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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00645-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00645-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 4 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra el señor Wilmer Antonio Julio Vidal, por 15 Al respecto ver, de esta sala de decisión, fallo de 9 de septiembre de 2021, expediente 50001-23-33-000- 2014-00174-02 (1709-2020), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. 16 Al alcanzar veinte (20) años de servicios. 17 Código General del Proceso: «Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley». 18 Esta subsección, en fallo de 17 de octubre de 2017 (expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 [3605- 14]), anotó que «[…] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para tal propósito». 13 Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00645-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado : Wilmer Antonio Julio Vidal
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación de exservidor
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra
la sentencia de 4 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 289 a 309). La Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), por intermedio de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra el señor Wilmer Antonio Julio Vidal, para que se acojan las pretensiones
que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 38460 de 21
de agosto de 2013 y RDP 44127 de 26 de octubre de 2015, por las que la entidad
demandante reconoció y reajustó, respectivamente, la pensión de jubilación del
accionado, de conformidad con el régimen especial del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec), «[…] teniendo en cuenta que no estaba en
[la] transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo exigen las normas
reguladoras de la prestación especial».

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene reintegrar los dineros pagados por concepto de la aludida pensión,
debidamente indexados.
1

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que el señor Wilmer Antonio
Julio Vidal nació el 12 de junio de 1966, prestó sus servicios en el Inpec del 19
de mayo de 1986 al 31 de diciembre de 2014 y su último empleo fue el de
dragoneante, código 4114, grado 11.

Que, a través de Resolución RDP 38460 de 21 de agosto de 2013, concedió al
accionado pensión de jubilación a partir del 25 de mayo del mismo año,
calculada sobre el 75% del promedio de lo cotizado durante el último año
laborado (25 de mayo de 2012 a 24 de mayo de 2013), en los términos de la Ley
32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994; reliquidada con Resolución RDP 44127
de 26 de octubre de 2015, con efectos desde el 1º de enero de esa anualidad, es
decir, una vez acreditó su desvinculación definitiva.

Dice que, mediante Resoluciones RDP 33263 de 28 de agosto, RDP 38835 de
11 de octubre y RDP 43471 de 20 de noviembre, todas de 2017, despachó de
manera desfavorable una petición de reajuste de la citada prestación, al estimar
que «[…] NO TIENE DERECHO […] CON EL RÉGIMEN ESPECIAL
APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC, teniendo en cuenta que
las normas especiales que regulan dicha prestación exigen acreditar el régimen
de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 199[3], requisito que
no cumplió el pensionado […]» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos censurados los artículos 1º, 2º, 6º, 121 y 209 de la
Constitución Política, 96 de la Ley 32 de 1986, 36 de la Ley 100 de 1993, 198
del Decreto 407 de 1994, 2º a 8º y 11 del Decreto 2090 de 2003 y 1º del Decreto
2655 de 2014.

Arguye que el accionado «[…] no estaba amparado por el régimen de
transición del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, y al ser ex
trabajador del INPEC, […] su situación pensional no estaba amparada por el
régimen de transición de que trata el Decreto 2090 de 2003, que exigía
adicional a las 500 semanas cotizadas a la vigencia de la norma (28 de julio de
2008), estar en régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
requisitos que se echa de menos en el caso particular, por lo que no era posible
reconocer la pensión de vejez en aplicación de las normas anteriores que
regulaban el régimen pensional especial de los ex funcionarios del INPEC»
(sic).

1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender
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Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

provisionalmente los efectos jurídicos de los actos cuestionados; medida
cautelar negada con auto de 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (ff. 352 a 357).

1.6 Contestación de la demanda. La parte accionada guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

1.7 Providencia impugnada (ff. 450 a 453 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), en sentencia de 4 de
marzo de 2021, negó las pretensiones del medio de control (sin condena en
costas), al considerar que «[…] como el demanda[do] se vinculó al INPEC el
19 de Mayo de 1989, no existe discusión, en que quedó regido por el régimen
de transición [del artículo 1º del Decreto 1950 de 2005]; por lo que para el
reconocimiento de su pensión le resulta aplicable el artículo 96 de la Ley 32 de
1986 […]» (sic), tal como lo entendió la UGPP al otorgarle esa prestación «[…]
al cumplir 20 años de servicios […], sin tener en cuenta la edad. Pero ahora
cuestiona tal reconocimiento, señalando que el empleado no reunía los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, disposición que no le cobija
al tener un régimen especial».

1.8 El recurso de apelación (ff. 455 a 460 vuelto). Inconforme con el anterior
fallo, la actora interpuso recurso de apelación, para lo cual insiste en que el
accionado no es beneficiario de las transiciones previstas en la Ley 100 de 1993
(pues para el 1º de abril de 1994 tenía 27 años de edad y 4 de servicios) y el
Decreto 2090 de 2003, este último que impone «[…] adicional a las 500
semanas cotizadas a la vigencia de la norma (28 de julio de 2008), estar en
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 […], requisitos que se echa
de menos […], por lo que no era posible reconocer la pensión de vejez en
aplicación a las normas anteriores que regulaban el régimen pensional
especial de los ex funcionarios del INPEC» (sic).

Por otro lado, aduce que en el sub lite se encuentra desvirtuada la buena fe con
la que actuó el demandado, puesto que reclamó la referida prestación sin
satisfacer las exigencias legales, por lo que es dable ordenar la devolución de
los dineros que recibió por tal concepto.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 8 de junio de 2021 (f.
462) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de abril de
3

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

2022 (f. 466), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la accionante y el demandado
presentaron alegatos de conclusión2, mientras que el correspondiente agente del
Ministerio Público guardó silencio.

2.1 Accionado. Pide confirmar la providencia impugnada, para lo cual sostiene
que la pensión especial de jubilación para los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional del Inpec que ingresaron con
anterioridad al 28 de julio de 2003, está regulada por «El parágrafo transitorio
5º del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 1º del Decreto 1950 de 2055,
[que] señalan que los […] vinculados antes del Decreto - Ley 2090 de 2003, les
aplicarán las reglas […] contenidas en la Ley 32 de 1986 […]» (sic).

2.2 Entidad demandante. Insiste en que la decisión de primera instancia debe
ser revocada por las mismas razones consignadas en el escrito de alzada.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se ajusta a derecho el reconocimiento
de la pensión de jubilación del accionado realizado a través de los actos
acusados, pues, al no ser beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993 (artículo 36), no le era dable acceder a aquella prestación en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, como lo aduce la parte actora.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue
expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la
normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.

No obstante y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se
encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se
previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley
100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1º de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el
régimen anterior.

Por otro lado, en lo atinente a la normativa a la que se contrae la demanda, el
presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas
en el artículo 17 (numeral 2)4 de la Ley 797 de 2003, que reformó «[…] algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales», emitió el Decreto ley 2090 de 26 de julio de 2003, «Por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades»5, que en lo
pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se

4
«Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de
la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos
y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de
disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a
cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema.
[…]».
5
Publicado en el Diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
5

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las
cuales la labor desempeñada implique la disminución de la
expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las
funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador.
Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los
trabajadores las siguientes:
[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la
actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los
internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en
el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las
actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con
excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.
[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen
de Prima Media con prestación definida del Sistema General de
Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las
actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de
semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante
por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas,
tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los
requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión
especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los
siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o
de la Ley 797 de 2003[6].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un
(1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a
las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que

6
«[…] Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero
de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
6

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dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la
cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto
en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador.

Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500
semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez
cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo[7].

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el
presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el
régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos
especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003[8].

De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la
custodia y vigilancia de internos en centros carcelarios del Inpec y de otros
establecimientos penitenciarios tiene el carácter de alto riesgo, por tanto, goza
del régimen pensional establecido por el aludido Decreto ley 2090 de 2003; sin
embargo, este dispuso un régimen de transición consistente en que quienes a 28
de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a
que una vez cumplidas 10009, la pensión de jubilación les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo, esto es, la Ley 32 de 1986 (en el caso de quienes
7
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
declaró este artículo exequible condicionalmente, «[…] en el entendido que para el cómputo de las 500
semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere
sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
8
Sobre la aplicación del parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2013, esta subsección, en sentencia de
29 de junio de 2017, C. P. Cesar Palomino Cortés, expediente 08001-23-33-000-2012-00082-01 (0391-2014),
dijo: «En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de
transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito
de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso […]» y
«[…] como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen pensional
especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que
más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez». Criterio reiterado por
la subsección A de esta sección, en fallo de 23 de enero de 2020, expediente 76001-23-33-000-2014-00174-01
(2689-15).
9
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003: «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
7

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, incluidos
los del Inpec, por remisión del Decreto 407 de 1994, como se anotará más
adelante).

Lo anterior, en consonancia con la Carta Política, que en su artículo 48
(parágrafo transitorio 5º10) prescribe: «De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la
entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes».

Asimismo, el Decreto 1950 de 2005, «por el cual se reglamenta el artículo 140
de la Ley 100 de 1993», en su artículo 1º, insistió en que «De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 2090 de
2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les
aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto
por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

Por otra parte, por resultar relevante para la resolución del caso concreto, cabe
precisar que la Ley 32 de 3 de febrero de 1986, «Por la cual se adopta el
Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia», definió que este «[…]
es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del
Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado. Sus miembros
recibirán formación y capacitación en la Escuela Penitenciaria Nacional;
pertenecerán a la Carrera Penitenciaria de que trata el artículo 100 del
Decreto 1817 de 1964 y no podrán elegir o ser elegidos para corporaciones
políticas ni participar en organizaciones u actividades de índole partidista»
(artículo 2°).

10
Adicionado por el artículo 1º del Acto legislativo 1 de 22 de julio de 2013.
8

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
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UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

De igual modo, en su artículo 96 dispuso que «Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Luego, el Decreto 407 de 20 de febrero de 1994, que contiene el régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, publicado el 21
siguiente, en su artículo 168 preceptuó:

Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza
pública se tendrá en cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán
determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de
este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los
términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por
las normas establecidas en la Ley 100 de 1993.

Por tanto, se tiene que la Ley 32 de 1985 contiene las normas que rigen al
personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional (entendido
como aquel integrado por empleados públicos uniformados y armados, de
carácter civil, al servicio del Ministerio de Justicia y del Derecho), las cuales
regulan, entre otros aspectos, lo relacionado con la pensión especial de
jubilación, la cual será concedida una vez alcanzados veinte (20) años de
servicio, continuos o discontinuos, a la guardia nacional; prestación que, con el
Decreto 407 de 1994, fue extendida a los servidores del Inpec (excepto al
personal administrativo), en el que, además, se dispuso que quienes se
vincularan con posterioridad al mencionado cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria nacional tendrían derecho a una pensión de vejez, en virtud del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, por actividad de alto riesgo, que se halla
prevista en el Decreto 2090 de 2003.
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UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Cédula de ciudadanía del accionado, según la cual nació el 12 de junio de
1966 (f. 83).

b) «Certificación de periodos de vinculación laboral para Bonos Pensionales y
Pensiones» (sic) expedida por el Inpec el 20 de abril de 2015, en la que consta
que el demandado prestó sus servicios para ese organismo en condición de
dragoneante11 del 19 de mayo de 1989 al 30 de diciembre de 2014 (f. 73 vuelto).

c) Resolución 4171 de 4 de noviembre de 2014, mediante la cual el señor
director general de dicho Instituto acepta la renuncia del accionado, a partir del
31 de diciembre del mismo año, del empleo de dragoneante, código 4114, grado
11, adscrito al «[…] Complejo Carcelario Penitenciario Metropolitano de
Bogotá […]» (f. 85 vuelto).

d) Resolución RDP 38460 de 21 de agosto de 2013, por la que la UGPP
reconoció la pensión de jubilación reclamada por el demandado el 9 de julio de
2013 (ff. 78 a 82), desde el 25 de mayo de la misma anualidad, con el 75% «[…]
sobre un Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado […] entre el 25 de
mayo de 2012 y el 24 de mayo de 2013», esto es, asignación básica, bonificación
por servicios prestados, primas de navidad, servicios y vacaciones y auxilios de
alimentación y transporte, en un monto de $1.292.726,oo, cuyo pago quedó
condicionado al retiro definitivo del servicio, en armonía con la Ley 32 de 1986,
el Acto legislativo 1 de 2005 y el Decreto 407 de 1994 (ff. 86 a 87 vuelto).

e) Resolución RDP 44127 de 26 de octubre de 2015, por medio de la cual la
referida entidad reajustó aquella prestación (en respuesta a una petición
formulada por el accionado el 12 de junio anterior), con el 75% de lo cotizado
durante los doce (12) meses anteriores al retiro del servicio (1º de enero a 30 de

11
Según el artículo 134 del Decreto ley 407 de 20 de febrero de 1994, «Son Dragoneantes los egresados de la
Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su
Director para ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes relativas al servicio y a
las funciones de los Directores Regionales del Instituto, Subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales
y suboficiales del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria».
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diciembre de 2014), en la que se incluyó la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados, las primas de navidad, vacaciones y servicios, los
auxilios de alimentación y transporte y el trabajo suplementario, con efectos
fiscales a partir del 1º de enero de 2015, cuyo valor ascendió a $1.477.128,oo
(ff. 91 vuelto a 93).

f) Resoluciones RDP 33263 de 28 de agosto, RDP 38835 de 11 de octubre y
RDP 43471 de 20 de noviembre, todas de 2017, por cuyo conducto la
demandante niega la reliquidación de la pensión de jubilación citada en
precedencia, con inclusión de la prima de riesgo devengada durante el último
año trabajado, puesto que no es de aquellos emolumentos que figuran
expresamente en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 ni constituye factor
salarial (ff. 88 a 91 y 95 vuelto a 97 vuelto).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el accionado laboró
en el Inpec, en condición de dragoneante, del 19 de mayo de 1989 al 30 de
diciembre de 2014, es decir, durante 25 años, 7 meses y 11 días, por lo que la
entidad demandada, a través de Resolución RDP 38460 de 21 de agosto de
2013, le reconoció pensión de jubilación desde el 25 de mayo de la misma
anualidad, de acuerdo con el requisito de tiempo de servicios previsto en la Ley
32 de 1986, calculada sobre el promedio de lo cotizado entre el 25 de mayo de
2012 y el 24 de mayo de 2013, con la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados, las primas de navidad, servicios y vacaciones y los auxilios
de alimentación y transporte.

Asimismo, el 12 de junio de 2015 el demandado formuló petición orientada a
obtener la reliquidación de la mencionada prestación, decidida por la UGPP el
26 de octubre siguiente, mediante Resolución RDP 44127, en el sentido de
reajustarla con el 75% de lo recibido durante el año previo a su desvinculación
(1º de enero a 30 de diciembre de 2014), para lo cual tuvo en cuenta la
asignación básica, la bonificación por servicios prestados, las primas de
navidad, vacaciones y servicios, los auxilios de alimentación y transporte y el
trabajo suplementario.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que el accionado está amparado por el régimen pensional preceptuado en la Ley
32 de 1986, toda vez que en virtud de los artículos 48 (parágrafo transitorio 5º)
de la Carta Política y 1º del Decreto 1950 de 2005, los servidores del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario vinculados con anterioridad a la entrada en
vigor del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio del mismo año), se les «[…]
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aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de
1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo
1º del Decreto 1835 de 1994»; además, (i) para esa fecha había alcanzado 14
años, 2 meses y 9 días de labores en el empleo de dragoneante del Inpec, esto
es, más de 500 semanas12; y (ii) para la época en que se expidió el aludido
Decreto 407 de 1994 ya se había vinculado a la referida entidad.

Así las cosas, no le asiste razón a la actora cuando asegura, en el escrito de
alzada, que como el demandado no colmó los requisitos para ser beneficiario
de los regímenes de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 2090 de 2003, «[…] no era posible reconocer la pensión de vejez
en aplicación de las normas anteriores que regulaban el régimen pensional
especial de los ex funcionarios del INPEC» (sic; f. 460); pues, se insiste, los
servidores públicos que ejercen actividades en el cuerpo de custodia y
vigilancia penitenciaria nacional que se encontraban amparados por la Ley 32
de 1986, les fue concedido un régimen de transición con el Decreto 2090 de
2003, consistente en que quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al
menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez completadas 100013 les sea
reconocida la pensión de jubilación en las mismas condiciones establecidas en
la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, valga decir, la Ley
32 de 1986, aplicada en el sub lite.

Sin perjuicio de lo anotado, y dado que, como ya se explicó, el accionado tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley
32 de 1986, por mandato del artículo 48 (parágrafo transitorio 5º) de la
Constitución Política, por lo que no resulta acertado exigirle el cumplimiento
de los requisitos para acceder al régimen transición contenidos en el inciso 2º
del artículo 36 de la Ley 100 de 199314 (como lo alega la recurrente), lo cierto
es que la Ley 32 solo prevé la posibilidad de los servidores del cuerpo de
custodia y vigilancia penitenciaria nacional de obtener esa prestación al colmar
20 años (continuos o discontinuos) al servicio de la guardia nacional, sin
importar la edad, por lo que en lo atinente al ingreso base de liquidación se

12
14 años, 2 meses y 9 días, que equivalen a 5.183 días ÷ 7 (días de la semana) = 740,42 semanas.
13
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003: «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».
14
Vale recordar, que al momento de entrar en vigor el sistema general de seguridad social integral (1º de abril
de 1994) se cuente con no menos de treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados.
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someten a los mandatos contenidos en los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de
199315, máxime cuando aquel adquirió el estatus pensional (18 de mayo de
200916) en vigor de esta última y del Acto legislativo 1 de 2005, que introdujo
aquel parágrafo y que, de igual modo, dispuso que «Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones […]»; empero, este no fue un aspecto objeto
de reproche por la parte accionante en la demanda y, por ende, tampoco pudo
ser controvertido por el pensionado en las presentes diligencias, motivo por el
cual no es dable decidir el litigio por fuera de lo pedido. Lo anterior encuentra
sustento en los principios de congruencia17 y justicia rogada, que gobiernan el
proceso contencioso-administrativo e imponen al juez la obligación de
pronunciarse de acuerdo con lo deprecado y probado18.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 4 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra el señor Wilmer Antonio Julio Vidal, por

15
Al respecto ver, de esta sala de decisión, fallo de 9 de septiembre de 2021, expediente 50001-23-33-000-
2014-00174-02 (1709-2020), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16
Al alcanzar veinte (20) años de servicios.
17
Código General del Proceso: «Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
18
Esta subsección, en fallo de 17 de octubre de 2017 (expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 [3605-
14]), anotó que «[…] el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie
acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra
petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario
deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello,
el principio de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por las partes,
puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para tal propósito».
13

Expediente 25000-23-42-000-2018-00645-01 (2904-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
UGPP contra Wilmer Antonio Julio Vidal

las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

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