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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04759-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04759-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Prospero Orlando Pinzón Merchán. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer personería a Angie Catalina Peñaranda Rey, identificada con cédula de ciudadanía 1.136.885.889 y portadora de la tarjeta profesional 278680 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos y para los efectos del poder otorgado. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 25 Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023) Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000- 2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 26

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04759-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandantes: Prospero Orlando Pinzón Merchán
Demandado: Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario SA1

Tema: Indemnización por supresión del cargo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiduagraria, Patrimonio
Autónomo de Remanentes PAR Incoder en liquidación, contra la sentencia proferida
el 1° de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Prospero Orlando Pinzón Merchán presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad del numeral 4 del Oficio del 25 de abril de 2017,
por medio del cual el apoderado general de la Fiduagraria SA le negó la
indemnización por supresión del cargo de carrera administrativa.

1 En lo que sigue Fiduagraria
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de la indemnización legal por la supresión del cargo de
carrera administrativa que ocupaba en el Incoder en liquidación; ii) la indexación
de los valores que resultaren de la condena con base en el IPC certificado por el
Dane, además de los intereses moratorios; iii) el cumplimiento de la sentencia en
los términos del CPACA; y iv) la condena en costas a las demandadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Prospero Orlando Pinzón Merchán prestó sus servicios a partir del 6 de agosto
de 1976 en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria3, establecimiento público
adscrito al Ministerio de Agricultura. Posteriormente, y por motivo de la supresión
de la entidad, el 11 de septiembre de 2003 fue incorporado al instituto Colombiano
de Desarrollo Rural4 en el empleo de técnico operativo, código 4080, grado 15, de
la Oficina de Enlace Territorial 7, Grupo Técnico Incoder, mediante la Resolución
0565 de 2003. Tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de 2003 y estuvo
vinculado hasta el 5 de diciembre de 2016.

3.2. Desde el año 1992 está inscrito en el registro público de carrera administrativa
en el cargo de técnico operativo, código 4080, grado 9, según lo certificó la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

3.3. El 20 de septiembre de 2006 a través del memorando 200631158968, el Incoder
le comunicó que el cargo del que era titular cambió de nomenclatura y en adelante
correspondería al cargo de técnico operativo, código 3132, grado 15, de acuerdo
con lo dispuesto por el Decreto 2489 de 2006.

3.4. Con ocasión de la modificación de la planta de empleos del citado instituto, a
través de la Resolución 3706 del 27 de diciembre de 2007 fue incorporado en la
nueva planta de empleos del mencionado instituto con ocasión de la modificación a
esta con derechos de carrera, en el cargo de técnico operativo, código 3132, grado
15, de la Dirección Territorial de Cundinamarca. Tomó posesión del cargo el 2 de
enero de 2008.

3.5. Mediante los decretos 2365 de 2015 y 1193 de 2016 se dispuso la supresión y
liquidación del Incoder y la supresión de 420 cargos de la planta de personal de la
entidad en liquidación, respectivamente.

3 En lo sucesivo Incora
4 A continuación, Incoder

2

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

3.6. Por medio del Oficio 20162138031 del 18 de agosto de 2016, el Incoder le
comunicó que el empleo que desempeñaba había sido suprimido de la planta de
personal. No obstante, se encontraba amparado por fuero sindical, en virtud de su
calidad de integrante de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Sintraincoder.

3.7. A través del Oficio del 5 de diciembre de 2016, el liquidador de Incoder, Mauro
Rodirgo Palta, le comunicó que su vinculación laboral iría hasta el 6 de diciembre
de 2016, fecha de cierre del proceso de liquidación. Acto que fue notificado el 5 de
diciembre de 2016.

3.8. A pesar de que, el Instituto presentó una demanda ante la jurisdicción laboral de
Bogotá con el objeto de obtener la autorización para el levantamiento del fuero
sindical, que le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá,
bajo el radicado 110013105 001 2016 0075 00, fue admitida y actualmente se
encuentra en curso, a la fecha de presentación de la demanda no se había proferido
sentencia.

3.9. A la fecha de la desvinculación tenía el reconocimiento de una pensión de vejez
por parte de Colpensiones. Sin embargo, se le desvinculó por la supresión del
empleo cuando aún no había sido incluido en la nómina de pensionados.

3.10. El 10 de abril de 2017 solicitó ante el Ministerio de Agricultura su intervención
con la fiduciaria para que se le reconociera el pago de la indemnización por
supresión del cargo que ostentaba con de derechos carrera administrativa. Petición
que fue trasladada al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Incoder, PAR
Incoder, para su trámite.

3.11. La anterior solicitud fue resuelta el 25 de abril de 2017 y en el punto 4 indicó
«respecto de la solicitud de pago de la indemnización, la misma no procede teniendo en
cuenta que su retiro del servicio obedeció al reconocimiento de la pensión a su favor, tal
como consta en la resolución GNR 288977».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 44 de la Ley 909 de 2004; 9 de la Ley 797
de 2003; y 2.2.11.2.5 del Decreto 1083 de 2015.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 5:

5 Folios 25 a 27

3

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

5.1. Tenía derecho al reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el
artículo 44 de la Ley 909 de 2004, toda vez que fue desvinculado del cargo del que
era titular por ostentar derechos de carrera administrativa como consecuencia de la
liquidación de la entidad en la que laboraba. Tal disposición no excluyó del
reconocimiento a quienes tuviesen reconocida una pensión y, en todo caso, esa no
fue la causa de su retiro, en tanto para ese momento no había sido incluido en la
nómina de pensionados.

5.2. En gracia de discusión, de haber sido el reconocimiento de la pensión la causal
de retiro, la terminación de la relación legal y reglamentaria procede «cuando sea
reconocida o notificada la pensión por parte de la administradora del sistema general de
pensiones, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión,
se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente»6.

5.3. De cualquier manera, según la Ley 1821 de 2016 prevé que el trabajador puede
continuar en la prestación de sus servicios hasta la edad de retiro forzoso que en el
sector público es 70 años.

5.4. La indemnización no era incompatible con las prestaciones sociales como lo es
la pensión de vejez.

5.5. Comoquiera que tenía fuero sindical, no podía desvinculársele hasta que el juez
laboral autorizara el levantamiento de aquel; tampoco había sido incluido en nómina
de pensionados. Por ende, contrario a lo aducido en el acto administrativo
demandado, su retiro obedeció a la supresión del cargo y, en tal sentido, al ser un
empleado con derechos de carrera administrativa, se le debió reconocer la
indemnización solicitada.

1.2. Contestaciones de la demanda

6. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda e indicó que
no participó en la expedición del acto acusado, además que las acciones u
omisiones expuestas por el demandante corresponden al Incoder. Ahora bien, con
ocasión al cierre del proceso liquidatorio del mencionado instituto se celebró un
contrato de fiducia mercantil con la Fiduagraria SA para la constitución de un
patrimonio autónomo de remanentes, PAR Incoder, entre otras actividades, para
realizar la representación judicial en los que fuera parte el Incoder en liquidación,
por lo que, al no haber desplegados la cartera ministerial las acciones, actuaciones
u omisiones que ahora se discuten se debe declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva7.

6 Artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y 2.2.11.1.4. del Decreto 1083 de 2015.
7 Folios 78 a 84

4

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

6.1. En tal sentido, propuso la excepción de inexistencia del nexo causal entre el
hecho dañoso y el hecho, omisión u operación administrativa endilgada a la Nación,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

7. La Fiduagraria SA se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento
en las siguientes consideraciones8:

7.1. En su condición de vocera y administradora y PAR Incoder, no son
continuadores del proceso liquidatorio del Incoder, tampoco sucesores procesales
o subrogatarios de la extinta entidad. En esa medida, carecen de competencia para
reconocer créditos u obligaciones a cargo del liquidado instituto y fueron contratados
para realizar el pago de las acreencias reconocidas por el liquidador, sin que les
fuera permitido reconocer pagos adicionales a los establecidos dentro del proceso
concursal.

7.2. El acto administrativo demandado fue una respuesta a una petición, es decir, no
creó, modificó o extinguió una situación jurídica alguna y, por lo tanto, no era
susceptible de control judicial.

7.3. El demandante estuvo vinculado al extinto Incoder en liquidación hasta el cierre
del proceso liquidatorio y al momento de su retiro ya se le había reconocido la
pensión de vejez y notificado el acto. Así pues, se le garantizó una protección legal
especial al ser una persona próxima a pensionarse.

7.4. No era procedente el reconocimiento de la indemnización puesto que al cierre
del proceso liquidatorio ya se le había reconocido una pensión de vejez según la
Resolución GNR288977. En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional «el cumplimiento de la edad de retiro forzoso como causal para desvincular
a un servidor público de su cargo se encuentra directamente consagrada por el Estatuto
Superior para el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado (C.P., artículo 233). De otra parte, el personal civil al servicio
de la rama ejecutiva del poder público (Decreto 2400 de 1968, artículo 1°) deberá ser
retirado del servicio, sin posibilidad de reintegro, al cumplir los sesenta y cinco años de
edad, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968. Así mismo, la edad, como
causal de retiro forzoso, se encuentra consignada en los regímenes especiales de
administración de personal aplicables a los servidores de la rama judicial del poder público
(Ley 270 de 1996, artículo 149-4), del Ministerio Público (Ley 201 de 1995, artículo 166-f),
de la Contraloría General de la República (Ley 106 de 1993, artículo 149-6) y de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (Decreto 3492 de 1986, artículo 100-d)» 9 (sic).

8 Folios 85 a 101
9 Sentencia C-563 de 1997

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

7.5. Propuso las siguientes excepciones: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; y ii) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 1° de septiembre de 2022 accedió a las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos10:

8.1. La Fiduagraria SA y el Incoder celebraron el contrato de fiducia mercantil FID-
072-2016, que en la cláusula segunda previó que la primera se encargaría de
«[a]tender los procesos judiciales, arbitrales y administrativos, o de otro tipo en los
cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte INCODER EN LIQUIDACION.
Ejercer la representación de la entidad en las acciones de tutela y otras acciones
constitucionales que cursen al momento del cierre del proceso liquidatorio y los que
se inicien con posterioridad, así como iniciar los procesos judiciales que sean
requeridos, de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto señale el
FIDEICOMITENTE o el COMITÉ FIDUCIARIO». Por ende, la Fiduagraria SA estaba
legitimada por pasiva, máxime si fue la entidad que expidió el acto acusado.

8.2. Una vez se suprimió el cargo desempeñado por el demandante en la carrera
administrativa y al no haber sido posible su incorporación en la nueva planta de
personal de las agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural, aquel optó por
el reconocimiento de la indemnización, la cual le fue negada bajo el argumento de
que tenía reconocida la pensión de vejez. Sin embargo, sí le asistía el derecho a
que la entidad le reconociera y pagara la indemnización por supresión del cargo, al
no ser posible su reubicación. Lo anterior, por cuanto el artículo 44 de la Ley 909 de
2004, en ninguno de sus apartes, condiciona el reconocimiento de la indemnización
por supresión del cargo a la inexistencia de una pensión de vejez previamente
reconocida. Aunado a que dentro del expediente no se probó que hubiese sido
incluido en la nómina de pensionados al momento de la desvinculación.

8.3. Para la fecha de la supresión del cargo, el demandante no había alcanzado la
edad de retiro forzoso, fijada para ese entonces en 65 años de edad, puesto que
contaba con 61 años.

1.4. El recurso de apelación

9. La Fiduagraria SA, PAR Incoder en liquidación, interpuso recurso de apelación en

10 Índice 31 de Samai de Tribunales y Juzgados.

6

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

los siguientes términos11:

9.1. «De conformidad con la Resolución 880 del 23 de septiembre de 2016, el liquidador del
extinto INCODER señaló que la entidad en liquidación debía emplazar a quienes tuvieren
reclamaciones de cualquier índole, por lo tanto, efectuó convocatoria a través de dos (2)
avisos publicados en el diario EL TIEMPO, los días 23 y 30 de diciembre de 2015, así como
la fijación de los avisos en las oficinas de nivel central y las direcciones territoriales. El
mencionado termino para presentar las reclamaciones venció el 23 de enero de 2016, pero
por no tratarse de día hábil, la entidad recibió reclamaciones hasta el 25 de enero de 2016.
Se hace importante igualmente señalar en el presente recurso, que en fecha 6 de diciembre
de 2016 venció el plazo dado por el gobierno nacional al agente liquidador del INCODER
para concluir las actividades propias del proceso liquidatorio, y el 5 de abril de 2017 se
publicó en el Diario Oficial Nro. 501 97 (página 69) el Acta Final de Liquidación, por medio
del cual el Doctor Mauro Rodrigo Palto Cerón declaró terminado el proceso liquidatorio del
Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Ley 254 de 2000,
norma que regula los procesos liquidatorios de las entidades públicas del orden nocional.
Como consecuencia de lo anterior, se extinguió la personería jurídica del INCODER» (sic).

9.2. El Incoder antes de la extinción de su personería jurídica celebró el contrato de
fiducia 072-2016 con Fiduagraria SA para la constitución del Patrimonio Autónomo
de Remanentes denominado PAR Incoder en liquidación, para que este actuara
única y exclusivamente como su administrador y vocero en la ejecución de las
obligaciones pactadas en el citado contrato y sus anexos.

9.3. La respuesta a la petición presentada por el demandante y que derivó en el acto
acusado no creó, modificó, o extinguió una situación jurídica.

9.4. El demandante estuvo vinculado al extinto Incoder en liquidación hasta el cierre
del proceso liquidatario y al momento de su retiro había obtenido y fue notificado del
reconocimiento de su pensión de vejez (sin que lo hubiese informado a su
empleador). Por ende, el pago de la indemnización no procedía, tal y como se le
comunicó a través del oficio 0162146730:

«[a]rtículo 2° del Decreto 1894 de 2016, que señala "En defensa de la garantía
constituida por el fuero sindical, los siguientes empleos se mantendrán temporalmente
en la planta de personal del INCODER en Liquidación hasta fecha de la ejecutoria de la
sentencia que autoriza el levantamiento del fuero sindical, o hasta el vencimiento del
término de este fuero contemplado en la ley o en los estatutos, o hasta a la terminación
del proceso de liquidación; fecha a partir de la cual se entenderá suprimido el empleo",
le comunico que su vinculación laboral irá hasta el 6 de diciembre, fecha en la cual se
cierra el proceso de liquidación del INCODER
[…]

11Índice 34 de Samai de Tribunales y Juzgados.

7

Radicado: 25000-23-42-000-2017-04759-01 (1226-2023)
Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

En consecuencia, en desarrollo de lo estipulado en el artículo 29 del Decreto-ley 760 de
2005 le asiste el derecho de optar por percibir la indemnización de que trata el Parágrafo
2° del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, reglamentada en el artículo 2.2.11.2.5 del
Decreto 1083 de 2015, o por ser reincorporado en un empleo de carrera igual o
equivalente al suprimido en otras entidades de la Rama Ejecutiva, siempre y cuando no
tenga el reconocimiento de la pensión de vejez. Conforme con lo anterior, debe
manifestar su decisión de optar por la indemnización o por la reincorporación en escrito
dirigido al liquidador, en el que además deberá manifestar bajo la gravedad de juramento
que no le ha sido reconocida la pensión de vejez, comunicación que deberá remitir dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación» (sic).

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

11. Noobstante, y comoquiera que se reconoció al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural como subrogatorio de la Fidiagraria SA vocera y administradora
del PAR Incoder13, este se pronunció en esta oportunidad y señaló14:

11.1. Prospero Orlando Pinzón Merchán adquirió el estatus jurídico de pensionado
bajo el régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el 15 de febrero de
2010, fecha en la cual cumplió 55 años de edad. Así pues, cuando el Incoder fue
suprimido, ya tenía a su favor el reconocimiento de una pensión de vejez.

11.2. En tanto ostentaba derechos de carrera, fue sujeto de la protección especial
contenida en el artículo 20 del Decreto 2365 de 2015, motivo por el cual continuó
vinculado a la entidad hasta la culminación del proceso liquidatorio, el 6 de
diciembre de 2016. Ahora bien, el reconocimiento pensional había quedado
condicionado a la presentación del acto de retiro del servicio; y como el demandante
permaneció vinculado hasta la extinción del Incoder, la inclusión en nómina quedó
bajo su responsabilidad, la cual efectuó en enero de 2017.

11.3. En efecto, la Ley 909 de 2004, en su artículo 41, literal e), establece como
causal de retiro la obtención de la pensión de jubilación o de vejez. Así, si bien es
cierto que el demandante no se encontraba incluido en nómina, también lo es que

12 De acuerdo con el auto del 19 de febrero de 2024 visible a índice 11 de Samai.
13 Ibidem
14 Si bien el memorial indica que se interpone el recurso de apelación, en la remisión del correo se

hizo referencia a que correspondía a los alegatos del recurso de apelación y, en tanto que, en el auto
del 19 de febrero de 2024 se admitió el recurso interpuesto por la Fiduagria SA y se reconoció al
ministerio como subrogatorio de aquel, se tendrá como un pronunciamiento de segunda instancia.
Índice 7 de Samai

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

se le garantizó la protección especial contenida en el Decreto 2365 de 2015,
consistente en que su vinculación se mantendría hasta la culminación del proceso
liquidatorio y, en caso de que a dicha fecha le faltasen semanas por cotizar, estas
serían asumidas por la entidad. No obstante, dicha situación no se configuró en su
caso, pues ya contaba con el reconocimiento prestacional.

11.4. En lo que respecta a la garantía constituida por el fuero sindical, el Decreto 1193
de 2016, mediante el cual se suprimieron algunos empleos de la planta de personal
del Incoder en liquidación, en su artículo 2 dispuso que los efectos del fuero sindical
se extenderían hasta la ejecutoria de la sentencia que autorice su levantamiento, o
hasta el vencimiento del fuero conforme a la ley o los estatutos, o hasta la
finalización del proceso liquidatorio, último supuesto en el que se encontraba el
demandante.

1.6. El Ministerio Público

12. Vencido el término de traslado el Ministerio público no rindió concepto 15.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si Prospero Orlando Pinzón Merchán en su
condición de empleado de carrera administrativa, le asiste derecho al
reconocimiento de la indemnización por supresión del cargo de técnico operativo,
código 3132, grado 15, que desempeñaba en el extinto Incoder, de conformidad con
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Aspectos generales de la función pública. Naturaleza jurídica de los
empleos públicos y causales de retiro

14. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12516 que, por

15 Índice 18 de Samai
16 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

15. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199217, 443 de 199818 y 909 de 200419, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y
iv) los temporales.

16. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos20 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si
estas son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias
exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una
diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se
establece la siguiente clasificación:

17. Decarrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
17 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
18 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
19 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
20 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».

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talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública21, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

18. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente22 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador23; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

19. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».

20. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad en el empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus
funciones observe y cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento interno, no
será removido de él24. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la
función pública será prestada acorde con los principios de eficacia y eficiencia.

21 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
22 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
23 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
24 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

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21. Es así como el artículo 41 de la Ley 909 2004, prevé las siguientes causales de
retiro del servicio:

«a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de
carrera administrativa;

c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante
resolución motivada25;

d) Por renuncia regularmente aceptada;

e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;

f) Por invalidez absoluta;

g) Por edad de retiro forzoso;

h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;

i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que
lo adicionen o modifiquen;

k) Por orden o decisión judicial;

l) Por supresión del empleo;

m) Por muerte;

n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes».

22. Porsu parte, el artículo 44 ejusdem alude a los derechos que tienen los
empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el cargo como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o
por modificación de planta de personal, esto es a tener preferencia para ser
incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal y de
no ser posible, optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a

25 Declarado inexequible parcialmente (literal c) y parágrafo 1 ) mediante la Sentencia de la Corte

Constitucional C-501 de 2005

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recibir indemnización y «[e]l Gobierno Nacional reglamentará el proceso de
reincorporación y el reconocimiento de la indemnización», ello de conformidad con las
«reglas previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe surtirse ante y por
la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones»26.

23. En esa medida, a través del Decreto 760 de 2005 «[p]or el cual se establece el
procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el
cumplimiento de sus funciones», en lo relativo a la supresión de cargos de carrera
administrativa dispone que:

«ARTÍCULO 28. Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo titular sea un
empleado con derechos de carrera, este tiene derecho preferencial a ser incorporado en
un empleo igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad
u organismo en donde prestaba sus servicios.

De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso anterior,
podrá optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir una
indemnización, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley
909 de 2004 y con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
en que el Jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil que el
ex empleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o equivalente que
esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o que de acuerdo
con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal en el siguiente
orden:

28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio.

28.1.2. En la entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido.

28.1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la
dependencia o el empleo suprimido.

28.1.4. En cualquier entidad de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, según
el caso.

26 tal y como lo previó el artículo 87 del Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998 y, posteriormente, el Decreto 1083
de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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28.1.5. La reincorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo en la entidad obligada a efectuarla.

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado, el ex empleado tendrá
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización.

PARÁGRAFO . Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una
entidad u organismo, no tendrá el carácter de nuevo nombramiento la incorporación que
se efectúe en cargos iguales a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad
de provisionales.

ARTÍCULO 29. De no ser posible la incorporación en la nueva planta de personal de la
entidad en donde se suprimió el empleo, ya sea porque no existe cargo igual o
equivalente o porque aquella fue suprimida, el Jefe de la Unidad de Personal o quien
haga sus veces deberá comunicar por escrito esta circunstancia al ex empleado,
indicándole, además, el derecho que le asiste de optar por percibir la
indemnización de que trata el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o
por ser reincorporado a empleo de carrera igual o equivalente al suprimido,
conforme con las reglas establecidas en el artículo anterior, o de acudir a la Comisión de
Personal para los fines previstos en los literales d) y e) del artículo 16 de la Ley 909 de
2004» [se resalta].

24. Así pues, la supresión de empleos es una causa legal de retiro del servicio de los
empleados del sector público, que se encuentra justificada por la necesidad de
adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los
requerimientos del servicio para hacer más eficaz y eficiente la función que deben
cumplir. Sin embargo, las normas relativas a la carrera administrativa reconocen el
derecho de los empleados titulares a ser incorporados en los cargos que se conserven
en la nueva planta, de no ser posible, a ser reincorporados a empleos iguales o
equivalentes, o a recibir una indemnización.

2.2.2. Supresión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder

25. Mediante el Decreto 1300 de 2003 «[p]or el cual se crea el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura», expedido por el Presidente de la
República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16,
literal f) de la Ley 790 de 2002, creó el Incoder como un establecimiento público del
orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, cuyas sede
principal sería Bogotá, pero se podrían conformar dependencias para el ejercicio de
sus funciones en el orden territorial.

26. Posteriormente, a través del Decreto 3759 de 2009 «[p]or el cual se aprueba la

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modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y se
dictan otras disposiciones» se estableció como objeto fundamental del instituto ejecutar
la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores
productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la
articulación de las acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de
competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo
socioeconómico del país. Igualmente, la entidad fue reorganizada mediante el
Decreto 2623 de 2012 «[p]or el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)».

27. Finalmente, en atención a los lineamientos del artículo 107, literal a) del Plan
Nacional de Desarrollo aprobado mediante la Ley 1753 de 2015, se revistió al
presidente de la República de facultades extraordinarias para crear unas entidades u
organismos pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector
descentralizado, responsables de la administración de las tierras como recurso para
el desarrollo rural, de la política de acceso a tierras y la gestión de la seguridad jurídica
para consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo, y de gestionar,
promover y financiar el desarrollo rural y agropecuario con el fin de acercar al territorio
la presencia institucional del orden nacional para la transformación del campo y
adelantar programas con impacto regional. En consecuencia, a través de los decretos
leyes 2363 y 2364 de 2015 se crearon las agencias Nacional de Tierras y de
Desarrollo Rural, respectivamente. Y, comoquiera que, las funciones que desarrollaba
el Incoder fueron transferidas a las mencionadas agencias se expidió el Decreto Ley
2365 de 2015 «[p]or el cual se suprime el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones».

28. El Decreto 2365 de 2015 dispuso que:

«ARTÍCULO 19. Supresión de empleos. La supresión de los empleos como
consecuencia del proceso de liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-
INCODER-, en Liquidación, dará lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario
de los servidores públicos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia.

El Liquidador, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma sus
funciones, elaborará un programa de supresión de cargos, identificando a los servidores
que, por la naturaleza de las funciones desarrolladas, son necesarios para dar por
terminado el proceso de liquidación.

En todo caso, al vencimiento del término de la liquidación del-INCODER-, en
Liquidación, todos los empleos quedarán automáticamente suprimidos y se terminarán
las relaciones laborales, de acuerdo con el régimen laboral aplicable».

29. El citado decreto en su artículo 20 establece una protección laboral especial

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durante la liquidación de la entidad para ciertos empleados en condición de
vulnerabilidad: padres o madres cabeza de familia sin alternativa económica,
personas con limitaciones físicas, visuales, auditivas o mentales, y trabajadores
próximos a pensionarse (hasta 3 años antes de cumplir los requisitos). Frente a los
que se dispuso que permanecerían vinculados laboralmente hasta la terminación de
la liquidación o hasta que perdieran la condición que les otorgaba la protección, lo que
ocurriera primero. En el caso de los prepensionados, si la liquidación culminaba antes
de que obtuvieran su pensión, el liquidador debería seguir realizando los aportes al
sistema de pensiones hasta que aquellos completaran el tiempo de cotización
requerido para que se les reconociera la prestación.

30. Por su parte, el artículo 21 regula el procedimiento aplicable para la desvinculación
de los empleados amparados por fuero sindical durante la liquidación. Señala que el
liquidador debía solicitar autorización judicial previa para levantar el fuero sindical,
conforme con las normas vigentes y los jueces laborales deberían tramitar estas
solicitudes con prelación frente a otros asuntos, salvo las acciones de tutela.

2.4. Caso en concreto

31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

31.1. Con ocasión a la supresión y liquidación del Incora, a través de la Resolución
0565 del 11 de septiembre de 2003 el gerente general del Incoder incorporó a
Prospero Orlando Pinzón Merchán, quien ostentaba derechos de carrera, en la
planta de personal del instituto establecida en el Decreto 1517 de 2003 en un
empleo equivalente del que era titular, esto es como técnico operativo, código 4080,
grado 15, en la Oficina de Enlace Territorial 7, Grupo Técnico Territorial27.

31.2. A través de la Resolución GNR 288977 del 19 de agosto de 2014 Colpensiones
resolvió el recurso de reposición interpuesto por Prospero Orlando Pinzón Merchán
contra la Resolución GNR 360979 del 19 de diciembre de 2013, por medio de la
cual se le había reconocido una pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de
1985, y liquidó la prestación solicitada con el promedio de todos los factores
devengados en el último año de servicio en cuantía de $1.620.366 condicionada al
retiro28.

31.3. Mediante el Oficio 20162138031 del 18 de agosto de 2016 el liquidador del
Incoder le comunicó al demandante que «mediante el Decreto No. 1193 del 21 de Julio
de 2016. "Por el cual se suprimen unos empleos de la planta de personal del Instituto

27 Folios 13 y 14 del cuaderno principal
28 Folios 37 a 45 del cuaderno principal

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Colombiano de Desarrollo Rural INCODER - en Liquidación, y se dictan otras
disposiciones", se dispuso la supresión del empleo TECNICO OPERATIVO 3132 15, el cual
usted desempeña con derechos de carrera. Así mismo, le informo que la Administración
analizó las plantas de personal de las agencias ANT y ADR, en las cuales no se encontró
empleo igual o equivalente vacante para su incorporación, razón por la cual procederá su
retiro una vez se cumplan una de las condiciones previstas en el artículo 2° del decreto
1193 de 2016, que al respecto señaló: En defensa de la garantía constituida por el fuero
sindical, los siguientes empleos se mantendrán temporalmente en la planta de personal del
INCODER en liquidación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que autoriza el
levantamiento del fuero sindical, o hasta el vencimiento del término de este fuero
contemplado en la ley o en los estatutos, o hasta la terminación del proceso de liquidación»
(sic)29.

31.4. Por medio del Oficio 20162146730 del 5 de diciembre de 2016 el liquidador del
Incoder le manifestó que de acuerdo con el comunicado anterior la garantía
constituida por el fuero sindical iría hasta el 6 de diciembre de 2016, es decir hasta
la fecha de terminación del proceso liquidatorio. Que, comoquiera que no se
encontró un empleo igual o equivalente vacante para su incorporación en las
agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural procedía su retiro, según el
artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Y que «En consecuencia, en desarrollo de lo
estipulado en el artículo 29 del Decreto-ley 760 de 2005 le asiste el derecho de optar por
percibir la indemnización de que trata el Parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 909 de 2004,
reglamentada en el artículo 2.2.11.2.5 del Decreto 1083 de 2015, o por ser reincorporado
en un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido en otras entidades de la Rama
Ejecutiva, siempre y cuando no tenga el reconocimiento de la pensión de vejez» (sic)30

31.5. El 10 de abril de 2017 Prospero Orlando Pinzón Merchán le solicitó al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros, el reconocimiento y pago de la
indemnización por supresión del cargo, al encontrarse inscrito en carrera
administrativa y haber laborado por más de 40 años en el sector público 31.

31.6. La anterior solicitud fue remitida por competencia al PAR Incoder, Fiduagraria
SA32, que el 25 de abril de 2017 dio respuesta en los siguientes términos « Respecto
de la solicitud de pago de indemnización, la misma no procede teniendo en cuenta que su
retiro del servicio obedeció al reconocimiento de la pensión a su favor, tal como consta en
la resolución GNR288977. Al respecto es importante recordar que el artículo 44 de la ley
909 de 2004. expresamente señala que tendrán derecho a indemnización aquellos
servidores de carrera administrativa, cuyo cargo sea suprimido, situación que no aplica en
su caso, tal como ya se lo manifestamos» (sic)33.

29 Folio 12 del cuaderno principal
30 Folio 11 del cuaderno principal
31 Folios 4 a 7 del cuaderno principal
32 Folios 9 y 10 del cuaderno principal
33 Folios 2 y 3 del cuaderno principal

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

31.7. Se allegó al expediente una constancia del 9 de septiembre de 2016 en el que
la coordinadora de Gestión de Talento Humano del Incoder en liquidación certificó
que Prospero Orlando Pinzón Merchán laboraba en el instituto desde el 15 de
septiembre de 2003, en el cargo de técnico operativo, código 3132, grado 15, en la
Subgerencia de Desarrollo Productivo. Asimismo, relacionó las funciones que
desempeñaba34.

31.8. Se aportó un certificado del 9 de mayo de 2017 expedido por el coordinador del
Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del
Servicio Civil quien hizo contar que el demandante estaba inscrito y actualizado en
el Registro Público de Carrera Administrativa. Se relacionó un primer registro en el
Incora en el empleo de técnico operativo, código 4080, grado 9, con fundamento en
la Resolución 2439 del 3 de febrero de 1992 y un último en el Incoder en el empleo
de técnico operativo, código 3132, grado 15 y/o código 4080, grado 15, con base en
la Resolución 1349 del 9 de julio de 201435.

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

32. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra necesario
recordar que el tribunal accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento
en que con ocasión a la supresión del empleo del cual era titular el demandante en
el Incoder y al no haber sido posible su incorporación en la nueva planta de personal
de las agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural, le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo, toda vez que
la disposición que otorga tal derecho no lo condiciona a la inexistencia de una
pensión de vejez previamente reconocida. Además, no se probó que al demandante
se le hubiese incluido en nómina al momento de la desvinculación y, en todo caso,
tampoco había alcanzado la edad de retiro forzoso.

33. Por su parte, el recurrente alegó que se cumplieron con los procedimientos
legales establecidos para finalizar la existencia jurídica del Incoder y que antes de
su extinción la celebración del contrato de fiducia con la Fiduagraria para la
constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes fue exclusivamente para que
aquella fuera su administradora y vocera. Asimismo, insistió en que el acto
demandado no creó modificó, o extinguió una situación jurídica y que, de todas
maneras, no era procedente el reconocimiento de la indemnización por supresión
del cargo pues el demandante previamente tenía reconocida una pensión de vejez.

34. Delimitado el marco de la decisión de esta corporación, se pasará a resolver el

34 Folio 17 del cuaderno principal
35 Folio 16 del cuaderno principal

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problema jurídico planteado.

35. Del material probatorio se observa que Prospero Orlando Pinzón Merchán i)
laboraba en el Incoder desde el 15 de septiembre de 2003, en el cargo de técnico
operativo, código 3132, grado 15; ii) estaba inscrito en el Registro Público de
Carrera Administrativa y que su última actualización fue en el empleo de técnico
operativo, código 3132, grado 15 y/o código 4080, grado 15; y iii) le había sido
reconocida una pensión de Vejez a través de la Resolución GNR 360979 del 19 de
diciembre de 2013 la cual pese a no obrar en el expediente sí fue citada en la
Resolución GNR 288977 del 19 de agosto de 2014 que resolvió un recurso de
reposición interpuesto por aquel contra la decisión inicial y en la cual se precisó que
el pago de la prestación estaría condicionada al retiro del servicio.

36. En lo relacionado con la supresión del Incoder: iv) a través del Oficio
20162138031 del 18 de agosto de 2016 el liquidador del mencionado instituto le
comunicó al demandante la supresión del empleo de técnico operativo 3132. 15 que
el desempeñaba y que comoquiera que no se había encontrado empleo igual o
equivalente vacante para su incorporación en las agencias ANT y ADR a las cuales
se trasladaron las funciones del instituto en liquidación, se procedería a su retiro
cuando se cumplieran las condiciones del artículo 2 del Decreto 1193 de 2016; v)
posteriormente, por medio del Oficio 20162146730 del 5 de diciembre de 2016 el
citado liquidador le manifestó que su garantía por el fuero sindical iría hasta el 6 de
diciembre de 2016, esto es hasta la fecha de terminación del proceso liquidatorio,
primer supuesto que se cumplió de los contenidos en la anterior comunicación; y vi)
como consecuencia, el 10 de abril de 2017 le solicitó al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, entre otros, el reconocimiento y pago de la indemnización por
supresión del cargo, petición que fue resuelta por el PAR Incoder, Fiduagraria SA el
25 de abril de 2017 en forma negativa.

37. De acuerdo con lo anterior y con el marco normativo expuesto en precedencia,
se tiene que como consecuencia de la supresión del Incoder a través del Decreto
2365 de 2015, se terminaría el vínculo legal y reglamentario de los servidores
públicos con la entidad. Para tal fin, el liquidador tendría que elaborar un programa
de supresión de cargos, identificar a los servidores que, por la naturaleza de las
funciones desarrolladas, eran necesarios para dar por terminado el proceso de
liquidación, y garantizar la protección especial de aquellos quienes tuviesen
condiciones de amparo o fuero sindical. Como consecuencia, se expidió el Decreto
1193 de 201636 que en su artículo 1 relacionó los empleos a suprimir y en el artículo
2 previó que «En defensa de la garantía constituida por el fuero sindical, los siguientes

36 «Por el cual se suprimen unos empleos de la Planta de Personal del Instituto Colombiano de

Desarrollo Rural INCODER - en Liquidación, y se dictan otras disposiciones»

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empleos se mantendrán temporalmente en la planta de personal del INCODER en
Liquidación hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que autoriza el levantamiento del
fuero sindical, o hasta el vencimiento del término de este fuero contemplado en la ley o en
los estatutos, o hasta a la terminación del proceso de liquidación; fecha a partir de la cual
se entenderá suprimido el empleo: » entre ellos, 11 cargos de técnico operativo, código
3132, grado 15.

38. En ese sentido, se advierte que a Prospero Orlando Pinzón Merchán se le
mantuvo en la planta de personal del Incoder en liquidación en atención a la medida
de amparo derivada del fuero sindical, hasta la fecha de culminación del proceso
liquidatorio, que constituyó el límite temporal máximo para dar por terminado el
vínculo legal y reglamentario de los servidores públicos con el instituto. Así, contrario
a lo señalado en el acto administrativo acusado, la causal de retiro del servicio no
fue el reconocimiento de una pensión de vejez, sino la supresión del empleo tal y
como se observa de los oficios 20162138031 del 18 de agosto de 2016 y
20162146730 del 5 de diciembre de igual año.

39. En consecuencia, al demandante le asistía el derecho a que se le reconociera y
pagara la indemnización por supresión del cargo, puesto que no fue posible su
reincorporación en la planta de personal de las entidades que asumieron las
funciones del extinto Incoder. Ello, toda vez que el artículo 44 de la Ley 909 de 2004
no establece que el empleado con derechos de carrera administrativa que tenga
reconocida una pensión de vejez pierda el derecho a la indemnización solicitada;
máxime cuando, dentro del expediente, no obra prueba de que se hubiere
adelantado el trámite para incluir al demandante en la nómina de pensionados como
consecuencia de su desvinculación.

40. Adicionalmente, aunque mediante Oficio 20162146730 del 5 de diciembre de
2016, el liquidador manifestó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del
Decreto Ley 760 de 2005, al demandante le asistía el derecho de optar por percibir
la indemnización de que trata el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 909 de 2004
—reglamentado en el artículo 2.2.11.2.5 del Decreto 1083 de 2015—, siempre que
no tuviera el reconocimiento de una pensión de vejez, lo cierto es que dicha
interpretación impuso una condición no prevista por las normas aplicables, pues la
disposición reglamentaria citada establece la compatibilidad entre la indemnización
y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, así:

«ARTÍCULO 2.2.11.2.5 Pago de la indemnización. El pago de la indemnización estará a
cargo de la entidad que retira al empleado y deberá cancelarse en efectivo dentro de los
dos (2) meses siguientes a la fecha de liquidación de la misma. En caso de mora en el
pago se causarán intereses a favor del ex empleado a la tasa variable de los depósitos
a término fijo (DTF) que señale el Banco de la República, a partir de la fecha del acto de
liquidación.

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

PARÁGRAFO. Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen
factor para la liquidación de ningún beneficio laboral, pero son compatibles con el
reconocimiento y el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado
retirado».

41. Igualmente, tal y como lo consideró el a quo a la fecha del retiro del servicio
Prospero Orlando Pinzón Merchán contaba con 61 años37, es decir que no había
alcanzado la edad de retiro forzoso según el artículo 2.2.11.1.7. del Decreto 1083
de 201538. En consecuencia, no se configuró la causal de retiro prevista en el literal
g del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Por el contrario, dicha circunstancia
constituye una razón adicional para concluir que, a pesar de habérsele reconocido
una pensión de vejez, como funcionario de carrera podía continuar laborando hasta
la edad de retiro forzoso, no obstante, comoquiera que, se suprimió el cargo del cual
era titular tenía derecho a la indemnización aludida.

42. En conclusión, en relación con los servidores públicos que gozaban de derechos
de carrera administrativa y que son desvinculados del servicio, resulta
incuestionable la existencia de un daño. En efecto, si bien dicho perjuicio puede
considerarse legítimo, en tanto el Estado, en ejercicio de su potestad de
configuración y atendiendo al interés general, está facultado para definir el número
de cargos dentro de su planta de personal (Constitución Política, artículos 150-7 y
189-14), ello no significa que el empleado deba asumir de manera exclusiva la carga
derivada del proceso de reorganización estatal, las cuales deben ser redistribuidas.

43. Así pues, los derechos laborales no pueden ser desconocidos ni afectados por
disposiciones legislativas posteriores (Constitución Política, artículo 58-1). En
consecuencia, la indemnización que se reconoce en estos eventos se fundamenta
en el respeto y la garantía de los derechos adquiridos en materia laboral.

44. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 39 un acto
administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es aquel en el cual confluye, de

37 Si se considera que en la Resolución GNR 288977 de Colpensiones se tomó como fecha de
nacimiento el 15 de febrero de 1955.
38 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública»

«ARTÍCULO 2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de
2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo
las excepciones señaladas en el artículo 2.2.11.1.5.
Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más y
continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del servicio. Lo anterior, por cuanto
no son destinatarias de la regulación de que trata la citada ley».
39 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de enero de 1988, radicación: 0549. Sección
Cuarta, providencia del 4 de abril de 1986, radicación 0001. Sección Tercera, sentencia del 10 de
febrero de 2000, expediente AC-9407 y sentencia del 4 de julio de 2002, radicado 73001-23-31-000-
1999-9333-01 (19333). Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2020,
radicación: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18).

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manera general, los siguientes elementos: la manifestación unilateral de la voluntad,
en ejercicio de función administrativa, que modifica, crea o extingue una situación
jurídica, es decir, que produce efectos jurídicos, los cuales se identifican como los
elementos esenciales para la existencia del acto administrativos.

45. De conformidad con lo anterior, son susceptibles de control de legalidad por parte
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos de la administración
producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o que hagan imposible
la continuación de esa actuación. Así pues, contrario al argumento del recurrente,
el acto recurrido cumple con los requisitos analizados, en tanto, en ejercicio de una
función administrativa la Fiduagraria le negó al demandante el reconocimiento de la
indemnización solicitada decisión a través de la cual manifestó su voluntad y generó
efectos jurídicos individuales respecto de aquel.

46. Finalmente, frente al argumento según el cual la Fiduagraria celebró con el
Incoder el contrato de fiducia referenciado para la constitución del Patrimonio
Autónomo de Remanentes y lo fue exclusivamente para que aquella fuera su
administradora y vocera, el artículo 16 del aludido Decreto 2365 de 2015, modificado
por el artículo 1° del Decreto 1850 de 2016, previe:

«Representación judicial. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en
Liquidación continuará ejerciendo la representación judicial en los procesos en que sea
parte el Incora, el INAT, el DRI, el INPA y el Incoder, hasta la culminación de la
transferencia de los mismos a las entidades correspondientes antes del cierre de la
liquidación.
El Incoder en Liquidación, antes del cierre de su liquidación, entregará los procesos
judiciales a la Agencia Nacional de Tierras o a la Agencia de Desarrollo Rural, según
corresponda a sus respectivos objetos misionales, teniendo en cuenta el origen de la
controversia judicial.
Los procesos judiciales que tengan origen en asuntos netamente administrativos y/o
laborales, con ocasión del proceso liquidatorio del Incoder, serán transferidos al
patrimonio autónomo que para el efecto se constituya.

PARÁGRAFO 1o. En caso de duda de a quién corresponde un determinado proceso, la
asignación la efectuará el Subcomité Sectorial de Defensa Jurídica del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

PARÁGRAFO 2o. El liquidador efectuará el traslado, para efectos de su cumplimiento,
de los fallos o decisiones judiciales en los que se haya ordenado o se ordene la ejecución
de programas o proyectos relacionados con la Ley 1448 de 2011 a la Agencia Nacional
de Tierras o a la Agencia de Desarrollo Rural, según corresponda a sus respectivos
objetos misionales».

47. Asimismo, en su artículo 3 alude:

«PATRIMONIO AUTÓNOMO. El Liquidador del Incoder en liquidación celebrará
contrato de encargo fiduciario con Fiduagraria S. A., para la constitución de un patrimonio

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autónomo, con el fin de continuar realizando la representación judicial en los procesos
que tengan origen en asuntos netamente administrativos y/o laborales con ocasión del
proceso liquidatorio del Incoder en Liquidación, para el pago de los fallos judiciales a que
se refiere el parágrafo 2o del artículo 2o del presente decreto y adelantar todos aquellos
asuntos que subsistan con posterioridad al cierre de la liquidación.
Así mismo, el patrimonio autónomo atenderá el pago de los aportes correspondientes al
Incoder en Liquidación, respecto del sistema general de seguridad social en pensiones,
de los empleados en condición de prepensionados que al cierre de la liquidación de la
entidad no hayan adquirido su pensión y, en general, asumirá los pasivos y contingencias
laborales que existan al cierre de la liquidación o surjan con posterioridad.

PARÁGRAFO. El liquidador del Incoder deberá, para la fecha de terminación de la
liquidación, haber trasladado todos los procesos judiciales que tengan origen en asuntos
netamente administrativos y/o laborales con ocasión del proceso liquidatorio del Incoder,
así como la información de los empleados en condición de prepensionados a quienes se
les deba garantizar el pago de los aportes correspondientes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones».

48. De lo trascrito estaba claro la representación judicial a cargo de dicha fiduciaria
en los procesos que tuvieran origen en asuntos netamente administrativos y/o
laborales con ocasión del proceso liquidatorio del Incoder en liquidación, no
obstante, a través del auto del 19 de febrero de 202440 se reconoció al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural como subrogatario de Fiduagraria SA por ser dicha
cartera ministerial quien asumió de forma inmediata la custodia, intervención y
representación de los litigios a cargo del PAR INCODER por haberse terminado el
contrato de fiducia 072 de 2016, por lo que, no hay lugar a referirse a una
consideración adicional en este punto.

49. Por lo analizado, la Sala confirmará la sentencia proferida el 1° de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

50. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

40 Índice 11 de Samai.

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51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

2.5. Reconocimiento de personería jurídica

55. Finalmente, Angie Catalina Peñaranda Rey, identificada con cédula de
ciudadanía 1.136.885.889 y portadora de la tarjeta profesional 278680 del Consejo
Superior de la Judicatura, en memorial radicado a través de la ventanilla virtual el
17 de marzo de 2025, solicitó que se le reconociera personería para actuar en
representación de la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo
cual aportó el poder otorgado por Jorge Enrique Moncaleano Ospina, identificado
con la cédula de ciudadanía 80.040.100 y portador de la tarjeta profesional 152.220
del del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad según Resolución de nombramiento 00218 del 29 de julio de
2024 y acta de posesión 073 del 30 de julio de 202442.

56. Por tal razón, se le reconocerá personería, en los términos y para los efectos del
poder otorgado.

41 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
42 Índice 23 de Samai.

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Demandante: Prospero Orlando Pinzón Merchán

4. Conclusión

57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que al demandante le asiste el
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo por
ostentar derechos de carrera administrativa, toda vez que su retiro del servicio no
fue con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez y, en todo caso, esta
circunstancia no estaba prevista por la ley como incompatible con la indemnización.
Máxime si el demandante no había alcanzado la edad de retiro forzoso y no había
sido incluido en la nómina de pensionados. En esas condiciones, se confirmará la
sentencia proferida el 1° de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de
la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Prospero Orlando Pinzón
Merchán.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer personería a Angie Catalina Peñaranda Rey, identificada con
cédula de ciudadanía 1.136.885.889 y portadora de la tarjeta profesional 278680 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Nación,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos y para los efectos del
poder otorgado.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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