Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00723-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00723-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00723-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de diciembre de 2021
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
Demandante : Pablo William Roa Cárdenas
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Tema : Actualización de pago de indemnización por
disminución de la capacidad psicofísica
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 29 de enero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual accedió a las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 5 a 25). El señor Pablo William Roa Cárdenas,
a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en
el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 891 de 11 de julio
de 2016 y 134 de 3 de febrero y 1421 de 5 de abril, ambas de 2017, mediante
las cuales la Policía Nacional «[...] reconoce el beneficio adicional contenido
en el artículo 65 parágrafo segundo del decreto 1091 de 1995, pero negó la
correspondiente indexación de los dineros reconocidos [...]» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada «[...] el reconocimiento y pago de la indexación y/o
actualización de los valores causados por el beneficio indemnizatorio»; lo
anterior, junto con el ajuste de valor, los intereses y el cumplimiento de la
sentencia en los términos de ley.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] estuvo vinculado al
servicio activo de la Policía Nacional desde el 12 de febrero de 1996 hasta el
Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
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Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
16 de septiembre de 1999, siendo retirado por disminución de la capacidad
laboral [...]», toda vez que, «[...] mediante Acta de Junta Médico Laboral de
Policía No. 0269 del 29 de enero de 1999, [...] le determinaron una merma de
capacidad laboral del 100%, en acto especiales del servicio por acción directa
del enemigo».
Que «[m]ediante Resolución No. 01239 del 09 de diciembre de 1999, le fue
reconocida [...] Pensión de Invalidez a partir del 16 de diciembre de 1999,
equivalente al 100% del sueldo básico de un Subintendente más las partidas
legalmente computables» (sic), asimismo, le concedió «[...] indemnización por
pérdida de la capacidad laboral por la suma de [...] ($61.979.932,80), pero
extrañamente y sin asidero jurídico la Policía Nacional efectuó el
reconocimiento violando el principio de legalidad del Decreto 1091 de 1995
[...]», en lo relativo al pago doble de esa indemnización.
Agrega que «[...] ante el silencio de la administración respecto del
reconocimiento y pago doble de la indemnización concedida, y luego de pasar
un tiempo razonable sin pronunciamiento; mediante reclamación
administrativa radicada bajo el No. 021522 del 29 de febrero de 2016 [...]
solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento y pago del beneficio adicional
consagrado en el parágrafo 2º del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995, con
su respectiva indexación y/o actualización [...]».
Que «[...] la Policía Nacional mediante Resolución No. 0891 del 11 de julio de
2016, dispuso el reconocimiento del beneficio adicional “pago doble” de la
indemnización [...] sin hacer el reconocimiento de la indexación y/o
actualización de dichos valores, pese a haber sido solicitada [...]», por tanto, el
22 de septiembre siguiente interpuso recursos de reposición y en subsidio
apelación, decididos por la demandada con Resoluciones 134 de 3 de febrero y
1421 de 5 de abril, ambas de 2017, que confirmaron la negativa a la citada
actualización.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 4,
25, 48, 53 y 373 de la Constitución Política y 65 (parágrafo 2º), 101 y 102 del
Decreto 1091 de 1995.
Aduce que «[…] el beneficio adicional “pago doble” sobre la indemnización
por pérdida de la capacidad laboral debe ser indexado y/o actualizado teniendo
en cuenta que el valor reconocido mediante la Resolución No. 00891 del 11 de
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
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julio de 2016 sufrió el deterioro causado por la inflación y la pérdida del valor
adquisitivo, toda vez, que este debió ser pagado junto con la liquidación de la
indemnización por pérdida de la capacidad laboral la cual fue materializada a
través de la Resolución No. 01239 del 09 de diciembre de 1999; lo anterior
teniendo en cuenta que “la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un
fenómeno que puede afectar a todos los tipos de prestaciones por igual”. Por
tanto, «[...] se solicita la indexación del valor reconocido como beneficio
adicional de la prestación en razón de la devaluación de la moneda ocurrida,
debido al tiempo transcurrido desde la fecha en que debió reconocerse dicho
beneficio (pago doble) [...] (09 de diciembre de 1999), hasta la fecha en que se
reconoció efectivamente el beneficio adicional, es decir, 11 de julio de 2016
[...]».
1.2 Contestación de la demanda (ff. 77 a 82 vuelto). La demandada, a través
de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
respecto de los hechos dice que algunos son ciertos y otros deben demostrarse.
Propuso las excepciones que denominó «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD»,
«INEXISTENCIA DE CAUSALES DE ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO», «PRESCRIPCIÓN» y «CADUCIDAD DE LA ACCIÓN».
Asevera que no es viable reconocer la indexación solicitada, toda vez que «[...]
el régimen de la Policía Nacional no contempla dicha prestación, así como
tampoco la corrección o actualización monetaria teniendo en cuenta que la
facultad y competencia para decretarla se encuentra en cabeza de los jueces
naturales. Y que, [...] solo [es] viable la espera de un fallo de carácter judicial
que resuelva de fondo el caso, de manera equitativa y justa [...]».
1.3 Providencia apelada (ff. 182 a 192). El Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante sentencia de 29 de enero de 2019, accedió a las pretensiones
de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] era deber del
empleador garantizar que la suma concedida en favor del demandante
mantuviera el poder adquisitivo del dinero, en tanto demoró casi 17 años en
efectuar su pago, por tanto, para evitar menguar el monto de la prestación
laboral era obligatorio que la actualizara a la fecha en que liquidó
correctamente la indemnización por pérdida de la capacidad sicofísica de que
trata el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995 [...]». En
consecuencia, ordenó a la demandada pagar al demandante la suma de «[...]
($94.631.443) que corresponde a la actualización del valor de $61.979.932
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pesos, desde el 9 de diciembre de 19991 al 29 de enero de 20192 [...]».
1.4 Recurso de apelación (ff. 228 a 233). Inconforme con la anterior sentencia,
la demandada, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, al
estimar que «[...] las causales de nulidad invocadas por el [...] actor, carecen
de sustento legal y por lo tanto los actos demandados deben mantenerse en
cuanto a su presunción de legalidad [...]». Asimismo, pide «[...] se decrete la
prescripción de la indexación solicitada toda vez que el actor consintió el
avance del tiempo sin que solicitara siquiera el pago de los dineros faltantes
[y] mediante escrito [...] del 29 de febrero de 2016 [...] presentó reclamación
administrativa solicitando el reconocimiento y pago doble de indemnización
[...]»; no obstante, «[...] el transcurso del tiempo es un hecho natural que, por
sí mismo o unido a otros requisitos, produce efectos jurídicos. Entre estos
efectos figura la prescripción, instituto jurídico que implica el nacimiento o la
extinción de derechos [...]».
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue concedido mediante
proveído de 6 de mayo de 2019 (ff. 240 y 241) y admitido por esta Corporación
a través de auto de 20 de noviembre siguiente (f. 254), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 260), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras para reiterar sus argumentos de demanda, contestación y apelación.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
1
«Fecha en que se expide la Resolución Nro. 01239, expedida por la Subdirección General de la Policía
Nacional, por la cual reconoció incompleta la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica al
demandante, sin el beneficio adicional consagrado en el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995».
2
«Fecha de la audiencia de fallo».
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Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala establecer si al demandante le asiste derecho o no
para reclamar de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
el pago de la indexación de la suma que le fue reconocida por concepto de
indemnización doble por disminución de la capacidad psicofísica; en caso
afirmativo, determinar si se configura el fenómeno jurídico-procesal de la
prescripción.
3.3 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Hoja de servicios 80441105, expedida por la Policía Nacional, que da cuenta
de que el actor ingresó a la institución el 12 de febrero de 1996 como alumno y
para el 16 de septiembre de 1999, fecha de retiro por incapacidad absoluta
permanente, se desempeñaba como patrullero en el nivel ejecutivo; acumuló 3
años, 10 meses y 2 días de servicios (f. 53).
b) Acta de junta médico-laboral 269 de la dirección de sanidad de la Policía
Nacional de 29 de enero de 1999, mediante la cual calificó al demandante como
no apto para el servicio, con una incapacidad absoluta y permanente, y una
pérdida de la capacidad laboral del 100%, en el servicio por causa de heridas en
combate o como consecuencia de la acción del enemigo, con fijación de índices
por ceguera total, cicatrices con desfiguración facial y pérdida anatómica
funcional de una articulación interfalángica (ff. 26 y 27).
c) Resolución 3962 de 12 de noviembre de 1999 (f. 100), por la que el director
general de la Policía Nacional ascendió al referido policial al grado de
subintendente, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Decreto
1091 de 1995, a partir del 16 de septiembre de ese año.
d) Resolución 1239 de 9 de diciembre de 1999 (ff. 29 a 31), por la cual la
subdirección general de la Policía Nacional reconoció pensión de invalidez al
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), «[e]l juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
5
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demandante, a partir del 16 de diciembre de 1999, equivalente al 100% de «los
últimos haberes recibidos». Además, se le concedieron $80.573.912, como
indemnización por disminución de la capacidad psicofísica.
e) Escrito de 18 de marzo de 2015 (ff. 154 a 157 vuelto), con el que el
demandante pidió de la accionada el «aumento en otro tanto igual o doble de la
indemnización (incapacidad absoluta, permanente y/o gran invalidez en actos
meritorios del servicio)».
f) Memorial de 29 de febrero de 2016 (ff. 165 a 166 vuelto), a través del que el
apoderado del referido subintendente reiteró la reclamación de pago doble de la
indemnización, según el parágrafo 2 del artículo 65 del Decreto 1091 de 1995,
«con la correspondiente actualización e indexación».
g) Resolución 891 de 11 de julio de 2016, por cuyo conducto el subdirector
general de la Policía Nacional «reconoce y ordena el pago de indemnización
por incapacidad relativa y permanente a un personal», incluido el actor, a quien
se le otorgó la suma de $61.979.932, correspondiente al pago doble de aquella.
h) La anterior decisión fue objeto de recursos de reposición y en subsidio
apelación el 22 de septiembre de 2016 (ff. 170 vuelto a 172), en el que el
accionante expresa su inconformidad por no haberse ordenado «la indexación
o actualización de los dineros reconocidos».
i) Resoluciones 134 de 3 de febrero de 2017 (ff. 185 a 187 vuelto) y 1421 de 5
de abril siguiente (ff. 190 a 194 vuelto), por medio de las cuales se resolvieron
los referidos recursos, en el sentido de confirmar el acto recurrido, con el
argumento de que «la administración no está facultada para de manera
discrecional optar por agravar la sanción y ordenar la indexación».
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el actor (i) prestó
servicios a la Policía Nacional como alumno y patrullero desde el 12 de febrero
de 1996 hasta el 16 de septiembre de 1999, fecha en la que fue retirado por
incapacidad absoluta permanente; (ii) mediante acta de 29 de enero de 1999, la
junta médico-laboral de la dirección de sanidad de la Policía Nacional lo calificó
como no apto para el servicio, por disminución de la capacidad laboral del
100%, por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo; (iii) con Resolución 3962 de 12 de noviembre de 1999, fue ascendido
al grado de subintendente; (iv) le fue concedida pensión de invalidez e
indemnización por disminución de la capacidad psicofísica, a través de
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
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Resolución 1239 de 9 de diciembre de 1999; (v) el 18 de marzo de 2015 solicitó
de la demandada el pago doble de la citada indemnización y la reiteró el 29 de
febrero de 2016, con la «correspondiente actualización e indexación»; (vi) la
Policía Nacional, por medio de Resolución 891 de 11 de julio de 2016, concedió
el pago doble indemnizatorio; y (vii) por conducto de las Resoluciones 134 de
3 de febrero de 2017 y 1421 de 5 de abril siguiente, negó la indexación o
actualización de dicha suma.
En virtud de lo anterior, para decidir el asunto que ahora nos ocupa, lo primero
que ha de precisarse es que, si bien la normativa no contempla la actualización
del pago de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral en el régimen
de la fuerza pública, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que
en economías inestables como la nuestra el mecanismo de la indexación de las
obligaciones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que
permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento
sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero, resulta inequitativo porque
en algunos casos es indiscutible la pérdida del valor adquisitivo que ocurre, lo
que hace que el derecho se liquide con montos empobrecidos.
En efecto, en sentencia de 15 de noviembre de 1995 esta sección, expediente
7760, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruiz, consideró que la
indexación no solo tiene un sustento legal en materia contencioso-
administrativa, sino que es un acto de elemental equidad, cuyo soporte
constitucional se encuentra en el artículo 230, en armonía con aquellos
conceptos de la Constitución que le asignan a las autoridades la función de
asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la
dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo, por lo
que no disponer el ajuste sería no solo un agravio a la integridad patrimonial de
quien ha resultado triunfante en el reclamo, sino también un enriquecimiento
sin causa de quien en su negativa de reconocer oportunamente sus obligaciones,
resulta haciendo a la postre una erogación menor a la que debía efectuar si
hubiese cancelado en tiempo su obligación.
Agrega que la indexación legal obedece al reconocimiento del hecho notorio de
la constante y permanente devaluación de la moneda, que tratándose de
servidores del Estado, castiga y disminuye en forma continua el poder
adquisitivo de sus ingresos.
Resulta importante precisar que, contrario a lo que afirma la parte demandada,
tal actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino también en
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
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sede administrativa, comoquiera que es un beneficio legal que garantiza los
principios de equidad y justicia, en virtud de los cuales se conserva la capacidad
adquisitiva las sumas dinerarias, pues lo contrario implicaría un detrimento en
su valor. Así lo ha estimado esta Corporación, en los siguientes términos:
En el caso objeto de examen no existe normatividad alguna que establezca
la actualización de las sumas que en vía gubernativa paga la
administración a sus administrados en forma morosa.
Y si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas
adicionales a las que por ley le corresponde, no pueden desconocerse
mandatos preconizados en la Constitución de 1991, contenidos en el
artículo 53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos
fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello
es entonces una expresión de equidad que impone que el pago del salario
debe ser oportuno, dada la inflación y la consecuente pérdida del poder
adquisitivo, que hace imperioso el pago del salario en forma concomitante
con el desarrollo de la relación laboral, dentro de los períodos concebidos
para tal fin.
Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio
de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país,
que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo
que disponer la indexación, en casos como el presente, es una decisión
ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez
encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como
expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.
No hay duda entonces que tiene aplicación el principio “pro operatio” a
que alude el artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un
criterio del que se auxilia el sentenciador para fundar su decisión.
Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte
actora y que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de
impedir que la demandante se vea obligada a percibir un ingreso
devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su pago
efectivo; por ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas en
tiempo sufrieron los rigores del deterioro inflacionario. Lo contrario
implica desconocer no solo el hecho palmario de la inflación, sino desoír
claros principios de equidad. Esta Corporación ha venido decantando
estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.
[…]
No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos
con plenitud de efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez.
En esa medida, al invocar las razones de equidad y de justicia como
sustento, lo que se hace es dar aplicación al modelo constitucional
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
garantista en el que la validez ya no es un dogma asociado a la mera
existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma,
ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución. Ello por sí
habría legitimado la decisión de la administración de actualizar los pagos
extemporáneos que efectuó. Como no ocurrió así, procede a esta Sala
ordenarlo mediante este proveído4 [se subraya].
De lo anterior se concluye que en la medida en que la obligación de reconocer la
indemnización doble surgía a partir del momento en que se calificó la pérdida o
disminución de la capacidad laboral del actor en actos del servicio y por causa de
heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, el ente estatal
encargado debía efectuar el pago preservando su poder adquisitivo, máxime
cuando no lo hizo como correspondía desde el año 1999, según lo establecido en
el parágrafo 2º del artículo 65 del Decreto 1091 de 19955, sino a solicitud de parte
en el 2016; por ende, tal derecho no se podía sufragar con sumas empobrecidas
por los efectos inflacionarios.
Así las cosas, la indexación de la aludida indemnización puede realizarse en vía
gubernativa por la Administración y es obligatoria, habida consideración de que
es un derecho que deriva directamente de los postulados y pilares fundamentales
del Estado social de derecho que promueven el mantenimiento del poder
adquisitivo de las garantías laborales, en concordancia con los principios de
equidad y justicia social, derechos de alta relevancia constitucional que no deben
ser desconocidos, en virtud del principio pro homine hecho norma de tiempo atrás
en tratados internacionales6, que impone interpretar y aplicar las normas que sean
más favorables a la persona y a sus derechos humanos.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 13 de julio de 2006, expediente 73001-23-
31-000-2002-00720-01(5116-05).
5
«Artículo 65. Disminución de la capacidad sicofísica. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
que presente disminución de la capacidad sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el
artículo 47 de este decreto, tendrá derecho a que el Tesorero Público le pague:
[...]
c) Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido el setenta y cinco por ciento
(75%) o más de la capacidad sicofísica, tendrá derecho a una pensión mensual mientras subsista la
incapacidad, [...]
Parágrafo 1º. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de hechos ocurridos en el
servicio y por causa y razón del mismo, la indemnización de que trata el literal a) de este artículo se aumentará
en la mitad.
Parágrafo 2º. Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos
meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público
interno, la indemnización a que se refiere el literal a) del presente artículo se pagará doble». (negrilla de la
Sala)
6
V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC); art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño.
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
La Sala colige que en el caso sub examine lo que se depreca es la actualización de
la indemnización doble reconocida, en atención a que ha debido pagarse en 1999,
pero como en aquella época no se concedió el derecho de manera completa, hasta
cuando se realizó el segundo pago pasaron varios años; ello con el objeto de paliar
los efectos de la depreciación monetaria durante el lapso trascurrido entre 1999 y
2016.
En consecuencia, en esta controversia de ninguna manera se configura el
fenómeno jurídico-procesal de la prescripción frente al derecho a la actualización
monetaria, toda vez que, independientemente de que la Administración haya
efectuado el referido reconocimiento por la petición que formuló la parte actora
en el año 2016, lo cierto es que el deber de indexar esa suma dineraria surgió en
el momento en que la Policía aceptó tal obligación a través de la Resolución 891
de 11 de julio de 2016.
Por otro lado, dado que la demandada en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que este pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20167, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte demandada, se revocará la condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que accedió a las súplicas de la demanda; y revocará la condena en
costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la demandada.
Por último, en razón a que quien se halla habilitado legalmente para ello confirió
poder en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
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Expediente 15001-23-33-000-2017-00723-01 (2818-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
Nacional8, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de
aquel.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 29 de enero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió a las súplicas de la demanda incoada
por el señor Pablo William Roa Cárdenas contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º. Revócase la condena en costas impuesta a la demandada, que incluye las
agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.
3º. Reconócese personería al abogado Nelson Torres Romero, con cédula de
ciudadanía 80.059.301 y tarjeta profesional 326.201 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
8
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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