Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00136-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00136-01 (3681-2022)
Demandante: Ángela María Urtunduaga Tovar
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Temas: Declaratoria de insubsistencia. Cargo de libre nombramiento y
remoción. No se demostró la desviación de poder. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual se negaron las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
ANTECEDENTES
La señora Ángela María Urtunduaga Tovar instauró demanda en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 347 del 31 de julio de 2017, mediante la
cual se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en el cargo de
directora de cartera, grado 1 de la planta global de personal de empleados públicos
de Colpensiones.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al cargo que
desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía; se condene a reconocer y pagar
todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del
retiro, hasta que se vincule nuevamente, con los respectivos aumentos legales y en
suma ajustada conforme al IPC; se disponga dar cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y se impongan costas
procesales.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que se vinculó a la entidad el 19 de octubre de 2012 como gerente nacional, grado
1. Que luego de una modificación en la estructura de Colpensiones mediante
Resolución 134 del 1.° de marzo de 2017 fue incorporada al cargo de directora de
cartera, grado 1 de la planta global de personal de empleados públicos de dicho
ente.
Que por medio del Acuerdo 118 del 28 de julio de 2017 la Junta Directiva de
Colpensiones aceptó la renuncia presentada el 27 del mismo mes y año por el señor
Mauricio Olivera González, efectiva a partir del 1.° de agosto del 2017.
Que a través de Resolución 347 del 31 de julio de 2017, el presidente de la entidad
declaró insubsistente su nombramiento decisión que le fue comunicada el 1.° de
agosto del mismo año.
Que, el 4 de agosto de 2017 por Resolución 369, se encargó a otra servidora en el
empleo por el término de 3 meses; pero ese nombramiento fue revocado porque
tenía la calidad de trabajadora oficial, sin embargo, por Resolución 493 del 31 de
octubre del mismo año se le encargó de nuevo por 3 meses más y se le suspendió
el contrato de trabajo.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
En el concepto de la violación se indicó que el acto demandado se encuentra viciado
de nulidad por desviación de poder, pues la facultad discrecional tiene como razón
el buen servicio, sin embargo, el nominador siendo conocedor de su salida de la
entidad, optó por expedir la resolución de retiro de la demandante ese mismo día,
circunstancia que le impidió determinar si se mejoraba el servicio, más aún cuando
no podía designar un nuevo servidor ante su inminente desvinculación.
Que el empleo quedó vacante por 8 días y la provisión definitiva se produjo casi 4
meses después del acto de retiro, lo que demuestra que la decisión no estuvo
basada en razones del servicio.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 25 de julio de 2018 el Tribunal admitió la demanda y Colpensiones se opuso a
las pretensiones. Expresó que no hay ninguna limitación para que la autoridad
ejerza la facultad discrecional el primer o último día de su vinculación. Que, en la
entidad el único empleo de libre nombramiento y remoción que dependía de la
presidencia era el ocupado por la actora, por lo que bien podía nombrar o retirar a
quien considerara idóneo.
Que no se incurre en desviación de poder cuando un empleo vacante se provee de
manera transitoria a través de encargo mientras se lleva a cabo la provisión
definitiva del mismo. Que contrario a lo señalado por la demandante, durante el
encargo de la señora Shirley Espitia Rojas no se afectó de manera negativa el
servicio, sino que se produjeron mejores resultados.
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El 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se saneó
el proceso, se fijó el litigio y se decretaron pruebas y mediante auto del 1.° de
noviembre de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 24 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones, al sostener que de acuerdo
con el artículo 20 del Acuerdo 106 de 2017 el empleo que ejercía la actora era de
libre nombramiento y remoción, por lo que podía ser retirada en cualquier momento.
Que el hecho de que el presidente de Colpensiones en su último día de ejercicio del
cargo, haya declarado insubsistente a la actora, no configura una desviación de
poder, pues el nominador nombra a una persona de su confianza para satisfacer
intereses institucionales y no personales.
Que, si bien el cargo que ostentaba la demandante duró vacante 5 días hábiles,
dicho plazo fue razonable para proveerlo mediante encargo, y que el lapso entre el
1.° de agosto y el 28 de noviembre de 2017 también es un tiempo racional para
nombrar al servidor idóneo. En todo caso, estas circunstancias son aspectos
posteriores a la expedición del acto enjuiciado.
Que no basta con inferir que la demandante tuvo una mejor gestión en el
desempeño del empleo para que se pruebe la desviación de poder, porque no se
contó con un parámetro de comparación para verificar el desempeño de la gestión
entre el servidor que fue encargado y la actora.
Que no era procedente la condena en costas porque, a pesar de ser la vencida en
este asunto, la parte demandante actuó en las etapas procesales, sin que se
observe una actitud dilatoria o temeraria.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que insistió que hubo
desviación de poder por la imposibilidad de que el acto de declaratoria de
insubsistencia cumpliera la finalidad de las «razones del servicio», en la medida en
que, quien lo profirió lo hizo el último día del ejercicio de su cargo en la entidad y
por ello no podía constatar la mejoría o no del servicio, esto es, no se materializó el
propósito de la facultad discrecional.
Que no desconoce la competencia del nominador para ejercer sus funciones hasta
el «último minuto en que ejerza el empleo» sino que la discusión de ilegalidad en
este caso se da porque el ejercicio de la facultad discrecional para la cual tenía
competencia el presidente de Colpensiones no puede cumplir con su objetivo de
razonabilidad.
Que se desmejoró el servicio a tal punto que el nuevo nominador una vez asumió
sus funciones encontró vacante el empleo que ejercía la actora y así estuvo por 8
días, por lo que tuvo que proveerlo mediante encargo incurriendo en equivocaciones
jurídicas, pues quien la reemplazó se encontraba imposibilitada dada su condición
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de trabajadora oficial, motivo por el cual tuvo que ser revocado el encargo y luego
suspender el contrato el contrato de trabajo para encargarla nuevamente. Que el
empleo fue provisto de forma definitiva 4 meses después del retiro de la
demandante.
Que el informe de gestión y la certificación expedida por la misma entidad
demandada da cuenta de que la servidora nombrada en encargo durante 4 meses
desmejoró el servicio porque la función de recaudo de cartera a través de cobro
coactivo fue mucho menor al que venía recaudando la demandante.
Que la sentencia apelada no se pronunció sobre el cuestionamiento respecto de la
certificación expedida por la misma funcionaria nombrada en encargo, prueba que
claramente presenta inconsistencias al confrontarlo con la otra certificación emitida
por la directora de cartera titular.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 2 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
La parte demandante1 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación
y Colpensiones2 insistió en los señalamientos de la contestación de la demanda.
El Ministerio Público guardó silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa. Advierte la Sala que ninguna manifestación se efectuará sobre la
naturaleza del cargo ocupado por la demandante, a saber, directora de cartera,
grado 1 de la planta global de personal de empleados públicos de Colpensiones,
pues no se discute que es de libre nombramiento y remoción.
En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar si el
acto administrativo por medio del cual se declaró insubsistente el nombramiento de
la actora se expidió presuntamente bajo desviación de poder.
De la declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre nombramiento y
remoción
El artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015 determinó que el retiro del servicio
de los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria
de insubsistencia mediante acto administrativo no motivado3.
1 Índice 10 ibid.
2 Índice 9 ibid.
3 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
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La Sección Segunda de esta Corporación4 respecto de los empleos de libre
nombramiento y remoción, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de los cargos
de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo
que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin
que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión,
[…]». (Se destaca).
A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional5 indicó que
dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los
siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple
la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de
la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa.
En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación6 al señalar que la potestad
de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida
bajo dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la
existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio.
Finalmente, el artículo 44 del CPACA establece que en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser adecuada a los fines de la norma que lo autoriza, y proporcional a los hechos
que le sirven de causa, por tal motivo se advierte que el precitado artículo busca
evitar la arbitrariedad, pues materializa la posibilidad de ejercer el control
jurisdiccional del acto administrativo discrecional a partir de las nociones de causa
y fin del acto administrativo.
De la desviación de poder
Esta causal está referida a la «[…] intención con la cual la autoridad toma una
decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un
propósito particular, personal o arbitrario». En otras palabras, incurre en desviación
de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio
público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas, injustos u ocultos7..
Como lo ha precisado la doctrina, si bien el acto fue expedido por órgano o
autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines
distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico8. Entonces, este vicio de
anulabilidad tiene como finalidad atender un propósito particular, personal o
arbitrario.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
5 Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Referencia: expediente T-3.215.182.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del
15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-
23-33-000-2013-00938-01 (4632-2019). C.P. William Hernández Gómez.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
8 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA.,
Bogotá, Colombia, 2014, página 547.
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Resolución al caso concreto
Expresa la parte demandante que el acto de insubsistencia se encuentra viciado de
nulidad por desviación de poder, debido a que fue expedido por el entonces
presidente de Colpensiones el último día de ejercicio de su cargo, razón que
imposibilitó la materialización de las razones del servicio.
Al respecto se tiene, que la jurisprudencia de esta Corporación9, ha señalado de
forma reiterada que la insubsistencia constituye una forma legítima y diferenciada
de retiro del servicio, derivada de la facultad discrecional de remoción que ostentan
las autoridades nominadoras respecto de los empleos de libre nombramiento y
remoción. Esta potestad, lejos de ser arbitraria encuentra su fundamento en la
búsqueda del buen servicio público, el cual constituye la finalidad esencial de la
función administrativa.
Así, el ejercicio de dicha facultad no está supeditado a un momento específico
dentro del periodo en que el nominador ostente el cargo10, ni tampoco pierde validez
por haberse ejercido el último día de su gestión, tal como lo acepta la parte
demandante en su recurso, pues mientras el funcionario conserve la calidad de
nominador, continúa revestido de las competencias a él asignadas, entre ellas, la
de declarar insubsistente.
Tampoco es prueba de la desviación de poder esta circunstancia, porque, si bien el
nominador nombra a una persona de su confianza, aquella calidad se predica para
satisfacer los intereses de la entidad y cumplir los fines institucionales más no
personales, motivo por el cual, puede retirarlo en cualquier momento según el
ordenamiento jurídico, si lo considera necesario. Eso sí, respetando la normativa
que regula la materia, pues los servidores se vinculan para satisfacer el interés
público de la institución a la cual pertenecen y no respecto del funcionario que los
nombra.
En cualquier caso, dicha potestad podía ejercerse ante la pérdida de confianza por
parte del nominador, pues esa clase de empleos revisten especiales
responsabilidades y profundas implicaciones al momento de tomar decisiones, por
lo que debe existir coordinación y el mejor entendimiento posible entre los
funcionarios del más alto nivel, por lo que pudo haber perdido esa confianza ese
último día, sin necesidad de que por esa razón se predique ilegal su desvinculación.
Por ello, el componente de confianza para un empleado en un cargo como el
ocupado por la actora es de total importancia, por tanto, al resquebrajarse, bien
podía ser separada del empleo, pues, en la dinámica administrativa, la facultad
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de agosto de 2009. Exp. 25000-23-25-
000-1999-07269-01(4334-05). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2006. Exp. 88001-23-31-000-2002-00188-01 (1157-05). C.P.
Tarsicio Cáceres Toro. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de enero de
2020. Exp. 54001-23-33-000-2014-00135-01(3598-15). C.P. Luis Alfonso Rondón Márquez.
10 Artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015 «En cualquier momento podrá declararse insubsistente un
nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el
nominador de nombrar y remover libremente sus empleados». En igual sentido se ha pronunciado el Consejo
de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de julio de 2007. Exp. 73001-23-31-000-2000-
00024-01 (2686-2004). C.P. Jaime Moreno García. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 23 de septiembre de 2015. Exp. 05001-23-31-000-2002-02327-01(3651-13). C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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discrecional está instituida, entre otras, para ese tipo de situaciones sin que suponga
sanción o juicio de valor a la actividad laboral o profesional
Se destaca que demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la
finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.
Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión.
Sin embargo, la parte actora no allegó otros elementos de convicción que
acreditaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir el
alegado vicio, siendo insuficiente como se explicó, que con el solo hecho de que el
nominador desvinculara a la demandante el último día en que aquel ejerció sus
funciones.
También se alegó la desviación de poder, aseverando que, pese a la importancia
de la continuidad de la prestación del servicio, i) el empleo fue provisto en encargo;
ii) con una persona que no podía ejercerlo en razón de que era trabajadora oficial;
iii) existió una tardanza de 4 meses para proveer el empleo de forma definitiva; y iv)
la persona que la remplazó en encargo desmejoró el servicio.
Al respecto, debe recordarse que la jurisprudencia de la Corporación 11 ha indicado
que la prueba de esta causal «ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la
determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente la intención
del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión».
En tal sentido, los argumentos señalados por la recurrente, tratándose de hechos
posteriores a la declaratoria de insubsistencia, no pueden tenerse como fundamento
para acreditar una desviación de poder, a lo sumo podrían obtener el tratamiento de
indicio; que en este caso no se encuentra respaldado con ninguna prueba adicional.
Por sustracción de materia, no es dable el pronunciamiento de la certificación
expedida por la misma funcionaria nombrada en encargo que alega la actora.
En estas condiciones, se observa que el acto administrativo demandado se expidió
en ejercicio de la potestad discrecional esto es, en ejercicio de la facultad de libre
remoción y, en beneficio del servicio público a cargo de la entidad, circunstancia
que conlleva a que los cargos de nulidad señalados en la demanda y en la
apelación, no tengan vocación de prosperidad, por lo que habrá de confirmarse la
sentencia apelada.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202112 en el que se
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exp.
17001233100020030141202 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Subsección A. Sentencia del
2 de julio de 2020. Exp. 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.
12 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00136-01 (3681-2022)
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de junio de dos
mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
8
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