Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00070-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00070-01 (3729-2022)
Demandante: Luis Alfredo Rivera Dueñas y María Helena Rojas Arias
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00070-01 (3729-2022)
Demandante: Luis Alfredo Rivera Dueñas y María Helena Rojas
Arias
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones1
Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución – excepción de pago
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del
16 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de mérito
propuestas por Colpensiones y ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda2
2. La señora María Helena Rojas Arias, en calidad de guardadora y mandataria
de su cónyuge, Luis Alfredo Rivera Dueñas, presentó demanda ejecutiva con el
fin de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 22 de abril de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
así como del auto que aprobó y liquidó las condenas en costas y agencias en
derecho impuestas en dicha decisión. También solicitó el pago de los intereses
1 En adelante Colpensiones.
2 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda.
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Demandante: Luis Alfredo Rivera Dueñas y María Helena Rojas Arias
moratorios generados desde la ejecutoria del auto del 28 de abril de 2015 hasta
la realización efectiva del pago.
3. En la sentencia referida, se declaró la nulidad del acto acusado y, como
consecuencia, se ordenó a Colpensiones reconocer y pagar al señor Rivera
Dueñas una pensión de jubilación a partir del 25 de julio de 2012, equivalente al
75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio —13 de
julio de 1999 a 13 de julio de 2000—, así como el pago de las costas procesales
y de las agencias en derecho, fijadas en el 5 % de las pretensiones reconocidas.
4. Mediante auto del 28 de abril de 2015, se aprobaron y liquidaron las costas y
agencias en derecho. En particular, se condenó a Colpensiones pagar al
demandante, por concepto de agencias en derecho, el 5 % de las pretensiones
reconocidas, suma que, según la liquidación elaborada por la Secretaría del
despacho judicial, ascendió a $2.900.775. Por lo tanto, se concluyó que dicha
providencia contiene una obligación clara, expresa y exigible a favor del
ejecutante y en contra de la entidad.
5.El 25 de julio de 2016, la parte ejecutante peticionó a Colpensiones el
cumplimiento de la providencia del 28 de abril de 2015, referente al pago de las
costas y agencias en derecho; sin embargo, a la fecha de la presentación de la
demanda ejecutiva, la entidad aún no le había dado cumplimiento a la misma.
1.2. Mandamiento de pago3
6. El Tribunal, mediante auto del 3 de diciembre de 2019, libró mandamiento de
pago contra Colpensiones, con el fin de que cancelara las siguientes sumas de
dinero: $2.900.775 por concepto de costas reconocidas en la sentencia de 24 de
julio de 2014 y $1.667.521,90 por concepto de intereses moratorios causados
desde el 29 de abril de 2015 (día siguiente de ejecutoria del auto que liquidó la
condena en costas) hasta la presentación de la demanda. Indicó que dichas
sumas serían liquidadas en la etapa procesal correspondiente y actualizadas
hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación.
7. Asimismo, se concedió a la entidad un plazo de cinco días para efectuar el
pago, conforme a lo establecido en el artículo 431 del CGP. Se precisó que dicho
término comenzaría a contarse a partir de la notificación de la providencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA.
8. Para adoptar esta decisión, el Tribunal explicó que en el expediente reposa el
título ejecutivo, consistente en la sentencia del 24 de julio de 2014, que contiene
una obligación clara, expresa y exigible a cargo de Colpensiones, consistente en
3 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 09.
AutoLibraMandamientoDePago.
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reliquidar la pensión de jubilación del señor Luis Alfredo Rivera Dueñas y pagar
las costas, las cuales fueron liquidadas mediante auto del 22 de abril de 2015.
9.Se indicó que Colpensiones no cumplió de forma integral con la obligación
contenida en la sentencia, pues a la fecha no había cancelado la condena en
costas ni los respectivos intereses moratorios causados por su incumplimiento.
10. En cuanto al cálculo de los intereses moratorios, señaló que, como el auto que
liquidó las costas cobró ejecutoria el 28 de abril de 2015, la parte actora tenía
hasta el 28 de julio de 2015 para presentar la solicitud de cumplimiento del fallo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del CPACA, con el fin de evitar
la suspensión en la causación de intereses.
11. Sin embargo, la solicitud fue presentada el 25 de julio de 2017, razón por la
cual los intereses moratorios se suspendieron desde el 29 de julio de 2015 hasta
el 24 de julio de 2017, reanudándose su causación a partir del 25 de julio de 2017
hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación.
1.3. Contestación de la demanda4
12. Colpensiones presentó escrito de defensa con las siguientes excepciones:
13. Cobro de lo no debido: Afirmó que la entidad ya cumplió en su totalidad lo
ordenado en la sentencia del 24 de julio de 2014 y en el auto del 22 de abril de
2015, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante las
resoluciones GNR 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de
junio de 2016 y GNR 362095 del 1.º de diciembre de 2016. En dichos actos se
dio cumplimiento al reconocimiento y pago de costas, agencias en derecho e
intereses moratorios. Por lo tanto, sostiene que la parte ejecutante reclama
sumas de dinero que no son adeudadas, careciendo de fundamento fáctico y
jurídico.
14. Inexistencia del derecho reclamado: Señaló que la obligación invocada no
existe jurídicamente, toda vez que la entidad ya cumplió con lo dispuesto en el
auto que aprobó y liquidó las costas procesales, conforme a la ley. Respecto de
los intereses moratorios, reiteró que las resoluciones GNR 359620 del 13 de
noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de junio de 2016, GNR 362095 del 1.º de
diciembre de 2016 y SUB 76662 del 22 de marzo de 2018 dan cuenta de su pago
total, el cual ascendió a la suma de $10.549.194. En consecuencia, considera
improcedente el pago adicional solicitado, en tanto ello implicaría transgredir el
Acto Legislativo 01 de 2005 y los principios de universalidad, solidaridad,
sostenibilidad presupuestal y legalidad.
4 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 11.ContestaciónDemanda
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15.Prescripción: Indicó que esta excepción se plantea sin que ello implique
reconocimiento de derecho alguno a favor de la parte ejecutante. Por el contrario,
se propone frente a cualquier eventual derecho que pudiera haber surgido,
conforme a las disposiciones legales aplicables a las reclamaciones contenidas
en la demanda.
16. Buena fe: Manifestó que todas las actuaciones misionales de la entidad se
rigen por el principio de buena fe, por lo cual sus actos gozan de presunción de
legalidad. En ese sentido, corresponde a la parte ejecutante desvirtuar dicha
presunción.
17. Compensación: Sin aceptar las pretensiones de la demanda, propuso esta
excepción con fundamento en los pagos efectuados por la entidad al demandante
por concepto de mesadas pensionales u otros pagos derivados del
reconocimiento de la pensión.
18. Genérica: Solicitó que se declaren las demás excepciones que encuentren
probadas.
II. SENTENCIA APELADA
19. El Tribunal, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2021, declaró no
prósperas las excepciones propuestas por la entidad ejecutada. En
consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución conforme al mandamiento
de pago. Indicó además que los montos reconocidos deberán ser liquidados y
actualizados en la etapa posterior de liquidación del crédito, hasta que se efectúe
el pago total a favor de la parte ejecutante. Asimismo, ordenó el levantamiento
de la medida cautelar de embargo que recaía sobre las cuentas de Colpensiones
y condenó a la entidad al pago de costas y agencias en derecho.
20. Paraadoptar esa decisión, explicó que no se probó la excepción de
compensación, ya que esta solo se configura cuando dos o más personas son
al mismo tiempo acreedoras y deudoras del otro, situación que no se acreditó en
este caso.
21. Sobre la excepción de prescripción, manifestó que no se configuraba, pues,
siguiendo los artículos 2512, 2535 y 2536 del Código Civil, la acción ejecutiva
prescribe a los cinco años de hacerse exigible el derecho. Por ende, teniendo en
cuenta que el auto que liquidó las condenas en costas quedó ejecutoriado el 28
de abril de 2015, los diez meses para su exigibilidad5 se cumplieron el 29 de
febrero de 2016, y la demanda ejecutiva fue presentada dentro de los cinco años
siguientes, esto es, el 1 de agosto de 2018.
5 Término que establece el inciso segundo del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011: «(…) Las condenas
impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia (…)».
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22. Acerca de la excepción de pago de la obligación, reiteró que mediante la
sentencia del 24 de julio de 2014 se condenó a Colpensiones al pago de las
condenas en costas, las cuales fueron liquidadas en el auto del 22 de abril de
2015 por $2.900.775.
23. La entidad, al contestar la demanda, indicó que mediante las resoluciones
GNR 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de junio de 2016
y GNR 362095 del 01 de diciembre de 2016 les dio cabal cumplimiento a las
órdenes judiciales.
24. En ese hilo, el a quo, recapituló que en el auto del 3 de diciembre de 2019 se
libró mandamiento de pago por $2.900.775 por concepto de costas, y por
$1.667.521.90 por intereses moratorios causados desde el 29 de abril de 2015
hasta la presentación de la demanda. Además, dispuso que las sumas
correspondientes serían liquidadas y actualizadas hasta cuando la entidad
cancelara toda la obligación.
25. Añadió que el mandamiento de pago fue notificado el 8 de septiembre de 2020.
Por lo que, teniendo en cuenta el término de notificación personal de 25 días
establecido en el artículo 199 del CPACA —que culminaron el 14 de octubre de
2020—, Colpensiones disponía de 5 días para efectuar el pago de la obligación,
es decir, desde el 15 hasta el 21 de octubre de 2020.
26.Sin embargo, mediante oficio 431-2020 de 15 de diciembre de 2020, el
secretario y la contadora de la Corporación judicial informaron que el 10 de
noviembre de 2020 Colpensiones constituyó el depósito 400100007853704, por
un valor de $4.568.297 a favor de la parte ejecutante. Por ello, el Tribunal
concluyó que el pago se realizó de forma extemporánea6.
27. Además, advirtió que la suma consignada correspondía únicamente a los
valores calculados hasta la fecha de presentación de la demanda, y no incluía la
actualización e intereses posteriores. En consecuencia, Colpensiones no cumplió
íntegramente con la obligación, ya que no presentó una nueva liquidación que
incluyera los valores adeudados después de dicha fecha.
28. Por lo anterior, el Tribunal, conforme a los artículos 443, numeral 4, y 446 del
CGP, ordenó seguir adelante con la ejecución, al persistir montos pendientes de
liquidar y pagar. En ese sentido, se abstuvo de ordenar la entrega del depósito
judicial No. 400100007853704, en atención a lo previsto en el artículo 447 del
CGP, el cual establece que los dineros solo podrán ser entregados al ejecutante
una vez se encuentre ejecutoriado el auto aprobatorio de la liquidación del
6 Artículo 431 del CGP: «ARTÍCULO 431. PAGO DE SUMAS DE DINERO. Si la obligación versa sobre una
cantidad líquida de dinero, se ordenará su pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde
que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda. Cuando se trate de obligaciones pactadas en
moneda extranjera, cuyo pago deba realizarse en moneda legal colombiana a la tasa vigente al momento
del pago, el juez dictará el mandamiento ejecutivo en la divisa acordada (…)».
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crédito.
29. Porúltimo, indicó que no tiene vocación de prosperidad las demás
excepciones de «cobro de lo no debido», «inexistencia del derecho reclamado»,
«buena fe» y «genérica», pues, aunque se consideran argumentos de defensa,
se demostró que la entidad aún adeuda sumas de dinero.
1.6. Recurso de apelación
30. Colpensiones7 interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, solicitando su revocatoria, por cuanto mediante los actos
administrativos 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de junio
de 2016, GNR 362095 del 1 de diciembre de 2016 y SUB 76662 del 22 de marzo
de 2018 dio total cumplimiento a la orden judicial, en el sentido de reconocer y
liquidar la prestación pensional reconocida en favor del señor Luis Alfredo Rivera
Dueñas.
31. En cuanto al pago de la condena en costas y agencias en derecho, liquidadas
en el auto del 22 de abril de 2015, indicó que la entidad profirió la Resolución
SUB 109553 del 12 de mayo de 2021, mediante la cual solicitó a la parte
ejecutante que pusiera en conocimiento del proceso ejecutivo dicho acto
administrativo, con el fin de que se requiriera el pago del título judicial
400100007853704, constituido el 10 de noviembre de 2020, por la suma de
$4.568.296. Con ello, se consideró satisfecho el cumplimiento integral de la orden
judicial relativa a las condenas en costas.
32. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el auto del 3 de diciembre de 2019 —
por medio del cual se libró mandamiento de pago— se ordenó la cancelación de
dicha suma, por lo que, a juicio de la entidad, el depósito realizado cubre la
totalidad de la obligación.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, y 322 del CGP.
7 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 –
28RecursoApelacionColpensiones.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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34. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
2.2. Problema jurídico
35. Le corresponde a la Sala resolver si en el presente caso se encuentra probada
o no la excepción de pago total de la obligación.
2.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
36. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»9.
37. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».10 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 11 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
38. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000
2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
10 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
11 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
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exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.12 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió13.
39. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido14.
40. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
12 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
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Demandante: Luis Alfredo Rivera Dueñas y María Helena Rojas Arias
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 15,
antes 497 del CPC16.
41. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP17, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
2.4. Análisis de la Sala frente al problema jurídico
42. Previo a resolver de fondo el asunto, se relacionará las pruebas esenciales:
43.Reposa copia del registro civil de matrimonio entre Luis Alfredo Rivera Dueñas
y María Helena Rivera Dueñas18.
44. Mediante sentencia del 22 de junio de 2017, el Juzgado Cuarto de Familia de
Oralidad de Bogotá, declaró la interdicción judicial definitiva por discapacidad
mental absoluta del señor Luis Alfredo Rivera Dueñas y designó a María Helena
Rojas Arias como guardadora principal19.
15«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste
mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
16
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
17 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
18 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 17
19 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 36
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45. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
profirió sentencia el 24 de julio de 201420 dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, bajo el radicado 25000-23-42-000-2013-06055-
00, donde fungió como demandante Luis Alfredo Rivera Dueñas y demandado
Colpensiones. En dicha providencia, se declaró la nulidad del acto ficto
enjuiciado, y se ordenó a la entidad a reconocer y pagar al demandante la
pensión de jubilación, con el 75% del promedio de lo devengado durante el último
año de servicio (13 de julio de 199 y el 13 de julio de 2000), a partir del 25 de julio
de 2012. Asimismo, se condenó en costas a Colpensiones, fijándose como
agencias en derecho un 5% de las pretensiones reconocidas. Dicha providencia
quedó ejecutoriada el 4 de agosto de 201521.
46. El Tribunal, profirió auto el 22 de abril de 2015, a través del cual aprobó la
liquidación de las condenas en costas ordenadas en la sentencia del 24 de julio
de 2014 a cargo de Colpensiones y en favor del demandante por la suma
$2.900.775. Dicho auto quedó debidamente ejecutoriado el 28 de abril de 2015 22.
47.La parte ejecutante presentó ante Colpensiones la solicitud de cumplimiento
del fallo judicial proferido el 24 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de julio de 201723.
48. La demanda ejecutiva fue presentada el 1 de agosto de 2018 24.
49. En el auto de 3 de diciembre de 2019, el Tribunal libró mandamiento de pago
por concepto de costas por $2.900.775 y por intereses moratorios calculados
desde su exigibilidad hasta la presentación de la demanda, salvo interrupciones,
por $1.667.521,90. Dichas sumas arrojaron un total de $4.568.296,91. Asimismo,
se indicó que tales valores serían liquidados en la etapa procesal correspondiente
y actualizadas hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.
50. El 10 de noviembre de 2020, Colpensiones constituyó depósito judicial
400100007853704 en favor de la parte ejecutante25. Posteriormente, en
respuesta a requerimiento realizado por el a quo26, la entidad explicó que dicho
depósito se constituyó para cubrir los rubros señalados en el auto que libró
mandamiento de pago, es decir, «por costas del proceso ordinario $2.900.775 y
los intereses de las costas del proceso ordinario por $1.667.521,90»27.
51. Igualmente, la entidad aportó la Resolución SUB 109553 del 12 de mayo de
2021, en la que indica que, con motivo al proceso ejecutivo de la referencia, se
20 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 33
21 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 43
22 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 21
23 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 03. Demanda. Pág. 17
24 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 04. ActaDeReparto.
25 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 12.DepositoJudicial.
26 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 – 13.AutoRequiere.
27 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 –
17.RespuestaArequerimiento.
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le adeuda a la parte ejecutante la suma de $ 4.568.297,00; motivo por el cual se
constituyó el depósito judicial 400100007853704. En consecuencia, en dicha
resolución se solicitó a la parte ejecutante que pusiera en conocimiento en el
proceso ejecutivo dicho acto con el fin de cancelar totalmente la obligación28.
52. Dicho lo anterior, para determinar la procedencia de las excepciones de mérito
es necesario que el fallador revise no solo los aspectos formales —es decir, la
enunciación de las excepciones propuestas—, sino también los aspectos
sustanciales, entre los que se encuentran los argumentos que vertieron para
sustentar las tesis opositiva del ejecutado, con el fin de determinar si, en efecto,
aun cuando se hubiera enunciado de manera diferente, en esencia se propuso
alguna de las excepciones de mérito permitidas por el legislador cuando el título
es una providencia judicial29.
53. En ese sentido, al descender al caso concreto se observa que, si bien
Colpensiones no propuso formalmente la excepción de pago al contestar la
demanda, materialmente sí lo hizo. Esto, en tanto que en el desarrollo de las
excepciones de «inexistencia del derecho reclamado» y «cobro de lo no debido»,
explicó que la obligación reclamada en la demanda fue satisfecha mediante las
resoluciones GNR 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de
junio de 2016, GNR 362095 del 1.º de diciembre de 2016 y SUB 76662 del 22 de
marzo de 2018, a través de las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, así como el pago de las condenas en costas y agencias en
derecho.
54. Por lo tanto, el estudio realizado por el a quo respecto a la excepción de pago
era procedente, ya que se reitera que, aunque no se propuso formalmente,
materialmente si se hizo.
55. Ahora bien, en el recurso de apelación Colpensiones sostuvo que el pago de
las condenas en costas y agencias en derecho, liquidadas mediante auto del 22
de abril de 2015, se cumplió con la expedición de la Resolución SUB 109553 del
12 de mayo de 2021, mediante la cual solicitó al ejecutante poner en
conocimiento del proceso ejecutivo el depósito judicial 400100007853704,
constituido el 10 de noviembre de 2020, por la suma de $4.568.296.
56. Enconsecuencia, para la Sala el debate se centra en determinar si la
Resolución SUB 109553 del 12 de mayo de 2021 y el depósito judicial No.
400100007853704 del 10 de noviembre de 2020 pueden ser valorados como
prueba del pago de la obligación.
28 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 –
14.ResoluciónYrespuestaRequerimiento.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
4 de noviembre de 2022. Rad: 25000-23-36-000-2017-01343-01. 68441. C.P: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ
RICO. Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
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57. Pues bien, aunque dichos documentos fueron referenciados en la sentencia
apelada y objeto de sustentación del recurso, lo cierto es que no se incluyeron
en la contestación de la demanda, por lo que fueron aportados
extemporáneamente.
58. Debe recordarse que la norma procesal establece diferentes oportunidades
para que la parte demandada presente y aporte pruebas al proceso, a saber: la
contestación de la demanda y su reforma, la respuesta a la demanda de
reconvención, las excepciones, e incidentes solo para probar los asuntos
relacionados al mismo30. En ese sentido, toda prueba o argumento que se
presente posterior a la terminación de cada una de dichas etapas se considerara
extemporánea, pues es realizada cuando la oportunidad para ello ha precluido.
59. En este caso, nótese que la entidad al proponer las excepciones de mérito
argumentó que el cumplimiento de la obligación se dio mediante las resoluciones
GNR 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de junio de 2016,
GNR 362095 del 1.º de diciembre de 2016 y SUB 76662 del 22 de marzo de
2018. Es decir que, en sus planteamientos exceptivos, no hizo alusión a la
existencia del depósito 400100007853704 de 11 de noviembre de 2020 y de la
resolución SUB 109553 del 12 de mayo de 2021.
60. De todos modos, se reitera, la resolución SUB 109553 del 12 de mayo de 2021
fue presentada al proceso de manera extemporánea, pues, el 8 de septiembre
de 2020 se surtió la notificación personal del auto que libra mandamiento de
pago, por lo que a la entidad le empezaron a correr los 10 días para proponer
excepciones entre el 15 de octubre de 202031 y el 29 de octubre de 2020; no
obstante, la resolución fue expedida con posterioridad y allegada al proceso
hasta el 18 de mayo de 202132.
61. Igualmente,el depósito judicial No. 400100007853704, consignado por
Colpensiones el 10 de noviembre de 2020 por $2.900.775 (costas) y
$1.667.521,90 (intereses moratorios), también fue presentado de forma
extemporánea, pues no se efectuó el pago antes de iniciado el proceso ejecutivo
para que su tuviera como tal y tampoco se efectuó dentro de la oportunidad
procesal otorgada en el auto que libró el mandamiento de pago.
30 Artículos 103 numeral 4 del CPACA y artículos 167 del CGP y 1757 del CC.
31 Luego de transcurridos los 25 días de que trata el artículo 199 del CPACA (Artículo modificado por del
artículo 612 de la Ley 1564 de 2012) antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021:
«ARTÍCULO 199. (…) En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría
a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a
correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación.
Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de
sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su
disposición de conformidad con lo establecido en este inciso».
32 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 –
14.ResoluciónYrespuestaRequerimiento.
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62. En efecto, en el mandamiento de pago se indicó que la entidad contaba con
cinco días para cancelar la suma de dinero ordenada en la providencia conforme
el artículo 431 del CGP; de modo que los términos para realizar el depósito
transcurrieron entre el 15 de octubre de 2020 y el 21 de octubre de 2020. Sin
embargo, al proceso judicial únicamente se puso en consideración la existencia
del depósito el 24 de febrero de 202133, término no solo posterior para realización
del pago, sino también para su presentación como prueba en la contestación de
la demanda34.
63.En ese hilo, para determinar la configuración de la excepción de pago en la
sentencia no era procedente —como lo hizo el tribunal— incluir como pruebas al
depósito 400100007853704 de 11 de noviembre de 2020 y la resolución SUB
109553 del 12 de mayo de 2021, pues fueron presentados al proceso por fuera
de la oportunidad permitida para ello.
64. De manera que, en aras de mantener la igualdad de las partes, la seguridad
jurídica y la observancia de las normas procesales, en necesario que la
Subsección únicamente fundamente la decisión en los argumentos expuestos en
las excepciones de mérito35.
65. Así, la Sala concluye que la entidad no probó con las resoluciones36 expuestas
en la contestación de la demanda el pago de la obligación, pues ninguna de ellas
fue aportada al proceso y, por tanto, es imposible determinar su contenido, o más
aún, si con ella se reconocieron y cancelaron los montos reclamados en la
demanda.
66. En ese orden de ideas, al no probarse el pago de la obligación, no quedaba
otro camino al Tribunal que ordenar seguir adelante con la ejecución. Por lo tanto,
el depósito judicial constituido por la ejecutada deberá ser tenido en cuenta al
momento de liquidar el crédito (artículo 446 numeral 4 CGP).
67. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que ordenó
seguir adelante con la ejecución y declaró imprósperas las excepciones de
mérito, pero con base en los argumentos expuestos en esta providencia.
33 Expediente digital visible en el aplicativo SAMAI segunda instancia - Índice 02 –
12.DepositoJudicialYsolicitud.pdf
34 Se reitera que la oportunidad procesal para contestar la demanda, proponer excepciones y aportar
pruebas transcurrió entre el 15 de octubre de 2020 y el 29 de octubre de 2020.
35 Similar posición adoptó esta corporación en decisión precedente: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente Jorge Edison Portocarrero
Banguera, sentencia del catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Radicado: 25000-23-42-
000-2018-00485-02 (7803-2023)
36Se reitera que las resoluciones son: GNR 359620 del 13 de noviembre de 2015, GNR 164707 del 2 de
junio de 2016, GNR 362095 del 1.º de diciembre de 2016 y SUB 76662 del 22 de marzo de 2018.
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2.6. De la condena en costas en segunda instancia
68. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
69. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no
se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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