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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00633-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00633-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Revocar la sentencia del 9 de abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso instaurado por la señora Fanny Raquel Silva Lara en contra la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha. En su lugar se dispone: Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda. Tercero.- Condenar en constas de segunda instancia a la señora Fanny Raquel Silva Lara, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00633-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-2021)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara
Demandado: Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, no prueba subordinación, odontólogo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 9 de abril de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora Fanny Raquel Silva Lara, mediante
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
en orden a que se declare la nulidad del Oficio del 24 de agosto de 2017, expedido
por el gerente de la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha, por medio del
cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social
reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre la demandante y
la entidad.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) declarar la existencia de una relación laboral entre aquella y la ESE demandada
durante el período comprendido entre «el 1° de agosto de 1995 al 31 de diciembre
de 1996, y del 1° de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1997, finalizando la
vinculación el 31 de diciembre de 2016»; ii) declarar que fue despedida sin justa
causa el 31 de diciembre de 2016; iii) cancelar las prestaciones sociales que
perciben los demás empleados públicos de la entidad, teniendo en cuenta para ello
las sumas señaladas en la demanda, tales como auxilio de cesantías, intereses
sobre las cesantías, primas de navidad, vacaciones y servicios; iv) reconocer la
sanción moratoria por el no pago de salarios y cesantías en forma completa, así
como el derecho a la nivelación salarial respecto de la remuneración que reciben
los profesionales adscritos a la entidad; v) reintegrar a la actora al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía en la planta de empleo de la
ESE; vi) indexar los valores que resulten; vii) dar cumplimiento a la sentencia en los

términos de los artículos 192 a 195 del CPACA; y viii) condenar en costas a la
demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Fanny Raquel Silva Lara prestó servicios como profesional en
odontología para el Centro de Salud Compartir, que luego se transformó en la
Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha, desde el 1° de agosto de 1995 al
31 de diciembre de 1997, en forma permanente.

ii) Posteriormente, del 1° de enero de 1998 al 31 de julio de 2003, prestó servicios
a la referida ESE por medio de contratos estatales de prestación de servicios.

iii) De igual forma prestó servicios profesionales en odontología para la Empresa
de Salud ESE del municipio de Soacha a través de «contratos de prestación de
servicios» celebrados con las Cooperativas de Trabajo Asociado Alianza, entre

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

agosto de 2003 y septiembre de 2006, y Coopseprocon Cta. del 1° de octubre de
2006 al 31 de noviembre de 2011.

iv) Por último, se vinculó nuevamente de forma directa con la Empresa de Salud
ESE del municipio de Soacha mediante contratos de prestación de servicios entre el

1° de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.

v) Durante toda su vinculación con la entidad cumplió funciones bajo condiciones
de subordinación propias de una relación laboral, recibía órdenes, debía acatar un
horario de ocho horas diarias, y seguía con rigor las órdenes de su «jefe inmediato».

vi) La contratación se realizó por cuanto en la planta de empleos de la entidad no
existía suficiente personal para satisfacer la totalidad de requerimientos necesarios
para cumplir con la prestación del servicio de odontología.

vii) Las labores fueron realizadas directamente, de manera personal y exclusiva a
la entidad demandada, y nunca se le cancelaron las prestaciones sociales a las que
normalmente tenían derecho los trabajadores de planta.

viii) El 28 de julio de 2017, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados;
sin embargo, la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha mediante el Oficio
del 24 de agosto de 2017 dio respuesta negativa a su petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 23, 25, 53, 93, 122, 123 y 125 de
la Constitución Política; 4 y 46 de la Ley 2351 de 1965; 4 del Decreto 2351 de 1965;
6, 33, 34, 35 y 71 de la Ley 50 de 1990; 10 y 51 de la Ley 100 de 1993; 1, 3 y 63 de
la Ley 1429 de 2010; y 2.2.6.5.1. al 23 del Decreto 1072 de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

i) El acto administrativo demandado transgrede los derechos de la
demandante, toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran dentro
de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente
aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo.

ii) La Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha obró de mala fe teniendo
en cuenta que pese a la prohibición dispuesta en el artículo 70 de la Ley 1233 de
2008, utilizó el mecanismo de intermediación laboral vulnerando derechos mínimos
e irrenunciables de los trabajadores

iii) Está plenamente acreditado que la función que realizaba la señora Silva Lara
fue de carácter permanente, nunca la desarrolló con autonomía e independencia,
fue contratada por más de 15 años en forma continua, cumplía horario porque la
actividad así lo exigía, y recibía órdenes e instrucciones del gerente del hospital,
luego su vinculación no fue transitoria, pues cubrió funciones misionales lo que
desvirtúa en su totalidad el contrato estatal de prestación de servicios.

1.2. Contestación de la demanda

La Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha no emitió pronunciamiento
alguno en esta etapa procesal.1

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia escrita proferida el 9 de junio de 2021,2 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

1 Folio 335.
2 Folios 357 al 379. Con ponencia del magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

i) De las pruebas aportadas al proceso se logra establecer que la demandante
laboró para la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha a través de contratos
de asociación con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopserprocon Cta. Del 1°
de mayo al 30 de junio de 2008, del 1° de septiembre de 2008 al 30 de junio de
2009; del 1° de enero de 2010 al 31 de enero de 2011.

ii) Del mismo modo, resulta claro que entre la actora y la Empresa de Salud ESE
del municipio de Soacha existió una relación contractual con el fin de desarrollar
labores de odontología dentro de sus instalaciones, por lo que se encuentra probado
el elemento de la prestación personal del servicio desde el 1° de enero de 1998
hasta el 31 de diciembre de 2016, con siete interrupciones mayores a 15 días
hábiles: la primera de cinco meses por el período comprendido entre el 1° de enero
y el 31 de mayo de 2001; la segunda por dos meses entre el 1° de enero y el 28 de
febrero de 2002; la tercera por 15 meses del 1° de abril de 2002 al 30 de junio de
2003; la cuarta, de cuatro años y nueve meses por el lapso del 1° de agosto de 2003
al 30 de abril de 2008; la quinta por dos meses entre el 1° de julio y el 31 de agosto
de 2008; la sexta por seis meses del 1° de julio al 31 de diciembre de 2009; y la
séptima, por el interregno de 10 meses entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre
de 2011.

iii) El elemento de la remuneración se encuentra probado, pues los contratos de
prestación de servicios evidencian que se pactaron unos honorarios por las
actividades desarrolladas por la señora Silva Lara y, de igual modo, en los contratos
de asociación se acordó una compensación.

iv) Para acreditar el elemento de la subordinación al expediente se aportaron las
certificaciones expedidas por la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha en
las que se indica que la demandante prestaba sus servicios como odontóloga
cumpliendo un horario de 8 horas diarias, tanto a través de contratos de prestación
de servicios, como por intermedio de cooperativas de trabajo asociado; también
copias de la programación de algunos turnos, de solicitudes de permiso, de
memorandos por medio de los cuales se le entregaban elementos de trabajo y de

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

«un llamado de atención».

v) Al realizar una sana crítica a la valoración de las pruebas aparecen elementos
que permiten establecer que la demandante no tenía libertad para realizar las
labores encomendadas, no escogía cómo y cuándo prestar el servicio como
odontóloga, seguía instrucciones para cumplir sus tareas por parte de los
funcionarios de la entidad y, además, le fueron suministrados los elementos para
poder desarrollar la labor confiada, por lo que se encuentra desvirtuada la relación
contractual.

vi) De igual modo se desvirtuó la temporalidad propia de un contrato de
prestación de servicios si se tiene en cuenta el tiempo laborado y la actividad que
ejerció, que hace parte del objeto misional de la entidad.

vii) Las pretensiones de sanción moratoria e indemnización por despido injusto
se despacharon de manera desfavorable, ya que no se está reconociendo un
vínculo legal y reglamentario con este proceso.

viii) En atención a las interrupciones presentadas entre cada contrato de
prestación de servicios, incluido el tiempo laborado en la cooperativa
Coopserprocon, en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción
de las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 31 de enero de 2011,
salvo los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

ix) Así pues, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, la existencia
de una relación laboral entre las partes entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de
diciembre de 2016, salvo los períodos de interrupción que se detallaron
anteriormente, y probada la excepción de prescripción trienal de las prestaciones
sociales dejadas de percibir con anterioridad al 31 de enero de 2011; ordenó el
reconocimiento y pago de cada una de las prestaciones sociales devengadas por
los servidores de planta de la ESE, tomando como base para la liquidación los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, por el período

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

comprendido entre el 1° de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016;
calcular, si existe diferencia, entre los aportes realizados mes a mes por la
contratista durante el 1° de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2016, salvo las
respectivas interrupciones, y los que se debieron realizar en calidad de empleador,
para efectuar la cotización respectiva al sistema de Seguridad Social en pensión; y
negó las demás pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha interpuso
recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia, y en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. Como
sustento de su petición expuso lo siguiente:3

i) La contratación por prestación de servicios no implicó la existencia de
subordinación. Asimismo, la estipulación de un promedio de horas para ejecutar las
actividades propias del contrato de prestación de servicios se aprecia como
parámetro natural y lógico de la coordinación existente para llevar a buen término el
encargo suscrito.

ii) La contratista tenía plena autonomía e independencia, características
principales del contrato de prestación de servicios, luego dada su especialidad como
odontóloga y que la ESE solo tenía habilitada la prestación de ese servicio en
consulta externa, solo podía ejecutar el contrato en el horario en el que
habitualmente se atiende a los usuarios y pacientes.

iii) Es palmaria la autonomía profesional de los odontólogos en las instituciones
prestadoras de salud en el marco del sistema de salud colombiano, ya que conforme
a sus conocimientos especializados son quienes deciden la realización de
procedimientos, los protocolos de atención, así como tienen las habilidades y

3 Folios 389 al 391.

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

conocimientos adquiridos frente a los cuales la entidad no puede incidir, pues el
galeno es el que debe decidir y actual de forma independiente.

iv) En suma, la contratista al haber desarrollado una eminente prestación de
servicios carente de los elementos constitutivos de una relación laboral, en especial
el relacionado con la subordinación, teniendo en cuenta la autonomía que siempre
le asistió, no tiene derecho a beneficiarse de la declaratoria de la existencia de una
relación laboral.

1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

La señora Fanny Raquel Silva Lara por intermedio de su apoderado emitió
pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en el que concretamente señaló que tanto los protocolos de atención y
los conocimientos adquiridos en la academia en lo relacionado con el ejercicio de la
profesión de odontólogo, como la autonomía profesional respecto de la atención de
pacientes, son independientes de la forma de vinculación, que en últimas es lo que
se discute dentro de este medio de control, luego, al haberse probado en el proceso
el elemento de la subordinación debe confirmarse la decisión de primera instancia.

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.4

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

4
Ibidem.

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación la Sala
debe establecer si está probado en el plenario que entre la señora Fanny Raquel
Silva Lara y la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha existió una verdadera
relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales
encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los
artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y
el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-5 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado
por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización6, en cuya virtud «todo
miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones
y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al
trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o
aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo,
«(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

5 Aprobada el 11 de abril de 1919.
6 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para
efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En
consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios
laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los
trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento constitucional
para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios para vincular
personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades
estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel
legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.
Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto
del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto
con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la
garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el
Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado,
es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de
contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en
el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008,
2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 7 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

7 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,

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Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».8

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».9

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta
o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la

8 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
9 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en

la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia
de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que si bajo el
ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica
relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las
prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en ningún caso, será
posible darle la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.10

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe estar
consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos

10
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

14

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución,
develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente
desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la
práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes, sino como
verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el
elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el
cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo,
obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.11

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento
de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena
estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en
cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio
de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada
en función del objeto contractual convenido.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

15

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,12 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;13 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las condiciones
para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas.14

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,

12 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
13 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
14 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

16

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe
ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».15

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse
para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual no
es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –y en
consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.16

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera,
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de
una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días
hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción
de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la
cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que
de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

18

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado
y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de
ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno
de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no
se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3
años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.17

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en
salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial

17 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

19

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

i) La señora Fanny Raquel Silva Lara tuvo las siguientes vinculaciones con la
Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha para prestar labores como
odontóloga:

Contratos de prestación de servicios
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 011 01/01/1998 31/12/1998 1 año Prestación de servicios como
(Fl. 8) odontóloga general
2 014 01/01/1999 28/02/2000 1 año
(Fl. 11) y2
Adición meses
(Fl. 14)
3 021/2000 01/03/2000 31/12/2000 10
(Fl. 15) meses
4 S/N 01/06/2001 30/06/2001 1 mes
(Fl. 19)
Prestación de servicios por parte la
5 013/2001 03/07/2001 25/10/2001 3 doctora como odontóloga a la
(Fl. 21) * meses población bajo la cobertura de la ESE
Adición y 20
(Fl. 25) días
6 042/2001 26/10/2001 31/12/2001 2
(Fl. 28) meses
y5
días
7 S/N 02/01/2002 Atender como odontólogo un
(Fl. 32) promedio de 384 consultas y
urgencia que se requieran durante la
jornada de prestación y dentro del
respectivo mes que se preste el
servicio
8 S/N 01/03/2002 31/03/2002 1 mes Atender como odontólogo un
(Fl. 34) promedio de 336 consultas y
urgencia que se requieran durante la

20

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

jornada de prestación y dentro del
respectivo mes que se preste el
servicio
9 S/N 01/07/2003 31/07/2003 1 mes
(Fl. 37) Atender como odontólogo un
promedio de 320 consultas y
urgencia que se requieran durante la
jornada de prestación y dentro del
respectivo mes que se preste el
servicio
10 480/2011 01/12/2011 29/02/2012 3
(Fl. 72) meses
Adición
(Fl. 80)
11 137/2012 01/03/2012 31/08/2012 6
(Fl. 81) meses
12 594/2012 01/09/2012 31/01/2013 5
(Fl. 89) meses
Adición
(Fl. 95) El contratista se obliga para con la
13 094/2013 01/02/2013 31/03/2013 2 Empresa de Salud de Soacha ESE a
(Fl. 96) meses prestar sus servicios como
14 287/2013 01/04/2013 31/08/2013 5 profesional de odontología de
(Fl.102) meses acuerdo a la invitación de la ESE y
Adición oferta del contratista, durante un
(Fl.108) promedio de 8 horas de actividad
15 601/2013 01/09/2013 31/10/2013 2 diaria, de acuerdo con la
(Fl. 110) meses programación de la ESE
Adición
(Fl. 116)
16 783/2013 01/11/2013 31/01/2014 3
(Fl.117) meses
Adición
(Fl. 123)
17 118/2014 01/02/2014 31/07/2014 6
(Fl.124) meses
Adición
(Fl. 131)
18 426/2014 01/08/2014 30/11/2014 4
(Fl.132) meses
Adición
(Fl. 138)
19 782/2014 01/12/2014 31/01/2015 2
(Fl.139) meses
20 083 01/02/2015 31/07/2015 6
(Fl.144) meses
Adición
(Fl. 151)
21 476 01/08/2015 31/01/2016 6
(Fl. 152) meses
Adición
(Fl. 157)
22 030 01/02/2016 30/04/2016 3
(Fl. 159) meses
23 246 02/05/2016 01/08/2016 3 El contratista se obliga para con la
(Fl. 162) meses Empresa de Salud de Soacha ESE a

21

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

24 366-2016 02/08/2016 31/12/2016 5 prestar sus servicios como
(Fl. 167) meses profesional de odontología de
acuerdo a la invitación de la ESE y
oferta del contratista, durante un
promedio de 4 horas de actividad
diaria, de acuerdo con la
programación de la ESE

• El contrato 013/2001 tenía una duración inicial de 6 meses hasta el
31/12/2001; no obstante, reposa copia del acta de terminación bilateral del encargo
suscrita el 25/10/2001.

ii) El 1° de agosto de 2003, la señora Fanny Raquel Silva Lara celebró acuerdo
de trabajo asociado con la Cooperativa de para el Desarrollo Integral del
Tequendama, Coomutsoa (Alianza), para ocupar el «puesto de odontóloga» en el
lugar que le indicara la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha; sin
embargo, dicho documento no especifica el tiempo de duración del acuerdo
asociativo, ni fue suscrito por las partes. 18

iii) La Cooperativa Alianza y la demandante suscribieron 5 anexos modificatorios
al acuerdo cooperativo de trabajo asociado el 21 de febrero de 2004, 1° de mayo
de 2005, y 2 de mayo de 2006. De igual modo, en dichos anexos no se determina
la duración del acuerdo.19

iv) El 11 de mayo de 2007, el representante legal de la Cooperativa de Trabajo
Asociado para el Desarrollo Integral del Tequendama, Coomutsoa (Alianza)
certificó que la señora Silva Lara desde el 1° de enero hasta el 30 de septiembre
de 2006 trabajó en la cooperativa como odontóloga en las instalaciones de la
Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha.20

v) La demandante suscribió 12 contratos de asociación con la Cooperativa de
Trabajo Asociado para la Prestación de Servicios Profesionales y Consultoría
Coopserprocon, para desempeñar funciones de odontología, durante los siguientes

18 Folio 39 al 41.
19 Folios 42 al 46.
20 Folio 196.

22

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

períodos:

Contratos de asociación
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 S/N 01/10/2006 31/12/2006 3
(Fl. 48) meses
2 S/N 01/01/2007 31/01/2007 1 mes
(Fl. 51)
3 S/N 01/02/2007 31/03/2007 2 El asociado desempeñará de
(Fl. 54) meses odontóloga y la compensación que
4 S/N 01/04/2007 31/05/2007 2 recibirá por su vinculación de trabajo
(Fl. 56) meses será de (…)
5 S/N 01/06/2007 31/07/2007 2
(Fl. 59) meses
6 S/N 01/08/2007 31/12/2007 5
(Fl. 61) meses
7 S/N 01/05/2008 30/06/2008 2
(Fl. 63) meses
8 S/N 01/09/2008 31/12/2008 4
(Fl. 64) meses
9 S/N 01/01/2009 31/03/2009 3 El asociado desempeñará de médico
(Fl. 66) meses general
10 S/N 01/04/2009 30/06/2009 3
(Fl. 67) meses El asociado desempeñará de
11 S/N 01/01/2010 28/02/2010 2 odontóloga y la compensación que
(Fl. 69) meses recibirá por su vinculación de trabajo
será de (…)
12 S/N 01/03/2010 31/01/2011 11
(Fl. 71) meses

Las copias de los 6 primeros contratos que se enlistaron no están firmadas por las
partes y en ninguno de ellos se afirma que la señora Silva Lara hubiera tenido como
lugar de prestación de servicios la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha.

vi) El 16 de noviembre de 2011, el gerente general de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Coopserprocon hizo constar que la actora laboró en esa cooperativa en
las instalaciones de la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha desde el 1°
de octubre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2011, con contrato a término
indefinido, desempeñando funciones como odontóloga.21

21 Folio 197.

23

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

vii) En el expediente reposan copias de circulares y memorandos remitidos a los
trabajadores asociados de las Cooperativas Alianza y Coopserprocon,
respectivamente, en los que se les exigía el cumplimiento de una jornada de
trabajo.22

viii) Asimismo, se observan copias de las planillas de turnos de los sábados de
agosto a diciembre de 2002, enero de 2003, diciembre de 2005, y enero a marzo
de 2006.23

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

El 24 de agosto de 2017, el gerente de la Empresa de Salud de Soacha ESE
despachó de manera desfavorable las pretensiones invocadas por la demandante
mediante derecho de petición elevado el 28 de julio de 2017, por carecer de
fundamento legal.24 En dicho acto administrativo no se dio la oportunidad de
interponer los recursos de ley.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

El recurso de apelación se formula contra la sentencia del 9 de abril de 2021, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, instaurada contra el oficio del 24 de agosto de 2017, expedido por el
gerente de la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha, desestimatorio de la
petición de reconocimiento de una relación laboral y del pago de las
correspondientes prestaciones sociales.

Así las cosas, para desatar la alzada se debe resolver el siguiente interrogante.

22 Se enlistan los documentos que se consideran relevantes para resolver el problema jurídico,

teniendo en cuenta su cantidad, folios 210, 223, 225, 228, 229, 231,232, 239, 244, 246, 251, 253,
23 Folios 185, 186, 275, 276 y 279.
24 Folio 5.

24

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

2.4.1. ¿Está probado que entre la señora Fanny Raquel Silva Lara y la Empresa
de Salud ESE del municipio de Soacha existió una relación laboral encubierta
o subyacente que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada
contractualmente?

Es pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que, por el contrario, desarrolló funciones
permanentes o inherentes al objeto social de la entidad y que en el adelanto de la
ejecución contractual se configuraron los elementos relativos a i) la prestación
personal del servicio; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) la remuneración como retribución.

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene que
la demandante estuvo vinculada con la entidad demandada; sin embargo, en el
proceso no se logró demostrar que la relación que los unió reúne los elementos
propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

En efecto, en el plenario se acreditó a través de los 24 contratos de prestación de
servicios, celebrados entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de julio de 2003, salvo
algunas interrupciones, y entre el 1° de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre
de 2016, que la demandante fue contratada por la entidad para cubrir las funciones
pactadas en los objetos contractuales a los que se hizo referencia en el acápite de
hechos probados, lo que implica que fue quien prestó el servicio.

Asimismo, entre el 1° de mayo de 2008 y el 31 de enero de 2011,25 salvo las

25 Aunque en el hecho probado v) de esta providencia se enlistaron los contratos de asociación

suscritos por la actora con Coopserprocon entre el 1° de octubre de 2006 y el 31 de diciembre de

25

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

interrupciones advertidas, la accionante prestó sus servicios profesionales como
odontóloga a la Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha a través de la
Cooperativa Coopserprocon Cta.

Es del caso precisar, tal como lo hizo el a quo, que en el expediente no se encuentra
debidamente probada la continuidad de la relación que pudo surgir entre la
demandante y la ESE demandada cuando prestó servicios por intermedio de la
Cooperativa Alianza, pues no se tiene certeza respecto de los extremos
temporales en los que presuntamente se desarrolló el encargo y, en gracia de
discusión, el acuerdo asociativo allegado no fue suscrito por las partes.

2.4.1.2. Remuneración

En este caso, los contratos de prestación de servicios, así como los contratos de
asociación, constituyen prueba de que se pactó una contraprestación mensual por
los servicios prestados por la demandante a la Empresa de Salud ESE del municipio
de Soacha, así como los comprobantes de egreso que se arrimaron al dosier.

2.4.1.3. Subordinación continuada

Como elemento determinante de la relación laboral, resulta procedente examinar
los medios probatorios allegados y los criterios consolidados en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, con el fin de establecer si existió o no dicho
presupuesto.

i) El lugar de trabajo. Entre el 1° de enero de 1998 y el 31 de julio de 2003; el 1°
de mayo de 2008 y el 31 de enero de 2011; y el 1° de diciembre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2016, salvo las interrupciones advertidas, la demandante tuvo que
prestar sus servicios personales al interior de la Empresa de Salud ESE del municipio

2007, tal como lo advirtió el a quo, dichos documentos no tienen valor probatorio por cuanto no fueron
suscritos por las partes; luego las fechas que se resaltan son aquellas que se encuentran
debidamente acreditadas en el dosier. Además, en garantía del principio de la no reformatio in pejus
no resultaría posible tener como probado dicho vínculo.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

de Soacha, afirmación que se desprende del contenido de los contratos de
prestación de servicios y de las certificaciones expedidas tanto por la Empresa de
Salud ESE del municipio de Soacha26 como por la Cooperativa Coopserprocon.

ii) El horario de labores. Respecto del período de contratación comprendido entre
el 1° de enero de 1998 y el 31 de julio de 2003 y sus respectivas interrupciones, no
se advierten medios probatorios que acrediten el cumplimiento de horarios o turnos
de trabajo por parte de la accionante, ni que dicha situación, en gracia de discusión,
hubiere sido impuesta por la entidad demandada.

Debe aclarar la Sala que, aunque se advirtió en el hecho probado viii de esta
providencia que en el expediente obran copias de las planillas de programación de
asistencia para los días sábados entre agosto de 2002 y enero de 2003 en las que
se enlistó a la señora Silva Lara, no se acreditó la vinculación contractual para ese
período, ni a través de contratos de asociación o de una cooperativa de trabajo.

Ahora, según los contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la
Empresa de Salud ESE del municipio de Soacha entre el 1° de diciembre de 2011 y
el 30 de abril de 2016, la demandante tenía que prestar sus servicios al hospital
durante un promedio de 8 horas diarias. Para el último período de contratación,
entre el 2 de mayo y el 31 de diciembre de 2016, la exigencia disminuyó a un
promedio de 4 horas diarias.

Respecto del lapso de vinculación con la Cooperativa Coopserprocon (entre 1° de
mayo de 2008 y el 31 de enero de 2011), en el dossier reposan algunas circulares
mediante las cuales se exigía a sus asociados el cumplimiento de horarios de
trabajo en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta que ustedes actualmente en calidad de trabajadores asociados
de la cooperativa, ocupan su puesto de trabajo dentro de las instalaciones de la
Empresa de Salud ESE de Soacha, y conforme al horario de trabajo descrito en el

26 Folios 195 a 206.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

acuerdo cooperativo de trabajo firmado por ustedes o el establecidas (sic) por el
centro de salud resulta necesario el cumplimiento estricto de las jornadas de trabajo,

El incumplimiento del anterior requerimiento acarrea los descuentos y sanciones
correspondientes por retardo en el ingreso al puesto de trabajo, estipulados en el
régimen de trabajo asociado.

No obstante, aunque la Sala no desconoce que la actora haya debido cumplir un
horario, el hecho de que hubiera desarrollado sus actividades en la jornada
estipulada para la atención de consulta externa a los pacientes de la ESE, no
acredita, per se, el elemento de la subordinación, en la medida en que dicha
circunstancia puede hacer parte de la necesaria coordinación que ha de existir entre
los extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que deben
prestarse los servicios.

La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo
cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados,
pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación».27

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las únicas
pruebas que se recaudaron con el propósito de la acreditación de este indicio fueron
los contratos de prestación de servicio, los contratos de asociación, y algunas
circulares emitidas por la entidad demandada; sin embargo, del estudio de esos
medios de prueba no se evidencia de manera directa dicho presupuesto.

Al revisar el contenido de cada contrato de prestación de servicios y de asociación
se tiene que el objeto que debía desarrollar la demandante era prestar servicios

27 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra

Vélez

28

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

profesionales como odontóloga, actividad que requería de sus conocimientos, sin
que de ello se pueda concluir que el ejercicio de su labor no se diera de manera
independiente o que estuvo sometida al cumplimiento de órdenes, máxime cuando
la profesión de la odontología se caracteriza por su liberalidad.

Las circulares y demás documentales que reposan en el plenario hacen referencia
a detalles propios de la actividad contratada, como la entrega de materiales
(dosímetro, batas y normas técnicas para higiene oral), así como la socialización
de hallazgos de auditoría con el propósito de poner en conocimiento de la
contratista aspectos por mejorar en la prestación del servicio, o memorandos
exigiendo el porte del carné y de la bata de uniforme; empero, más allá de ello no
se refieren en particular a las condiciones de modo en las que presuntamente se
presentó una relación de carácter laboral, ni mucho menos ilustran respecto a
cuáles eran las actividades u órdenes que se le imponían a la señora Silva Lara
que desnaturalizaban el objeto contractual o que le impedían atender a los
pacientes de manera autónoma e independiente, tal como lo dicta su especialidad.

En este punto, es importante precisar que en la sentencia de primera instancia se
aseveró que la señora Silva Lara «recibió un llamado de atención» por escrito por
parte de las autoridades del hospital «luego de una auditoría», el cual reposa en el
folio 222 del expediente. Tras la revisión de dicho documento se observa que, a
juicio de la Sala, su contenido no puede catalogarse como tal. En efecto, el sentido
literal de la misiva es el siguiente:

Al realizar la auditoría de sus historias clínicas el día 18 de agosto del presente año,
se encontraron algunas fallas en el diligenciamiento de las mismas, en algunas
historias no se consignan los antecedentes familiares del paciente, no se registra
completamente el examen dental y la clasificación del angle, el diagnóstico
periodontal y la identificación completa del odontólogo que consta de firma y sello del
profesional.

Lo anterior con el objeto de que se realicen las correcciones pertinentes para una
futura auditoría.

En efecto, el propósito del mentado memorando era requerir a la contratista el

29

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

diligenciamiento debido de las historias clínicas de los pacientes, que más allá de
ser una exigencia del contratante, corresponde a un deber ético de su profesión.

Asimismo, el documento fue remitido en septiembre de 2004, fecha sobre la cual
no se encuentra debidamente probada la vinculación contractual, según lo
manifestó expresamente el tribunal en su sentencia, tal como se explicó en el
numeral 2.4.1.1. de este proveído.

Luego de analizar todo lo anterior, para la Sala, el cumplimiento de un horario, o la
entrega de materiales de insumo para el trabajo no constituyen elementos que por
sí solos sean suficientes para demostrar el aspecto sustancial de la subordinación
respecto del período en el que la actora prestó servicios al interior de la ESE.

Así pues, de las pruebas aportadas al dosier no puede colegirse que se le exigiera
a la demandante que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de modo
impuestas por la ESE y, en tal sentido, no se demostró su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, pues más allá de las instrucciones
que se le impartieron en el contrato, no se acreditó con suficiencia que se ejerció
una influencia decisiva sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus
obligaciones.

Dicho de otro modo, la Sala no encontró en el expediente medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan llegar a la convicción de que la accionante recibía
órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o ejecutar
el contrato o que no hubiera podido desarrollar su profesión de manera autónoma e
independiente.

De suerte que no se pueda afirmar que el principio de coordinación se haya
desbordado, pues las instrucciones impartidas en los contratos son propias de la
sincronización de las actividades que realiza el contratante respecto de la necesidad
de la entidad que originó su contratación; todo ello para la ejecución armónica de la
obligación pactada bajo unas condiciones necesarias a efectos de tornarlo eficiente,

30

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

como lo es, atender a los pacientes en los horarios propios del área de consulta
externa, diligenciar la historia clínica, prescribir tratamientos, dentro del marco del
objeto contratado.

Es decir, no se demostró que la demandante hubiese ejercido labores ajenas a
aquellas por las cuales fue contratada, pues resulta evidente que las actividades
desplegadas giran en torno ese objeto contractual o que se hubiera menoscabado
su autonomía e independencia.

Finalmente, hace énfasis la Sala en que aunque existió una relación contractual
entre las partes por aproximadamente 10 años, durante el referido período no se
logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, indicio propio de las
relaciones laborales, razón por la cual la temporalidad, en este caso, no resulta
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

Además, se resalta que, aun en gracia de discusión, aceptar que la demandante,
en su calidad de contratista, permaneció un largo período, no significa per se que
estuvo subordinada, puesto que resulta necesario que se aporte el material
probatorio suficiente para que no exista duda acerca de la configuración de este
elemento, circunstancia que no ocurrió en el sub examine.

Así pues, la inobservancia de la carga probatoria por parte de la demandante en lo
que respecta a la demostración de los supuestos de hecho y jurídicos que alega
para el reclamo de su derecho, contenida en el artículo 167 del Código General del
Proceso, trae consecuencias desfavorables puesto que al no probar los mentados
supuestos se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con
fundamento en lo demostrado por el otro extremo litigioso o por la ausencia de
medios probatorios.

Asimismo, esta Sala ha indicado que «el hecho de que la entidad proveyera al
demandante de equipos para el desarrollo de sus actividades, no es suficiente para
demostrar una subordinación, sino que la [entidad] le facilitó los elementos

31

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

materiales y académicos al contratista para el cumplimiento del objeto
contractual».28

Dicho en otras palabras, cuando se provee al contratista de los elementos para
desarrollar su labor no significa que se configure el elemento de subordinación, pues
se debe tener en cuenta que dicha circunstancia puede obedecer al deber de velar
porque la prestación del servicio sea eficiente, máxime cuando, como en este caso,
se requiere que la actividad contratada sea desarrollada al interior de la entidad
contratante.

Así las cosas, esta Sala, a diferencia de lo expuesto por el a quo, no encuentra
plenamente acreditado el elemento esencial de una relación laboral encubierta o
subyacente entre la parte demandante y la Empresa de Salud ESE del municipio de
Soacha, esto es, la subordinación o dependencia continuada. En consecuencia,
considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ser
revocada.

2.5 De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,29 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2022, exp. 25000-

23-42-000-2018-03919-01(4008-2018); M. P. Gabriel Valbuena Hernández.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.

32

Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 365 del Código General del Proceso,30 la Sala considera que es dable
condenar en costas de ambas instancias a la demandante, aun cuando la entidad
no emitió pronunciamiento alguno en segunda instancia, toda vez que se revocará
en su integridad la sentencia del a quo, luego resultó vencida en el proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que en el expediente no se encuentra
demostrado de forma contundente el elemento de «subordinación» propio de las

30«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00633-01 (1998-21)
Demandante: Fanny Raquel Silva Lara

relaciones laborales encubiertas o subyacentes. Así las cosas, se revocará la
decisión del a quo. Con condena en costas de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Revocar la sentencia del 9 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del
proceso instaurado por la señora Fanny Raquel Silva Lara en contra la Empresa de
Salud ESE del municipio de Soacha. En su lugar se dispone:

Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero.- Condenar en constas de segunda instancia a la señora Fanny Raquel
Silva Lara, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

34

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