Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2018-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2018-00529-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-010-2018-00529-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de abril de 2025
Radicación: 76001-23-33-010-2018-00529-01 (2232-2024)
Demandante: Gabriel Mosquera Orejuela
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-010-2018-00529-01 (2232-2024)1
Demandante: Gabriel Mosquera Orejuela
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: indexación de diferencias pensionales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de febrero de 2024, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante solicitó la nulidad parcial de la resolución que reliquidó la pensión gracia
con factores devengados en el año previo a la adquisición del estatus pensional,
porque consideró que las sumas adeudadas no fueron actualizadas y que el derecho
era exigible desde el año 1997, de modo que era improcedente aplicar la prescripción
de las mesadas.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. El señor Gabriel Mosquera Orejuela, mediante apoderado judicial, presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las siguientes
pretensiones3:
1 Expediente electrónico.
2 30 de noviembre de 2017.
3 Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900, contrato 104 de 2020 - SASI-
2020-09 (.zip) NroActua 25.
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Radicación: 76001-23-33-010-2018-00529-01 (2232-2024)
Demandante: Gabriel Mosquera Orejuela
Demandado: UGPP
(i) Se declare la nulidad de los numerales 2, 3 y 4 de la Resolución RDP 022994
del 1°. de junio de 2017, que reliquidó la pensión gracia incluyendo nuevos factores,
con efectos fiscales desde el 8 de marzo de 2014, por prescripción trienal.
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la UGPP
reconocer «al señor Gabriel Mosquera Orejuela el valor de $361.984, en forma
indexada, hasta la fecha de desembolso, por el valor de $1.316.597,56 mensuales».
Por tanto, pidió que se disponga la modificación del artículo 2 de la Resolución RDP
022994 de 2017 «en el sentido que se disponga que el pago a realizar por la
reliquidación de pensión gracia con todos los factores salariales […] valor que debe
ser cancelado en la cuantía de $1.316.597,56 valor mensual o el valor que resulte
probado; efectiva a partir del 13 de octubre de 1997, con efectos fiscales a partir del
19 de diciembre de 2013».
(iii) Igualmente, solicitó que se ordene el reconocimiento y pago de las mesadas
pensionales causadas, desde la fecha en que el actor adquirió el derecho al cobro
hasta el momento en que sea efectivo el pago.
(iv) Además, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se
condene en costas a la parte demandada.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión gracia al señor
Gabriel Mosquera Orejuela, a través de la Resolución 21746 del 28 de julio de 2005,
efectiva a partir del 13 de octubre de 1997, pero con efectos fiscales desde el 28 de
junio de 2001, por prescripción trienal.
4. El actor solicitó la reliquidación de la pensión gracia para que se incluyeran otros
factores salariales; petición que fue negada mediante la Resolución 58852 del 21 de
abril de 2006. Inconforme con esta decisión el docente interpuso recurso de reposición
que fue radicado el 16 de diciembre de 2006, sin embargo, la entidad no lo contestó.
Ante la falta de respuesta de la entidad, el accionante presentó una acción de tutela
que fue fallada en segunda instancia por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali, que
ordenó que se contestara el recurso de reposición.
5. Por consiguiente, la UGPP profirió la Resolución RDP 022994 del 1° de junio de
2017, que revocó la Resolución 58852 del 21 de abril de 2006 y ordenó reliquidar la
pensión gracia con nuevos factores de salario en el valor de $361.984, desde el 13 de
octubre de 1997, pero con efectos fiscales a partir del 8 de marzo de 2014, por
prescripción trienal.
6. No obstante, el accionante alegó que la entidad no indexó el valor de $361.984
de la mesada pensional para el año 1997, que a la fecha del desembolso debería
corresponder a $1.316.597.
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Demandado: UGPP
7. En la solicitud de conciliación que el actor presentó ante la Procuraduría General
de la Nación se estableció que lo pretendido era que «se ordene a la entidad
convocada a cancelar el valor de $361.984 en forma indexada desde el 19 de
diciembre de 2003, hasta la fecha del desembolso por valor mensual de
$1.316.597,56, sin aplicar la prescripción; se estima la cuantía en $246.426.227».
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1°, 2, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 90, 121, 125 y 209.
De la Ley 114 de 1913, el artículo 2.
De la Ley 24 de 1947, el artículo 1°.
De la Ley 4 de 1966, el artículo 4.
Del Decreto 1743 de 1966, el artículo 5.
De la Ley 33 de 1985, el artículo 1°.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
9. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso que la reliquidación
de la pensión gracia debió reconocerse con efectos retroactivos y sin aplicar la
prescripción, pues el derecho se causó desde el año 1997. Agregó que presentó
oportunamente el recurso de reposición contra la resolución que negó la liquidación
pensional, pero la entidad no lo contestó dentro de los términos legales. Adicionó que
la administración desconoció la obligación legal de pagar lo adeudado debidamente
actualizado con el propósito de mantener el poder adquisitivo.
10. El accionante sostuvo que la entidad desconoció la normativa que regula el
reconocimiento y liquidación de la pensión gracia «al no conceder efectos retroactivos
y limitar el pago de la prestación reconocida en el acto acusado, en los últimos años
anteriores a la solicitud y denegar la petición de indexación sobre el valor a cancelar a
la entidad; siendo que este era el valor al año 1997».
11. Agregó que la UGPP pasó por alto «el mandato legal y el precedente
jurisprudencial según el cual cuando existe una deuda de cualquier índole pendiente
de pago, éste debe efectuarse, actualizando el valor de la moneda, con el fin de
mantener el poder adquisitivo, y no desmejorar la condición económica del acreedor».
2.2. Contestación de la demanda
12. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que CAJANAL, mediante la Resolución 021746 del 20 de julio de 2005, le
reconoció una pensión gracia al accionante en cuantía de $286.000, a partir del 13 de
octubre de 1997, pero con efectos fiscales desde el 28 de junio de 2001. La pensión
fue reliquidada en la Resolución RDP 022994 del 1°. de junio de 2017, que la
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incrementó en el valor de $361.984, desde el 13 de octubre de 1997, con efectos
fiscales a partir el 8 de marzo de 20144.
13. La entidad sostuvo que si bien el derecho a pedir el reajuste de la pensión no
prescribe, lo cierto es que el fenómeno sí opera sobre las mesadas, de modo que se
extinguen todas las diferencias pensionales causadas tres años antes de la petición.
Por otra parte, aclaró que la entidad no puede reconocer de oficio la indexación «en el
acto administrativo que reconoce la reliquidación del actor», ya que es una prerrogativa
del juez contencioso.
14. Señaló que el artículo 53 de la Constitución Política prevé que el Estado
garantizará el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones. En
igual sentido, la Ley 100 de 1993, en el artículo 14, dispone que las pensiones se
reajustarán anualmente de oficio el 1°. de enero de cada año, según el IPC del año
anterior, para mantener el poder adquisitivo constante. Así, aclaró que el área de
nómina aplicó el correspondiente ajuste anual en el mes de enero a todas las mesadas
pensionales del demandante, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor.
15. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios de los actos administrativos
demandados» y «prescripción».
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de
febrero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Por tanto,
declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 22994 del 1°. de junio de 2017 y a
título de restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a indexar la suma reconocida
por concepto de la reliquidación de la pensión gracia del señor Gabriel Mosquera
Orejuela, con efectos fiscales a partir del 30 de noviembre de 2014, por prescripción
trienal. Negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas5.
17. Como fundamento de la decisión, el tribunal consideró que el accionante
pretende la indexación de las sumas reconocidas por la reliquidación de la pensión
gracia, los intereses moratorios y que se establezca que no operó la prescripción. Al
respecto, precisó que la reliquidación de la pensión gracia, reconocida en la
Resolución 022994 del 1°. de junio de 2017 (acto demandado), no tuvo en cuenta que
transcurrieron más de 19 años, desde la fecha de adquisición del estatus pensional, el
13 de octubre de 1997, hasta el 1°. de junio de 2017, fecha de reliquidación de la
pensión, de modo que las sumas adeudadas experimentaron la devaluación y
afectaron el poder adquisitivo del pensionado.
18. Afirmó que sí operó la prescripción de las diferencias que resultaron de la
reliquidación de la mesada pensional, toda vez que transcurrieron más de 3 años
desde la reclamación administrativa hasta la presentación de la demanda. Así explicó
4 Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900,
11_ED_EXPEDIENTE_20180219151033586CD(.pdf) NroActua 25, págs. 81 a 86.
5 Índice 26 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900.
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que, el demandante solicitó la reliquidación de la pensión gracia el 10 de febrero de
2006, negada en la Resolución 58852 del 2 de noviembre de 2006, y presentó el
recurso de reposición el 19 de diciembre de 2006, que solamente fue respondido por
orden de un juez de tutela, a través de la Resolución 022994 del 1°. de junio de 2017,
mientras que la demanda se interpuso el 30 de noviembre de 2017. Por consiguiente,
en atención a que la reclamación administrativa fue el 10 de febrero de 2006, el
interesado tenía 3 años para acudir ante la jurisdicción, sin embargo, la demanda se
presentó el 30 de noviembre de 2017, es decir, 11 años, 9 meses y 20 días después
de la petición.
19. En este orden de ideas, el tribunal determinó que procedía el pago de las
diferencias pensionales desde el 30 de noviembre de 2014, porque se interrumpió la
prescripción con la presentación de la demanda el 30 de noviembre de 2017.
20. Frente al reconocimiento de intereses moratorios, regulados en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993, precisó que no operan en el presente caso, puesto que al
demandante se le reconoció la pensión desde el año 2005, de modo que la entidad no
incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales.
21. En síntesis, determinó que las sumas que resultaron de la reliquidación pensional
deben ser actualizadas y el pago tiene efectos fiscales desde el 30 de noviembre de
2014, por prescripción trienal.
22. Acorde con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, el
Tribunal no condenó en costas, ya que las pretensiones de la demanda prosperaron
parcialmente.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
23. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación para que se
revoque la sentencia de primera instancia, toda vez que, en su criterio, reconoció en
debida forma la mesada pensional aludida, por lo que no es procedente ordenar la
indexación6.
24. Así, explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-589 de 20167,
consideró que «todos los beneficiarios del sistema pensional, incluidas las personas
cuya pensión se causó con anterioridad a la Constitución de 1991 y a la Ley 100 de
1993, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus mesadas
pensionales», y que procede «en los eventos en que ha transcurrido un lapso
importante de tiempo entre el instante en que el trabajador cesa de laborar y el
reconocimiento de la prestación».
25. Sin embargo, afirmó que en el ordenamiento jurídico no existe una norma que
establezca la obligación por parte de las entidades encargadas del reconocimiento del
pago de las pensiones, de indexar o actualizar «el ingreso base de liquidación ya
calculado, es decir, cuando ya se ha determinado el ingreso que servirá de base para
6 Índice 30 idem.
7 Corte Constitucional, sentencia T-589 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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la liquidación del monto pensional. Lo que claramente dispone la norma es que se
debe actualizar cada uno de los salarios o rentas que sirven de base para calcular el
respectivo IBL, lo cual se efectuó al conceder la prestación disputada».
26. En criterio de la entidad, lo pretendido por el actor es la actualización de la
primera mesada pensional, empero, lo único procedente es la «actualización de los
ingresos, salarios y rentas que conforman el IBL».
27. Por ende, en el caso concreto, la entidad considera que se deben negar las
pretensiones de la demanda.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 12 de agosto de 2024, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y al no existir pruebas se
prescindió del periodo para correr traslado a las partes8.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
30. Se circunscribe a establecer según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad parcial de la resolución demandada y ordenó la indexación de las
sumas adeudadas, si:
¿El demandante no tiene derecho a la indexación de las sumas que le fueron pagadas
por concepto de la reliquidación de la pensión gracia, toda vez que la entidad actualizó
los salarios que conforman el ingreso base de liquidación de la pensión?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
31. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 1913 9,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que desempeñe el empleo con
honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.
8 Índice 5 Samai.
9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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32. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
33. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
34. Por su parte, la Ley 91 de 198912, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
3.3.2. Índice de precios al consumidor como forma de indexar valores y evitar la
pérdida del poder adquisitivo
35. Esta corporación en la sentencia del 29 de noviembre de 2024 13, se pronunció
sobre la indexación de las sumas pagadas por la administración, para lo cual explicó
que, según el Banco de la República, la indexación «hace referencia al método por el
cual se vincula el cambio de una variable a la evolución de algún índice. En el caso de
los precios, es común que algunos se incrementen teniendo en cuenta la inflación
pasada o el ajuste del salario mínimo, debido a que existen regulaciones que así lo
establecen […] Por el efecto de la inflación el dinero se deprecia en el tiempo. El valor
actual de un peso permite conocer su poder adquisitivo. Es decir, muestra el cambio
del valor del dinero en el tiempo, convirtiendo pesos colombianos de una fecha del
pasado a valor presente o a valor de una fecha específica. Para realizar este cálculo
se recomienda usar un indicador de precios de la economía, el más utilizado es el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es calculado, publicado y certificado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE […]14».
36. En dicha providencia se explicó que la jurisprudencia ha determinado que la
10 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 63001-23-31-000-2010-00299-01 (2097-2013), M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.
14 Disponible en la web https://www.banrep.gov.co/es/indexacion-y-cuales-son-mecanismos-indexacion-existen
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corrección monetaria o indexación, tiene como objetivo, en desarrollo del principio de
equidad y justicia, ajustar al presente el valor de sumas económicas que con el paso
del tiempo se han depreciado, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo
del dinero, generado por los cambios económicos del país. En otras palabras, esta
figura mantiene el valor económico real ante la devaluación de la moneda, por lo que
la obligación del pago no se modifica, sino que se reajusta a la cantidad equivalente al
momento en que se hace el reconocimiento efectivo del derecho, convirtiéndolo en el
valor real a la época.
37. Igualmente se afirmó que la indexación sirve como un instrumento que equilibra
del fenómeno de la depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida
del poder adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del
país. De modo que el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y
permanente devaluación de la moneda, que disminuye, en forma continua, el poder
adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, es una decisión ajustada a
la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentra sustento en
el artículo 230 de la Carta.
38. La Subsección señaló que si bien no hay ley o norma expresa que contemple
la actualización de las sumas de dinero, no se puede pasar por alto que es un
hecho notorio la permanente devaluación de la moneda de curso legal en
Colombia. Acorde con el principio de equidad y los derechos a la dignidad humana y
al trabajo, es procedente indexar las sumas que hayan sido reconocidas mediante
sentencia de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo. Por ello, se citó la
providencia del 13 de julio de 2006, emitida por la Subsección A, en el expediente
73001-23-31-000-2002-00720- 01(5116-05), en la que se expresó15:
La equidad para remediar injusticias, cuando existe omisión legislativa para solucionar
el caso concreto. La aplicación de la equidad compone uno de los temas complejos de
la jurisprudencia, pues a nadie escapa que una decisión judicial basada solamente en el
principio de la equidad y alejada del texto legal, llevaría a un subjetivismo judicial que no
puede tener cabida en un Estado de Derecho, como quiera que un juez sin el freno legal,
está en riesgo de fallar de acuerdo con sus tendencias ideológicas.
Sin embargo, puede ocurrir que el juez se encuentre en presencia de una situación
completamente nueva, por no haber contemplado el legislador un caso especial y en el
cual aplicar la regla general produce un efecto injusto. Es en este punto donde la equidad
es remedial, en tanto busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de
determinada decisión, dadas las particularidades de la situación objeto de examen.
La equidad se encamina a evitar la arbitrariedad y la injusticia, que se pueda derivar de
la aplicación de una ley a una situación particular cuyas especificidades exigen una
solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 73001-23-31-000-2002-00720-01
(5116-05), M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
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En el caso objeto de examen no existe normatividad alguna que establezca la
actualización de las sumas que en vía gubernativa paga la administración a sus
administrados en forma morosa.
Y si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas adicionales a las que
por ley le corresponde, no pueden desconocerse mandatos de la Constitución de 1991,
contenidos en el artículo 53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos
fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello es entonces una expresión de
equidad que impone que el pago del salario debe ser oportuno, dada la inflación y la
consecuente pérdida del poder adquisitivo, que hace imperioso el pago del salario en
forma concomitante con el desarrollo de la relación laboral, dentro de los períodos
concebidos para tal fin, argumentación que resulta igualmente aplicable cuando se trata
de la pensión de jubilación, máxime cuando la Corte Constitucional reconoció que la
asignación de retiro sí se asimilaba a las pensiones de vejez o jubilación.
Como lo ha sostenido el Consejo de Estado, el ajuste de valor obedece al hecho notorio
de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye
en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, en
casos como el presente, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya
aplicación por parte del juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento
jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.
No hay duda entonces que tiene aplicación el principio "pro operario" a que alude el
artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un criterio del que se auxilia el
sentenciador para fundar su decisión.
Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte actora y que
canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que la
demandante se vea obligada a percibir un ingreso por su sustitución pensional
devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su pago efectivo; por
ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del
deterioro inflacionario. Lo contrario implica desconocer no solo el hecho palmario de la
inflación, sino desatender claros principios de equidad.
[…]
El fin de la Constitución es implantar el derecho mediante la justicia, la libertad, la
igualdad y el pluralismo político y por ello proclama valores superiores del ordenamiento
jurídico; luego dentro de la dialéctica constitucional caben no sólo las leyes formales,
sino todos los valores constitucionales y los principios.
No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos con plenitud de
efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez. En esa medida, al invocar las
razones de equidad y de justicia como sustento, lo que se hace es dar aplicación al
modelo constitucional garantista en el que la validez ya no es un dogma asociado a la
mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma, ligada a la
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coherencia de sus significados con la Constitución. Ello por sí habría legitimado la
decisión de la administración de actualizar los pagos extemporáneos que efectuó. Como
no ocurrió así, procede este Despacho a ordenarlo mediante este proveído».
39. Por tanto, esta Subsección en la citada sentencia del 29 de noviembre de 2024
concluyó que el reajuste que implique la indexación no hace la deuda más onerosa, ya
que solo mantiene su valor económico real frente a la progresiva devaluación de la
moneda, es decir, la obligación no se modifica, sino que se establece el quantum en
cantidad equivalente al momento del reconocimiento efectivo del derecho que se
traduce en el valor real de la moneda para la época.
40. Así mismo, es importante traer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en
la sentencia SU 837 de 200216, abordó el lugar y función de la equidad dentro del
derecho como criterio orientador de interpretación en los espacios que el legislador no
ha suplido, para brindar una decisión justa, en los siguientes términos:
Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su
función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un caso cuyas
particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador, dado que éste se funda para
legislar en los casos usuales, no en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa
consiste en no haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general
produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio
legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige
decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley,
en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la
aplicación de la ley resultaría una injusticia.
41. Consecuentemente, la jurisprudencia ha acudido al principio de equidad como
remedio contra la devaluación en economías inestables e inflacionarias, como factor
de justicia «que permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier
reconocimiento sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero, resulta inequitativo
porque en algunos casos es indiscutible la pérdida del valor adquisitivo que ocurre, lo
que hace que el derecho se liquide con montos empobrecidos […]» 17. Así mismo, el
pago de valores devaluados favorecería el «enriquecimiento sin causa de quien en su
negativa de reconocer oportunamente sus obligaciones, resulta haciendo a la postre
una erogación menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su
obligación»18.
3.4. Hechos probados
42. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
16 Corte Constitucional, sentencia SU 837 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de diciembre de 2021, proceso con radicado
15001233300020170072301 (2818-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 Idem.
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• Reconocimiento pensional
43. La Caja Nacional de Previsión Social, mediante la Resolución 21746 del 28 de julio
de 2005, le reconoció una pensión gracia al señor Gabriel Mosquera Orejuela desde
el 13 de octubre de 1997, pero con efectos fiscales desde el 28 de junio de 2000, por
prescripción. Explicó que la pensión se liquidó con la asignación básica para los años
1996 y 1997, y la mesada correspondió al valor $286.00019.
• Reliquidación pensional
44. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 58852 del 21 de
octubre de 2006, negó la reliquidación de la pensión gracia con nuevos factores
salariales con fundamento en que las normas que regulan esta pensión no mencionan
los factores de liquidación20.
45. En escrito del 19 de diciembre de 2006, el actor presentó recurso de reposición
contra la Resolución 58852 del 21 de octubre de 2006, porque CAJANAL no incluyó en
la liquidación todos los factores salariales certificados y tampoco consideró que el valor
de la pensión debía actualizarse por la pérdida del valor adquisitivo21.
46. La UGPP, a través de la Resolución RDP 022994 del 1°. de junio de 2017, en
cumplimiento del fallo de tutela, dictado por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Santiago
de Cali, que amparó el derecho de petición del señor Gabriel Mosquera Orejuela,
resolvió el recurso de reposición y decidió lo siguiente: (i) revocar la Resolución 58852
del 21 de octubre de 2006; y (ii) reliquidar la pensión gracia en el valor de $361.984
desde el 13 de octubre de 1997, con efectos fiscales a partir del 8 de marzo de 2014
por prescripción22:
Que de conformidad con la Ley 4 de 1966 y su Decreto reglamentario 1743 de 1966 es
procedente efectuar la siguiente liquidación tomando el 75% de lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del derecho, es decir, el periodo comprendido
entre el 13 de octubre de 1996 y el 12 de octubre de 1997, así:
Factores Año Valor total
Asignación básica mes 1996 929.768
Prima 1° y 2° semestre 1996 80.550
Prima alimentación 1996 36.834
Prima vacaciones 1996 390
Asignación básica mes 1997 4.084.187
Prima 1° y 2° semestre 1997 352.945
Prima alimentación 1997 125.424
Prima vacaciones 1997 180.227
Prima vacaciones 1997 1.410
19Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900, Contrato 104 de 2020 - SASI-
2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 25, doc. 20.
20 Idem, doc. 28.
21 Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900, Contrato 104 de 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 25, págs. 11 a 12.
22 Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900, Contrato 104 de 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 25, pág. 58.
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Total 5.791.735
47. En la citada Resolución RDP 022994 del 1°. de junio de 2017, CAJANAL así mismo
dispuso que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional debía pagar al
interesado las diferencias que resultaren de aplicar la reliquidación, respecto a la
pensión reconocida en la Resolución 21746 del 29 de julio de 2005.
48. También obra en el proceso la liquidación que realizó la UGPP para establecer el
monto a pagar reconocido en la Resolución RDP 022994 del 1 de junio de 2017, que
indica como valor inicial: $361.984 (1997) y valor final: $1.270.854 (2017), de igual
manera en el siguiente cuadro se observa el valor de la mesada sin reliquidar y el
reliquidado para el 201723:
Periodo Salario mínimo Mesada Mesada actual Diferencia
anterior
01/01/2017 - 737.717 1.004.089 1.270.854 266.764
30/06/2017
49. En la misma liquidación se indicó que el total adeudado era $11.388.590,78, el
cual corresponde a las diferencias de las mesadas causadas por la reliquidación de la
pensión para los años 2014, 2015, 2016, y hasta el 30 de junio de 2017. Estos valores
fueron relacionados de la siguiente manera:
Periodo Mesada Mesada Diferencia Mesada
anterior actual adicional
08/03/2014 31/12/2014 857.880,08 1.085.812,88 227.922,80 455.845,59
01/01/2015 31/12/2015 236.264,77 472.529,54
889.288,86 1.125.553,63
01/01/2016 31/12/2016 949.493,71 1.201.753,61 252.259,90 504.519,79
01/01/2017 30/06/2017 1.004.089,60 1.270.854,44 266.764,84 266.764,83
50. Según el certificado del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional ( FOPEP)
del 23 de agosto de 2017, al señor Gabriel Mosquera Orejuela, en el mes de julio de
2017, se le hizo un pago por el valor de $12.659.445, y el mes de agosto la mesada
pagada correspondió al valor de $1.270.85424. Como se observa este valor de
$12.659.445 integra la suma de $11.388.590,78, más la mesada de julio por el valor
de $1.270.854.
51. Por otra parte, la UGPP certificó que «una vez verificados los aplicativos de
información y consulta de la Unidad, se evidenció que la Resolución RDP 022994 del
1° de junio de 2017, fue incluida en la nómina del mes de julio de 2017, junto con el
valor retroactivo correspondiente a los periodos desde el 8 de marzo de 2014 hasta el
30 de junio de 2017, de conformidad con lo ordenado por dicho acto administrativo»25.
52. El actor aportó con la demanda un anexo que contiene una liquidación elaborada
23 Idem, págs. 41 a 42.
24 Índice 25 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900, Contrato 104 de 2020 - SASI-
2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 25, págs. 38 a 41.
25 Idem, pág. 43.
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por una contadora pública donde calculó el valor de la indexación adeudada, por la
cual, a su juicio, el valor de la mesada reliquidada para el año 1997 de $361.984, a la
fecha del desembolso en el 2017 correspondía a un promedio de $1.316.597.
3.5. Caso concreto
53. El actor solicitó la nulidad parcial de la Resolución RDP 022994 del 1°. de junio de
2017 que reliquidó su pensión gracia, con efectos fiscales a partir del 8 de marzo de
2014 por prescripción. La demanda se fundamentó en que la UGPP omitió actualizar
los valores reconocidos por concepto de la reliquidación. Agregó que la reliquidación
debió tener efectos retroactivos completos desde 1997, sin aplicar la prescripción.
54. El tribunal determinó, en el auto que prescindió de la audiencia inicial26, que la
cuestión a resolver era establecer si la UGPP debió indexar la cuota de $361.984 hasta
la fecha de desembolso, y si los efectos fiscales por prescripción trienal eran desde
2003 o a partir del 8 de marzo de 2014. Posteriormente, en la sentencia de primera
instancia, el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones, en consecuencia, ordenó
la indexación de la reliquidación de la pensión gracia.
55. Inconforme con esta decisión, la UGPP presentó recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y señaló que lo pretendido por el actor es la actualización de
la primera mesada pensional; sin embargo, a su juicio, lo único procedente es la
actualización de los salarios que integran el ingreso base de liquidación lo cual se
efectuó al otorgar la pensión. Así indicó que «lo que claramente dispone la norma es
que se debe actualizar cada uno de los salarios o rentas que sirven de base para
calcular el respectivo IBL, lo cual se efectuó al conceder la prestación disputada».
3.5.1. La indexación de la primera mesada pensional
56. Con el objeto de desatar el recurso de apelación, se observa que el tribunal en
la parte motiva del fallo de primera instancia indicó que el acto demandado no había
indexado la mesada pensional que el actor devengaba desde 2005, fecha de
expedición de la resolución de reconocimiento de la pensión gracia. A su vez, la UGPP
interpuso recurso de apelación alegando que no existe fundamento para el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, cuando ya se ha
calculado el ingreso base de liquidación.
57. En este orden de ideas, prima facie se precisa que la indexación de la primera
mesada pensional se refiere a la actualización del salario base de liquidación de la
pensión cuando el trabajador se retiró del servicio, pero aún no tiene estatus pensional,
porque no ha cumplido la edad, en otras palabras en los casos que «mediaba un lapso
considerable entre la desvinculación del trabajador y el cumplimiento de la edad
requerida», tal como se explica en la siguiente providencia de la Corte Suprema de
Justicia:
26 Índice 16 Samai, proceso en el Tribunal con radicado 76001233301020180052900.
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Desde la sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087, se unificó la jurisprudencia
desarrollada hasta ese entonces por las antiguas Secciones Primera y Segunda de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y se concluyó básicamente:
i) que la inflación generaba un fenómeno social problemático, en tanto ocasionaba
pérdida del poder adquisitivo de la moneda; ii) que ante tal panorama debían adoptarse
correctivos tales como la indexación, en aras de restaurar el equilibrio económico. […]
Específicamente, en torno a las pensiones de jubilación, esta Corporación, en
sentencia del 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, explicó que era procedente la
actualización del salario que servía de base para calcular el monto inicial de la mesada,
teniendo en cuenta principios como la “justicia” y la “equidad”, así como el hecho notorio
de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del trabajador, por el tiempo que
transcurriese entre su retiro del servicio y el reconocimiento efectivo de la pensión.
[…]
En definitiva, la posición defendida por la Corte expresaba que la inflación producía
efectos claros sobre las pensiones de jubilación, cuando mediaba un lapso
considerable entre la desvinculación del trabajador y el cumplimiento de la edad
requerida; que, por dicha virtud, se debía reliquidar el monto inicial de la prestación,
ajustando el salario que había servido de base para la liquidación, con el fin de
resguardar el poder adquisitivo de la mesada […]27.
58. En síntesis, como el actor en este proceso no se retiró del servicio docente y
adquirió el estatus pensional mucho tiempo después28, no se está ante los supuestos
de la indexación de la primera mesada pensional. Siendo diferente lo pedido en la
demanda sobre la actualización de la reliquidación de la pensión gracia, valores a los
cuales considera tener derecho sin que se aplique la prescripción.
59. Por otra parte, se destaca que la UGPP confunde el reajuste periódico que se
hace con base en el IPC (art. 14. Ley 100 de 1993), con la actualización de las sumas
pagadas extemporáneamente por la administración, pese a que el primero es un deber
oficioso y periódico, y el segundo, una herramienta judicial para salvaguardar el valor
real de derechos económicos reconocidos tardíamente.
3.5.2. Derecho laboral a la actualización de las sumas adeudadas al pensionado
60. Entonces, impera continuar con el estudio del punto de derecho relativo a la
actualización de las sumas pagadas a título de reliquidación de la pensión gracia desde
el 8 de marzo de 2014 a junio de 2017, por el valor nominal de $11.388.590,78, como
pasa a explicarse.
61. Al respecto, en el proceso está acreditado que CAJANAL, en la Resolución
21746 del 28 de julio de 2005, le reconoció una pensión gracia al señor Gabriel
Mosquera Orejuela desde el 13 de octubre de 1997, liquidada únicamente con la
asignación básica del año anterior a la adquisición del estatus pensional (1996-1997),
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 16 de octubre de 2013, SL736-2013.
28 El actor adquirió el estatus pensional el 13 de octubre de 1997 y prestó sus servicios como docente hasta el 17
de septiembre de 2003, como consta en la Resolución 21746 del 28 de julio de 2005.
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en el valor de $286.000 y declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del
28 de junio de 2000.
62. El actor solicitó la reliquidación de la pensión para que se incluyeran todos los
factores salariales, petición que fue negada en la Resolución 58852 del 21 de octubre
de 2006. Contra este acto administrativo, el demandante interpuso recurso de
reposición el 19 de diciembre de 2006; sin embargo, la UGPP resolvió este recurso,
solamente hasta el 1° de junio de 2017, a través de la Resolución 022994, en la que
decidió reliquidar la pensión gracia en el valor de $361.984 desde el 13 de octubre de
1997, con efectos fiscales a partir del 8 de marzo de 2014 por prescripción.
63. Dicha Resolución 022994 del 1° de junio de 2017 reliquidó la pensión con los
siguientes factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional (1997): asignación básica, primas de primer y segundo semestre, de
alimentación y de vacaciones. Además, dispuso que el FOPEP le debía pagar al
interesado las diferencias entre la mesada pagada y la reliquidada, y en el proceso
consta que, en el mes de julio de 2017, el FOPEP hizo un pago por el valor de
$12.659.445, y que el mes de agosto la mesada pagada correspondió al valor de
$1.270.854. Así pues, la mesada sin reliquidar hasta el mes de junio de 2017 fue de
$1.004.089 y la mesada reliquidada correspondió al valor de $1.270.854.
64. También obra en el proceso la liquidación que realizó la UGPP, en cumplimiento
de la Resolución 022994 del 1° de junio de 2017, y la certificación en la cual indicó que
se pagó el valor retroactivo de las diferencias pensionales desde el 8 de marzo de
2014 hasta el 30 de junio de 2017.
65. Ahora bien, a partir del estudio de la liquidación, se extrae que la pensión gracia
inicialmente reconocida por la entidad en el año 1997 en el valor de $286.000, liquidada
solamente con la asignación básica, fue reliquidada en el valor de $361.984.
Finalmente, para el año 2017, la pensión correspondía al valor de $1.270.854. Y,
según el reporte de liquidación de la Resolución 022994 del 1° de junio de 2017, la
UGPP incrementó la pensión con el IPC anual hasta el año 2017. Así pues, la UGPP
cumplió con la obligación prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
66. Igualmente, la UGPP calculó las diferencias pensionales causadas desde el 8 de
marzo de 2014 hasta el 30 de junio de 2017, haciendo la comparación entre la pensión
pagada y la pensión reliquidada mes a mes. La liquidación señaló que el total
adeudado era $11.388.590,78, por las diferencias de las mesadas causadas por la
reliquidación de la pensión para los años 2014, 2015, 2016, hasta el 30 de junio de
2017, así:
Periodo Mesada Mesada Diferencia Mesada
anterior actual adicional
08/03/2014 31/12/2014 857.880,08 1.085.812,88 227.922,80 455.845,59
01/01/2015 31/12/2015 236.264,77 472.529,54
889.288,86 1.125.553,63
01/01/2016 31/12/2016 949.493,71 1.201.753,61 252.259,90 504.519,79
01/01/2017 30/06/2017 1.004.089,60 1.270.854,44 266.764,84 266.764,83
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67. Sin embargo, la referida liquidación no refleja que esos valores hayan sido
actualizados, es decir, traídos a valor presente desde 2014 hasta la fecha de pago en
el mes de julio de 2017. De modo que ciertamente el valor nominal pagado al
accionante por $11.388.590,78, en el mes de julio de 2017, debía ser corregido
monetariamente, por ello, las sumas que resultaron de la reliquidación pensional tenían
que ser actualizadas.
68. Para la Subsección, la UGPP pagó una suma devaluada afectada por la
inflación, la cual es un hecho notorio, y a la luz del principio de equidad (art. 230 de la
C.P.), la entidad que no pagó a tiempo sus obligaciones, no puede reconocer una suma
depreciada que perdió su poder adquisitivo, tal como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial. Aceptar el pago de sumas en valores nominales, que han perdido
poder adquisitivo por el simple transcurso del tiempo, implicaría validar un
enriquecimiento sin causa a favor de la administración.
69. En efecto, la corrección monetaria o indexación tiene como objetivo ajustar el
valor de sumas económicas depreciadas con el tiempo, para evitar la pérdida del poder
adquisitivo del dinero debido a cambios económicos. Este mecanismo mantiene el
valor económico real ante la devaluación de la moneda, sin modificar la obligación de
pago, sino reajustándola al valor equivalente al momento del reconocimiento efectivo
del derecho. La indexación actúa como un instrumento frente a la depreciación de la
moneda, ajustando el valor debido a la constante devaluación, lo que es una decisión
ajustada a la ley y un acto de equidad, sustentado en el artículo 230 de la Constitución
Política.
70. Se reitera que la devaluación constante de la moneda hace procedente la
indexación de sumas reconocidas. Así pues, se acude a la equidad para contrarrestar
la devaluación en economías inestables, garantizando el pago del valor real de las
acreencias y evitando el enriquecimiento sin causa de las entidades que retrasan el
pago de sus obligaciones. Así mismo, se destaca que la figura de la indexación en los
derechos laborales sí tiene sustento constitucional y jurisprudencial, tal como lo
explicó la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:
La indexación laboral. El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos
jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los
problemas de equidad, humanos y sociales que surgen de la inflación galopante. No
se puede olvidar así que del trabajo depende la subsistencia y realización de los seres
humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en
cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción
afectados directamente por la inflación.
[…]
Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional y foránea han aceptado, basándose
en principios de equidad de justicia, la corrección monetaria de determinadas
obligaciones laborales, teniendo en cuenta la notoria y apreciable desvalorización del
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poder adquisitivo de la moneda, cuya incidencia ha traspasado no sólo el ámbito
económico, sino también el jurídico29.
71. También es relevante citar el fallo de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado del 18 de febrero de 2010, en el cual se consideró que los pagos
ordenados a título de diferencia de la mesada pensional se efectuaron
extemporáneamente «esto es, con posterioridad al reconocimiento de la pensión
debiendo la entidad demandada, en consecuencia, actualizar dichas sumas»30.
72. Por consiguiente, la Resolución RDP 022994 del 1°. de junio de 2017 sí está
viciada de nulidad parcial, puesto que desconoció el derecho laboral a la indexación
de las sumas adeudadas por las diferencias de las mesadas pensionales reliquidadas.
Ello, en atención a que no ordenó la actualización de la suma de $11.388.590,78, por
concepto de las diferencias adeudadas que se causaron desde el 8 de marzo de 2014
al mes de junio de 2017, sino que por el contrario, el FOPEP pagó el citado valor
nominal en la nómina del mes de julio de 2017, sin que fuera corregido
monetariamente.
73. En síntesis, la Sala determina que el derecho a la corrección monetaria o
actualización del valor retroactivo adeudado por concepto de una reliquidación
pensional tiene su fundamento en el principio de equidad (art. 230 C.P), así como en
los artículos 48 y 53 idem, por ende, el pago extemporáneo o tardío de la sumas
resultado de la reliquidación debe ser actualizado a la fecha de la inclusión en nómina
o pago efectivo.
3.6. Conclusión
74. Por lo anterior, la Sala considera que el accionante tiene derecho al
reconocimiento actualizado del valor retroactivo reconocido por concepto de la
reliquidación de la pensión gracia con nuevos factores salariales, toda vez que la
efectividad del pago de las diferencias de las mesadas pensionales se causó desde el
mes de marzo de 2014, pero el pago se hizo en el mes de julio de 2017.
75. Por consiguiente, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
nulidad parcial del acto demandado, pero según los motivos expuestos en
precedencia, en el entendido que la entidad deberá actualizar el valor pagado por
concepto de las diferencias de las mesadas pensionales por la suma de
$11.388.590,78.
29 Antología jurisprudencial, Corte Suprema de Justicia, 1886-2006, primera edición, junio 2007, Consejo Superior
de la Judicatura. Gaceta 2433 del 31 de mayo de 1998. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, proceso con radicado
08001-23-31-000-2007-00732-01 (2734-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicación: 76001-23-33-010-2018-00529-01 (2232-2024)
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4. Costas
76. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena en esta instancia, en atención a que no se advierte que aquella haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca del 14 de febrero de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, pero por los motivos expuestos en la parte motiva, en el entendido que la
entidad deberá actualizar el valor pagado por concepto de las diferencias de las
mesadas pensionales.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
SALVAMENTO DE VOTO
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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