Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01328-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01328-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-004-2017-01328-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-004-2017-01328-01 (1669-2025)
Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y ESE Red de Salud de Ladera
Tema: Relación laboral encubierta. Vinculación de pensionados a la
función pública
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante1 la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Hugo Alberto Jaramillo Saavedra presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio del 24 de marzo de 2017, por medio
del cual el jefe de la oficina jurídica asesora externa de la ESE demandada le negó
la existencia de una relación laboral por sus servicios como «médico, especialista en
medicina interna», entre el 1° de abril de 2014 y el 28 de febrero de 2017, y el pago
de las prestaciones que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 El consejero de estado Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones y conforme
a la causal prevista en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat. No obstante, la Sala de Subsección
con auto del 18 de septiembre de 2024, declaró infundado su impedimento. Al respecto ver
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-004-2017-01328-01 (1669-2025)
Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el periodo
reclamado, sin solución de continuidad; ii) la indemnización por la terminación de
la relación laboral sin justa causa; iii) el reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales y sociales que devengaban los empleados de planta de la ESE
demandada que desarrollaban sus funciones, tales como las cesantías y sus
intereses, vacaciones y la prima de servicio; así como los aportes al sistema
integral de seguridad social; iv) el reconocimiento de la sanción moratoria por la
falta de pago de las cesantías y sus intereses; v) la indexación de las sumas que
resultaren de la condena; vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA; y vii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.1. Entre el 9 de junio de 1979 y el 30 de noviembre de 2003 prestó sus servicios
como médico internista en el Hospital Cañaveralejo, vinculado legal y
reglamentariamente con la Secretaría de Salud del municipio de Cali, así:
Tipo de vinculación Desde Hasta
Interino 9 de junio de 1979 8 de agosto de 1979
Interino 13 de agosto de 1985 13 de septiembre de 1985
Propiedad 15 de octubre de 1985 5 de enero de 1988
Propiedad 1° de septiembre de 1988 30 de septiembre de 1994
Propiedad 1° de octubre de 1994 30 de noviembre de 2003
3.2. A lo largo de toda su vinculación cumplió con un horario de lunes a viernes de
6:00 a 12:00 a.m.
3.3. Mediante el Acuerdo 106 de 2003, el Concejo municipal de Cali descentralizó
la prestación de servicios de salud y «creó las Empresas Sociales del Estado, entre
ellas, la Red de Salud de Ladera E.S.E., de la cual pasó a ser parte el Hospital
Cañaveralejo, como IPS» [sic].
3.4. A través de la Resolución 001 del 28 de noviembre de 2003, el gerente de la
ESE Red de Salud de Ladera lo incorporó en la «planta de cargos» de la entidad
«sin solución de continuidad […] conservando sus derechos laborales, salariales y
prestacionales que tenía en el municipio» [sic], en el cargo de médico general.
3.5. El 31 de marzo de 2014, «con el fin de cumplir con un requisito para acceder al pago
de la pensión de vejez que le fue reconocida por parte de la administradora Colombiana
3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según los elementos probatorios allegados.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
de Pensiones-Colpensiones» [sic] presentó renuncia al cargo.
3.6. Con la Resolución 075-14 del 27 de marzo de 2014, el gerente de la ESE le
aceptó la renuncia al cargo de «médico general 4 horas», a partir del 1° de abril de
2014; no obstante, «sin mediar solución de continuidad, siguió desempeñando sus
funciones como médico internista para la Red de Salud de Ladera ESE dentro de las
instalaciones del Hospital Cañaveralejo, cumpliendo el mismo horario de trabajo desde
hace más de 15 años atrás» [sic].
3.7. En el mes de abril de 2014, el jefe de Talento Humano de la ESE y el
coordinador del Hospital Cañaveralejo, además de las funciones determinadas
previamente, le indicaron que debía atender pacientes «a través de la figura
denominada telemedicina» [sic]; para ello, le asignaron un cubículo dotado con un
computador y audífonos.
3.8. Durante ese periodo de vinculación le fue otorgado «un salario» de $7.000.000,
el cual fue pagado «a través de cheque, girado por la Asociación Sindical de Servidores
del Sector Salud “ASSS”» [sic].
3.9. A principios del año 2017 fue víctima de «acoso laboral por parte de su jefe
inmediato el señor Gustavo Adolfo Osorio Rodríguez, quien, de manera verbal, en
reiteradas oportunidades de manera irrespetuosa le llamó la atención porque en un par de
ocasiones salió un poco antes de las doce del mediodía, en razón a que algunos de sus
pacientes cancelaron la cita o no se presentaban» [sic].
3.10. Desde el 1° de abril de 2014 hasta el 28 de febrero de 2017, la ESE no le
reconoció ni pagó las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de la
relación laboral.
3.11. Para ausentarse de su jornada laboral debía pedir por escrito la autorización
de sus superiores «el jefe de Talento Humano de la Red de Salud de Ladera y el
coordinador del Hospital Cañaveralejo».
3.12. El 28 de febrero de 2017, presentó renuncia al «contrato de trabajo con justa
causa, solicitando el pago de sus prestaciones sociales, conceptos laborales pendientes
e indemnización establecida en el artículo 64 del CST, modificado por el artículo 28 de la
Ley 89 de 2004 [sic]. Esta petición fue negada por el jefe de la oficina jurídica asesora
externa de la ESE Red de Salud de Ladera a través del Oficio sin radicado del 24
de marzo de 2017.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; y 32
de la Ley 80 de 1993. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
4.1. Entre Hugo Alberto Jaramillo Saavedra y la ESE Red Salud de Ladera existió
una relación de trabajo, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo
desarrollado de manera personal, continua y permanente como médico
especialista en las instalaciones de la entidad entre el 1° de abril de 2014 hasta el
28 de febrero de 2017, un pago mensual como retribución por los servicios
prestados y la constante subordinación en el desarrollo de las actividades; esto
último, consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
exigirle el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo.
4.2. Las actividades que desplegó fueron del giro ordinario de la ESE, esto es la
prestación permanente del servicio de salud, y eran susceptibles de ser cumplidas
por personal de planta de la entidad.
4.3. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado5, es claro que si bien
por la especialidad que revisten los servicios médicos es posible vincular
profesionales a través de contratos de prestación de servicios, no es menos cierto
que dicha posibilidad por sí sola no excluye la posibilidad del empleo público y
mucho menos a la configuración de una verdadera relación de trabajo «del cual se
derivan derechos laborales a favor del supuesto contratista» cuando a ello haya lugar.
1.2. Contestación de la demanda
5. 1.2.1. La entidad demandada no contestó la demanda.
5.1. 1.2.2. El municipio de Santiago de Cali se opuso a la prosperidad de las
pretensiones porque en el periodo reclamado no tuvo un vínculo con el actor.
Además, precisó que según lo previsto por artículo 32 del Acuerdo 106 de 2003,
expedido por el Concejo Municipal de Cali, la ESE Red de Salud de Ladera es
responsable de las solicitudes propuestas por el actor, toda vez que «el galeno fue
incorporado a tal entidad» sin que hubiese existido intervención de la entidad
territorial6.
4 Folios 1 al 21.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2011, radicado 25000-23-25-
000-2006-08488-02 (0056-10). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6 Folios 116 al 120.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
5.2. De otra parte, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva7; ii) inexistencia del nexo causal; iii) cobro de lo no debido; y iv) la
innominada.
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 27 de marzo de
2025 negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para tal efecto
se pronunció en los siguientes términos 8:
6.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer que
Hugo Alberto Jaramillo Saavedra prestó sus servicios al municipio de Santiago de
Cali desde el 9 de junio de 1979 y «a raíz del Acuerdo No.106 de 2003 del Concejo
Municipal de Cali, que descentralizó la prestación del servicio de salud y creó las Empresas
Sociales del Estado, se efectuó sustitución patronal, pasando a ser su empleador sin
solución de continuidad, la Red de Salud de Ladera E.S.E» [sic], hasta el 1° de abril de
2014, fecha en la cual se aceptó la renuncia al cargo de médico general «debido al
reconocimiento de su pensión de jubilación» [sic]; no obstante, continuó prestando sus
servicios «como Médico Internista hasta el 28 de febrero de 2017, bajo la modalidad de
pago por evento y/o honorarios» [sic].
6.2. Según la prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro,
prevista en el artículo 128 Constitucional y reiterada en el artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992, es claro que, luego de ser beneficiario de una pensión de jubilación, al
actor le estaba impedido seguir vinculado con la ESE Red de Salud de Ladera «en
calidad de empleado público […] resultando entonces procedente seguir prestando sus
servicios a la entidad, pero únicamente bajo la modalidad de pago por eventos y/o
honorarios, tal como ocurrió» [sic].
6.3. Comoquiera que la vinculación «por eventos y/o honorarios» es compatible con
la pensión de jubilación, resulta improcedente lo pretendido por el accionante, pues
es claro que estuvo ajustada a los postulados legales aplicables conforme con las
particularidades del caso.
6.4. De acuerdo con lo establecido en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código
General del Proceso, al negarse las pretensiones de la demanda no hay lugar a
condenar en costas.
7 Mediante auto del 16 de marzo de 2022, el tribunal declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, dispuso desvincular al municipio del
presente proceso; visible en samai del tribunal, índice 37;
8_AUTORESUELVEEXCEPCIONESPREVIASSINTERMINARPROCESO(.pdf) NroActua 37
8 Samai del tribunal, índice 70; 41Sentenciaquen_20170132800CONTRATOR(.pdf) NroActua 70.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
1.4. El recurso de apelación
7. Hugo Alberto Jaramillo Saavedra solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos9:
7.1. El tribunal omitió realizar un estudio detallado del material probatorio recaudado
el cual da cuenta que, entre el 1° de abril de 2014 y el 28 de febrero de 2017 los
servicios como médico especialista fueron prestados en condiciones de
subordinación «en su lugar, se centra exclusivamente en argumentar una inhibición
basada en la prohibición constitucional de doble asignación del tesoro público» [sic].
7.2. Al comprobarse la configuración de los elementos del contrato de trabajo, el
juez de primera instancia debió reconocer la existencia de una relación laboral
encubierta, máxime cuando «el 1° de abril, la entidad demandada alteró unilateralmente
la forma de vinculación sustituyendo su condición legal de empleado público por la figura
del contrato de prestación de servicios» [sic].
7.3. El cumplimiento de un horario, la prestación personal del servicio bajo estricta
sujeción de «ordenes jerárquicas en un sitio de trabajo definido por el empleador» y el
sometimiento «a vigilancia y evaluación» [sic], evidencian la configuración de una
relación subordinada como médico especialista al servicio de la ESE Red Salud de
la Ladera y descartan «las condiciones del supuesto nuevo contrato el cual era una mera
apariencia jurídica que ocultaba una autentica relación laboral» [sic].
7.4. La aplicación de la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política como único argumento para rechazar las pretensiones de la demanda
«constituye un argumento aparente, insuficiente, y desprovisto de sustento fáctico y
jurídico, que no puede prevalecer frente a los hechos acreditados ni frente a los principios
constitucionales de primacía de la realidad; el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas procesales, trabajo digno y respeto a los derechos adquiridos»
[sic].
1.5. Intervenciones en segunda instancia
8. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar10.
9 Sama, índice 74; 42_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion(.pdf) NroActua 74.
10 Tal y como se indicó en el auto del 29 de noviembre de 2024. Índice 4 de Samai.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
1.6. El Ministerio Público
9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, los
problemas jurídicos consisten en determinar:
14.1. ¿si desde el 1° de abril de 2014 hasta el 28 de febrero de 2017, entre Hugo
Alberto Jaramillo Saavedra y la ESE Red de Salud de Ladera existió una verdadera
relación laboral?;
14.2. ¿le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas derivadas de esa relación?, en caso afirmativo;
14.3. ¿si existe compatibilidad entre la pensión de jubilación y el reconocimiento de
las prestaciones laborales y sociales derivadas del reconocimiento de la relación
laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
16. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
22. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).
25. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 76001-23-33-004-2017-01328-01 (1669-2025)
Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
33. Entre el 9 de junio de 1979 y el 30 de noviembre de 2003, Hugo Alberto Jaramillo
Saavedra se vinculó con el municipio de Cali para prestar sus servicios como
médico internista en el Hospital Cañaveralejo, vinculado legal y
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Radicado: 76001-23-33-004-2017-01328-01 (1669-2025)
Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
reglamentariamente con la Secretaría de Salud del municipio de Cali, de la
siguiente forma19:
Tipo de vinculación Desde Hasta
Interino 9 de junio de 1979 8 de agosto de 1979
Interino 13 de agosto de 1985 13 de septiembre de 1985
Propiedad 15 de octubre de 1985 5 de enero de 1988
Propiedad 1° de septiembre de 1988 30 de septiembre de 1994
Propiedad 1° de octubre de 1994 30 de noviembre de 2003
34. A través de la Resolución 001 del 28 de noviembre de 2003, el gerente de la
ESE Red de Salud de Ladera lo «incorporó» como médico general en la «planta de
cargos» de la entidad «sin solución de continuidad […] conservando sus derechos
laborales, salariales y prestacionales que tenía en el municipio»20[sic]; cargo del cual
tomó posesión el 1° de diciembre de 200321.
35. El 25 de marzo de 2014, presentó renuncia al cargo de médico «debido al
reconocimiento de [su] pensión de jubilación»22 [sic].
36. Con la Resolución 075-14 del 27 de marzo de 2014, el gerente de la ESE le
aceptó la renuncia al cargo de «médico general 4 horas», a partir del 1° de abril de
201423.
37. En escrito del 28 de febrero de 2017, el demandante le informó al gerente de la
ESE sobre «la terminación del contrato de trabajo con justa causa», así24:
«Por la presente me permito informarle que al finalizar la jornada del día de hoy, 28 de
febrero de 2017, daré por terminada la vinculación laboral que con ustedes tengo,
conforme a lo establecido en el art.62, subrogado.D.L.2351/65 art.7, literal b) numeral
1, que dice “El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las
condiciones de trabajo”
Las razones que me llevaron a tomar esta determinación de conformidad con la norma
transcrita son los siguientes:
Desde que se inició el programa de telemedicina en el Hospital Cañaveralejo, he
permanecido vinculado a él, atendiendo también pacientes presenciales en el hospital,
19 De acuerdo con la certificación expedida el 6 de febrero de 2013, por el profesional universitario
ante la Subdirección del Recurso Humano del Municipio de Santiago de Cali, visible a folios 39 y
30.
20 Folios 52 al 58.
21 Según el acta de posesión 00115 del 1° de diciembre de 2003, visible a folio 59.
22 Folio 61.
23 Folio 62.
24 Folios 32 y 33.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
en mi especialidad de medicina interna. En total atiendo 18 pacientes de mi
especialidad, todos los días de lunes a viernes, los cuales son agendados por el
personal del hospital, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del medio día.
El pasado 27 de febrero de 2017, fui citado a la oficina del señor Gustavo Osorio, jefe
de Recursos Humanos de la Red de Salud Ladera, la cual asistí, y en el cual el me
increpó porque yo no me quedaba en el Hospital Cañaveralejo, todos los días, hasta
las 12 del día en punto, así yo ya hubiera atendido todos los 18 pacientes que me
agendan diariamente.
Le dije que no entendía su reclamo, pues al atender toda la carga asistencial que me
programan, me veía por qué me tenía que quedar ahí sentado los minutos que
restaban.
Me respondió airadamente que a mí me pagaban por estar hasta las 12 del día en el
hospital y que no entendía porque seguía trabajándoles, en vez de renunciar; además,
que yo no tenía necesidad de ese trabajo; que renunciara.
Le respondí que esas decisiones eran personales, y él no tenía por qué venirme a
insinuar eso; además, que me extraña mucho que él me dijera eso.
Inmediatamente, y en un tono muy altanero, me dijo que a partir del primero de marzo,
ósea a los dos días, yo ya no trabajaba más en el hospital, y que no me serían
agendados más pacientes.
Ante esta situación de acoso laboral, he tomado la decisión, por obvias razones, de no
asistir más a desempeñar mis labores en el Hospital Cañaveralejo a partir del día
primero de marzo de 2017, pues considero que es una falta de respeto la forma altanera
como este funcionario me ha tratado, mostrando además un abuso de autoridad que
no acepto.
Finalmente, junto con la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, salarios y
demás conceptos laborales pendientes, ustedes me deben reconocer una
indemnización, tal como lo establece el artículo 64 del Código sustantivo del Trabajo»
[sic]
38. Mediante Oficio del 24 de marzo de 2017, la Oficina Jurídica Asesora Externa
de la ESE Red de Salud de Ladera dio respuesta la comunicación del 28 de febrero
de 2017, allegada por el actor, en los siguientes términos25:
«1.1. En primer lugar, es necesario precisar que usted mantuvo para con la Red de
Salud de Ladera ESE, una relación de trabajo, no constitutiva de un contrato de trabajo
pues no existió subordinación jurídica o dependencia.
25 Folios 29 al 31.
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
1.2. Usted, en su condición de médico especialista en medicina interna, es persona que
por su preparación académica, conocimiento y experiencia en el ejercicio de su
profesión liberal, es susceptible de ser contratado por el sector privado o público, EPS
o IPS, que es el caso concreto y especifico de la ESE Ladera, mediante la modalidad
de pago por evento y/o honorarios, no constitutivos de salario ni factor de [é]l. La
anterior, fue la modalidad mediante la cual usted fue contratado, la cual aceptó con
agrado, pues solo a la fecha, después de transcurrir varios años, usted viene a hacer
conocer inconformidades respecto de la modalidad de su vinculación, que es la usual
en los profesionales de la medicina, por ser profesión liberal.
[…]
Precisamente, su condición de médico especialista en medicina interna, fue el motivo
de que fuera contratado bajo la modalidad de pago por evento y/o honorarios, donde el
evento est[á] representado por los pacientes objeto de atención en su especialidad.
[…]
Como ya se ha explicado en forma precedente, al no existir entre la ESE Ladera y usted
en su condición de médico internista, vínculo legal y reglamentario que le conceda el
estatus de servidor público, mal puede acudir a la figura de acoso laboral como
justificación para terminar una inexistente relación subordinada a la ESE Ladera.
Es más, y solo en gracia de discusión, el solo hecho de haber realizado una reunión
con usted el señor jefe de Recursos Humanos de la entidad, sobre aspectos de
coordinación y buen funcionamiento del servicio por honorarios y/o evento a los
pacientes, per se no se configura una subordinación o dependencia laboral que mute
el carácter civil de la relación pactada entre las partes, tal como lo ha reconocido el H.
Consejo de Estado en jurisprudencia vigente sobre la materia; y menos que en dicho
acto soberano del contratante, por tratarse de entidad de salud, se convierta en causal
de acoso laboral, como pretende hacerlo creer usted según los términos de su
comunicación» [sic].
39. El 27 de julio de 2017, solicitó a la entidad demandada «-. Copia de los contratos
suscritos entre el suscrito y Red de Salud de Ladera ESE. -. Copia de actas de
nombramiento y posesión. -. Copia de las programaciones de agenda de pacientes que
me fueron asignadas durante toda mi vinculación con la ESE Red de Salud de Ladera,
tanto presenciales como de telemedicina. -. Copia de aceptaciones de renuncia a mi cargo.
-. Copia de comprobantes de pago de mis retribuciones económicas. -. Copia de las
solicitudes de permiso que presente ante ustedes durante mi vinculación. -. Copia de
respuestas emitida por la Red de Salud de Ladera a mis solicitud de permiso. -. Copia del
Manual de Funciones del Cargo de Médico Internista de la ESE Red de Salud Ladera. -.
Se certifique el lugar donde preste mis servicios médicos internistas. -. Se certifique el
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horario durante el cual, preste mis servicios como médico internista»26 [sic].
40. La anterior petición fue resuelta por la entidad demandada a través del oficio 1-
7/OJE/1808/A-17 del 18 de agosto de 2017, de la siguiente manera27:
«La ESE Ladera no puede remitir copia de contratos suscritos con usted, por cuanto tal
hecho es inexistente. Usted fue vinculado por el municipio de Santiago de Cali mediante
acto reglamentario de nombramiento y posterior posesión en el cargo de médico
general y a raíz de lo dispuesto en el Acuerdo No. 106 de 2003, del H. Consejo
Municipal de Santiago de Cali, por el cual se desnaturalizó la prestación del servicio de
salud del Municipio y se crearon las Empresas Sociales del Estado, se efectuó
sustitución patronal sin solución de continuidad, entre el municipio de Santiago de Cali
y la nueva persona jurídica de su empleador, Red de Salud de Ladera ESE, el hecho y
circunstancias anteriores excluyen la figura de los contratos individuales de trabajo»
[sic].
41. El 28 de julio de 2017, el actor le solicitó a la Asociación de Servicios del Sector
Salud28 que certificara «el tipo de vinculación que existió entre él la asociación; -. copia
de contratos suscritos entre el suscrito y la Asociación; -. copia de los comprobantes de
pago de [sus] retribuciones económicas; -. certificación del tiempo durante el cual la
asociación realizó pagos y porque conceptos»29 [sic].
42. Por medio del Oficio del 24 de agosto de 2017, el representante legal de la ASSS
dio repuesta a la anterior petición, en los siguientes términos30:
«1. La Asociación de Servicios del Sector Salud, organización sindical de primer grado,
ha suscrito en los últimos años, contratos colectivos sindicales con la RED de Salud de
la Ladera ESE, con domicilio principal en la ciudad de Santigo de Cali. Dentro de los
procesos y subprocesos objeto de los contratos sindicales, está el correspondiente a la
prestación del servicio asistencial, entre ellos, el correspondiente al programa
complementario no misional de Telemedicina, el cual se realiza con profesionales
médicos como usted.
1.1. Bajo el contexto anterior, la ASS fue informada que en atención a su especialidad
y al hecho de encontrarse ya pensionado, a partir del 4 de mayo de 2013, usted estaría
en capacidad y disponibilidad de realizar turnos de atención de pacientes en el
programa de Telemedicina (Medicina Interna), en el Hospital Básico Cañaveralejo, para
lo cual se convino una contraprestación económica a sus servicios 8 realización de
turnos de atención), inicialmente de Cinco millones de presos ($5.000.000) y luego de
26 Folios 48 y 49.
27 Folios 50 y 51.
28 En lo que sigue ASSS.
29 Folios 66 y 67.
30 Folios 68 y 69.
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Siete millones de pesos ($7.000.000) por mes, lo cual fue cumplido estrictamente, sin
que se hubiera presentado observación, reclamación o diferencia alguna con usted.
2. El tiempo de su vinculación, en la forma ya expresada correspondió: 2013/05/04 al
2017/02/27, según conta en la relación de pagos, correspondientes al anexo No. 1el
cual se aporta en dos 82) folios» [sic].
43. Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos:
43.1. Cuadros de turnos de los días 2 de enero y 2 de febrero de 2017; no obstante,
de su contenido no se advierte quién, cómo y cuándo se emitieron31.
43.2. Encuestas de satisfacción al usuario en las cuales no se evidencia el nombre
del demandante32.
43.3. Relaciones y comprobantes de pago efectuados por la ASSS al demandante,
durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2013 y el 27 de febrero de
201733.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los
elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Hugo Alberto
Jaramillo Saavedra y la ESE Red de Salud de Ladera.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
45. De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 4 de mayo de 2013 y el 27
de febrero de 2017, el demandante prestó sus servicios profesionales como
médico especialista a la ESE Red de Salud de Ladera, vinculado por intermedio
de la ASSS, pues así lo certificó el representante legal de esa asociación.
46. En consecuencia, se advierte que efectivamente, durante
el lapso mencionado el demandante fue quien ejecutó la labor encomendada por
la ASSS como médico internista a favor de la ESE Red de Salud de Ladera. Tal
consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana crítica,
según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento
31 Folios 356 y 36.
32 Folios 37 y 38.
33 Folios 71 al 96.
17
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Demandante: Hugo Alberto Jaramillo Saavedra
con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción del que,
a lo largo del proceso, se han valido las partes.
2.4.1.2. Remuneración
47. Ahora bien, Hugo Alberto Jaramillo Saavedra percibió una remuneración por el
trabajo realizado, tal como se evidencia de la relaciones y comprobantes de pago
efectuado por la ASSS y las demás pruebas documentales, en los que se advierte
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación [honorarios o salario].
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
48. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la Sala
considera que estas no ofrecen la suficiente certeza sobre la existencia de la
alegada subordinación ni demuestran fehacientemente que Hugo Alberto Jaramillo
Saavedra hubiese obrado con falta de autonomía o independencia en el desarrollo
de sus actividades, en tanto estuviese sujeto a instrucciones, órdenes o al control
de un superior para llevar a cabo la ejecución de las obligaciones contractuales,
por lo que no es posible determinar una sujeción de aquel hacia la ESE Red de
Salud de Ladera y en tal sentido, que esta contara en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio y si él, a su vez, tenía la obligación de
obedecerle.
49. Ciertamente, las pruebas relacionadas únicamente dan cuenta de que, luego de
cumplir con los requisitos para beneficiarse de una pensión de jubilación, el
demandante renunció a su empleo y, que con posterioridad, se vinculó a la ASSS
para prestar el servicio de telemedicina en la ESE Red de Salud de Ladera, desde
el 4 de mayo de 2013 hasta el 27 de febrero de 2017; no obstante, tales
documentos, por sí solos, no dan cuenta de las condiciones bajo las cuales
prestaba sus servicios ni mucho menos si en ejercicio de sus compromisos seguía
órdenes e instrucciones, máxime cuando tampoco se comprobó que se hubiesen
impuesto condiciones de tiempo, modo y lugar para que el profesional de la
medicina desarrollara sus labores.
50. Precisamente, el intercambio de comunicación entre el demandante con la
entidad demandada y con la ASSS, solo acreditan la existencia de una relación
contractual y de ellas no se deduce la configuración de un poder subordinante.
51. En efecto, contrario a lo señalado por el apelante no hubo una «alteración
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unilateral del vinculó», pues los documentos allegados al plenario permiten advertir
que fue la voluntad libre de vicios de Hugo Alberto Jaramillo Saveedra de renunciar
al cargo y luego vincularse con la ASSS para asistir los servicios de telemedicina
en atención a su especialidad.
52. Aunado a ello, en consideración al material probatorio que obra en el plenario,
no se observa que el demandante haya recibido órdenes verbales o escritas,
memorandos, circulares, requerimientos o cualquier otro documento del cual se
pueda determinar que se encontraba bajo la autoridad de la entidad demandada;
por el contrario, las documentales recaudadas en el plenario, únicamente dan
cuenta de que el demandante desarrolló sus labores en consideración de sus
capacidades profesionales y con ocasión del programa de telemedicina adoptado
por la ESE.
53. Ahora, la Sala no desconoce que, si bien se afirmó que la entidad demandada
le suministró algunos elementos de trabajo para la prestación de los servicios,
también es cierto que esto no es prueba suficiente de un ejercicio del poder
subordinante o alteración de las condiciones contractuales. Sobre el particular,
esta Sección ha señado que «el hecho de que la entidad proveyera al demandante de
equipos para el desarrollo de sus actividades y le ofreciera capacitaciones, no es suficiente
para demostrar una subordinación, sino que la [entidad] le facilitó los elementos materiales
y académicos al contratista para el cumplimiento del objeto contractual»34.
54. De otra parte, en este punto, se hace necesario precisar que no en toda relación
de servicios se estructura el elemento de la subordinación, pues entre el
contratante y el contratista puede existir una coordinación en el marco del
desarrollo de las actividades que se desprenden del objeto contractual, en la cual
el segundo es libre de acogerse a las condiciones necesarias para llevar a cabo
de forma eficiente dicho contrato, tales como: i) el horario en el cual se
desarrollará; ii) los lineamientos generales propios de la actividad
administrativa; iii) la asistencia a reuniones o eventos organizados por la entidad;
y iv) el reporte de informes sobre sus resultados, entre otros. Pero ello no significa
la configuración de este elemento, necesario para reconocer la existencia de la
relación laboral.
55. Esos aspectos, en relación con la acreditación de la subordinación, en
concordancia con los que regulan la actividad probatoria, deben ser acreditados a
través de diferentes medios que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de junio de 2022, radicado
25000-23-42-000-2018-03919-01 (4008-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Además, ver
sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 25000-23-42-000-2015-04091-01 (4537-2017).
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lugar en que fueron desarrolladas las actividades que realizó el demandante para
cumplir con los contratos suscritos con la entidad demandada, puesto que, tal y
como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, se hace necesario para
el fallador tener certeza de la constante sujeción a normas, reglamentos y
directrices del contratante que impidan al contratista actuar con total libertad en el
cumplimiento del objeto contractual.
56. Así entonces, las pruebas documentales no dan cuenta sobre aspectos
específicos de modo, tiempo y lugar para demostrar la subordinación que permita
la declaratoria de la existencia de la relación laboral, en especial, en relación con
la dirección y control efectivo de las actividades a desarrollar, bien sea a través de
órdenes en cuanto a circunstancias de forma o cantidad de trabajo, la imposición
de reglamentos internos, el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi o la
prerrogativa que tiene el empleador de alterar unilateralmente las condiciones de
trabajo.
57. Asílas cosas, esta Sala concluye que para el periodo demandado no se
demostró la existencia de una continua subordinación o dependencia que permita
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral entre las partes y el
consecuente pago de las prestaciones sociales.
58. Al respecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso es a las partes a las que
les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el
efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que, por el lapso de prestación del servicio
acreditado, la demandante estuviera sometida a una continuada subordinación o
dependencia.
59. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que no se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta.
2.4.2. En cuanto a la vinculación de pensionados a la función pública
60. De conformidad con el artículo 2 de Ley 1821 de 201635, quienes adquieran el
estatus pensional y se encuentren en ejercicio de funciones públicas «podrán
permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir contribuyendo al
régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque hayan
35 «Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que
desempeñan funciones públicas».
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completado los requisitos para acceder a la pensión de jubilación», es decir que la
adquisición del estatus pensional no será causal de retiro para los servidores
públicos, toda vez que, dicha disposición de manera expresa estableció que en
estos casos no sería aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la
Ley 797 de 200336, la cual prevé esa situación como «causa para dar por terminado
el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria del trabajador del sector privado
o servidor público».
61. No obstante, la situación del servidor público que se haya retirado del servicio y
se encuentre percibiendo una pensión de vejez se rige por lo dispuesto en el
artículo 29 del Decreto-ley 2400 de 1968 según el cual:
«La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al
servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República,
Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente,
Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo,
presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de empresas Industriales
y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la
respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que
trata este artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estar
excepciones siempre y cuando que el empleado no sobrepase la edad de sesenta y
cinco (65) años37.»
62. En igual sentido el artículo 2.2.11.1.5 del decreto 1083 de 2015, dispone:
«ARTÍCULO 2.2.11.1.5 Reintegro al servicio de pensionados. La persona mayor de 70
años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio,
salvo cuando se trate de ocupar los cargos de:
[…]
PARÁGRAFO. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y
que no haya llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo
de:
1. Director General o Subdirector de Unidad Administrativa Especial con o sin
personería jurídica.
2. Subdirector de Departamento Administrativo.
3. Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.
4. Subdirector o Subgerente de Establecimientos Públicos.
5. Secretario General de Establecimiento Público del Orden Nacional
36 Parágrafo 3°. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación
legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los
requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar
por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o
notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
37 La edad de retiro forzoso en la actualidad es de 70 años, de conformidad con la Ley 1821 de
2016.
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6. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del
orden nacional o territorial.
7. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario
General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los entes
universitarios autónomos.»
63. La lectura de las normas en cita permite concluir que la reincorporación al
servicio de una persona pensionada solo se puede dar en los casos expresamente
establecidos por el legislador. En relación con esta prohibición se encuentra
pertinente mencionar la consideración expuesta en la sentencia C-331 de 2000, en
la que la Corte Constitucional estudió lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 171 de
196138:
«c) La posibilidad de la reincorporación o derecho a acceder de nuevo a determinados
cargos públicos, es bastante limitado por la circunstancia de que dicha
reincorporación sólo es viable a un escaso número de cargos, que son de libre
nombramiento y remoción. Por lo tanto, la probabilidad de acceder a ellos es bastante
incierta pues la designación en uno de esos cargos depende de la libertad discrecional
del nominador. En cambio, el derecho a permanecer en el cargo, no obstante haber
obtenido el servidor el derecho a la pensión, no comporta la incertidumbre ni las
restricciones antes mencionadas.
La regla jurídica que gobierna la reincorporación al servicio de un pensionado en forma
excepcional, obedece primordialmente a la política de empleo del Estado y a la
necesidad de ofrecer oportunidades a todas las personas de ejercer y gozar el derecho
político de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40-7 C.P.), en la
medida en que como los pensionados ya han tenido oportunidad de un empleo en el
sector público, las posibilidades de reintegro al servicio deben ser muy restringidas para
asegurar a las demás personas el mencionado derecho.
No es lo mismo, por consiguiente, la reincorporación al servicio público de quien se ha
retirado de éste para gozar de pensión, de la situación que se presenta cuando alguien
es pensionado y permanece en el servicio, por no estar obligado a retirarse de éste.
Ello justifica la diferente regulación y el tratamiento distinto en lo que atañe con la forma
de reliquidar la pensión.»
64. Lo anterior, permite concluir que, adicional a que el demandante no acreditó la
existencia de una relación laboral encubierta, ciertamente, según el ordenamiento
jurídico no podía reincorporarse al servicio público a través de una relación ni
laboral ni legal y reglamentaria, lo que torna improcedente lo pretendido en el sub
judice, toda vez que, tal como lo manifestó en la demanda, desde el 1° de abril de
38 ARTÍCULO 4º._ Al pensionado por servicios a una o más entidades de derecho público, que haya
sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido o permanezca en ellos por tres (3)
años o más, continuos o discontinuos, le será revisada su pensión a partir de la fecha en que quede
nuevamente fuera del servicio, con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios.
La misma regla se aplicará al jubilado por una empresa particular, que haya sido o sea
reincorporado por esta a su servicio o al de sus filiales y subsidiarias por el mínimo de tiempo
indicado.
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2014 se encuentra devengando una pensión de vejez.
65. Ahora bien, tal como lo concluyó el a quo la situación fáctica del demandante se
debía analizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 constitucional,
según el cual nadie puede devengar más de una asignación proveniente del tesoro
público; sin embargo, justamente la forma en la que fue vinculado, a través de
contratos de prestación de servicios, fue lo que le permitió continuar recibiendo sus
mesadas pensionales de manera simultánea con los honorarios percibidos con
ocasión de los servicios prestados como médico internista.
66. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 19.e) de la Ley 4 de 1992,
«los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud» se
encuentran dentro de la excepción de la prohibición contenida en el mencionado
artículo 128.
67. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala confirmará la sentencia de primera
instancia porque no se demostró la existencia de una relación laboral encubierta y
porque lo pretendido por el demandante resulta contrario al régimen constitucional
vigente, en tanto, su situación de pensionado le impedía vincularse nuevamente a
la función pública a través de una relación laboral o reglamentaria, toda vez que,
no se encontraba dentro de las excepciones previstas por el legislador.
2.5. Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
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respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma39.
71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se demostró la
existencia de una relación laboral entre Hugo Alberto Jaramillo Saavedra y la ESE
Red de Salud Ladera durante el periodo alegado y lo pretendido por el demandante
resulta contrario al régimen constitucional vigente, en tanto, su situación de
pensionado le impedía vincularse nuevamente a la función pública a través de una
relación laboral o reglamentaria, toda vez que no se encontraba dentro de las
excepciones previstas por el legislador.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Hugo Alberto Jaramillo Saavedra contra la ESE Red de Salud
Ladera, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
39 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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