Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04186-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-04186-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04186-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04186-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Demandante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró probada la
excepción de pago parcial y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
demostró el pago total de la obligación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 25 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se declaró no probada
la excepción de prescripción, parcialmente probada la excepción de pago y se ordenó
seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se promovió demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el propósito
de obtener el pago de las sumas derivadas la sentencia proferida el 3 de julio de 2009
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el Consejo de Estado el
2 de mayo de 2013.
2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de
$60.695.204, por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida
por ese Tribunal el 3 de julio de 2009 y confirmada por el Consejo de Estado el 2 de mayo
de 2013, causados desde el 29 de junio de 2013 y hasta cuando se efectuara el pago
total, conforme a lo previsto en el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A.; adicionalmente,
pidió la condena en costas a la entidad demandada.
3. Se indicó que, la decisión proferida por el Tribunal y confirmada por el Consejo de
Estado, consistió en reliquidar la pensión de la ejecutante con inclusión de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios y que, además se ordenó el
cumplimiento en los términos establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A; por
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
lo que, posteriormente, Cajanal (hoy UGPP) expidió la Resolución RDP 052164 del 13
de noviembre de 2013, con la finalidad de dar cumplimiento a los referidos fallos.
4. Agregó que, en enero de 2014, la UGPP reportó al Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (Consorcio FOPEP) la novedad de la inclusión en nómina de la RDP
052164, por lo cual, se pagó a la demandante la suma de $184.069.022 por concepto de
diferencias de mesadas atrasadas e indexación; no obstante, quedó pendiente el pago
de los intereses moratorios (Art. 177 CCA), que fueron ordenados en sede judicial y
reconocidos en el acto administrativo de cumplimiento.
Trámite en primera instancia
5. Mediante auto del 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca libró mandamiento de pago a favor de Lyda Stella Días de Amézquita y
contra la UGPP, por concepto de los intereses moratorios causados sobre el capital
insoluto de $27.859.343,82 liquidados desde el 25 de enero de 2014 hasta cuando se
efectúe el pago total de la obligación (capital insoluto) y ordenó a la entidad cancelar
dichas sumas dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación1.
Contestación de la demanda
6. La UGPP se opuso a las pretensiones para lo cual formuló la excepción de pago de la
obligación. Sostuvo que había dado cumplimiento a los fallos judiciales con anterioridad
al mandamiento de pago, a través de los actos administrativos contenidos en la
Resolución RDP 052164 del 13 de noviembre de 2013 y en la Resolución RDP 023913
del 31 de julio de 2014, así como en soportes de desembolso (cupones de pago de
febrero y marzo de 2014)
7. Precisó que los intereses moratorios liquidados por el periodo comprendido entre el 28
de junio de 2013 y el 31 de enero de 2014 ascendían a $10.347.638,61, suma que afirmó
haber cancelado mediante orden de pago No. 167601315 efectiva el 26 de junio de 2015;
por lo que, pidió declarar probada la excepción y terminar el proceso conforme al artículo
461 del CGP.
8. Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción, con fundamento en el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969. Al respecto, sostuvo que, aunque el derecho pensional y
los reajustes no prescriben, sí lo hacen las mesadas y, por ende, se habría configurado
dicho fenómeno respecto de las obligaciones pensionales, así como los intereses
corrientes y/o moratorios e indexación causados con anterioridad a los tres años previos
a la presentación de la demanda. Finalmente, formuló una excepción genérica y solicitó
al despacho ejercer poderes oficiosos para decretar pruebas y declarar de oficio las
excepciones que aparecieran probadas.
1 Esta decisión se profirió luego de que el Consejo de Estado, mediante auto del 25 de enero de 2024, revocara un
auto anterior de fecha 19 de septiembre del año 2017, por medio del cual se había librado mandamiento de pago de
forma parcial por la suma de $31.149.923,90. En dicha decisión, el Consejo de Estado ordenó analizar si resultaba
viable librar mandamiento de pago o no, previa liquidación que observe la regla de imputación de pagos prevista en el
artículo 1653 del código civil.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
II. SENTENCIA APELADA
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 25 de agosto de 2025,
declaró no probada la excepción de prescripción, declaró probada parcialmente la
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución por el valor de $75.903.613
por concepto de saldo insoluto de los intereses moratorios causados desde el 25 de
enero de 2014 hasta el 25 de agosto de 2025 (fecha de la providencia) y por la suma de
$27.589.343.82, correspondiente al valor de los intereses que se causen desde el 26 de
agosto de 2025 hasta cuando se realice el pago total de la obligación.
10. En primera medida se pronunció respecto de la excepción de prescripción y señaló
que la misma no tenía vocación de prosperidad en atención a que lo que se estaba
alegando era la prescripción del derecho y que dicho aspecto fue objeto de estudio y
pronunciamiento en el proceso ordinario.
11. Para determinar el estado de la obligación, el Tribunal identificó el título ejecutivo y
verificó los soportes de cumplimiento aportados por la UGPP, la Resolución RDP 052164
del 13 de noviembre de 2013 y la información de desembolsos; además, delimitó el
periodo relevante para la causación de intereses moratorios, en atención a las fechas de
ejecutoria y al momento en que se consolidó el pago parcial invocado por la entidad.
12. En ese sentido, estableció que la UGPP acreditó un pago parcial por intereses
moratorios liquidados para el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2013 y el 31
de enero de 2014, pero que ello no extinguió íntegramente la obligación, pues
permanecía un saldo insoluto de $75.903.613 por concepto de intereses moratorios.
13. En consecuencia, declaró parcialmente probada la excepción de pago y ordenó
seguir adelante con la ejecución por el saldo insoluto de intereses moratorios, el cual
limitó en $75.903.613,1, luego de establecer un total de intereses de $86.251.251,71
causados desde el 25 de enero de 2014 hasta el 25 de agosto de 2025 y descontar el
pago acreditado; adicionalmente, dispuso que se causaran intereses moratorios desde el
26 de agosto de 2025 y hasta el pago total de la obligación, sin condena en costas.
III. RECURSO DE APELACIÓN
14. La UGPP interpuso recurso de apelación y alegó, como punto de partida, una “grave
irregularidad” desde el mandamiento de pago. Sostuvo que la demanda ejecutiva se
formuló únicamente para obtener intereses moratorios causados entre el 29 de junio de
2013 (día siguiente a la ejecutoria) y el 25 de enero de 2014 (fecha en que, a su juicio,
se pagó la obligación), y que así lo entendió el despacho cuando libró mandamiento por
$31.149.923,90 para ese mismo periodo.
15. Indicó que el Tribunal, al ordenar seguir adelante la ejecución, aplicó de manera
equivocada la imputación del pago, pues dio aplicación al artículo 1653 del Código Civil
y consideró que el abono debía imputarse primero a intereses y luego a capital, lo que
condujo a tener como insoluto un “capital” de $27.859.343,82 y a generar intereses desde
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
el 25 de enero de 2014, con un resultado final de condena por $75.903.613,1. Con apoyo
en jurisprudencia del Consejo de Estado (30 de mayo de 2024, rad. 25000-23-42-000-
2016-02688-01), la UGPP adujo que el artículo 1653 no puede aplicarse
automáticamente en asuntos pensionales y que, por la destinación específica y
naturaleza parafiscal de los recursos del sistema, los pagos deben imputarse al capital
(retroactivo e indexación), de modo que solo existiría saldo por intereses del periodo
29/06/2013 a 25/01/2014.
16. En consecuencia, solicitó modificar o revocar la decisión, estableciendo que el pago
efectuado por la UGPP se imputara al capital y no a intereses.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto proferido el 4 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
19. La Sala debe establecer si fue correcto ordenar seguir adelante con la ejecución por
un saldo de intereses moratorios y al disponer su causación con posterioridad al 25 de
enero de 2014, pese a que la UGPP alegó que el trámite ejecutivo (según la demanda y
el mandamiento de pago) se encontraba delimitado al reconocimiento de intereses
únicamente por el periodo comprendido entre el 29 de junio de 2013 y el 25 de enero de
2014.
20. Igualmente, corresponde definir si el a quo aplicó adecuadamente las reglas de
imputación del pago al sustentar la liquidación del crédito en el artículo 1653 del Código
Civil, o si, por el contrario, debió imputar el pago al capital conforme a la tesis expuesta
por la entidad, con incidencia directa en la determinación del saldo insoluto y, por ende,
en la procedencia y cuantía de la orden de seguir adelante la ejecución.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
Análisis del problema jurídico
21. La Sala confirmará la sentencia del 25 de agosto de 2025, por cuanto los argumentos
expuestos por la UGPP en el recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos
jurídicos y probatorios que condujeron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a
ordenar seguir adelante con la ejecución por el saldo insoluto de intereses moratorios.
22. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.2
23. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.
24. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.
25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.3
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-
23-42-000-2021-00111-01 (2853-2024)
3 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-
23-36-000-2019-00141-02.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
26. En este caso, el auto que libró mandamiento de pago el 5 de noviembre de 2024
delimitó con precisión el objeto ejecutivo. En dicha providencia se dejó establecido que
la ejecutante únicamente persigue el pago de intereses moratorios, no capital, derivados
de las sentencias proferidas el 3 de julio de 2009 y el 2 de mayo de 2013, ejecutoriadas
el 28 de junio de 2013. Asimismo, se aplicó expresamente la regla de imputación prevista
en el artículo 1653 del Código Civil, conforme lo dispuesto por el Consejo de Estado en
auto del 25 de enero de 2024.
27. El Tribunal estableció que los intereses moratorios liquidados desde el 29 de junio de
2013 hasta el 24 de enero de 2014 ascendían a $27.859.343,82, calculados sobre un
capital neto de $184.069.022,91. Sin embargo, al aplicar la regla del artículo 1653 del
Código Civil (según la cual el pago se imputa primero a intereses y luego a capital)
concluyó que el monto pagado por la entidad ($184.069.022,91) debía abonarse
inicialmente a intereses, lo que dejaba un capital insoluto de $27.859.343,82, sobre el
cual continuaban causándose intereses desde el 25 de enero de 2014.
28. Es decir, el propio mandamiento de pago resolvió el debate estructural que ahora
reitera la UGPP en apelación: la imputación debía realizarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 1653 del Código Civil. Esta no fue una decisión discrecional del Tribunal, sino
una orden expresa del Consejo de Estado que condicionó el nuevo estudio del
mandamiento ejecutivo. En consecuencia, el reproche de indebida aplicación de la regla
de imputación desconoce que dicha metodología constituye el marco jurídico obligatorio
del proceso desde el auto que libró el mandamiento.
29. De otra parte, la alegada “delimitación temporal” hasta el 25 de enero de 2014 no
puede entenderse como un límite absoluto a la causación de intereses. El propio
mandamiento establece que, al subsistir un capital insoluto luego de aplicar la regla de
imputación, los intereses se causan desde el 25 de enero de 2014 “hasta cuando se
efectúe el pago total de la obligación”. Por tanto, la continuidad de la mora no constituye
una ampliación indebida del proceso ejecutivo, sino la consecuencia de la existencia de
saldo pendiente.
30. La UGPP tenía la carga de acreditar que ese saldo quedó íntegramente extinguido
con pagos posteriores. No obstante, no se demuestra que el capital insoluto determinado
en el mandamiento haya sido cancelado en su totalidad. La discrepancia se mantiene en
el plano conceptual sobre imputación, mas no en el plano probatorio sobre pago efectivo.
31. La decisión de seguir adelante con la ejecución no desconoce el mandamiento de
pago ni incurre en grave irregularidad. Por el contrario, desarrolla exactamente la
estructura definida en el auto que libró el mandamiento; esto es, la aplicación del artículo
1653 del Código Civil, la determinación de capital insoluto, y la causación de intereses
hasta el pago efectivo.
32. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
probada parcialmente la excepción de pago de la obligación y ordenó seguir adelante con
la ejecución por el saldo insoluto fijado, sin perjuicio de la concreción final del monto en
la etapa de liquidación del crédito con aplicación de los pagos efectivamente acreditados.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
Costas en segunda instancia
33. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
35. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
36. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
37. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad ejecutada, por cuanto se negaron
totalmente las peticiones de los respectivos recursos de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04186-02 (2972-2025)
Ejecutante: Lyda Stella Díaz Vda. de Amézquita.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.