Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00044-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
Demandado: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Kemel Ahmed Ghotme Ghotme presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20211100142181 del 21 de julio de
2021, por medio del cual la jefe de la oficina asesora jurídica de la ESE demandada
le negó la existencia de una relación laboral por sus servicios como «médico
cirujano, especialista en neurocirugía y bioética», entre el 24 de abril de 2013 y el 9 de
julio de 2018, y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el periodo
reclamado, sin solución de continuidad; ii) la indemnización por la terminación de
la relación laboral sin justa causa; iii) el reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales y sociales que devengaban los empleados de planta de la ESE
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
demandada que desarrollaban sus funciones, tales como las cesantías y sus
intereses, vacaciones, bonificaciones por servicios y recreación y las primas de
servicios, navidad, y vacaciones, así como los aportes al sistema integral de
seguridad social; iv) el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago
de las cesantías y sus intereses; v) la indexación de las sumas que resultaren de
la condena; y vi) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Kemel Ahmed Ghotme Ghotme laboró de forma continua e ininterrumpida como
«médico neurocirujano» al servicio de la ESE Hospital Santa Clara III Nivel [hoy ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente], entre el 24 de abril de
2013 y el 9 de julio de 2018, vinculado a través de contratos de prestación de
servicios suscritos de forma directa con la entidad; no obstante, «lo que en la realidad
ocurrió fue la existencia y configuración de una verdadera relación laboral donde se
hicieron presentes los elementos de i) prestación personal del servicio, ii) remuneración
por la prestación del servicio y iii) subordinación, respecto de las labores que le eran
asignadas, razón por la cual su vinculación, realmente correspondió a la de un contrato de
trabajo» [sic].
3.2. Como médico especialista debía realizar actividades del giro ordinario de la
entidad demandada, esto es la prestación del servicio público de salud «y que en
consecuencia no p[odían] ser satisfechas mediante sendos y continuos contratos de
prestación de servicios, sino que adicionalmente, las contrataciones y actividades para las
que fue contratado fueron ejecutadas de manera permanente y subordinadas» [sic].
3.3. Durante la vinculación con la ESE fue sometido al cumplimiento de los
reglamentos internos, órdenes y directrices de la entidad demandada, bajo un
horario de trabajo; además, no podía ausentarse de su puesto de trabajo sin previa
autorización, debía asistir a reuniones de forma obligatoria y ejercía supervisión,
vigilancia y formación de médicos residentes e internos.
3.4. . Entre la celebración de uno y otro contrato, por instrucciones de la entidad
demandada, debía continuar con la prestación de su servicio «pues como la agenda
de pacientes y de actividades ya se encontraba programada, los profesionales de la salud
por prestación de servicios, incluido el demandante, continuaban prestando sus servicios
sin interrupción alguna y repito, sin estar contratados» [sic].
3.5. Elhospital le suministraba los elementos para el desempeño de sus
actividades.
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3.6. El 29 de junio de 2021, le solicitó a la ESE demandada el reconocimiento de la
relación laboral por sus servicios como médico entre el 24 de abril de 2013 y el 9
de julio de 2018 y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella; sin
embargo, esta petición fue negada por la jefe de la oficina jurídica de la entidad a
través del Oficio 20211100142181 del 21 de julio de 2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53 y 125 de la Constitución
Política; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 194, de la Ley 100 de 1993; 13 de la Ley
344 de 1996; 5 y 8 del Decreto 3135 de 1968; 58, 59 y 60 del Decreto 3148 de
1968; 8 del Decreto 785 de 2005; 9 y 14 del Decreto 1374 de 2010; y 247 del
Código Sustantivo del trabajo2; y el Acuerdo 2 de 2020, expedido por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. La entidad demandada inaplicó el principio de la primacía de la realidad sobre
las formas, no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación
laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera
personal, continua y permanente como médico especialista en las instalaciones de
la ESE entre el 24 de abril de 2013 y el 9 de julio de 2018, un pago mensual como
retribución por los servicios prestados y la constante subordinación en el desarrollo
de las actividades; esto último, consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo.
5.2. Aunque se celebraron varios contratos, lo cierto es que bajo la modalidad del
contrato de prestación de servicios se pretendió ocultar el vínculo laboral que rigió
la relación con la entidad demandada para desarrollar actividades relacionadas con
el objeto misional de la entidad y así evitar la carga prestacional a la cual tenía
derecho.
5.3. Sin solución de continuidad y durante más de 5 años, fue contratado para
realizar igual objeto contractual, esto es como médico neurocirujano, cargo que
«existe en la entidad para ser ejercido por personal de planta» [sic]; no obstante, no
recibió las prestaciones económicas que estos percibían.
2 En adelante CST.
3 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_25000234200020220004(.zip) NroActua 2, 1.
DEMANDA21012022_112506.pdf; folios 1 al14.
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5.4. Las actividades que desplegó fueron del giro ordinario de la ESE, esto es la
prestación permanente del servicio de salud, y eran susceptibles de ser cumplidas
por personal de planta de la entidad.
1.2. Contestación de la demanda
6. LaESE demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones4:
6.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, normativa que autorizó a las entidades públicas para celebrar
contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no
solamente de carácter permanente, sino las que de manera excepcional se
requirieran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y estas no pudieran realizarse con el personal de
planta o exigieran conocimientos especializados. Con todo, esta forma de
vinculación no generó un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones
sociales.
6.2. El actor suscribió los contratos de manera libre, consciente y voluntaria, con lo
cual aceptó las condiciones contractuales, dentro de las que se pactó la exclusión
de una relación laboral entre las partes.
6.3. No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de
una relación laboral, en especial el de la subordinación, toda vez que el
demandante contaba con plena autonomía e independencia para el desempeño
de sus funciones.
6.4. Envirtud del principio de coordinación, la entidad contratante designó un
supervisor del contrato quien contaba con la facultad legal de establecer la forma
de la prestación del servicio contratado; no obstante, este no era un superior «ni
una figura que hubiese ejercido subordinación más allá de la mencionada coordinación de
actividades» (sic).
6.5. Como contraprestación de los servicios le fueron asignados unos honorarios,
previamente pactados los cuales no son constitutivos de subordinación.
6.6. El hecho de haber cumplido y desarrollado las tareas propias del objeto del
contrato de prestación de servicios, que estas hayan sido vigiladas y controladas y
4Ibidem, 8_RECIBEMEMORIALES_RV__REMISION_DE_CONT; CONTESTACION DEMANDA
KEMEL GHOTME GHOTME.pdf.
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que el servicio se hubiese prestado en las instalaciones del hospital, no son
aspectos que configuraran una relación de subordinación entre las partes.
6.7. Por último, propuso las excepciones de: i) pago; ii) inexistencia del derecho y
de la obligación; iii) ausencia de vínculo de carácter laboral; iv) cobro de lo no
debido; v) prescripción; vi) «el demandante es parcialmente coautor»5; y vii) legalidad
de los contratos suscritos entre las partes.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia del 9 de mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos 6:
7.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer: i) la
prestación personal del servicio por parte del demandante, vinculado a través de
contratos para prestar sus servicios como médico especialista en neurocirugía, y
ii) la remuneración recibida, en tanto, de los contratos se derivó el valor que
recibiría como contraprestación por sus servicios. Pese a lo anterior, de estas no
se advirtió la subordinación, por el contrario, se demostró que no se desnaturalizó
la vinculación a partir de contratos celebrados válidamente bajo las reglas previstas
en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
7.2. Si bien es cierto que debió prestar sus servicios profesionales acorde con las
políticas y protocolos médico-asistenciales del Hospital, ello no era suficiente para
acreditar el elemento de la subordinación.
7.3. Lascláusulas contractuales por si solas no dan cuenta de una relación
subordinada «ya que se cumplían de acuerdo a los requerimientos que se le efectuasen,
sin que fuere obligado a permanecer todo el tiempo laboral» [sic].
1.4. El recurso de apelación
8. Kemel Ahmed Ghotme Ghotme solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos7:
8.1. El material probatorio recaudado da cuenta que los servicios como médico
especialista en neurocirugía fueron prestados en condiciones de subordinación,
5 Comoquiera que durante todo el vínculo nunca se mostró inconforme con sus condiciones
contractuales.
6 Ibidem, 050SENTENCIA_20220004400CRMEDICON.pdf.
7 Ibidem, 051_MemorialWeb_Recurso-KEMELAHMEDGHOTMEG.pdf.
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pues su profesión «solo puede ser desarrollada en un complejo HOSPITALARIO COMO SON
LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATANTE; ii) en cuanto a su horario, véase que el mismo era
calificado y pagado por horas de servicio tal y como lo demuestran las cuentas de cobro
que incluso son un formato de la propia contratante, y adicionalmente varias de estas están
siquiera suscritas por el demandante, lo que evidencia que no tenía participación en su
elaboración y que era potestad de la supuesta supervisión del contrato» [sic].
8.2. El volumen de contratos celebrados da cuenta que la entidad hizo un uso
desmedido del contrato de prestación de servicios para ocultar una verdadera
relación laboral, toda vez que prestó los servicios de manera personal con los
implementos entregados por la entidad demandada, en atención de citas
programadas en las instalaciones de la entidad.
8.3. Algunas de las funciones pactadas fueron tan generales que podrían
desarrollarse por cualquier médico de planta «las cuales convergen no solo con la
actividad misional, sino con la subordinación que se espera de un empleado tales como el
uso racional de los equipos, instrumentos y cualquier otro recurso del Hospital, acoger las
directrices institucionales, estar dispuesto a prestar el servicio donde sea requerido;
orientar, instruir e impartir instrucciones de docencia o procedimientos médico –
quirúrgicos al cuerpo médico que se encuentre a su cargo y que ha sido asignado por el
contratante, esto incluye residentes, estudiantes y personal del servicio» [sic].
8.4. Ante la comprobación de la prestación personal del servicio y su remuneración
«debe prevalecer la presunción de la subordinación, así como la protección a la igualdad
de oportunidades e irrenunciabilidad de derechos mínimos establecidos en la ley» [sic].
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si entre Kemel Ahmed Ghotme Ghotme y la ESE Subred Integrada de
8 Tal y como se indicó en el auto del 29 de noviembre de 2024. Índice 4 de Samai.
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Servicios de Salud Centro Oriente existió una verdadera relación laboral? y, en
consecuencia, ¿le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas derivadas de esa relación?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
16. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
25. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
33. Durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2013 y el 9 de julio de
2018, Kemel Ahmed Ghotme Ghotme estuvo vinculado con la ESE Subred
12
Radicado: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, mediante los siguientes contratos
de prestación de servicios16:
Contrato u
orden de Fecha de Fecha de
Objeto
prestación de inicio terminación
servicios
1 AS1094 201317 24/04/2013 30/04/2013
2 AS1139 201318 01/05/2013 31/05/2013
3 AS1441 201319 01/06/2013 30/06/2013
4 AS2249 201320 01/07/2013 31/08/2013
5 AS3189 201321 03/09/2013 18/09/2013
6 AS3453 201322 19/09/2013 30/09/2013
7 AS4207 210323 17/10/2013 31/10/2013 «El objeto del presente contrato es la prestación de servicio
24 como neurocirujano»
8 AS5019 2013 20/11/2013 31/12/2013
9 AS0607 201425 01/01/2014 28/02/2014
26
10 AS0963 2014 21/03/2014 31/03/2014
11 AS1086 201427 11/04/2014 20/04/2014
12 AS1191 201428 21/04/2014 30/04/2014
13 AS1278 201429 01/05/2014 31/05/2014
14 AS2211 201430 03/06/2014 30/06/2014
16 La información consignada en el cuadro, también se funda en la certificación expedida el 16 de
agosto de 2019, por la directora de contratación de la entidad demandada; las actas de inicio,
terminación y liquidación del contrato, visibles en Samai, índice 2,
5ED_EXPEDIENTE_25000234200020220004(.zip) NroActua 2, 1.
DEMANDA21012022_112506.pdf; folios 22 al 24,
8_RECIBEMEMORIALES_RV__REMISION_DE_CONT; KEMEL AHMED GHOTME
GHOTME.pdf; KEMEL AHMED GHOTME GHOTME 2013.pdf; KEMEL AHMED GHOTME
GHOTME 2014.pdf; KEMEL AHMED GHOTME GHOTME 2015 1.pdf; KEMEL AHMED GHOTME
GHOTME 2015 2.pdf; KEMEL AHMED GHOTME GHOTME 2016.pdf; KEMEL AHMED GHOTME
GHOTME 2017.pdf; KEMEL AHMED GHOTME GHOTME 2018.pdf; y CERTIFICACIÓN DE
CONTRATOS DE KEMEL GHOTME GHOTME.pdf.
17 Ibidem, folio 28.
18 Ibidem, folio 29.
19 Ibidem, folio 30.
20 Ibidem, folio 31.
21 Ibidem, folio 32.
22 Ibidem, folio 33.
23 Ibidem, folio 34
24 Ibidem, folios 35 y 36.
25 Ibidem, folios 37 y 38.
26 Ibidem, folio 39 y 40.
27 Ibidem, folio 41.
28 Ibidem, folio 42.
29 Ibidem, folio 43.
30 Ibidem, folio 44.
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Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
15 AS2467 201431 04/07/2014 31/07/2014
32
16 AS2715 2014 27/08/2014 10/09/2014
17 AS3604 201433 11/09/2014 30/09/2014
34
18 AS3875 2014 01/10/2014 31/10/2014
19 AS4673 201435 01/11/2014 30/11/2014
20 AS5588 201436 30/12/2014 31/12/2014
21 AS0762 201537 02/01/2015 28/02/2015
22 AS1274 201538 04/03/2015 31/08/2015
23 AS2654 201539 07/09/2015 31/10/2015
24 AS3415 201540 06/11/2015 30/11/2015 «Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la
25 AS4423 2015 41
17/12/2015 31/12/2015 gestión de actividades asistenciales como neurocirujano»
26 AS0802 201642 01/01/2016 09/01/2017
«Prestar sus servicios profesionales, de manera personal y
autónoma, en su condición de especialista en neurocirugía,
para la ejecución de actividades asistenciales en los
27 PS0819 201743 10/01/2017 09/01/2018
diferentes servicios conforme a las necesidades de la
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
ESE»
«Prestar sus servicios profesionales, de manera personal y
autónoma, en su condición de especialista en neurocirugía,
para la ejecución de actividades asistenciales y demás
28 PS2926 201844 01/03/2018 09/07/2018
asignadas, en los diferentes servicios y en las unidades que
se requiera, conforme a las necesidades de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE »
34. A través de escrito radicado el 29 de junio de 202145, «en aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades», el actor solicitó a la ESE
demandada el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y prestacionales
derivadas de la relación laboral, en los que prestó sus servicios como médico
31 Ibidem, folio 45.
32 Ibidem, folio 46.
33 Ibidem, folio 47.
34 Ibidem, folio 48.
35 Ibidem, folio 49 y 50.
36 Ibidem, folio 51.
37 Ibidem, folio 52.
38 Ibidem, folios 53 y 54.
39 Ibidem, folios 55 y 56.
40 Ibidem, folios 57 y 58.
41 Ibidem, folios 59 al 61.
42 Ibidem, folios 64 al 67.
43 Ibidem, folios 68 al 75.
44 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_25000234200020220004(.zip) NroActua 2,
8_RECIBEMEMORIALES_RV__REMISION_DE_CONT; KEMEL AHMED GHOTME GHOTME
2018.pdf
45 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_25000234200020220004(.zip) NroActua 2, 1.
DEMANDA21012022_112506.pdf; folios 76 al 80.
14
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Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
especialista en neurocirugía y bioética, esto es el comprendido entre los años 2013
y 2018.
35. La anterior petición fue negada a través del Oficio 20211100142181 del 21 de
julio de 2021, suscrito por el jefe de la oficina jurídica de la entidad, toda vez que
las actividades ejecutadas tuvieron lugar con ocasión a la suscripción y ejecución
de contratos de prestación de servicios «los cuales, de acuerdo con el inciso 2° del
numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los mismos no generan en caso relación
laboral ni prestaciones sociales»46 [sic].
36. Al expediente también fueron allegados los estudios previos relacionados con
los contratos de prestación de servicios celebrados por las partes, de los cuales se
destacan los requerimientos de personal y cuentas de cobro47
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
37. Confundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los
elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Kemel Ahmed
Ghotme Ghotme y la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
38. De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 24 de abril de 2013 y el 9 de
julio de 2018, el demandante prestó sus servicios profesionales como médico
especialista a la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente,
mediante contratos de prestación de servicios en el área de neurología de la
entidad, pues así se dejó consignado en el clausulado de los aludidos actos
jurídicos.
39. En consecuencia, de las certificaciones y las copias de los contratos
anteriormente relacionados, se advierte que efectivamente fue contratado por la
entidad demandada para prestar sus servicios profesionales como «médico» y que
esa actividad la ejecutó él y no otra persona. Así las cosas, la prestación personal
del servicio se encuentra acreditada por el periodo referido.
46 Ibidem, folios 81 al 90.
47 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_25000234200020220004(.zip) NroActua 2;
025_RECIBEMEMORIALES_ANEXOTRES.pdf; 026_RECIBEMEMORIALES_ANEXODOS.pdf;
027_RECIBEMEMORIALES_ANEXO44.pdf; 028_RECIBEMEMORIALES_KEMEL.pdf;
035_RECIBEMEMORIALES_KEMELAHMEDGHOTMEG.pdf; y
036_RECIBEMEMORIALES_KEMELAHMEDGHOTMEG.pdf.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
2.4.1.2. Remuneración
40. Ahora bien, Kemel Ahmed Ghotme Ghotme percibió una remuneración por el
trabajo cumplido, tal como se evidencia en las cláusulas contractuales y en las
cuentas de cobro en las que se da cuenta que se estipuló el valor y la forma de
pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación [honorarios o salario].
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
41. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la Sala
considera que estas no ofrecen la suficiente certeza sobre la existencia de la
alegada subordinación ni demuestran fehacientemente que Kemel Ahmed Ghotme
Ghotme hubiese obrado con falta de autonomía o independencia en el desarrollo
de sus actividades, en tanto estuviese sujeto a instrucciones, órdenes o al control
de un superior para llevar a cabo la ejecución de las obligaciones contractuales,
por lo que no es posible determinar una sujeción de aquel hacia ESE Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y en tal sentido, que esta contara
en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio y si él, a su vez,
tenía la obligación de obedecerle.
42. Ciertamente, las pruebas relacionadas únicamente dan cuenta de que desde el
24 de abril de 2013 hasta el 9 de julio de 2018, el demandante prestó sus servicios
profesionales como médico especialista a la entidad demandada; no obstante,
tales documentos, por sí solos, no dan cuenta de las condiciones bajo las cuales
prestaba sus servicios ni mucho menos si en ejercicio de sus compromisos seguía
órdenes e instrucciones, máxime cuando tampoco se comprobó que se hubiesen
impuesto condiciones de tiempo, modo y lugar para que el profesional de la
medicina desarrollara sus labores.
43. En efecto, si bien de las obligaciones específicas pactadas en cada uno de los
negocios jurídicos se advierte que tuvo que prestar sus servicios en momentos
específicos, previamente establecidos, lo cierto es que las actividades
encomendadas se prestaban según la disponibilidad de cada profesional, previa
coordinación de actividades, lo cual da cuenta que la jornada u horario era
concertado y no impuesto de forma unilateral.
44. Aunado a ello, en consideración al material probatorio que obra en el plenario,
no se observa que el demandante haya recibido órdenes verbales o escritas,
memorandos, circulares, requerimientos o cualquier otro documento del cual se
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
pueda determinar que se encontraba bajo la autoridad de la entidad demandada;
por el contrario, las documentales recaudadas en el plenario, únicamente dan
cuenta de que el demandante desarrolló sus labores en consideración de sus
capacidades profesionales y ante la imposibilidad de atender el servicio a su cargo
con el personal «profesional y técnico» de planta de la entidad.
45. Ahora, la Sala no desconoce que la entidad demandada le suministró algunos
elementos de trabajo para la prestación de los servicios; no obstante, se precisa
que esto no es prueba suficiente de un ejercicio del poder subordinante o alteración
de las condiciones contractuales. Sobre el particular, esta Sección ha señado que
«el hecho de que la entidad proveyera al demandante de equipos para el desarrollo de
sus actividades y le ofreciera capacitaciones, no es suficiente para demostrar una
subordinación, sino que la [entidad] le facilitó los elementos materiales y académicos al
contratista para el cumplimiento del objeto contractual»48.
46. De otra parte, se reitera que los contratos allegados como material probatorio
solo dan cuenta de los acuerdos pactados por Kemel Ahmed Ghotme Ghotme y la
entidad demandada, toda vez que estos por sí solos no son prueba de la existencia
de la alegada subordinación. En este punto, se hace necesario precisar que no
toda relación de servicios lleva consigo la existencia del elemento de
subordinación, pues entre el contratante y el contratista puede haber una relación
de coordinación de actividades, en la cual el segundo es libre de acogerse a las
condiciones necesarias para llevar a cabo de forma eficiente la actividad que se le
asigna, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores; iii) asistir a reuniones en representación de la entidad; y iv) tener
que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa la configuración
de este elemento, necesario para reconocer la existencia de la relación laboral.
47. Esos aspectos, en relación con la acreditación de la subordinación, en
concordancia con los que regulan la actividad probatoria, deben ser acreditados a
través de diferentes medios que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que fueron desarrolladas las actividades que realizó el demandante para
cumplir con los contratos suscritos con la entidad demandada, puesto que, tal y
como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, se hace necesario para
el fallador tener certeza de la constante sujeción a normas, reglamentos y
directrices del contratante que impidan al contratista actuar con total libertad en el
cumplimiento del objeto contractual.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2022, radicado
25000-23-42-000-2018-03919-01 (4008-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Además, ver
sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2015-04091-01 (4537-2017).
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00044-01 (5601-2024)
Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
48. Así entonces, las pruebas documentales no dan cuenta sobre aspectos
específicos de modo, tiempo y lugar para demostrar la subordinación que permita
la declaratoria de la existencia de la relación laboral pretendida en especial en
relación con la dirección y control efectivo de las actividades a desarrollar, bien sea
a través de órdenes en cuanto a circunstancias de forma o cantidad de trabajo, la
imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi o la prerrogativa que tiene el empleador de alterar unilateralmente las
condiciones de trabajo.
49. Ha de señalarse que si bien en los contratos de prestación de servicios suscritos
por las partes se pactó la supervisión de las actividades a desarrollar, en tanto en
ellos se indicó que se verificaría que el contratista cumpliera con las obligaciones
descritas en el contrato, lo cierto es que esta disposición obedece al cumplimiento
del deber de la entidad de velar por su correcta ejecución y que cabalmente se
cumpla con el objeto contractual, así como con el destino de los recursos públicos,
pues así lo establecen los artículos 14-1, 17, 26-1 y 8 de la Ley 80 de 1993.
50. Ahora, la alegada ausencia de autonomía, en punto de establecimiento de un
horario tampoco se pudo acreditar, pues al expediente no se allegaron
memorandos, planillas de turnos, circulares u otros medios de prueba que
resultaran suficientes para considerar que atendía un horario impuesto,
inmodificable o que le impidiera desarrollar otras actividades
51. Asílas cosas, esta Sala concluye que para el periodo demandado no se
demostró la existencia de una continua subordinación o dependencia que permita
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral entre las partes y el
consecuente pago de las prestaciones sociales.
52. Al respecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso es a las partes a las que
les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el
efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que, por el lapso de prestación del servicio
acreditado, la demandante estuviera sometida a una continuada subordinación o
dependencia.
53. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que no se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta, razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
2.5. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma49.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se demostró la
existencia de una relación laboral entre Kemel Ahmed Ghotme Ghotme y la ESE
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente durante el periodo alegado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
49 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Kemel Ahmed Ghotme Ghotme contra la ESE Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
20
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