De igual manera refirió que Colpensiones desconoció
la sentencia C-1176 de 2011.
9. Consideró que el requisito para acceder a la sustitución de la asignación por
retiro de los hijos inválidos está más que satisfecho porque a la demandante se le
determinó, por parte de la Administradora de Pensiones COLPENSIONES, una
pérdida de la capacidad laboral del 53.30 % que fue incrementado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez al 53.50%, lo cual necesariamente la coloca en
una condición de dependencia económica.
10. Agregó que, en el acto demandado, la entidad refirió que Martha Teresa Flórez
Bohórquez se independizó económicamente desde el momento en que empezó a
laborar, contrajo matrimonio y formó un hogar, pero desconoció la situación de
incapacidad que actualmente la afecta y la hizo dependiente de su padre fallecido.
2.1.2. Expediente con radicado número 25000234200020170509300 (2017-3912)
11. La señora Iliana Esther Mojica Herrera solicitó, en su condición de cónyuge
supérstite del señor Eliseo Flórez Bohórquez, la nulidad de la Resolución 4224 del 14
de junio de 2016 que le negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la
asignación de retiro.
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12. A título de restablecimiento reclamó el reconocimiento y pago de la sustitución
de la asignación de retiro desde el momento en que se hizo exigible, junto con la
indexación y los intereses moratorios de las mesadas causadas y no pagadas.
13. Como fundamentos fácticos manifestó que contrajo matrimonio con Eliseo
Flórez Bohórquez el 7 de noviembre de 1992, vínculo que se mantuvo vigente hasta
el momento de su deceso el 12 de noviembre de 2015.
14. Que, el 4 de diciembre de 2015, presentó solicitud de sustitución de asignación
de retiro, en calidad de cónyuge supérstite, pero que dicha petición le fue negada
mediante Resolución 4224 del 4 de junio de 2016, bajo el argumento de no haber
convivido con el militar durante los últimos 5 años de vida anteriores a la muerte.
15. Indicó que tuvo conocimiento de la negativa anterior hasta principios del mes de
febrero de 2017.
16. Destacó que nuevamente, el 30 de mayo de 2017, presentó solicitud de
sustitución de asignación de retiro que fue resuelta de la misma manera, mediante
comunicación 320, consecutivo 2017-35406 de fecha 23 de junio de 2017, con
fundamento en que ya se había decidido con anterioridad una petición en similar.
17. Como normas violadas enunció los artículos 23, 29, 53 de la Constitución
Política; el artículo 11 del Decreto 4433/0; el parágrafo 2º, literal a del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993.
18. Al referir el concepto de violación argumentó que la exigencia de la entidad de
demostrar los cinco años de convivencia anteriores a la fecha del fallecimiento del
causante desborda los principios constitucionales dado que quien reclama el derecho
es la cónyuge sobreviviente que acreditó convivencia ininterrumpida por cinco años en
cualquier tiempo.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Expediente con radicado número 25000234200020170391200 (3664-2022)
19. La entidad demandada manifestó que la negativa a la sustitución pensional a
favor de Martha Flórez Bohórquez obedeció a que aportó el dictamen No. 11447 del
18 de agosto de 2011 que calificó (la) pérdida de la capacidad laboral en un 53.71%
con fecha de estructuración del 24 de mayo de 2011, posterior al fallecimiento del
militar1. Que de igual forma se demostró que la peticionaria es de profesión diseñadora
1 La Sala destaca que la cita que hace la entidad al contestar la demanda como fecha del dictamen de pérdida de
capacidad laboral, no corresponde a la de emisión del mismo y que revisados los anexos se verificó que fue
expedido el 31 de julio de 2015.
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de interiores y vive en casa propia, por lo cual no dependía económicamente del señor
suboficial fallecido.
20. Para la demandada, la peticionaria no cumplió con los presupuestos descritos
en los decretos 1211 de 1990 y 4433 de 2004 para ser beneficiaria del derecho que
reclamó como hija del causante Eliseo Flórez Bohórquez.
21. La apoderada de la señora Sandra Lidia Flórez Bohórquez, hija del causante y
quien fue vinculada como demandada en el auto que admitió el medio de control,
contestó la demanda y manifestó que Eliseo Flórez Bohórquez, en una declaración
extra juicio, rendida el 11 de agosto de 2014, reconoció que su hija dependía
económicamente de él debido a la pérdida de la capacidad laboral equivalente al
51,78% con fecha de estructuración el 11 de mayo de 2009, como consecuencia de
una escoliosis idiopática con rigidez de columna dorsal y lumbar, con un pronóstico de
rehabilitación mínima debido a la "rigidez completa de columna dorsal y lumbar”, y que
le proveía una mesada que le entregaba personalmente o a través de consignación en
una cuenta de ahorros.
22. La señora Iliana Mojica, también vinculada al proceso en su condición de
cónyuge sobreviviente, aclaró que el causante se trasladó al municipio de Nocaima,
no para aislarse de ella como cónyuge, sino por recomendación médica y porque fue
en ese lugar donde vivió los primeros años de su vida. Manifestó que ella permaneció
en Bogotá atendiendo temas personales, y que, durante ese tiempo, estaban en
contacto permanente, manteniendo los lazos que los unieron y el socorro mutuo, hasta
el momento del fallecimiento. Recalcó que durante el matrimonio el señor Elíseo era
el proveedor del hogar, ya que ella no poseía ingreso alguno.
23. A lo anterior agregó que, por la convivencia con el causante, pudo conocer que
la señora Martha Flórez tenía empleo bien remunerado en el Distrito de Bogotá, que
actualmente está pensionada, es casada y su cónyuge también labora. Consideró que
existe inhabilidad de la demandante Martha Flórez para realizar actos jurídicos, por
cuanto su discapacidad es de tipo mental, por lo cual no pude ejercer su profesión de
derecho y, el poder otorgado para esta causa carece de validez, configurándose la
excepción de incapacidad o indebida representación del demandante o del
demandado.
2.2.2. Expediente con radicado número 25000234200020170509300 (2017-3012)
24. CREMIL presentó contestación a la demanda en la que concluyó que las
pruebas no demuestran la convivencia entre el causante y la señora Iliana Esther
Mojica Herrera; por cuanto las declaraciones rendidas por los familiares del militar
expresan que durante los dos últimos años de su vida no estuvo acompañado por la
accionante, ni por ninguna otra persona en calidad de pareja sentimental.
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25. La señora Martha Flórez Bohórquez contestó la demanda insistiendo en tener
el derecho a la sustitución de la asignación de retiro de su padre fallecido, por acreditar
condiciones de discapacidad y dependencia económica, además porque la señora
Iliana Mojica no convivió con el causante durante los últimos 5 años. Finalmente
propuso las excepciones de ineptitud de la demanda y pleito pendiente.
26. La señora Sandra Flórez contestó la demanda de manera extemporánea.
2.3. De la acumulación
27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por auto del 7 de mayo de 2019
dispuso la acumulación de los procesos al considerar que el acto administrativo
demandado, los fundamentos fácticos en que se sustentaban las pretensiones eran
similares. Además, que el demandado era el mismo.
2.4. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de
octubre de 20212, negó la pretensión de nulidad del acto que negó a las demandantes
la sustitución de la asignación de retiro que devengaba el señor Eliseo Flórez
Bohórquez. No condenó en costas.
29. El Tribunal, al analizar el derecho de la demandante Iliana Mojica, precisó que,
si bien existe prueba de que contrajo matrimonio con el causante el 7 de noviembre de
1992 y que convivieron hasta el mes de enero del año 2013, no acreditó el requisito
de convivencia permanente hasta el momento del fallecimiento del señor Eliseo Flórez,
exigido por el literal a), parágrafo 2º, artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Lo anterior,
por cuanto el deceso ocurrió el 12 de noviembre de 2015 y, según las pruebas, el
causante se radicó en el municipio de Nocaima desde inicios del año 2013, esto es, 2
años y 6 meses antes de su fallecimiento.
30. En relación con la reclamación presentada por la señora Martha Teresa Flórez,
en su calidad de hija del causante en condición de invalidez, se concluyó que no
demostró la dependencia económica alegada. Lo anterior, aunado a los hechos
probados de su vinculación laboral con el Distrito Capital durante aproximadamente 20
años, la existencia de una sociedad conyugal vigente, la titularidad de un bien inmueble
en calidad de propietaria y el reconocimiento a su favor de una pensión mensual por
invalidez, con ingreso en nómina a partir del mes de diciembre de 2016.
2 Samai, índice 76, 29_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES(.PDF)
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Martha Teresa Flórez Bohórquez
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31. En lo referente a la pretensión de la señora Sandra Lidia Flórez, hija menor del
causante, el Tribunal consideró que la declaración que rindió el causante, el 11 de
agosto de 2014, y en la que manifestó que es su voluntad expresa, clara y directa que,
en caso de su fallecimiento, se le sustituya la asignación de retiro en un cincuenta por
ciento (50%), por ser hija célibe y depender económicamente de él, no resulta
suficiente para acceder a la sustitución de la asignación de retiro pues no se demostró
dentro del proceso que su pérdida de capacidad laboral, calificada en un porcentaje
de 48,64% por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con fecha de
estructuración 8 de enero de 2016, fuera anterior al deceso del señor Flórez
Bohórquez. Además, que realiza cotizaciones pensionales como particular a
Colfondos.
2.5. Recursos interpuestos por las demandantes
32. Sandra Lidia Flórez Bohórquez interpuso recurso de apelación3 contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se concedan las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
33. Luego de hacer una exposición doctrinaria y jurisprudencial sobre los efectos
de las sentencias de nulidad en lo contencioso administrativo consideró que si bien es
cierto la Corte Constitucional mediante sentencia C-588 del 12 de noviembre de 1992
declaró inexequible el término célibe del artículo 250 del Decreto Ley 1211 de 1990,
del Estatuto de Personal de las Fuerzas Militares, también lo es que se debe aplicar la
interpretación de la ley en el tiempo, «lo que permite reconocer que Sandra Flórez
adquirió el estatus pensional al momento del fallecimiento de su padre Eliseo Flórez,
por ser hija célibe y tener dependencia económica».
34. Lo anterior, por cuanto las hijas que cumplieron las exigencias legales antes o
después de la vigencia de la normatividad, tienen el derecho a la sustitución de la
asignación de retiro, más aún si nacieron con anterioridad a la fecha de la sentencia
que declaró inexequible estos apartes de la norma, es decir, antes del 12 de noviembre
de 1992.
35. Adicionalmente, consideró que debe tenerse en cuenta el dictamen rendido por
un médico particular, en el que se le otorgó una pérdida de capacidad laboral superior
al 50% y no el rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 14 de enero
de 2016, identificado con el número 52206577 que califica la pérdida de capacidad con
un porcentaje de 48,64%.
36. Para sustentar la petición anterior citó la sentencia T-373 de 2015 en la que se
dijo que exigir dictamen expedido por una junta regional de calificación como único
3 Samai, índice 83, 47_RECIBEMEMORIALES_201703912(.PDF)
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medio de prueba para demostrar la pérdida de capacidad requerida para ser
beneficiario como hijo invalido, vulnera el debido proceso constitucional
37. A su juicio, el Tribunal Administrativo, al encontrar una aparente contradicción
entre los dos dictámenes, debió aplicar el principio de favorabilidad, por cuanto, en el
presente caso, la Junta Regional no actuó como calificadora, sino como perito, en igual
condición que lo hizo el médico particular.
38. Por su parte, Martha Teresa Flórez Bohórquez, al sustentar el recurso de
apelación4 aceptó que mantuvo una vinculación laboral en los años 1997 y 2017, pero
precisó que era su padre, Eliseo Flórez Bohórquez quien le brindaba ayuda
permanente. Que para acceder a la sustitución pensional no se debe exigir una
dependencia plena tal y como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-415 de
2019. Agregó que, el hecho de contar con vivienda propia y ser una mujer casada, no
constituye motivo suficiente o causal para rechazar la solicitud de sustitución.
39. De igual forma, refirió que se configuró una discriminación en su contra al
afirmarse que gozaba de buena salud y era independiente, pues su padre, Eliseo
Flórez Bohórquez conocía su situación familiar, laboral y su trastorno de depresión y
ansiedad, razón por la cual la protegía en todo momento.
40. Expresó que, para efectos de demostrar la dependencia, únicamente se otorgó
validez a la certificación laboral y a la declaración extra-juicio rendida por el señor
Eliseo Flórez Bohórquez en la que manifestó que solo su hija Sandra Flórez tenía
dependencia económica total. Y agregó que el Tribunal le restó valor probatorio a las
declaraciones extra juicio que dieron cuenta de la protección y ayuda que le brindaba
su padre.
41. Iliana Esther Mojica, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación5
contra la sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda.
42. Argumentó que la primera instancia desconoció que al momento de
fallecimiento del señor Eliseo Flórez Bohórquez existía sociedad conyugal vigente, tal
como lo acreditó con el registro civil de matrimonio; además, con los testimonios de
las señoras Nelly Lucia Flórez y Malena Esther Barrios, se probó que la señora Iliana
Esther Mojica dependía económicamente de su cónyuge. Asimismo, indicó que, si bien
no asistió al sepelio, ello obedeció a la injerencia de una de las hijas del causante,
quien lo impidió.
4 Samai, índice 79, 32_RECIBEMEMORIALES_201703912(.PDF)
5 Samai, índice 81, 38_RECIBEMEMORIALES_2017039123(.PDF)
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43. Adujo que el señor Eliseo Flórez Bohórquez, se trasladó a su tierra natal por
decisión propia y por razones personales, mientras que su esposa Iliana Esther Mojica,
permaneció en Bogotá atendiendo asuntos de índole familiar; no obstante, pese a la
separación física, el señor Flórez Bohórquez continúo enviándole dinero para su
sustento, lo cual fue corroborado por uno de los testigos.
44. Agregó que no se tuvo en cuenta que la señora Iliana Esther Mojica Herrera es
una persona de la tercera edad, que no cuenta con pensión ni fortuna que garantice
su subsistencia, y que dependía económicamente de su cónyuge; por lo cual, tras el
fallecimiento del señor Eliseo Flórez Bohórquez, quedó en estado de desamparo, tanto
económico como emocional. Que actualmente, se encuentra en situación de calle, sin
acceso a seguridad social, ni a un lugar donde vivir, y que presenta serios problemas
de salud mental.
45. Expresó que el oficio presentado por el señor Eliseo Flórez Bohórquez mediante
el cual solicitó el retiro de la demandante de los servicios del Club Militar, con el
argumento de que se encontraba en trámite de divorcio, no constituye prueba
suficiente de ausencia de ayuda y apoyo, toda vez que ni siquiera existe certeza de
que el causante lo hubiera suscrito.
2.6. Trámite en segunda instancia
46. Mediante auto del 20 de octubre de 20226, se admitió el recurso de apelación
conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se prescindió del traslado a las partes
para alegar en razón a que no existían pruebas por practicar.
47. El Ministerio Público no rindió concepto de fondo dentro del presente asunto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
51. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
52. En los términos del artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en
6 Samai, índice 4.
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el recurso. En este orden corresponde a la Sala definir si:
• ¿La cónyuge supérstite, separada de hecho, está obligada a acreditar una
convivencia mínima de cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento del causante, como requisito para acceder a la sustitución de la
asignación de retiro?
• ¿Las demandantes son beneficiarias de la asignación de retiro del padre
fallecido por tener, una de ellas, la condición de hija célibe y, la otra, encontrarse
en situación de invalidez?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. De la sustitución pensional
53. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento; sin embargo, para tener derecho a la prestación, en lo que
atañe al (la) cónyuge o compañero (a) permanente, es necesario demostrar que existía
entre ellos, una relación de dependencia no solo económica, sino que se predicaba el
acompañamiento, la solidaridad y el apoyo mutuo, por lo menos, durante los últimos
cinco años anteriores a la muerte del causante».7
54. La Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de la sustitución de la
asignación de retiro, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, así como la
sustitución pensional en general, es propender por salvaguardar o mantener el nivel
de vida que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado8.
55. A su turno la Ley 923 de 2004 en su artículo 3 también exigió un requisito de
temporalidad en lo que respecta a la convivencia del (la) cónyuge o compañero (a)
permanente con el causante de la prestación, para acceder al derecho pensional:
«Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: […]
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de
la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta
los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001 23-
31-000-2010-00983-01(3178-15)
8 Sentencia T-085 de 2021.
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Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
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Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos inmediatamente anteriores a su muerte...»
56. Esta norma fue reglamentada por el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, en el
cual se reiteró tal requisito:
«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las
pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en
servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a
los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25
años si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante...».
Parágrafo 1. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y hermanos será
el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de los beneficiarios, será
acreditada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que
regulan lo concerniente a la determinación de dicho estado.
Parágrafo 2. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán
las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte...».
En caso de que se presenten controversias entre los beneficiarios por el derecho de
acceder a la prestación, las entidades de previsión cuentan con el instrumento
establecido en el artículo 6 de la Ley 1204 de 20089.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario
9 Artículo 6o. Definición del derecho a sustitución pensional en caso de controversia.
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deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución.
Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente
parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente
57. Del texto que se acaba de transcribir se colige que quien reclama el derecho a
sustituir en la asignación de retiro de un miembro de la fuerza pública, debe acreditar
una convivencia efectiva de por lo menos 5 años continuos con el causante antes de
su fallecimiento.
58. En punto a la necesidad de demostrar la convivencia10, la Corte Constitucional
al examinar la constitucionalidad de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal
b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 encontró justificada la diferencia que el
legislador hizo respecto de la convivencia que se exige para la cónyuge separa de
hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, a quien si se le
comprobar convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento.
59. En aquella oportunidad la Corte precisó lo que sigue:11
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la
cual, no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio
un trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
10 Entendida como el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber de apoyo y auxilio mutuo;
junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar. Sentencia del 8 de julio de 2021, expediente 25000-23-
42-000-2016-01773-01(1840-19).
11 Sentencia C-336 de 2014. En línea con lo anterior se encuentra más recientemente la sentencia C-515 de 2019.
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beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen
con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de
cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos
ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente
entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que, pese a que el de cujus
conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la
sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio.
Es así, como en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo
acreditado por el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador
le otorgó el beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una
sociedad conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el
último compañero permanente y la cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia
no se disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es
constitucional y será declarada exequible12»
60. El anterior criterio lo ha aplicado el Consejo de Estado al resolver controversias
relacionadas con la sustitución de la asignación de retiro y en la que se aplica lo
dispuesto en el inciso final del parágrafo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004
expuesto ha sido aplicado por la jurisprudencia del Consejo de Estado13 porque «[…] la
sustitución de la asignación de retiro se puede equiparar con la pensión de
sobrevivientes o la sustitución pensional previstas en el régimen general de pensiones
[...]»14.
61. Ahora bien, el Decreto 4433 de 2004 estableció como causales de pérdida de
la condición de beneficiario:
12.5. Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho.
62. Sobre la aplicación de esta causal, la Corte Constitucional en sentencia T-228
de 2003 al comparar los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes incluidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, con los exigidos para la sustitución pensional en el
literal a) del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, concluyó que
coincidían materialmente. De manera textual expreso:
«4. Sustitución de la asignación de retiro en el régimen especial de las fuerzas militares.
De acuerdo con los artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004, el cónyuge supérstite
de los miembros de la fuerza pública es beneficiario de la sustitución de la asignación
de retiro.
(i) Requisitos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han interpretado que los
requisitos para tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional en este
régimen especial son los mismos que en el Sistema General de Pensiones. No es
12 Se transcribe con errores de texto.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020. También Consejo de
Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicado: 68001-23-33-000-2013-
01040-01(3700-16).
14 Ibidem.
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requisito que la cónyuge supérstite (a) haya convivido con el causante al
momento de su muerte y (b) que los 5 años de convivencia que la ley exige
hubieren sido los inmediatamente anteriores a la muerte del causante.
(ii) Efectos de la separación de hecho o de cuerpos. La separación de hecho o de
cuerpos, así como la interrupción de la convivencia por causas imputables al causante,
no extinguen el derecho a la sustitución de la asignación de retiro de la cónyuge
supérstite. En estos eventos, no resulta aplicable el numeral 5º del artículo 12 del
Decreto 4433 de 2004». (Se resalta).
63. En lo relacionado con la causal regulada en el numeral 12.5 del artículo 12 del
Decreto 4433 de 2004, la Corte indicó que era inaplicable porque «[…] en aquellos casos
en los que la cónyuge supérstite y el causante se separaron de hecho o de cuerpos por el
abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales del causante, no resulta aplicable el
numeral 5º del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004. Lo anterior, porque la Constitución no
permite que el cónyuge supérstite deba soportar las consecuencias del abandono e
incumplimiento de las obligaciones maritales de su esposo […]»15.
64. Lo expuesto también lleva a inferir que la norma antes mencionada tampoco
regula el supuesto fáctico descrito en el último inciso del artículo 11 ibidem, que alude
a la convivencia exclusiva del causante con la compañera(o) permanente en los
últimos cinco años de vida, pero que mantiene vigente una unión conyugal anterior. En
este caso, el inciso reconoce el derecho a la cónyuge, aunque haya separación de
hecho, en proporción al tiempo convivido. Por tanto, se contradice con la causal de
pérdida del derecho que prevé la primera norma referida. La aparente antinomia
admite una interpretación acorde con los principios superiores de favorabilidad16 y pro
homine17, para dar prevalencia a la disposición más beneficiosa a él o a la cónyuge
supérstite18.
15 En este sentido, también se puede consultar la sentencia C-683 de 2017 de la Corte Constitucional.
16 Artículo 53 de la Constitución Política.
17 La aplicación del principio pro homine como criterio de interpretación, se desprende entre otros, del literal b) del
artículo 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en cuanto prevé: «Ninguna disposición de la
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; […]»
18 «En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente
mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la
posibilidad de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más beneficioso, condición
que se conoce como el principio de inescindibilidad o conglobamento […] Igualmente, puede aplicarse este principio
cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es
más favorable al trabajador». Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-009-18 del 1 de marzo de
2018. Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16) CE-SUJ2-009-18
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3.3.2. Valor probatorio del dictamen de las juntas regionales de calificación de
invalidez
65. Las autoridades judiciales están facultadas por el Decreto 1352 de 201319 para
solicitar la actuación como peritos de las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez, aunque el interesado pertenezca al régimen especial de la Fuerza Pública,
caso en el cual el dictamen deberá valorarse en conjunto con las pruebas aportadas
al proceso y acorde con las reglas de la sana crítica.
66. En ese sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha sostenido que «... el juez [también] puede tener en cuenta los dictámenes de las juntas
regionales de calificación de invalidez frente a miembros de la Fuerza Pública, el cual será
valorado con fundamento en el sistema de libre apreciación de las pruebas»20.
67. La Sección Segunda del Consejo de Estado, cuando existe en el proceso
pluralidad de dictámenes sobre la valoración de la disminución de la capacidad laboral
de uniformados, ha precisado que «debe darse prelación al dictamen que emitan los peritos
dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como medio de prueba, lo que no
acontece con las evaluaciones médicas realizadas en los trámites administrativos de
reconocimiento de pensión de invalidez»21.
68. De igual manera, esta Subsección en providencia del 14 de noviembre de
202522, recordó que, de acuerdo con el artículo 226 del CGP, «[l]a prueba pericial es
procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos». Asimismo, la norma citada precisa, que
«[e]l dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de
aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito», además que «[t]odo dictamen
debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de sus conclusiones», y finalmente, que «[e]l dictamen suscrito por el
perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones:
8. Si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son
diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos
que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar
la justificación de la variación.
9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son
diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u
oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.
19 Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan
otras disposiciones.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de 2021, exp. 25000-23-42-000-2015-
01812-01(1895-2017).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de noviembre de 1998, exp. 13774,
También Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 2012-01112-01.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente 2016-01818-01 (0256-2024).
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10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración
del dictamen».
69. El artículo 232 del CGP preceptúa que «[e]l juez apreciará el dictamen de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso».
70. En definitiva, el operador judicial está obligado a analizar en conjunto los
dictámenes aportados, sin embargo, el estudio debe tener en cuenta las
consideraciones expuestas y un razonamiento lógico y fundamentado en los conceptos
de los especialistas sobre los hechos relatados y las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de las valoraciones realizadas, siempre y cuando se dé prelación al dictamen
que emitan los peritos dentro del proceso, dado que puede ser controvertido como
medio de prueba.
3.3.4. Dependencia económica de hijos discapacitados
71. La Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 200623 consignó las reglas
que permiten determinar si una persona es dependiente. Ello a partir de la valoración
de un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua
subsistencia del beneficiario24.
72. A su vez, la independencia económica, acorde con el fallo T-574 de 2002,
consiste en la posibilidad que tiene una persona de generar su propio ingreso
económico o de tener los recursos para asumir las necesidades básicas para
garantizar una vida en condiciones de dignidad y justicia; de modo que el concepto de
independencia económica debe ser corroborado con la realidad y teniendo en cuenta
si se trata de una persona inválida sin capacidad de trabajar.
73. De suerte que el estudio del requisito de dependencia económica debe
observar la protección de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y la
dignidad humana, lo cual «admite varios matices, dependiendo de la situación personal
en que se encuentre cada beneficiario»25.
23 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 1.Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales
que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2. El salario mínimo no es determinante de la independencia
económica. 3. No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la
incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce
expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993. 4. La independencia económica no se configura por el
simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. 5. Los ingresos
ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.6.
Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.
25 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006.
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74. En suma, la dependencia económica no significa que el hijo en condición de
discapacidad carezca en absoluto de ingresos. Ciertamente, la Corte Constitucional
ha considerado que «la vida del hombre en términos constitucionales, no se limita al
hecho concreto de sobrevivir, sino que exige un vivir con dignidad, esto es, de acuerdo
con las condiciones que le permitan sufragar -en realidad- los gastos propios de la
vida»26.
4. Hechos probados relevantes
75. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, encuentra
probados los siguientes hechos:
4.1. El reconocimiento pensional y el fallecimiento del beneficiario
76. Mediante Resolución 0990 del 18 de julio de 1995, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares le reconoció asignación de retiro al señor Eliseo Flórez Bohórquez a
partir del 1.º de agosto de 199527.
77. Según registro civil de defunción, el señor Eliseo Flórez Bohórquez28 falleció el
12 de noviembre de 2015.
4.2. La calidad de hijas de las demandantes, la dependencia económica y la
situación de vulnerabilidad derivada del estado de invalidez
78. Las señoras Martha Teresa Flórez Bohórquez y Sandra Lidia Flórez Bohórquez,
nacidas el 11 de septiembre de 1968 y 13 de octubre de 1974, acreditaron su
parentesco con el causante, con los registros civiles de nacimiento que se aportaron
al expediente29.
79. Para demostrar la dependencia económica, Martha Teresa Flórez Bohórquez,
presentó declaraciones extrajuicio rendidas el 2 de febrero de 2016 y el 6 de febrero
de 2016. Las declarantes manifestaron haber conocido al militar fallecido desde hace
aproximadamente 40 años. La primera declarante Nelly Lucía Flórez Algecira afirmó
que su tío, desde el año 2013 se encontraba domiciliado en la vereda el Cajón del
municipio de Nocaima (Cundinamarca) hasta el mes de agosto de 2015, fecha en la
cual regresó a Bogotá, hasta el día de su fallecimiento que tuvo lugar el 12 de
noviembre de 2015. Dijo que fue contratada para cuidar de él y ayudarle en los
quehaceres de la casa y, durante este tiempo, pudo observar que el señor Eliseo no
tuvo convivencia con pareja sentimental alguna, vivía solo, y recibía visitas periódicas
de sus dos hijas quienes estuvieron presentes y lo acompañaron en su enfermedad.
26 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 2006, M.P. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 250002342000201703912 00 - OneDrive
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29 Folios 15 y 324 del expediente digital de primera instancia.
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80. En el mismo sentido, en la declaración extrajuicio rendida el 20 de febrero de
2016 por demandante Martha Teresa Flórez Bohórquez, relató que su padre no tenía
convivencia con nadie desde el año 2013 y ratificó lo dicho por la declarante Nely Lucia
Flórez Algecira sobre su dependencia económica y la atención que ella como hija le
brindó hasta el día de su deceso30.
81. De igual manera las declaraciones que se recibieron en el proceso a los señores
Yaqueline Barahona, José Ignacio Flórez Rubio, Hugo Armando Rivera Garcés y
Antonio Flórez Bohórquez, los primeros vecinos y este último hermano del causante31,
son coincidentes en afirmar que les consta que desde enero del año 2013, Eliseo
Flórez se encontraba domiciliado en la vereda El Cajón del municipio de Nocaima
(Cundinamarca), hasta el mes de agosto de 2015, fecha en la cual se fue a vivir a
Bogotá donde falleció el 12 de noviembre de 2015; que en ese periodo no tuvo
convivencia con persona alguna, encontrándose bajo los cuidados de una sobrina que
estaba contratada para que realizara las labores domésticas.
82. Los anteriores testigos también refirieron que Sandra Lidia Flórez Bohórquez,
en su condición de hija inválida, dependía económicamente de su padre Eliseo Flórez
quien además de sufragar los gastos de salud y pensión, le proveía de todo lo
necesario para su manutención.
83. Ahora bien, la situación de discapacidad de la demandante Martha Teresa
Flórez Bohórquez quedó demostrada con la comunicación del 9 de febrero de 2015,
en la que Colpensiones (Grupo Médico Laboral) le informó que le determinó una
pérdida de capacidad laboral del 53.3%, de origen común, con fecha de estructuración
del 9 de diciembre de 2014 y que podía iniciar los trámites para acceder a la pensión
de invalidez, previo cumplimiento de los requisitos legales32.
84. Aunado al anterior se trajo un dictamen emitido por la Junta Laboral de
Calificación de Invalidez de Colpensiones, el 31 de diciembre de 2014, por la
especialidad de psiquiatría, sobre la situación de la señora Martha Teresa Flórez, en
el que se recomendó manejo intrahospitalario, se diagnosticó trastorno de ansiedad
generalizado, y se concluyó incapacidad para trabajar asociada a estrés laboral y
síntomas autonómicos como diaforesis y taquicardia, insomnio de reconciliación.
Situación que, según se consignó, se acrecentó por el cambio de jefe, y le generó
trastorno depresivo ansioso, trastorno de pánico y trastorno disociativo con ideas de
muerte e ideas de preocupación por situación laboral y financiera e ideación místico-
religiosa. En este dictamen se le asignó un porcentaje de pérdida de la capacidad
30 Folios 15 a 20 del expediente digital de primera instancia
31 Folios 219 a 220 del expediente digital de primera instancia.
32 Folio 24 del expediente digital de primera instancia.
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25000234200020170509300 (2017-3912)
Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
laboral equivalente a 53.30%33.
85. Con posterioridad, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el 31 de julio
de 2015, al emitir dictamen refirió como edad de la señora Martha Flórez, 46 años, de
estado civil separada, con dos hijas de 16 y 14 años en edad escolar, de profesión
abogada especializada en derecho público, que laboró en la Secretaría de Hacienda
Distrital desde el año 1997 y anteriormente, durante un año, en Inravisión y en la
Superintendencia de Vigilancia. En esta experticia la pérdida de la capacidad laboral
se incrementó en un 53.50%, con fecha de estructuración 9 de diciembre de 201434.
86. Contra la decisión anterior, la interesada, interpuso recurso de reposición y en
subsidio, apelación. El primero se resuelve a través de Acta REP 3544-3 de 21 de
septiembre de 2015 que confirma la decisión y remite el expediente a la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez para el trámite del recurso de apelación35.
87. Por su parte la litis consorte necesaria señora Sandra Lidia Flórez Bohórquez,
para demostrar su dependencia económica allegó al proceso una declaración extra
juicio que rindió el señor Eliseo Flórez Bohórquez, el 11 de agosto de 2014, ante la
Notaría 40 del Círculo de Bogotá, en la que manifestó que «es su voluntad expresa,
clara y directa que, en caso de fallecimiento, la asignación de retiro se sustituya: (i) en
un 50% a Sandra Lidia, por ser hija célibe y depender económicamente de él; y; (ii) el
otro 50% le sea reconocido a Iliana Mojica, dado que legalmente le corresponde. Dijo
no tener otros hijos dependientes económicamente y que su otra hija Martha Teresa
Flórez Bohórquez, es mayor de edad, profesional, casada y no depende de él
económicamente»36.
88. En el mismo sentido y con el fin de acreditar su condición de invalidez anexó un
dictamen rendido por un médico particular, el 21 de abril de 2016, en el que se le fijó
una disminución del 51.78% por una discopatía vertical con antecedente de corrección
quirúrgica por enfermedad común. Y un dictamen expedido por la Junta Regional de
Calificación del Invalidez de fecha 14 de enero de 2016, en el que se le asignó una
pérdida de la capacidad laboral del 48,64% con fecha de estructuración el 8 de enero
de 2016, con origen en una enfermedad común37.
89. La señora Sandra Lidia Flórez rindió interrogatorio de parte, en el que manifestó
que tiene 45 años, es abogada, pertenece a un proyecto fundacional de una
arquidiócesis de Bogotá que todavía no es comunidad religiosa. Agregó que no recibe
ningún tipo de salario y desde que su padre falleció ha conseguido personas que le
ayudan a pagar la seguridad social. Aclaró que a pesar del concepto de pérdida de la
33 Folios 25-27 del expediente digital de primera instancia.
34 Folios 28-34 del expediente digital de primera instancia.
35 Folios 497 del expediente digital de primera instancia.
36 Folio 325 del expediente digital de primera instancia.
37 Folios 508-511 del expediente digital de primera instancia.
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Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
capacidad laboral emitido por el médico Oswaldo Sierra Sánchez, no se le ha
reconocido pensión de invalidez, porque su médico tratante era de otra EPS, en razón
a lo cual debe iniciar el trámite de nuevo.
90. Precisó que su padre con la señora Iliana ya no tenían vida marital desde el año
2005 y que en los últimos 4 años antes de su fallecimiento se habían separado
totalmente, y aunque no recuerda la fecha exacta, 3 años antes de fallecer Iliana
desapareció de la vida de su padre. Informó que su hermana Martha Flórez, presentó
desde el año 2007 trastorno de ansiedad generalizado, estrés post traumático y
trastorno de pánico que inició por acoso laboral, que estuvo incapacitada, dejó de
recibir salario y le dieron pensión de invalidez. Señala que ni ella ni su hermana Martha
tenían relación alguna con Iliana.
4.3. De la petición del reconocimiento pensional y su decisión
91. La señora Martha Flórez Bohórquez, el 24 de febrero de 2016, radicó ante la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, solicitud de reconocimiento y pago de la
sustitución de la asignación de retiro de su padre Eliseo Flórez Bohórquez38.
92. A su turno, la señora Iliana Esther Mojica radicó petición de sustitución de la
asignación de retiro del señor Eliseo Flórez, el 4 de diciembre de 2015 ante la entidad
pagadora del derecho pensional39.
93. CREMIL, mediante Resolución 4224 del 14 de junio de 2016, notificada el 19 de
julio de 2016, negó a las señoras Martha Teresa Flórez, Sandra Lidia Flórez e Iliana
Esther Mojica, la sustitución de la asignación de retiro. Como fundamento de la
negativa expuso respecto a la cónyuge, que no acreditó la convivencia durante los
últimos 5 años anteriores al deceso del causante como lo exige el artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004.
94. En relación con el reconocimiento que reclamaron las dos hijas del causante
refirió la entidad que: i) Sandra Flórez no demostró una incapacidad superior o igual al
50% y ii) Martha Flórez goza de independencia económica, está afiliada a pensiones
y salud como dependiente, además tuvo vida marital40.
95. Contra la decisión anterior, se interpuso recurso de reposición que fue resuelto
a través de la Resolución 5797 del 19 de julio de 2017, de manera desfavorable a la
recurrente Martha Teresa Flórez Bohórquez41.
38 Folios 35-38 del expediente digital de primera instancia.
39 Folio 7 del expediente digital de primera instancia.
40 Folios 40-44 y 126-131 del expediente digital de primera instancia.
41 Folios 301-305 del expediente digital de primera instancia.
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Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
4.4. La condición de cónyuge supérstite de la demandante Iliana Esther Mojica
96. La demandante Iliana Esther Mojica acreditó la condición de cónyuge supérstite
con el registro civil de matrimonio en el que consta que éste se celebró ante la Notaría
30 de Bogotá, el 7 de noviembre de 1992.
97. Con el fin de demostrar la dependencia económica la cónyuge trajo lo siguientes
documentos:
• Un carné de servicios de salud que la acredita como beneficiaria en todo
tiempo de su fallecido esposo, ante la Dirección General de Sanidad Militar, con
fecha de afiliación 28 de diciembre de 1998.
• Contrato de arrendamiento suscrito el 6 de noviembre de 2009 por el causante
con la inmobiliaria A y B LTDA., documento en el cual manifestó estar casado
con unión marital vigente.
• Copia del certificado de afiliación al aporte voluntario por defunción 15453
tomado el 12 de agosto de 2004, en el que el causante incluye entre sus
beneficiarias a las dos hijas, cada una con un porcentaje del 40% y a Iliana
Esther Mojica con un porcentaje del 20%42.
98. En el trámite del proceso se recaudó prueba testimonial que dio cuenta de la
relación sentimental entre Eliseo Flórez y la demandante Iliana Esther desde el
noviazgo hasta más allá de su matrimonio y finalmente la separación en el año 2013.
Una de las declarantes, sobrina del fallecido, relató que su tío se trasladó a Bogotá en
julio de 2015.
99. Otra de las declarantes que dice ser amiga personal de Iliana Mojica Mojica
desde hace casi 30 años, conoció a su familia y se enteró de su relación con el coronel
Eliseo Flórez. Le consta que, para la fecha del fallecimiento del causante, Iliana estaba
en una finca por problemas familiares y dificultades de sus padres. Supo del deceso
porque Iliana la llamó muy triste.
100. La anterior testigo informó que siempre hubo una rivalidad entre Iliana y las hijas
del causante, por su cuidado, que le consta que su amiga Iliana dependía de lo que el
causante le daba. Precisó que mantiene contacto con Iliana, que le colabora porque
está en una condición económica muy precaria. Que le consta por comentarios de
Iliana que el causante sufragaba sus gastos y también lo de sus hijas, pese a ser
mayores de edad. Que al momento del fallecimiento no sabe si había convivencia
activa porque era una relación intermitente.
42 Folios 223-227 del expediente digital de primera instancia.
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Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
101. Interrogatorio de parte de la señora Martha Flórez. Explicó que su padre fue un
hombre que siempre la ayudó; que ella tiene una discapacidad y en el año 2011 los
médicos dijeron que ya no podía volver a trabajar, tuvo que presentar acciones de
tutela y peticiones para que le pagaran sus incapacidades y, al ya no poder laborar,
quedó desamparada, pues su esposo no respondía por sus hijas. Que desde el 2011
que inició todo y aun estando su padre viviendo en otro lado, venía a Bogotá a
ayudarle, le hacía mercado y le daba dinero.
102. Sobre la relación con Iliana, manifestó que ella nunca las aceptó, pero con el
tiempo su padre se dio cuenta que ellas como hijas siempre lo amaron y hasta el último
momento estuvieron acompañándolo. Indicó que no la ven desde hace por lo menos
20 años, que desde que se separaron y en los últimos 7 años de vida, no tenía contacto
con ella, que luego él se tuvo que venir a Bogotá y prefirió alquilar una casa cerca de
su hija Martha, dado que fue ella junto a Sandra quienes cuidaron de él en el hospital,
pues su esposa no estuvo allí, ni tampoco asistió a su funeral, ya que llevaban mucho
tiempo distanciados y cuando él falleció no se le pudo llamar porque no tenían cómo
ni dónde ubicarla.
103. En cuanto al socorro económico que su padre le daba a Iliana, reconoció que él
nunca la desamparó y, a pesar de que se había ido, él continuó pagándole el arriendo
y le ayudó económicamente, dado que era un hombre muy bueno.
104. La señora Iliana Mojica al rendir interrogatorio de parte refirió que se casó con
el causante en noviembre de 1992 hasta el 2013, fecha en que el señor Eliseo se
radicó en el municipio de Nocaima.
5. Solución al caso concreto
105. En el asunto bajo análisis, la parte demandante integrada por las hermanas
Martha y Sandra Flórez Bohórquez y la señora Iliana Esther Mojica Herrera solicitan
ser reconocidas como beneficiarias de la sustitución de la asignación de retiro que
devengaba el señor Eliseo Flórez Bohórquez.
106. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la cónyuge no acreditó el requisito de convivencia mínima
de 5 años anteriores al fallecimiento, y que Martha Flórez no acreditó dependencia
económica, y Sandra Flórez, no acredito incapacidad superior al 50% configurada
antes del fallecimiento del causante.
107. Inconformes con esta decisión, las demandantes interponen recurso de
apelación para insistir en que tienen derecho al reconocimiento de la sustitución de la
asignación de retiro que reclaman.
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108. La demandante Iliana Esther Mojica Herrera, señaló que la primera instancia
desconoció el material probatorio aportado, con el cual demostró que al momento de
fallecimiento del señor Eliseo Flórez Bohórquez, existía sociedad conyugal vigente y
que ella dependía económicamente de su esposo. Agregó que no se tuvo en cuenta
que es una persona de la tercera edad, que no cuenta con pensión ni fortuna que
garantice su subsistencia, razón por la cual está en total estado de desamparo, tanto
económico como emocional, en situación de calle, sin acceso a seguridad social, ni a
un lugar donde vivir, y presenta serios problemas de salud mental.
109. La Sala, en punto a las anteriores afirmaciones, advierte que efectivamente se
encuentra demostrado el vínculo matrimonial entre la señora Iliana y el señor Eliseo,
de fecha 7 de noviembre de 199243, sin que exista prueba alguna de su disolución. Y
aunque está acreditado que la señora Iliana dejó de convivir con el causante
aproximadamente dos años y medio antes de la muerte de este último, con la prueba
testimonial traída al proceso se demostró que la señora Iliana carece de recursos
económicos para la satisfacción de sus necesidades básicas, y que recibía ayuda
permanente de su cónyuge, de quien, se insiste, se encontraba separada de hecho.
110. En efecto y tal y como se consignó en el acápite precedente, el señor Eliseo
Flórez falleció el 12 de noviembre de 2015 en Bogotá a donde llegó en julio de 2015.
Antes de esta última fecha y desde inicios del año 2013 se había radicado en el
municipio de Nocaima44, es decir, más de dos años y medio antes de su fallecimiento,
tiempo durante el cual no se encontraba haciendo vida marital con su esposa.
111. La señora Iliana manifestó que, durante la estadía de su esposo en Nocaima, lo
visitaba frecuentemente, pero los testimonios de los señores Nelly Lucia Flórez
Algecira, Yaqueline Barahona, José Ignacio Flórez Rubio, Hugo Armando Rivera
Garcés y Antonio Flórez, refieren lo contrario, que la esposa no hizo presencia en el
lugar, y que, durante ese tiempo, no se le conoció pareja sentimental alguna. Estas
declaraciones tienen pleno valor probatorio pues son coincidentes en los relatos y
provienen de personas que estuvieron cerca, como vecinos, y acompañaron al
causante en sus últimos días de vida, como es el caso de Nelly Lucia quien era su
sobrina.
112. No obstante, lo expuesto, es decir, pese a estar acreditada la separación de
hecho de los cónyuges, acaecida aproximadamente dos años y medio antes del
fallecimiento del causante Eliseo Flórez Bohórquez, la Sala no puede desconocer que
también quedó demostrada la ayuda y el socorro que el causante le prodigó a su
43 Folio 62 del expediente digital de primera instancia.
44 Contrato de arrendamiento urbano suscrito por el causante con la señora Yorleni Hernández Flórez en la vereda
el Cajón parte baja del Municipio de Nocaima por 6 meses que correrían entre el 1o de febrero al 1o de agosto de
2013.
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esposa. Así lo relató la demandante, las hijas del fallecido, los amigos y vecinos de la
pareja y lo consignó el propio cónyuge en una declaración que rindió ante notario y
que se trajo como prueba al proceso.
113. Como se tiene certeza de que el matrimonio entre la demandante Iliana Esther
Mojica Herrera y Eliseo Flórez Bohórquez convivió desde 1992 hasta el 2013 cuando
ocurrió la separación de hecho, resulta evidente que el requisito de la convivencia de
los cinco años acreditados en cualquier tiempo, tal y como se explicó en el marco
normativo) se encuentra satisfecho y en ese orden la cónyuge tiene derecho a la
sustitución de la asignación.
114. Ahora bien, sin perjuicio del derecho, es preciso anotar que la demandante
Sandra Lidia Flórez Bohórquez45 informó que, el 21 de febrero de 2024, la señora Iliana
Esther Mojica Herrera, falleció. Este hecho lo corroboró Martha Teresa Flórez
Bohórquez, con un pantallazo de la Registraduría Nacional del Estado Civil46 en el que
se lee que la cédula de ciudadanía de la señora Mojica es “cancelado por muerte”.
115. En estas condiciones, la respuesta al primer problema jurídico propuesto es
afirmativa y se dispondrá que el reconocimiento pensional se hace a favor de la masa
sucesoral de la señora Iliana Esther Mojica Herrera, desde el momento en que adquirió
el derecho a sustituir a su cónyuge (12 de noviembre de 2015) y hasta la fecha de su
fallecimiento (21 de febrero de 2024).
116. Resuelto el primer problema pasa la Sala a definir el derecho que reclaman las
hijas del causante Eliseo Flórez Bohórquez.
117. En punto a la pretensión que la señora Sandra Lidia Flórez Bohórquez derivó
de su condición de hija célibe es importante destacar que el Decreto 4433 de 2004,
vigente para la fecha del fallecimiento del pensionado, no estableció el reconocimiento
de la sustitución de la asignación de retiro a favor de la hija célibe.
118. Pero, como la demandante Sandra Lidia adujo en el escrito de apelación que
su derecho se encuentra consolidado porque probó no solo su afiliación con el
causante, sino también dependencia económica, y nació en 1974, es decir, antes de
la declaración de inexequibilidad de las expresiones célibes y permanezcan es estado
de celibato del artículo 25047 del Decreto 1211 de 1990, en la sentencia C-588 de 1992.
45https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000201703912011100
103.
46https://samai.consejodeestado.gov.co/PaginasTransversales/DocumentosExpediente.aspx?numproceso=25000
234200020170391201&corporacion=1100103.
47 A partir de la vigencia del presente Decreto, las hijas célibes del personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, en actividad o en goce de asignación de retiro o pensión, por las cuales se tenga derecho a
devengar subsidio familiar y a la prestación de servicio médico-asistenciales, continuarán disfrutando de tales
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119. La Sala, en relación este punto específico, considera que, si bien la declaratoria
de inconstitucional de la norma citada tuvo lugar en el año 1992 y la señora Sandra
Flórez nació en 1974, ello no permite interpretar que, por el solo hecho de que la norma
haya tenido vigencia durante determinado período, resulte aplicable al caso particular
de la demandante.
120. Nótese que la norma sólo tuvo vigencia entre los años 1990 y 1992, época para
la cual no podría decirse que la señora Sandra Flórez tuviera consolidado algún
derecho sobre una eventual sustitución de la asignación de retiro de su padre, ni
siquiera podría decirse que cumplía requisitos, por cuanto, aunque era hija célibe y,
por su condición de menor de edad (nació en 1974), se presume la dependencia
económica de su padre; para ese momento el señor Eliseo Flórez no había causado
el derecho a su asignación de retiro que fue reconocida mediante Resolución 0990 del
18 de julio 1995) y mucho menos había causado el derecho a sustituirlo.
121. Aunado a lo anterior es importante destacar que la normativa aplicable para
efectos pensionales es la vigente al momento de la consolidación del estatus pensional
y los requisitos y condiciones se deben observar en ese mismo momento, es decir, el
de fallecimiento del causante, que para este caso ocurrió en el año 2015, por lo cual
la norma aplicable era el Decreto 4433 de 2004.
122. Adicionalmente, la señora Sandra Lidia Flórez argumentó en su recurso de
apelación que, exigir dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de
invalidez como única prueba idónea para demostrar la pérdida de la capacidad laboral,
vulnera el debido proceso constitucional. Por tal razón, la afirmación que hace el
Tribunal de que tan solo acreditó un 48.64% según experticia del 14 de enero de 2016
y no atender el que presentó y suscribió un médico particular que le otorgó un
porcentaje del 50%, afectó su derecho.
123. Para la recurrente, si el Tribunal advirtió contradicción entre los dos dictámenes,
debió aplicar el principio de favorabilidad, por cuanto, para el caso, la Junta Regional
no actuó como calificadora, sino como perito, en igual condición que lo hizo el doctor
Oswaldo Sierra.
124. Al respecto precisa la Sala que el dictamen rendido por el médico particular
Oswaldo Sierra no cumple con los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad y
detalle que exige el artículo 226 del CGP, para otorgarle plena validez. Ello porque, no
dio cuenta de cuáles fueron los exámenes practicados, el método científico utilizado,
beneficios mientras permanezcan en estado de celibato y dependan económicamente del Oficial o
Suboficial. Igualmente, tendrán derecho a sustitución pensional, siempre y cuando acrediten los requisitos antes
señalados.
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los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones, como si lo hizo la Junta
Regional de Calificación de Invalidez.
125. En conclusión, esta Sala de Decisión comparte en su integridad las
conclusiones de la sentencia de primera instancia, sobre este punto. Ciertamente el
dictamen que presentó la Junta Regional de Calificación resulta válido para establecer
que la demandante Sandra Lidia no tiene una condición invalidez que permita sustituir
la asignación de retiro que devengó su padre Eliseo Flórez.
126. En efecto, los responsables de la calificación realizada a Sandra Lidia Flórez
Bohórquez informan en su escrito que realizan el dictamen por solicitud de la
examinada por estar en proceso de solicitud de sustitución de pensión. Para rendir la
experticia tuvieron en cuenta el estado actual de la paciente, las referencias que hizo
sobre su salud, los distintos exámenes como TAC de columna dorsal, resonancia
magnética nuclear de columna cervical, ortoradiografía de columna total, realizadas en
el 2015 y efectuaron la prueba de deficiencias, para concluir que el compromiso de
pérdida de la capacidad laboral era del 48.64% con fecha de estructuración el
08/01/2016.
127. De igual manera los médicos que integraron la junta sustentaron sus
conclusiones en el Manual Único de Calificación de Invalidez, el Decreto 1072 de
201548 y la Ley 1562 de 201249 y el Decreto 1477 de 2014 que establece la tabla de
enfermedades profesionales.
128. Lo anterior permite a la Sala advertir que el referido dictamen reúne los
presupuestos que permiten una valoración integral del mismo, pues se rindió con
claridad, surtió en debida forma la contradicción al interior del presente proceso. Por
tal razón la demandante Sandra Lidia Flórez no demostró el estado de invalidez que
le da el derecho a la sustitución de la asignación de retiro que recibía su padre.
129. Finalmente, tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento de
dependencia económica de la demandante Martha Teresa Flórez Bohórquez, puesto
que, si bien tiene acreditada una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 53.50%
según experticia del 31 de julio de 2015 emitida por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez, también lo es que le fue reconocida una pensión de invalidez, según se
lee en el Oficio BZ: 2019-13712558 del 17 de octubre de 2019, en el cual el Director
de Procesos Judiciales de Colpensiones informa que ingresó en nómina en diciembre
de 2016, con una mesada de $3.001.177. Y si bien el devengar una pensión no resulta
suficiente para desestimar la pretensión de sustitución, lo cierto es que no quedó
48 Mediante el cual se reglamentan las Juntas de Calificación.
49 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.
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Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
demostrada la dependencia económica del causante tal y como acertadamente lo
concluyó el Tribunal en primera instancia.
6. Costas
130. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario50 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.
7. Conclusión
131. La señora Iliana Esther Mojica Herrera, en calidad de cónyuge supérstite tiene
derecho al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro de su esposo
fallecido, desde el 12 de noviembre de 2015 y hasta el 21 de febrero de 2024.
132. En razón al fallecimiento de la mencionada señora Iliana Esther Mojica Herrera,
las mesadas causadas y a las que tenía derecho desde el 12 de noviembre de 2015 y
21 de febrero de 2024, integrarán la masa sucesoral.
133. Las señoras Martha Teresa Flórez Bohórquez y Sandra Lidia Flórez Bohórquez,
no tienen derecho a la sustitución de la asignación de retiro del señor Eliseo Flórez,
toda vez que la señora Martha Flórez no demostró dependencia económica y la señora
Sandra Flórez no probó discapacidad superior al 50% configurada con anterioridad al
fallecimiento de su padre y su condición de hija célibe no le otorga dicho derecho.
50 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000234200020170391200 (3634-2022)
25000234200020170509300 (2017-3912)
Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar parcialmente la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el 13 de octubre
de 2021, que negó las pretensiones de las demandas acumuladas, en lo relacionado
con la negativa al reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro del
causante Eliseo Flórez Bohórquez, a favor de su cónyuge señora Iliana Esther Mojica
Herrera.
Segundo: En consecuencia, reconocer a la señora Iliana Esther Mojica Herrera, como
beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro de quien en vida fuera su esposo
el señor Eliseo Flórez Bohórquez.
Tercero: Condenar a la entidad demandada CREMIL, al reconocimiento y pago de
las mesadas a las que tenía derecho la señora Iliana Esther Mojica Herrera causadas
desde el día siguiente a la muerte del señor Eliseo Flórez Bohórquez, 12 de noviembre
de 2015, hasta el día de fallecimiento de la beneficiaria Iliana Esther Mojica Herrera,
21 de febrero de 2024. En virtud del deceso de ésta última, la condena se realiza a
favor de la masa sucesoral de la señora Iliana Esther Mojica Herrera.
Cuarto: Confirmar en lo demás la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 13 de octubre de 2021, que negó a las pretensiones de las
demandas acumuladas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Quinto: Sin condena en costas en las dos instancias.
Sexto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase,
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000234200020170391200 (3634-2022)
25000234200020170509300 (2017-3912)
Demandantes: Iliana Esther Mojica Herrera
Martha Teresa Flórez Bohórquez
Sandra Lidia Flórez Bohórquez
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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