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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-03919-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-03919-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVO CAR la sentencia del 20 de abril de 2018, proferida por la Subsección F de la S ección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor JULIAN MAURI CIO GARAY CASTRO contra la Unidad Administrativa Especial d e Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con fundamento en las consideraciones expuestas. En su lugar, 29 «4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias» 30 « 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e causaron y en la medida de su comprobación». www.consejodeestado.gov.co 34 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 25000-23-42-000-2018-03919-01(4008-2018) Demandante: Julián Mauricio Garay Castro SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demand a por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas d e ambas instancias a la parte demandante conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada est a providencia devolve r el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-03919-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2 022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicado: 25000-23-42-000-2018-03919-01 (4008-2018)
Demandante: Julián Mauricio Garay Castro
Demandad a: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP

Tema: Inexistencia de relación laboral o subyacente.
Contratos de prestación de servicio s de apoyo
gestión documental de la UGPP. No acreditó
subordinación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

Conoce la Sala de Subsección de los recursos p resentados por la
parte demandante y demandada contra la sentencia del 20 de abril
de 2018, proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado por el señor JULIAN
MAURICIO GA RAY CASTRO .

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor JULIAN MAURICIO GARAY CASTRO , actuando por
conducto de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control
de nulidad y resta blecimiento del derecho dispuesto en el artículo
138 del CPACA, demandó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP, el reconocimiento de las siguientes declaraciones y
condenas:

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2018-03919-01(4008-2018)
Demandante: Julián Mauricio Garay Castro

1.1. Pretensiones 1

La nulidad del oficio No. 201616201293191 del 4 de mayo de 2016
a través de la cual el subdirector administrativo de la UG PP le negó
el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de
las prestaciones sociales requeridas .

A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la
entidad demandada a lo siguiente:

• Declar ar que exist ió una r elación labor a l desde 15 de dicie m br e
de 2011 al 30 de en er o de 2015 sin solu ción de cont inu idad.
• Reconocer y pagar a su f avor t odas las pr est aciones social es que
debió r ecibir dur ant e el per í odo cit ado : las cesant í as, los int er eses
de cesant í as, las hor as ext r as diar ias diur nas y noct ur nas, las
pr im as de ser vicio, vacaciones y nav i dad, las vacac ione s, las
indem nizac iones a que haya lugar y los dem ás em olum ent os
labor al es y no labor ales a que t enga der echo.
• Declar ar que la r ela ción labor a l f ue t er minada sin j ust a caus a .
• Pagar la s cot izacio n es por segur idad social en salu d y pensi ón y
la indem niz ación pr evist a en el ar t í culo 99 de la Ley 50 de 1990 en
concor dancia con e l Decr et o 1582 de 1998 y la Ley 344 de 1996.
• Reconocer , liqu idar y pagar un dí a de salar io por cada dí a de
r et ar do hast a que se haga ef ect ivo el pago de las cesant í as de
acuer do con lo dispuest o en el art í culo 187 de la Ley 1437 de 2011.
• Reint egr ar la r et ención en la f uen t e que se le deduj o
m ensualm ent e.
• Pagar los int er eses m or at or ios a que hubier e lugar e indexa r las
sum as r econocidas.
• Ent r egar inf or m e de r egist r o de asist encia, ent r ada y salida a la
ent idad cuyo cont r ol ej er cí a la em pr esa de segur idad Cyza .

Condenar en costas a la entidad demandada .

1.2. Fundamentos fácticos 2

El señor JULIAN MAURICIO GA RAY CASTRO fundamentó sus
pretensiones en los siguientes hechos:

Laboró en la UGPP mediante la suscripción de contratos de
prestación de servicios, desde el 15 de diciembre de 2011 hasta el
30 de enero de 2015.

1 Folios 422 a 424 del expediente.
2 Folios 424 a 428 del expediente.
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Demandante: Julián Mauricio Garay Castro

Durante el periodo citado apoyó a la gestión de la Subdirección de
Gestión Documental como líder de c ontrol de calidad dentro del
proyecto de intervención documental y participó activamente en el
acompañamiento y orientación de los procesos que requirieran el
recibo, organización, digitalización, indexación, verificación y
control de calidad del volumen d ocumental inherente a la operación
de la UGPP.

Las funciones asignadas fueron desarrolladas bajo la sub ordinación
de la directora del área de desarrollo y organización de la entidad
y los coordinadores que lo requirieran, en turnos que excedieron la
jornada laboral de 8 horas cuyo registro y control lo ejerció la
empresa de seguridad C yza.

El 4 de abril de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales dejadas de devengar con ocasión de
la relación labora l encubierta, sin embargo, la entidad a través de l
oficio No. 201616201293191 del 4 de mayo de 2016 decidió negar
su requerimiento .

1.3. Normas violadas y concepto de violación 3

El demandante citó c omo normas vulneradas : Preámbulo y
artículos 1, 2, 13, 23, 25.29, 48, 49 y 53 de la Constitución Nacional,
Decretos 3135 de 1868, 1848 de 1869, 1042 de 1878, 1045 de 1878,
2709 de 1994, 4369 de 2006 y 4588 de 2006, Leyes 244 de 1895,
71 de 1988 y 361 de 1898 , artículo 52 del Decreto 2127 de 1945
modificado por el artículo 1 de la ley 797 de 1949 y artículo 99 de
la ley 50 de 1990 , artículos 71 y 112 parágrafo del Decreto 111 de
1996.

Al desarrollar el concepto de violación adujo que el acto
administrativo demandado debe ser declarado nulo por violación de
norma superior y p or falsa motivación , por cuanto la UG PP utilizó
el contrato de prestación de servicio para encubrir una verdadera

3 Folios 428 a 434 del expediente.
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relación laboral, en el entendido que existió una prestación
personal del servicio, recibió un a remuneraci ón y estuvo
subordinado , pues ejerció las funciones de coordinador en las
instalaciones d e la entidad demandada, cumplió un horario de
trabajo y estuvo supeditado a las directrices que le fueron
impartidas.

Por otra parte, en relación con la prescripción de los derechos
reclamados, argumentó que de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado el término se empieza a contar desde que la
obligación se hace exigible y esto ocurre con la sentencia
constitutiva del derecho, lo que quiere decir que dicho fenómeno no
es aplicable a los procesos en los que se demuestre la existencia
de la primacía de la realidad sobre la s formas, como ocurre en el
presente asunto.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Unidad de Gestión P ensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP 4 se opuso a las pretensiones de nulidad de la
demanda, pues aseguró que entre el demandante y esa entidad no
existió una relación laboral, por cuanto se encontraba vinculado por
contrato s de prestación de servicios reglamentados por el artículo
32 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

En ese sentido, alegó que a diferencia de lo afirmado por el
demandante no hubo continuidad en la prestación del servicio,
porque entre los contratos siempre hubo interrupciones y los
objetos contractuales fueron diferentes de conformidad con la s
necesidades de los procesos aplica dos por la UGPP y según sus
contingencias: recibo, organización y digitalización de expedientes,
líder de control de calidad en los procesos, recepción de entidades.

Además, destacó que la misión de la UGPP no es ni ha sido
organizar expedientes pensional es lo cual es una labor accidental

4 Folios 462 a 473 del expediente.
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que la entidad debió ejecutar dado el estado en que fueron
recibidos, en consecuencia, las actividades realizadas por el
demandante no formaban parte del objeto por el cual fue creada la
entidad, sin embargo , debieron ser ejecutadas en el lugar donde se
encontraban los expedientes en custodia por su carácter reservado.

De igual manera, aseguró que no hubo subordinación, puesto que
de los informes rendidos por el contratista al superviso r del contrato
se evide ncia que las actividades re alizadas por el d emandante
fueron desarrolladas con total independencia y autonomía .

Congruente con lo expuesto, afirmó que el pago de los honorarios
causados a favor del contratista producto de la ejecución de los
contratos de prestación de servicios prestados , siempre estuvo
supeditado a la aprobación del cumplimiento de las actividades
objeto de los contratos y al «Programa Anual Mensualizado » de la
entidad, condiciones que no son aplicables frente al pago de
salarios a favor de los empleados púbicos .

Con fundamento en las razones precedentes f ormuló como
excepciones las de (i) inexistencia de l derecho reclamado , (ii) cobro
de lo no debido , (iii) ausencia del vínculo de carácter laboral, (iv)
inexistencia de personal de planta que pueda desarrollar la labor
objeto de los contratos de prestación de servicios, (v) te mporalidad
de la actividad desarrollada sin vocación de permanencia, (vi)
cláusula contractual de exclusión de relación laboral contenida en
los contratos de prestación de servicios suscrit os, (vii) buena fe,
(viii) prescripción y (ix) genérica re firiéndose a cualquiera que
resultara probada.

3. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial

El 12 de mayo de 2017 , la Subsección F de la Sección S egunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicia l 5
en la que decidió (i) declarar que las excepciones formuladas por

5 Folios 496 a 504 del expediente.
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la parte demandada se resolverían en el fondo del asunto y (ii) fija r
el litigio en los siguientes términos:

«[ …] est ablecer si se pr esent ar on los elem ent os de la r elación
labor al e n los co nt r at os de pr est ación d e ser vicios suscr it os ent r e
el act or y la Ent ida d dem andada y en consecuenci a hay lugar al
r econocim ient o de p r est aciones socia les » 6.

Asimismo, (i ii) declaró fallida la conciliación , (v) decret ó pruebas y
(iv) fijó fecha para audiencia de pruebas.

4. La sentencia apelada

El 20 de abril de 2018 7, la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 8 declaró la nulidad del

6 Folio 499 del expediente.
7 Folios 698 a 717 del expediente.
8 «PRIMERO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la

entidad demandada, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLÁRASE LA NULIDAD del oficio 201616201293191 del 4 de
mayo de 2016, proferido por el Subdirector Administrativo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, en cuanto negó la declaración de la
vinculación legal y reglamentaria y el consecuente pago de los derechos
prestacionales derivados de la misma.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, a:
a. Reconocer y pagar a favor del señor JULIAN MAURI CIO GARAY
CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.731.884 de
Bogotá, las prestaciones sociales que devenguen los empleados de la entidad
con similares funciones a las del demandante, liquidadas con base en los
honorarios pactados por los vínculos contractuales, correspondientes a los
siguientes periodos:
b. Realizar los aportes de seguridad social a los respectivos fondos de
salud y pensiones en el porcentaje que correspondía al empleados, con base
en los honorarios pactados en los contratos suscritos, para los periodos
anteriormente indicados.
Para el efecto, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema de la seguridad social por los periodos indicados; con base en lo
anterior, la UGPP deberá establecer los porcen tajes de cotización omitidos,
informando al actor los pagos que adeuda, si a ello hay lugar, una vez el
trabajador demuestre haber efectuado la totalidad de los aportes a su cargo,
la entidad condenada efectuará la cotización a los respectivos fondos de sa lud
y pensiones, por el monto que les corresponda.
Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en su valor,
dando aplicación a la siguiente formula.
R= Rh x. índice final
índice inicial
En donde el valor presente ® se determina mu ltiplicando el valor histórico
Rh). que es el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar. Por
el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor

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acto administrativo demandado , en consecuencia, ordenó a la
entidad demanda da que reconociera y pagara al demandante las
prestaciones sociales que devengaran los empleados de la entidad
con similares funciones al señor JULIAN MAURI CI O GARAY
CASTRO, con base en los honorarios pactados por los vínculos
contractuales correspondientes a los siguientes periodos 15 de
diciembre de 2011 al 14 de febrero de 2012, 17 de febrero al 30 de
septiembre de 2012, 3 de octubre de 2012 al 18 de mayo de 2013,
21 de mayo al 31 de diciembre de 2013, 24 de enero al 30 de junio
de 2014, 8 de julio al 31 de diciembre de 2 014 y 16 de enero a 15
de febrero de 2015.

De igual manera ordenó a la UGPP que realizara los a portes con
destino a la seguridad social a los respectivos fondos de salud y
pensiones en el porcentaje que le correspondía al empleado r y negó
las demás solici tudes del medio de control.

Como sustento de la decisión , ad virtió que «de las pruebas
allegadas al plenario, resulta evid ente que el demandante, en
ejecución del contrato de prestación de servicios prestaba el
servicio de manera personal de conformidad con las políticas de
reconocimiento pensional establecidas por la entidad demandada y
las direct rices existentes para el efecto, cumpliendo no sólo con un
horario de trabajo determinado en el sistema de turnos, sino
además con una continua subo rdinación a los parámetros dados por
sus superiores» 9.

certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sente ncia),
por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo
en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada uno de ellos.
CUARTO: NÍEGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos
176 y 177 del C.C.A.
SEXTO: ABSTIENESE de condenar en costas en esta instancia.
SÉPTIMO: En firme esta providencia archívense las diligencias, déjense
constancias y anotaciones de rigor. Si existe excedente de gastos procesales
devuélvase al interesado».
9 Folio 709 del expediente.

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Al efecto, destacó que de las órdenes de servicio allegadas, el
registro de turnos diarios, los co rreo s electrónicos aportados y los
testimonios recaudados, quedó acreditado que el demandante
prestó personalmente el servicio, estuvo subordinado y recibió una
remuneración mensual por las actividades que ejecutó, es dec ir, se
demostró la existencia de una relación laboral entre la UGPP y el
señor JULIAN MAURICIO GARAY CASTRO por los siguientes
periodos interrumpidos: (i) 15 de diciembre de 2011 al 14 de febrero
de 2012, (ii) 17 de febrero al 30 de septiembre de 2012, (ii i) 3 de
octubre de 2012 al 18 de mayo de 2013, (iv) 21 de mayo al 31 de
diciembre de 2013 , (v) 24 de enero al 30 de junio 2014, (vi) 7 de
julio al 31 de diciembre de 2014 y (vii) 16 de enero a 15 de febrero
de 2015.

Ahora bien, sobre la prescripción, pre cisó que «la petición de
reconocimiento de acreencias laborales derivadas de los contratos
de prestación de servicios, fue elevada por el demandante el 4 de
abril de 2016 (f. 3), de manera que, si se tiene en cuenta la
finalización de las vinculaciones (31 de diciembre de 2013, 31 de
diciembre de 2014 y 15 de febrero de 2015), es posible colegir que
frente a éstas no operó el fenómeno de la prescripción e xtintiva del
derecho, por lo que procederá la Sala a conceder la totalidad de
derechos derivados de la r elación laboral desconocida al actor, los
cuales se concederán por los períodos exactos de duración de cada
vínculo contractual, pues el análisis sobre la interrupción de los
contratos solo recae sobre la ocurrencia de la prescripció n, mas no
para hacer ma terial la indemnización a que haya lugar, la cual debe
corresponder a lo que verdaderamente se laboró» 10.

Por otra parte, negó la devolución de lo pagado por concepto de
retención en la fuente conforme al criterio expuesto por el Consejo
de Estado según el cual no hay lugar a ello y no accedió a l pago de
la sanción moratoria por el pago ta rdío de las cesantías en el
entendido que solo hasta la ejecutoria de la sentencia que declara

10 F o l i o 711 del expediente.
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la existencia de la relación laboral se hacen exigibles los derechos
laborales y prestacionales.

Asimismo, negó el reconocimiento y pago de horas extra s, con
fundamento en que la calidad del demandante durante su
vinculación a la entidad demandada no era la de servido r público y
tampoco se probó el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 36 del De creto 1042 de 1978, porque no se determinó el
nivel al cual per te necía el empleo con funciones similares al del
señor JULIAN MAURICIO GARAY CASTRO, ni la existencia de
autorización previa para el cumplimiento de horas extras.

Igualmente resolvió no acceder al reconocimiento de los perjuicios
morales reclamados, toda vez que a su juicio no se demostró la
presencia de un daño que debiera ser indemnizado.

5. Los recursos de apelación

5.1. La Unidad de Gestión P ensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP 11 solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia, pues afirmó que no se configuraron los
elementos constitutivos de la relación laboral.

De acuerdo con lo anterior, destacó que el juez de primera instancia
realizó una indebida valoración probatoria porque no tuvo en cue nta
que los testigos que declararon en el proceso tenían un interés
directo en las resultas de este, que uno de ellos es el hijo del
apoderado del señor JULIAN MAURI CIO GARAY CASTRO, que las
declaraciones no se fundamentan en la realidad y que existe todo
un cartel que se dedica a demandar a la entidad para que se declare
la existencia de una relación laboral, cuando las personas
vinculadas por con trato de prestación de servicios conocían, con la
suscripción del contrato, las condiciones de su ejecución.

Además, resaltó que las pruebas documentales no dan cuenta que

11 F o l i o s 720 a 739 del expediente.
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el demandante recibió órdenes y tampoco que cumplió un horario
laboral, pues lo q ue se evidenció e s que prestó sus servicios de
forma autónoma, en turnos que él escogía, lo cual no está permitido
para los servidore s públicos quienes deben atender a una jornada
laboral en virtud del vínculo que mantienen con la entidad.

En ese sentido, aseguró que no se puede inferir la sub ordinación
del demandante por el despliegue de las labores propias del
contrato que celebró, respecto del cual la entidad contratante
reguló su cumplimiento bajo la supervisión del cumplimiento de las
actividades contratadas.

Asimismo, advirtió que las actividades desarrolladas por el
demandante no son inherentes a las funciones de la UGPP, pues el
objeto de la entidad está relacionado con el reconocimiento de
pensiones y no con la digitalización u organización de expedientes
pensionales.

De acuerdo con lo anterior , afirmó q ue no se configuró la relación
laboral declarada , porque la vinculación del señor JULIAN
MAURICIO GARAY CASTRO obedeció a la suscripción de contratos
de prestación de servicios y no se cumplió con la carga de probar
los elementos que constituyen toda relación laboral.

5.2. La parte demandante 12 presentó recurso de apelación para que
se revocara parcialmente la decisión judicial de primera instancia y
en su lugar se accediera a todas las pretensiones de la demanda,
por cuanto afirmó que el Tribunal advirtió la ocurrencia de
interrupciones entre un contrato y otro cuando en realidad el
servicio se prestó sin solución de continuidad, porque de las
pruebas aportadas quedó demostrado que nunca dejó de laborar en
el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2011 y el 15 de
febrero de 2015.

Por otra parte, manifestó que la condena ordenada por el Tribunal

12 F o l i o s 741 a 750 del expediente.
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no debió ser sobre los honorarios pactados en los contratos de
prestación sino sobre el salario d evengado por un profesional
especializado, código 2028, grado 21 el nivel central, el cual hace
parte de la planta de cargos de la UGPP y tiene asignadas las
mismas funciones que ejerció: radicación, p reparación,
distribución, organización, digitalización, indexación, verificación
de la correspondencia recibida por la UGP P.

Aunado a lo anterior, señaló que se debió reconocer el recargo
nocturno solicitad o, porque fue demostrado en el plenario que
laboró en el turno de madrugada desde el 15 de diciembre de 2011
al 7 de octubre de 2012 en las instalaciones de la sede Marriot de
la UGPP y adicionalmente alegó que le asistía derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por la omisión en el pago
de cesantías, y la indemnización por no consignación de cesantías ,
toda vez que al configurarse la relació n laboral tenía derecho a ello.

Finalmente, pidió condenar en costas a la parte demandada, puesto
que resultó vencida en el proceso y hubo una movilización del
aparato judicial que generó gastos.

6. Alegatos de concl usión en segunda instancia

6.1. La parte demandante 13 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación relacionados con la prestación del servicio sin
solución de continuidad, la liquidación de las prestaciones sobre el
salario devengado por un profesional especializado, código 2028,
grado 21 y la condena en costas a la entidad demandada.

6.2. La Unidad de Gestión P ensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP 14 ratificó que la relación laboral deprecada no
existió, ni se puede colegir de las pruebas aportadas al expediente,
motivo el cual se debe revocar la decisión de primera instancia.

13 F o l i o s 794 a 797 del expediente.
14 F o l i o s 798 a 817 del expediente.
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Demandante: Julián Mauricio Garay Castro

7. Concepto del Mini sterio Público

El Ministerio Público guardó silencio como consta en el informe
secretarial visible en folio 818 del expediente.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General d el Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin restricciones.

2. Problema jurídico

De acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación , se deberá
determinar si ¿entre el señor JULIAN MAURICIO GA RAY CASTRO
y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales se
presentó una relación laboral , encubierta a través de contratos de
prestación de servicios?

Adicionalmente, será necesario establecer el alcance del
restablecimiento del derecho, en caso de que haya lugar a este.

Así las cosas , para resolver el proble ma jurídico planteado, la Sala
desarrollará e l siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y
jurisprudencial y (ii) caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Sobre la relación laboral o subyacente

En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 15 en la que ha considerado que

15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expedient e 0088-2015,
magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.

De acuerdo con lo anterior, para a creditar la existen cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continua da.

Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios
relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad
pública, caso en el cual el contratista es autóno mo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere conocimientos
especializados.

Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 16, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y o tra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades

– 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
16 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C

ponente: Hernando Herrera Vergara.
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«relacionadas con la administrac ión o funcionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.

En ese orden de ideas, cuando se logra d esvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.

Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 17.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y
señaló que el pago de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral d el
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:

«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udencia l, r esult a im per ioso
unif icar el pr eceden t e con el f in últ im o de acoger el cr it er io que
sea m ás f avor able a los ciudadan os que acuden ant e la j ust icia
cont encioso - adm in is t r at iva en busca de obt ener el r econoci m ient o
de los d er echos qu e er an inh er ent es a una r elac ión labor a l per o
que la Adm inist r aci ón disf r azó con la suscr ipción de un cont r at o
est at al, par a lo cual ha de adver t ir se qu e el r est ablec im ient o del
der echo es una consecuencia l ógica de la nul idad que se de cr et a,
ya que una vez ej ecut or iada la sent encia que así lo declar a, el act o
adm inist r at ivo desa par ece del m undo j ur í dico, por lo qu e los

17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008, expediente 2776 -05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.
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der echos y sit uacion es af ect ados deben volver a su est ado inicia l,
es decir , que en las cont r over sias de cont r at o r ealidad hay lugar a
r econocer las pr estaciones que el cont r at ist a dej ó de devengar y
el t iem po de ser vic i os con f ines pens io nales, pues su sit u ación
j ur í dica f ue m ediant e un cont r at o est at al, per o que en su ej ecución
se dier on los elem e nt os const it ut ivos d e una r elaci ón la bor al, que
en caso de haber s i do vincu lado com o em pleado púb lic o h ubiese
t enido der echo a las m ism as pr est acione s que deveng an los dem ás
ser vidor es de plant a de la r espect iva ent idad.

Por consiguien t e, no resul t a procedent e condenar a l a agenci a
est at al demandada al pago de l as prest aci ones a l as que t ení a
derecho el cont r at i st a - t rabaj ador a t í t ul o de reparaci ón
i nt egral de perj ui ci os, dado que estas se reconocen como
ef ect o de l a anul ación del act o que l as negó , pese a su derecho
a ser tr at ado en igualdad de cond ici ones que a los dem ás
em pleados públ icos vinculados a t r avés de una r elación legal y
r eglam ent ar ia, est o es, a pesar de t ener una r em uneración
const it uida por los honor ar ios pact ad os, le f u e cer cena do su
der echo a r ecibir las pr est aciones que le hubier e cor r espondi do si
la Adm in ist r ación no hubiese usado la m odal idad de cont r at ación
est at al par a esconder en la pr áct ica una r elación de t r abaj o» 18.

En cuanto a los derechos prestacionales deri vados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a
que su exigibilida d es imposible antes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral t ie ne carácter consti t utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 19.

Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que significa que debe solicita r la

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
19 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,

sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152 -06, magistrado ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 20.

De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contra to realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo t ant o, si qu i en pr et ende el r eco nocim ient o de la r e l ación
labor al con el Est ad o, se excede de los tr es años, cont ados a p ar t ir
de la t er m inación de su ví nculo contr act ual, par a r eclam ar los
der echos en ap lica ción de l pr inc ip io de la “ …pr im ací a de la
r ealida d sobr e l as f or m alidades est ab leci das por los su jet os d e la s
r elacion es labor a les ” ( ar tí culo 53 const it ucional) , se ext i ng ue el
der echo a solicit ar las pr est aciones que se der iven de aquell a,
pues dicha s it uació n se t r aducir í a en su desint er és, que no p uede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .

Per o en aquellos cont r at os de pr est ación de ser vicios, pactados
por un int er r egno de t er m inado y que la e j ecución ent r e uno y ot r o
t iene un lapso de inter r upción, f r ent e a cada uno de ellos habr á de
anal izar se la pr escripció n a par t ir de sus f echas de f inal iz ación,
puest o que uno de l os f undam ent os de la exist encia de l con t r at o
r ealida d es pr ecis am ent e la vocació n de per m anencia en e l
ser vicio. Por consig uient e, le cor r espo nder á al j uez ver if i car si
exist ió o no l a cit ad a int er r upción c ont r act ual, que ser á e x cluid a
de r econocim ient o y exam inada en det a ll e en cada caso par t i cular ,
en ar as de pr ot eger l os der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las aut or idades adm inist r at ivas al encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vi ci os».

Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.

Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 21 estableció las siguientes pautas de unificación frente a

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
21 C o n s e j o de Estado, Sa la de lo Contencioso Administrativo, Sección

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varios aspectos del contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictament e indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación lab oral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.

Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …] ( i ) La pri mera regl a def ine que el concept o de «tér m ino
est r ict am ent e indis pensable » , al que alude e l num er al 3 . º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado en los es t udios
pr evios y en el objet o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de p lane aci ón, t iene que est ar j ust if icado en la nec e sidad
de la pr est ación del ser vicio a f avor de la Adm inist r ación, de f or m a
esencia lm ent e t em por al y, de ni nguna m aner a, con ánim o de
per m anencia.

( i i ) La segunda regl a est ablece un pe r í odo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f inaliz ación de un cont r at o y la ej ecución del
sigui ent e, com o t ér m ino de la no sol uci ón de cont inu idad, e l cual,
en los casos q ue se exceda, podr á f lexi b il izar se en at enc ión a las
especia les cir cunst a ncias que el j uez e ncuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.

( i i i) La t ercera regl a det er m ina que f rent e a la no af iliac i ón al
sist em a de la Se gur idad Soc ia l en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hub ie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».

En esta misma providencia expresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó

Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política 22.

4. Análisis del caso concreto

Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo
probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue
controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados
los siguientes hechos relevantes:

4.1. Hechos probados

a) Contratos de prestación suscritos entre la demandante y la
Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión Pensional y
Contri buciones P arafiscales de la Protección Social . De acuerdo
con la certificación expedida por la UGPP visible en folios 25 a 30
del cuaderno principal y la s p ruebas documentales aportadas con
el expediente administrativo se evidencia que el señor JULIÁN
MAURICIO GARAY CASTRO suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios con la Unida d Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social:

Contratos de
Fecha
prestación de Objeto Fecha final Valor contrato
inicial
servicios
0.360-2011 Prestación de servicios de 15/12/2011 14/02/2012 $ 2.640.000
apoyo operativo a la Unidad
Administrativa Especial de
Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP,
para la indexación de
expedientes pensionales,
novedades de nómina, procesos
judiciales, pagos de nómina de
pensionados, cuotas partes
pensionales, bonos
pensionales y demás
documentos necesarios para la
operación de la entidad

03.056-2012 Prestación de servicios de 17/02/2012 30/09/2012 $ 10.424.400
apoyo operativo a la Unidad
Administrativa Especial de
Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de

22De igual manera mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.
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la Protección Social - UGPP,
para el recibo, organización,
digitalización, control de
calidad e indexación
documental de expedientes
pensionales, novedades de
nómina, procesos judiciales,
demandas penales, pagos de
nómina de pensionados, cuotas
partes pensionales, bonos
pensionales, cobro coactivo de
cuotas partes, inclusiones de
nómina y cobro persuasivo de
cuotas partes, y demás
documentos necesarios para la
operación de la entidad

03.319-2012 Prestar servicios de apoyo 03/10/2012 30/12/2012 $4.780.200
operativo y logístico a la
Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP,
en los procesos de recibo,
organización, digitalización,
control de calidad, indexación,
verificación y custodia
documental, necesarios para la
operación de la entidad
03-052-2013 Prestar servicios de apoyo 04/01/2013 18/05/2013 $ 6.939.000
operativo y logístico a la
Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP,
en los procesos de recibo,
organización, digitalización,
control de calidad, indexación,
verificación y custodia
documental, necesarios para la
operación de la entidad
03.299-2013 Prestación de servicios de 21/05/2013 31/12/2013 $ 18.416.667
apoyo a la Unidad
Administrativa Especial de
Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP,
para brindar acompañamiento y
orientación en los procesos de
recibo, organización,
digitalización, control de
calidad, indexación,
verificación y custodia
documental, necesarios para la
operación de la entidad
03.295-2014 Prestación de servicios de 24/01/2014 30/06/2014 $ 14.386.667
apoyo a la gestión de la
Subdirección de Gestión
Documental como líder de
control calidad dentro del
proyecto de intervención
documental así como participar
activamente en el
acompañamiento y orientación
de los procesos que se
requieran en el recibo,
organización, digitalización,
indexación, verificación y
control de calidad del volumen
documental inherente a la
operación de la Unidad
03.543-2014 Prestación de servicios de 08/07/2014 31/12/2014 $15.080.000
apoyo a la gestión de la
Subdirección de Gestión
Documental como líder de
control calidad dentro del
proyecto de intervención
documental así como participar
activamente en el
acompañamiento y orientación
de los procesos que se
requieran en el recibo,
organización, digitalización,
indexación, verificación y
control de calidad del volumen
documental inherente a la
operación de la Unidad

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03.087-2015 Prestación de servicios de 16/01/2015 16/02/2015 $2.600.000
apoyo a la gestión de la
Subdirección de Gestión
Documental como líder de
control calidad dentro del
proyecto de intervención
documental así como participar
activamente en el
acompañamiento y orientación
de los procesos que se
requieran en el recibo,
organización, digitalización,
indexación, verificación y
control de calidad del volumen
documental inherente a la
operación de la Unidad

c) Solicitud de re conocimiento y pago de prestaciones
sociales. El 4 de abril de 2016 , el señor JULIAN MAURICIO GARAY
CASTRO presentó solicitud ante la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP 23 con el propósito que se le
reconociera que existió un vínculo lab oral desde el 15 de diciembre
de 2011 al 30 de enero de 2015 y en consecuencia se le pagaran
todas las prestaciones a que tenía derecho.

d) Acto adminis trativo demandado expedido por la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.
Mediante oficio No . 201616201293191 del 4 de mayo de 2016 24, la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
negó la petición del demandante con fundamento en que, de los
contratos de prestación de servicios suscritos no se desprenden
obligaciones laborales como las pretendidas conforme lo previsto
en la Ley 80 de 1993.

4.2. Análisis sustancial

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial citado y las
pruebas allegadas al expediente la Sala de Decisión advierte lo
siguiente en relación con los elementos que configuran la relación
laboral:

✓ La prestación personal del servicio:

El demandante a creditó la prestación personal del servicio como se
evidencia de los ocho (8) contrato s visibles en el expediente

23 F o l i o s 3 a 13 del expediente.
24 F o l i o s 14 a 30 del expediente.
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administrativo, los cuales suscribió la Unidad de Gestión Pensional
y Contribuciones P arafiscales – UGPP entre los años 2 011 y 2015,
los cuale s tenían por objeto la prestación de apoyo operativo a la
entidad en los procesos de recibo, organización, digitalización,
control de calidad, indexación, verificación , custodia y control de
calidad documental.

Bajo ese contexto, de acuerdo con los contratos aportados y los
objetos contractuales, la Sala considera que este elemento se
encuentra demostrado.

✓ Remuneración por el servicio prestado

En lo que se refiere a este elemento de la relación laboral no es
objeto de debate, toda vez que las partes coinciden en que durante
el tiempo en que el señor JULIAN MAURICIO GARA Y CASTRO
prestó sus servicios a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribucion es Parafiscales – UGPP, percibió las sumas pactadas
en los contratos por concepto de honorarios .

✓ Subordinación y dependencia

En relación con la subordinación, la Sala de Decisión o bserva que
además de los contratos de prestación de servicios se allegaron los
siguientes medios de prueba:

Documentales:

i. Cer t if icació n de la em pr esa CYZA en la que señaló que la sede
M ar r iot de la UG PP «no f ue a lo lar go del cont r at o suj et a de cont r ol
de acceso por par te de nuest r a em presa, de acuer do con las
obli gacio nes cont r act uales » 2 5 .

ii. Cor r eos elect r ónicos en f olios 592 a 677 del exped ient e, los cuales
f uer on seleccion ado s por la par t e dem andant e de los 3510 co r r eos
apor t ados por la U G PP en r azón a la or den de la m agis t r ada
sust anciador a qui e n en audienci a de pr uebas los lim it ó a 50
cor r eos que a j uicio del int er esado de m ost r ar an la r elación de
subor dinac ión , cuyo cont enido se expon dr á m ás adelant e .

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ii i. Cuadr os de t ur nos en f olios 31 a 4 04 apor t ados con por el
dem andant e con el escr it o del m edio de co nt r ol .

Testimoniales:

En el trámite del proceso se recaudaron los siguientes testimonios,
los cuales constan en el CD a folio 533 del expediente, y respecto
de los cuales el apoderado de la parte demandante advirtió que los
testigos tienen en curso demandas por las mismas circunstancias
que se discuten en el presente proceso, motivo por el cual fueron
tachados de sospechosos por la apoderada de la UGPP en el
curso de la audiencia de pruebas :

✓ Andrés Alejandro Quintero Pacheco 25

Declar ó que labor ó ent r e noviem br e de 2011 y m ayo de 2013 en la
UG PP, per iodo dur ant e el cual f ue coordi nador del dem andant e a
quien de legó par a qu e est uvier a en la sed e M ar r iot de la UG P P. I ndicó
que el dem andant e debí a cum plir un hor ar io por que debí a responder
por unas m et as semanales y no podí a disponer de su t iem po pues si
no t ení a excusa m édica no podí a ause nt ar se . Señaló que el
dem andant e se encar gaba de dos f unciones: indexar y cont r ol de
calid ad y asegur ó que nunca r ecibió expedient es ni los digit a lizó.
I ndicó que las f unciones del dem anda nt e er an necesar ias par a el
desar r ollo de l obj et o de la ent idad t eni endo en cue nt a que
const ant em ent e se r ecibí an expedi ent e s pensiona les. Advi r t ió que
cualqu ier per sona o f uncionar io de plant a podí a r ealizar las funciones
del dem andant e. D i j o que el dem anda nt e t r abaj ó un per iodo sin
cont r at o per o que no pr ecisaba en q ué f echas. Af ir m ó que dent r o del
cont r at o no est aba f acult ado par a im par t ir ór denes al demandant e,
sin em bar go él debí a t r ansm it ir las ór denes de su j ef a dir ecta, Neif is
I sabel Ar auj o .

✓ Yesid Mauricio Lozano González 26

Declar ó qu e ent r ó a t r abaj ar a la UG PP en f ebr er o de 2012 y est uvo
hast a diciem br e de 2015. M anif est ó que t r abaj ó con el dem andant e
en el t ur no de 2 PM a 10 PM en la sede M ar r iot de la UG PP. Y t am bién
de 10 PM a 6 AM . Señaló que las j ef es del dem and ant e e r an Neif is
I sabel Ar auj o y Claud ia Um aña. Indicó que las f unciones
desar r ollad as por el dem andant e podí a r ealizar l as cual quier per sona
y siem pr e debí an ej ecut ar se por que er an indispens ables p ar a el
f uncionam ient o de la UG PP. Asegur ó que par a ausent ar se del t r abaj o

25 M i n . 0:12:35 a 0:47:50.
26 M i n . 0:50:50 a 1:14:07.
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debí an t ener una j ust if icación m éd ica y que la UG PP sum i nist r aba
t odos los elem ent os par a r ealizar su t r abaj o.

✓ Edwin Fernando Moreno Poveda 27

Declar ó que con oció al dem andant e en e l año 2011 cua ndo i ngr esó a
la UG PP. M anif est ó que en dic iem br e de 2014, conoci ó que al
dem andant e no se le conced ió per m is o par a ir se de vac aciones.
I ndicó que so lo podí an ausent ar se del t r abaj o con una excus a m édica.
Asegur ó que cum p l ier on un hor ar i o la bor al y que s iem pr e vio a l
dem andant e en el t ur no de 2 PM a 10 PM . Advir t ió que la em pr esa
CYZA er a la que vigilaba el cum plim ient o de los hor ar ios. Af irm ó que
el dem andant e la bor ó en la bodeg a cal le 13 y que ahí se debí a cum plir
un hor ar io. Af ir m ó que hubo p er iodos en los qu e t r abaj ar on sin
cont r at o .

Al resolver la tacha de sospecha que presentó la apoderada de la
entidad demandada contra las citadas declaraciones, el A quo
sostuvo que (i) en el proceso se encuentra demostrado que l os
testigos han interpuesto reclamaciones judiciales ante los Juzgados
Administrativos p or los mismos hechos y pretensiones, en
consecuencia, su credibilidad podría estar en entredicho, dado el
interés directo en las resultas del pro ceso, (ii) sin embargo, anotó
que, la jurispru dencia constitucional considera que esta
circunstancia por sí sola no invalida este tipo de declaraciones, ya
que el juzgador puede libremente, haciendo uso de su arbitrio,
atribuir o restar valor probatorio a las declaraciones, expr esando
las razones en que apoye su proceder, y analizarlo con severidad,
(iii) concluyó que los mismos permiten inferir que el d emandante
desempeñaba sus funciones subordinadamente, pues cumplía un
horario de trabajo, recibía órdenes por parte de u n superi or
inmediato, no tenía autonomía para el desarrollo de su labor,
utilizaba no solo las instalaciones de la entidad para prestar su
servicio, sino los insumos necesarios para efectuar su actividad y
cumplió por un largo período labores misionales propias de la
entidad.

Contrario a lo considerado por el Trib unal, en criterio de esta Sala
de subsección, una vez valoradas las declaraciones te stimoniales

27 M i n . 1:17:09 a 1:35:48.
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a la luz de la sana crítica, y en conjunto con las pruebas
documentales aportadas, se concluye que no otorgan certeza
sobre la existencia de subordinación o falta de autonomía del señor
JULIÁN MAURICI O GARAY CASTRO en la ejecución de sus
actividades contractuales, puntualmente en la i) imposición de un
horario para la realización de las actividades contratadas , ii) la
dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, esto es,
su inserción en el círculo rector, o rganizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que este ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual, iii) la inherencia de las funcio nes como
parte esencial para el cumplimiento misional de la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social en el reconocimiento pensional , ni que las
actividades o tareas a desarrollar correspondan a las qu e tienen
asignadas los servidores de plant a, con fundamento en las
siguientes razones:

(i) Los objetos d e los contratos suscritos por e l d emandante
consistían en prestar apoyo operati vo a la entidad demandada
para el recibo, organización, digitalización, control de calidad e
indexación documental de expedientes pensionales, así como el
apoyo a la Subdirección de Gestión Documental como líder de
control calidad den tro del proyecto de inte rvención docu mental ,las
cuales son actividad es de apoyo a la gestión, claramente
relacionada s con funciones operativas y logísticas, qu e no hacen
parte del giro o rdinario de la activid ad encomendada a la entidad
demandada consistente en «el reconocimiento de derechos
pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales […]
causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media
del orden nacional » 28 y no digitalización u organización de
expedientes pensionales como bien lo indicó la UGPP en el recu rso
de apelación que presentó.

28 A r t í c u l o 156 de la Ley 1151 de 2007
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Estas actividades o tareas que desarrollar no eran misionales de la
entidad, sino de apoyo operativo y de apoyo a la gestión en
procesos de digitalización y custodia documental dentro del Plan de
alistamiento de las entidades a recepcionar, como se desprende de
los estudios previos allegados al proce so.

Dichas actividades de apoyo a la gestión se caracterizan por la
independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la
labor convenida con la contratante, lo cual lo exime de recibir
órdenes para el desarrollo de sus actividades, es decir , no significa
que en este tipo de contratación no puedan generarse
instrucciones, por lo tanto, en crite rio de la Sala de Decisión las
pruebas aportadas no resultan suficientes para demostrar que la
imposición de un horario para desarrollar las actividade s, y las
directrices dadas por el supervisor o coordinador del contrato,
constituyan subordinación laboral, pues son instruccion es que se
enmarcan dentro de los parámetros básicos y generales que
resultan indispensables para el buen funcionamiento de la en tidad
y la correcta prest ación del servicio.

(ii) No existe total claridad frente al cumplimiento de un horario
presuntamente establecido por la entidad demandada, puesto que
si bien con la demanda se aportaron lo «cuadros de turnos» que
constan de siete columnas en las que se incluye la siguiente
información: «radicado, PDF, indexador, turno, observaciones y
bandeja», lo cierto es que no existe certeza sobre la p rocedencia
de la información ahí consignada, quién la certificó y mucho menos
a qué se refiere con los radica dos y turnos, esto es, si
correspondían a una jornada laboral, en todo caso, estos no son
indicativos de una subordinación sino de la coordinación inherente
entre contratante y contratista para el cumplimient o de sus
actividade s.

Adicionalmente, si bien los testigos manifiestan el cumplimiento de
un horario, una vez analizados a la luz de la sana crítica y de cara

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a las pruebas documentales aportadas, se evidencia que no existe
respaldo documental de tales afirmaciones, por cuanto los «cuadros
de turnos» no demuestran la «imposición» de un horario por parte
del jefe de la entidad, sino la mera coordinación de unos tiempos
en los que se prestaría el servicio contratado.

(iii) Ahora bien, en cuanto a los correos electrónicos
seleccionados por el demandante, se evidencia que la mayoría de
ellos no están rela cionados con el elemento de subordinación que
se pretende probar, sino que se refieren a asuntos propios del
desarrollo contra ctual, por ejemplo: el recordatorio de la
supervisora del co ntrato de cumplir con el objeto contractual.

En ese sentido, excepcionalmente se advirtieron correos
electrónicos que podrían constituirse en un indicio para la
configuración de la relación laboral , como una excusa del
demandante en la que informó la imposibilidad de asistir a la
entidad por una calamidad doméstica fechada el 1 de noviembre de
2013 y la aprobación por parte de la Dirección de Soporte y Apoyo
Organizacional de la UGPP del 10 de abril de 2014 en la que indicó
que se lo concederían los días 12 y 19 de abril de 2014 como
«compensatorios».

A modo de ilustración , nótese que, en el correo electrónico del 3 de
marzo de 2012, suscrito por el demandante y dirigido a Guillermo
Bermejo Rubacalva, indicó:

«HO LA WI LLE
PO R FA CHI NI TO APENA S LLEG UE A LA O FI CI NA M E LLAM A A
LA CASA
Cor dia lm ent e
M AURI CI O G ARAY» sic en t oda la cit a

Posteriormente, el 20 de marzo de 2012, el demandante le envía
nuevamente un correo a Guillermo Bermejo Rubalcava en el que
manifestó:

«Q ue se dice doct or G uillo

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Hay t r abaj e t odo lo que se pudo de T N en la b adej a de M ar i sol de
ser gio bor bon y la m ia a est as chinas las m ande t em pr ano par a la
casa por que no t ení a que poner las a hacer cualquier cos a que
necesit e m e llam a a la casa al 687 2041 » sic en t oda la cit a.

El 30 de marzo de 2012, el demandante envió un correo electrónico
a Guillermo Bermejo Rubacalva en el que le manifestó:

«Guille buen día
Chinito discúlpeme por llegar un poco tarde hoy e irme
temprano, lo que pasa es que tengo un malestar estomacal
tremendo y casi no pude dormir ayer, pero tratamos de sacar
lo que mas pudimos de wgomez chao nos vemos esta noche
cualquier co sa 6872041 chao» sic en toda la cita.

El 11 de julio de 2 012, el demandante le envió correo electrónico a
sergioupp@gmail.com y julianugpp@gmail.com , en el que
manifestó:

«BUE NO S D I AS M UCHAC HO

YA TERM I NE EL 414 EM PESE EL EP 20120118 CC170 705 20 DE
116 BO Y EN EL 42 SI Q UI EREN DEJENM ELO PARA TERM I NARLO
YO O CO MO Q UI ERAN JAJAJ DE TO DA S M ANER AS SI Q UI ER N
YO HAG O LO S G RANDES I G UAL CO M O SEA, LO O TRO ES Q UE
M AÑANA YO TRA T O DE LLEG AR M AS TEM PRANO PAR A Q UE
UNI FI Q UEM O S CRI TERI O PO R Q UE PO R HAY HA Y G ENT E Q UE
ESTA DI CI EN DO Q UE NO S ESTM O S CO NTRADI CI O NDO
ENTO NCE S YO TRATO DE LLEG AR T EM PRANO CHAO C HATO S
Q UE TENG AN UN B UEN DI A» sic en t od a la cit a.

Esto es, el demandante tenía la autonomía de decidir la hora de
llegada, pues de estos correos lo que se evidencia es que no existía
una exigencia del cumplimiento de un horario, sino q ue tenía la
libertad de llegar a la hora que le fuera conveniente, por cuanto,
como se vio , manifestaba que fuera llamado a su casa en ca so de
necesitarlo.

En ese sentido, un servidor público co n una relación labo ral vigente
con el Estado está sometido a una jornada laboral que no le permite
tener el grado de autonomía del demandante para manifestar que
«trata de cumplir con su trabajo» o «trata de llegar temprano», pues
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tiene la obligación , y no la facultad , de cumplir con un horario
laboral y las exige ncias de los jefes inmediatos, el contratista debe
cumplir es con el objeto contractual y p resentar los respectivos
informes de actividades al supervisor para que le sean pagados sus
honorarios tal como lo hizo el señor JULIAN MAURI CIO GARAY
CASTRO.

Ahora bien, m ediante correo elect rónico del 5 de diciembre de 2013,
dirigido al demandante y otros, la supervisora del contrato señal ó:

«El gr upo deber á cu m plir con las m et as est ablecid as, de ac uer do
a la pr ior idad y a l pr ocedim ient o as ig nado: ya que si s o lo se
dedicar an a ef ect uar r evisión de lo que hace Colvist a la pr od ucción
ser í a el doble ya que la act ividad d ism in uye en m ás del 50 % »

Igualmente, en correo electrónico del 6 de diciembre de 2013, la
supervisora del co ntrato le indicó al demandante y otros:

«Agr adezco el cum p lim ient o de l a m et a est ablecid a».

Por otra parte, se evidencia que, en correo electrónico del 16 de
enero de 2014, suscrito por el señ or Sergio Alejandro Cuevas
Monroy quien firma como Coordinador Calidad Imagen,
Normalización e I ndexación, contratista de la UGPP, remitido al
demandante en tre otros, le indicó:

«Buenas t ar des, por m edio de la pr esen t e m e per m it o inf orm ar lo
t r at ado en r eunión con la doct or a Claudia Um aña, el gr upo de
calid ad deber á pr est ar su t ur no en hor ar io nor m al so pena de no
ser cont r at ados por la ent idad ( pala br as lit er ales de la doc t or a) ,
est os dí as no ser án p agos o t enidos en cuent a en com pensat or ios
( t m b palabr as lit er al es de la d oct or a) . Siendo así quie n dese e ser
cont r at ado, deber á pr est ar su t ur no y cum plir su pr oducció n ( de
nuevo palabr as lit er ales de la doct or a ) . Cualqu ier novedad con
r espect o al t em a del cont r at o y el posibl e o no pago de est os dí as,
les ser á inf or m ado. Agr adezco su at enci ón y quedo at ent o ».

No obstante, no se tiene prueba sobre la veracidad de esta
información en el entendido que no se sabe si en realidad provino
del contratista Sergio Alejandro Cu evas Monroy o si fue una
directriz de una de las servidoras p úblicas de la UGP P . En todo
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caso la imposició n de un horario o de turnos de trabajo es
competencia del jefe de la entidad, según lo dispuesto en el artículo
33 del Decreto 1042 de 1978, circunstancia de la cual no se tiene
prueba en el presente proceso .

De igual manera, se evidencia el co rreo electrónico del 7 de febrero
de 2014, de la supervisora del contrato, dirigido al d emandante,
entre otros, en el que manifestó:

«Buenos dí as

De acuer do a l a inf or m ación sol icit ada en la vig encia p as ada y
com o lider es que coor dinan el pr oces o de calidad, agr adezco
r em it ir a m ás t ar dar el 10 de f ebr ero de 2013, los inf or m es
consol idados y por m enor izados décad a m es de ej ecución los
cuales vení a elab or ando Ser gio desd e el inic io de l pr oyect o.

Es de r esalt ar que est os deben ser r em it idos de f or m a punt ual
t odos los m eses.

Q uedo at ent a cualq uier inqu iet ud con g ust o ser á at endida» sic en
t oda la cit a

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión no advierte un solo
correo en el proceso en el que se le exija al demandante que
cumpliera con una jornada laboral y en gracia de discu sión si se
llegara a aceptar el cumplimiento de unos turnos, ello no implica
necesariamente que se configure el elemento de subordinación,
porque también puede darse por cierto que se debió a una labor de
coordinación con el supervisor.

De acuerdo con lo expuesto, el demandante no acreditó su inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de
manera que demostrara que este ejerció una influencia decisiva
sobre las condicio nes en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual.

(iv) De acuerdo con lo anterior no existe certidumbre de la
existencia de «órdenes e instrucciones» por parte de jefes
inmediatos o superiores de la entidad sino de los supervisores del

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contrato, tal y como se desprende de la presentación de informe
de actividades mensuales por parte del contratista pre vio al p ago
de los honorarios, de lo cual se sigue que no está probado que la
entidad demandada ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que el señor JULIÁN MAURI CIO GARA Y CASTRO
llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual.

(v) De otra parte, aun cuando los testigos manifestaron que sí se
cumplía un horario, no pasa desapercibido para la Sala, el interés
directo que les asiste en el proceso, toda vez que se encuentran
en la misma situación que el demandante, en la medida que
demandaron por los mismos hechos y pretensiones.

En criterio de esta Subsección, luego de analizar los test imonios de
acuerdo con las circunstancias del caso y de cara a los cuadros de
turnos, de los cuales no se tiene certeza sobre su procedencia en
la medida que no están suscritos por la supervisora del contrato, ni
por ningún otro servidor público de la entidad demandada, y los
correos electrónicos aportados; dichas declaraciones no otorgan
certeza sobre la imposición unilateral de un horario por parte del
jefe de la entidad demandada, pues, aunque declararon que el
demandante cumplía unos turnos, esto se debía al cumplimiento de
las metas concertadas en el contrato de prestación de s ervicios, ta l
y como se constata con los cuadros de turnos aportados con la
demanda.

En punto al tema, se insiste en que las hojas de turnos no provienen
de ningún servidor público, no se conoce su autoría, bien pudieron
ser elaborados por el propio dema ndante como parte de su
organización o p laneación, o simplemente ser parte de la
coordinación con un supervisor sobre el cumplimiento de las metas;
además, la Subsección reitera que los meras declaraciones de
terceros sobre la ocurrencia de unos hechos que no encuentran
respaldo en la pru eba documental o conjunto probatorio, no tienen
la suficiencia para acreditar los hechos indicadores de la
subordinación.
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Además, los testigos no dan cuenta de la imposición d e funciones
diferentes a las pactadas en el cont rato, ni tampoco de la
continuada subordinación o dependencia del señor JULIAN
MAURICIO GARAY CASTRO, habida cuenta que, no se resuelven
cuestionamientos relacionados con ¿qué órdenes recibió el
demandante?, ¿de quién las recibió? , ¿en qué período?, ¿de qu é
forma?, ¿en qué lugar? ¿en realidad cumplió una jornada laboral?,
¿existió una subordinación continuada?, es decir, no hay evidencia
sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la
supuesta subordinación alegada por el demandante, ya que estas
tan solo dan cuenta de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista .

(vi) En punto a la d emostración de la s ubordinación debe recordarse
que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
toda relación de servicios implica ne cesariamente la existencia de
este elemento, ya que entre contratante y contratista puede existir
una relación de coordinación de actividades, donde el segundo es
libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la activida d encomendada, como: a) un horario; b) e l
hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; y, c)
tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no
significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación.

(vii) Tales aspectos, que conciernen a la demostración del elemento
subordinación, acorde con criterios que rigen la actividad
probatoria, pueden ser acreditados a través de documentos, y
testimonios de terceros, imparcia les y directos que hubieren
presenciado directamente las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que fueron desarrolladas las actividades realizadas por el
demandante en cumplimiento de los contratos celebra dos con la
entidad demandada, pues se hace indispensable para el fallador
obtener certe za d e la constante sujeción a normas, reglamentos y
directrices del contratante que impidan al contratista actuar con

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total libertad en el cumplimiento del objeto contractual, empero, en
el presente caso las pruebas testimoniales no son diáfanas en
acreditar los hechos indicadores de una subordinación,
específicamente la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar, bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trab ajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, pues como quedó
expuesto, las declaraciones tan solo dan cuenta de un ejercicio
normal de coordinación con el contratista, además, las actividades
o tareas a desarrollar no eran misionales de la entidad, sino de
apoyo operativo y de apoyo a la gestión.

En este punto, se reitera que ninguna de las pruebas documentales
demuestra el cumplimiento de un horario, puesto que, si bien se
aportaron los correos electrónico s que fueron enviados al
demandante, por la supervisora y coordinador del contrat o, de ellos
no se desprenden los hechos indica dores de una subordinación,
específicamente la dirección y control efectivo de las actividades
a ejecutar, pues como quedó expuesto, estos están circunscritos al
cumplimiento de las metas acordadas y la presentación de inf ormes,
de acuerdo con las actividades contratadas .

(viii) De otra parte, para la Sala, el hecho de que la entidad
proveyera al demandante de equipos para el desarrollo de sus
actividades y le o freciera capacitaci ones, no es suficiente para
demostrar una subordinación, sino que la UGPP le facilitó los
elementos materiales y académicos al contratista para el
cumplimiento del objeto contractual como fue sostenido por esta
Sala de Subsección en providencia del 2 de junio de 2022, proferida
en un caso similar tramitado bajo el radicado 4537 -2017.

A propósito , es importante tener en cuenta que el objeto contractual
del demandante se encontraba relacionado con el manejo de
documentos pensionales, esto es, información reservad a de tal

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manera que no era posible desarrolla r sus actividades por fuera de
la entidad.

Además, se resalta que, aun en gracia de discusión, de aceptarse
que el demandante, en su calidad de contratista, cumplió las
mismas funciones que un empleado de planta, ello no significa per
se que estuvo subordinado, puesto que es necesario que se aporte
el material probatorio suficiente para que no exista duda acerca de
la configuración de este elemento, circunstancia que no ocurrió en
el sub examine . De aceptar lo contrario cualquier contratista que
cumpla funciones de planta inmediatamente estaría ante una
relación laboral frente al contratante que exigiría el pago de
prestaciones sociales.

Por lo expuesto, a diferencia de lo considerado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para esta Sala, el acervo
probatorio obrante en la actuación no es concluyente en relación
con la configuración del elemento de subordinación, toda vez que
(i) los test imonios practicados no ofrecieron la credibilidad
suficiente previa valoración de los hechos por ellos manifestados a
la luz de la s prueba documental es aportadas, (ii) de los documentos
no emerge n de forma clara y certera las circunstancias de tiem po,
modo y lugar en que fueron desarrolladas las actividades del
demandante en cumplimiento de los contratos celebra dos con la
UGPP, (iii) no se demostró que al demandante se le impartieran
órdenes o se le asignara un horario, siendo imposible develar que
existió una posible subordinación, y (iv) las actividades o tareas a
desarrollar no eran misionales de la entidad, sino de apoyo
operativo y de apoyo a la gestión dentro del plan de alist amiento de
las entidades a recepcionar , por consiguiente, la sentencia de
primera instancia será revocada y en su lugar se negarán las
pretensiones del medio de control.

5. Condena en costa s

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa

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Demandante: Julián Mauricio Garay Castro

naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del pro ceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en
los numerales 4 29 y 8 30 del artículo 36 5 del Código General del
Proceso la Sala condenará en costas de ambas instancias a la parte
demandante, toda vez que (i) el recurso de apelación presentado
por la parte demandada prosperó, (ii) se revocará totalmente la
sentencia del inferi or y (iii) la entidad demandada intervino
activamente en el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por aut oridad
de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVO CAR la sentencia del 20 de abril de 2018,
proferida por la Subsección F de la S ección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentado por el señor JULIAN MAURI CIO GARAY
CASTRO contra la Unidad Administrativa Especial d e Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, con fundamento en las consideraciones expuestas. En su
lugar,

29 «4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias»
30 « 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e

causaron y en la medida de su comprobación».
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SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demand a por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas d e ambas instancias a la parte
demandante conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema
de Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada est a providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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