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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00485-02

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00485-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que declaró no probada la excepción de pago e improcedentes la de cobro de lo debido y trámite de los valores dispuestos en sentencias y ordenó seguir adelante con la ejecución en el proceso ejecutivo instaurado por el señor Josué Germán Urrea Apache en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00485-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 25000-23-42-000-2018-00485-02 (7803-2023)1
Ejecutante : Josué Germán Urrea Apache
Ejecutada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Trámite : Ejecutivo
Tema : Obligación emanada de sentencia judicial que ordenó
reliquidar la pensión de jubilación gracia
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionada en contra
de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual ordenó seguir
adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

El señor Josué Germán Urrea Apache, a través de apoderado, acudió a la jurisdicción a
incoar demanda ejecutiva, conforme a los artículos 297 a 299 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con la cual
solicitó (i) librar mandamiento de pago a su favor y en contra de la UGPP, por concepto
de la condena ordenada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho; (ii) por la suma de $ 151.629.081.14 m/cte, que corresponden a la diferencia
de mesadas no pagadas, liquidadas desde el 7 de enero de 2008 al 28 de febrero de
2018; (iii) por las diferencias de mesadas, generadas con posterioridad a la presentación
de la demanda, (iv) por la suma de $ 1.416.963. 21 m/cte, por concepto de indexación
sobre las diferencias de mesadas causadas y no pagadas, liquidadas el 7 de enero de
2008 al 22 de agosto de 2016, (v) por la suma de $65.241.060.62 m/cte, por concepto de

1 Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.

Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

intereses moratorios de que trata el inciso 5 del artículo 177 CCA, calculados sobre las
diferencias de mesadas adeudadas desde el 23 de agosto de 2016 al 28 de febrero de
2018 y (vi) por los intereses moratorios del artículo 177 CCA.

1.1.2 Fundamentos fácticos.

Precisa que la extinta Caja Nacional de Previsión Social – EICE, mediante Resolución
282263 del 13 de junio de 2016, le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de
$799.256.52 efectiva a partir del 1 de junio de 2023, donde desconoció el régimen
pensional al que tiene derecho según la Ley 33 de 1985.

Señala que adelantó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
extinta Caja Nacional de Previsión Social y mediante sentencia del 14 de marzo de 2012,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones en la cual ordenó
la reliquidación de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33
y 62 de 1985, estableciendo un monto del 75% promedio de los salarios devengados en
el último año de servicios, decisión confirmada el 14 de abril de 2016 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda.

Asegura que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social “UGPP” mediante Resolución RDP 003701 del 02
de febrero de 2017, pretendió dar cumplimiento a las sentencias, pero no tuvo en cuenta
el rubro salarial de los viáticos y la proporción correcta de la prima de vacaciones.

1.2 Mandamiento de pago.

Con auto del 28 de agosto de 2020, el a quo libró mandamiento de pago a favor del
accionante: (i) por la suma de $ 20.974.989,58 m/cte, que corresponde al saldo de la
reliquidación pensional a favor del ejecutante y la indexación ordenada en la sentencia,
(ii) por las diferencias de mesadas generadas con posterioridad a la presentación de la
demanda y los intereses de mora derivados del capital adeudado y que se causen hasta
que se genere el pago efectivo de la condena, (iii) en el evento de no haberse pagado la
totalidad de los aportes de ley, en la sentencia se realizarán las compensaciones a que
haya lugar al momento de liquidar las mesadas correspondientes.

Inconforme con la decisión la parte ejecutante presentó recurso de apelación, que fue
desatado por esta Subsección el 26 de enero de 2023, por medio del cual confirma la

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Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

decisión de primera instancia.

1.3 Contestación.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo
siguiente:

Propuso la excepción de pago, pues mediante Resolución RDP 003701 del 2 de febrero
de 2017 dio cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado y como
consecuencia reliquidó la pensión de vejez del señor Josué German Urrea Apache, por
valor de $ 795.840 y posteriormente, con Resolución RDP 0011789 del 23 de marzo de
2017, modificó la resolución con efectividad a partir del 1 de junio de 2003, pero con
efectos fiscales del 7 de enero de 2008 por prescripción trienal, sin adeudar valor alguno
al demandante.

Plantea la excepción de caducidad de la acción ejecutiva, donde argumentó que la
demanda no fue presentada en el término de 5 años contados a partir de la exigibilidad
(art. 136 numeral 11) y que debe ser ejecutada dentro de los 10 meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia cuando la entidad obligada no ha dado cumplimiento (artículo
299 CPACA).

Desarrolla la excepción de cobro de lo no debido, para ello, reitera que mediante
Resolución RDP 003701 del 2 de febrero de 2017, modificada en Resolución RDP
0011789 del 23 de marzo de 2017, con efectividad a partir del 1 de junio de 2003 y efectos
fiscales desde el 7 de junio de 2008 por prescripción trienal, con ingreso a nómina de
pensionados en el mes de marzo de 2017, sin generar valores a favor ni intereses.

Destaca que, el Decreto 2469 de 2015, describe el trámite para el pago de sentencias, y
que no se le adeuda ningún valor al demandante.

1.4 La providencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con
sentencia del 29 de agosto de 2023, (i) declaró no probada la excepción de pago; (ii)
declaró improcedente las excepciones denominadas cobro de lo no debido y trámite para
el pago de los valores dispuestos en sentencias; y (iii) ordenó seguir adelante con la

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Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

ejecución conforme a lo dictaminado en el mandamiento de pago (sin condena en costas).

Del análisis de la excepción de pago, la demandada se limitó afirmar que dio
cumplimiento a la condena judicial a través de la Resolución RDP 003701 de 2 de febrero
de 2017, que reajustó la pensión en cuantía de $ 795.840, le cual es un valor inferior a la
mesada que venía disfrutando de $799.256.2.

Que el mandamiento de pago parcial efectuó el cálculo detallado de la primera mesada
del actor por valor de $ 838.955,84, sin que la parte ejecutada presentará reproche
alguno que justificara una nueva valoración sobre la liquidación; además, destaca que
aportó la Resolución RDP 014351 del 2 de junio de 2023, por la cual reliquidó la pensión
con el mismo valor del mandamiento de pago, sin embargo, considera que el documento
aportado no constituye prueba del pago, por no acreditar que el demandante haya
recibido el valor definido en el mandamiento de pago por concepto de capital e intereses,
por lo que no declaró probada la excepción propuesta.

Observa que las excepciones de cobro de lo no debido y trámite para el pago de los
valores dispuestos en sentencias, son improcedentes por cuanto no están taxativamente
descritas en el artículo 422 del C.G.P., para su procedencia.

Examinó la de caducidad y sobre ella destacó que la sentencia cobró ejecutoría el 22 de
agosto de 2016 y la demanda fue presentada el 22 de febrero de 2018, evidenciando que
no operó, por lo que, ordenó seguir adelante con la ejecución en la forma señalada en el
mandamiento de pago.

1.5 El recurso de apelación.

La ejecutada, interpuso recurso de apelación, por el cual reiteró las excepciones
presentadas en la contestación de la demanda. Es decir, insistió en lo pertinente a las de
pago, caducidad, cobro de lo no debido y trámite para el pago de los valores dispuestos
en la sentencia.

Precisa que, ha dado cumplimiento a la decisión judicial al expedir la Resolución RDP
011789 del 23 de marzo de 2017, que modificó el acto administrativo RDP 00301 del 2
de febrero de ese mismo año, y, por último, con Resolución RDP 14351 del 2 de junio de
2023, reliquidó la pensión en la suma de $ 838.955 a partir del 28 de octubre de 2002
con efectos fiscales desde el 7 de enero de 2008, por prescripción trienal.

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Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

Expone que, la Resolución RDP 14351 del 02 de junio de 2023, reliquidó la pensión del
actor $ 838.955, 84, por el mismo valor que se determinó en el mandamiento de pago y
respecto a los intereses moratorios ordenó el pago de 2.575.320.12, que se encuentra
pendiente.

Por otra parte, argumentó sobre la de caducidad que la demanda no fue presentada en
el término de 5 años contados a partir de la exigibilidad de acuerdo a lo establecido por
la Ley.

Recalca la de cobro de lo no debido, y explica que mediante la Resolución RDP 003701
del 2 de febrero de 2017, modificada por la RDP 0011789 del 23 de marzo de 2017, el
demandante ingresó a nómina de pensionados en el mes de marzo de 2017, sin generar
valores a favor ni intereses, y con los cuales dio cumplimiento a la sentencia judicial.

Precisa sobre el medio defensivo del trámite para el pago de valores dispuestos en la
sentencia, el cual se efectúa mediante el Decreto 2469 de 2015, y asegura que se realizó
y no adeuda dinero alguno al ejecutante.

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 17 de noviembre de 2023, fue concedido el recurso de apelación por
parte del Tribunal y con providencia del 15 de abril de 2024, el despacho sustanciador lo
admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Oportunidad desaprovechada
por las partes, según constancia secretarial del 28 de mayo siguiente 3.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)4, el juez de segunda instancia debe

2 Visible a índice 3 de la herramienta electrónica Samai.
3 Visible a índice 13 ib.
4 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
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pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

3.2 Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, debe determinar la
Sala si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que ordenó seguir adelante con la ejecución. Para el efecto se
analizará si la obligación a cargo de la ejecutada, con ocasión de la condena a través de
la sentencia del 14 de abril de 2016 por el Consejo de Estado, que dictaminó la
reliquidación de la pensión de vejez del accionante, fue cumplida, como lo alega esa
entidad.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en
precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos
de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

La doctrina nacional5 define el título ejecutivo como “el documento, o la serie de documentos dos
o más conexos, que por mandato legal o judicial, o por acuerdo de quienes lo suscriben, contienen una
obligación de pagar una suma de dinero, o de dar otra cosa, o de hacer, deshacer, o no hacer, a cargo de
una o más personas y a favor de otra u otras, que por ser expresa, clara, exigible y constituir plena prueba,
produce la certeza judicial necesaria para que pueda ser satisfecha mediante el proceso ejecutivo
respectivo”.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, estableció respecto al título ejecutivo en el artículo
297 lo siguiente:

“ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título
ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero
en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y
entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus
garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta
de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
5 Juan Guillermo Velásquez Gómez, procesos civiles de ejecución, pág. 25. 1985.
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Demandada: UGPP

los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales
conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y
exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto
administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer
ejemplar.”

El proceso ejecutivo en la jurisdicción contencioso administrativa no tiene un trámite
específico, puesto que, los artículos 298 a 299 del CPACA hacen referencia a ciertos
criterios de procedimiento de la ejecución de aquellos derivados de las actuaciones de
conciliación, laudo arbitral y contratos, pero no establecen un proceso puntual frente a
los demás eventos en que se puede demandar ejecutivamente el cumplimiento de una
obligación contenida en una sentencia al interior de esta jurisdicción y por ello la Ley
remite al Código General del Proceso.

En ese mismo sentido, el artículo 306 ibidem, consagró la remisión al Código de
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso (CGP), en los aspectos no
regulados por el mismo, siempre que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo, dice:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el
curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 184.”

Por su parte, el artículo 430 del CGP, precisa que el juez librará mandamiento de pago,
cuando la demanda este acompañada del documento que acredite los requisitos de forma
y de fondo, conforme a lo señalado por la parte ejecutante si fuere procedente o en la
que aquel considere legal.

En cuanto a las mecanismos de defensa contra el título ejecutivo la entidad demandada
podrá discutir los requisitos formales mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo (artículo 299 CPACA) y las excepciones de mérito que se deben
presentar dentro del término de 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de
pago ( numeral 1 artículo 442 CGP) y cuando la obligación que se ejecuta provenga de

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un providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, solo podrán alegarse excepciones; (i) de pago (i) compensación, (ii)
confusión, (iii) novación, (iv) remisión, (vi) prescripción o transacción, siempre que se
basen sobre hechos posteriores a la respectiva providencia, (vii) también permite formular
nulidad procesal por indebida notificación por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento ( artículo 134 inciso segundo) y la perdida de la cosa debida.

Ahora bien, el trámite de las excepciones se sujetará a las siguientes reglas; (i) se correrá
traslado al ejecutante por el término de 10 días, mediante auto para que se pronuncie, (ii)
si las excepciones son favorables al demandado se pone fin al proceso, (iii) si las
excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, la sentencia ordenará seguir
adelante con la ejecución en la forma que corresponda (artículo 443 numerales 3 y 4).

En ese mismo sentido, en caso que no se propongan las excepciones del artículo 442 se
emitirá auto que ordenará seguir la ejecución. Debe decirse que esta providencia no tiene
recursos.

Ejecutoriado el auto de seguir adelante con la ejecución o notificada la sentencia si las
excepciones propuestas por el demandado no prosperan; (i) cualquiera de las partes
podrá presentar la liquidación del crédito con la especificación del capital y los intereses
causados a la fecha de la presentación; (ii) de la liquidación presentada se efectuara el
traslado por el término de 3 días, en el cual solo se podrá presentar objeciones relativas
al estado de la cuenta en el cual deberá acompañar una liquidación alternativa; y (iii)
vencido el traslado el juez decidirá por auto si aprueba o modifica la liquidación (artículo
446 numerales 1,2 y 3 del CGP)

Por último, una vez ejecutoriado el auto que aprueba la liquidación del crédito o las
costas, el juez ordenará la entrega del dinero al ejecutante del dinero retenido al
ejecutado y en lo sucesivo hasta cubrir la totalidad de la obligación y termine el proceso
por pago total de la obligación.

3.3.1 De las obligaciones surgidas de las sentencias judiciales en las que se
reconocieron derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de la
extinta Cajanal.

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Por medio del Decreto 2196 de 20096, el Gobierno nacional dispuso la supresión de
Cajanal, ordenó su liquidación y dispuso que debía darse aplicación al Decreto 254 de
20007, modificado por la Ley 1105 de 20068, que, en su artículo 1º, prevé que “(…) los
vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
las normas que lo desarrollan (…)”, esto es, con el Decreto 663 de 19939.

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 2196 de 2009 dispone “no formarán parte de la masa
de liquidación los bienes de que trata el literal a), entre ellas, las cotizaciones del Sistema General de
Pensiones, si las hubiere, del artículo 21 del Decreto ley 254 de 2000, modificado por el artículo 11 de la
Ley 1105 de 2006 (…)”. En tal sentido, esta última norma señala:

“El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:

Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de
la liquidación:

a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que
determine el Gobierno Nacional;
(…)”.

De igual modo, el artículo 20 del mencionado Decreto 2196 de 2009 estableció que “(…)
integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades y los rendimientos financieros generados
por los recursos propios, y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio
de la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación (…)”

De conformidad con las anteriores normas, hay certeza acerca de que no hacen parte de
la masa liquidatoria de Cajanal los recursos de la seguridad social, entre los cuales se
halla el pago de las obligaciones que se derivan de sentencias judiciales en las que se
reconozcan derechos pensionales, lo que, sin duda, se extiende a los intereses
moratorios que surgen con ocasión del incumplimiento de tales condenas judiciales, por
cuanto ellos son accesorios a la acreencia principal.

De acuerdo con el artículo 64 del Decreto 4107 de 201110, Cajanal en Liquidación
continuaría con las funciones previstas en el artículo 3 del aludido Decreto 2196 de 200911

6
«Por el cual se suprime la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan
otras disposiciones».
7
«Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional».
8
«Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones».
9
«Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración».
10
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector
Administrativo de Salud y Protección Social».
11
«Como efecto de la liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no podrá iniciar
nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos,
operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación.
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que
permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto
de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o
de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto, de acuerdo con las normas
que rigen la materia. Igualmente, Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
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hasta cuando fueran asumidas por la UGPP, pero a más tardar el 1º. de diciembre de
2012; no obstante, ese procedimiento liquidatorio finalizó el 11 de junio de 2013, según
lo dispuso el Decreto 877 de 2013, motivo por el que los procesos judiciales y demás
reclamaciones en trámite al momento del cierre de la liquidación, serían responsabilidad
de la UGPP12.

En lo pertinente a la UGPP, cabe anotar que se trata de una entidad adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, creada por el artículo 156 de la Ley 1157 de 200713 con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, a la que se le
asignó, entre otras, la función del “(…) reconocimiento de derechos pensionales, tales como
pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios
funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones,
respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá
todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas,
archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (…)”.

En tal sentido, el Decreto 169 de 200814 preceptuó que la UGPP tendría, igualmente entre
otras, la atribución del “(…) reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a
cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentran en proceso de liquidación, se ordene
su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la
administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que
reconozca la UGPP en virtud de este numeral (…)”.

En ese contexto, dada la transición de funciones que generó el procedimiento liquidatorio
de Cajanal, el Gobierno nacional, a través del Decreto 4269 de 201115, distribuyó algunas
competencias entre Cajanal en Liquidación y la recién creada UGPP, para lo cual
determinó que la atención de peticiones dirigidas al reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas estarían a cargo de ambas entidades, según su
fecha de presentación, a saber: por un lado, para la UGPP las radicadas a partir del 8 de
noviembre de 2011 y, por otro, para Cajanal en Liquidación las presentadas con
anterioridad a esa fecha16.

cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.
Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los contratos de administración u operación
que sean necesarios».
12
Artículo 22 del Decreto 2196 de 2009.
13
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010».
14
«Por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la
protección social».
15
«Por el cual se distribuyen competencias».
16
Ello, pese a que la administración de la nómina de pensionados estaría a cargo de la UGPP, de acuerdo con su competencia y con
la información remitida por Cajanal en lo que a ella correspondía reconocer.
10

Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

En consecuencia, como Cajanal desapareció de la vida jurídica desde el 12 de junio de
2013 y fue sustituida totalmente por la UGPP, por mandato legal, esta asume su condición
de sucesora de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen
pensional de aquella, por lo que debía continuar con esas funciones, asumir la defensa
de los procesos de ahí derivados y dar cumplimiento a las sentencias judiciales en
materia pensional con sus correspondientes aspectos accesorios, como lo son los
intereses moratorios.

3.4 Caso concreto.

El señor Josué Germán Urrea Apache, acudió a la jurisdicción mediante proceso ejecutivo
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, en el cual aporta como título base de
ejecución la sentencia 14 de marzo de 2012, proferida por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de vejez de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, en un monto del 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, decisión confirmada
el 14 de abril de 2016 por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante
auto del 28 de agosto de 2020, de acuerdo al título ejecutivo aportado en la demanda
estableció el monto del IBL reliquidado e indexado de la pensión de vejez del
demandante, así:

IBL $1.118.607,78
PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN 75%
VALOR PRIMERA MESADA $838.955,84

El mandamiento de pago identificó el valor de la mesada reliquidada e indexada a favor
del ejecutante para el último año de servicio, asimismo, calculó los pagos que la entidad
debió efectuar para el momento que dio cumplimiento a la sentencia, en las siguientes
sumas:

CAPITAL ANTERIOR A LA SENTENCIA $17.504.156,05
CAPITAL POSTERIOR A SENTENCIA $ 3.470.833.53
TOTAL $ 20.974.989.05

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Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

La decisión anterior, fue objeto de recurso de apelación por la parte demandante y fue
desatado por esta Subsección que, mediante auto del 26 de enero de 2023 , decidió
“confirmar el auto del 28 de agosto de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección F) que libró parcialmente mandamiento de pago dentro del asunto ejecutivo
de la referencia (…)”

Prosiguiendo las etapas procesales la entidad ejecutada en el término del traslado de la
demanda propuso: (i) excepción de pago, en el cual informó que mediante Resolución
RDP 00301 del 2 de febrero de 2017, dio cumplimiento al fallo judicial y reliquidó la
pensión de vejez por valor de $795.840, luego modificada con Resolución RDP 011789
del 23 de marzo de 2017, donde se estableció la efectividad a partir del 7 de enero de
2008 por prescripción trienal, (ii) alegó la prescripción de la acción ejecutiva, el cobro de
lo no debido y el trámite para el pago de los valores de la sentencia cumplimiento de
sentencias.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con
sentencia del 29 de agosto de 2023, declaró no probada la excepción de pago y ordenó
seguir adelante con la ejecución de acuerdo lo ordenado en el mandamiento de pago,
dado que, la entidad demandada se limitó afirmar que dio cumplimiento a la condena
judicial y no demostró el pago, y posteriormente, presenta la Resolución 014351 del 2 de
junio de 2023, que reliquida la pensión de vejez del actor con el mismo monto señalado
en el mandamiento de pago por la suma de $ 838.955, 84 m/ cte, sin acreditar que el
pago total de la obligación al acreedor por concepto de capital e intereses.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad ejecutada presenta recurso
de apelación y reitera las excepciones propuestas en el traslado del mandamiento
ejecutivo, para ello, insiste en la excepción de pago conforme a la Resolución RDP
014351 de 2 de junio de 2023, por medio de la cual reliquidó la pensión del demandante
en cuantía de $ 838.955, 84, y en el escrito pone de presente una captura de pantalla del
cupón de pago a nombre del demandante, así:

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Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

Ahora bien, la ejecutada advierte en el recurso de apelación, que le debe al demandante
el pago de intereses moratorios por la suma de $ 2.575.320.12, para ello, solicita a esta
judicatura un término prudencial para realizar el pago adeudado.

En virtud de lo expuesto, en el recurso de alzada la ejecutada no discute la suma liquidada
en el mandamiento de pago, sino que el debate gira en torno a las excepciones
propuestas entre ellas la de pago, con ocasión de la expedición de la Resolución RDP
00301 del 2 de febrero de 2017, por medio del cual dio cumplimiento al fallo judicial y
reajustó la pensión de vejez del ejecutante por valor de $795.840, y luego modificada con
Resolución RDP 011789 del 23 de marzo de 2017. No obstante, la entidad ejecutada
después de vencido el término para proponer las excepciones contra el mandamiento,
aportó al proceso la Resolución RDP 014351 de 2 de junio de 2023, que reliquidó la
pensión del ejecutante por valor de $ 838.955, 84, suma establecida conforme al
mandamiento de pago, la cual fue presentada al proceso el día 18 de julio de 2023, por
fuera de la etapa procesal del traslado de la demanda.

Por consiguiente, la prueba contenida en la Resolución RDP 014351 del 2 de junio de
2023, no fue aportada y solicitada en las oportunidades probatorias cuando se trata del
sujeto pasivo del proceso ejecutivo, pues la ley procesal establece los siguientes
escenarios para solicitar y aportar las pruebas: (i) la contestación de la demanda, (ii) la
respuesta a la demanda de reconvención, (iii) las excepciones e (iv) incidentes (artículos
103.4 del CPACA; 167 del CGP y 1757 del CC) en ese orden de ideas, para la validez y
eficacia de los actos procesales estos deben realizarse en el tiempo permitido, pues no
pueden ser extemporáneos y una vez culminada cada etapa del proceso se continua con
la siguiente, sin poder retrotraer la actuación, esto con el fin de mantener la igualdad de

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Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

las partes, la seguridad jurídica y la observancia de las normas procesales.

Además, (i) la resolución fue expedida el 2 de junio de 2023 y la contestación se radicó
el 6 de junio siguiente; y (ii) en todo caso, la resolución fue expedida después del
mandamiento, tanto es así que tomó la suma indicada en este, por lo tanto, no sirve como
sustento de la excepción de pago, sino del mero cumplimiento de la providencia, como
se indicó en la sentencia proferida el 29 de agosto de ese año.

Así las cosas, la entidad demandada no logró demostrar que con la expedición de los
actos administrativos contenidos en la Resolución RDP 00301 del 2 de febrero de 2017,
modificada con Resolución RDP 011789 del 23 de marzo de 2017, haya dado
cumplimiento al fallo judicial, por el contrario, el a quo evidencio un valor inferior a lo
ordenado en la sentencia judicial objeto de recaudo ejecutivo, además sin acreditar el
pago de la obligación.

En ese orden de ideas, le asiste la razón al Tribunal de primera instancia al declarar no
probada la excepción de pago propuesta, por cuanto en la oportunidad procesal la entidad
ejecutada no demostró el cumplimiento a la decisión judicial objeto de recaudo ejecutivo
y menos el pago de la suma ordenada en el mandamiento de pago al considerar que“ la
parte ejecutada se limita a afirmar que dio cumplimiento a la condena judicial a través de la Resolución
RDP 003701 de 2 de febrero de 2017, en la que reliquidó la pensión en cuantía de $ 795.840, esto es, un
valor incluso inferior a la mesada que venía disfrutando el demandante que era el equivalente a $ 799. 256,
52”, razón por la cual se confirmará la decisión que negó la excepción de pago propuesta

por la entidad demandada.

Ahora bien, la entidad demandada cuenta con otra oportunidad procesal posterior a la
sentencia, como es la etapa de liquidación del crédito que consiste en la operación
aritmética donde se especifica el valor del capital y de los intereses de acuerdo a lo
ordenado en el mandamiento de pago, escenario en el cual podrá incluir las sumas
pagadas y sí logra demostrarlo será la oportunidad para terminar el proceso por pago de
la obligación.

Por otra parte, la entidad ejecutada propone la de caducidad de la acción, sin embargo,
la Sala advierte que la sentencia objeto de ejecución quedo ejecutoriada el 22 de agosto
de 2016 y la demanda fue radicada el 22 de febrero de 2018, en ese sentido, fue
presentada en el término previsto de los 5 años que establece el numeral 2 literal k) del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, así las cosas, este medio exceptivo no tiene
vocación de prosperidad.
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Número interno: 7803-2023
Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

Por último, en cuanto a las de cobro de lo no debido y trámite de pago de los valores en
la sentencia, es preciso señalar que, el artículo 442 numeral 2 del CGP, establece las
excepciones que proceden cuando el título de ejecución corresponda a una providencia
judicial, y los medios de defensa señalados por la demandada no se encuentran
enlistados en la norma precitada, razón suficiente para confirmar la decisión de primera
instancia que la declaró estas excepciones improcedentes.

En ese orden de ideas, los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto, esta Corporación confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró no
probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución, implementada en el auto de mandamiento de pago

3.5 Sobre la condena en costas.

Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía
imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188
ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas
procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la
imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo, en cuanto a que toda sentencia
decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en
su defecto, para abstenerse; y ii) valorativo, en el entendido de que el juez debe verificar
que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del
abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Ahora bien, la Sala no se pronunciará sobre el reparo formulado en cuanto a las costas
pues en el fallo apelado no se impusieron.

Y en lo que toca al análisis sobre su imposición en esta esta instancia, estima la
Subsección que no hay lugar a reconocerlas teniendo en cuenta que en el trámite no se
evidencia que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

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Demandante: Josué Germán Urrea Apache
Demandada: UGPP

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de dos mil veintitrés (2023),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, que declaró no probada la excepción de pago e improcedentes la de cobro de lo debido
y trámite de los valores dispuestos en sentencias y ordenó seguir adelante con la
ejecución en el proceso ejecutivo instaurado por el señor Josué Germán Urrea Apache
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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