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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04309-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar se dispone: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la señora Blanca Inés Bejarano de Gómez no tiene la obligación de reintegrar las sumas de dinero por valor de CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CATOCE CON 14/100 M/CTE ($103.735.208,14) por concepto de mayores valores pagados por mesadas pensionadas hasta tanto la entidad demandada no ejerza las acciones legales correspondientes. SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia, para en cambio CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada dentro del presente proceso. TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia. CUARTO: CONFIRMAR en los demás el fallo apelado, pero por las razones aquí expuestas. QUINTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio, portadora de la tarjeta profesional 214.303 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 26 de la plataforma SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Radicado: 25000-23-42-000-2017-04309-01 (5455-2019) SEXTO: ACEPTAR LA SUSTITUCIÓN de poder que realiza la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez, portador de la tarjeta profesional 292.122 del Consejo Superior de la Judicatura y RECONOCER personería adjetiva a este en los términos y con las facultades conferidas en la sustitución. SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04309-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04309-01 (5455-2019)
Demandante: Blanca Inés Bejarano de Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Falta de competencia para expedir actos administrativos
demandados. Reintegro de mayores valores pagados por
concepto de pensión gracia. Ámbito de la autotutela
administrativa. Principio de legalidad. REVOCA NUMERALES
TERCERO Y CUARTO. CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por parte demandante
como por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintisiete (27) de
junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora BLANCA INÉS BEJARANO DE GÓMEZ instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la

UGPP: (i) Resolución RDP 047843 del 19 de diciembre de 2016, por medio de la
cual se determinaron unos mayores valores recibidos por concepto de mesadas
pensionales a favor del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y a cargo de la
señora Bejarano de Gómez y; (ii) Resolución RDP 007979 del 1 de marzo de 2017,
que resolvió de forma negativa el recurso de reposición interpuesto en contra del
anterior acto administrativo.

1 Folios 23 a 25, Cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04309-01 (5455-2019)

A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que la señora Blanca
Inés Bejarano de Gómez no recibió la suma de $103.735.208, por concepto de
mayores mesadas recibidas sin soporte alguno y que, por tanto, no está obligada a
pagar suma alguna a la UGPP.

En subsidio de las anteriores pretensiones, solicitó que se ordene a la UGPP que
someta cualquier decisión administrativa al principio de prejudicialidad, habida
cuenta de la investigación iniciada por la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de
Anticorrupción – Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción
con radicado núm. 1100160001012015001.

Igualmente, que la autoridad demandada sea condenada en costas y agencias en
derecho.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

La señora Blanca Inés Bejarano de Gómez, prestó sus servicios como maestra entre
el 17 de julio de 1970 y el 30 de enero de 2001, por lo que la extinta Caja Nacional
de Previsión (CAJANAL) le reconoció la pensión gracia mediante la Resolución
15723 del 22 de junio de 2001, en cuantía de $1.022.629,53, efectiva a partir del 26
de diciembre de 1999.

Posteriormente dicha prestación fue reliquidada con base en nuevos factores
salariales, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Bogotá3, elevando la cuantía a $1.162.206,41, efectiva a partir
del 26 de diciembre de 1999 pero con efectos fiscales a partir del 28 de junio de
2002 por prescripción trienal.

Posteriormente, en el segundo semestre de 2008, la demandante fue contactada
por un funcionario del magisterio, Néstor John Ávila Vega, quien le sugirió la
posibilidad de tramitar un nuevo reajuste en su pensión gracia. Para proceder con
este trámite, Ávila Vega solicitó conferir poder a nombre de unos abogados a los
que él recomendaba.

Sin embargo, de forma posterior descubrió que el poder otorgado fue utilizado de
manera fraudulenta en perjuicio de CAJANAL. Esto llevó a la Fiscalía 38 de la
Unidad Nacional Anticorrupción a citar en julio de 2016, donde se le informó a la
demandante de una investigación por fraude contra CAJANAL en la que estaban
involucrados varios maestros del departamento de Cundinamarca.

2 Folios 25 y 26.
3 En dicho fallo se tutelaron los derechos al «debido proceso, igualdad, reconocimiento a una pensión justa y

vida digna» y ordenó CAJANAL- que «en el término de 40 días, contados a partir de la notificación del fallo, les
reliquidara a todos los accionantes [2.805 pensionados] la pensión […] conforme todos los factores salariales,
tales como sobresueldos nacional, doble acción, doble asignación, triple asignación, prima de alimentación,
bonificaciones, sin prescripciones, (sic) junto con la retroactividad de la reliquidación […]”

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Durante el proceso de investigación, la demandante logró demostrar que su nombre
y su reclamo por reajuste de pensiones fueron utilizados fraudulentamente para
fines ilícitos, aprovechándose de las debilidades en el control interno de CAJANAL.

A pesar de su cooperación en la investigación, la demandante se vio sometida la
decisión adoptada por la UGPP mediante Resolución RDP 047843 del 19 de
diciembre de 2016. En dicha resolución, se determinó que la demandante debía
pagar la suma de $103.735,208.14 por presuntos mayores valores de mesadas
pensionales.

Dicha decisión fue recurrida mediante los recursos de reposición y apelación,
argumentando que la UGPP había actuado sin realizar las verificaciones pertinentes
ni haber recibido los resultados de la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, la
UGPP mediante las Resoluciones RDP 007979 del 1 de marzo de 2017 y RDP
047843 de 19 de diciembre de 2016, confirmó al desatar ambos recursos.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 31 de octubre de 20174 y notificada a
la UGPP5, ello con solicitud de medida cautelar que fuere decretado por auto del 6
de febrero de 2018, decisión que quedó en firme al no haber interpuesto recursos
en contra de ella.

Por su parte, la entidad demandada presentó memorial de contestación6, en el cual
manifestó que, dentro de sus funciones se encuentra la facultad de recaudo y la
prerrogativa de cobro activo, incluyendo el proceso de cobro de mayores dineros
pagados debido a inconsistencias en la información laboral, pensional o en el
cálculo de las prestaciones económicas, las cuales se fundamentan en los artículos
6 del Decreto 575 de 2013, 98 de la Ley 1437 de 2011 y 5 de la Ley 1066 de 2006.

Adicionalmente argumenta que, como parte de su responsabilidad de disponer de
recursos públicos, es necesario recuperar las sumas pagadas de manera indebida.
En este sentido, se destaca la verificación de mayores valores pagados por
mesadas pensionales a la señora Bejarano de Gómez, particularmente un pago
efectuado sin soporte alguno en el mes de diciembre de 2008.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado, (ii) inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, y iii) genérica.

En la audiencia inicial7 el tribunal advirtió que las excepciones propuestas no podían
ser consideradas como previas, por tanto, postergó el estudio de estas al momento
de proferir sentencia. Adicionalmente, en esta diligencia se fijó el litigio, se declaró
la falta de ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas y se dispuso fijar
fecha para para la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA.
De forma posterior, mediante auto se incorporaron las pruebas documentales

4 Folios 44 a 45, Cdno. Ppal.
5 Folio 98, Cdno. Ppal.
6 Folios 52 a 56, Cdno. Ppal.
7 Folios 68 a 69, Cdno. Ppal.

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decretadas y se dio traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto de considerarlo
necesario.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 27 de junio de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido que encontró desvirtuada la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados al evidenciar que hubo
desconocimiento del debido proceso, específicamente en lo que concierne al
derecho de audiencia y defensa de la demandante, al no haberse surtido el
procedimiento establecido en los artículos 34 y siguientes del CPACA. Sin embargo,
declaró que no había lugar al restablecimiento del derecho solicitado.

Para arribar a esta conclusión efectuó como fundamento las siguientes
consideraciones:

Que dentro del procedimiento para la conformación del título ejecutivo contenido en
los actos administrativos cuya nulidad se pretende en el presente medio de control,
la UGPP no respetó las garantías mínimas de audiencia y defensa de la
demandante, pues no se le dio la oportunidad de controvertir las pruebas que
fundamentaron el procedimiento y máxime si se tiene en cuenta que tal y como la
misma entidad lo acepta «(...) no se encontró documento soporte del reporte del
periodo comprendido 2008-12, en el cual se le reportó a la señora BLANCA INES
BEJARANO, la suma de $ 103.735.208,14 M/cte. (no se encuentra ni resolución, ni
liquidación detallada ni soporte alguno de este pago en dicho periodo) (...)».

Que de aceptarse en gracia de discusión que el procedimiento adelantando por la
UGPP para constituir el título ejecutivo contenido en los actos administrativos objeto
de demanda fue legal, debe advertirse que en los documentos aportados por la
UGPP, no obra prueba alguna de la cual pueda desprenderse con claridad que la
demandante efectivamente recibió la ya mencionada suma de dinero y, si
eventualmente dichos valores fueron puestos a su disposición, por lo que no obra
prueba alguna que pueda desvirtuar la presunción de buena fe que cobija a la aquí
demandante.

Que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las autoridades,
por tanto, en este caso era imperativo que mediante un procedimiento administrativo
la UGPP acreditara que la señora Blanca Inés Bejarano de Gómez no obró con
lealtad, rectitud y honestidad, sino que, por el contrario, acudió a maniobras
engañosas o documentos falsos, para inducir en error a la administración y a las
autoridades judiciales, con el fin de obtener la reliquidación de su prestación
pensional y apropiarse de sumas de dinero a las cuales no tiene derecho, como así
se lo endilga la demandada.

Que no basta la sola afirmación efectuada por la entidad demandante en el curso
del proceso, referida a la ilegalidad del presunto pago efectuado a favor de la

8 Folios 107 a 115, Cdno Ppal.

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demandante, para que sea procedente el reintegro de los dineros cancelados
ilegalmente; se hace necesario que obren las pruebas que permitan establecer que
esos dineros efectivamente fueron recibidos por la demandante y/o que su conducta
se apartó del postulado constitucional de la buena fe, supuestos que no fueron
probados en el curso del proceso.

A pesar de lo anterior, el Tribunal falló desestimando el restablecimiento del derecho
solicitado, por cuanto consideró que «la demandante no probó con grado de certeza,
más allá de toda duda razonable, que la suma de dinero que la UGPP le está
endilgando a título de mayores valores de mesadas pensionales recibidas,
efectivamente no ingresó a su patrimonio, pues esta situación únicamente podrá ser
definida una vez se adelante un debido proceso por parte de la entidad demandada
en su contra».

Igualmente, tampoco accedió a la solicitud subsidiaria de someter las decisiones
administrativas al principio de lesividad debido a que la investigación penal en curso
no determina la responsabilidad administrativa. Para ello, estableció que se trata de
responsabilidades autónomas y distintas, y que las diferencias entre el derecho
administrativo y penal hacen innecesaria una decisión previa en el ámbito penal
para definir la responsabilidad administrativa.

Finalmente, precisa que la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados no es óbice para que la entidad demandada adelante el procedimiento
administrativo correspondiente frente a la demandante, pero con la observancia de
la normativa legal y constitucional aplicable al procedimiento administrativo común
y principal, garantizando el debido proceso y el derecho de audiencia y de defensa.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante9 inconforme con la decisión solicitó que se revoquen los
numerales tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia. En su lugar, pidió
que se declare que la señora Blanca Bejarano no está obligada a pagar a favor de
la Dirección del Tesoro Nacional la suma de $103.735.208, como presuntamente
fue determinado en el memorando de la Subdirección de Nómina de Pensionados
de la UGPP, por supuestos mayores valores de mesadas pensionales recibidas sin
soporte, y que se condene en costas a la entidad demandada.

Para fundamentar su petición, planteó dos argumentos principales: primero, que la
sentencia pasó por alto las pruebas que demuestran que la demandante no recibió
los fondos que la UGPP afirma haber entregado; segundo, que la desestimación de
la condena en costas es injusta, ya que la actuación de la entidad demandada obligó
a la señora Bejarano a incurrir en honorarios de abogados que de otra manera no
habría necesitado.

Frente a la primera línea de defensa señaló que aunque la decisión de la UGPP de
emitir un mandamiento de pago contra la demandante carecía de fundamentos
fácticos o probatorios sólidos, violando el debido proceso y los principios de
contradicción, defensa y audiencia, así como la presunción de buena fe a favor de

9 Folios 122 a 137.

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la demandante, el Tribunal rechazó la restitución del derecho solicitada,
argumentando que la demandante no demostró de manera irrefutable que no recibió
los fondos, y que esta cuestión solo podría resolverse en un proceso posterior.

Sin embargo, esto contradice la realidad procesal, ya que al afirmarse en la
demanda que la señora Bejarano de Gómez no recibió los fondos sobre los cuales
se determinó la deuda, se invertía la carga de la prueba, siendo la autoridad
administrativa quien debía demostrar que la demandante sí había recibido los
fondos.

Que, en el proceso judicial, quedó claro que la demandante no recibió el dinero,
como lo afirmó desde el inicio del proceso, pues las pruebas presentadas, entre
ellas los memorandos suscritos por la Subdirección de Nómina de Pensionados
radicado núm. 201680012844182 de fecha 18 de agosto de 2016, núm.
201614200779983 del 24 de noviembre de 2016, muestran que la UGPP no tenía
evidencia de haber realizado los pagos a la demandante. A pesar de esto, la
sentencia no concedió el restablecimiento del derecho solicitado, lo que contradice
la presunción de buena fe a favor de la demandante y las reglas sobre el valor
probatorio de las afirmaciones indefinidas.

Que a pesar de que las conclusiones anteriores respaldaban el restablecimiento del
derecho solicitado, el Tribunal lo negó basándose en la falta de prueba de que la
demandante no había recibido dinero, lo que contradice las reglas y el valor
probatorio de las afirmaciones indefinidas, según las cuales estas no son
susceptibles de prueba, por lo que le corresponde a la parte demandada probar el
supuesto de hecho contrario.

Que entonces, el llamado a probar que la demandante había recibido una suma de
dinero por concepto de mayores valores de mesadas pensionales, producto de la
reliquidación, era la UGPP, obligada a probar la mala fe de la administrada y al no
haberse demostrado ninguno de dichos elementos, la sentencia debió haber
concedido el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda.

Frente a la segunda línea de defensa señaló que, por efecto de considerar
improcedente la pretensión de la demanda relacionada con el restablecimiento del
derecho, la sentencia impugnada desestimó igualmente la pretensión de condenar
en costas a la demandada, por lo que, en caso de que se considere que sí procedía
el restablecimiento del derecho se solicita igualmente estudiar la procedencia de la
condena en costas, en los términos del artículo 188 del CPACA y los artículos 361
y siguientes, y las demás disposiciones pertinentes del Código General del Proceso.

Para lo anterior, se debe tener en cuenta, además, que, si la demandante tuvo que
incurrir en costos de abogado y gastos procesales, fue precisamente por las causas
que llevaron a decretar la nulidad de los actos administrativos impugnados, es decir,
por la flagrante violación de sus derechos al debido proceso, de audiencia, de
contradicción y de defensa.

La UGPP presentó apelación en contra de la decisión, en miras a que se revoque y
se desestimen las pretensiones de la demanda para lo cual se argumentó que la

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demandante, Blanca Inés Bejarano de Gómez, adeuda al Sistema General de
Pensiones un valor capital que asciende a la suma de $103.735.208,14, adeudo
que constituye un enriquecimiento injusto para la demandante y un perjuicio para la
entidad, según lo establecido en el artículo 831 del Código de Comercio y el principio
de justicia.

Que la UGPP, en virtud del numeral 10 del artículo 6 del Decreto 575 de 22 de
marzo de 2013, tiene la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales para
corregir inconsistencias en la información pensional y recuperar pagos indebidos.

Que los actos administrativos demandados, conservan incólume su presunción de
validez y surten plenamente sus efectos al mundo jurídico, puesto que estos no han
sido desvirtuados por la demandante, toda vez que los mismos no contienen vicio
alguno que conlleve su anulación, ya que fueron expedidos por la autoridad
competente, observando la ritualidad exigida para su creación y ejecutoria, tanto los
motivos en los que se funda como la motivación que en él se lee son consistentes
y congruentes con las normas superiores en las que se funda, por lo tanto los vicios
que se le imputan carecen de fundamento de acuerdo a los preceptos de nuestro
ordenamiento jurídico.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La UGPP10 destacó en sus alegatos de conclusión el deber de recaudo y la
prerrogativa del cobro coactivo para las entidades públicas, basándose en los
artículos 98 de la Ley 1437 de 2011 y 5 de la Ley 1066 de 2006, los cuales otorgan
la facultad de adelantar el cobro coactivo o la acción ante los jueces competentes
como medios legales para el cumplimiento de dichas obligaciones.

La parte demandante guardó silencio en esta instancia11.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Segunda Delegada se abstuvo de intervenir en el trámite de
segunda instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la entidad
demandada tenía competencia para expedir los actos administrativos que
ordenaron a la hoy demandante el reintegro de unos valores que le fueron pagados
por concepto de la reliquidación de la pensión gracia, en virtud de un acto
administrativo expedido en cumplimiento de un fallo de tutela.

Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) la legalidad de los
actos administrativos y el principio de justicia rogada, ii) el debido proceso
administrativo, iii) la competencia como presupuesto de validez de los actos
administrativos, iv) el principio de autotutela administrativa y finalmente, v) se
resolverá el caso concreto.

10 Índice 13 SAMAI.
11 Folio 161 de SAMAI.

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De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que,
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho y, por lo tanto, que es obligatorio y puede ejecutarse.
En ese sentido, esta figura, consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA,
conlleva que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del
acto recaiga sobre quien la alega12, pues como presunción legal admite prueba y
argumentación en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.

Esta presunción se ve reflejada en algunas normas como la prevista en el numeral
4 del artículo 162 del CPACA, que frente a los requisitos del contenido de la
demanda consagra que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo,
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. Dicha
exigencia se enmarca en la defensa del debido proceso del demandado, pues limita
los aspectos de los que tendrá que defenderse y los términos en que se expusieron
los problemas jurídicos al juez y, por lo tanto, su campo de decisión.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se encuentra y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación
judicial de un acto administrativo que se indique en la demanda las normas violadas
y el concepto de violación.

Así, el alto tribunal consideró que la exigencia se justifica en la presunción de
legalidad del acto administrativo y en la inviabilidad que el juez busque
oficiosamente las posibles causas de nulidad, máxime por las dificultades prácticas
que implicaría. Sin embargo, condicionó la constitucionalidad del precepto en
estudio bajo el entendido de que «cuando el juez administrativo advierta la
violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata,
deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere
cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación.
Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una
norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución».

En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación13 al exponer que:

12 Providencia citada en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de

2022, radicado:11001-03-25-000-2019-00601-00 (4727-2019).
13 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del 21 de abril

de 2018, radicado: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04309-01 (5455-2019)

«[…] conviene anotar que el principio de la jurisdicción rogada tiene fundamento en
la presunción de legalidad de los actos administrativos en los términos indicados por
el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, pero debe precisarse que aquel no puede
entenderse como absoluto en esta jurisdicción y menos aún en materia laboral,
especialidad dentro de la cual se conciben derechos mínimos e irrenunciables, que
obligan al juez a dar aplicación a normas superiores, tal y como sucede cuando se
acude a las excepciones de convencionalidad, inconstitucionalidad, de ilegalidad,
como tampoco si se está en presencia de eventos como el descrito en la sentencia
C-197 de 1999, la cual prevé la obligación del juez contencioso administrativo de
atender la norma constitucional cuando se encuentre frente a derechos
fundamentales de aplicación inmediata o cuando debe decidir de oficio sobre
excepciones previas o de fondo, solo para señalar algunas excepciones que se
pueden presentar al carácter restrictivo del marco impuesto por los argumentos de
las partes. […]».

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento
superior.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional14 y del Consejo de Estado15, en
reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo está
constituido por las siguientes prerrogativas:

• Ser oído durante toda la actuación,
• A la notificación oportuna y de conformidad con la ley,
• A que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas,
• A que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación,
• A que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de
las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,
• A gozar de la presunción de inocencia,
• Al ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
• A solicitar, aportar y controvertir pruebas, y
• A impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación del debido proceso.

14 Corte Constitucional, sentencia C-980 del 1° de diciembre de 2010, referencia: expediente D-8104. Demanda

de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 2010.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2019, radicado: 05001-23-

33-000-2014-02189-01(1171-18).

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En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que
sus actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos, la protección de sus derechos de
contradicción y defensa, sin embargo, no toda irregularidad dentro del
procedimiento dará lugar a la nulidad de los actos, sino cuando aquella implique el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quien pueda resultar afectado
con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos16.

Como se puede observar, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico17, el material18, el territorial19 y
en algunos casos el temporal20.

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece

16 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-014 del 21 de enero de 1993 precisó que «[…] la

valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos
vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan
la regularidad de su ejercicio. [...]».
17 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
18 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a

la autoridad que lo expidió. «Es el qué de la competencia»: Ibidem, p. 125.
19 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
20 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.

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de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de
esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado21.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

En palabras del autor Jaime Orlando Santofimio Gamboa22, este concepto está
vinculado «al de la capacidad que el ordenamiento jurídico le reconoce a la
administración pública para la realización autónoma de los bienes jurídicos que se
le han atribuido y que se concreta en la materialización, sin injerencia judicial, de
sus decisiones a través de operaciones tendientes al cumplimiento de los cometidos
estatales, […]».

Sin embargo, esta facultad de autotutela de la administración no es irrestricta ya
que encuentra límites en el interés general y en las competencias que
explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Así, uno de los postulados
esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades públicas o los
particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena
autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en
una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse el
cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como

21 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso»: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 15 de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
22 Cfr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Compendio de derecho administrativo, Bogotá, Universidad

Externado de Colombia, 2017, p. 267.

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desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse.

Al respecto, el Consejo de Estado23 ha precisado que según la naturaleza de las
prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo
declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en
ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a
través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de
un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las
operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer
efectiva una determinada situación jurídica».

Resolución del caso concreto

De la entrega del expediente pensional de la accionante por parte de CAJANAL a
la UGPP, mediante acta 481 de agosto de 2012 y con ocasión a la solicitud de
inspección24 efectuada por el coordinador del Grupo de Trabajo de Anticorrupción
en el marco del proceso penal adelantado por la Fiscalía 38 Grupo de Fiscalías para
Investigar Fraudes al Sistema Pensional del País identificado con el radicado
núm.110016000101201500011, la Subdirección Jurídica de la entidad demandada
detectó una «conducta injustificada» en un pago efectuado en diciembre de 2008 a
la señora Blanca Inés Bejarano, el cual carece de respaldo documental en el
histórico del FOPEP. Por ende, se requirió al equipo de nómina de la entidad que
certificara dicho pago mediante un memorando radicado bajo el núm.
201611101829631 del 24 de junio de 201625.

El subdirector jurídico pensional de la UGPP, en respuesta a la detección de
posibles irregularidades, solicitó al Coordinador de Operaciones de la Subdirección
de Gestión Documental26 revisar la viabilidad de iniciar un procedimiento para
determinar posibles pagos excesivos de mesadas pensionales. Esta solicitud se
fundamentó en el análisis de las investigaciones realizadas por la Fiscalía 38
Dirección Nacional contra la Corrupción, las cuales involucran presuntas falsedades
por parte de la Gobernación de Cundinamarca y fueron remitidas a la unidad para
su evaluación.

Posteriormente, la subdirectora de Nómina de Pensionados, en oficio fechado el 24
de noviembre de 201627, informó que no era factible proporcionar una liquidación
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado: 25000-

23-25-000-2011-01239-01(3870-14).
24 CD, folio 62, archivo «ECM 2095529», pág. 214.
25 Ibid. págs. 221 a 224.
26 Mediante memorando con radicado núm. 201680012844182 del 18 de agosto de 2016. Ibid., págs. 5 a 8.
27 Ibid. Pág. 39.

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detallada y que, para ello, se necesitaba la creación de un título específico.

Como resultado de las diligencias, se emitió la Resolución RDP 047843 de 19 de
diciembre de 201628, mediante la cual se determinaron pagos excesivos recibidos
por concepto de mesadas pensionales y se ordenó a la actora la devolución de
$103.735.208 a favor del Sistema General de Pensiones, monto que debía ser
abonado a la Dirección del Tesoro Nacional, conforme se detalla a continuación:

«Que con base en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, media un deber de recaudo
en cabeza de la […] UGPP, como entidad pública de que trata el artículo 104
ibidem, quedando revestida de la prerrogativa de cobro coactivo.

Que el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 […], faculta el ejercicio de la
jurisdicción coactiva hoy prerrogativa de cobro coactivo, a las entidades públicas
que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y
que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel
nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política.

Que la UGPP es una entidad administrativa del orden nacional con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Art. 1 Decreto 575 de 2013), que tiene
como objeto, en los términos establecidos por el artículo 156 de la Ley 1151 de
2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, entre otros, el del reconocimiento y
administración de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de
las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad
por quien la esté desarrollando (Art. 2, Decreto 575 de 2013).

Que dentro de las funciones a cargo de la UGPP, el numeral 10 del artículo
6 del citado Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 Por el cual se modifica la
estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las
funciones de sus dependencias, establece:

10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso en
que se detecten inconsistencias en la información laboral o pensional o en el
cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario,
los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados. (Se
resalta)

[…]

Que la Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP, mediante
Memorando UGPP Radicado No. 201614200779983 de fecha 24 de noviembre
de 2016, solicita que se determine el reintegro de mayores valores pagados
dentro del expediente pensional del (la) señor(a) BEJARANO DE GOMEZ
BLANCA INES, identificado con la C.C. No. 20.955.259, en los siguientes
términos:

(...) Se evidencia que el caso de la causante BLANCA INES BEJARANO, está
siendo investigado por la Policía Judicial del Grupo de Trabajo Anticorrupción, y
en el cual la Dra. Briyith Morales en calidad de Subdirectora de Nómina de esta
entidad, rindió Declaración a los funcionarios de la Policía Judicial del Grupo de

28 Folios 7 a 9, Cdno. Ppal.

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Trabajo Anticorrupción caso No. 110016000101201500011 de fecha 20 de Junio
de 2016, e informó claramente que verificados los aplicativos de información y
consulta entregados por la Extinta Cajanal, no se encontró documento soporte
del reporte del periodo comprendido 2008-12, en e! cual se le reportó a la señora
BLANCA INES BEJARANO, la suma de 103.735.208,14 M/cte. (no se encuentra
ni resolución, ni liquidación detallada ni soporte alguno de este pago en dicho
periodo) (...) sic

Que mediante la Resolución No. 15723 del 22 de junio de 2001, la extinta
CAJANAL reconoció una pensión de jubilación gracia a favor de la señora
BEJARANO DE GOMEZ BLANCA INES, ya identificada, en cuantía de
$1.022.629.53 M/Cte, efectiva a partir del 26 de diciembre de 1999.

Que mediante Resolución No. 23814 del 23 de mayo de 2007 se reliquidó una
pensión gracia por nuevos factores salariales, elevando la cuantía de la misma
a la suma de $1.162.206.41 M/Cte, efectiva a partir del 26 de diciembre de 1999,
pero con efectos fiscales a partir del 28 de junio de 2002 por prescripción trienal.

Que se verifica el cobro de mayores valores de mesadas pensionales por parte
la señora BEJARANO DE GOMEZ BLANCA INES, por efecto de un pago
efectuado a la mencionada pensionada sin soporte alguno en el mes de
diciembre de 2008 (ni resolución, ni liquidación detallada que soporte el pago).

Que en esas condiciones, la señora BEJARANO DE GOMEZ BLANCA INES
COBRO una suma de dinero a la que claramente no tenía derecho, tal como lo
señala el memorando suscrito por la Subdirección de Nómina de Pensionados
de la UGPP Radicado No. 201614200779983 de fecha 24 de noviembre de 2016,
que da certeza de los cobros efectuados por la señora BEJARANO DE GOMEZ
BLANCA INES, Y en modo alguno rechazó el pago por ventanilla o el abono en
cuenta, según el caso.

[…]

Que […] la señora BEJARANO DE GOMEZ BLANCA INES adeuda al Sistema
General de Pensiones por conducto del Tesoro Público, las siguientes mesadas
pensionales percibidas de más, según la certificación expedida por la
Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP con Radicado No.
201614200779983 de fecha 24 de noviembre de 2016.

Por lo anterior, el valor por capital adeudado corresponde a la suma de
$103.735.208.14 M/CTE (CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 14/100 M/CTE).»

Dicho acto administrativo fue objeto de recurso de reposición, que se desató de
forma negativa mediante Resolución RDP 007979 del 1.° de marzo de 201729 al
confirmar el acto administrativo recurrido.

Tras revisar el caso expuesto, se concluye inicialmente que, al emitir los actos
administrativos objeto de controversia, la UGPP actuó de manera autónoma en
defensa de sus intereses legales. Por consiguiente, resulta fundamental determinar
si la UGPP contaba con la competencia normativa necesaria para ejecutar las
medidas de autotutela en cuestión.

El marco normativo que creó la UGPP, establecido inicialmente en el artículo 156
de la Ley 1151 de 200730, la consagró como una entidad adscrita al Ministerio de

29 Folios 16 a 18, Cdno Ppal.
30 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04309-01 (5455-2019)

Hacienda y Crédito Público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. Esta entidad fue asignada con dos negocios misionales:
el pensional y el parafiscal.

En relación con el negocio pensional — que es el que nos incumbe para este medio
de control —, el aludido artículo 156 precisó que le corresponde, en general, «[e]l
reconocimiento de derechos pensionales […] causados a cargo de administradoras
del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del
orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones,
respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación […]».

A reglón seguido, en el artículo 156 ibidem, el legislador invistió por seis (6) meses
de facultades extraordinarias al presidente de la República, conforme a lo
establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, para que
expidiera normas con fuerza de ley en las que determinara las funciones de la
UGPP.

En virtud de dicha facultad extraordinaria, se emitió el Decreto Ley 169 del 23 de
enero de 2008, el cual atribuyó a la entidad las siguientes responsabilidades:

«A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su
cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos
servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la
ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad
señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras.
De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y
prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que
reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso
de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por
quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los
derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los
que reconozca la UGPP en virtud de este numeral.

Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior,
continuarán con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones
económicas hasta que se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La
UGPP asumirá esta función en los términos del Decreto 254 de 2000.

3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

4. Las demás gestiones y funciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en
este artículo tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos
y todo lo relacionado con la defensa judicial de la entidad y las demás que
establezca la ley.»

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El Decreto 575 de 2013 posteriormente otorgó a la UGPP nuevas responsabilidades
y facultades, incluyendo la posibilidad de adelantar acciones administrativas y
judiciales en caso de detectar inconsistencias en la información laboral o pensional.
El artículo 6 estableció nuevas funciones para la UGPP dentro de las cuales se
incluye aquella que constituyó una de las bases para dictar los actos atacados, a
saber, «10. Adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso
en que se detecten inconsistencias en la información laboral o pensional o en el
cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario, los
pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados».

Además, es importante destacar que en el acto administrativo impugnado se invocó
la facultad conferida por la Ley 1066 de 2006 de ejercer jurisdicción coactiva a las
entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su cargo el ejercicio de
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial.
Sin embargo, encuentra la Sala que ninguna de las disposiciones normativas
mencionadas otorgó a la UGPP facultades exorbitantes que le permitieran, por vía
administrativa, determinar de manera unilateral el monto de los pagos realizados en
exceso y la deuda que en virtud de estos debe efectuar la actora, sin el cumplimiento
reglado de los cánones constitucionales y legales, dispuestos para el efecto.

Al efecto, se destaca que la entidad ha interpretado de manera incorrecta las
normativas mencionadas anteriormente. Por un lado, aunque la Ley 1066 de 2006
otorga facultades de cobro coactivo a las entidades del Estado, esto se aplica
únicamente a aquellas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos a nivel
nacional o territorial y, además, esta acción está intrínsecamente ligada a la
naturaleza administrativa propia de la autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se
fundamenta en la legalidad.
Por el otro lado, en lo que respecta al artículo 10 del Decreto 575 de 2013 es
relevante subrayar que la facultad de «[…] iniciar el proceso de cobro de los
mayores dineros pagados» no implica que la entidad entre en el ámbito de la tutela
declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o declarar acerca de algún
derecho u obligación preexistente sino más bien, se refiere al despliegue de las
gestiones necesarias para que, mediante la vía judicial, se declare la existencia del
pago indebido.

En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha resaltado en diversas
ocasiones31 la importancia de contar con una normativa que respalde la autoridad
de una entidad estatal para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo,
así como para asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
Al respecto, tenemos la sentencia del H. Consejo de Estado, Sección Tercera,
consejero ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, del cuatro (4) de febrero de dos
mil diez (2010), radicación número: 25000-23-26-000-1996-07474- 01(16816),
actor: Consorcio Nacional de Ingenieros y Contratistas CONIC S.A., demandado:
Instituto Nacional de Vías, en la cual se señaló:

31 Con relación al problema jurídico que se plantea en la sentencia de 30 de julio de 2008, en proceso radicado

núm. 11001-03-26-000-2004-00003-00(26520), con ponencia del H. Magistrado Saavedra Becerra, se hizo
referencia a los excesos en la facultad de autotutela de la administración generados por la extralimitación del
ejercicio de la función administrativa por fuera de los límites específicamente establecidos por la ley.

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““7.2.2. El ejercicio de potestades administrativas exige de una norma expresa
que las consagre y de un debido proceso administrativo.

El principio de legalidad en la actuación de las Ramas del Poder Público
encuentra indiscutible y acendrado fundamento en los Estados democráticos
desde la modernidad y en tal condición impone a los funcionarios de la
Administración la sujeción a la Constitución y a las leyes en sus actuaciones.
La condición exorbitante de los poderes del Estado en relación con su actuación
frente a los particulares es algo que demanda de la legalidad, para su
legitimidad. El apego y obediencia a las leyes, el desarrollo de las competencias
que éstas de manera expresa conceden a los funcionarios constituye, de
principio a fin, una de las bases de la obligación que tienen los ciudadanos de
obedecer lo que éstos ordenan.

“De conformidad con lo anterior, cuando quiera que una entidad estatal
pretenda imponer el pago de una suma de dinero a cargo de un particular,
deberá existir en la normatividad la tipificación legal que le permita
proceder en tal sentido, so pena de sufrir la sanción judicial por la
ilegalidad de su proceder. En ese orden de ideas y sólo para exponer dos
casos paradigmáticos, han sido las normas legales las que han conferido a
las entidades estatales la facultad de proceder con el cobro coactivo de
las deudas existentes a su favor, entre otras normas, en el artículo 5 de la ley
1066 de 200632; y también ha sido la norma legal, en el caso del artículo 17 de
la Ley 1150 de 200733, la fuente para la atribución a las entidades estatales de
la facultad para imponer las multas que hayan sido pactadas contractualmente,
como medio de conminación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.

“Es bueno advertir que en las normas referidas se atribuye expresamente a las
entidades del Estado la competencia para proceder con los cobros referidos,
pero también se indica, de manera inequívoca, que hay un debido proceso
que debe seguirse frente al particular. Es decir, la facultad unilateral que se
viene refiriendo demanda para su ejecución tanto de la consagración legal
respectiva como del respeto por los derechos de los particulares y de ello se
sigue que deba observarse siempre un procedimiento justo, en el cual
quienes reciben la coerción de la Administración puedan presentar los
argumentos para la defensa de sus intereses. El artículo 29 de la
Constitución Política indica que: “[E]l debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas”, disposición ésta que en lo que al
procedimiento administrativo corresponde, encuentra desarrollo específico en
el Código Contencioso Administrativo y que ha sido descrito por la Sección
Tercera en los siguientes términos:

[…]
Observa la Sala en este punto, que la existencia de un procedimiento previo,
enderezado a la expedición de un acto administrativo, se ha entendido

32 “Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas

que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la
prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles
a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

33“Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria

de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.”

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tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que se dirigen a
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, es decir, con efectos que recaen sobre intereses o derechos
individuales, personales, particulares, de manera directa; y es por ello que aún
en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio
constitucional del debido proceso (art. 29), que implica para las
autoridades el deber de obrar en virtud de competencias legalmente
otorgadas, conforme a leyes preexistentes, y con la plenitud de las formas
propias de cada procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios
de sus decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la
posibilidad de participar en las actuaciones previas a la expedición de la
respectiva decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer
las manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.”34

“De lo anterior resulta diáfano que en todos aquellos casos en los cuales la
Administración advierta que ha realizado un pago de lo no debido deberá
proceder a la obtención de la declaración judicial correspondiente, previa
aportación de las pruebas al proceso respectivo, puesto que la simple
aseveración de que tal evento ha ocurrido no encuentra en norma alguna, de
índole administrativa o civil, el sustento que le permita expedir un acto mediante
el cual pueda ordenar de manera unilateral y con fuerza vinculante el reintegro
de las sumas de dinero que supuestamente hubiere pagado en exceso.”
(negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, cuando una entidad estatal busca exigir el pago de una suma de
dinero a un particular, es necesario que exista un respaldo legal claro y específico
para tal acción. Estos privilegios derivados de la autotutela administrativa deben
fundamentarse en la legislación correspondiente. En este sentido, la autotutela se
sustenta en la legalidad, como una consecuencia necesaria y obligatoria.

En ese orden, de las normas invocadas en el acto acusado, no se advierte que la
UGPP tuviera competencia para proferir un acto administrativo con el fin de obtener
el reintegro de un dinero que recibió la demandante por concepto de mesadas
pensionales y mucho menos se encuentra habilitada por ley o por el texto
constitucional para iniciar el proceso previo que conduzca a la creación del acto
administrativo que se constituya en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo
judicial ha ordenado el reintegro de suma de dinero a la entidad.

Ante la ausencia de un fundamento normativo es evidente que la subdirectora de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP no tenía la competencia
requerida para calcular la deuda y ordenar la devolución de los pagos
supuestamente realizados en exceso a la demandante. Incluso el título mismo del
cargo de quien emite los actos demandados hace referencia únicamente a la
«determinación de un derecho pensional», lo cual no le otorga la facultad de
autotutela a la autoridad administrativa ya que esta es una prerrogativa que debe
ser otorgada exclusivamente por ley.

Contrario sensu, la UGPP cuenta con facultades expresas en materia de seguridad
social, otorgadas por la Ley 100 de 1993, para ejercer la jurisdicción coactiva en
relación con las obligaciones pendientes de pago por parte de aquellos sujetos

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de

2009, Radicación No. 27832, Actor: Consuelo Acuña Traslaviña, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

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legalmente obligados a realizar aportes parafiscales, tal como lo establece el
artículo 57 de dicha ley. El texto señala:

«De acuerdo con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el
artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida tienen la facultad de establecer el
cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos.»

Por tanto, es evidente que la UGPP, según disposiciones legales específicas sí tiene
la capacidad de ejercer la autotutela declarativa, pero esta se fundamenta
únicamente en normas claras y precisas que le confiere dicha facultad, y no
simplemente en una interpretación extensiva de normativas generales de
competencia.

Es imperativo recordar que en el ámbito administrativo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, específicamente, ha señalado que los principios generales que
advierten el derecho fundamental al debido proceso se debe aplicar a todas las
actuaciones administrativas que lleve a cabo la administración pública con
observancia de sus funciones y la ejecución de sus objetivos y fines, de manera tal
que se garantice «(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios
de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados»35.

Ahora, al margen de que actualmente se encuentra adelantándose un proceso penal
ante la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional Anticorrupción por el delito de peculado
por apropiación que involucra pagos a nombre de la señora Blanca Inés Bejarano,
lo cierto es que dicha situación de ninguna manera la autoriza automáticamente
para iniciar de forma directa el proceso de determinación de deuda y creación del
título ejecutivo, que podría servir de fundamento para un eventual proceso de
jurisdicción coactiva, pues ello atenta contra el principio del debido proceso
administrativo, ya que afecta directamente los derechos subjetivos de la
administrada, quien únicamente está sujeta o sometida a las potestades de la
administración que tienen su fuente en la Constitución, en la ley o en normas de
inferior jerarquía, hecho que no se verificó en el caso bajo estudio.

Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que,
la actuación de la UGPP transgredió el ordenamiento jurídico y comporta un abuso
del derecho, al trasladar a la administrada unas cargas que no tiene porqué asumir,
pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley resulta ser arbitraria.

De allí que la Sala revocará parcialmente el fallo de primera instancia, en lo relativo
al numeral tercero que dispuso no acceder a la pretensión de restablecimiento del
derecho, y en su lugar, se declarará que la señora Blanca Inés Bejarano de Gómez
no tiene la obligación de reintegrar suma de dinero alguna por concepto de mayores
valores pagados por mesadas pensionales hasta tanto la entidad demandada no
ejerza las acciones legales correspondientes. Asimismo, confirmará lo relativo a la

35 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP 047843 del 19 de diciembre de
2016 y RDP 007979 del 1 de marzo de 2017.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la no condena en costas dispuesta
por el juez de primera instancia, en consideración a que, para la parte demandante
existe fundamento que justifica la imposición de esta carga, solo por el hecho de
haber tenido que incurrir en gastos para la representación judicial y expensas
judiciales. Por lo que procede la Sala a manifestarse al respecto:

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021 (25 de enero de 2021), pues se entiende que la decisión de primera
instancia fue proferida previamente a la referida circunstancia (27 de junio de 2019).

Así, bajo la vigencia del artículo 188 del CPACA, era apropiado al momento de dictar
la sentencia apelada considerar que, para imponer costas, se debía prescindir del
elemento subjetivo de mala fe o temeridad por parte de las partes. En consecuencia,
procedía la condena contra la parte demandada por haber sido vencida en juicio y
haberse demostrado la causación de las agencias en derecho.

En esa línea, los numerales primero y sexto del artículo 365 del CGP, aplicables por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, disponen:

«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando
los fundamentos de su decisión.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación…»

De modo que, considera la Sala que la decisión de no condenar en costas a la
UGPP no estuvo ajustada a los preceptos legales, toda vez que, con la expedición
de la Ley 1437 de 2011 se constituyó un régimen objetivo en la materia abordada –
condenar en costas a la parte vencida en el proceso-, por lo que son aceptados los
argumentos presentados por la apelante y se deberá condenar en costas a dicha
entidad.

De acuerdo con lo anterior, se revocará también el numeral cuarto de la sentencia
de primera instancia en cuanto a la no condena en costas a la parte demandada
UGPP y se ordenará la condena de estas.

Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
si bien la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando
el mencionado criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47

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de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, mas no con base en el artículo 366 del CGP como lo adujo el
demandante en su apelación, pues para estos efectos existe la referida norma
especial que debe ser aplicada en su integridad.

Por ello, en el presente asunto, la Sala observa que los argumentos de los alegatos
de conclusión presentados por la parte demandada no presentan una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, este
extremo del litigio manifestó planteamientos para la defensa jurídica de sus
intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el veintisiete
(27) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar se dispone:

A título de restablecimiento del derecho, declarar que la señora Blanca Inés
Bejarano de Gómez no tiene la obligación de reintegrar las sumas de dinero por
valor de CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CATOCE CON 14/100 M/CTE
($103.735.208,14) por concepto de mayores valores pagados por mesadas
pensionadas hasta tanto la entidad demandada no ejerza las acciones legales
correspondientes.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia, para en cambio
CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada dentro del
presente proceso.

TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO: CONFIRMAR en los demás el fallo apelado, pero por las razones aquí
expuestas.

QUINTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Marcela Patricia
Ceballos Osorio, portadora de la tarjeta profesional 214.303 del Consejo Superior
de la Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 26 de la plataforma SAMAI.

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SEXTO: ACEPTAR LA SUSTITUCIÓN de poder que realiza la abogada Marcela
Patricia Ceballos Osorio al abogado Carlos Alfonso Tache Rodríguez, portador de
la tarjeta profesional 292.122 del Consejo Superior de la Judicatura y RECONOCER
personería adjetiva a este en los términos y con las facultades conferidas en la
sustitución.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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