RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-04123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04123-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04123-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia del quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró que operó el fenómeno de la prescripción trienal extintiva del derecho, y negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones 00543 del 27 de abril de 2016 y 01169 del 22 de septiembre de 2016 proferidas por el Subdirector General de la Policía Nacional y la Resolución 07951 del 9 de diciembre de 2016, suscrita por el Director General de la Policía Nacional a través de las cuales, con la primera se reconoció y ordenó el pago de la indemnización por incapacidad relativa y permanente, entre los cuales se encontraba el demandante, y con la segunda y tercera se omitió realizar la actualización de las sumas reconocidas por la entidad demandada con ocasión al pago doble de la indemnización a la que tenía derecho. SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al reconocimiento y pago de lo correspondiente por actualización del valor de $122.534.323,29, correspondiente al pago doble de la indemnización, desde el 28 de enero de 2009 hasta el 15 de mayo de 2020, sin lugar a aplicar el fenómeno de la prescripción, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.- Sin condena en costas en ninguna de las instancias. CUARTO.- Se reconoce personería jurídica al doctor Nelson Torres Romero, abogado con T.P. No. 326.201 del C. S de la J., para que ejerza la representación judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en los términos y para los efectos del escrito visible en la actuación 18 registrada en SAMAI. 20 No. Interno: 1170 – 2021 Demandante: Javier Forero Clavijo Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04123-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 250002342000201704123 01
No. Interno : 1170 – 2021 (Híbrido)
Demandante : JAVIER FORERO CLAVIJO
Demandado : Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Actualización de pago de indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica.
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020), por
medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, declaró que operó el fenómeno de la
prescripción trienal extintiva del derecho y negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 1
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Javier Forero Clavijo, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

1
“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación
contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si
el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite
recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual
dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar,
se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.

2

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la
Resolución 00543 del 27 de abril de 2016 suscrita por el subdirector General
de la Policía Nacional, a través de las cual se reconoce el beneficio adicional
contenido en el artículo 65 parágrafo segundo del Decreto 1091 de 1995, sin
embargo, niega la correspondiente indexación de los dineros reconocidos. Así
mismo, peticionó la nulidad de las Resoluciones 01169 del 22 de septiembre
de 2019 y 07951 del 9 de diciembre de 2016, expedidas por el director General
de la Policía Nacional, por medio de las cuales resuelve en forma desfavorable
el recurso de reposición y apelación, respectivamente.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar al demandante al reconocimiento y pago de
la indexación y/o actualización de los valores causados por el beneficio
indemnizatorio, condena que se deberá ajustar tomando como base el Índice
de Precios al Consumidor, así como al pago de los intereses bancarios a la
tasa real más alta del mercado, sobre los valores reconocidos en la sentencia.

1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 21 – 37), en
síntesis, son los siguientes:

El Intendente (P) Javier Forero Clavijo estuvo vinculado al servicio activo de la
Policía Nacional desde el 12 de julio de 1994 hasta el 10 de noviembre de
2008, retirado de la institución por disminución de la capacidad laboral, por
haber sido objeto de un atentado terrorista por parte de las FARC, en el que
sufrió heridas múltiples en diferentes partes del cuerpo, así como un problema
psicológico, conforme al informe administrativo del 18 de mayo de 2007,
adelantado por el Director de Antinarcóticos, quien calificó las lesiones en el
literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, es decir, en el servicio como
consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por
acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del
orden público o en conflicto internacional.

3

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Mediante Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No.
3377 del 31 de junio de 2008, las autoridades médico - laborales le
determinaron una merma de la capacidad laboral del 90.39%, en actos
especiales del servicio por acción directa del enemigo.

Por la Resolución 4876 del 6 de noviembre de 2008, el demandante fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional por incapacidad absoluta y
permanente o gran invalidez, con fecha fiscal a partir del 10 de noviembre de
2008.

A través de la Resolución 00023 del 6 de enero de 2006, le fue reconocida al
demandante pensión de invalidez, a partir del 10 de febrero de 2009,
equivalente al 85% del sueldo básico percibido como Intendente más las
partidas legalmente computables y un 4.5% adicional a la mesada pensional,
conforme a lo establecido en el Decreto 4433 de 2004.

La Subdirección General de la Policía Nacional en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 101 y 102 parágrafo del Decreto 1091 de 1995, reconoció al
demandante la indemnización por pérdida de la capacidad laboral equivalente
a $122.534.323,99, “pero extrañamente y sin asidero jurídico la Policía Nacional
efectuó el reconocimiento violando el principio de legalidad del Decreto 1091 de 1995
(…), norma que expresamente ordena en su artículo 65 parágrafo 2: “Si la disminución
de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios
del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público interno, la indemnización a que se refiere el literal
a) del presente artículo se pagará doble”, es decir, que la Policía Nacional le
adeudaba a mi cliente la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES QUINIETOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIRÉS PESOS CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($122.534.323,29), reconocimiento que debió hacerse de manera
oficiosa en su momento.”

Frente al silencio de la administración respecto del reconocimiento y pago
doble de la indemnización reconocida, y luego de pasar un tiempo razonable
sin pronunciamiento, mediante reclamación administrativa radicada el 13 de

4

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

enero de 2016, el demandante solicitó a la Policía Nacional, el reconocimiento
y pago del beneficio adicional, con su respectiva indexación o actualización.

La Policía Nacional a través de la Resolución 00543 del 27 de abril de 2016,
dispuso el reconocimiento del beneficio adicional “pago doble” de la
indemnización contenida en la norma, sin hacer el reconocimiento de la
indexación y/o actualización de dichos valores, pese haber sido solicitada.

Ante la negativa de la entidad demandada en reconocer y pagar la
correspondiente indexación habida consideración que el pago del beneficio
adicional debió realizarse en el año 2009, se interpuso los recursos en vía
administrativa mediate escrito radicado el 15 de julio de 2016, los cuales fueron
decididos mediante las Resoluciones 01169 del 22 de septiembre de 2016 y
07951 del 9 de diciembre de 2016, argumentando que “como quiera que por ley
el régimen prestacional de la Policía Nacional no contempla la indexación y/o
actualización solicitada, y tampoco se está en presencia de una figura contractual,
solo queda acudir a la vía judicial para que a través del proceso correspondiente un
ente imparcial resuelve de fondo la Litis planteada, así mismo, señala que la
indexación es una facultad expresa de la jurisdicción contenciosa administrativa (…).”

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 2, 4, 25, 48, 53 y 373 de la Constitución Política; 65, 101 y 102
del Decreto 1091 de 1995.

Sostuvo que en el Decreto 1091 de 1995, el presidente de la República ordenó
que el reconocimiento de las prestaciones sociales a las que tiene derecho el
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional o sus beneficiarios sea
tramitado oficiosamente por la Dirección General, motivo por el cual era deber
de la entidad proceder al reconocimiento, liquidación y pago del mencionado
beneficio en su oportunidad.

Refirió que la negligencia y/o desidia de la administración, en reconocer el
beneficio adicional en su debida oportunidad, no puede cargársele al

5

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

demandante, pues la institución policial mantuvo retenidos unos dineros que
no le correspondían, por lo que, al momento de reconocerlos, es decir, 11 años
después, su deber legal es actualizar dichos dineros a efectos de no atentar
en contra de garantías que gobiernan la actividad económica del demandante.

Consideró que la Policía Nacional tiene el deber de reconocer, liquidar y pagar
la indexación respectiva del valor reconocido mediante la Resolución 00543
del 27 de abril de 2016, a través de la cual se determinó pagar el valor adicional
de acuerdo con lo consagrado en el artículo 65 del Decreto 1091 de 1995.

2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a través de
apoderada judicial, contestó la demanda en escrito visible a folios 106 a 111 del
expediente, oponiéndose a las pretensiones de la demandante por carecer de
fundamento jurídico y legal.

Sostuvo que “la administración al efectuar dicho pago no se encontraba liquidando
una sentencia o una decisión judicial, tal como lo pretender ver el demandante,
solicitando la aplicación del artículo 192 del C.P.C.A., referente al cumplimiento de
sentencia o conciliaciones por parte de las entidades públicas, es por tal motivo que
esta defensa manifiesta que en ningún momento la administración vulneró los
derechos fundamentales del demandante toda vez que ya reconoció el pago al que
tenía derecho el señor Intendente, cancelando la suma total correspondiente.”

Refirió que la entidad de manera oficiosa reconoció el pago al demandante,
conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091
de 1995, referente al pago doble, en donde la norma en ningún momento
ordena a la administración que dicho pago debe ser indexado, por lo que la
administración no puede extralimitarse en su competencia y en sus funciones
y hacer más gravosa la situación de la institución, reconociendo y cancelando
valores como la indexación.

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido y acto administrativo
ajustado a la ley.

6

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

3. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la sentencia del 15 de mayo de 2020 (ff. 165 – 1741
reverso), declaró que operó el fenómeno de la prescripción trienal extintiva del
derecho y negó las pretensiones de la demanda.

Analizó el material probatorio allegado al expediente, y el análisis fáctico y legal
para resolver el problema planteado, encontró que conforme a las normas
constitucionales e internacionales, junto con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, se concluye que el pago de las
obligaciones laborales debe ser sensible al paso del tiempo, por lo que es deber
del empleador actualizar el monto de cualquier prestación a la que tenga derecho
el trabajador, en cuanto es la manera de evitar la pérdida del poder adquisitivo
del dinero e impedir que reciba sumas irrisorias por prestaciones sociales o
acreencias laborales a las que tenga derecho.

Resaltó que la indexación, ajuste o actualización está encaminada a que no se
pierda la capacidad adquisitiva de la moneda legal en el tiempo por las
condiciones dadas por la inflación, de manera que la suma reconocida en el 2009
no es equivalente a la dada en 2016, pues han transcurrido 7 años, empero, el
doble nominal dado inicialmente, lo que daría, en principio, la opción de
reconocer la indexación como un valor independiente.

Concluyó que en este caso se debiera acceder a las pretensiones de la
demanda, sin embargo, encontró que operó el fenómeno de la prescripción
trienal extintiva del derecho reclamado, toda vez que el derecho pensional e
indemnizatorio, se consolidó con la estimación de la Junta Médica de la
disminución de la capacidad labora que se materializó en 2009, en el
reconocimiento de la pensión de invalidez y el pago de la indemnización, por o
que toda solicitud sobre el pago doble o la indexación debió hacerse previo al
2012, empero, elevó petición el 13 de enero de 2016, esto es, con posterioridad.

7

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

4. Fundamento del recurso de apelación

La parte demandante, a través de apoderado judicial, formuló recurso de
apelación en contra de la providencia de 15 de mayo de 2020, solicitando se
revoque la sentencia apelada y en su lugar se dicte una nueva providencia en
la cual se acceda a las pretensiones de la demanda, con las siguientes
consideraciones (ff. 183 – 185):

Señaló que, al momento en que el demandante solicitó el pago doble de la
indemnización por incapacidad relativa y permanente, este derecho ya se
encontraba prescrito, al reclamarse 4 años después de la determinación de la
incapacidad y del primer pago realizado, por lo que es la entidad la que
desconoció el criterio extintivo y lo convirtió en una obligación que, para abril
de 2016, era natural, y la pasó a civil y administrativa. Por lo anterior, si la
administración no decidió aplicar prescripción alguna, el pago necesariamente
debía realizarse de manera actualizada.

Refirió que la indexación de la suma reconocida en el año 2016 por concepto
de pago doble de indemnización no está sometida a la prescripción extintiva
del derecho, por ser un derecho de contenido laboral que es irrenunciable,
proviene del régimen de seguridad social de la Fuerza Pública, y la corrección
monetaria es considerado un derecho de raigambre constitucional y que
garantiza el poder adquisitivo de la moneda.

Mencionó que el término prescriptivo comienza a correr desde la exigibilidad
de la obligación, es decir, desde que nace el derecho a reclamar la indexación
de la suma reconocida por concepto del pago doble de la indemnización, con
la expedición de la Resolución 00543 del 27 de abril de 2016, cuando la
entidad reconoce el derecho, sin actualizar.

Afirmó que la entidad tenía la obligación de reconocer en un solo acto, el
beneficio del pago de la indemnización y no abstenerse de ello hasta que el
beneficiario lo reclamara.

8

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

5. Alegatos de conclusión

5.1. Por la parte demandante.

Mediante memorial visible en el índice 16 de SAMAI, el apoderado judicial del
demandante, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su
lugar se acceda a las pretensiones de la demanda y ratificó los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

Resaltó que, de lo consagrado en el artículo 65 del Decreto 1091 de 1995, no
existe argumento que justifique que la entidad demandada, no haya incluido
en la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009, el pago doble de la
indemnización a la que tenía derecho el demandante, reconociéndole
únicamente el valor correspondiente a su indemnización, actuación que
contrarió lo ordenado en la norma, puesto que la Policía Nacional, debió
adelantar oficiosamente el reconocimiento y pago sin necesidad de que
mediara solicitud de parte, tal y como ocurrió en la Resolución 00543 del 27
de abril de 2016.

Señaló que “constituye un hecho evidente que los dineros del “pago doblado de la
indemnización” solo fueron reconocidos, liquidados y pagados en el año 2016 con
ocasión de la Resolución No. 00543 del 27 de abril de 2016, pese a que el derecho
inicialmente fue causado en el año 2009 a partir de la Resolución No. 00096 del 27
de enero de 2009. Por lo tanto, si la “indemnización” y “el pago doble de la misma”
tienen la misma causa legal (artículo 65 Decreto 1091 de 1995) y, una y otra fueron
pagadas en momento diferentes, es claro que la segunda soportó la pérdida de su
valor adquisitivo.”

Reiteró que la entidad debe “reconocer y pagar el valor adicional generado por la
depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo anterior teniendo en
cuenta que, si el retardo o la mora va más allá de un plazo razonable, se genera un
perjuicio que debe ser resarcido de alguna forma, ya sea mediante una sanción
moratoria o por lo menos una actualización del valor del dinero al momento del pago
definitivo de la acreencia u obligación laboral.”

9

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Afirmó que “la indexación de la suma reconocida en el año 2016 por concepto de
beneficio adicional, no está sometida al fenómeno de la prescripción extintiva del
derecho, primero porque deviene de un derecho de contenido laboral que en este
sentido es irrenunciable e innegociable, además proviene del régimen especial de
seguridad de la Fuerza Pública, y segundo porque la corrección monetaria es
considerado un derecho de raigambre constitucional y fundamental que garantiza el
poder adquisitivo de la moneda (…)”. Por lo anterior, no se configura el fenómeno
jurídico procesal de la prescripción, por tratarse de un derecho de actualización
monetaria, toda vez que, independientemente de que la Administración haya
efectuado el referido reconocimiento por la petición que formuló la parte actora
en el año 2016, lo cierto es que el deber de indexar esa suma dineraria surgió
en el momento en que la Policía aceptó la obligación a través de la Resolución
00543 del 27 de abril de 2016i.

5.2. Por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Mediante apoderado judicial, la entidad demandada en el índice 18 de SAMAI
solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, y en su lugar negar
las pretensiones de la demanda por no tener derecho el reclamante al haber
operado la oportunidad procesal para realizar la reclamación, y en su lugar, se
emita sentencia negando las pretensiones.

Sostuvo que la indemnización por lesión reconocida al demandante no es un
reconocimiento periódico, ni salarial, es una prestación por incapacidad
sicofísica reconocida en un solo pago, conforme lo establece los artículos 47
y 65 del Decreto 1091 de 1995, por lo que no se determina que deba ser
actualizado o indemnizada en relación con la no pérdida adquisitiva de la
moneda.

Afirmó que, el a quo aplicó en forma debida el fenómeno de la prescripción,
pues si bien la institución accedió a reajustar la indemnización también lo es
que lo realizó por garantizar la protección de los derechos que ya le estaban
prescritos, conforme al artículo 60 del Decreto 1091 de 1995.

10

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

6. Concepto del Agente del Ministerio Público

Vencido el término concedido mediante auto del 25 de noviembre de 2021
(ff.194), el delegado del Ministerio Público ante el Consejo de Estado se
abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en
establecer si con ocasión al reconocimiento de la indexación de la suma
reconocida por concepto de indemnización doble por disminución de la
capacidad psicofísica, conforme se estableció en la decisión de primera
instancia, es procedente o no aplicar el fenómeno jurídico – procesal de la
prescripción.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de la sentencia del 15 de
mayo de 2020, declaró que operó el fenómeno de la prescripción trienal
extintiva del derecho y negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Análisis de la Sala

Como primer aspecto, la Sala analizará el material probatorio obrante en el
expediente:

2
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.

11

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Mediante la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009, el subdirector de la
Policía Nacional resolvió reconocer y ordenar el pago de la indemnización por
incapacidad relativa y permanente equivalente a $707.180.402,07, según
valores individuales, entre ellos al demandante (f. 5).

Por la Resolución 00543 del 27 de abril de 2016 suscrita por el subdirector
General de la Policía Nacional reconoció y ordenar el pago de la indemnización
por incapacidad relativa y permanente a un personal la suma de
$3.170.469.321,08, según valores individuales, a las personas indicadas en la
nómina 49 de 2016, de acuerdo a las actas médicas expedidas por el Área de
Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía (ff. 6 y 118).

En contra de esta decisión, el demandante interpuso recurso de reposición y
en subsidio apelación (ff. 7 – 8 reverso), en los que expresa su inconformidad
por no haberse ordenado la indexación o actualización de los dineros
reconocidos.

Por medio de las Resoluciones 01169 del 22 de septiembre de 2016 (ff. 10 –
12) y 07951 del 9 de diciembre de 2016 (ff. 14 – 17), la entidad demandada
resuelve los recursos interpuestos, a través de los cuales se negó la solicitud
de indexar el saldo resultante por la indemnización, y confirmaron la decisión
adoptada, respectivamente, con el argumento de que la administración no está
facultada para de manera discrecional agravar la sanción y ordenar la
indexación.

Del contenido de la Resolución 07951 del 9 de diciembre de 2016, se
estableció que a través de la Resolución 00023 del 6 de enero de 2009, el
subdirector de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de una pensión
de invalidez, a partir del 10 de febrero de 2009, fecha en la cual se concluyeron
los 3 meses de alta (ff. 14 reverso).

A folio 9 del expediente, obra la liquidación de la indemnización por
incapacidad relativa y permanente realizada al demandante equivalente al

12

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

90.39%, por las lesiones adquiridas en combate, equivalente a 64.6 meses de
salario, por valor de $122.534.323,29. En dicha certificación se advierte que
mediante la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009 con anterioridad se
había reconocido el mismo valor.

En el folio 19 del plenario, aparece la Hoja de Servicios No. 74302120 del 21
de noviembre de 2008, expedida por la Policía Nacional, en la cual se indica
que el demandante ingresó a la institución el 12 de julio de 1994 como alumno
y para el 10 de noviembre de 2008, fecha de retiro por incapacidad absoluta y
permanente, se desempeñaba como patrullero en el nivel ejecutivo, y acumuló
14 años, 9 meses y 10 días de servicios.

Así las cosas, de las pruebas anteriormente relacionadas, la Sala advierte que
el demandante i) prestó servicios a la Policía Nacional como alumno y
patrullero desde el 12 de julio de 1994 hasta el 10 de noviembre de 2008, fecha
en que fue retirado por incapacidad absoluta permanente; ii) mediante acta del
31 de julio de 2008, la Junta Médico laboral de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional lo calificó como no apto para el servicio, por disminución de
la capacidad laboral del 90.39%, por causa de heridas en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo; iii) le fue concedida pensión de
invalidez a través de la Resolución 00023 del 6 de enero de 2009, a partir del
10 de febrero de 2009; iv) mediante la Resolución 00096 del 27 de enero de
2009 se le reconoció la suma de $122.534.323,29 por concepto de
indemnización por incapacidad relativa y permanente; v) a través de la
Resolución 00543 del 27 de abril de 2016 se le reconoció el pago doble
señalado en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995; vi) por
conducto de las Resoluciones 01169 del 22 de septiembre de 2016 y 07951
del 9 de diciembre de 2016, negó la indexación o actualización de dicha suma.

Para decidir la controversia planteada, se ha de precisar que, si bien la
normatividad no contempla la actualización del pago de la indemnización por
pérdida de la capacidad laboral en el régimen de la fuerza pública, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que “en economías inestables
como la nuestra el mecanismo de la indexación de las obligaciones dinerarias se
convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de

13

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

las acreencias, púes cualquier reconocimiento sin tener en cuenta el aumento de valor
del dinero, resulta inequitativo porque en algunos casos es indiscutible la pérdida del
valor adquisitivo que ocurre, lo que hace que el derecho se liquidé con montos
empobrecidos.”3

Mediante sentencia del 15 de noviembre de 1995, la Sección Segunda de esta
Corporación4, estableció que la indexación no solo tiene un sustento legal en
materia contencioso – administrativa, sino se constituye en un acto de equidad,
cuyo soporte constitucional se encuentra determinado en el artículo 230, en
concordancia con los conceptos de la Constitución que le asignan a las
autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del
Estado, el respeto a la dignidad humana y al trabajo, por lo que no disponer el
ajuste sería no solo un agravio a la integridad patrimonial sino también un
enriquecimiento sin causa de quien en su negativa de reconocer
oportunamente las obligaciones, realiza una erogación menor a la que debía
realizar si hubiese cancelado en tiempo la obligación.

Además, sostuvo que la indexación legal obedece al reconocimiento del hecho
notorio de la constancia y permanente devaluación de la moneda, que, por
tratarse de servidores del Estado, castiga y disminuye en forma continua el
poder adquisitivo de sus ingresos.

Así las cosas, la indexación es un mecanismo para compensar el fenómeno
inflacionario, pues impide que valores monetarios pierdan su capacidad
adquisitiva por el transcurrir del tiempo y, constituye un instrumento de
protección para las obligaciones laborales, puesto que el salario y las
prestaciones son la base de la subsistencia del empleado.

Advierte la Sala que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada tal
actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino también en sede
administrativa, por tratarse de un beneficio legal que garantiza los principios
de equidad y justicia, que conserva la capacidad adquisitiva de las sumas
dinerarias, y evita el detrimento en el valor.

3
Consejo de Estado. sección segunda, subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2021 con ponencia del doctor
Carmelo Perdomo Cuéter, dentro del expediente No. 15001233300020170072301 (2818 – 2019).
4
Dentro del expediente No. 7760, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruíz.

14

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“(…)

En el caso objeto de examen no existe normatividad alguna que
establezca la actualización de las sumas que en vía gubernativa paga la
administración a sus administrados en forma morosa.

Y si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas
adicionales a las que por ley le corresponde, no pueden desconocerse
mandatos preconizados en la Constitución de 1991, contenidos en el
artículo 53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos
fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello
es entonces una expresión de equidad que impone que el pago del salario
debe ser oportuno, dada la inflación y la consecuente pérdida del poder
adquisitivo, que hace imperioso el pago del salario en forma concomitante
con el desarrollo de la relación laboral, dentro de los períodos concebidos
para tal fin.

Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio
de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país,
que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo
que disponer la indexación, en casos como el presente, es una decisión
ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez
encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico como
expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.

No hay duda entonces que tiene aplicación el principio “pro operatio” a
que alude el artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un
criterio del que se auxilia el sentenciador para fundar su decisión.

Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte
actora y que canceló tiempo después de su causación, es la única forma
de impedir que la demandante se vea obligada a percibir un ingreso
devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su
pago efectivo; por ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas
en tiempo sufrieron los rigores del deterioro inflacionario. Lo contrario
implica desconocer no solo el hecho palmario de la inflación, sino desoír
claros principios de equidad. Esta Corporación ha venido decantando
estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.

(…)

No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos
con plenitud de efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez.
En esa medida, al invocar las razones de equidad y de justicia como
sustento, lo que se hace es dar aplicación al modelo constitucional
garantista en el que la validez ya no es un dogma asociado a la mera
existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma,
ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución. Ello por sí
habría legitimado la decisión de la administración de actualizar los pagos

15

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

extemporáneos que efectuó. Como no ocurrió así, procede a esta Sala
ordenarlo mediante este proveído5.” (Subrayado fuera de texto).

Conforme con lo anterior, en la medida en que la obligación de reconocer la
indemnización doble surgía a partir del momento en que se le calificó la pérdida
o disminución de la capacidad laboral al demandante en actos del servicio y
por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, la entidad encargada estaba en la obligación de efectuar el pago
salvaguardando el poder adquisitivo, máxime cuando no lo hizo como
correspondía desde el año 2008, conforme a lo preceptuado en el parágrafo 2
del artículo 65 del Decreto 1091 de 19955, sino a solicitud de parte en el 2016;
por ende, tal derecho no se podía sufragar con sumas empobrecidas por los
efectos inflacionarios.

Advierte la Sala que la indexación de la indemnización (pago doble) puede
realizarse en vía administrativa y es de carácter obligatorio, toda vez, que es
un derecho que deriva directamente de los postulados y pilares fundamentales
del Estado social de derecho que promueven el mantenimiento del poder
adquisitivo de las garantías laborales, en concordancia con los principios de
equidad y justicia social.

Así las cosas, se concluye que, en este caso, es procedente la actualización
de la indemnización doble reconocida al demandante, teniendo en cuenta que
ha debido pagarse en 2008, pero como ello no sucedió en forma completa,
sino hasta cuando se realizó el segundo pago, a través de la Resolución 00543
del 27 de abril de 2016, ello con el objeto de disminuir los efectos de la
depreciación monetaria durante el lapso transcurrido entre 2008 y 2016.

Ahora bien, la Sala advierte que en esta controversia no se configura el
fenómeno jurídico procesal de la prescripción frente al derecho a la
actualización monetaria, como en forma errada lo estimó el a quo, pues
independientemente de que la administración haya efectuado el referido
reconocimiento en virtud de la petición formulada por el demandante en el año

5
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 13 de julio de 2006, expediente 73001-23 31-000-
2002-00720-01(5116-05).

16

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

2016, lo cierto es, que el deber de indexar dicha suma dineraria surgió a partir
del momento en que la Policía Nacional aceptó la obligación a través de la
Resolución 00543 del 27 de abril de 2016, por lo que para el momento en que
se presentó la demanda (4 de julio de 20176) aún no había transcurrido los 4
años que consagra el artículo 60 del Decreto 1091 de 19957, relativo a la
prescripción y su interrupción en lo concerniente al reclamo de prestaciones
unitarias de contenido patrimonial y a las mesadas pensionales del personal
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

La Sala concluye que le asiste razón a la parte demandante con relación a los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, toda vez que, era deber del
empleador garantizar que la suma concedida a través de la Resolución 00543
del 27 de abril de 2016, con relación al doble pago de la indemnización, debía
mantener el poder adquisitivo del dinero, toda vez que demoró más de 7 años
en realizar el reconocimiento y consecuente pago, por tanto, para evitar
menguar el monto de la prestación laboral era obligación de la entidad,
actualizar a la fecha en que se liquidó correctamente la indemnización por
pérdida de la capacidad psicofísica de que trata el parágrafo 2 del artículo 65
del Decreto 1091 de 1995. Así las cosas, es procedente ordenarle a la Policía
Nacional a pagarle al demandante lo correspondiente por actualización del
valor de $122.534.323,29 (monto del pago doble de indemnización), desde el
28 de enero de 20098 hasta el 15 de mayo de 20209, sin lugar a aplicar el
fenómeno de la prescripción, como en forma errada lo hiciera el a quo,
conforme a lo anteriormente expuesto.

Con fundamento en lo anterior, se revocará la parte resolutiva de la sentencia
apelada, teniendo en cuenta que en este caso, no operó el fenómeno de la
prescripción, por lo que, lo procedente era declarar la nulidad parcial de las
Resoluciones 00543 del 27 de abril de 2016, 01169 del 22 de septiembre de
2016 y 07951 del 9 de diciembre de 2016, a través de las cuales se omitió

6
Ver folio 39 del expediente
7
Artículo 60. Prescripción. Los derechos consagrados en este decreto, prescriben en cuatro (4) años que se contarán
desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente, sobre un derecho,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
8
Fecha en que se expide la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009, por la cual se reconoció en forma incompleta la
indemnización por disminución de la capacidad sicofísica al demandante, sin el beneficio adicional consagrado en el
parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995
9
Fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia

17

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

realizar la actualización de las sumas reconocidas por la entidad demandada
con ocasión al pago doble de la indemnización a la que tenía derecho. Como
consecuencia de ello, se condenará a la entidad demandada al reconocimiento
y pago de lo correspondiente por actualización del valor de $122.534.323,29,
desde el 28 de enero de 200910 hasta el 15 de mayo de 202011, sin lugar a
aplicar el fenómeno de la prescripción.

Para finalizar, en relación con la condena en costas, la Sala hace las siguientes
manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables
en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes.” (Resaltado por la Sala).

Dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso12.

10
Fecha en que se expide la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009, por la cual se reconoció en forma incompleta la
indemnización por disminución de la capacidad sicofísica al demandante, sin el beneficio adicional consagrado en el
parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995
11
Fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia
12
Consejo de Estado. Radicación 15001-23-33-000-2013-00072, providencia de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo
Perdomo Cuéter Radicación 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16) providencia de 8 de septiembre de 2017, M.P.
Sandra Lissett Ibarra Vélez.

18

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

En el caso concreto, si bien es cierto la parte demandada fue vencida en el
proceso, no lo es menos que revisado su actuar a lo largo de la actuación, no
se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente el ejercicio de su derecho
de contradicción en beneficio de sus intereses. Conforme con lo anterior, no
se condenará en costas en ninguna de las instancias.

III. DECISIÓN

Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, y vistas las
consideraciones que anteceden, se revocará el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
declaró que operó el fenómeno de la prescripción trienal extintiva del derecho,
y negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar la nulidad
parcial de los actos administrativos demandados, con relación a la omisión en
la actualización de las sumas reconocidas por la entidad demandada con
ocasión al pago doble de la indemnización a la que tenía derecho, y como
consecuencia, se le ordenará a la entidad al reconocimiento y pago de lo
correspondiente por actualización del valor de $122.534.323,29, desde el 28
de enero de 200913, fecha en que se expidió la Resolución 00096 del 27 de
enero de 2009, por medio de la cual se liquidó en forma incompleta la
indemnización por disminución de la capacidad laboral y hasta el 15 de mayo
de 2020, fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, sin lugar a
aplicar el fenómeno de la prescripción.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

13
Fecha en que se expide la Resolución 00096 del 27 de enero de 2009, por la cual se reconoció en forma incompleta la
indemnización por disminución de la capacidad sicofísica al demandante, sin el beneficio adicional consagrado en el
parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995

19

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

FALLA

REVOCAR la sentencia del quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020),
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró que operó el fenómeno de la
prescripción trienal extintiva del derecho, y negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar,

PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones 00543 del 27
de abril de 2016 y 01169 del 22 de septiembre de 2016 proferidas por el
Subdirector General de la Policía Nacional y la Resolución 07951 del 9 de
diciembre de 2016, suscrita por el Director General de la Policía Nacional a
través de las cuales, con la primera se reconoció y ordenó el pago de la
indemnización por incapacidad relativa y permanente, entre los cuales se
encontraba el demandante, y con la segunda y tercera se omitió realizar la
actualización de las sumas reconocidas por la entidad demandada con ocasión
al pago doble de la indemnización a la que tenía derecho.

SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al reconocimiento y pago de
lo correspondiente por actualización del valor de $122.534.323,29,
correspondiente al pago doble de la indemnización, desde el 28 de enero de
2009 hasta el 15 de mayo de 2020, sin lugar a aplicar el fenómeno de la
prescripción, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- Sin condena en costas en ninguna de las instancias.

CUARTO.- Se reconoce personería jurídica al doctor Nelson Torres Romero,
abogado con T.P. No. 326.201 del C. S de la J., para que ejerza la
representación judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
en los términos y para los efectos del escrito visible en la actuación 18
registrada en SAMAI.

20

No. Interno: 1170 – 2021
Demandante: Javier Forero Clavijo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

QUINTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Ausente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.