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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04325-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04325-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección F, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Libardo Espitia Rodríguez contra la Contraloría General de la República. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04325-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez
Demandado: Contraloría General de la República

Tema: Retiro del servicio de la planta temporal

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 13 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección F, por medio de la cual se
denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Libardo Espitia Rodríguez formuló demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en orden a que se declare la
nulidad de las Resoluciones 81117-00378 del 10 de febrero de 2017 y 81117-00758
del 17 de marzo del mismo año, expedidas por el contralor general de la República,
por medio de las cuales se dispuso su retiro del servicio.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
(i) ordenar el reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría
y remuneración, sin solución de continuidad; ii) condenar a la demandada al pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, con los respectivos
ajustes anuales, desde la fecha del retiro hasta la del reintegro, sumas que deberán
ser actualizadas en los términos del artículo 187 del CPACA; iii) reconocer la
indemnización por despido sin justa causa, desde la fecha de posesión, en el año
2012, hasta el día del retiro; iv) pagar los intereses moratorios, de conformidad con
lo previsto en el artículo 192 del CPACA; y v) condenar a la demandada al pago de
las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) En la Contraloría General de la República se creó una planta temporal de regalías.
La selección de las personas que ingresaron a esos cargos, fue realizada por un
«proceso de evaluación de capacidades y competencias», a través de una firma
consultora, ya que no se contaba con lista de elegibles.

ii) El señor Espitia Rodríguez fue nombrado por Resolución 2105 de 2012, en el
cargo de profesional especializado, nivel profesional, grado 04, adscrito a la planta
temporal de empleos de la entidad, del cual tomó posesión el 3 de septiembre del
mismo año.

iii) El cargo del demandante se encuentra financiado por el 1% del recaudo del
Sistema General de Regalías, «rubro permanente para recurso de funcionamiento
a los entes encargados tanto del monitoreo y seguimiento (Departamento Nacional
de Planeación), como el de fiscalización y control (Empleos temporales de la planta
de personal de la Contraloría General de la República)».

iv) La Corte Constitucional, por sentencia C-618 de 2015, «declaró inexequible el

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

artículo 39 de la Ley 1744 de 2014 y consideró que los empleados de la planta
temporal de regalías de la Contraloría no son de libre nombramiento y remoción,
independiente del nivel o dependencia a los cuales pertenezcan y se sujetarán a lo
previsto en la Ley 909 de 2004».

v) Por medio del Decreto 2190 de 2016 se proyectó el presupuesto del Sistema
General de Regalías del 1 de enero de 2017, con prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2018 y se estableció que le corresponde al Contralor General de la República
efectuar los ajustes necesarios para que la planta de personal sea consistente con
los montos apropiados. Para tal efecto, podrá reducir, suprimir o refundir empleos
de la planta temporal que se está prorrogando.

vi) El 9 de febrero de 2017 la entidad elaboró el documento denominado «Estudio
Técnico Planta Temporal de Regalías-CGR Reducción de Empleos Ocupados en la
Planta Asignada».

vii) Por medio de la Resolución 81117-00378 de 10 de febrero de 2017, se ordenó
el retiro del servicio del actor, del cargo de profesional especializado, nivel
profesional, grado 04, adscrito a la Planta Temporal de Empleos, que venía
desempeñando desde el 3 de septiembre de 2012.

viii) El 23 de febrero de 2017, el señor Espitia Rodríguez interpuso recurso de
reposición contra dicho acto administrativo, el cual fue resuelto mediante la
Resolución 81117-00758 de 17 de marzo de 2017, en el sentido de confirmar la
decisión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 29, 53, 125 y 267 de la Constitución Política;
38, 41 y 44 de la Ley 909 de 2004; 38, 41 y 44 de la Ley 1530 de 2012; 96 del
Decreto 1227 de 2005; y la Ley 1539 de 2012.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

Al desarrollar el concepto de violación, expuso lo siguiente:

i) La planta temporal de regalías de la Contraloría General de la República se creó
con el fin de suplir la necesidad de ejercer la vigilancia y control fiscal de los recursos
del sistema de regalías. La Ley 1530 de 2012, que reglamentó el Acto Legislativo
05 de 2011, concedió facultades extraordinarias al presidente de la República para
que, en el término de seis meses, expidiera normas con fuerza de ley para crear los
empleos en la Contraloría.

ii) Por medio de la Ley 1539 de 2012 se crearon 338 empleos en la planta temporal
de la Contraloría General, hasta el 31 de diciembre de 2014, cuya designación sería
gradual, de conformidad con la disponibilidad presupuestal, hasta la concurrencia
de las respectivas apropiaciones, a través de resolución del Contralor General y con
cargo a los recursos del artículo 103 de la Ley 1530 de 2012.

iii) Lo dispuesto en el Decreto 1539 de 2012 se mantiene vigente, toda vez que el
artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, que pretendía modificar la planta temporal de
regalías y unificarla con la planta ordinaria de la Contraloría, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-618 de 2014,
por vulneración al principio de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia.
Igualmente, por sentencia C-618 de 2015, se declaró inexequible el artículo 39 de
la Ley 1744 de 2014, en la expresión «son de libre nombramiento y remoción,
independientemente del nivel y dependencia a los cuales pertenezcan», en relación
con los cargos de la planta temporal de regalías.

iv) Los actos acusados se expidieron sin estudio previo, tendiente a establecer los
parámetros de selección de los funcionarios que se pretendían retirar del servicio, y
sin el visto bueno del Departamento Administrativo de la Función Pública, que había
avalado la creación de la planta temporal. Tampoco fueron atendidas las cargas de
diligencia de los funcionarios desvinculados, lo cual rayó en la arbitrariedad y afectó
el patrimonio del Estado.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

v) La resolución 81117-00378 del 10 de febrero de 2017 se expidió con desviación
de poder, por cuanto no se dio una razón clara y fundada para retirar al actor;
tampoco se dio una motivación para su emisión, en la forma exigida por el
ordenamiento. En suma, los actos demandados violaron principios de la
administración pública como, la igualdad, la eficacia, la economía y la imparcialidad.

vii) El estudio técnico con el que se justificó la salida de personal hizo un recuento
normativo para la creación de la planta temporal y su sujeción a la disponibilidad
presupuestal, como lo determinó el Decreto 2190 de 2016; pero no observó los
mínimos de corresponsabilidad para justificar la salida del actor, pues no aportó
estudios, análisis y resultados técnicos para entender los criterios que animaron la
decisión de la administración, lo que contrarió el artículo 95 del Decreto 1227 de
2005, pues no hubo evaluación de funciones, de perfiles y de cargas de trabajo,
como tampoco criterios de cuales cargos debían o niveles profesionales debía
suprimirse, refundirse o reducirse.

viii) Los funcionarios de la Contraloría General y de la planta temporal no son de
libre nombramiento y se les aplican las normas de la Ley 909 de 2004, por tanto
para poder retirárseles del servicio deben incurrir en las causales del artículo 41 de
la citada ley.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:

i) La planta temporal de regalías de la Contraloría no puede implicar su equiparación
con los empleos de carrera administrativa, ya que los empleos temporales no
generan derechos de carrera sino que se han previsto para la planta temporal de la

1 Folios 57 al 78

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

entidad. Por lo tanto, el demandante tenía una situación administrativa de
inestabilidad.

ii) El Decreto Ley 1539 de 2012, vigente al momento de la vinculación del
demandante, establece que los cargos fueron creados de manera contingente, con
sujeción a la disponibilidad presupuestal, condiciones que siempre han marcado la
pauta para la conformación, administración, mantenimiento y modificaciones a la
estructura de la planta temporal de empleos del sistema de regalías de la CGR.

iii) Los empleos de la planta temporal son de libre nombramiento y remoción; por lo
tanto, el acto de insubsistencia no requería de motivación ni estaba sujeto a un
término definido hasta el 31 de diciembre de 2018 ni indefinido, evaluable por haber
concursado y ganado el derecho por méritos, que daría vinculación a la carrera
administrativa; por ello, el actor no fue objeto de calificación parcial o periódica y no
se encontraba en condiciones de igualdad con los servidores de la CGR inscritos
en su sistema específico de carrera.

iv) Respecto del cargo de desviación de poder, el único criterio que se tuvo en
cuenta para desvincular personal fue el presupuestal, pues había la necesidad de
reducir vinculaciones hasta ajustarse a la disponibilidad de gastos de personal para
los años 2017 y 2018. De ahí el uso de la facultad discrecional sin atender
argumento diferente al mencionado.

v) En cuanto a la indebida motivación, sí hubo una razón válida para las
desvinculaciones, ligada al artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, concordante con
los artículos 2 del Decreto Ley 1539 de 2012, 122 de la C.P., 70 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto y 4 del Decreto 1227 de 2005, pues no existían las
apropiaciones suficientes para hacer los pagos del cargo que ocupaba el actor.

vi) En cuanto al cargo de infracción a los principios constitucionales de la
administración pública, la declaración de insubsistencia fue el resultado de
actuaciones adecuadas a las normas legales y reglamentarias que autorizan ese

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

tipo de procedimientos; así es como se realizó un estudio técnico que determinó la
necesidad de reducir la planta de empleos temporales, lo que llevó al retiro del actor,
en razón a que concluyó que había la necesidad de ajustar esa planta a las nuevas
realidades presupuestales y recomendó la reducción en proporción a los cargos que
podían ser cubiertos conforme a esa disponibilidad del bienio 2017-2018.

Finalmente, propuso las excepciones de i) inexistencia del derecho pretendido, por
cuanto el acto administrativo que decidió la insubsistencia del demandante fue
debidamente motivado y expedido en forma regular, cumpliendo los postulados
legales y constitucionales aplicables al caso; y ii) improcedencia de la pretensión
por falta de causal de nulidad del acto administrativo y por inexistencia del derecho
a restablecer.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección F―,
mediante sentencia del 13 de marzo de 2020,2 denegó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

i) La vinculación del demandante a la entidad, inició con el nombramiento contenido
por la Resolución 2105 del 30 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014;
esa planta de personal fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante
la Ley 1744 de 2014, y luego hasta el 31 de diciembre de 2018, por medio del
Decreto 2190 de 2016, con la precisión de que el nominador fue facultado para
hacer los ajustes necesarios y adecuados a los montos apropiados en dicho acto
administrativo. Por ello, podía reducir, suprimir o refundir empleos de la planta
temporal.

ii) Debido a la disminución para financiar la planta de personal temporal, la CGR
realizó un estudio presupuestal, por haber pasado de $87.531’014.100 a

2 Folios 158 al 169

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

$58.796’188.787, y recomendó reducir la ocupación de empleos con la esperanza
de que en un futuro se pudiera volver a proveerlos en su totalidad; por ello, no era
necesaria una motivación adicional a la falta de presupuesto.

iii) Mediante la Resolución 378 del 10 de febrero de 2017 se retiró del servicio al
demandante porque «revisadas las necesidades del servicio, cargos y grados con
las condiciones actuales presupuestales de la Contraloría General de la República
para financiar los empleos de la planta de regalías se requiere realizar los ajustes
correspondientes a fin de cumplir con las previsiones constitucionales y legales en
esta materia».

iv) La separación del servicio del empleado que labora en planta temporal no
requiere motivación, porque el nombramiento termina de manera automática una
vez se cumple el término de la vinculación, lo cual conlleva lo innecesario de
comunicar dicha terminación, que es conocida por el interesado desde el momento
en que acepta el nombramiento, sin que haya lugar a evaluaciones en torno al
desempeño laboral, pues no está previsto como causal de retiro.

v) El hecho de que el cargo ocupado por el actor no fuera de libre nombramiento y
remoción no implicaba que la CGR estuviera obligada a prorrogar su designación
indefinidamente, pues la estabilidad relativa de que gozan los empleados de plantas
temporales va solo hasta la fecha indicada en el nombramiento.

vi) En relación con el cargo de expedición irregular del acto, por no haberse fundado
en un estudio que cumpliera los requisitos de los artículos 96 y 97 del Decreto 1227
de 2005, tales disposiciones hacen parte del Título VII y se refieren a los estudios
requeridos para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, por lo cual
no le son aplicables a la CGR por ser una entidad de control según el artículo 117
de la Constitución Política. En tal sentido, el estudio realizado fue claro al establecer
la necesidad de reducir la ocupación de empleos por la imposibilidad de pagarlos
debido a la disminución del presupuesto para control de regalías.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

vii) En cuanto a la alegada desviación de poder, de los hechos que expone el actor
no se evidencia que el acto de desvinculación tuviera fines distintos a los del
cumplimiento de la norma, debido a razones económicas enunciadas de manera
clara en la ley; por lo tanto, no se observa una actuación irregular de la entidad.

1.4. El recurso de apelación

El demandante, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación3 en contra de la sentencia previamente referenciada, y solicitó que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento
de su pretensión expuso lo siguiente:

i) La CGR inicialmente negó la aplicación de la Ley 909 de 2004 a la planta de
personal temporal, pero sí lo hizo en para reformarla, aunque no respecto al retiro
de 162 personas, que fue una modificación. Allí si no se atuvo a dicho ordenamiento
y no presentó el estudio correspondiente al DAFP, como lo dispone el título VII del
Decreto 1227 de 2005.

ii) El a quo afirma que la desvinculación de los empleados de la planta temporal no
requiere motivación, por cuanto la causal es la finalización del término previsto en
el nombramiento. Sin embargo, si así fuera, el retiro del actor debió darse el 31 de
diciembre de 2016, fecha hasta la cual fueron prorrogados, por medio de la Ley
1744 del 26 de diciembre de 2014, los empleos creados por medio del Decreto Ley
1539 de 2012, y no el 10 de febrero de 2017, como ocurrió.

iii) La reducción de la planta de personal no fue técnicamente realizada y sacrificó
al personal que ejercía el control fiscal. En tal sentido, el fallo impugnado adolece
del análisis de la prueba contundente, que es el estudio técnico que recomendó la
reducción de ocupaciones de empleos así como de la forma de selección de quienes
resultaron desvinculados.

3 Folios 172 al 180

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Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El demandante descorrió el término para alegar4 y reiteró los argumentos invocados
en el recurso de alzada.

La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada,6 por
considerar que no existe mérito para la prosperidad de las pretensiones, puesto que
las razones expuestas por la entidad demandada encuentran sustento en el
ordenamiento jurídico que gobierna el asunto, por cuanto la vinculación del actor se
trataba de una relación precaria, en tanto estaba nombrado en provisionalidad en
un empleo de planta temporal, creado con unas limitaciones temporales y
presupuestales, las cuales determinaron su retiro del servicio.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, el problema jurídico se
contrae a establecer si el acto administrativo por medio del cual se dispuso el retiro
del servicio del demandante está viciado de nulidad, por cuanto el estudio técnico
en que se sustentó la decisión no se ajustó a las previsiones del artículo 97 del
Decreto 1227 de 2005; la desvinculación se hizo en fecha diferente la de la

4 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a Samai, índices 11 y 14
5 Constancia secretarial visible a folio 191
6 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a Samai, índice 15

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Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

finalización del periodo estipulado y en la selección de quienes resultaron
desvinculados no obedeció a criterios objetivos.

2.2. Marco normativo
2.2.1 Del empleo temporal

El artículo 125 de la Constitución Política establece, como regla general, para la
vinculación de empleados públicos, el sistema de carrera, «cuya finalidad es la de
preservar la eficiencia y eficacia de la función pública, así como garantizar a los
trabajadores del Estado la estabilidad en sus cargos y la posibilidad de promoción
y ascenso, previo el lleno de las condiciones y requisitos que para el efecto exija la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes».7

Sin perjuicio de esta regla general de carrera administrativa, la Constitución señala
unas excepciones, como son los empleos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley. Siendo entonces competencia del legislador expedir las normas que regirán
el sistema de carrera en las entidades del Estado, respetando las excepciones
señaladas.

A su vez, el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 señala los cuatro tipos de empleos que
conforman la función pública, uno de los cuales es el empleo de carácter temporal,
como a continuación se muestra:

“Artículo 1o. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema
de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el
ejercicio de la gerencia pública.

(…)

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

7 Sentencia C-161 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

Sobre las características particulares de los empleos temporales, como herramienta
que pueden utilizar las entidades públicas para atender sus necesidades
excepcionales que no pueden ser solventadas con su personal de planta, el artículo
21 ibidem, estableció que se trata de empleos transitorios que solamente se pueden
crear para situaciones excepcionales que encajen en alguna de las causales
previstas por el legislador; para su creación es necesario contar con motivación
técnica, apropiación y disponibilidad presupuestal; y deben ser provistos mediante
la lista de elegibles vigente para empleos permanentes, en defecto de lo cual debe
realizarse un «proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los
candidatos».

Entre tanto, la regulación de los empleos temporales se completa con los artículos
1 a 4 del Capítulo I del Título I del Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta
la Ley 909 de 2004. De la lectura de dichas normas se desprende que la figura se
caracteriza por i) su transitoriedad, ya que la vinculación tendrá la duración indicada
en el estudio técnico y en el respectivo acto de nombramiento; ii) sujetarse a la
nomenclatura y clasificación de los cargos vigentes para cada entidad; iii) la
realización de un estudio técnico para su creación que cuente con el concepto
favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública y iv) el régimen
salarial y prestacional de los empleos temporales, será el que corresponda a los
empleos permanentes que rigen para la respectiva entidad.

2.2.2. De la Planta temporal en la Contraloría General de la República

La Ley 1530 de 2012, por medio de la cual se reguló el Sistema General de
Regalías, dispuso que la Contraloría General de la República, en desarrollo de sus
funciones constitucionales, ejercería la vigilancia y el control fiscal sobre los
recursos del Sistema General de Regalías, por medio del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación en el cual se incorporará la metodología y
procedimientos que fuesen necesarios para suministrar la información necesaria al

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Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

ente de control. Además, le otorgó facultades extraordinarias al presidente de la
República para crear los empleos temporales en la Contraloría General de la
República que fueran necesarios para fortalecer la citada labor.

En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 1539 de 2012, por medio del cual se
creó una planta temporal, equivalente a 338 empleos, la cual estaría vigente hasta
el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, mediante la Ley 1744 de 2014 y el Decreto
2190 de 2016 fue prorrogado este término hasta el 31 de diciembre de 2016 y luego
hasta 31 de diciembre de 2018, respectivamente. Adicionalmente, respecto de la
provisión de cargos, indicó:

Artículo 2. La provisión de los empleos creados en el presente decreto se efectuará
en forma gradual, de conformidad con las disponibilidades presupuestales y hasta
la concurrencia de las respectivas apropiaciones.

Artículo 3. La distribución de los cargos creados en el artículo 1 del presente decreto,
se realizará por Resolución del (de la) Contralor (a) General de la República.

Artículo 4. La financiación de los cargos adicionados será con los recursos previstos
en el artículo 103 de la Ley 1530 de 2012.

Respecto a la financiación del sistema de monitoreo, seguimiento, control y
evaluación del Sistema General de Regalías, estableció que estaría a cargo de los
recursos previstos en el artículo 103 de la Ley 1530 de 2012, el cual dispuso:

Artículo 103. Financiación del sistema de monitoreo, seguimiento, control y
evaluación. Para el ejercicio de las actividades señaladas en este título se podrá
disponer hasta del 1% de los recursos del Sistema General de Regalías. Este
porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema
General de Regalías.

El Departamento Nacional de Planeación podrá celebrar los contratos requeridos
para el correcto funcionamiento de este Sistema, incluidos los proyectos de
cooperación y asistencia técnica o utilizar los ya existentes, todos los cuales se
ejecutarán de acuerdo con la normatividad que les sirvió de soporte[…].

En los anteriores términos, la Ley 1606 de 2012 estableció el presupuesto para el
Sistema General de Regalías del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de diciembre de 2014; luego, la Ley 1744 de 2014 definió el presupuesto del

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Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

10 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016; y, finalmente, el Decreto 2190 de
2016 fijó el presupuesto para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre
de 2018. Además, facultó al contralor General de la República a realizar los ajustes
necesarios para que fuesen consistentes con los montos apropiados para la
Contraloría, para lo cual podría reducir, suprimir o refundir los empleos de la planta
temporal, así:

Artículo 42. Plantas de Personal de Carácter Temporal para la Contraloría General
de la República. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la planta temporal de
la Contraloría General de la República para el Sistema General de Regalías,
creados mediante Decreto-ley 1539 de 2012.

Corresponderá al Contralor General de la República efectuar los ajustes necesarios
para que la Planta de Personal sea consistente con los montos apropiados en el
presente decreto a dicho órgano de control. Para tal efecto podrá reducir, suprimir o
refundir empleos en la Planta temporal que se está prorrogando en el presente
artículo.

Parágrafo. Si durante la ejecución del presupuesto del Sistema General de Regalías
del bienio 2017-2018 es necesario efectuar ajustes a los montos aprobados en el
presente decreto, el Contralor General de la República revisará la estructura de la
Planta de Personal, reduciendo, suprimiendo o refundiendo empleos, para ajustarla
a las nuevas disponibilidades presupuestales […].

Conforme a la anterior normatividad se puede concluir que el contralor General de
la República estaba facultado para efectuar los ajustes necesarios para que la
planta de personal fuera consistente con los montos apropiados en el Decreto 2190
de 2016 y, para ello, podía reducir, suprimir o refundir empleos.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

i) El 30 de agosto de 2012, mediante Resolución 2105, la contralora General de la
República nombró al señor Libardo Espitia Rodríguez en el cargo de profesional

14

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

especializado, nivel profesional, grado 04, adscrito a la planta temporal de empleos
de la Contraloría General de la República.8

ii) El 9 de febrero de 2017, la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la
República efectúo el estudio técnico denominado Planta Temporal de Regalías-
CGR Reducción de Empleos Ocupados en la Planta Asignada.9

iii) El 10 de febrero de 2017, por medio de la Resolución ORD 81117-00387, el
Contralor General de la República retiró del servicio al señor Espitia Rodríguez, con
sustento en las siguientes consideraciones:10

[…]
Que el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 "Por el cual se decreta el
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de 2017 al 31 de
diciembre de 2018" en su artículo 3 determinó lo siguiente:

“Presupuesto de los órganos del Sistema General de Regalías. De conformidad con
el monto total de gastos del Sistema General de Regalías definido en el artículo
anterior, autorícese gastos con cargo a los Órganos del Sistema General de
Regalías, durante el bienio del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 por
la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA PESOS MONEDA LEGAL (587.961.887.870), según el siguiente detalle:
(…)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 58.796.188.787"

Que con estos recursos se deben pagar gastos de funcionamiento y gastos de
personal de planta temporal de la Contraloría General de la República.

Que el artículo 42 del Decreto 2190 de 2016, facultó al Contralor General de la
República paca efectuar los ajustes necesarios para que la planta de personal sea
consistente con los montos apropiados por el mismo (Decreto 2190 de 2016) a este
órgano de control. Para el efecto podrá reducir, suprimir o refundir empleos en la
Planta temporal que se prorrogaron en el presente artículo.

Así mismo, en su parágrafo determinó que "Si durante la ejecución del
presupuesto del Sistema General de Regalías del bienio 2017-2018 es
necesario efectuar ajustes a los montos aprobados en el presente Decreto, el
Contralor General de la República revisará la estructura de la Planta de
Personal, reduciendo, suprimiendo o refundiendo empleos, para ajustarla a
las nuevas disponibilidades presupuestales."

8 Folio 14
9 Folios 86 al 111
10 Folios 15 y 16

15

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

Que de los decretos que determinan el presupuesto del sistema general de regalías
que corresponde a la Contraloría General de la República es evidente la reducción
presupuestal generada para el presente bienio lo que impide atender los gastos de
la planta de personal en las actuales circunstancias.
[…]

Que revisadas las necesidades del servicio, cargos y grados con las condiciones
actuales presupuestales de la Contraloría General de la República para financiar los
empleos de la Planta de Regalías se requiere realizar los ajustes correspondientes
a fin de cumplir con las previsiones constitucionales y legales en esta materia.
[…]
Que la apropiación existente es insuficiente para financiar el empleo de
COORDINADOR DE GESTIÓN NIVEL EJECUTIVO GRADO 03 EN EL SGR –
GRUPO INTERNO CONTROL FISCAL MICRO desempeñado por LIBARDO
ESPITIA RODRÍGUEZ
[…].

2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto

De acuerdo con las pruebas reseñadas, el señor Libardo Espitia Rodríguez laboró
como profesional especializado, nivel profesional, grado 04, adscrito a la planta
temporal de empleos de la Contraloría General de la República, desde el 30 de
agosto de 2012 hasta el 10 de febrero de 2017.

El 9 de febrero de 2017 la oficina de planeación de la Contraloría General observó
que a raíz de la disminución del presupuesto del bienio 2017-2018, debía
disminuirse la ocupación de empleos en la planta temporal de regalías. Por medio
de la Resolución ORD 81117-00387 el contralor General de la República lo retiró
del servicio.

Según el recurrente, para la expedición del acto de retiro no se cumplieron los
requisitos establecidos en el artículo 97 del Decreto 1227 de 2005, tales como
análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo, evaluación de la prestación
de los servicios y evaluación de las funciones, perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos; además, no se acreditó el concepto favorable de parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública.

16

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

Respecto del anterior planteamiento, esta corporación, al decidir un caso de
similares contornos fácticos,11 sostuvo que el estudio técnico se realiza para evaluar
la estructura organizacional de una entidad u organismo de carácter público, y así,
determinar si es necesario efectuar una reestructuración. La elaboración del estudio
técnico en la reforma de plantas de personal constituye el aspecto más importante
en la modificación o supresión de los empleos, como quiera que además de ser la
causa del acto posterior, brinda la oportunidad precisa a la administración de
identificar y permitir la intervención a los sujetos de especial protección
constitucional y dar las razones que motivan dicha acción por parte de la
administración.

Y, en relación con el estudio técnico que sirvió de sustento a la reducción de
empleos de la planta temporal de regalías de la Contraloría General de la República,
discurrió así:12

En el presente caso se evidencia que la Contraloría General de la República cumplió
con su deber de realizar un estudio técnico en el cual se evalúo la posibilidad de
reducir la planta temporal, dada la disminución en el presupuesto general de regalías
para el bienio 2017-2018 en un 32,69% respecto de los bienios 2013-2014 y 2015-
2016, veamos:

“(…) En virtud con lo ordenado al Contralor General de la República en el Decreto
2190 del 28 de diciembre de 2016, se debe proceder a disminuir la ocupación de
empleos en la planta temporal de Regalías correspondiente a 338 cargos, ello
igualmente acorde con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política y
artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Esta reducción, previo al análisis que realice la Gerencia del Talento Humano sobre
denominaciones de empleos, número de empleos, grados y remuneraciones, se
recomienda que se realice en proporción que pueda ser cubierta por la disponibilidad
presupuestal disponible para los Gastos de Personal para el bienio 2017 — 2018,
con la cual además se deben pagarse las prestaciones de seguridad social de los
empleos que queden ocupados durante el citado bienio.

Lo anterior sin perjuicio de la eficiencia y efectividad que la CGR debe garantizar en
la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Finalmente se espera que frente a la eventualidad de un mejoramiento en el
comportamiento de ingresos por recursos de Regalías, la Contraloría General de la

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000234200020170485601 (4081-19),
sentencia del 14 de octubre de 2021, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Ibidem.

17

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

República pueda nuevamente en un futuro ocupar la totalidad de los 338 cargos de
la Planta temporal de Regalías, para obtener una cobertura máxima en la vigilancia
y control fiscal sobre estos recursos del SGR, en beneficio de las inversiones para
garantizar los fines del Estado en la población objetivo nacional y territorial. (…)”.

De lo anterior, la Sala concluyó que la motivación expuesta en el acto administrativo
tuvo sustento en un estudio técnico que demostró la necesidad de reducir la
ocupación laboral, sin perjuicio de que pudiera, a futuro, mejorarse el monto
presupuestal que permitiera continuar con la provisión de la totalidad de los cargos
existentes. En tal dirección, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Decreto
2190 de 2016, el Contralor General de la República procedió a la disminución de
ocupación de empleos en la planta temporal del grupo de regalías correspondiente
a 338 empleos.

Dicha reducción debía ser progresiva, previo análisis que debía efectuar la Gerencia
del Talento Humano sobre las denominaciones de empleos, número de empleos,
grados y remuneración que pudiesen ser cubiertos con la disponibilidad
presupuestal para los gastos de personal de 2017-2018.

En este orden, si bien en el estudio técnico no fueron expresados los análisis de los
procesos técnico-misionales y de apoyo, la evaluación de la prestación de los
servicios y evaluación de las funciones, perfiles y las cargas de trabajo de los
empleos, lo cierto es que se dejó establecido que sería el Contralor General de la
República, previo análisis de la Gerencia de Talento Humano, quien se encargaría
de efectuar, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, la reducción de la
planta de personal. Así las cosas, se puede inferir que el acto por el cual se retiró
del servicio al demandante no tuvo ninguna intención ajena al buen servicio, pues
no se aportó prueba alguna que dé cuenta de ello.13

Por otra parte, frente al argumento del recurrente, relacionado con la necesidad del
concepto previo del Departamento Administrativo de la Función Pública, debe

13Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000234200020170485601 (4081-19),
sentencia del 14 de octubre de 2021, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

18

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la sentencia C-
370 de 1999, al respecto, en los siguientes términos:

[…]
Así las cosas, la conformación de las plantas de personal a nivel territorial es una
labor que desarrollan, en cada una de sus jurisdicciones, los respectivos
Gobernadores y Alcaldes, de acuerdo con lo estipulado previamente por las
Asambleas y los Concejos correspondientes. Entonces, si el legislador hubiera
exigido la aprobación previa de las reformas que se hagan a esas plantas de
personal, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, estaría
interfiriendo indebidamente en un asunto que es de competencia exclusiva de esas
autoridades locales, lo cual constituiría una flagrante violación de los cánones
constitucionales antes citados y, obviamente, de su autonomía. Sin embargo, esa
autonomía no significa que el legislador no pueda establecer algunas pautas o
reglas generales a las cuales deban sujetarse las autoridades departamentales y
municipales para esos efectos, pues es la ley la que regula la carrera
administrativa, según lo ordena el artículo 125 del estatuto superior. Además, no
se olvide que la autonomía debe ejercerse dentro de los límites que establece la
Constitución y la ley, siempre y cuando esta última no afecte su núcleo esencial.”

Lo anterior significa que no se puede llegar al extremo de exigir en ese proceso de
modificación de la planta de personal, una autorización de un órgano del Gobierno
nacional, ya que eso implica anular la autonomía constitucional de esas entidades
y someterlas a un control jerárquico de parte del Gobierno.14

No queda duda, entonces, de que el estudio técnico cumplió con los presupuestos
que exigen las leyes de carrera administrativa, pues se argumentó la necesidad de
modificar la estructura de la entidad en orden a restablecer el equilibrio financiero,
luego de que la temporalidad de los cargos de la planta de regalías se vio afectada
por el aspecto presupuestal, que implicó el retiro de algunos empleados, debido a
la ausencia de recursos para financiar los empleos.

Por otro lado, el apelante afirma que si fuera cierto, como lo dijo el a quo, que el
nombramiento de un empleado temporal termina de manera automática una vez se
cumple el término de su finalización, su retiro darse el 31 de diciembre de 2016 y no
el 10 de febrero de 2017.

14Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000234200020170485601 (4081-19),
sentencia del 14 de octubre de 2021, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

19

Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

Al respecto, se tiene que el Decreto 1539 de 2012 creo, hasta el 31 de diciembre de
2014, una planta temporal de empleos en la Contraloría General de la República;
posteriormente, por medio de la Ley 1744 del 26 de diciembre de 2014, 15 dichos
empleos fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2016;16 luego, mediante el
Decreto 2190 de 2016,17 se extendió su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018.

No obstante, esta última norma, en el artículo 42 dispuso:

[…]
Corresponderá al Contralor General de la República efectuar los ajustes necesarios
para que la Planta de Personal sea consistente con los montos apropiados en el
presente decreto a dicho órgano de control. Para tal efecto podrá reducir, suprimir
o refundir empleos en la Planta temporal que se está prorrogando en el
presente artículo.

Parágrafo. Si durante la ejecución del presupuesto del Sistema General de Regalías
del bienio 2017-2018 es necesario efectuar ajustes a los montos aprobados en el
presente decreto, el Contralor General de la República revisará la estructura de la
Planta de Personal, reduciendo, suprimiendo o refundiendo empleos, para
ajustarla a las nuevas disponibilidades presupuestales. (Negritas de la Sala).

Ello quiere decir, que el contralor estaba facultado para reducir, suprimir o refundir,
aun durante el periodo de prórroga, los empleos de la planta de personal por
razones de orden presupuestal, como lo hizo. Así las cosas, el hecho de que la
desvinculación del demandante no se hubiera dispuesto desde el 31 de diciembre
de 2016, cuando finalizó la segunda prórroga, no impedía hacerlo en el momento
en que, con fundamento en la ley, el contralor efectuó los ajustes necesarios, de
acuerdo con los montos apropiados en el Decreto 2190 de 2016, soportado en el
respectivo estudio técnico, en el que se concluyó la necesidad de reducir 338
cargos.

15 Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o de enero de 2015

al 31 de diciembre de 2016.
16 Artículo 39
17 Por el cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2017

al 31 de diciembre de 2018.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

En suma, comoquiera que el demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara al acto acusado, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, que denegó las pretensiones de la demanda.

2.5. De la condena en costas

Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso,18 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia a la parte demandante, en cuanto no resultaron
probadas.19

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado, en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que el recurso de apelación debe despacharse
desfavorablemente, toda vez que no se probaron los cargos endilgados a los actos
acusados, por medio de los cuales se retiró del servicio al demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

18 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el

recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».
19 Teniendo en cuenta que la parte demandada no presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 04325 01 (2959-20)
Demandante: Libardo Espitia Rodríguez

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ―Sección Segunda-Subsección F, por medio de
la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por
Libardo Espitia Rodríguez contra la Contraloría General de la República.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

22

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