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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05070-03

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05070-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2.023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por los motivos expuestos en esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Se reconoce personería al abogado Richard Giovanny Suárez Torres, identificada con cédula 79.576.294 y tarjeta profesional 103.505, en calidad de representante legal de la firma RTS Asociados Projects S.A.S. para actuar como apoderado principal de la UGPP y a la abogada Angélica María Medina Herrera, con Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicación: 25000-23-42-000-2017-05070-03 (0573-2024) cédula 1.143.366.390 y tarjeta profesional 272.397, según el poder general y su sustitución, aportados al expediente25. Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-05070-03

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (03) de julio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05070-03 (0573-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Luis Teodolfo Cañón Vega
Vinculada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y a la
Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Tema: Compatibilidad pensional / Compartibilidad pensional. Régimen
contenido en el Decreto 758 de 1990. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Luis Teodolfo Cañón Vega en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

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PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 030363 del 9 de marzo del
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado, sin tener
en cuenta que se trataba de una pensión compartida y, a título de restablecimiento,
se ordene el reconocimiento de la prestación, pero con carácter compartido de
conformidad con el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, estableciendo la fecha de
causación, los factores salariales, la tasa de reemplazo, el monto de la mesada
pensional y a quién le corresponde el retroactivo pensional1.

4. Que se ordene al demandado devolver, de forma indexada, el valor de la
diferencia resultante, entre lo pagado por concepto de pensión de vejez a partir de la
fecha de inclusión en nómina de la Resolución GNR 030363 del 9 de marzo del 2013
y el reconocimiento con carácter compartido. Que se ordene a la EPS el reintegro del
valor girado de más por concepto de salud.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que el señor Luis Teodolfo Cañon Vega nació el 28 de marzo de 1937 y
ALCALIS de Colombia - Alco Ltda2, en calidad de empleador, le reconoció pensión
de jubilación mediante Resolución 056 del 4 de octubre de 1983, a partir del 1 de
julio de 1983 y hasta el 28 de marzo de 1997, fecha en la cual el I.S.S. debía asumir
la pensión.

7. Que el 14 de enero de 2013 solicitó al ISS el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez, la cual se concedió en la Resolución GNR 030363 del 9 de marzo
del 2013, en los términos del Decreto 758 de 1990, con 1.655 semanas de cotización
y una tasa de remplazo del 90% en cuantía de $1.289.440, efectiva a partir del 1 de
marzo de 2013, sin tener en cuenta el carácter de compartibilidad.

8. Que, mediante comunicado 2016_1356693 del 14 de abril de 2016, la
demandante requirió el consentimiento del demandado para revocar el acto
administrativo de reconocimiento pensional.

1 Demanda, página 14. Expediente físico.
2 ÁLCALIS de Colombia Ltda. fue una empresa industrial y comercial del Estado creada en 1952 para refinar sal

y producir derivados del cloruro de sodio. Dicha entidad fue liquidada y por medio de los Decretos 1833 de 2016
y 1623 de 2020 se determinaron las reglas para la asunción de su función pensional, que estaría a cargo de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP y su pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Citó como vulnerado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de
1994, el Decreto 758 de 1990 y los artículos 12, 18 y 20 del Acuerdo 049 de 1990.

10. Sostuvo que el acto acusado contraría las normas señaladas porque, al
momento de reconocer la pensión de vejez, no se tuvo en cuenta que se trataba de
una pensión compartida y, por error, se tramitó como una prestación de carácter
ordinario. Explicó que, mientras que en la compatibilidad el pensionado tiene
derecho a recibir de manera simultánea la pensión de vejez y la de jubilación; en el
caso de la compartibilidad, el empleador reconoce la pensión de jubilación y
continúa cotizando hasta que el trabajador alcance los requisitos para la pensión de
vejez y se compromete a continuar con el pago del mayor valor, si se llegare a
generar.

11. Que, para que se genere la pensión compartida, el empleador debe continuar
con las cotizaciones hasta que el trabajador alcance los requisitos de la pensión de
vejez y pagar la pensión de jubilación hasta que la de vejez sea incluida en nómina
y, en caso de generarse retroactivo, éste debe girarse en su favor y que para ello
es necesario que el acto administrativo de reconocimiento pensional indique que se
trata de una pensión compartida y el pensionado autorice el giro del retroactivo a
favor del empleador.

12. Que el hecho de no haberse definido la compartibilidad, hizo que para realizar
el cálculo del Ingreso Base de liquidación se tuviera en cuenta hasta la última
semana cotizada, circunstancia que, consideró, debe ser diferente en el caso de la
pensión compartida; razón por la que se causó un perjuicio al erario.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda fue admitida el 25 de abril de 2018 y se dio traslado a la medida
cautelar, que fue negada mediante auto del 31 de mayo de 20223. Luego de
definirse el conflicto negativo de competencia4, se ordenó vincular a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP y a la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, quienes se notificaron debidamente5.

14. El demandado6 afirmó que en la resolución demandada Colpensiones había

3 La decisión fue apelada, pero se declaró fallida por esta Corporación mediante auto del 11 de mayo de 2023,

por no ser congruente el recurso. Índice 14 del Samai en el radicado 25000234200020170507002.
4 Dentro del proceso se presentó controversia sobre la falta de jurisdicción, la cual fue definida por auto del 23 de

octubre de 2019, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se definió que esta era la jurisdicción
competente. Cuaderno No. 4 del expediente físico.
5 Índice 73 del Samai del tribunal.
6 Páginas 112 a 126 del expediente físico.

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definido que la pensión de jubilación no tenía el carácter de compartida y explicó
que todas las prestaciones reconocidas antes del 17 de octubre de 1985 estaban
habilitadas para ser compatibles con las pensiones legales, de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 2879 de 1985 y que, así, su prestación no era compartible
sino compatible con la de jubilación, por habérsele reconocido el 1 de julio de 1983.

15. La UGPP7, solicitó acceder a las pretensiones dado que las dos prestaciones
atienden la misma contingencia y son reconocidas con los mismos tiempos. Que
las prestaciones eran incompatibles porque ambas provenían de recursos públicos
y ello contrariaba el artículo 128 de la Constitución Política, que expresamente
prohíbe la facultad de percibir, de forma simultánea, dos asignaciones del tesoro
público.

16. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo8, sostuvo que carecía de
facultad legal y normativa para ejercer la defensa en interés de la extinta Álcalis de
Colombia Ltda., dado que dicha potestad recaía en la UGPP conforme lo consagró
el artículo 2 del Decreto 1623 de 2020.

17. Que, en efecto, mediante Resolución del 4 de octubre de 1983 se le había
reconocido pensión de jubilación la cual se pagaría hasta el 28 de marzo de 1977,
pues con posterioridad, el I.S.S. reconocería la pensión de vejez y, a partir de allí,
la sociedad solo debería pagar el mayor valor resultante. Resaltó que, pese a ello,
el Ministerio continuó pagando la pensión de forma plena hasta la mesada de
diciembre de 2020, sin aplicar la figura de la compartibilidad. Que, en caso de
acceder a las pretensiones de la demanda, se le reconozca al Ministerio la calidad
de tercero económicamente afectado.

18. Por auto del 15 de febrero de 20239 se dio trámite de sentencia anticipada, se
fijó el litigio, se incorporaron las pruebas y se corrió traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

19. Mediante sentencia del 15 de febrero de 2.023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Consideró que, conforme fue ordenado en el
reconocimiento de la pensión de jubilación, operó la figura de la compartibilidad y
que el empleador continuó realizando aportes al I.S.S. para que, una vez cumplidos
los requisitos, reconociera la pensión. Destacó que, en dicha resolución, se había
indicado que la pensión se pagaría hasta el 28 de marzo de 1997, fecha en la que
el demandado cumpliría los 60 años.

7 Páginas 363 a 367 del expediente físico.
8 Samai del tribunal, índice 81.
9 Índice 90 del Samai del tribunal.

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20. Que, pese a ello, debía estudiarse el argumento traído por el demandado
según el cual las prestaciones son compatibles de acuerdo con el artículo 5 del
Decreto 2879 de 1985. Sobre este punto, consideró cierto que todas las pensiones
extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles
con la pensión legal que reconoce el extinto I.S.S. y que la compartibilidad pensional
para las pensiones extralegales reconocidas por los patronos inscritos al I.S.S., solo
surtió efectos con posterioridad a dicha fecha. Para sustentar su decisión citó la
sentencia del 10 de octubre de 2018, emitida dentro del radicado núm. 76001-23-
31-000-2006-02542-01 (1545-15), de la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación.

21. Concluyó el tribunal que, si bien la jubilación fue establecida como una de
carácter compartida, lo cierto es que eran compatibles y destacó que no se había
aportado prueba alguna con la cual se pudiera desvirtuar la aplicación del artículo
5 del Decreto 2879 de 1985.

RECURSO DE APELACIÓN

22. Colpensiones interpuso recurso de apelación para insistir en que se debió
declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues es lesiva porque reconoce una
pensión de vejez ordinaria, sin tener en cuenta el carácter de compartida, y por esa
razón, se liquidó la prestación con un mayor valor de la mesada.

23. Se opuso a la decisión de declarar la compatibilidad de las prestaciones, dado
que esa orden no se ajustaba al artículo 128 de la Constitución Política puesto que
«(…) no era posible en su momento el reconocimiento de prestación por parte del
Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de pensiones–
COLPENSIONES, dado que los aportes deben ser utilizados para financiar la
pensión ya mencionada (…)10». Que, por esa razón, está prohibido usar los mismos
aportes o cotizaciones que fueron tenidas en cuenta en la pensión de jubilación,
para la pensión de vejez y, pese a ello, devengarlas de forma completa,
simultáneamente.

24. Que, además, en los términos del artículo 16 de la Ley 100 de 1993 no se
pueden distribuir los aportes para pensión obligatoria en varios regímenes
pensionales, de forma simultánea. Así, la resolución va en detrimento de la
estabilidad financiera del sistema pensional y que, en consecuencia, debía
revocarse la sentencia y ordenar al demandado la devolución de la totalidad de
mesadas pagadas dado que se había probado su mala fe.

10 Se cita textual del recurso de apelación visible en el índice 112 del Samai del Tribunal.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

25. El 20 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio público guardaron silencio en esta etapa.

26. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. La Sala debe determinar si procedía declararse la nulidad de la Resolución
GNR 030363 del 9 de marzo del 2013, por la que se reconoció la pensión de vejez,
al no haber determinado la compartibilidad de la prestación, en aplicación del
Decreto 758 de 1990. De igual forma, corresponde establecer si, como lo consideró
el tribunal, la pensión otorgada por Colpensiones es compatible con la reconocida
por su empleador.

28. En caso afirmativo, se definirá si es procedente ordenar al demandado la
devolución de las mesadas pagadas con ocasión a la pensión de vejez.

Sobre la compartibilidad pensional

29. El Decreto 2879 de 198511, en su artículo 5, determinó que los empleadores
inscritos al Instituto de Seguros Sociales – I.S.S., que a partir de la fecha de
publicación del decreto, otorgaran a sus trabajadores pensiones de jubilación,
continuarían cotizando para las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta
cuando los asegurados cumplieran los requisitos exigidos por el I.S.S. para otorgar
la pensión de Vejez y que, en este momento, el Instituto procedería a cubrir dicha
pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el empleador.

30. El Decreto 758 de 199012, en relación con las pensiones de jubilación
reconocidas por los empleadores registrados en el I.S.S., dispuso:

«(…) Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los
patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas
en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los
seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión,

11
Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
12 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de

Seguros Sociales Obligatorios.

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siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al
pensionado.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes,
se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no
serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (…)». (Negrita para
resaltar)

31. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU 542 de 2016, explicó la noción
y finalidad de la Compartibilidad pensional:

«(…) La pensión compartida se da cuando el empleador le reconoció a su
extrabajador pensión de vejez en virtud de una convención o acuerdo extralegal
por un monto determinado y estipuló que dicha pensión será posteriormente
compartida con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, en la
actualidad por Colpensiones.

De esta forma, cuando la empresa a la que se encontraba vinculado laboralmente
el trabajador contemplaba el cumplimiento de requisitos más favorables para
acceder a la pensión que los exigidos por el régimen general, el empleador
asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla la edad y el tiempo
de cotización exigidos por la ley para todas las personas. En caso de que el
monto de la pensión reconocida por el empleador sea superior al
reconocido por Colpensiones, deberá el empleador reconocer y pagar la
diferencia. (…)». (Negrita para resaltar)

32. Esta Corporación ha precisado también que en la pensión compartida el
reconocimiento y pago lo asume inicialmente el patrono, pero cuando se satisfacen
los requisitos exigidos por el I.S.S. (hoy Colpensiones), éste asume su obligación y
el empleador cesa en el pago de dicha prestación, salvo que Colpensiones cuando
reconozca la prestación, lo haga en cuantía inferior13.

33. Esto quiere decir que en el momento en que se reconozca le pensión de vejez
se estudiará la Compartibilidad de la prestación y pueden presentarse dos
escenarios. Veamos:

i) En el primero de ellos el monto de la mesada convencional o de jubilación
reconocida por el empleador es menor al monto de la mesada por vejez
asumida por Colpensiones. Para este caso la diferencia a pagar por el
empleador es cero porque la pensión de vejez es mayor que la de
jubilación, quedando así Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada
pensional.

ii) En el segundo escenario el monto de la mesada de la pensión de jubilación
es mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual —en contraste con

13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 05001

2333 000 2017 02855 01 (6384-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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el anterior—, el empleador sí debe pagar la diferencia o remanente
resultante, lo cual se debe hacer a partir del momento en el que se
reconoce la prestación por vejez.

Parámetro para la liquidación de la pensión de vejez conforme al régimen
establecido en el Decreto 758 de 1990

34. El artículo 13 de la norma en cita, definió:

«(…) Artículo 13. Causación y disfrute de la pensión por vejez. La pensión de
vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos
mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación
al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación
se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este
riesgo (…)». (Negrita para resaltar)

Sobre la compatibilidad pensional

35. La compatibilidad pensional consiste en la posibilidad que establece el
ordenamiento jurídico para recibir dos prestaciones —la pensión de vejez otorgada
por disposición legal y la de jubilación reconocida por el empleador—, de forma que
se pueden devengar las dos mesadas, de manera independente y al mismo tiempo.
En sentencia T – 280 del 19 de julio de 2018, la Corte Constitucional, explicó:

«(…) Por un lado, la compatibilidad de las pensiones de vejez (legal) y de
jubilación (convencional) le otorga el derecho al pensionado a percibir de
manera simultánea ambas prestaciones, de manera integral. Esta figura es
aplicable a los casos en los que la pensión de jubilación convencional fue
reconocida por el empleador con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2879 de 1985, el 17 de octubre de 1985. La compatibilidad, además,
implica la obligación del pensionado de realizar directamente las cotizaciones
correspondientes ante el sistema de seguridad social, con el fin de cumplir los
requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez (…)». (Negrita para
resaltar)

36. El Decreto 2879 de 1985 «por el cual se aprueba el Acuerdo número 029 del
26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios», dispuso que los patronos inscritos en el ISS, que a partir de la fecha
de publicación de dicha norma (17 de octubre de 198514), otorgaran a sus
trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva,
Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los
seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplieran los
requisitos de Ley y, en este momento, el Instituto cubriría dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere.

14 Diario oficial año CXXII. N. 37192. 17, octubre, 1985.pag. 4. Consultado el 19 de junio de 2026 en el enlace:

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1882868.

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37. Es decir, antes del 17 de octubre de 1985, dichas prestaciones serían
compatibles con la de vejez y, solo a partir de ese corte, las prestaciones serían
compartidas en caso de un mayor valor. El artículo 18 del Decreto 758 de 1990,
reiteró dicha lógica normativa15.

38. Ahora, el artículo 128 Superior consagra la prohibición constitucional de recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público16, lo cual comprende toda
clase de remuneración proveniente de recursos públicos, incluyendo sueldo,
honorarios, mesada pensional, entre otras17. Por lo que es contrario a derecho
devengar dos pensiones de vejez por tiempos prestados al servicio del Estado, salvo
las excepciones previstas en la ley18.

39. Se destaca, entonces, que no todas las pensiones reconocidas por el Instituto
de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, tienen, por sí mismas, la calidad de públicas,
pues ello depende del origen de las cotizaciones, en tanto las entidades que
conforman los diferentes regímenes son solo administradoras de los dineros
aportados. Por lo que la naturaleza jurídica de la prestación pensional no depende
de su administrador, sino de que la fuente de los aportes sea pública o privada19.

40. Al respecto, esta sala de decisión ha precisado que existe incompatibilidad
entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez cuando ambas se financian con
recursos públicos:

«(…) 34. Con independencia de la naturaleza o del carácter parafiscal de los
recursos administrados por Colpensiones alegado por el demandante, lo cierto
es que estos integran el Sistema General de Seguridad Social. En consecuencia,
resulta claro que la fuente de las cotizaciones efectuadas corresponde a recursos
de naturaleza pública. Una conclusión distinta sería posible si tales aportes

15 «(…) Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores

afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o
voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de
invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez (…)»
16 «(…) Artículo 128 de la Constitución Política. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo

público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por
tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas (…)»
17
Corte Constitucional, Sentencia C – 133 del 1° de abril de 1993. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
18 Ley 4° de 1992. «(…) Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni

recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados (…)»
19 Al efecto puede consultarse las sentencias CSJ SL, 27 Feb 2003, Rad. 37453, CSJ SL, 6 mayo 2010, Rad.

37453, y CSJ SL, 19 nov. 2013, Rad. 41306.

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provinieran del sector privado o de empleadores particulares (v. gr.
contratos de prestación de servicio, relaciones laborales o actividades
independientes); sin embargo, en el presente caso dada la naturaleza pública
del empleador, ello no tiene lugar.

35. Siendo ello así, debe precisarse que la incompatibilidad deriva de la fuente
pública de los aportes/cotizaciones, más no de la existencia de una prestación
previa, pues como se indicó en líneas anteriores, la ley prevé excepciones a la
regla prohibitiva contenida en la Constitución. (…)20» (Subrayas intencionales).

Resolución del caso concreto

41. De las pruebas se logró determinar que la sociedad Álcalis de Colombia Ltda.,
en calidad de empleador, reconoció pensión de jubilación al demandado, mediante
Resolución 056 del 4 de octubre de 198321, en el que se estipuló lo que, por su
importancia, se cita:

«(…) RESOLUCIÓN No. 056/83.

Por la cual se reconoce una pensión de jubilación.

El presidente de Álcalis de Colombia Limitada “ALCO LTDA.”, en uso de sus
atribuciones estatuidas, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en desarrollo de la Ley 41 de 1968 y el Decreto 1205 de 1969,
el Instituto de Fomento Industrial recibió a título de aporte del Gobierno
Nacional todos los bienes que hacían parte de la Planta Colombiana de
Soda de la Concesión del Banco de la República;

SEGUNDO: Que mediante Escritura número 4345 otorgada el 4 de agosto de
1970, en la Notaría Primera del Circuito de Bogotá, se constituyó la Compañía
Colombiana de Álcalis – Planta Colombiana de Soda Ltda., con aportes del
IFI, de la empresa colombiana de Minas y la Sociedad Colombiana de Minería,

TERCERO: Que mediante Escritura Pública número 847 del 22 de mayo de
1975, de la Notaría Quince del Circuito de Bogotá, se cambió la razón social
de la Compañía por la de Álcalis de Colombia Limitada ALCO LTDA.,

CUARTO: Que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 4° del
Decreto 1205 de 1969, la sociedad así constituida debe asumir las
obligaciones laborales que tenía a su cargo la Planta Colombiana de Soda de
la Concesión de Salinas del Banco de la República;

QUINTO: Que, por el origen de su capital, la sociedad constituida se
clasifica como de economía mixta del orden nacional;

20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2026. Exp. 05001-23-33-

000-2016-00180-01 (0944-2021). M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
21 Páginas 134 a 138 del expediente físico.

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SEXTO: Que el señor LUIS TEODOLFO CAÑÓN VEGA con cédula de
ciudadanía No. 3.264.821 de Zipaquirá solicitó en oficio del día 7 de abril de 1.983
el reconocimiento y pago a su favor de una pensión de jubilación a la cual tiene
derecho;

SÉPTIMO: Que el peticionario prestó sus servicios a la empresa desde el 15 de
enero de 1.958 hasta el 30 de junio de 1.983 fecha de su retiro definitivo de la
compañía, que de donde descontados 70 días por faltas al trabajo le queda un
tiempo efectivo de servicios de:

AÑOS MESES DÍAS TOTAL DÍAS
25 03 06 9.096

OCTAVO: Que, de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo vigente, la
Empresa reconocerá pensión de jubilación a los trabajadores que le hubieren
prestado sus servicios por un término de 25 años continuos o discontinuos y sin
consideración a la edad;

(…) DÉCIMO PRIMERA: Que según partida de Bautismo expedida por el Cura
Párroco de Cagua el señor LUIS TEODOLFO CAÑÓN VEGA nació el día 28 de
marzo de 1.937.

(…) DÉCIMO CUARTO: Que, hasta la fecha, tanto la empresa como el señor
LUIS TEODOLFO CAÑÓN VEGA han venido cotizando al Instituto de Seguros
Sociales por los riesgos de invalidez, vejez y muerte;

DÉCIMO QUINTO: Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 90 de 1946
y el reglamento del ISS contenido en el Decreto 3041 de 1966, la pensión
solicitada por el señor LUIS TEODOLFO CAÑÓN VEGA corresponderá
pagarla al Instituto de Seguros Sociales cuando el beneficiario cumpla la
edad de sesenta años.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar a favor del señor LUIS TEODOLFO
CAÑÓN VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.821 de
Zipaquirá, conforme a la parte motiva de esta Resolución, una pensión mensual
de jubilación en cuantía de $ 34.797,47 MCTE, a partir del 1 de julio de 1983 y
hasta el 28 de marzo de 1997, fecha en la cual el ISS debe asumir la pensión
que por ésta se concede.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer y pagar al señor LUIS TEODOLFO
CAÑÓN VEGA, a partir del 29 de marzo de 1997, la diferencia entre lo que
para esa fecha reconozca ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA “ALCO
LTDA”, por concepto de esta prestación y lo que le corresponde reconocer
al I.S.S.” (…)». (Negrita para resaltar)

42. Se observa que en el reconocimiento pensional se indicó que sería pagadera
hasta el 28 de marzo de 1997, fecha en la cual el extinto ISS debía asumir el pago
de la prestación y que, para ello, la entidad solo pagaría la diferencia que llegare a
causarse en caso de ser procedente.

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43. Ello quiere decir que en ese momento se determinó que la pensión era
compartida y, dado que antes del 17 de octubre de 1985 las partes podían pactar la
compartibilidad de la prestación, es claro que así se estipuló, razón por la que no es
necesario que se indique así en la resolución demandada.

44. Así, para resolver el argumento del recurso según el cual el hecho de que en
la resolución demandada no se haya determinado la compartibilidad de la prestación
genera, por sí mismo, una liquidación con un mayor valor de la mesada al que en
verdad correspondía, se aclara a Colpensiones que el artículo 13 del Decreto 758 de
1990 estipuló cómo debe realizarse la liquidación de la prestación. La determinación
o no, de la compartibilidad en la prestación, no modifica la manera de calcularla pues
para esta se tiene en cuenta es el número de semanas de cotización efectiva.

45. Recuérdese que, como se explicó en el marco normativo, en materia de
compartibilidad pensional, al momento en que se reconozca la pensión de vejez se
pueden presentar dos escenarios y es carga de la parte demandante demostrar cuál
de los dos se consolida en este caso, pues de ello depende que: a) la diferencia a
pagar por el empleador sea de cero porque la pensión de vejez es mayor que la de
jubilación, —quedando así Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada
pensional— o b), en cambio, que el monto de la mesada de la pensión de
jubilación sea mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual el empleador
sí asumiría la diferencia.

46. En consecuencia, este hecho debe ser demostrado por el interesado dentro
del proceso, lo cual no sucedió en este caso, pues no se tienen los elementos
probatorios necesarios para determinar que la mesada de la pensión de jubilación
sí es mayor al valor reconocido en la mesada de la pensión de vejez. De este modo,
se resalta que —dado que lo que Colpensiones pretendía era definir el monto de la
mesada que le correspondía pagar a esa AFP y al empleador—, debió traer al
proceso el valor de la mesada de jubilación a efectos de poder determinarse ese
punto.

47. Ahora, para resolver el asunto referente a la compatibilidad se destaca que,
para determinarla, debe verificarse la naturaleza jurídica del empleador que
reconoció la pensión de jubilación. Al respecto, en el acto administrativo citado se
explicó que Álcalis de Colombia Limitada era una sociedad de economía mixta del
orden nacional cuyo capital estaba compuesto con aportes: a) del Instituto de
Fomento Industrial ―en adelante IFI―, b) de la empresa colombiana de Minas y c)
de la Sociedad Colombiana de Minería.

48. Se observa que, de conformidad con la Ley 41 de 1968 y el Decreto 1205 de
1969, «por el cual se aumenta el aporte del Gobierno Nacional al capital del Instituto
de Fomento Industrial, se convierten en deuda pública los pasivos del Gobierno
Nacional con el Banco de la República por concepto de la concesión de salinas y se
dan unas autorizaciones», el IFI recibió, como aporte del Gobierno Nacional, todos
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los bienes que hacían parte de la Planta Colombiana de Soda de la Concesión del
Banco de la República.

49. A su vez, el IFI fue una sociedad de economía mixta del orden nacional,
organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, es decir, una entidad pública de carácter financiero22.

50. De la lectura del documento emitido por el Departamento Nacional de
Planeación con la finalidad de determinar la viabilidad de la disolución y liquidación
de la empresa Álcalis de Colombia Ltda., se resalta que «Alco es una sociedad de
economía mixta creada con el objeto de refinar sal y fabricar productos derivados del
cloruro de sodio (soda cáustica y cloro), explotar yacimientos de caliza para producir
carbonatos e importar y comercializar otros productos. El estado participa a través
del IFI (99.9%) y MINERALCO S.A. (0.01%)23 »

51. Ello quiere decir que Álcalis de Colombia Ltda., es una sociedad de economía
mixta cuyo capital mayoritario es público y, como se explicó, lo que determina la
naturaleza de la pensión de jubilación es su financiación con aportes públicos o
privados. De este modo, para el caso que se analiza existe incompatibilidad entre la
pensión de jubilación y la pensión de vejez, puesto que ambas se financian con
recursos públicos. Así lo ha determinado previamente esta Sala de decisión24.

52. Esto quiere decir que no le asiste razón al tribunal al afirmar que «todas las
pensiones extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son
compatibles con la pensión legal que reconoce el extinto I.S.S. y que la
compartibilidad pensional para las pensiones extralegales reconocidas por los
patronos inscritos al I.S.S., solo surtió efectos con posterioridad a dicha fecha», pues,
—se insiste—, ello depende de la naturaleza jurídica del empleador que reconoció la
pensión de jubilación y, en caso de ser pública, sí se configura la prohibición
estipulada en el artículo 128 constitucional.

53. Bajo ese entendido, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia,
pero por las razones explicadas en esta providencia. En consecuencia, se hace
innecesario emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la procedencia de la
devolución de las mesadas, que Colpensiones planteó en su recurso.

22 Consultado el 25 de junio de 2026 en: https://www.mincit.gov.co/getattachment/73bb8d5b-c8d8-4db1-81cc-

3d119c2edd76/Decreto-2777-de-2005-Por-el-cual-se-modifica-el-De.aspx
23 Consultado el 25 de junio de 2026 en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/2643.pdf
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2026. Exp. 05001-23-33-

000-2016-00180-01 (0944-2021). M. P. Juan Camilo Morale Trujillo.

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De la condena en costas

54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

57. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2.023, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por los motivos expuestos en esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Se reconoce personería al abogado Richard Giovanny Suárez Torres,
identificada con cédula 79.576.294 y tarjeta profesional 103.505, en calidad de
representante legal de la firma RTS Asociados Projects S.A.S. para actuar como
apoderado principal de la UGPP y a la abogada Angélica María Medina Herrera, con

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cédula 1.143.366.390 y tarjeta profesional 272.397, según el poder general y su
sustitución, aportados al expediente25.

Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

25 SAMAI. Índice 28.

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