Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04352-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04352-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
14 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si es procedente el reajuste de la
asignación básica y demás prestaciones con
fundamento en el IPC para que ello tenga
incidencia en la asignación de retiro.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 29 de julio de 20221, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de julio
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las pretensiones del señor
Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez en contra del Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.
I. ANTECEDENTES2
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez, por intermedio de apoderado judicial3,
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley
1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se aplique la excepción de
inconstitucionalidad a los aumentos porcentuales salariales realizados por
oscilación al sueldo básico y partidas prestacionales fijados a través de los
Decretos 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001,
745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 20044; y, además, se declare la nulidad
del Oficio 20155661214561-MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEM-DIPER-
NOM-1-10 de 14 de diciembre de 2015 por medio del cual el Oficial Sección
Nómina del Ejército Nacional le negó la reliquidación de su salario desde el año
de 1997 a 2001 con base en el índice de precios al consumidor y, por ende, el
1
Informe visible a folio 125 del expediente.
2
Demanda visible a folios 1 a 18 del expediente.
3
El abogado Gonzalo Humberto García Arévalo.
4
“(…) Por los cuales se fijaron los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, en cada uno de esos años (…)”.
2
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
reajuste de la asignación de retiro, así como el pago de las diferencias dejadas
de cancelar.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) reconocer y reajustar su sueldo y prestaciones sociales incorporando
los porcentajes del IPC dejados de incluir en su asignación básica desde el 1°
de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2004; (ii) reliquidar su asignación
de retiro con la incorporación del IPC dejado de incluir en la asignación básica,
a partir del año 2005 y hasta la fecha del pago efectivo; (iii) ordenar que se tenga
en cuenta la nueva asignación básica reajustada para el cómputo con
retroactividad de los valores adeudados, correspondientes a la aplicación de las
otras primas que constituyen parte integral de la asignación de retiro; y, (iv) que
se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo 188, 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen
integral de la situación fáctica del demandante, así:
El señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez estuvo vinculado en el Ejército
Nacional desde el 16 de marzo de 1983 al 2 de marzo de 2013, fecha en que
fue retirado del servicio por solitud propia cuando ostentaba el grado de Coronel.
En virtud de lo anterior, le fue reconocida la asignación de retiro por medio de
la Resolución 03 de 3 de enero de 2013 por parte del Subdirector Administrativo
encargado de las funciones del Director General de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.
Durante los años 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 el Gobierno
Nacional incrementó las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública en porcentajes inferiores al del IPC del año inmediatamente anterior, de
forma que generó con ello una pérdida de la capacidad adquisitiva de éstas,
razón por la que algunos integrantes acudieron a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa para obtener mediante providencia judicial, el mantenimiento de
dicho poder adquisitivo en las asignaciones de retiro.
El 2 de diciembre de 2015 el señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez solicitó
la reliquidación de su salario desde el año de 1997 a 2004 con base en el índice
de precios al consumidor y, por ende, el reajuste de la asignación de retiro, así
como el pago de las diferencias dejadas de cancelar; sin embargo, por medio
del Oficio 20155661214561-MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEM-DIPER-
NOM-1-10 de 14 de diciembre de 2015 le fue negada tal petición por considerar
que desde la fecha en que se retiró del servicio, esto es, 2 de marzo de 2013,
se han venido aplicando los reajustes que el Gobierno Nacional ha establecido.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 2, 4, 5, 13, 25, 42, 53, 90, 334, 366 y 377; Ley 4ª
de 1992, artículos 2, 4, 11 y 13.
3
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto
demandado está afectado por las razones que se pasan a exponer:
Se desconoció la supremacía de la Constitución y lo fijado en la Ley 4ª de 1992,
toda vez que se dejó de aumentar anualmente el salario con base en el IPC, ya
que únicamente tuvo en cuenta lo dispuesto por el Gobierno Nacional en los
respectivos decretos mediante los cuales fijó los salarios básicos de los
miembros activos de la Fuerza Pública, por cuanto, éstos resultaron lesivos,
dado que se afectó el mantenimiento del poder adquisitivo constante, al
aumento remunerativo del mínimo vital y móvil y el principio de progresividad
en su remuneración mes por mes y año por año a partir del 1.º de enero de
1997 hasta el 31 de diciembre de 2001, al ser dicho aumento (oscilación)
porcentualmente menor al aumento salarial realizado por el mismo Gobierno
Nacional bajo la metodología del IPC, a los demás trabajadores tanto del sector
público como del privado.
1.3 Contestación de la demanda5.
El Ministerio de Defensa, a través de su apoderada, contestó la demanda dentro
de la oportunidad legal y solicitó negar las súplicas con fundamento en los
siguientes argumentos:
De conformidad con el régimen prestacional del personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, las asignaciones de retiro se reajustan con
base en las variaciones que se introduzcan en las asignaciones pagadas a los
militares que se encuentren en servicio activo de acuerdo con cada grado, es
decir, con aplicación del principio de oscilación, el cual tiene como finalidad
preservar la igualdad de los militares en actividad y en retiro.
Si bien es cierto en algunos años la asignación de retiro ha sido reajustada en
un porcentaje inferior al IPC, también lo es, que ello no implica un trato
discriminatorio, pues, en conjunto, el régimen especial de la Fuerza Pública es
más favorable que el de la generalidad de la población.
La Ley 238 de 19956, que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
respecto a los incrementos pensionales correspondientes a la Fuerza Pública,
señaló que las excepciones consagradas no implican la negación de los
beneficios y derechos determinados por los artículos 14 y 142 de dicha ley para
los pensionados de los sectores por ella contemplados. A lo anterior se agrega
que las personas amparadas por regímenes prestacionales especiales deben
acogerse en su integridad a los mismos, sin que sea posible aplicar en algunos
aspectos las normas generales.
5
Visible a folios 45 a 50 del expediente.
6
“(…) Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 (…)”.
4
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
1.4. La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia 29 de julio de
2021 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos7:
El legislador a través de la Ley 238 de 1995 8, extendió el reajuste del IPC
contemplado en el artículo 14 de la Ley 100 de 19939, a las asignaciones de
retiro reconocidas a los miembros de las Fuerza Militares con el fin de que éstas
mantuvieran su poder adquisitivo constante, mientras que, según lo
preceptuado en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, los sueldos del personal
activo debían incrementarse en el porcentaje establecido por el ejecutivo en
relación con la asignación básica fijada para el grado de General.
El salario para los miembros de la Fuerza Pública ha sido reajustado año tras
año y tiene su propia regla especial para efectos de su fijación e incremento,
teniendo en cuenta lo que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho
y que, de todas maneras, la remuneración para esos servidores, supera el
salario mínimo mensual, el cual tiene como unidad de medida el IPC.
En el caso bajo estudio y luego de analizar la documentación allegada al
expediente, se observó que no existe una clara, evidente y notoria vulneración
de los derechos fundamentales del demandante, ni se encuentran demostradas
las causales de nulidad que se invocan en el libelo introductorio, pues el
incremento en los haberes teniendo en cuenta el IPC, solo es aplicable a las
personas que adquirieron el derecho de la asignación de retiro a partir del año
1997 y hasta el 2004, dado que después de esa fecha se ha retomado el sistema
de oscilación, el cual no ha vuelto a ser inferior al IPC.
En efecto, se acreditó que le fue reconocida la asignación de retiro al señor
Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez conforme al principio de oscilación, esto es,
con la asignación básica de un Coronel en servicio activo para el año 2013, de
conformidad con la escala gradual establecida por el Gobierno Nacional para
ese año y, en esa medida, no observa que la entidad demandada haya liquidado
la asignación de retiro de forma ilegal o inconstitucional.
1.5 El recurso de apelación.
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación10:
7
Visible a folios 111 a 114 del expediente.
8
“(…) Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 (…)”.
9
“(…) ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio,
el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con
el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno (…)”.
10
Visible a folios 407 a 410 del expediente.
5
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Desconoce el a-quo que su salario debió ser reajustado conforme al índice de
precios al consumidor como lo establece la Ley 4ª de 199211 y no conforme a
los incrementos efectuados por el Gobierno Nacional a través de los Decretos
122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000 y 2737 de 2001.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, puesto que los
porcentajes en los que se incrementó el salario del demandante fueron
inferiores al IPC, por lo que existen grandes diferencias a su favor.
El derecho a la igualdad se encuentra quebrantado al no habérsele reajustado
el salario de acuerdo con el índice de precios al consumidor, lo que, a su juicio,
ha conllevado a que existan diferentes bases de liquidación para el cómputo de
las asignaciones de retiro por no haberse incrementado la base salarial de
acuerdo con el aludido indicador económico.
II. CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con el argumento que obra en el recurso de apelación, establece la
Sala como problema jurídico el siguiente:
Establecer si la asignación salarial y prestacional que percibió el señor
Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez entre los años 1997 a 2004, esto es,
cuando se encontraba en servicio activo como Suboficial del Ejército
Nacional, puede reajustarse con fundamento en el índice de precios al
consumidor -IPC- pues en tal evento, se debería reliquidar su asignación
de retiro, porque estas diferencias deben ser utilizadas como base para
la liquidación de las mesadas causadas con posterioridad al 2013.
A efectos de resolver el problema jurídico que se ha planteado, la Sala
desarrollará la siguiente metodología: (i) marco normativo para la fijación del
régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública; y, ii) caso en
concreto.
(i) Marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional del
personal de la Fuerza Pública.
A partir de la expedición de la Constitución de 1991 la fijación del régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos, incluidos entre ellos los
integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto privativo de la órbita de
competencia del Congreso de la República, sino que esa atribución hoy es
compartida con el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el
11
“(…) Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. (…)”.
6
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución 12.
En esta norma constitucional de manera expresa se señaló que corresponde al
Congreso en ejercicio de la función legislativa “dictar las normas generales, y
señalar en ellas los objetivos y criterios” a los cuales se sujetará el Gobierno
para “fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.
En virtud de la nueva normatividad constitucional y teniendo en cuenta que el
derecho se constituye gradualmente, al legislador le corresponde establecer
normas generales y señalar objetivos y criterios en las materias a que se refiere
el numeral 19 del artículo 150 de la Carta, es decir, en ejercicio de su
competencia precisa el marco dentro del cual deberá actuar el Gobierno
Nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra “la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos”, como ya se anotó.
Ello implica entonces que corresponde al Ejecutivo desarrollar lo dispuesto por
la ley marco mediante la expedición de Decretos que no tienen la naturaleza de
leyes, ni tampoco la de decretos reglamentarios de la ley, pues no son
expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria establecida por el artículo
189 numeral 11 de la Constitución, sino que son por mandato constitucional
reglamentan el contenido normativo de las leyes marco, conocidas también
como “Leyes Cuadro”.
Dado que la Constitución no es un agregado sucesivo de normas, sino que es
un todo armónico que ha de interpretarse conforme a su unidad ontológica y
jurídica, se impone como criterio hermenéutico la armonización de las distintas
disposiciones que la integran. Por ello, lo dispuesto en el artículo 217 inciso
3°13de la Carta en lo que se preceptúa que la Ley determinará entre otros
asuntos propios de las Fuerzas Militares lo atinente a su régimen prestacional,
debe armonizarse con lo preceptuado por el artículo 150 numeral 19 literal e)
de la Constitución.
Es decir, corresponde al Congreso de la República establecer los principios
generales objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los integrantes de la Fuerza Pública y, es competencia del Presidente de la
República con acatamiento a la ley marco que se expida por el Legislador,
precisar luego el desarrollo de ésta en cuanto hace relación al régimen salarial
y prestacional de esos servidores públicos.
Siendo ello así, el artículo 217 de la Constitución guarda armonía con lo
preceptuado por el artículo 150 numeral 19 literal e), en cuanto al régimen
salarial y prestacional de las Fuerzas Militares como integrantes de la Fuerza
Pública. Por tanto, el Gobierno debe sujetarse a la ley marco que se expida para
12
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública
13
ARTICULO 217. (…) La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como
los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional
y disciplinario, que les es propio.
7
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
el efecto.
Así, dando cumplimiento a lo establecido en el canon constitucional, el
Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, “Mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, en la que determinó los
servidores públicos que serían objeto de regulación salarial y prestacional por
parte del Gobierno, así:
“(…)
Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
d) Los miembros de la Fuerza Pública
(…)”
Por su parte, en su artículo 13 estableció con respecto a la escala gradual
porcentual, lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional
establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal
activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos
en el artículo 2º.
PARÁGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las
vigencias fiscales de 1993 a 1996. (…)”
Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del
legislador de 1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el
establecimiento de una escala gradual porcentual era el de nivelar la
remuneración de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública, razón
por la que se creó de manera temporal la prima de actualización, la que
subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo. Ello se logró en vigencia de los
Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.
El artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución
Política y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de
emergencia social, creó con base en el plan quinquenal para la Fuerza Pública
1992 –1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización en los porcentajes que
allí se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica.
Esta prima, según el parágrafo del mismo artículo, estaría vigente hasta el
establecimiento de una escala salarial porcentual única para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, lo que significa que se trató de una prima temporal
tendiente a nivelar la remuneración de estos servidores en forma gradual hasta
8
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
llegar a una escala salarial única.
En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación
gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el
reconocimiento de la asignación de retiro y pensión, no sólo para quienes la
devenguen en servicio activo como lo estipula expresamente el parágrafo del
artículo 15 ya citado, sino también para el personal retirado ya que, por el
sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consagrado en
el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las variaciones que en todo tiempo se
introduzcan en las asignaciones de actividad se deben reflejar en las
asignaciones y pensiones ya reconocidas.
A su vez, el Decreto 107 de 1996, “Por el cual se fijan los sueldos básicos para
el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional (…)”, estableció en su artículo 1º lo siguiente:
“(…) Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de
1992, fijase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General.
Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.40%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
(…)
Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los
grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación mensual
igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos
de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento (45%)
como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando.
Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.
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Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo,
tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los Ministros
del Despacho. La Prima de Dirección no será factor salarial para ningún efecto legal,
se pagará mensualmente y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen
derecho los Oficiales en estos grados. En ningún caso, los Oficiales Generales y
Almirantes podrán percibir una remuneración superior a la prevista para los Ministros
del Despacho. (…)”.
A partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno Nacional cada año ha
proferido los Decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial (122
de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002;
3552 de 2003; 4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de
2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de 2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013
y 187 de 2014), es decir, que ha tomado como base, el porcentaje de la
asignación básica del grado de General.
Del recorrido normativo antes esbozado, se tiene que la asignación básica del
personal de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide
el Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto
que devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente
distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir
del Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los salarios del
personal castrense.
(ii) Caso en concreto.
En el sub-lite el señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez pretende la
reliquidación del salario y demás prestaciones que recibió entre los años 1997
a 2004 con fundamento en el índice de precios al consumidor -IPC-, ya que ello
tendría incidencia en la asignación de retiro que recibió por medio de la
Resolución 03 de enero de 2013.
Con miras a resolver el punto objeto de controversia, la Sala tendrá en cuenta
el siguiente material probatorio:
a) Por medio de la Resolución 03 de 3 de enero de 2013 el Subdirector
Administrativo encargado de las funciones del Director de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares le reconoció al señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez
su asignación de retiro a partir del 1º de marzo de 2013 en cuantía del 95% del
sueldo de actividad correspondiente al grado en todo tiempo14.
b) El 2 de diciembre de 2015 el señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez
solicitó el reajuste de su salario y demás prestaciones que recibió entre los años
1997 a 2004 con fundamento en el índice de precios al consumidor -IPC-, con
la correspondiente incidencia de su asignación de retiro15; sin embargo, por
medio del Oficio 20155661214561-MDN-CGFM-COEJC-CEJEM-JEDEM-
DIPER- NOM-1-10 de 14 de diciembre de 2015 el Jefe de División de Nóminas
14
Visible a folios 24 y 25 del expediente.
15
Visible a folios 26 a 29 del expediente.
10
Radicado No. 250002342000201704352 01.
No. interno: 2520-2022.
Actor: Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez.
Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
de la Ejército Nacional le negó tal petición por considerar que16:
“(…) la Sección de Nómina del Ejército presupuesta las partidas en el sistema de
informática del Ministerio de Defensa, las cuales, de acuerdo al Decreto Anual de
Sueldos expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no
contempla el reconocimiento de dicho incremento bajo los parámetros solicitados en
su petición.
(…)”.
Pues bien, se observa que lo pretendido por el actor es obtener el reajuste de
su asignación básica y de retiro que le fueron reconocidas por parte de la
accionada a través de los decretos que fijaron los respectivos aumentos anuales
según la escala gradual porcentual, pero sumándole la variación porcentual que
arrojó el índice de precios al consumidor para los años 1997 a 2004, toda vez
que alega que para tales anualidades su ingreso perdió poder adquisitivo al
haber sido incrementado su salario por debajo del IPC.
Al respecto, se tiene que uno de los propósitos del legislador al expedir la Ley
4ª de 199217 y ordenar el establecimiento de una escala gradual porcentual, era
el de nivelar la remuneración de los miembros activos y retirados de la fuerza
pública, razón por la cual, se creó de manera temporal la prima de actualización,
la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo «Decretos 335 de 1992, 25
de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995»18.
Veamos, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de
la República en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución
Política y en Desarrollo del Decreto 333 de 1992 que declaró el estado de
emergencia social, creó con base en el plan quinquenal para la Fuerza Pública
1992 –1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES, para los oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que
allí se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica.
Dicha prima, según el parágrafo del mismo artículo, estaría vigente hasta
cuando se estableciera una escala salarial porcentual única para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, lo que significa que se trató de una prima temporal
tendiente a nivelar la remuneración de estos servidores en forma gradual hasta
llegar a una escala salarial única.
En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación
gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el
reconocimiento de la asignación de retiro y pensión, no sólo para quienes la
16
Visible a folios 30 y 31 del expediente.
17
“(…) Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. (…)”.
18
Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de
Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces,
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
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devenguen en servicio activo como lo estipula expresamente el parágrafo del
artículo 15 ya citado, sino también para el personal retirado, ya que por el
sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consagrado en
el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las variaciones que en todo tiempo se
introduzcan en las asignaciones de actividad se deben reflejar en las
asignaciones y pensiones ya reconocidas.
Visto lo anterior y bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del
demandante en el Ejército Nacional, la Sala precisa que para regular los salarios
del personal en actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional aplica la
escala gradual, razón por la cual, ésta no puede ser modificada por decisión
judicial, mientras que, para calcular las asignaciones de retiro, se basa en el
principio de oscilación, con el fin de mantener el equilibrio entre los incrementos
efectuados al personal activo y los realizados al personal en retiro que disfruta
de una pensión o asignación de retiro.
Nótese que tal y como se expuso en el anterior acápite, el Gobierno Nacional,
con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992,
es quien fija el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública, acatando lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política.
Así las cosas, como lo pretendido por el demandante es que se le reajuste su
asignación básica conforme a la variación porcentual arrojada por el índice de
precios al consumidor para las anualidades mencionadas, así como su
asignación de retiro por considerar que éste fue mayor al efectuado conforme
los decretos proferido por el Gobierno nacional, resulta improcedente acceder a
ello, puesto que, al personal en actividad se le efectúa el reajuste de su salario
de conformidad con la escala gradual porcentual, a la cual se hizo alusión en
líneas precedentes.
Ahora, si bien por orden judicial se ha ordenado el incremento de algunas
asignaciones de retiro con fundamento en el IPC, dicho sustento jurídico no
puede utilizarse para modificar la escala gradual porcentual, en la medida que
los debates son disimiles, puesto que, el reajuste de las asignaciones de retiro
en lo que refiere concretamente a los incrementos realizados a los años 1997,
1999, 2001 a 2004 deviene por fuerza de las previsiones del artículo 14 de la
Ley 100 de 199319, aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, en virtud de
la Ley 238 de 1995, tema que ha sido objeto de numerosos pronunciamientos
de esta Corporación y que no guarda relación con lo aquí pretendido por el
accionante, puesto que se enmarca al salario devengado en actividad y su
incidencia en la liquidación de su asignación de retiro .
Entonces, frente a lo reclamado por el demandante, es claro que los reajustes
anuales para los miembros activos de la Fuerza Pública recaen en el Gobierno
Nacional quien profiere los decretos correspondientes con sujeción a las
normas, criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992 y para quien, el
19
Así se colige por la comparación entre el incremento porcentual efectuado por el Gobierno Nacional
y la variación del IPC (hecho notario) certificado por el DANE durante los años 1997, 1999, 2001, 2002,
2003 y 2004.
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IPC no constituye el único indicador o variable económica que puede ser
aplicado para el reajuste de los salarios de los servidores públicos.
En esa medida, la Sala encuentra que, inicialmente, la Corte Constitucional en
pronunciamiento recogido en la Sentencia C-1433 de 200020, basándose
especialmente en lo establecido sobre el carácter móvil del salario por el artículo
53 superior y además, en lo regulado por el artículo 4° de la Ley 4ª de 1992 21,
afirmó que la equivalencia entre el trabajo y el salario exigía mantener
actualizado el valor de este último, ajustándolo periódicamente en consonancia
con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de
su poder adquisitivo y asegurar que en términos reales conservara su valor. En
este sentido se lee lo siguiente en dicho pronunciamiento:
“(…) La persona natural que pone a disposición de un empleador su fuerza laboral, al
paso que cumple con una función social, persigue como interés particular una
retribución económica por la prestación del servicio, que no solamente debe
representar el equivalente al valor del trabajo, sino que debe ser proporcional a la
necesidad de asegurar su existencia material y la de su familia, en condiciones dignas
y justas, que serán las que le permitan subsistir adecuada y decorosamente. Por esta
razón, la remuneración debe asegurar un mínimo vital, como lo ha entendido la
jurisprudencia de esta Corte22 y, además, ser móvil, de modo que siempre guarde
equivalencia con el precio del trabajo.
Esta equivalencia debe ser real y permanente, y conseguirla supone necesariamente
mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia
con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de su
poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su valor. (…)”
Agregó la sentencia que en la medida que la situación de todos los trabajadores
estaba igualmente afectada por las circunstancias macroeconómicas, en
especial por el fenómeno inflacionario, el reajuste periódico debía cobijar a
todos los servidores públicos y no solamente a un grupo o grupos dentro de
ellos. Y que, en tal virtud, los aumentos salariales anuales debían corresponder,
por lo menos, al monto de la inflación del año anterior, porque sólo de esta
manera se cumplía a cabalidad con los mandatos constitucionales que exigían
conservar el poder real de los salarios de los trabajadores, por cuanto:
“(...) 2.9. Conviene recabar que el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia de
2000 se concibió ajustado a una serie de criterios macroeconómicos, dentro de los
cuales tuvo un peso determinante la necesidad de restringir los aumentos salariales.
Es así como la ley acusada, reconoce dos franjas de servidores públicos en relación
con el incremento, o mejor, con el ajuste del salario: quienes devengaban hasta dos
salarios mínimos mensuales, que lo recibieron, y los demás que fueron excluidos del
beneficio de tal derecho.
20
Sentencia que examinó la constitucionalidad de la Ley 547 del 23 de diciembre de 1999, "por la cual
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000", en cuanto sus disposiciones no contemplaron las
apropiaciones para cubrir, durante la vigencia fiscal de 2000, el aumento que compensara la pérdida
del poder adquisitivo de los salarios de todos los servidores públicos.
21
Conforme a esta disposición, después de lo decidido mediante la sentencia C-710 de 1999, el
Gobierno Nacional cada año debe modificar el sistema salarial correspondiente a los servidores públicos
nacionales, “aumentando sus remuneraciones”.
22
Sentencia SU-995/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz
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Lo anterior implica, sin duda, un tratamiento discriminatorio en perjuicio de un vasto
sector de servidores públicos, bajo el criterio de que la mayoría de los trabajadores
deben hacer un sacrificio como contribución al saneamiento de las finanzas públicas.
“Dicho tratamiento rompe el principio de igualdad en la medida en que la situación de
todos los trabajadores está igualmente afectada por la situación económica y, en
especial, por el fenómeno inflacionario. Y si el Estado debe preservar el valor real del
salario, como se ha visto, no existe fundamento razonable para que solamente en
relación con determinados servidores se logre este propósito y en cambio se
desatienda con respecto a otros.
“Si, como lo ha expresado la Corte, no es admisible que se congelen los salarios
dejando de hacerse incrementos periódicos que permitan asumir el deterioro de los
ingresos, menos resulta aceptable que se niegue a un gran sector de trabajadores del
Estado el "ajuste" de sus asignaciones para que al menos conserven su valor real.
(…)
No es argumento suficiente para desconocer el ajuste del salario a los servidores
públicos la situación fiscal del país, pues ésta requiere de un manejo ajustado a los
ordenamientos constitucionales y de éstos surge, con claridad meridiana, el deber
constitucional para el Gobierno de conservar el valor real del salario, haciendo como
lo determine la ley, los ajustes periódicos por inflación, así como los incrementos
adicionales que se justifiquen, atendiendo los diferentes factores de orden político,
social y económico.
(…)
con arreglo a la jurisprudencia contenida en la sentencia C-815/99, los aumentos
salariales deben corresponder, por lo menos al monto de la inflación del año anterior,
porque sólo de esta manera se cumple a cabalidad con los mandatos constitucionales
que exigen conservar el poder real de los salarios de los trabajadores.
Sin embargo, tal postura fue ligeramente modificada, puesto que en la
Sentencia C-1064 de 200123 la Corte reiteró que el principio recogido en el inciso
1° del artículo 53 de la Constitución, relativo al derecho del trabajador a recibir
una “remuneración mínima vital y móvil”, debía ser interpretado como un
derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real
del salario, conclusión a la que se llegó a partir de una interpretación sistemática
de la Carta y también de los tratados y convenios internaciones de protección
al salario, en ese punto precisó que:
“4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario no es absoluto. El
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho
absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado Social y Democrático 24. La
23
M.P Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. Salvamento de voto de Jaime Araujo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández. Aclaración de
voto de Álvaro Tafur Galvis.
24
Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “Si el sistema
constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de
derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos
gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del
Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que
podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que
consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho
legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para
restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente
protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las
disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado
claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que
habría de formular el operador del derecho.
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conceptualización del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario como
derecho limitable es un desarrollo específico de la doctrina según la cual los derechos,
incluso los fundamentales, no son absolutos, de lo que se deriva la posibilidad de
armonizarlos para asegurar en la práctica su ejercicio efectivo.”
Por esa razón, la referida Corporación confirmando las principales premisas
consignadas en la Sentencia C-1433 de 2000 sobre el derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario, se apartó de las conclusiones a que había llegado
en aquel pronunciamiento, específicamente, en lo relativo a que las autoridades
competentes para fijar los salarios no podían ser restringidos mediante reglas
inflexibles, como lo era, contemplar una formula única para la fijación del
aumento salarial.
En esa medida, el órgano guardián de la Constitución, tomó distancia respecto
de los precedentes invocados en los que estableció un aumento salarial a partir
de una fórmula única y específica, v.gr. la indexación con base en la inflación
del año anterior como criterio mínimo al estimar que la orden de aplicar una
fórmula única y específica de indexación salarial para cualquier nivel salarial no
es compatible con la ratio decidendi de las sentencias que constituyen
precedente inmediato y directo de la C-1433 de 2000.
Lo anterior deja ver que, si bien el IPC es una variable económica que puede
ser tenida en cuenta para establecer el aumento anual de los salarios de los
servidores públicos, también lo es que, no constituye la única fórmula aplicable
para ello, pues, también lo son el peso de la situación real del país, las
finalidades de la política macroeconómica, la ponderación racional del gasto
público entre otras25.
Sin embargo, el sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se
confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de derechos que han surgido históricamente como
consecuencia de la aparición de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas
axiológicos “uniformes” pueden verse enfrentados o resultar opuestos a objetivos colectivos de la mayor
importancia constitucional. Así, para sólo mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de
expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen nombre
y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa; el derecho de asociación sindical no se extiende a los
miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de huelga se restringe en nombre de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición está
limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses constitucionalmente valiosos (C.P.
art. 23 y 74); el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por “los derechos de
los demás y el orden jurídico” (C.P. art. 16), etc.”
25
En ese sentido podría ser muy útil la sentencia C-931 de 2004, en la que la Corte Constitucional
estudió una demanda de constitucionalidad contra un apartado que ordenaba congelar los salarios de
los servidores públicos, contenido en la Ley 848 de 2003 que fijaba el presupuesto de rentas, los
recursos de capital y las apropiaciones para la vigencia 2004; providencia en la que se señaló, que para
la determinación de los reajustes anuales de los salarios de los servidores públicos, se deben tener en
cuenta los siguientes criterios: «a. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores
públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (artículo 53 y concordantes, CP) y, por ende,
a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada en el año
inmediatamente anterior, sin que éste sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En
consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder
adquisitivo del salario.
b. El derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es un derecho absoluto. No
obstante, no cualquier interés estatal justifica su limitación. Sólo puede ser limitado para promover el fin
constitucionalmente imperioso de preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en
circunstancias de déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto público social (artículo
15
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Se colige entonces en primer orden por parte de esta Sala a partir de lo
analizado que, para las anualidades en que reclama el actor el ajuste,
reconocimiento, reliquidación de su sueldo y prestaciones sociales incorporando
los porcentajes del IPC dejados de incluir, ello per se no desconoce el
ordenamiento constitucional y legal, puesto que, la Carta Superior protege el
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario y que ello
conlleva a que cada año éste sea reajustado para todos los servidores cobijados
por la ley anual de presupuesto, pero no necesariamente que dicho incremento
deba hacerse con aplicación únicamente de la variación porcentual del IPC del
año inmediatamente anterior.
350, CP), asegurando así la efectividad de la solidaridad como principio fundamental del Estado Social
de Derecho (artículo 1, CP), dentro de un contexto económico que justifique la necesidad de la limitación
(artículo 2, CP).
c. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2) salarios
mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario no podrá ser objeto de
limitaciones dado que tales servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el
Congreso de la República a iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, estos servidores deberán recibir el
pleno reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de inflación registrada en el año 2003.
d. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el
poder adquisitivo del salario sólo puede afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2)
salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos puede ser objeto de
limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación
causada en año 2003, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos:
• Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de progresividad por
escalas salariales, de tal manera que quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores
limitaciones y los servidores ubicados en la escala salarial más alta definida por el Gobierno sean
quienes estén sometidos al grado más alto de limitación.
• En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en los ajustes entre escalas
salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los servidores públicos se le podrá afectar el núcleo
esencial de ese derecho.
• Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de
los servidores públicos señalados, el ajuste en la última escala superior no podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) de la inflación causada en el año 2003. No obstante, para la próxima vigencia fiscal de
2005 dicho tope del 50% no resultaría ajustado a la Constitución, pues el efecto acumulado de tal
restricción haría más gravosa la limitación de derechos de los trabajadores; y porque, como enseguida
se explica, al final del cuatrienio correspondiente a la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo
debe haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del
salario a todos los servidores públicos. Este criterio deberá ser tenido en cuenta en el Presupuesto del
año 2005.
• A los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, el Estado les debe garantizar que, dentro
de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los incrementos
salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la
actualización plena de su salario, de conformidad con el índice acumulado de inflación. El Gobierno y el
Congreso tienen la obligación de incluir en los instrumentos de manejo de la política económica, previo
un debate democrático, los programas y políticas que garanticen que, dentro de los cuatro años de
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, se consigan reajustes progresivos que logren alcanzar, al final
de tal período cuatrienal, incrementos iguales o superiores al índice acumulado de inflación para estos
servidores. A esta finalidad han de propender las políticas públicas correspondientes.
Lo anterior significa que la
limitación del referido derecho no constituye una deuda a cargo del Estado que deba ser cancelada
retroactivamente por éste al término del periodo de cuatro años, sino un ahorro para hacer sostenible el
gasto público social en condiciones macroeconómicas como las mencionadas en esta sentencia.
• En cada presupuesto anual, de no justificarse la limitación del derecho mencionado con razones cada
vez más poderosas, deben incorporarse las partidas suficientes que garanticen efectivamente la
actualización plena de los salarios durante la vigencia del plan de desarrollo.
• El ahorro que obtenga el Estado como consecuencia de las limitaciones a los ajustes salariales que
temporalmente permite la Constitución, sólo pueden destinarse a la inversión social.».
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Además, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-
1433 de 2000, se tiene que no puede el Gobierno Nacional hacer incrementos
inferiores al IPC a quien devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, condición que no cumple el actor en la medida que su
salario para las anualidades 1997 a 2001, siempre estuvo por encima dicha
cuantía, tal como se obtiene de la certificación de haberes percibidos por el
demandante que obra a folio 32 del plenario y el histórico de salarios mínimos
legales vigentes26, así:
Año SMLMV Equivalente a 2 SMLMV Salario recibido por el Encuadra o no en
actor la regla
jurisprudencial
1997 $172.005 $344.010 $595.566 no
1998 $203.826 $407.652 $903.797 no
1999 $236.460 $472.920 $1.038.533 no
2000 $260.100 $520.200 $1.134.412 no
2001 $286.000 $572.000 $1.192.721 no
2002 $286.000 $572.000 $1.251.521 no
2003 $286.000 $572.000 $1.521.978 no
2004 $286.000 $572.000 $1.597.163 no
El cuadro anterior permite determinar que el actor durante las anualidades que
refiere en la demanda, esto es, entre 1997 y 2004 devengó salarios por encima
o superiores del equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por consiguiente, no lo cobija la limitación que se impone al derecho
constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del
salario, como quiera que la misma tiene como destinatarios aquellos que tengan
un salario no superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales, de tal
manera que, para su caso, al percibir salarios superiores a dicho monto podía
ser objeto de limitación, es decir, su salario podía ser reajustado en una
proporción menor a la de la inflación causada en año inmediatamente anterior.
Es decir que, no hubo una sola de las anualidades reclamadas por el accionante
en las que el Gobierno Nacional no generara un incremento al salario percibido
en comparación con la del año inmediatamente anterior, de tal suerte que, al no
poseer la condición de sujeto que mereciera una protección reforzada, su
derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado,
siempre y cuando la limitación fuera razonable, máxime, cuando no se
encuentra demostrado que tales aumentos hubieran vulnerado el principio de
progresividad por escalas salariales, como quiera que quienes perciben salarios
más altos están sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en
la escala salarial más alta definida por el Gobierno son quienes están sometidos
al grado más alto de limitación.
En esa medida, observa la Sala que para los años 1999 y 2004 obtuvo salarios
en el grado de Capitán, Mayor y Teniente Coronel, es decir, grado o rango militar
que hacen parte de la línea de mando de oficiales del Ejército Nacional
ubicándose entre los niveles de insignia militar y, por ende, de escala salarial,
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http://www.salariominimo2017colombia.com/historico-del-salario-minimo-en-colombia-1997-2014/
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susceptibles de ser objeto de las limitaciones al momento de hacer la fijación
del salario o reajustes salariales anuales.
De igual manera, se observa que para los años 1997 a 2004, el actor recibió los
siguientes aumentos porcentuales en su salario y la inflación para dichas
anualidades fue la siguiente:
Año Porcentaje de Aumento porcentual
Inflación reconocido al actor.
1997 21.63 17.45
1998 16.70 24.20
1999 16.70 14.91
2000 9.23 9.23
2001 8.75 5.14
2002 7.65 4.93
2003 6.49 5.36
2004 5.50 4.94
Lo anterior permite establecer que al demandante no le fue vulnerado el núcleo
esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo de su salario, toda vez
que, el ajuste en la última escala no fue inferior al 50% de la inflación causada
en el año inmediatamente anterior, pues, si bien no obtuvo un incremento
salarial en la proporción de aumento de aquella, en todo caso fue superior a la
mitad, tal como se evidencia en el cuadro anteriormente analizado.
En ese orden de ideas, para la Sala resulta improcedente acceder a las
pretensiones de la demanda, toda vez que los incrementos efectuados a la
asignación básica del actor en las anualidades referidas fueron realizados
conforme a los lineamientos contenidos en los decretos que para el efecto
expidió el Gobierno Nacional, lo cual torna también inviable acceder a la
reliquidación de su asignación de retiro incorporando los porcentajes del IPC
dejados de incluir en su asignación básica desde 1997 hasta la fecha de su
pago efectivo.
Lo anterior por cuanto el reajuste previsto en la Ley 238 de 1995 se refiere a las
asignaciones de retiro del personal que prestó sus servicios a las Fuerzas
Militares y no a los sueldos devengados por dichos servidores en actividad; por
lo cual, la Sala arriba a la conclusión de que no se encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, porque el
demandante carece del derecho a la reliquidación de las asignaciones básicas
que devengó como miembro activo del Ejército Nacional con aplicación del IPC
para los años de 1997 a 2004, toda vez que los incrementos determinados por
el Gobierno nacional tienen pleno sustento constitucional y legal, y no están
llamados a ser sustituidos en virtud de la expedición de la Ley 238 de 1995 y,
por ende, tampoco es viable ordenar el reajuste de su asignación de retiro.
Conforme las razones expuestas en los párrafos precedentes, habrá de
confirmarse la sentencia del a-quo a través de la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda.
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Demandado: Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio
de la cual negó las pretensiones del señor Jorge Alberto Cárdenas Rodríguez
en contra del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
(En comisión de servicios) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
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