Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-05168-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-05168-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
Demandante: Gilberto Fernández Roa
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y otros
Tema: Compatibilidad pensional entre la prestación convencional de la
extinta Fundación San Juan de Dios y la reconocida por
Colpensiones. / Aplicación de la sentencia del 8 de marzo de
2005, emitida por la sala plena del Consejo de Estado y la de
unificación SU 484 de 2008, proferida por la Corte Constitucional.
/ Devolución de mesadas – principio de buena fe. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa
de Pensiones de Cundinamarca, contra la sentencia proferida el nueve (09) de
junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. El señor Gilberto Fernández Roa instauró demanda contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones y otros, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
PRETENSIONES
3. Que se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 0816 del 12 de
diciembre de 20161 y 066 del 7 de febrero de 20172, por las que Colpensiones
aceptó y adecuó la conmutación pensional de los ex trabajadores de la extinta
Fundación San Juan de Dios y hospitales: Hospital San Juan de Dios e Instituto
Materno Infantil en liquidación3.
4. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 151 del 21 de abril de 20174 y
0257 del 12 de julio de 20175 emitidas por la extinta Fundación San Juan de Dios
y hospitales, por las que se declaró la compartibilidad de la pensión del
demandante, se ordenó la devolución de las mesadas pagadas en exceso y se
confirmó la decisión inicial, respectivamente.
5. A título de restablecimiento, solicitó: a) se ordene el pago de las dos pensiones
que venía percibiendo antes de proferirse los actos demandados, es decir, la
pensión de carácter público reconocida por Colpensiones en $4.192.881 y la
prestación convencional a cargo de la extinta Fundación San Juan de Dios, por
$6.772.9306; b) se ordene al Ministerio de Hacienda hacer las provisiones
necesarias para que se cubran ambas pensiones desde la fecha en la que se
suspendió el pago y c) se deje sin efecto cualquier acción de cobro coactivo
adelantada por el Ministerio de Hacienda para el cobro de las mesadas pagadas
en exceso, por valor de $385.307.082.76.
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que prestó sus servicios a la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales,
en calidad de médico especialista, con más de 20 años de servicios. Relató que
ese empleador fue creado mediante los Decretos 290 y 1374 de 1979 como un
ente de derecho privado y expresó que, por esa razón, la relación con sus
empleados también fue de naturaleza privada.
1 Por la cual se aceptó la conmutación pensional de 393 personas que estaban a cargo de la extinta Fundación
San Juan de Dios.
2 Por la que se acató el oficio sobre la necesidad de ajustar la Resolución 816 de 2016 en relación con el cálculo
actuarial de las obligaciones pensionales asumidas por Colpensiones, dentro de la cual está la pensión
compartida del demandante. Ver página 74 de la resolución demandada. Samai, visualización del expediente
digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL – RESERVADO.
3A quien, en adelante, se denominará como la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales.
4 Por la cual se declaró la compartibilidad pensional del demandante, se declaró la obligación de reintegro de las
mesadas pagadas en exceso a su favor y se ordenó el cobro de dichas mesadas.
5 Por la que se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución 0151 del 21 de abril de 2017.
6 Pretensión tercera de la demanda. Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado
005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL – RESERVADO. Página 12.
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8. Que, entre ese empleador y el Sindicato SINTRAHOSCLISAS se suscribió una
convención colectiva de trabajo, en junio de 1982, en la que se estableció que la
extinta Fundación asumiría la pensión de sus exempleados cuando estos
cumplieran 20 años de labores, cualquiera fuera su edad, por lo que el 22 de
noviembre de 1999 el demandante solicitó su pensión convencional, que fue
reconocida mediante Resolución 0070 del 31 de diciembre de 1999.
9. Que, en sentencia del 8 de marzo de 2005, esta Corporación declaró la nulidad
de los Decretos que dieron origen a ese empleador como institución de derecho
privado, por lo que «(…) la Fundación desapareció del mundo jurídico, volviendo
las entidades que la conformaron a lo que eran antes del 15 de febrero de 1979,
o sea establecimientos de beneficencia del Estado, pertenecientes a la
Beneficencia de Cundinamarca y adscritos al Sistema Nacional de Salud, como
entes prestadores de servicios medico asistenciales (…)7»
10. Que, ante el confuso régimen laboral en la que habían quedado dichos
trabajadores, la Corte Constitucional dictó una sentencia de unificación (SU – 484
/ 08) en la que precisó la fecha de terminación de las vinculaciones, tanto para el
Hospital San Juan de Dios como para el Instituto Materno Infantil, pero sostuvo
que el demandante prestó sus servicios durante el período en que la entidad fue
catalogada de naturaleza privada y que por esa razón la pensión convencional
también es de naturaleza privada.
11. Que, simultáneamente, trabajó en la Caja Nacional de Previsión Social y otros
empleadores, siendo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por lo que también
resultó beneficiario de la pensión de vejez que fue reconocida en la Resolución
001210 del 23 de enero de 2007, cuyos recursos son públicos.
12. Que Colpensiones, en la Resolución 0816 del 12 de diciembre de 2016, aceptó
una conmutación pensional y, en aplicación de la sentencia SU-484 del 15 de
mayo de 2008, determinó que el demandante solo debía recibir una pensión de
jubilación en forma compartida y en cuantía muy inferior a la sumatoria de las
mesadas de la pensión convencional y de jubilación, que venía percibiendo.
13. Que Colpensiones, mediante Resolución 0066 del 7 de febrero de 2017,
modificó la Resolución 816 de 2016, en el sentido de ajustar las 393 obligaciones
pensionales objeto de conmutación, entre las cuales está la del actor. Que, luego,
la extinta Fundación expidió la Resolución 0151 del 21 de abril de 2017, para
declarar la compartibilidad de la pensión y disponer la restitución de los dineros
recibidos en exceso.
7 Se cita textual de la demanda. Hecho octavo. Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado
005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL – RESERVADO. Página 16.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
14. Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 39, 48 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y los artículos 53, 55, 58 de la Constitución Política.
15. Sostuvo que los actos demandados desconocen sus derechos adquiridos y el
derecho a la igualdad, porque existen algunos beneficiados con la pensión de
jubilación convencional otorgada por la extinta Fundación San Juan de Dios y
hospitales.
16. Que fue la misma ley (artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo) quien
otorgó la posibilidad de que un ente privado suscribiera convenciones colectivas
con los sindicatos, en beneficio de los trabajadores asociados, razón por la que al
demandante le bastaba con cumplir los requisitos convencionales, para tener
derecho a su disfrute. Destacó que la Fundación, desde sus inicios, tuvo la calidad
de particular y que al haber actuado de buena fe no podía pedírsele que
reintegrara el valor de las mesadas pagadas, razones por las cuales debía
declararse la nulidad de los actos demandados.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue admitida el 27 de julio de 2019. Colpensiones se opuso
porque a través de los actos demandados se conmutó la obligación pensional a
cargo de la extinta Fundación San Juan de Dios, para 393 personas, en atención
a la nulidad declarada por esta Corporación. Que, dada la declaración de
incompatibilidad de las prestaciones, se estableció que éstas tenían el carácter de
compartidas en aplicación del artículo 18 del decreto 758 de 1990 y, por ende, no
es procedente acceder a las pretensiones. Propuso las excepciones de
inexistencia del derecho reclamado y buena fe.
18. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva dado que las resoluciones demandadas no
fueron emitidas por esa entidad y que la responsabilidad del Ministerio es
eminentemente financiera, de acuerdo con lo dispuesto en la SU – 484 de 2008.
Que, dada la fecha en la que se concedieron las prestaciones, no se podía incurrir
en un doble pago de éstas.
19. La Unidad Administrativa de Pensiones de Cundinamarca - UAEPC,
sostuvo que los actos demandados se ajustan a las normas y la jurisprudencia que
reguló el asunto objeto de debate y resaltó que carece de legitimación en la causa,
por no haber expedido los actos demandados, y porque la SU – 484 de 2008
endilgó la responsabilidad en cabeza del Ministerio de Hacienda, Bogotá Distrito
Capital y la beneficencia de Cundinamarca.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
20. Mediante sentencia del 09 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones. Sostuvo que —dada la
declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la Fundación— no podía
desconocerse que la obligación económica para satisfacer esos derechos
pensionales provenía del tesoro público.
21. Citó la decisión de esta Corporación en la sentencia de tutela del 10 de
septiembre de 2020, en la que se precisó que «(…) los pasivos pensionales de la
Fundación San Juan de Dios (…) sí provienen directamente del Estado y van en
consonancia con lo expuesto anteriormente que avala la posibilidad de una doble
asignación pensional siempre que una de ellas este a cargo del sector privado,
cuestión que no se acompasa con la situación particular del actor (…)».8 (Se
resalta por esta Sala).
22. Argumentó que, contrario a lo señalado por el demandante, las dos
prestaciones pensionales provienen del tesoro público y, bajo ese entendido, se
configuró la prohibición de carácter constitucional, imposibilitando la
compatibilidad en el goce de las prestaciones en aplicación del literal J del artículo
13 de la Ley 100 de 1993. Destacó que tanto el cumplimiento del estatus como el
reconocimiento se dio en vigencia de dicha Ley.
23. Consideró que no había lugar a efectuar la devolución de pagos ordenada en
la Resolución 151 del 21 de abril de 2017 por valor de $385.307.082.76, puesto
que, a su juicio, el pago en exceso se produjo porque Colpensiones no informó
oportunamente del reconocimiento de la pensión legal de vejez del demandante a
la extinta Fundación San Juan de Dios, siendo un error imputable a la
administración, sin que de ello pueda desvirtuarse la buena fe del beneficiario
pensional.
24. Por último el tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Hacienda y, de manera oficiosa,
declaró la falta de legitimación en favor de la extinta Fundación San Juan de Dios
y hospitales y negó la nulidad de las resoluciones emitidas por Colpensiones, pero
sí declaró nulidad parcial de las Resoluciones 151 del 21 de abril de 2017 y 0257
del 12 de julio de 2017, para indicar que no procedía la devolución de mesadas
ordenada en ellas. No condenó en costas a la parte vencida.
8Sentencia de tutela del 10 de septiembre de 2020, Exp. 1001-03-15-000-2020-03608-00. M.P. Rocío
Araujo Oñate. Página 35 de la sentencia.
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RECURSO DE APELACIÓN
25. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca - UAEPC interpuso recurso de apelación y sostuvo que el tribunal
no tuvo en cuenta que las funciones pensionales a la UAEPC, se había dado
respecto de las pensiones causadas hasta el 31 de diciembre de 1993, pero que
la prestación del demandante había sido reconocida en el año de 1999 y, en
consecuencia, lo procedente era estudiar la compatibilidad o compartibilidad
pensional.
26. Que la decisión de declarar la nulidad de las resoluciones por las cuales se
ordenó el cobro de las mesadas pagadas en exceso al demandante va en
contravía del principio de sostenibilidad financiera en materia pensional, puesto
que se causa un enriquecimiento injustificado para el demandante y un
empobrecimiento correlativo para la Unidad Administrativa Especial de pensiones
de Cundinamarca.
27. Que como el tribunal en su sentencia había reconocido que ambas
erogaciones provenían del tesoro público y por ende se configuraba la prohibición
constitucional del artículo 128 que las hacía incompatibles, sí era procedente
ordenar la devolución de las mesadas pagadas en exceso al demandante para
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
28. Que, el hecho de pretender las dos pensiones sin tener derecho a ellas, tal
como lo manifestó en las pretensiones, desvirtúa la presunción de buena fe al
pretender recibir dos emolumentos del tesoro público, sin tener derecho a ellos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 15 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y
el Ministerio público guardaron silencio en esta etapa.
30. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. La Sala debe determinar si era procedente estudiar la compatibilidad o
compartibilidad pensional entre la prestación convencional reconocida por la
extinta Fundación San Juan de Dios y Hospitales, y la otorgada por Colpensiones.
32. En caso afirmativo, de determinarse la compartibilidad pensional, se deberá
definir si logró desvirtuarse la presunción de buena fe del beneficiario pensional y
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si, como resultado, era procedente ordenar la devolución de las mesadas pagadas
en exceso al demandante.
33. Para abordar el asunto propuesto resulta necesario, en atención a los
supuestos fácticos, realizar algunas precisiones previas que expongan el marco
contextual de los hechos que dieron lugar a la controversia que se resolverá en el
caso en concreto. Veamos:
Sobre la declaratoria de nulidad de los decretos relativos a la naturaleza
jurídica que la Fundación San Juan de Dios, expedidos por el Gobierno
Nacional (Decretos 290 del 15 de febrero de 1979, 1374 del 8 de junio de 1979 y
371 del 23 de febrero de 1998).
34. El 8 de marzo de 2005 esta Corporación emitió sentencia de Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo9, en la que se dispuso que los actos acusados
vulneraban las normas de orden superior dado que debieron ser emitidos por
órganos del orden departamental.
35. Para fundamentar esa decisión, ―al abordar la determinación de la naturaleza
jurídica del Hospital San Juan de Dios― se tuvo en cuenta el estudio que llevó a
cabo la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en Concepto del 14
de mayo de 198510. Luego de citarlo11, realizó el siguiente análisis basado en
referencias históricas suficientemente documentadas12:
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de marzo de 2005. Exp.
11001-03-24-000-2001-00145-01(IJ). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de mayo de 1985. Exp. 2156. M.P.
Oswaldo Abello Noguera.
11 En la providencia también se trae a colación el concepto del 20 de octubre de 1986, emitido en el expediente
núm. 029, por la que la Sala de Consulta y servicio Civil, con ponencia de Gonzalo Suárez Castañeda, en donde
volvió a pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del Hospital San Juan de Dios. Se destacó que, en esa
oportunidad, a diferencia del concepto que se rindió el 14 de mayo de 1985, consideró que se trataba de una
Fundación, persona jurídica de derecho privado, conclusión a la que arribó acogiendo, sin mayor reparo, el
contenido formal de los Decretos 290 de 1979 y 1374 del mismo año, actos acusados en la providencia que se
analiza en esta cita. Sin embargo, se dio énfasis especial al salvamento de voto del consejero Humberto Mora
Osejo, quien defendió la naturaleza pública de la entidad.
12 Las cuales se citan en este pie de página para facilitar su consulta:
«(…) a) Las fundaciones en el ordenamiento legal colombiano son instituciones de derecho privado reguladas
por la ley, originadas en la voluntad particular. Las hay también de naturaleza pública cuando tienen fundamento
en la ley o son constituidas por autorización de ésta, caso en el cual, conforme al artículo 7°, inciso 1°, del Decreto
Ley 3130 de 1968, son establecimientos públicos.
b) Es de la naturaleza de estas instituciones que se constituyan como personas jurídicas (artículo 5° Decreto Ley
3130 de 1968).
c) El origen del Hospital San Juan de Dios data del 21 de octubre de 1564 cuando en Santa Fe del Nuevo Reino
de Granada su Obispo e igualmente Obispo de Santa Marta, don Fray Juan de los Barrios y Toledo dona las
casas en que habitaba a efectos de que en ellas se erigiera un hospital para la atención de los pobres.
d) La creación inicial y la posterior construcción del nuevo hospital, no lo erigieron como persona jurídica
autónoma, sino como unos bienes destinados a prestar un servicio hospitalario sin personería alguna, dirigidos y
administrados por unos clérigos.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
«(…) La Sala acoge las precisiones de la Sala de Consulta y Servicio Civil
efectuadas en el Concepto radicado bajo el núm. 2156 de 14 de mayo de 1985,
en cuanto describen puntualmente los orígenes y las distintas facetas por las
cuales históricamente atravesó el comúnmente denominado hospital SAN JUAN
DE DIOS. De igual manera, prohija las expresas observaciones que allí se
hacen respecto de su naturaleza jurídica; y de la imposibilidad de
considerarla una institución de utilidad común de carácter privado
(Fundación) a efectos de aplicarle las disposiciones del artículo 650 del Código
Civil.
El análisis minucioso y ponderado del asunto realizado por la Sala de Consulta
en el mencionado concepto, basado en referencias históricas
suficientemente documentadas y en potísimas valoraciones jurídicas,
propician el convencimiento cabal de que dicha labor se adelantó con
acierto.
(…) Es evidente que del detenido análisis histórico y normativo que efectuó la
Sala de Consulta y Servicio Civil el 14 de mayo de 1985, acogido en parte en el
dictamen de fecha 20 de octubre de 1986, al que se remite la Sala en esta
oportunidad, no se colige que el Hospital San Juan de Dios hubiese sido,
hasta antes del año de 1979, una institución de utilidad común o Fundación
de carácter privado, pues si bien nació como expresión de la voluntad particular
según la cual en los terrenos donados por Fray Juan de Los Barrios y Toledo
e) En el siglo XIX la Asamblea Legislativa del Estado de Cundinamarca mediante Ley 15 de agosto de 1869 creó
la Junta General de Beneficencia a la que se encargó la administración de los establecimientos de beneficencia,
entre los que se encontraba el Hospital San Juan de Dios, al cual hasta donde se conocía para ese momento, no
se le había reconocido ninguna clase de personería.
f) Que si bien cada uno de los establecimientos de beneficencia y caridad administrados por la Junta de
Beneficencia tenían atribuido un patrimonio y unos bienes ello nunca determinó que poseyeran capacidad como
sujetos de derechos y obligaciones, ya que aquella y los síndicos respectivos eran quienes podían administrar y
disponer de tales bienes.
g) La Ordenanza núm. 37 de 1912 reafirma la consideración de que el Hospital San Juan de Dios no era para
entonces persona jurídica autónoma en la medida en que al reglamentar las atribuciones de la Junta de
Beneficencia señaló como establecimiento a cargo de ésta al Hospital San Juan de Dios, lo cual fue reiterado por
la Ordenanza núm. 51 de 11 de mayo de 1921, siguiendo los lineamientos según los cuales dicho hospital era un
ente sin personería que formaba parte de la Beneficencia de Cundinamarca.
h) Que la falta de autonomía para actuar en el campo del derecho fue una constante en la historia del hospital la
cual no permite evidenciar la concurrencia de los rasgos característicos de las personas jurídicas, concluyéndose
entonces que se trataba de un establecimiento de beneficencia perteneciente a la Beneficencia del Departamento
de Cundinamarca cuyo objeto lo ha constituido la prestación de servicios hospitalarios para personas indigentes
o de escasos recursos. De modo que para entonces su condición de “Fundación” no aparecía demostrada a
términos de las disposiciones del Código Civil vigentes desde 1887, según lo señalado por el artículo 1° de la Ley
57 de dicho año.
i) Que era ilegal el Decreto ejecutivo 1374 de 1979 en cuanto adoptaba los estatutos de la fundación San Juan
de Dios, por cuanto nada indica que dicho hospital tuviera esa condición, pues nunca fue, hasta entonces, una
persona jurídica, atributo propio de estas instituciones. De ahí que en este caso no resultaba procedente el
ejercicio de la facultad de que trata el artículo 650 del C. C. por parte del Presidente.
j) Que dicho Decreto no tenía carácter legislativo y que, por ende, no podía ser considerado como uno de aquellos
que permitían crear válidamente estas entidades con carácter de establecimientos públicos, con arreglo al artículo
7° del Decreto 3130 de 1968(…)
k) Que, por último, tales Decretos propiciaban la sustracción de los bienes pertenecientes al patrimonio del
Departamento de Cundinamarca y de la Beneficencia de Cundinamarca, en contravía de lo dispuesto por los
artículos 183, 184 y 187, numeral 6, de la Constitución de 1886. (…)».
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funcionaría una institución de salud que albergaría a los pobres y necesitados,
no lo es menos que el tratamiento que recibió con anterioridad a la
expedición de los actos acusados fue el de un establecimiento de
beneficencia de propiedad del Estado que hasta antes de la fecha
últimamente indicada nunca se constituyó como persona jurídica
autónoma.
(…) el Hospital San Juan de Dios no podía ser objeto de la regulación
contenida en el artículo 650 del Código Civil (…) pues al no haber ostentado
nunca la calidad de Fundación, mal podían invocar los actos acusados tal
situación y, al hacerlo, incurrieron en la causal de nulidad prevista en el
inciso 2° del artículo 84 del C.C.A. denominada “falsa motivación”.
(…) Al tratarse, como en efecto se trata, de una institución de salud
departamental, es a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en este
caso, a quien corresponde tomar las determinaciones concernientes al
referido hospital (…)».
36. Luego de la decisión, se procedió a la liquidación del conjunto de derechos y
obligaciones de la extinta entidad concluyó con la suscripción de un acuerdo macro,
realizado el 16 de junio de 2006 a instancias de la Procuraduría General de la Nación,
que delegó en cabeza del Gobernador el nombramiento de un Liquidador, con miras
a garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos asistenciales de
la señalada Fundación.
Sobre las reglas fijadas en la SU-484 de 2008, emitida por la Corte
Constitucional para determinar los efectos económicos de la sentencia del 8
de marzo de 2005.
37. Dada la necesidad de establecer la forma en que debían asumirse los
compromisos laborales que adeudaba la Institución de Salud San Juan de Dios, ante
la existencia de múltiples decisiones contradictorias frente al mismo asunto 13, la
Corte Constitucional explicó que de acuerdo con el fallo emitido por esta Corporación,
la Fundación desapareció del mundo jurídico, volviendo las entidades que la
conformaron a lo que eran antes del 15 de febrero de 1979, o sea los
establecimientos de beneficencia del Estado, pertenecientes a la Beneficencia de
Cundinamarca y adscritos al Sistema Nacional de Salud, como entes prestadores de
servicios médico asistenciales.
38. La Corte sostuvo que las consecuencias derivadas de dicha sentencia se
debían tener como producidas a partir de la expedición de los decretos anulados,
pues, antes de ellos, la mencionada institución hospitalaria venía siendo un
establecimiento de salud del orden departamental.
13 Ante las decisiones contradictorias que se presentaron incluso entre las salas de las distintas especialidades
del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia, lo que podía redundar en una violación del
derecho a la igualdad de los individuos que recibían fallos contrapuestos, pese a que los supuestos de hecho
que originaron las decisiones eran en sustancia los mismos.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
39. En lo que tiene que ver con las Relaciones laborales, particularmente sobre el
pago de las pensiones, determinó:
«(…) 5.4. (…) La Corte Constitucional determina que con el fin de atender la
responsabilidad financiera a cargo de la Nación del pago del pasivo prestacional
por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación ,
causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993; de conformidad con
el artículo 33 de la ley 60 de 1993 en concordancia con lo previsto en el artículo
61 de la ley 715 de 2001 , DECLARARÁ que hasta el 31 de diciembre de 1993
el pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y
pensiones de jubilación por servicios prestados a la Fundación San Juan de Dios
es responsabilidad de la Nación.
En efecto, el artículo 33 de la ley 60 de 1993 creó el Fondo Nacional para el pago
del pasivo prestacional de los servidores del sector salud, al cual pertenecía la
Fundación San Juan de Dios; dentro de sus características estaba garantizar el
pago del pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones
y pensiones de jubilación, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de
1993.
Ahora bien, el artículo 61 de la ley 715 de 2001 suprimió el Fondo del pasivo
prestacional para el sector salud creado por el artículo 33 de la ley 60 de 1993;
no obstante estableció que en adelante y con el fin de atender la
responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el pago de las
cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho Fondo y de
acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se haría cargo del giro
de los recursos (…)».
Sobre la subrogación pensional. Conmutación y compartibilidad.
40. La figura de la conmutación pensional tiene antecedentes en los Decretos
2677 de 197114 y 1572 de 197315, en los cuales se contempló como un mecanismo
excepcional que permitía al I.S.S. sustituir a las empresas que se encontraban en
proceso de cierre o liquidación, el pago de pensiones legales y convencionales.
41. La Ley 550 de 199916, que tuvo por objeto establecer un régimen para
promover y facilitar la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales, en su artículo 41, extendió la conmutación total o parcial para todos los
casos en los que se requiriera la normalización del pasivo pensional, para lograr el
pago oportuno de las obligaciones pensionales, sin importar si la empresa estaba en
un acuerdo de reestructuración y, adicionalmente, permitió que la sustitución se
14 Por el cual se fijan normas sobre conmutación de las pensiones de jubilación del sector privado.
15 Por la cual se reglamenta el Decreto 2677 de 1971, y el artículo 13 de la Ley 171 de 1961.
16 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esa ley.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
realizara mediante compañías de seguros, fondos de pensiones y patrimonios
autónomos, y otorgó al Gobierno Nacional facultades para reglamentar dicha figura.
42. En ejercicio de esa potestad fue expedido el Decreto 1260 de 200017 que, en
su artículo 3°, estableció las distintas formas en que se podía realizar la conmutación
pensional total y señaló que ésta se podría llevar a cabo con el i) Instituto de Seguros
Sociales; ii) con una compañía de seguros a través de una renta vitalicia; iii) como
un retiro programado administrado por una administradora de fondos de pensiones,
y iv) por los demás mecanismos que señale el Gobierno Nacional de acuerdo con la
ley.
43. En el artículo 4° se definió que la figura tendría por objeto lograr que se pague
a quienes tengan o lleguen a tener derecho a ella, la respectiva mesada pensional
en el monto que corresponda al momento de la conmutación, de acuerdo con la ley,
la convención o el pacto colectivo. Una vez realizada la conmutación pensional total,
el empleador quedaría liberado de la obligación de pago de la pensión.
44. Posteriormente, en el Decreto 941 de 200218, se reglamentó la conmutación
parcial y se dispuso en su artículo 1° que cuando procediera la normalización
pensional, las entidades públicas y privadas y los empleadores de cualquier
naturaleza que tuvieran a su cargo el pago de pensiones, podrían conmutar
parcialmente dichas obligaciones mediante la creación de patrimonios autónomos
pensionales autorizados por la Ley 550 de 1999 y el parágrafo 2° del artículo 41 de
la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo previsto en ese decreto.
45. En relación con la compartibilidad pensional, el Decreto 2879 de 198519, en
su artículo 5, determinó que los empleadores inscritos al Instituto de Seguros
Sociales – I.S.S., que a partir de la fecha de publicación del decreto, otorgaran a sus
trabajadores pensiones de jubilación, continuarían cotizando para las contingencias
de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplieran los requisitos
exigidos por el I.S.S. para otorgar la pensión de Vejez y que, en este momento, el
Instituto procedería a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente
el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
siendo pagada por el empleador.
46. El Decreto 758 de 199020, en relación con las pensiones de jubilación
otorgadas voluntariamente por los empleadores, dispuso:
17 Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 550
de 1999, en cuanto se refiere a la conmutación total y a mecanismos de normalización pensional aplicables a
las empresas en liquidación.
18 Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan parcialmente el artículo 41 de la Ley
550 de 1999, el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de 1993.
19 Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
20 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.
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«(…) Artículo 18. Compartibilidad de las pensiones extralegales. Los
patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas
a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de
invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los
requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este
momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del
patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes,
se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no
serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (…)». (Negrita para
resaltar)
47. Esto quiere decir que en el momento en que se reconozca la pensión de vejez
se estudiará la Compartibilidad de la prestación y pueden presentarse dos
escenarios. Veamos:
48. En el primero de ellos el monto de la mesada convencional, de jubilación o
sanción, reconocida por el empleador, es menor al monto de la mesada por vejez
asumida por Colpensiones. Para este caso la diferencia a pagar por el empleador
es cero porque la pensión de vejez es mayor que la de jubilación, quedando así
Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada pensional.
49. En el segundo escenario el monto de la mesada de la pensión inicial es mayor
al de la reconocida por vejez, caso en el cual —en contraste con el anterior—, el
empleador sí debe pagar la diferencia o remanente resultante, lo cual se debe hacer
a partir del momento en el que se reconoce la prestación por vejez.
Sobre la compatibilidad pensional
50. La compatibilidad pensional consiste en la posibilidad que establece el
ordenamiento jurídico para recibir dos prestaciones —la pensión de vejez otorgada
por disposición legal y la de jubilación reconocida por el empleador—, de forma
que se pueden devengar las dos mesadas, de manera independiente y al mismo
tiempo. En sentencia T – 280 del 19 de julio de 2018, la Corte Constitucional,
explicó:
«(…) Por un lado, la compatibilidad de las pensiones de vejez (legal) y de
jubilación (convencional) le otorga el derecho al pensionado a percibir de
manera simultánea ambas prestaciones, de manera integral. Esta figura es
aplicable a los casos en los que la pensión de jubilación convencional fue
reconocida por el empleador con anterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 2879 de 1985, el 17 de octubre de 1985. La compatibilidad, además,
implica la obligación del pensionado de realizar directamente las cotizaciones
correspondientes ante el sistema de seguridad social, con el fin de cumplir los
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez (…)». (Negrita para
resaltar)
51. El Decreto 2879 de 1985 «por el cual se aprueba el Acuerdo número 029 del
26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios», dispuso que los patronos inscritos en el ISS, que a partir de la fecha
de publicación de dicha norma (17 de octubre de 198521), otorgaran a sus
trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención
Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán
cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los
asegurados cumplieran los requisitos de Ley y, en este momento, el Instituto
cubriría dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor,
si lo hubiere.
52. Es decir, antes del 17 de octubre de 1985, dichas prestaciones serían
compatibles con la de vejez y, solo a partir de ese corte, las prestaciones serían
compartidas en caso de un mayor valor. El artículo 18 del Decreto 758 de 1990,
reiteró dicha lógica normativa22.
53. Ahora, el artículo 128 Superior consagra la prohibición constitucional de recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público23, lo cual comprende toda
clase de remuneración proveniente de recursos públicos, incluyendo sueldo,
honorarios, mesada pensional, entre otras24. Por lo que es contrario a derecho
devengar dos pensiones de vejez por tiempos prestados al servicio del Estado,
salvo las excepciones previstas en la ley25.
54. Se destaca, entonces, que no todas las pensiones reconocidas por el Instituto
de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, tienen, por sí mismas, la calidad de
21 Diario oficial año CXXII. N. 37192. 17, octubre, 1985.pag. 4. Consultado el 19 de junio de 2026 en el enlace:
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1882868.
22 «(…) Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores
afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o
voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de
invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para
otorgar la pensión de vejez (…)»
23 «(…) Artículo 128 de la Constitución Política. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por
tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas (…)»
24 Corte Constitucional, Sentencia C – 133 del 1° de abril de 1993. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 Ley 4° de 1992. «(…) Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
a. Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la rama legislativa;
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c. Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d. Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e. Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud.
f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas,
siempre que no se trate de más de dos juntas.
g. Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados (…)»
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
públicas, pues ello depende del origen de las cotizaciones, en tanto las entidades
que conforman los diferentes regímenes son solo administradoras de los dineros
aportados. Por lo que la naturaleza jurídica de la prestación pensional no depende
de su administrador, sino de que la fuente de los aportes sea pública o privada26.
55. Al respecto, esta sala de decisión ha precisado que existe incompatibilidad
entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez cuando ambas se financian
con recursos públicos:
«(…) 34. Con independencia de la naturaleza o del carácter parafiscal de los
recursos administrados por Colpensiones alegado por el demandante, lo cierto
es que estos integran el Sistema General de Seguridad Social. En consecuencia,
resulta claro que la fuente de las cotizaciones efectuadas corresponde a recursos
de naturaleza pública. Una conclusión distinta sería posible si tales aportes
provinieran del sector privado o de empleadores particulares (v. gr.
contratos de prestación de servicio, relaciones laborales o actividades
independientes); sin embargo, en el presente caso dada la naturaleza pública
del empleador, ello no tiene lugar.
35. Siendo ello así, debe precisarse que la incompatibilidad deriva de la
fuente pública de los aportes/cotizaciones, más no de la existencia de una
prestación previa, pues como se indicó en líneas anteriores, la ley prevé
excepciones a la regla prohibitiva contenida en la Constitución. (…)27» (Subrayas
intencionales).
Resolución del caso concreto
56. De las pruebas se logró determinar que el demandante prestó sus servicios a
la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales, en calidad de médico
especialista, desde el 20 de diciembre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999 28.
57. En efecto, ese empleador fue creado como “Fundación” mediante los Decretos
290 y 1374 de 1979 como un ente de derecho privado, que fueron demandados
mediante nulidad simple ante esta Corporación, tal como se detalló en el marco
jurídico.
58. También se probó que entre la extinta Fundación y el Sindicato de
trabajadores de hospitales, clínicas, consultorios y sanatorios de Bogotá DC.
(SINTRAHOSCLISAS), se suscribió una convención colectiva de trabajo, en junio
de 1982, en la que se estableció que ese empleador asumiría la pensión de sus
exempleados, cuando estos cumplieran 20 años de labores, cualquiera fuera su
26 Al efecto puede consultarse las sentencias CSJ SL, 27 Feb 2003, Rad. 37453, CSJ SL, 6 mayo 2010, Rad.
37453, y CSJ SL, 19 nov. 2013, Rad. 41306.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2026. Exp. 05001-23-33-
000-2016-00180-01 (0944-2021). M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
28 Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Página 46.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
edad; por lo que el 22 de noviembre de 1999 solicitó la prestación convencional,
la cual le fue reconocida mediante Resolución 0070 del 31 de diciembre de 199929.
59. Que, simultáneamente, prestó sus servicios a la Caja Nacional de Previsión
Social y otros empleadores, siendo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, razón
por la cual, luego del cumplimiento de los requisitos, resultó también beneficiario
de la pensión de vejez que fue otorgada por ese Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones), mediante Resolución 001210 del 23 de enero de 2007, cuyos
recursos no se discute que provienen del tesoro nacional30.
60. También es cierto que, en sentencia del 8 de marzo de 2005, esta Corporación
declaró la nulidad de los Decretos que dieron origen a ese empleador como
institución de derecho privado y que la Corte Constitucional dictó sentencia de
unificación en la que precisó los efectos económicos derivados de dicha decisión,
tal como se precisó en el marco jurídico.
61. Dentro del proceso de liquidación de la extinta Fundación para lograr la
regularización en el pago de las pensiones de jubilación que estaban a su cargo,
se realizó la subrogación del pasivo prestacional, luego de celebrarse convenios
entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Cundinamarca y la
Beneficencia de Cundinamarca. En virtud de esa subrogación los pensionados de
ese empleador fueron afiliados a Colpensiones y, además, se giró a esa
administradora de fondo pensional el valor de $73.915.621.886.00, como capital
constitutivo de la conmutación pensional de 393 exempleados31
62. Colpensiones, en la Resolución 0816 del 12 de diciembre de 2016, «por la cual
se acepta una conmutación pensional», aceptó la subrogación32 y, de acuerdo con
la sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008, la extinta Fundación expidió la
Resolución 0151 del 21 de abril de 2017, declaró la compartibilidad de la pensión
y dispuso que el actor y la EPS Sanitas debían restituir los dineros recibidos en
exceso de acuerdo con la aplicación de la compartibilidad33.
63. Recuérdese que la UAEPC, en su recurso, sostuvo que el tribunal no había
tenido en cuenta que sus funciones pensionales se le habían asignado para las
pensiones causadas hasta el 31 de diciembre de 1993, pero que la prestación del
demandante había sido reconocida en el año de 1999 y, en consecuencia, lo
procedente era estudiar la compatibilidad o compartibilidad pensional.
29 Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Página 43.
30 Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Página 67 a 69.
31
Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Página 71.
32 Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 47 a 66.
33
Samai, visualización del expediente digital. Archivo denominado 005ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 87 a 91.
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64. En efecto, asiste razón al apelante al determinar que para el caso en cuestión
se debe verificar la aplicabilidad de los fenómenos de compatibilidad y
compartibilidad, puesto que se probó que: a) su pasivo prestacional fue entregado
a Colpensiones, b) que la extinta fundación en calidad de exempleador determinó
la compartibilidad de su prestación con dicha administradora de fondo pensional y
c) que la naturaleza jurídica de ese empleador ya había sido determinada por esta
Corporación, como entidad de salud pública del orden departamental; sin
embargo, justo esa fue la conclusión a la que llegó el tribunal en primera instancia.
De este modo, no hay lugar a abordar mayor análisis sobre este aspecto.
65. El segundo punto de apelación consistió en afirmar que la decisión de declarar
la nulidad de las resoluciones 151 del 21 de abril de 201734 y 0257 del 12 de julio
de 201735 emitidas por la extinta Fundación San Juan de Dios y hospitales ―por
las que se declaró la compartibilidad de la pensión del demandante, se ordenó la
devolución de las mesadas pagadas en exceso y se confirmó la decisión inicial―,
va en contravía del principio de sostenibilidad financiera en materia pensional,
puesto que ambas erogaciones provenían del tesoro público y, por ende, se
configuraba la prohibición constitucional del artículo 128 que las hacía
incompatibles, por lo que sí era procedente ordenar la devolución de las mesadas
pagadas en exceso al demandante.
66. También se expuso que el hecho de pretender las dos pensiones, sin tener
derecho a ellas, desvirtuaba la presunción de buena fe que pesa en favor del
beneficiario pensional y que por esa razón debía revocarse la sentencia sobre ese
aspecto.
67. Para esta Subsección los argumentos planteados no bastan para acceder a lo
pretendido, pues para que haya lugar a ordenar la devolución de las sumas
percibidas, fruto de las mesadas pensionales reconocidas en exceso, es requisito
indispensable que se logre acreditar la mala fe por parte del beneficiario pensional,
la cual se observa, por ejemplo, cuando en el trámite administrativo se despliegan
actividades dolosas y mal intencionadas, en procura de ese beneficio.
68. No resulta suficiente, como lo sostiene la recurrente, que, al habérsele
presentado la demanda para lograr el doble reconocimiento pensional, sea ello
prueba de la mala fe, pues no se advierte que la solicitud pensional presentada
por la parte demandante se haya realizado bajo alguna actuación fraudulenta que
indujera a la administración a adoptar una decisión errada.
34 Por la cual se declaró la compartibilidad pensional del demandante, se declaró la obligación de reintegro de las
mesadas pagadas en exceso a su favor y se ordenó el cobro de dichas mesadas.
35 Por la que se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución 0151 del 21 de abril de 2017.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-05168-01 (4955-2023)
69. Dado que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad,
que admite prueba en contrario, correspondía probarse en el proceso que el
peticionario actuó de mala fe, lo cual se echa de menos en este caso.
70. De acuerdo con lo anotado, se comparte la decisión de primera instancia en
cuanto concluyó que no había lugar a ordenar el reintegro a favor de la entidad y,
por las razones explicadas, se confirmará la sentencia.
De la condena en costas
71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
74. En consecuencia, se impondrán costas a la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca porque se niegan las peticiones
del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de junio de 2023, por el Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca, por los motivos expuestos en esta providencia.
Segundo. Se condena en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, por las razones
explicadas.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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